Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas

      REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

      UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

      DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

      MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

      Mención: Planificación Regional

      Cátedra: Administración Municipal y Estadal


Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas


                                                                                      Participantes:

                                                                                   Alvia Dinino

                                                                                   Wilmer Hernández

                                                                                   Ana B Arriba


Maracay, 19 de junio de 2014

Introducción

 

En el Capítulo III de la Constitución vigente dedicado al Poder Público Estadal se establece la creación de los «Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas» (CEPC). Por su composición –y aun tomando en cuenta que a ella se suman los directores de los órganos periféricos de la administración nacional (directores de los ministerios) – podemos entender que se trata de una instancia de carácter territorial, es decir, que regula las relaciones de los actores en el territorio cuando éstos se disponen a discutir y aprobar el «Plan de Desarrollo Estadal». Es curioso que, no obstante estos dos aspectos, los CEPC hayan sido creados por una ley nacional en lugar de dar esa potestad a los consejos legislativos estadales. ¿Qué significación puede tener este hecho? ¿Qué tanto puede implicar para su correcto desenvolvimiento? Aquí corresponde dar una batalla legal. Puede haber interpretaciones sobre el particular. De hecho, intentaremos mostrar que todos los elementos disponibles en la propia Constitución nos indican que los CEPC deben ser creados en el nivel estadal. Nos parece un asunto de mucha importancia porque nos permite hilvanar algunos componentes de la Carta Magna que dan fundamento a la autonomía de las entidades territoriales, y acercarnos a algunos conceptos fundamentales para la concepción y operación de un Estado Federal y descentralizado, tal como aparece en la Constitución de 1999.

Queremos ir un poco más allá y tratar de ver el alcance real que pueda llegar a tener la normativa de los CEPC, a los fines de mejorar la planificación, y, en especial, la participación social en esta tarea. En tal sentido, esperamos desarrollar la vía que especificamos a continuación.

Lo primero es ver cómo se conforma y despliega la actividad de un CEPC para que se haga efectivo el compromiso de los ejecutores (gobiernos) en la puesta en marcha del plan en lo que atañe, por supuesto, a sus respectivos ámbitos de competencia. A partir de allí presentamos para la discusión –y a título de hipótesis– la idea de que sólo con el diseño de un órgano de carácter deliberativo se abre la posibilidad del consenso y el compromiso entre los actores para fijar los objetivos estratégicos y ponerlos en marcha. Una ley que hace de los CEPC unas instancias controladoras con tendencia a entrar en conflicto con los proyectos y diseños de los ejecutores (gobiernos) puede ser contraria a la integración y a la deliberación, afectando de manera palmaria la viabilidad del Plan Estadal.

 Lo segundo se refiere al método. Lo que vemos sobre este particular es una ley diseñada por una visión centralista, que parece reanimar la idea del control a través de la imposición de formas de subordinación a planes concebidos desde el Poder Nacional; a la vez que deja muy poco margen para que la composición de los CEPC responda a sus propias realidades, y, en especial, a las exigencias del proyecto colectivo regional.

Aunque a tales limitaciones podrían aplicárseles algunos correctivos mediante el «Reglamento de Funcionamiento y de Debates» elaborado por cada Consejo, el problema es más de fondo y pareciera estar en la manera de concebir a los órganos de planificación y su incidencia en la promoción del desarrollo estadal. Esa manera puede llevar a privilegiar un mecanismo de intervención y control que no es capaz de interpretar la diversidad de actores y racionalidades presentes en el territorio y de combinar adecuadamente los factores del desarrollo territorial. Esto pareciera ser así en varios sentidos.

Lo primero que debemos entender es que el desarrollo regional es un «macro problema difusamente estructurado» (S. Boisier), que no puede ser reducido a una coordinación impuesta o al comando de un órgano que supone expresar el poder regional. Si bien la planificación es importante, no es sino un instrumento que contribuye, mediante el intercambio de información, a dar dirección al proyecto político que es socialmente concebido y construido.

Lo segundo es que desde el momento que la ley privilegia a los CEPC como órganos «rectores de la planificación de las políticas públicas» (Artículo 1) y como elaboradores del Plan, podría conducir a la imposición de un modelo de intervención que busca articular los distintos componentes sistémicos del territorio a través de un esquema jerárquico. Pero, como sabemos, la complejidad del problema del desarrollo demanda la presencia de formas e instituciones en las que también se impone el sistema de precios (mercado) o de otras capacidades de control y articulación –tales como la asociatividad o el consenso– que varían con el cambio de posición relativa de los actores.

 El tercer sentido que toma el CEPC como forma de intervención es su carácter jerárquico en el orden de las relaciones intergubernamentales. Prevalecen, en este sentido, el Plan Nacional y el Plan de Desarrollo Regional por sobre el Plan Estadal. No se busca con esta ley que los planes Nacional y de Desarrollo Regional se conciban a partir de la diversidad y los impulsos territoriales, sino al contrario. La relación de subordinación respecto del Plan Nacional, y el condicionamiento del nivel estadal por los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional, inclinan la acción de los estados a ser simples instrumentos de maneras de ordenar el territorio, las cuales han sido concebidas por otros desde el centro político.

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS


La Constitución vigente consagra para cada Estado un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que preside el Gobernador y la integran los alcaldes, directores estadales de los ministerios y los representantes de los legisladores electos por el Estado a la Asamblea Nacional, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluso las indígenas, cuando existan. Su funcionamiento y organización lo determina la ley.

Ahora bien, en la Ley de Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, se desarrollan los principios y organización de estos consejos, primeramente debe indicarse que el objeto de dicha Ley, según su artículo 1º, es:

Objeto

 

La creación, organización y establecimiento de competencias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que funcionará, en cada Estado, como órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.

Los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) son unas nuevas instancias de naturaleza político-territorial; correspondiente a cada una de las entidades federales que conforman la República Bolivariana de Venezuela y, cuyo objeto fundamental es la planificación del desarrollo de la entidad a la que pertenece.

Principios

 

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas se regirán por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, actuarán de acuerdo con los principios de justicia social, democracia, eficiencia, protección del ambiente, corresponsabilidad, integridad territorial, productividad, solidaridad, cooperación y desarrollo sustentable. (Art. 2)

Composición

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas estarán integrados por:

  1. El Gobernador o la Gobernadora, quien lo presidirá.
  2. Los Alcaldes o las Alcaldesas de los municipios que formen parte del Estado.
  3. Los Directores o las Directoras estadales de los ministerios que tengan asiento en el Estado.
  4. Una representación de la Asamblea Nacional, elegida por y de entre los diputados nacionales electos en la circunscripción del Estado, equivalente a un tercio del total de los mismos.
  5. Una representación del Consejo Legislativo Estadal equivalente a un tercio de los miembros del mismo.
  6. Una representación de los concejales de los municipios del Estado, compuesta por:
  7. Dos (2) concejales en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios;
  8. Cuatro (4) concejales en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios;
  9. Seis (6) concejales en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios;
  10. Ocho (8) concejales en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios;
  11. Diez (10) concejales en los Estados que tengan veinticuatro (24) o más municipios.
  12. Una representación de la comunidad organizada de ámbito estadal, elegida de entre entidades, con personalidad jurídica, que lleven al menos un (1) año desarrollando su actividad, de acuerdo con la siguiente composición:
  13. Un (1) representante de las organizaciones empresariales;
  14. Un (1) representante de las organizaciones sindicales de trabajadores;
  15. Un (1) representante de las organizaciones campesinas;
  16. Un (1) representante de la comunidad universitaria;
  17. Un (1) representante de las organizaciones de defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico cultural;
  18. Una representación de las organizaciones vecinales compuesta por: un (1) representante en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios; dos (2) representantes en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios; tres (3) representantes en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios; cuatro (4) representantes en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios; y cinco (5) representantes en los Estados que tengan más de veinticuatro (24) municipios.
  1. Un representante de las comunidades y pueblos indígenas, en los Estados donde los hubiere, elegido conforme a sus usos y costumbres según lo establecido en la ley correspondiente.
  2. El Gobernador o Gobernadora podrá invitar a participar con derecho a voz, en cada reunión del Consejo Estadal, a los miembros de su tren ejecutivo que considere oportuno.

Competencias

 

Según el Artículo 9 de la Ley, las competencias de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son las siguientes:

  1. Discutir, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Estadal, a propuesta del Gobernador o Gobernadora, de conformidad con las líneas generales aprobadas por el Consejo Legislativo Estadal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo Regional.
  2. Establecer y mantener la debida coordinación y cooperación de los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal, en lo atinente al diseño y ejecución de planes de desarrollo.
  3. Evaluar el efecto económico y social del gasto público consolidado en el Estado, de conformidad con los planes de desarrollo.
  4. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estadal a través de informes que deberán ser remitidos al Consejo Legislativo Estadal.
  5. Formular recomendaciones y observaciones a los Planes de Desarrollo Local de acuerdo a los Planes de Desarrollo Estadal.
  6. Emitir opinión sobre programas y proyectos presentados al Fondo Intergubernamental para la Descentralización por el Gobernador o la Gobernadora.
  7. Proponer ante el Consejo Legislativo Estadal la transferencia de competencias y servicios desde los Estados hacia los municipios y comunidades organizadas.
  8. Promover, en materia de planificación del desarrollo, la realización de programas de formación, apoyo y asistencia técnica al recurso humano institucional y a la comunidad organizada.
  9. Dictar su propio Reglamento de Funcionamiento y de Debates.
  10. Conocer el informe anual de gestión del Gobernador o Gobernadora.
  11. Las demás que le sean asignadas por ley.

Antecedentes

Algunos antecedentes jurídicos e institucionales de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son:    …………………………………   ………………………………..
1. Las Asambleas de Participación contempladas en el Decreto 478 sobre la Regionalización y Participación de la Comunidad en el Desarrollo Regional de fecha 8 de Enero de 1980. Las Asambleas de Participación eran de carácter estadal. Tenían como propósito “plantear las aspiraciones colectivas, emitir opinión sobre los planes de desarrollo y precisar los aportes que los diversos sectores harán para su ejecución”. Las Asambleas de Participación estaban integradas por el Gobernador de la entidad federal, el Presidente de la Asamblea Legislativa, tres representantes de los Concejos Municipales, un representante de las organizaciones mayoritarias del sector empresarial, un representante por las asociaciones de productores independientes, un representante por las cooperativas, un representante de las organizaciones mayoritarias del sector campesino, un representante de la organización mayoritaria del sector laboral, un representante de las universidades que tengan sede en la entidad federal, un representante por los otros institutos de educación superior con sede en la entidad federal, un representante de las entidades culturales legalmente constituidas, un representante de los gremios creados por ley, un representante designado por las otras asociaciones de profesionales egresados de otros institutos de formación profesional y cuatro representantes por las asociaciones de vecinos

  1. Los Comités de Planificación y Coordinación promulgados por la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, de 1990 en su Artículo 25. Los Comités de Planificación y Coordinación tenían como objeto garantizar la necesaria coordinación, planificación, evaluación y control de los programas y acciones que se ejecutaren en su respectiva entidad federal. Tales instancias estaban presididas por el Gobernador y, además la integraban el tren ejecutivo estadal, los alcaldes y por los jefes de las oficinas nacionales y regionales con jurisdicción en el estado. Según la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público en los Comités podrían participar los parlamentarios nacionales y los representantes de los sectores económicos, sociales, laborales y culturales de la comunidad.

    3. los sesiones móviles del Gabinete Sectorial Social del Consejo de Ministros durante el período gubernamental 1994-1999. Estas sesiones móviles implicaban la movilización hacia las entidades federales de los representantes de las agencias gubernamentales del sector social con el propósito de interactuar con las autoridades estadales y locales y, con representantes de la sociedad civil. Su realización permitió impulsar el proceso de descentralización y el establecimiento de acuerdos entre las autoridades públicas de los distintos niveles político-territoriales de la República.

 

 

Base Legal……

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  1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 166). …… 2. Ley Orgánica de Planificación (año 2001).
  2. Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas..(año.2002)..
  3. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (año.2002).
  4. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005).

Elección y duración de los integrantes………………………………………………………..

Los integrantes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que deban ser nombrados mediante elección, se designarán a través del siguiente procedimiento:

  1. Los representantes de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo Estadal serán elegidos conforme se establezca en el respectivo Reglamento Interior y de Debates.
  2. Los representantes de los concejales serán elegidos por la Asamblea, de todos los concejales de los municipios que forman el estado, convocada por el Gobernador o Gobernadora en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de la elección de los concejales. En dicha elección, cada concejal sólo podrá votar por un (1) candidato. En los estados donde exista más de un (1) municipio, tan sólo, podrá ser elegido un concejal por municipio.
  1. Los representantes de los colectivos que constituyen la comunidad organizada serán elegidos, respectivamente, por las organizaciones que forman parte de los sectores establecidos en el artículo 6, numeral 7, de esta ley y, de conformidad con la ley que regule la materia. El mandato de los miembros de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas tendrá la siguiente duración:
  • En el caso del Presidente o Presidenta, los o las representantes de los Consejos Legislativos Estadales, los Alcaldes o Alcaldesas y los o las representantes de los concejales, la duración de su mandato.
  • Los Directores o Directoras estadales de los ministerios, mientras permanezcan en dicha función.
  • Los o las representantes de la Asamblea Nacional; según lo que establezca su Reglamento Interior y de Debates.

Los representantes de la comunidad organizada, la mitad del período de duración del mandato del Presidente del Consejo Estadal.

El representante de las comunidades y pueblos indígenas, hasta tanto se apruebe la ley sobre pueblos indígenas, deberán cumplir con al menos, una (1) de las siguientes condiciones:

.a. Haber ejercido un (1) cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.

  1. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural.
  2. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.
  3. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida, con un mínimo de tres (3) años de funcionamiento.

El representante o los representantes de la comunidad organizada a que se refiere el artículo 6 de esta ley, hasta tanto se apruebe la ley que regula la participación ciudadana, serán elegidos de acuerdo al siguiente procedimiento:

  1. Los representantes indicados en los literales a, b, c, d y e del numeral 7, del artículo 6 de esta ley, serán seleccionados de acuerdo a los mecanismos de elección propios de las respectivas organizaciones.
  1. El representante o los representantes indicados en el literal f del numeral 7, del artículo 6 de esta ley. En el lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Gobernador o Gobernadora, realizará llamado público a las organizaciones vecinales con personalidad jurídica debidamente registradas por ante las Alcaldías o Concejos Municipales respectivos y les instará a que postulen un (1) candidato ante la asamblea de organizaciones vecinales del municipio, para optar a representante ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
  1. El procedimiento de elección del candidato indicado en el literal anterior se hará en los términos que determine la Asamblea de las organizaciones vecinales de cada municipio.

.4. La Asamblea de las organizaciones vecinales se considerará válida con la existencia de la mitad más uno de las organizaciones registradas, por ante la Alcaldía o el Concejo Municipal respectivo.

  1. Una vez seleccionado el representante por municipio, se procederá a la elección del representante o los representantes ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; con base en la totalidad de los municipios de cada estado.
  1. Una vez elegidos los representantes de los municipios de cada estado, reunidos entre ellos mismos, seleccionarán en votación, libre, universal, directa y secreta el representante o los representantes de las organizaciones vecinales, ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
  1. En un lapso de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Gobernador o Gobernadora deberá tener conocimiento del nombre o los nombres del representante o representantes de las organizaciones vecinales del estado, ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. …………………………………………………………………

    La norma y sus implicaciones

Si lo que se busca con la ley de los CEPC es crear un «órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable», no parece haberse dado un buen paso.

Estamos en presencia de una ley que viola los principios de autonomía de los estados y municipios, no atiende a los fundamentos de la descentralización, y encasilla a la planificación en un órgano único de decisión que puede generar conflictos y dificultar la sinergia entre los agentes. Además, cercena la posibilidad de los estados para diseñar los espacios de coordinación y cooperación de acuerdo a sus propias necesidades y realidades.

Lo primero que cabe resaltar es que es ilógico, pero sobre todo paradójico, pensar que la elaboración de esta ley corresponda a la Asamblea Nacional. Es clara la Constitución en su Artículo 166 cuando nos dice que «en cada estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas». En efecto: si dice que «en cada estado se creará», es porque dicho Consejo debe ser creado en cada estado mediante una ley estadal. No pareciera existir una razón clara de orden legal que justifique que un órgano como la Asamblea Nacional pueda promulgar una normativa que escapa de su competencia.

 Corresponde a cada estado, como lo dice la Constitución en su Artículo 162, legislar sobre las materias de su competencia. Si esto así, y si no hay ninguna indicación constitucional que establezca que la planificación es una competencia del poder público nacional, es claro, entonces, que la planificación y la coordinación, en su ámbito territorial, son una materia de la competencia estadal.

Lo segundo que debemos considerar es que no se encuentran razones de «orden técnico» que expliquen por qué esta ley debe ser nacional. Cada estado vive una realidad y está conformado por actores e intereses que pueden dar lugar a formas muy variadas y creativas de planificación y coordinación de políticas públicas. En cada caso pueden variar las técnicas y los métodos de la planificación, así como pueden variar las formas de integración y designación de los miembros de los CEPC, atendiendo a lo que en cada localidad se estime más práctico y conveniente en relación con la metodología adoptada y, sobre todo, en respuesta a la relevancia y al poder relativo de los actores. Todos pueden participar, pero tal participación puede variar en cada estado y en distintas circunstancias en concordancia con el sentido de oportunidad. Otros estados (a través de sus actores) podrían estar integrados a un determinado CEPC; también otras regiones del mismo país o de otros países. Podría haber, en este sentido, un núcleo base (actores del territorio) y otro de actores de oportunidad (actores en el territorio).

Los CEPC deberían ser órganos para crear la sinergia entre los actores en el territorio. La presencia de los representantes de las oficinas de los ministerios debe atender a políticas de ámbito territorial, por lo que la integración y participación de estos funcionarios nacionales deben responder a criterios y exigencias que nacen de la propia realidad regional o local. Cabe señalar que la presencia de estos funcionarios, en los términos señalados, no justifica la creación de un marco normativo creado desde el poder nacional.

Puntualizaremos ahora algunos enfoques que nos complementarán la incidencia de este marco normativo en la tarea de impulsar el desarrollo territorial.

La propia Constitución establece cómo deben estar integrados los CEPC. Así, cada estado, dependiendo de sus peculiaridades, podría definir, en su propia ley, cuáles son los métodos para elegir o designar a quienes habrán de integrar los CEPC en cada realidad territorial. Pretender –como en efecto lo hace la ley– regular los procesos de integración y representación de los CEPC, al punto de fijar cuántos deben ser los concejales, los vecinos, los diputados, etc., nos parece una forma de someter una realidad territorial que es diversa, y en cierto sentido, singular, a un esquema único que podría no guardar relación con la realidad regional y local. Además, la regulación y reglamentación de la designación y elección de los miembros de los CEPC nos resulta engorrosa e inconveniente. Una normativa para regir un órgano de esta naturaleza debería dar libertad para que cada sector defina su propio mecanismo para designar a sus representantes en el CEPC.

Uno de los más graves errores de la ley es asumir que el CEPC es un órgano que interviene, regula y, en cierta medida, ejecuta. Cuando vemos las competencias que le han sido asignadas, se evidencia que sus funciones van más allá de ser un órgano deliberativo y consensual, donde se identifican los problemas y se fijan los lineamientos que deben regir la actuación del gobierno regional y los distintos actores. Quienes tienen las competencias, los mecanismos y los recursos para ejecutar tareas importantes de fomento y desarrollo, son los gobiernos.

Al Consejo debería corresponderle establecer las orientaciones macro que, siendo producto del diálogo, logran alinear las expectativas de los distintos agentes hacia la configuración de la imagen futura y el proyecto colectivo. En pocas palabras, los CEPC deben tener un carácter estratégico y no ejecutivo. Su función principal debe ser la identificación de la fuerza motriz que es capaz de llevar adelante, en forma coordinada, las tareas para el logro de objetivos concertados. Tal como fueron concebidos en la ley, los CEPC podrían terminar usurpando funciones de los órganos planificadores de los gobiernos, y creando mandos paralelos que complicarían la toma de decisiones.

El mecanismo de las «comisiones» propuesto por la ley (Artículo 14), podría resultar obsoleto e improcedente visto desde el ángulo de la visión moderna de la planificación que busca identificar tendencias y descubrir oportunidades. Hecho esto, y una vez identificados los problemas y fijados los lineamientos estratégicos a través de un amplio proceso deliberativo, deben ser las propias instancias ejecutoras y comprometidas con cada problema las que fijen los mecanismos y métodos para relacionarse y coordinar sus acciones, sean éstas de regulación, promoción, fomento o inversión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

El rendimiento de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas ha sido deficitario. De ello, no hay duda. Hasta el presente no se han producido los planes estadales, ni la coordinación necesaria de programas públicos específicos por su gestión, ni una eficaz participación de la ciudadanía en sus actividades. Su instalación y funcionamiento ha sido discrecional, dependiendo en gran medida de la voluntad de cada Gobernador y de sus capacidades institucionales de gobierno. En descargo de lo anterior, hay que reconocer que los CEPLACOPP son entidades muy nuevas (apenas creadas desde el 2002), y que además exigen una dedicación institucional que las propias gobernaciones no están en capacidad de proporcionar en muchas ocasiones. Por otra parte, no hay en el Gobierno Nacional (la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia o el Ministerio de Planificación y Desarrollo) políticas o programas de cooperación y fortalecimiento orientados a incentivar el desarrollo adecuado de los Consejos Estadales; por parte de las Gobernaciones. De hecho, resulta difícil conseguir cifras oficiales en cuanto al funcionamiento de los Consejos Estadales. Quizás todo esto sea reflejo del enorme esfuerzo de reforma que debe emprenderse en el Estado venezolano para comenzar a aproximarse a los mandatos constitucionales de inclusión de la ciudadanía en la gestión pública. Por último, los CEPLACOPP representan un reto para las comunidades organizadas y, para el movimiento ciudadano en general; por cuanto ponen a prueba sus verdaderas capacidades de gestión y su vocación democrática.

Referencias bibliográficas

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  4. Boisier, Sergio (1998). «Sociedad civil, participación conocimiento y gestión territorial», en Mascareño, C., coord., Descentralización, gobierno y democracia, Caracas, Cendes-G-Local.        
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  7. Del Rosario, Helia y Mascareño, Carlos (2002). «Las relaciones integubernamentales en el marco de la descentralización venezolana», en Ospina Nozzi, S. y Penfold, M., Gerenciando las relaciones intergubernamentales. Experiencias en América Latina, Caracas, National Association of Public Affairs and Administration (Naspaa), Nueva Sociedad
  8. Hernández, José Julián (2002). «La noción de desarrollo local (un ciclo exógeno-endógeno-exógeno)», Cuestiones Locales (revista de estudios regionales y municipales), n° 2, Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) de la Universidad de Carabobo
  9. Jungemann, Beate (1996). «Desarrollo regional y descentralización en América Latina en el marco del ajuste: una relación con muchas interrogantes», Cuadernos del Cendes, n° 32, mayo-agosto.        
  10. República Bolivariana de Venezuela (2002). «Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas», Gaceta Oficial, nº 37.509, 20 de agosto de 2002