Medio Ambiente

        REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEL

        UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

 DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO

         MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

         Mención: Planificación Regional

        Cátedra: Desarrollo Regional II

 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO. SISTEMAS ALIMENTARIOS Y MEDIO AMBIENTE. EL PARADIGMA ECOLÓGICO. REFLEXIONES

Facilitador:                                                              Participantes:

Dr. Benny Márquez                                                 Alvia Dinino 

                                                                               Wilmer Hernández 

                                                                              Ana B Arriba 

 

 

 

 

Maracay 16 de julio de 2014

 

Introducción

            En los últimos tiempos se ha comenzado a dar mayor importancia a todo lo relativo al cuidado del Medio Ambiente, teniendo sobre todo aplicación en Energías Renovables y el uso responsable de los Recursos No Renovables, encontrándose por ejemplo fuertes inversiones en Energía Solar por parte de distintos gobiernos, o bien la industria que apunta a Reducir los Consumos de combustibles y electricidad.

            Pero la Sostenibilidad es solo uno de los primeros pasos que se debe dar para alcanzar lo que es conocido como Conservación Ambiental, que apunta fundamentalmente a los cuidados intensivos que deben aplicarse hacia la Flora y Fauna de una región o zona delimitada específicamente, como también teniendo alcance a nivel global.

            Es bastante frecuente que entre las Políticas de Estado se destine anualmente un presupuesto para afrontar esta temática en particular, como también lo que ya está estipulado en lo que respecta a protección de las Reservas Naturales, siendo éstas además explotadas como Destinos Turísticos y acompañan a ello la publicitación y promoción turística.

            La importancia de su aplicación radica no solo en lo turístico sino también teniendo la ventaja de ofrecer la Explotación Responsable de una buena cantidad de Recursos Naturales que pueden significar una importante fuente de dinero para la región como para todo el país en general, además de representar un beneficio para la población y su calidad de vida.

            El incumplimiento de estas tareas conlleva a la destrucción de muchos Paisajes Naturales generando no solo malestar en la población más cercana, sino también pudiendo originar diversos Trastornos a la Salud (ya que estas maniobras suelen estar acompañadas de uso de tóxicos a gran escala) como también la pérdida de Especies Autóctonas que tienen su hábitat en dichas zonas a proteger, alterando el equilibrio de muchos Ecosistemas y dañando seriamente a las poblaciones e individuos de una especie en particular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales:

            Podemos comenzar diciendo que entendemos por medio ambiente al espacio en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza en mayor o menor grado. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque en la mayoría de los casos esta noción se relaciona con la naturaleza, también podríamos decir que en cierto sentido el medio ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad o un gran centro urbano. La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros seres vivos si no también a sí mismo.

            El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su subsistencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la población mundial a niveles desmedidos y el aumento con ella de las necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha llevado al ser humano a generar severos daños en el medio ambiente planetario, algunos irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación de cursos de agua o del aire, la generación de gases del famoso efecto invernadero, etc.

            La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana. Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la relevancia de estas acciones y no sólo los individuos si no también los gobiernos y las empresas han comenzado a desarrollar actividades que tiendan a preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente.

            Si bien el concepto de medio ambiente es repetido con frecuencia a nivel individual y de los grandes medios de comunicación, su real importancia se ha puesto de manifiesto en los últimos decenios, fruto de la mayor conciencia ecológica y de las consecuencias de la destrucción del entorno provocada por efectos no deseados del progreso industrial y económico.

            En forma sinóptica, puede entenderse como medio ambiente a todo aquello que rodea e interactúa con los seres vivientes en general, pero con el hombre en particular. Esta interacción motiva que la acción de la humanidad modifica al medio ambiente, pero también este entorno moldea las más variadas circunstancias individuales y sociales de las personas. Mientras que en términos estrictamente biológicos el medio ambiente comprende a los factores abióticos del ecosistema, en el terreno social se involucra otros aspectos, como la educación, la cultura y los vínculos entre personas, pueblos y naciones.

            Para comprender ambos aspectos que permiten definir al medio ambiente, puede ser útil la aplicación de los modelos de la teoría de los sistemas, de uso habitual en Informática y de creciente aplicación en ciencias biológicas. En este marco teórico generado por la denominada “teoría general de la información”, el ambiente (ecológico o social) se comporta como un cúmulo de factores de distinta naturaleza que ejercen su influencia sobre un sistema (la sociedad o un ecosistema, por ejemplo) y generan modificaciones en su historia natural. Estas variables externas son para los seres vivos el entorno geográfico, los factores del clima (precipitaciones, humedad, horas de exposición lumínica, temperatura, vientos) y la presencia agravante de contaminación (sonora, atmosférica, hídrica, del suelo). En el ambiente social, las variables demográficas y socioeconómicas desempeñan un papel cardinal. De igual forma, no puede prescindirse de la magnitud de ciertos factores de gran repercusión, ya sea esperables (catástrofes provocadas por el hombre, como las guerras o los desastres nucleares) o no previstas (terremotos, inundaciones, huracanes, entre otros).

            Así, la importancia del medio ambiente radica en su permanente intercambio con los seres vivos y con la humanidad en especial, con la capacidad mutua de modificación entre ambos actores tanto de modo beneficioso como en términos de las repercusiones negativas.

 Recursos Naturales se denominan Recursos Naturales a los bienes que proporciona la naturaleza y que sirven al ser humano para cubrir sus necesidades. Pero en un plano socioeconómico, se da un paso más allá, pues los recursos naturales son considerados como bienes materiales escasos (alimentos, materias primas y servicios ambientales) que son producidos por la naturaleza, sin interferencia humana, y a los que se les atribuye como objetivo primordial cubrir las necesidades humanas vitales, que son de carácter ilimitado.

            Atendiendo a esta premisa, la Ciencia Económica distingue los Recursos Renovales de los Recursos No Renovables. Los primeros, como su nombre indica, tienen una mayor facilidad para su renovación, por lo que son más difíciles de agotar. Mientras que, los Recursos No Renovables, son aquellos recursos que no se pueden producir al mismo ritmo que son consumidos, lo que implica que su obtención sea limitada.

            A pesar de ser uno de los bienes más preciados que posee el ser humano, la tendencia general durante los últimos años, ha sido la de infravalorar los recursos naturales, pues no se ha tenido en cuenta que el derroche y sobreexplotación de estos recursos está produciendo graves consecuencias para nuestro Planeta, como son el cambio climático, la pérdida de bosques, el detrimento de la diversidad en fauna y flora, la merma de los recursos del agua.

            Según las últimas tendencias politicoeconómicas, se pretende hacer un análisis de los mismos de forma que se pueda mantener e incluso estimular el crecimiento económico de forma controlada, tratando de preservar los recursos naturales. Esto es lo que se denomina “Desarrollo Sostenible” o “Sustentabilidad”.

            La Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Rio+20), celebrada en Río de Janeiro el pasado junio de 2012, fue un intento de las Naciones Unidas por implementar un mayor compromiso por parte de los Estados del Mundo para integrar la conciencia por el Medio Ambiente, y así paliar los efectos desastrosos que han llevado al agotamiento de los recursos naturales a consecuencia del desarrollo económico desmedido de los últimos años. Asimismo, se pretende reforzar el Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible promoviendo que las tres esferas en las que incide desarrollo sostenible (ambiental, económico y social) converjan en la creación de Instituciones específicas encargadas de velar por su cumplimiento.

            En definitiva, no sólo cabe destacar la importancia de los recursos naturales, sino además su trascendencia, pues son imprescindibles para la continuidad del ser humano e incluso, la del propio Planeta.

Las consecuencias del uso irracional de los recursos naturales entre otros son:

1.- los plaguicidas usados en formas desmesuradas impiden a hongos y bacterias actuar sobre la materia orgánica en descomposición.

2.- los detergentes llegan directamente al agua, de los ríos, lagos o mares, afectando a los peces.

3.- los plaguicidas destruyen animales, principalmente insectos.

4.- los desechos industriales son descargados en ríos y arroyos, llegando al suelo muchos contaminares no degradables.

5.- la basura puede afectar el aire, al agua y al suelo, y permitir el desarrollo de algunos animales nocivos para el hombre (roedores, alimañas, etc)

6.- las emisiones de los autos pasan a la atmósfera en forma de monóxido de carbono y ese contaminante regresa después a la tierra por la acción de la lluvia o actuando en forma de smog fotoquímico.

7.-los combustibles fósiles incorporan a la atmósfera gran cantidad de bióxido de carbono, favoreciendo los fenómenos de inversión térmica.

8.- los aerosoles y aparatos de aire acondicionado contribuyen a la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera.

9.- el ruido, común en las grandes ciudades, ocasiona, que las personas pierdan lentamente su capacidad auditiva.

10.- algunos residuos industriales pasan por la filtración a las corrientes de agua que el hombre utiliza para uso diario , por la falta de cuidado de su almacenamiento, los desechos son colocados en recipientes y luego trasladados a basureros tóxicos donde quedan a la intemperie; el agua, el aire y los cambios climáticos destruyen lentamente los depósitos y dejan libres los contaminantes que pasan al aire y al agua.

11.- los arroyos o ríos pierden su flora y su fauna característica al ser canalizados.

12.- los bosques se explotan como tierras de cultivo temporalmente, ya que después dejan de ser productivas.

13.- las montañas se erosionan al talarse árboles y arbustos.

14.- las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, aumentan su incidencia.

16.- el crecimiento desmedido de la población, trae como consecuencias mayor demanda de energía en forma de alimentos y para el transporte.

Sustentabilidad y Desarrollo:

            En los últimos tiempos se ha comenzado a dar mayor importancia al Cuidado del Medio Ambiente, sobre todo luego de los sucesos que generaron distintas Inclemencias Climáticas como ha ocurrido con el Tsunami del Sudeste Asiático, dándonos cuenta de que de tanto descuidar al planeta, éste nos está devolviendo distintos factores alarmantes que van más allá del Cambio Climático que genera malestares y modificaciones en la conducta de muchas especies.

            En muchos países y regiones se ha comenzado a trabajar en torno al desarrollo de las Energías Renovables, ya que actualmente la estructura está organizada en torno al consumo de Combustibles Fósiles que son agotables, siendo un recurso que además cada vez aumenta más de precio y hasta puede derivar en Crisis Financiera que golpea fuertemente a países, teniendo a la alternativa en los Recursos Renovables que nos provee la misma naturaleza.

            Es allí cuando entra en juego el concepto de Sostenibilidad, también referido como Sustentabilidad, que consiste básicamente en generar un entorno que tienda al Equilibrio Natural y que esto se mantenga constante, aplicando distintas metodologías y haciendo uso de la tecnología para que todos podamos llegar a los mismos recursos.

            El abuso y uso exagerado de estos recursos, referido comunmente como Sobreexplotación, es lo que genera que otros no tengan acceso a los mismos, siendo además perjudicial para un Ecosistema debido a que se producen falencias y hasta puede lograrse la desaparición de este bien, rompiéndose automáticamente el equilibrio.

            Quizá el caso más conocido es el caso de las Especies en Extinción, donde por una mala acción del hombre que por ejemplo realiza una Tala Indiscriminada de Bosques, puede generar la destrucción de un equilibrio que deriva en la Ruptura del Ecosistema y que muchas poblaciones de animales pasen a morir y a reducir sus comunidades, pasando a ser números reducidos o inclusive a desaparecer por completo.

            Los conceptos de Sustentabilidad y Sostenibilidad, están siendo incluidos en las agendas y en los distintos proyectos gubernamentales que apuntan hacia un mayor cuidado del Medio Ambiente, con la aplicación de subsidios e incentivos al desarrollo de Energías Limpias para poder ser aplicadas a distintos campos de la economía y la industria, entre otros ámbitos de aplicación.

            En esta ocasión, nos remitimos a la gran base de la producción de Materias Primas, teniendo que en primer lugar definir lo que es la Agricultura Convencional, siendo la aplicación de todas las tecnologías y técnicas modernas para obtener el mayor rendimiento de la Producción Agrícola, diferenciándose de lo que conocemos como Agricultura Ecológica, donde el factor fundamental está en el Cuidado del Suelo, teniendo una producción de mayor calidad y no tan enfatizada en la cantidad.

            La diferencia entre una y otra es que en el primer caso se utilizan productos de Síntesis Química para poder obtener un mayor rendimiento de las plantaciones, muchos de ellos impidiendo futuros cultivos o inclusive causando la pérdida de Fertilización del Suelo a largo plazo, mientras que en el segundo caso solamente se recurre al auxilio de Productos Agroquímicos.

            De esta última técnica, también conocida como Agricultura Tradicional por ser considerada como la utilizada con anterioridad a los avances tecnológicos (empleada desde épocas antiguas) es que se desprende la disciplina conocida como Agroecología, que parte de mediados del Siglo XX (teniendo mayor auge en los años ’60) y que busca fundamentalmente cuidar el suelo.

            Una de las formas por la cual podemos reconocer esta técnica está fundamentada en que no se aplica la tecnología para obtener una mayor cosecha, como en el caso de Control de Plagas, la utilización sin control de Fertilizantes Sintéticos o diversos productos de origen sintético, utilizando solamente lo que nos pone a disponibilidad la naturaleza.

            Se considera entonces a la Agroecología como una ciencia que tiene como campo de aplicación a las Agriculturas Naturales, con todas las técnicas posibles que se puedan obtenerse lo que son conocidos como Alimentos Orgánicos, que tienen una comprobada calidad superior que los obtenidos mediante forma convencional, ofreciendo una mayor cantidad de Nutrientes y Vitaminas, además de un apreciable mejor sabor.

            De este modo, no solo se logra un mayor Cuidado del Suelo, sino también es un beneficio para nuestro organismo pudiendo alcanzar los Valores Nutricionales que requerimos diariamente teniendo la necesidad de ingerir una menor cantidad, debido a que están en mayor concentración.

 

Sistemas Alimentarios y Medio Ambiente:

            Como dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un sistema alimentario sostenible se conforma incluyendo el medio ambiente, la gente, los organismos y procesos, y esto es lo que hace que podamos acceder a la alimentación. Y con la población mundial creciendo como lo está haciendo, los sistemas que se usan para producir, procesar y llevar los productos agrícolas a los consumidores deben ser sencillamente sostenibles.

Los sistemas alimentarios abarcan:

– una serie de actividades relacionadas con la producción, el procesado, la distribución, comercialización, preparación y consumo de alimentos; y

– los resultados de esas actividades, que deben contribuir a la seguridad alimentaria (la estabilidad en el tiempo de la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, y el uso de los mismos) y a otros aspectos socioeconómicos (como la riqueza) y ambientales (como las emisiones de gases de efecto invernadero).

            Un enfoque de sistemas alimentarios relaciona sistemáticamente las actividades de los productores, procesadores, distribuidores, detallistas y consumidores de alimentos que integran los sistemas alimentarios con la seguridad alimentaria y otros resultados. Esto sirve para:

  1. Aportar una lista de control que ayuda a garantizar que los temas pertinentes quedan incluidos en el diálogo para la mejora de la seguridad alimentaria (sobre todo en el contexto de otros objetivos) e identificar el conjunto de actores y otras partes interesadas que deberían formar parte del sistema.
  1. Evaluar los impactos sobre los sistemas alimentarios al centrarse en múltiples vulnerabilidades en el contexto de tensiones socioeconómicas.
  1. Determinar los principales factores limitativos que provocan la inseguridad alimentaria, identificando así posibles intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria.

Al relacionar sistemáticamente las actividades del sistema alimentario con la seguridad alimentaria y otros resultados, este enfoque ayuda a aclarar la complejidad inherente en los sistemas alimentarios. Enmarca las interacciones como procesos dinámicos e interdependientes arraigados en contextos sociales, políticos, económicos, históricos y ambientales. Al adoptar un enfoque de sistemas alimentarios mejora la comprensión de las interacciones existentes entre seguridad alimentaria y tensiones ambientales o de otro tipo, facilitando así la toma de decisiones con respecto a las opciones de política adecuadas.

Actividades y resultados del sistema alimentario.

Actividades del sistema alimentario

 

            Producción de alimentos: recursos naturales, insumos, mercados….

Procesado y empaquetado de alimentos: materias primas, estándares, requisitos de almacenado…Distribución y venta de alimentos: transporte, comercialización, publicidad…Consumo de alimentos: adquisición, preparación, costumbres…

El sistema alimentario contribuye a:

 

            Bienestar social, Ingresos, Empleo, Riqueza, Capital social, Capital político, Capital humano, Seguridad alimentaria, es decir, estabilidad en el tiempo para:

Bienestar ambiental Existencias y flujos ecosistémicos,  Servicios ecosistémicos,  Acceso al capital natural, Disponibilidad de alimentos, Producción, Distribución, Intercambio, Acceso a los alimentos, Asequibilidad, Asignación, Preferencia, Utilización de alimentos

Valor nutricional, Valor social, Alimentos

DE POLÍTICA 2: Seguridad alimentaria para un planeta bajo presión 7

 

 Los retos de la seguridad alimentaria, y el uso de los recursos naturales deben alentar a los países a redoblar esfuerzos para colaborar en la gestión de los bienes públicos globales.

 

            Dado que el desarrollo humano y la seguridad alimentaria están íntimamente ligados, garantizar un futuro sostenible significa introducir cambios de consideración en la forma en que se producen, procesan, distribuyen y consumen los alimentos.

            Para ello se precisarán innovaciones científicas, tecnológicas y de política sólidamente respaldadas por el sector político, implementadas por el sector público y privado, y ampliamente aceptadas por la sociedad en su conjunto.

            La producción sostenible de alimentos debe anclarse sólidamente en el corazón de todos los esfuerzos por mejorar la seguridad alimentaria y potenciar el desarrollo humano. Garantizar que las personas más pobres y más vulnerables tengan acceso suficiente a los alimentos significa cambiar la esencia misma de cómo funcionan las economías globales (incluyendo hacer “más verde” la economía, junto con cambios sociales respecto de los patrones de consumo. La actuación política mejora enormemente cuando se fijan objetivos, pero los aspectos pluridimensionales de la seguridad alimentaria hacen que sea difícil de medir, sobre todo a nivel global.

            Existen algunos índices relativos a la disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos (como por ejemplo la productividad agrícola, los precios de los alimentos, las escalas de nutrición, y determinados índices sustitutivos como son el retraso en el crecimiento de los niños, pero en general es difícil determinar indicadores clave que muestren tendencias futuras en la seguridad alimentaria. Pese a que un índice compuesto que agrupara algunos elementos de disponibilidad, acceso y utilización de alimentos con medidas del desarrollo económico y la estabilidad política podría resultar útil, es preciso aceptar que entre estos elementos es necesario hacer concesiones.

            Los retos de la seguridad alimentaria, el uso de los recursos naturales y el CAG deben alentar a los países a redoblar esfuerzos para colaborar en la gestión de los bienes públicos globales. Esto abarca una mayor coherencia entre sistemas y la planificación coordinada entre distintos marcos institucionales.

            Se precisan nuevos mecanismos institucionales para promover la colaboración entre los inversores públicos y privados de los sistemas alimentarios y reconocer el papel cada vez mayor que desempeñan los actores no estatales. Por último, las instituciones deben adoptar un enfoque más flexible para alentar elecciones más equitativas y sostenibles por parte de los consumidores. Para ello se precisará una mejora en la gobernanza de los sistemas alimentarios, dado que la gobernanza deficiente y los conflictos son motores clave de la inseguridad alimentaria.

Una economía más verde

 

            El rumbo hacia sistemas alimentarios y economías más sostenibles discurre por muy diversos caminos, abarcando una utilización de la energía y unos patrones de consumo más sostenibles y la intensificación sostenible de la producción de alimentos. Los enfoques agroecológicos basados en una serie de tecnologías y niveles de producción, una mejor comprensión de los sistemas alimentarios y una gestión mejorada desempeñarán papeles de importancia. La reducción de la pobreza y unas economías “más verdes” deben considerarse objetivos complementarios y no enfrentados, puesto que unos sistemas alimentarios sostenibles protegen los activos de los que dependen los medios de vida de las personas pobres. Se precisan por tanto políticas y instituciones favorables que ayuden a crear verdaderas oportunidades para el desarrollo económico de las comunidades pobres.

 

El Paradigma Ecológico:

 

            Se plantea la  necesidad de un cambio en los patrones de consumo de la población mundial. “Hay consumo superfluo que agota los recursos naturales no renovables y deteriora los renovables. Uno de los desafíos más difíciles que tiene la humanidad es lograr cambiar los patrones de consumo porque implica cambiar los patrones de producción”.

Actualmente América Latina es el continente que tiene la mayor concentración de biodiversidad del planeta. “El productivismo actual busca maximizar la eficiencia en animales y vegetales para maximizar el rendimiento. La comida hoy perdió su valor: es mercancía que atenta directamente contra la biodiversidad. Nuestro sistema alimentario es criminal porque destruye el medio ambiente, la civilidad campesina y la economía de los pequeños productores”.

             Estamos atravesando una crisis internacional entrópica y se plantea la necesidad de cambiar el paradigma. “Somos siete mil millones de habitantes en el planeta y se producen alimentos para doce mil millones. El viejo paradigma de consumir y consumir no cambia nada, devasta completamente todo porque los recursos naturales tienen un límite. Tenemos que cambiar el paradigma, nuestro sistema alimentario es uno de los responsables de la destrucción del medio ambiente en el planeta”.

            En cuanto al agua como el gran problema del futuro y a la biodiversidad como patrimonio de la humanidad que no merece “la lógica perversa de productivismo”. Existe la posibilidad de reconstruir una economía de la subsistencia moderna que restituya el valor a la comida y promueva una lucha sin fronteras contra el desperdicio.

            “El 80 por ciento de las semillas en el mundo son propiedad de cinco multinacionales. El resto es propiedad de los campesinos y de las comunidades. El día que perdamos este 20 por ciento no existirá nunca más la agricultura.  Si no hay una visión holística del mundo no se puede cambiar. El fortalecimiento de las economías locales será la nueva agricultura que salvará al mundo”.

 

 Reflexiones:

            Los sistemas alimentarios del futuro deben mejorar la seguridad alimentaria y evitar en lo posible la degradación ambiental. Se precisarán múltiples vías para conseguir una economía más verde y unos sistemas alimentarios también más verdes, entre otros mediante la reducción de desperdicios en todas las etapas del sistema alimentario y mayor participación del sector privado en la planificación y la toma de decisiones.

            Hay una necesidad urgente de desarrollar tecnologías y políticas que redunden en unas prácticas de producción sostenibles. Se precisa una planificación más integrada y mayor coherencia entre sistemas en el programa global de seguridad alimentaria. Es necesario cambiar hacia dietas más saludables a medida que las sociedades se hacen más ricas, para reducir la carga tanto ambiental como de salud pública. El reto de la seguridad alimentaria es adoptar un enfoque de sistemas alimentarios y afrontar el reto

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

            En muchas localidades se han establecido diferentes tipos de actividades, ya sean industriales o comerciales y esto ha traído como consecuencia que sean afectadas las poblaciones que se establecen en la localidad. El bienestar de las comunidades de la biosfera está determinado por el buen uso que haga el hombre del ambiente, por el aprovechamiento racional de los bienes que ofrece la naturaleza.

            El hombre, en forma indiscriminada, ha hecha mal uso de los recursos naturales que nos provee la naturaleza, pues cada día ha ido deteriorando más su ambiente natural, ha roto el equilibrio de la trama de la naturaleza.

            Una cadena alimentaria es la transferencia de energía alimenticia a través de una sucesión de organismos que producen, consumen, y a su vez son consumidos por otros. Un ecosistema es un sistema estable de tipo circular en el cual existe una constante interrelación entre organismos vivos e inertes. Los componentes de un ecosistema son los productores, consumidores y descomponedores y su estructuración consta del biótopo y la biocenosis. Comunidad es un conjunto de individuos de distinta especie que ocupan un determinado territorio.

            De manera que al entender todo esto se puede decir, que para lograr la armonía del hombre con la naturaleza, es necesario que exista un control y una planificación acordes con el desarrollo social, educativo y económico del país, sin que para ello se deteriore el ambiente.

 

 

 

Bibliografia 

Ericksen P.J. et al., 2011. Mapping hotspots of climate change and food

insecurity in the global tropics. Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) Informe núm.5. http://ccafs.cgiar.org/resources/ climate_hotspots.

Evans, L.T. 1998. Feeding the Ten Billion: Plants and Population Growth.

Cambridge University Press: Cambridge, Reino Unido.

FAO 2002. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI) 2001. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

Roma, Italia.

FAO 2010. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI):

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

Roma, Italia.

FAO 2010. Agricultura “climáticamente inteligente”, políticas, prácticas y financiación para la seguridad alimentaria, adaptación y mitigación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

Roma, Italia.

Ingram, J.S.I., Ericksen, P.J. y Liverman, D.M. (Eds.) 2010. Food Security

and Global Environmental Change. Earthscan: Londres, Reino Unido.

Ministros de agricultura del G20. 2011. Declaración Ministerial: Plan de acción sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y la agricultura. Reunión de ministros de agriciltura del G20, París, 22 y 23 de junio de 2011.

UK Government Foresight 2011. The Future of Food and Farming. Informe final de proyecto. Oficina científica del gobierno: Londres, Reino Unido.

Desarrollo Regional

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ESTADAL

  

Desarrollo de la Región de la Colonia Tovar

 

 Facilitador                                                                    Participantes:

Prof. Moraima Uzcategui                                           Ana B Arriba 

 

 

 

 

Maracay, 09 de  Abril de 2014

LA REGIÓN DE LA COLONIA TOVAR

 

  1. Introducción

 

La región es un concepto geográfico y en consecuencia, es el espacio donde se desarrolla la vida humana, espacio que es trasformado por la vida del hombre.  La región es un sistema propio, en el cual las condiciones geográficas, la agricultura, la organización social, la alimentación, el lenguaje y el paisaje son criterios que pueden considerarse para identificarla, delimitarla y definirla.

La región de la Colonia Tovar  se delimitó mediante el análisis de elementos geográficos, hidrológicos, ecológicos, agrícolas y socioculturales. En la región  uno de los elementos importantes es la agricultura, en sus modalidades de riego, como el cultivo de la fresa, durazno, flores, así como el turismo, la gastronomía y sus manifestaciones culturales. Los rasgos hidrográficos, el relieve, la vegetación y la situación de la región coadyuvan a la existencia de una amplia agro-biodiversidad.

 

  1. Abstract

 

The region is a geographical concept and therefore is the space where it develops human life, space that is transformed by the life of the man.  The region is its own system, in which the geographic conditions, agriculture, social organization, food, language and landscape are criteria that can be considered to identify, delimit it and define it.  The region of la Colonia Tovar was delimited by the analysis of geographical, hydrological, ecological, agricultural and socio-cultural elements. In the region, one of the important elements is agriculture, in their methods of irrigation, as the cultivation of Strawberry, peach, flowers, as well as tourism, gastronomy and cultural manifestations. The hydrographic features, relief, vegetation and the situation in the region contribute to the existence of a wide agro-biodiversity.

  1. La región: ubicación y ambiente físico

La Colonia Tovar es una ciudad venezolana, capital del municipio Tovar, en el Estado Aragua, que tenía 3.373 habitantes según el Censo de 1990 y registró la cifra de 14.161 habitantes en el Censo de 2011, lo cual demuestra el lento proceso de crecimiento demográfico de esta población aragüeña en años recientes.

  1. Historia

El pueblo de Tovar fue fundado en 1843, con colonos generalmente católicos, procedentes de zonas agrícolas del suroeste de Alemania (Selva Negra, Baden-Baden, etc. que, debido a motivos religiosos, fueron hostilizados por la mayoría protestante de la región, en una época en la que Alemania todavía no existía como nación unificada, lo cual se vino a lograr casi dos décadas después. Su nombre obedece a que se fundó en una hacienda que el Conde de Tovar donó con ese fin para contribuir con la iniciativa del propio Agustín Codazzi, que fue el verdadero fundador de esta población.

Entre los primeros colonos se contaban extraordinarios científicos, naturalistas, escritores y pintores, tales como, Karl Moritz, Anton Goering, Ferdinand Bellerman (pintor que contó con el patrocinio de Humboldt) y muchos otros, gran parte de los cuales están enterrados en el cementerio de la ciudad. Sin embargo, la dificultad de las comunicaciones, el aislamiento y el escenario ambiental tan distinto al de las montañas alpinas de Alemania hicieron que durante bastante tiempo, la población languideciera, con un crecimiento demográfico bastante lento (e incluso negativo en algunas ocasiones por el éxodo rural hasta que el desarrollo de las comunicaciones y las propias necesidades turísticas de Caracas, Maracay y otras ciudades, dieron origen a un verdadero desarrollo económico que ha hecho de este municipio uno de los más ricos y con nivel de vida más elevado de todo el Estado Aragua y de Venezuela en general. Hoy en día, el problema es otro: el congestionamiento durante los fines de semana porque las vías de comunicación se han hecho insuficientes para la enorme cantidad de visitantes.

  1. Geografía

La Colonia Tovar se encuentra a unos 2.000 m de altura sobre el nivel del mar en la serranía de la Cordillera de la Costa, comunicada con Caracas y La Victoria por carretera, su clima es templado de montaña con amplitudes térmicas diarias de unos de 10ºC, con promedio de 16,8ºC, y frecuentes nieblas, sobre todo al amanecer y en la tarde. Los datos de temperaturas medias y montos pluviométricos mensuales de la Colonia Tovar son los siguientes:

  1. a) Localización: latitud 10º 25′ N., longitud 67º 18′ W., altitud, aprox. 2.000 m. sobre el nivel del mar.
  2. b) Temperatura media anual: 16,8º C.
  3. c) Precipitaciones: Monto pluviométrico anual: 1271 mm.

La Colonia Tovar está asentada en una orografía muy accidentada, con quebradas y riachuelos, las cabeceras del rio Tuy están cerca del pueblo, al sur del Pico Codazzi, que tiene casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. En su parte alta el río Tuy es apenas un torrente de montaña, cuya cuenca de recepción forma una especie de anfiteatro, en cuyo centro se encuentra la ciudad, la cual se encuentra rodeada por muchas casas (chalets) relativamente separadas en multitud de pequeñas parcelas intensamente aprovechadas.

En esta cuenca de pendientes bastante fuertes se desarrolla una agricultura intensiva (horto-fruti-cultura) sumamente productiva y rentable: flores, fresas, tomates, duraznos, ajos, melocotones y demás cultivos de clima templado. Hay también talleres artesanales de cerámica, fábricas de embutidos, galletas y dulces, industrias cerveceras, conservas de alimentos (mermeladas, duraznos en almíbar, etc.), además de las actividades tradicionales agropecuarias que se traducen en la comercialización de hortalizas, frutas, flores, carne de cerdo y sus derivados, etc.

La Colonia Tovar es un centro turístico en un lugar muy pintoresco, y su proximidad a Caracas (unos 60 km.) la convierte en un lugar atractivo para viajes de fin de semana o para vacaciones de descanso. Tiene buenos hoteles y restaurantes, algunas galerías de arte, establecimientos comerciales de artesanía, de antigüedades, de productos hortícolas de la zona, etc. Su idioma es el alemán coloniero, un dialecto del lenguaje original.

  1. Paisaje y condiciones ambientales.

 

Los paisajes constituyen sistemas que integran conjuntos de condiciones ambientales distribuidas en un espacio y tiempo determinados. Sintetizan casi siempre a partir de las formas del relieve, las características de geología, clima, suelo, tipos de vegetación, hidrología y las actividades económicas como la agricultura y la ganadería.

 

  1. La Vivienda

 

Son uniformes en su estructura, forma y colorido, están construidas con materiales modernos como piedra, tabique, block, tabicón, varilla, alambre, cemento, yeso, mosaico, loseta, teja, madera , complementadas con estructuras de hierro, aluminio, cristalería y acrílicos; otras viviendas están construidas con recursos disponibles en la comunidad como adobe, piedra, madera.

  1. Actividades económicas

 

La actividad económica más importante es la agricultura   y el turismo (actividad primaria).  Las especies cultivadas en las parcelas son diversas, las más importantes son: maíz, caraota, calabaza, fresa, durazno, tomate, cebolla, pepino, flores.

  1. Gastronomía

Está condicionada por su origen alemán. En los pequeños restaurantes populares y luncherías, son famosos los postres de la colonia, como los strudels, gugelhupf, tartaletas y las churros y/o carne con crema, los tradicionales Kaiserschmarrn, Germknödel, strudel de manzana y la Schwarzwälder Kirschtorte, conocida en castellano como la tarta de la Selva Negra, junto a la particular charcutería y sus especialidades, las famosas salchichas alemanas. También es característica de la gastronomía de la colonia la cerveza Tovar, que se produce en la zona.

  1. Manifestaciones Culturales

Festival de la Cerveza. Se celebra anualmente en octubre la tradicional fiesta germana conocida como Oktoberfest.

El 8 de abril se celebra la fundación de la colonia. Para esta fecha se realizan actividades culturales en la plaza Bolívar. Las celebraciones incluyen un desfile de carrozas, en el que participan instituciones educativas, agrupaciones de danza y asociaciones culturales locales e invitadas. También se realiza la elección anual de la reina de la Colonia Tovar.

Los Carnavales. Durante el carnaval, se realizan las comparsas de Jokilis y Gorilas. El Jokili es un personaje que existe en Alemania desde 1782, una mezcla de bufón y arlequín. Su vestimenta está constituida por un traje rojo, con flecos en cuello, mangas, cintura y piernas, en las que se dejan ver campanillas. Se les coloca un gorro de tres puntas, guantes blancos y zapatos puntiagudos.

Fiestas Patronales en honor a San Martín de Tours. El patrono de todos los viajeros, San Martín, es homenajeado el 11 de noviembre. En la Iglesia, se encuentra una imagen del santo, que fue traída por los fundadores desde Baden. Ese día se realiza también la Feria de las Flores, Frutos y Artesanías, en la que se otorgan premios a la excelencia de los productos que se producen en el municipio.

Festivales. Se celebran dos festivales anuales, generalmente entre marzo y abril, uno, y el otro entre agosto y septiembre. Uno de ellos es Patrimonio Cultural del Municipio, según Decreto de la Alcaldía de Tovar, que se realiza desde 1992, y es conocido como el Festival Internacional de Música de Cámara Colonia Tovar. El segundo es Amigos de la Música de Cámara Colonia Tovar y se realiza desde 1997.

La Pascua. Junto a las celebraciones religiosas de la Pascua, en Colonia Tovar se realizan los tradicionales «nidos» germanos, para celebrar la venida de los conejos de Pascua con sus huevos. El lunes después de Semana Santa los pobladores de La Colonia Tovar asisten a la Capilla de la Resurrección. Allí se realiza la bendición de las cosechas y los alimentos, y todos los presentes comparten un día de camping.

CONSIDERACIONES FINALES

La historia ambiental de la Colonia Tovar es útil para entender la evolución de los cultivos comerciales.  El ambiente ha cambiado de un ecosistema natural, pasando por la tala y  quema, la práctica de cultivos de temporal para autoabasto familiar,  la introducción del cultivo de fresa y casi simultáneamente otros cultivos comerciales. El cultivo que marca el inicio de la agricultura comercial es la fresa.

La combinación de fuerza de trabajo familiar  y la ayuda mutua contribuye a reducir el riesgo económico generado por la oscilación de precios en el mercado.

La agricultura convencional llega a la región con el establecimiento de cultivos comerciales y se ha extendido a todo el país, produciendo una dependencia de mercado.

La región agrícola de la Colonia Tovar, es un ejemplo de estrategia de adaptación sociocultural que combina la agricultura tradicional destinada al autoabasto, con el manejo estacional de recursos de ecosistemas naturales. La diversidad cultural permite el manejo del y la organización grupo social permite la adaptación de la sociedad al sector turístico.

 

Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas

      REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

      UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

      DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

      MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

      Mención: Planificación Regional

      Cátedra: Administración Municipal y Estadal


Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas


                                                                                      Participantes:

                                                                                   Alvia Dinino

                                                                                   Wilmer Hernández

                                                                                   Ana B Arriba


Maracay, 19 de junio de 2014

Introducción

 

En el Capítulo III de la Constitución vigente dedicado al Poder Público Estadal se establece la creación de los «Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas» (CEPC). Por su composición –y aun tomando en cuenta que a ella se suman los directores de los órganos periféricos de la administración nacional (directores de los ministerios) – podemos entender que se trata de una instancia de carácter territorial, es decir, que regula las relaciones de los actores en el territorio cuando éstos se disponen a discutir y aprobar el «Plan de Desarrollo Estadal». Es curioso que, no obstante estos dos aspectos, los CEPC hayan sido creados por una ley nacional en lugar de dar esa potestad a los consejos legislativos estadales. ¿Qué significación puede tener este hecho? ¿Qué tanto puede implicar para su correcto desenvolvimiento? Aquí corresponde dar una batalla legal. Puede haber interpretaciones sobre el particular. De hecho, intentaremos mostrar que todos los elementos disponibles en la propia Constitución nos indican que los CEPC deben ser creados en el nivel estadal. Nos parece un asunto de mucha importancia porque nos permite hilvanar algunos componentes de la Carta Magna que dan fundamento a la autonomía de las entidades territoriales, y acercarnos a algunos conceptos fundamentales para la concepción y operación de un Estado Federal y descentralizado, tal como aparece en la Constitución de 1999.

Queremos ir un poco más allá y tratar de ver el alcance real que pueda llegar a tener la normativa de los CEPC, a los fines de mejorar la planificación, y, en especial, la participación social en esta tarea. En tal sentido, esperamos desarrollar la vía que especificamos a continuación.

Lo primero es ver cómo se conforma y despliega la actividad de un CEPC para que se haga efectivo el compromiso de los ejecutores (gobiernos) en la puesta en marcha del plan en lo que atañe, por supuesto, a sus respectivos ámbitos de competencia. A partir de allí presentamos para la discusión –y a título de hipótesis– la idea de que sólo con el diseño de un órgano de carácter deliberativo se abre la posibilidad del consenso y el compromiso entre los actores para fijar los objetivos estratégicos y ponerlos en marcha. Una ley que hace de los CEPC unas instancias controladoras con tendencia a entrar en conflicto con los proyectos y diseños de los ejecutores (gobiernos) puede ser contraria a la integración y a la deliberación, afectando de manera palmaria la viabilidad del Plan Estadal.

 Lo segundo se refiere al método. Lo que vemos sobre este particular es una ley diseñada por una visión centralista, que parece reanimar la idea del control a través de la imposición de formas de subordinación a planes concebidos desde el Poder Nacional; a la vez que deja muy poco margen para que la composición de los CEPC responda a sus propias realidades, y, en especial, a las exigencias del proyecto colectivo regional.

Aunque a tales limitaciones podrían aplicárseles algunos correctivos mediante el «Reglamento de Funcionamiento y de Debates» elaborado por cada Consejo, el problema es más de fondo y pareciera estar en la manera de concebir a los órganos de planificación y su incidencia en la promoción del desarrollo estadal. Esa manera puede llevar a privilegiar un mecanismo de intervención y control que no es capaz de interpretar la diversidad de actores y racionalidades presentes en el territorio y de combinar adecuadamente los factores del desarrollo territorial. Esto pareciera ser así en varios sentidos.

Lo primero que debemos entender es que el desarrollo regional es un «macro problema difusamente estructurado» (S. Boisier), que no puede ser reducido a una coordinación impuesta o al comando de un órgano que supone expresar el poder regional. Si bien la planificación es importante, no es sino un instrumento que contribuye, mediante el intercambio de información, a dar dirección al proyecto político que es socialmente concebido y construido.

Lo segundo es que desde el momento que la ley privilegia a los CEPC como órganos «rectores de la planificación de las políticas públicas» (Artículo 1) y como elaboradores del Plan, podría conducir a la imposición de un modelo de intervención que busca articular los distintos componentes sistémicos del territorio a través de un esquema jerárquico. Pero, como sabemos, la complejidad del problema del desarrollo demanda la presencia de formas e instituciones en las que también se impone el sistema de precios (mercado) o de otras capacidades de control y articulación –tales como la asociatividad o el consenso– que varían con el cambio de posición relativa de los actores.

 El tercer sentido que toma el CEPC como forma de intervención es su carácter jerárquico en el orden de las relaciones intergubernamentales. Prevalecen, en este sentido, el Plan Nacional y el Plan de Desarrollo Regional por sobre el Plan Estadal. No se busca con esta ley que los planes Nacional y de Desarrollo Regional se conciban a partir de la diversidad y los impulsos territoriales, sino al contrario. La relación de subordinación respecto del Plan Nacional, y el condicionamiento del nivel estadal por los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional, inclinan la acción de los estados a ser simples instrumentos de maneras de ordenar el territorio, las cuales han sido concebidas por otros desde el centro político.

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS


La Constitución vigente consagra para cada Estado un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que preside el Gobernador y la integran los alcaldes, directores estadales de los ministerios y los representantes de los legisladores electos por el Estado a la Asamblea Nacional, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluso las indígenas, cuando existan. Su funcionamiento y organización lo determina la ley.

Ahora bien, en la Ley de Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, se desarrollan los principios y organización de estos consejos, primeramente debe indicarse que el objeto de dicha Ley, según su artículo 1º, es:

Objeto

 

La creación, organización y establecimiento de competencias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que funcionará, en cada Estado, como órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.

Los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) son unas nuevas instancias de naturaleza político-territorial; correspondiente a cada una de las entidades federales que conforman la República Bolivariana de Venezuela y, cuyo objeto fundamental es la planificación del desarrollo de la entidad a la que pertenece.

Principios

 

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas se regirán por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, actuarán de acuerdo con los principios de justicia social, democracia, eficiencia, protección del ambiente, corresponsabilidad, integridad territorial, productividad, solidaridad, cooperación y desarrollo sustentable. (Art. 2)

Composición

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas estarán integrados por:

  1. El Gobernador o la Gobernadora, quien lo presidirá.
  2. Los Alcaldes o las Alcaldesas de los municipios que formen parte del Estado.
  3. Los Directores o las Directoras estadales de los ministerios que tengan asiento en el Estado.
  4. Una representación de la Asamblea Nacional, elegida por y de entre los diputados nacionales electos en la circunscripción del Estado, equivalente a un tercio del total de los mismos.
  5. Una representación del Consejo Legislativo Estadal equivalente a un tercio de los miembros del mismo.
  6. Una representación de los concejales de los municipios del Estado, compuesta por:
  7. Dos (2) concejales en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios;
  8. Cuatro (4) concejales en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios;
  9. Seis (6) concejales en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios;
  10. Ocho (8) concejales en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios;
  11. Diez (10) concejales en los Estados que tengan veinticuatro (24) o más municipios.
  12. Una representación de la comunidad organizada de ámbito estadal, elegida de entre entidades, con personalidad jurídica, que lleven al menos un (1) año desarrollando su actividad, de acuerdo con la siguiente composición:
  13. Un (1) representante de las organizaciones empresariales;
  14. Un (1) representante de las organizaciones sindicales de trabajadores;
  15. Un (1) representante de las organizaciones campesinas;
  16. Un (1) representante de la comunidad universitaria;
  17. Un (1) representante de las organizaciones de defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico cultural;
  18. Una representación de las organizaciones vecinales compuesta por: un (1) representante en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios; dos (2) representantes en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios; tres (3) representantes en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios; cuatro (4) representantes en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios; y cinco (5) representantes en los Estados que tengan más de veinticuatro (24) municipios.
  1. Un representante de las comunidades y pueblos indígenas, en los Estados donde los hubiere, elegido conforme a sus usos y costumbres según lo establecido en la ley correspondiente.
  2. El Gobernador o Gobernadora podrá invitar a participar con derecho a voz, en cada reunión del Consejo Estadal, a los miembros de su tren ejecutivo que considere oportuno.

Competencias

 

Según el Artículo 9 de la Ley, las competencias de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son las siguientes:

  1. Discutir, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Estadal, a propuesta del Gobernador o Gobernadora, de conformidad con las líneas generales aprobadas por el Consejo Legislativo Estadal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo Regional.
  2. Establecer y mantener la debida coordinación y cooperación de los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal, en lo atinente al diseño y ejecución de planes de desarrollo.
  3. Evaluar el efecto económico y social del gasto público consolidado en el Estado, de conformidad con los planes de desarrollo.
  4. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estadal a través de informes que deberán ser remitidos al Consejo Legislativo Estadal.
  5. Formular recomendaciones y observaciones a los Planes de Desarrollo Local de acuerdo a los Planes de Desarrollo Estadal.
  6. Emitir opinión sobre programas y proyectos presentados al Fondo Intergubernamental para la Descentralización por el Gobernador o la Gobernadora.
  7. Proponer ante el Consejo Legislativo Estadal la transferencia de competencias y servicios desde los Estados hacia los municipios y comunidades organizadas.
  8. Promover, en materia de planificación del desarrollo, la realización de programas de formación, apoyo y asistencia técnica al recurso humano institucional y a la comunidad organizada.
  9. Dictar su propio Reglamento de Funcionamiento y de Debates.
  10. Conocer el informe anual de gestión del Gobernador o Gobernadora.
  11. Las demás que le sean asignadas por ley.

Antecedentes

Algunos antecedentes jurídicos e institucionales de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son:    …………………………………   ………………………………..
1. Las Asambleas de Participación contempladas en el Decreto 478 sobre la Regionalización y Participación de la Comunidad en el Desarrollo Regional de fecha 8 de Enero de 1980. Las Asambleas de Participación eran de carácter estadal. Tenían como propósito “plantear las aspiraciones colectivas, emitir opinión sobre los planes de desarrollo y precisar los aportes que los diversos sectores harán para su ejecución”. Las Asambleas de Participación estaban integradas por el Gobernador de la entidad federal, el Presidente de la Asamblea Legislativa, tres representantes de los Concejos Municipales, un representante de las organizaciones mayoritarias del sector empresarial, un representante por las asociaciones de productores independientes, un representante por las cooperativas, un representante de las organizaciones mayoritarias del sector campesino, un representante de la organización mayoritaria del sector laboral, un representante de las universidades que tengan sede en la entidad federal, un representante por los otros institutos de educación superior con sede en la entidad federal, un representante de las entidades culturales legalmente constituidas, un representante de los gremios creados por ley, un representante designado por las otras asociaciones de profesionales egresados de otros institutos de formación profesional y cuatro representantes por las asociaciones de vecinos

  1. Los Comités de Planificación y Coordinación promulgados por la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, de 1990 en su Artículo 25. Los Comités de Planificación y Coordinación tenían como objeto garantizar la necesaria coordinación, planificación, evaluación y control de los programas y acciones que se ejecutaren en su respectiva entidad federal. Tales instancias estaban presididas por el Gobernador y, además la integraban el tren ejecutivo estadal, los alcaldes y por los jefes de las oficinas nacionales y regionales con jurisdicción en el estado. Según la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público en los Comités podrían participar los parlamentarios nacionales y los representantes de los sectores económicos, sociales, laborales y culturales de la comunidad.

    3. los sesiones móviles del Gabinete Sectorial Social del Consejo de Ministros durante el período gubernamental 1994-1999. Estas sesiones móviles implicaban la movilización hacia las entidades federales de los representantes de las agencias gubernamentales del sector social con el propósito de interactuar con las autoridades estadales y locales y, con representantes de la sociedad civil. Su realización permitió impulsar el proceso de descentralización y el establecimiento de acuerdos entre las autoridades públicas de los distintos niveles político-territoriales de la República.

 

 

Base Legal……

.

  1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 166). …… 2. Ley Orgánica de Planificación (año 2001).
  2. Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas..(año.2002)..
  3. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (año.2002).
  4. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005).

Elección y duración de los integrantes………………………………………………………..

Los integrantes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que deban ser nombrados mediante elección, se designarán a través del siguiente procedimiento:

  1. Los representantes de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo Estadal serán elegidos conforme se establezca en el respectivo Reglamento Interior y de Debates.
  2. Los representantes de los concejales serán elegidos por la Asamblea, de todos los concejales de los municipios que forman el estado, convocada por el Gobernador o Gobernadora en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de la elección de los concejales. En dicha elección, cada concejal sólo podrá votar por un (1) candidato. En los estados donde exista más de un (1) municipio, tan sólo, podrá ser elegido un concejal por municipio.
  1. Los representantes de los colectivos que constituyen la comunidad organizada serán elegidos, respectivamente, por las organizaciones que forman parte de los sectores establecidos en el artículo 6, numeral 7, de esta ley y, de conformidad con la ley que regule la materia. El mandato de los miembros de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas tendrá la siguiente duración:
  • En el caso del Presidente o Presidenta, los o las representantes de los Consejos Legislativos Estadales, los Alcaldes o Alcaldesas y los o las representantes de los concejales, la duración de su mandato.
  • Los Directores o Directoras estadales de los ministerios, mientras permanezcan en dicha función.
  • Los o las representantes de la Asamblea Nacional; según lo que establezca su Reglamento Interior y de Debates.

Los representantes de la comunidad organizada, la mitad del período de duración del mandato del Presidente del Consejo Estadal.

El representante de las comunidades y pueblos indígenas, hasta tanto se apruebe la ley sobre pueblos indígenas, deberán cumplir con al menos, una (1) de las siguientes condiciones:

.a. Haber ejercido un (1) cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.

  1. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural.
  2. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.
  3. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida, con un mínimo de tres (3) años de funcionamiento.

El representante o los representantes de la comunidad organizada a que se refiere el artículo 6 de esta ley, hasta tanto se apruebe la ley que regula la participación ciudadana, serán elegidos de acuerdo al siguiente procedimiento:

  1. Los representantes indicados en los literales a, b, c, d y e del numeral 7, del artículo 6 de esta ley, serán seleccionados de acuerdo a los mecanismos de elección propios de las respectivas organizaciones.
  1. El representante o los representantes indicados en el literal f del numeral 7, del artículo 6 de esta ley. En el lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Gobernador o Gobernadora, realizará llamado público a las organizaciones vecinales con personalidad jurídica debidamente registradas por ante las Alcaldías o Concejos Municipales respectivos y les instará a que postulen un (1) candidato ante la asamblea de organizaciones vecinales del municipio, para optar a representante ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
  1. El procedimiento de elección del candidato indicado en el literal anterior se hará en los términos que determine la Asamblea de las organizaciones vecinales de cada municipio.

.4. La Asamblea de las organizaciones vecinales se considerará válida con la existencia de la mitad más uno de las organizaciones registradas, por ante la Alcaldía o el Concejo Municipal respectivo.

  1. Una vez seleccionado el representante por municipio, se procederá a la elección del representante o los representantes ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; con base en la totalidad de los municipios de cada estado.
  1. Una vez elegidos los representantes de los municipios de cada estado, reunidos entre ellos mismos, seleccionarán en votación, libre, universal, directa y secreta el representante o los representantes de las organizaciones vecinales, ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
  1. En un lapso de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Gobernador o Gobernadora deberá tener conocimiento del nombre o los nombres del representante o representantes de las organizaciones vecinales del estado, ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. …………………………………………………………………

    La norma y sus implicaciones

Si lo que se busca con la ley de los CEPC es crear un «órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable», no parece haberse dado un buen paso.

Estamos en presencia de una ley que viola los principios de autonomía de los estados y municipios, no atiende a los fundamentos de la descentralización, y encasilla a la planificación en un órgano único de decisión que puede generar conflictos y dificultar la sinergia entre los agentes. Además, cercena la posibilidad de los estados para diseñar los espacios de coordinación y cooperación de acuerdo a sus propias necesidades y realidades.

Lo primero que cabe resaltar es que es ilógico, pero sobre todo paradójico, pensar que la elaboración de esta ley corresponda a la Asamblea Nacional. Es clara la Constitución en su Artículo 166 cuando nos dice que «en cada estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas». En efecto: si dice que «en cada estado se creará», es porque dicho Consejo debe ser creado en cada estado mediante una ley estadal. No pareciera existir una razón clara de orden legal que justifique que un órgano como la Asamblea Nacional pueda promulgar una normativa que escapa de su competencia.

 Corresponde a cada estado, como lo dice la Constitución en su Artículo 162, legislar sobre las materias de su competencia. Si esto así, y si no hay ninguna indicación constitucional que establezca que la planificación es una competencia del poder público nacional, es claro, entonces, que la planificación y la coordinación, en su ámbito territorial, son una materia de la competencia estadal.

Lo segundo que debemos considerar es que no se encuentran razones de «orden técnico» que expliquen por qué esta ley debe ser nacional. Cada estado vive una realidad y está conformado por actores e intereses que pueden dar lugar a formas muy variadas y creativas de planificación y coordinación de políticas públicas. En cada caso pueden variar las técnicas y los métodos de la planificación, así como pueden variar las formas de integración y designación de los miembros de los CEPC, atendiendo a lo que en cada localidad se estime más práctico y conveniente en relación con la metodología adoptada y, sobre todo, en respuesta a la relevancia y al poder relativo de los actores. Todos pueden participar, pero tal participación puede variar en cada estado y en distintas circunstancias en concordancia con el sentido de oportunidad. Otros estados (a través de sus actores) podrían estar integrados a un determinado CEPC; también otras regiones del mismo país o de otros países. Podría haber, en este sentido, un núcleo base (actores del territorio) y otro de actores de oportunidad (actores en el territorio).

Los CEPC deberían ser órganos para crear la sinergia entre los actores en el territorio. La presencia de los representantes de las oficinas de los ministerios debe atender a políticas de ámbito territorial, por lo que la integración y participación de estos funcionarios nacionales deben responder a criterios y exigencias que nacen de la propia realidad regional o local. Cabe señalar que la presencia de estos funcionarios, en los términos señalados, no justifica la creación de un marco normativo creado desde el poder nacional.

Puntualizaremos ahora algunos enfoques que nos complementarán la incidencia de este marco normativo en la tarea de impulsar el desarrollo territorial.

La propia Constitución establece cómo deben estar integrados los CEPC. Así, cada estado, dependiendo de sus peculiaridades, podría definir, en su propia ley, cuáles son los métodos para elegir o designar a quienes habrán de integrar los CEPC en cada realidad territorial. Pretender –como en efecto lo hace la ley– regular los procesos de integración y representación de los CEPC, al punto de fijar cuántos deben ser los concejales, los vecinos, los diputados, etc., nos parece una forma de someter una realidad territorial que es diversa, y en cierto sentido, singular, a un esquema único que podría no guardar relación con la realidad regional y local. Además, la regulación y reglamentación de la designación y elección de los miembros de los CEPC nos resulta engorrosa e inconveniente. Una normativa para regir un órgano de esta naturaleza debería dar libertad para que cada sector defina su propio mecanismo para designar a sus representantes en el CEPC.

Uno de los más graves errores de la ley es asumir que el CEPC es un órgano que interviene, regula y, en cierta medida, ejecuta. Cuando vemos las competencias que le han sido asignadas, se evidencia que sus funciones van más allá de ser un órgano deliberativo y consensual, donde se identifican los problemas y se fijan los lineamientos que deben regir la actuación del gobierno regional y los distintos actores. Quienes tienen las competencias, los mecanismos y los recursos para ejecutar tareas importantes de fomento y desarrollo, son los gobiernos.

Al Consejo debería corresponderle establecer las orientaciones macro que, siendo producto del diálogo, logran alinear las expectativas de los distintos agentes hacia la configuración de la imagen futura y el proyecto colectivo. En pocas palabras, los CEPC deben tener un carácter estratégico y no ejecutivo. Su función principal debe ser la identificación de la fuerza motriz que es capaz de llevar adelante, en forma coordinada, las tareas para el logro de objetivos concertados. Tal como fueron concebidos en la ley, los CEPC podrían terminar usurpando funciones de los órganos planificadores de los gobiernos, y creando mandos paralelos que complicarían la toma de decisiones.

El mecanismo de las «comisiones» propuesto por la ley (Artículo 14), podría resultar obsoleto e improcedente visto desde el ángulo de la visión moderna de la planificación que busca identificar tendencias y descubrir oportunidades. Hecho esto, y una vez identificados los problemas y fijados los lineamientos estratégicos a través de un amplio proceso deliberativo, deben ser las propias instancias ejecutoras y comprometidas con cada problema las que fijen los mecanismos y métodos para relacionarse y coordinar sus acciones, sean éstas de regulación, promoción, fomento o inversión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

El rendimiento de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas ha sido deficitario. De ello, no hay duda. Hasta el presente no se han producido los planes estadales, ni la coordinación necesaria de programas públicos específicos por su gestión, ni una eficaz participación de la ciudadanía en sus actividades. Su instalación y funcionamiento ha sido discrecional, dependiendo en gran medida de la voluntad de cada Gobernador y de sus capacidades institucionales de gobierno. En descargo de lo anterior, hay que reconocer que los CEPLACOPP son entidades muy nuevas (apenas creadas desde el 2002), y que además exigen una dedicación institucional que las propias gobernaciones no están en capacidad de proporcionar en muchas ocasiones. Por otra parte, no hay en el Gobierno Nacional (la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia o el Ministerio de Planificación y Desarrollo) políticas o programas de cooperación y fortalecimiento orientados a incentivar el desarrollo adecuado de los Consejos Estadales; por parte de las Gobernaciones. De hecho, resulta difícil conseguir cifras oficiales en cuanto al funcionamiento de los Consejos Estadales. Quizás todo esto sea reflejo del enorme esfuerzo de reforma que debe emprenderse en el Estado venezolano para comenzar a aproximarse a los mandatos constitucionales de inclusión de la ciudadanía en la gestión pública. Por último, los CEPLACOPP representan un reto para las comunidades organizadas y, para el movimiento ciudadano en general; por cuanto ponen a prueba sus verdaderas capacidades de gestión y su vocación democrática.

Referencias bibliográficas

  1. Arocena, José (1995). El desarrollo local. Un desafío contemporáneo, Caracas, Nueva Sociedad.        
  2. Bervejillo, Federico (1996). «Territorios en la globalización, cambio global y estrategias de desarrollo territorial», Documento 96/34, Ilpes.        
  3. Boisier, Sergio (1996). «La geografía de la globalización: un único espacio y múltiples territorios», Anales I, CLAD.        
  4. Boisier, Sergio (1998). «Sociedad civil, participación conocimiento y gestión territorial», en Mascareño, C., coord., Descentralización, gobierno y democracia, Caracas, Cendes-G-Local.        
  5. Cohen, Joshua (2001). «Democracia y libertad», en Elster, J., comp., La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa]
  6. De la Cruz, Rafael (1993). «Federalismo y descentralización: un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad en Venezuela», en Blanco, C., coord., Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla, Caracas, Copre-PNUD, Nueva Sociedad.        
  7. Del Rosario, Helia y Mascareño, Carlos (2002). «Las relaciones integubernamentales en el marco de la descentralización venezolana», en Ospina Nozzi, S. y Penfold, M., Gerenciando las relaciones intergubernamentales. Experiencias en América Latina, Caracas, National Association of Public Affairs and Administration (Naspaa), Nueva Sociedad
  8. Hernández, José Julián (2002). «La noción de desarrollo local (un ciclo exógeno-endógeno-exógeno)», Cuestiones Locales (revista de estudios regionales y municipales), n° 2, Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) de la Universidad de Carabobo
  9. Jungemann, Beate (1996). «Desarrollo regional y descentralización en América Latina en el marco del ajuste: una relación con muchas interrogantes», Cuadernos del Cendes, n° 32, mayo-agosto.        
  10. República Bolivariana de Venezuela (2002). «Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas», Gaceta Oficial, nº 37.509, 20 de agosto de 2002

COMPONENTES DEL MERCADO LABORAL VENEZOLANO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Economía

 

COMPONENTES DEL MERCADO LABORAL VENEZOLANO

CARACTERÍSTICAS DEL PUEBLO DE BELÉN. ESTADO CARABOBO


Facilitador:                                                                  Participantes:

Ing. Gilberto Parra                                                     Mirla—-

                                                                                   Marcos Bolívar

                                                                                   José Vicente——

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, xx de xx de 2013

INDICE

 

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

1- ECONOMÍA LABORAL DE VENEZUELA

    -MERCADO LABORAL Y POBREZA EN VENEZUELA

   – OFERTA DE TRABAJO EN VENEZUELA

    -LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL

    -FUGA DE TALENTOS

    -DEMANDA DE TRABAJO EN VENEZUELA

      – Segmentación de la demanda laboral

 -EL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN VENEZUELA

     -Efectos sociales del desempleo

     -Empleo en el sector informal o subempleo

 -EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL MERCADO LABORAL   VENEZOLANO

2- INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BELÉN Y SU POBLACIÓN ACTIVA.

   -Características de la carretera  a Belén

   -Características del pueblo de Belén

   -Población

   -Economía

   -Empleo en Belén

  -Desempleo según grupo etéreo y género en Belén

  -Fuerza laboral según sector económico en Belén

 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

 BIBLIOGRAFÍA

 

 

INTRODUCCIÓN

 

Podemos asegurar que en el mercado laboral se transa el más importante y valioso recurso, el recurso humano, el cual presenta unas características muy peculiares que merecen ser estudiadas por una rama de la Economía como lo es la Economía Laboral. La importancia y complejidad del recurso humano en la economía radica en que todas las actividades económicas que se llevan a cabo alrededor del mundo tienen, o al menos deberían tener como objetivo el bienestar del mismo recurso humano, lo cual a su vez impulsa su uso, por efecto de lo que se conoce como demanda derivada; además, curiosamente todas las actividades, medidas y políticas económicas tomadas por los países, tienen incidencia casi inmediata en los mercados laborales.

En Venezuela el mercado laboral ha sido poco estudiado, pues otros temas económicos (inflación, tipo de cambio y otros), han ocupado las primeras páginas de las revistas, libros y otros documentos. Sin embargo, en la última década las cifras de desempleo han alcanzado las cifras más altas que históricamente se hubieran conocido. Esto ha generado gran malestar en la población venezolana y, a su vez, altos costos sociales a largo plazo, razón por la cual merece especial atención por parte de quienes están encargados de dirigir los destinos económicos del país.

De esta situación no escapa la Parroquia de Belén ubicada en el Munici­pio Carlos Arvelo  Estado Carabobo, donde se desarrolla una actividad económica eminentemente agrícola. Mientras que su actividad industrial básicamente se encuentra ubicada en la ca­pital del Municipio y en sus cercanías, donde funcionan fábricas de pinturas y algunas alfarerías, las cuales no resultan suficientes para abarcar a la población activa de la Zona lo cual genera desempleo y subempleo. Su actividad económica se centraliza prác­ticamente en Güigüe y Tacarigua, poblacio­nes donde se encuentra la mayor profusión de comercios dedicados a la venta de co­mestibles, fármacos, ferreterías, talleres automotores, etc.

METODOLOGÍA

 

En la primera parte del presente trabajo, se utilizaron fuentes de información secundarias u otras investigaciones ya que se pretende profundizar y ampliar el conocimiento sobre la economía laboral de Venezuela. Se realizó una revisión bibliográfica y hemerográfica, exhaustiva y actualizada, sobre los informes de las estadísticas oficiales en torno a la fuerza de trabajo venezolana y documentos sobre el mercado de trabajo en Venezuela (conformación, funcionamiento y desequilibrios). Una vez realizada la revisión bibliográfica se procedió a interrelacionar la información obtenida para analizarla.

Para la realización de la segunda parte,  se efectuó una visita a la ciudad de Belén a los fines de obtener información sobre la población activa de esa región, para ello se efectuaron entrevistas con personas en la localidad y en las distintas instancias públicas.

1-ECONOMÍA LABORAL DE VENEZUELA

La Economía Laboral se encarga del estudio de la organización, funcionamiento y resultados de los mercados de trabajo, las decisiones de sus participantes presentes y futuros, y las medidas relacionadas con el empleo y la remuneración. Estas decisiones y medidas están implicadas en muchas cuestiones socioeconómicas, tales como inflación, pobreza, costo de producción de bienes y servicios y otras variables, de las cuales sólo algunas se intentan abordar en el presente estudio.

El empleo es el principal medio para la distribución de rentas o beneficios del desarrollo, lo cual hace del trabajo el recurso económico más importante en la economía capitalista. Según Singer (1980), el estudio del empleo es objeto de considerable atención en los últimos años y, como no es una simple actividad sino un medio para obtener una porción de los frutos de una actividad productiva, se pretende “la absorción total de recursos humanos”, es decir, que todos los adultos en edad de trabajar tengan un empleo dignamente remunerado. Sin embargo, los procesos de desarrollo de la mayoría de países no logran absorber a todos los recursos humanos disponibles y se genera así el fenómeno del desempleo que se ha convertido en el principal problema del venezolano.

En Venezuela los problemas de la economía laboral no han sido ampliamente abordados; se le ha dado mayor relevancia a los problemas de la política monetaria y fiscal, partiendo de la premisa de que a través de la estabilización macroeconómica y el crecimiento económico sostenido, se mejoraría la situación laboral del venezolano (nivel de rentas) y se reduciría considerablemente el desempleo. Pero los elevados niveles de desempleo, ha llamado la atención de la sociedad venezolana, pues pese a que un número apreciable de economías latinoamericanas —incluyendo Venezuela— han registrado incrementos en la tasa de producción, el nivel de vida de sus habitantes no ha mejorado. Otros países (Argentina y Brasil) han logrado una estabilización macroeconómica exitosa, pero el nivel de desempleo ha crecido, en los últimos años; igualmente la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales han crecido, haciendo necesaria una revisión de las estrategias de estabilización, ajuste y reforma para un desarrollo humano equitativo (Rodríguez, 2004).

MERCADO LABORAL Y POBREZA EN VENEZUELA

 

Las causas de la pobreza no son únicamente socioculturales. También influyen otras variables de naturaleza económica (producción y distribución de la riqueza), político-institucionales (eficiencia del estado en los servicios públicos, seguridad, protección social, educación, derechos civiles, entre otros), sociodemográficas (estructura familiar, edad), y geográficas (ubicación, ventajas de la naturaleza y otras).

Estas variables son de carácter circular y lo que es una consecuencia social termina siendo una causa que impide la superación de la pobreza. No es fácil jerarquizar las causas de la pobreza pero en Venezuela, la principal causa tiene que ver con la dinámica económica y el marco institucional que ha impedido revertir esta condición. Los niveles de pobreza se han incrementado vertiginosamente durante los últimos 25 años; en 1978 el 25% de los hogares eran pobres, mientras que para el año 2010 eran el 60%, los niveles de pobreza crítica se incrementaron del 10% a más del 30%. A partir de 1989 hasta hoy, se han generado incrementos importantes en este sentido, correspondientes a los ciclos recesivos de la economía, acompañadas de las devaluaciones de la moneda y los impactos del ingreso petrolero. La devaluación utilizada como ajuste fiscal, para expandir el gasto público cuando retroceden los precios petroleros, ha sido un mecanismo que empobrece a toda la sociedad y especialmente a los que menos pueden proteger sus ingresos (trabajadores informales).

Para Singer (2010) esto se debe a que estos países funcionan bajo un dualismo económico, donde el desempleo es la causa de las inmejorables condiciones de vida y las estrategias de los países no amplían la distribución del beneficio económico. En las economías en desarrollo, las sociedades están conformadas de tal manera que para la mayoría de la población la oportunidad de ganarse la vida no es un privilegio dada la escasa remuneración recibida, están subempleados o remunerados por debajo del límite (salario mínimo legal). Es el “pobre que trabaja” y nada permite suponer que su suerte sea mejor (el pobre que está al margen de la actividad económica).

Para Ugalde y otros (2010) el aumento de la pobreza en Venezuela está íntimamente ligado con las condiciones del mercado laboral, pues la escasa demanda de empleos productivos (formales) ha hecho que entre 1990 a la fecha de cada 100 personas que ingresaban al mercado laboral sólo 12 hallaban trabajo en la economía formal, y el resto quedaba desempleado o subempleado en actividades de subsistencia propias del sector informal venezolano. En el país existe ausencia de crecimiento económico sostenido y una baja generación de empleos formales, pues según las cifras oficiales la fuerza productiva venezolana se encuentra en niveles de baja productividad (16,2% está desempleada y 43,1% en el sector informal, subempleada), situación que tiende a empeorarse debido al incremento de la oferta de trabajo. A  partir de 1979 se ha venido deteriorando circular y repetitivamente el ingreso familiar, pasando a una profunda crisis social, en que se presentan deficiencias alimentarias y de necesidades básicas, conduciendo a la deserción escolar e incrementando el mercado laboral informal como forma de supervivencia, y con mínimas posibilidades de ingresar al sector formal dado el escaso nivel educativo y las actitudes productivas adquiridas por la socialización en el sector informal.

OFERTA DE TRABAJO EN VENEZUELA

 

La oferta de trabajo es la totalidad de tiempo que las personas están dispuestas a invertir en un empleo remunerado y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), está constituida por todas las personas mayores de 15 años con disposición y disponibilidad para trabajar; también se le denomina población activa. Existe otro grupo denominado población inactiva constituido por personas de 15 años que no trabajan, tampoco buscan empleo y hacen parte de las siguientes categorías: estudiantes, quehaceres del hogar, rentistas, pensionados, jubilados, incapacitados para trabajar, trabajadores familiares no remunerados con menos de 15 horas trabajadas. El INE venezolano denomina a ambos grupos —todas las personas mayores de 15 años— como fuerza de trabajo

 

 

 

 

 LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL

 

Venezuela era una sociedad agrícola-pastoril, donde el trabajo de la mujer era tan importante para la supervivencia del grupo familiar que era apreciado y reconocido socialmente. Pero el desarrollo industrial ha venido cambiando profundamente la vida de las mujeres venezolanas. En principio las mujeres inmigrantes de los campos, tenían serias dificultades para integrarse al trabajo asalariado, por lo que primero ingresaron los hombres y ellas fortalecieron su condición doméstica y de dependencia económica.

Este cambio de ambiente del campo al industrial-urbano, con el contraste entre el trabajo remunerado y el doméstico, comienzan a ejercer serias diferencias; el trabajo doméstico se convierte en una actividad que aísla a la mujer y la despoja de la posibilidad de continuar abasteciendo a su hogar de bienes y servicios de primera necesidad.

Además, la misma familia y la mujer urbana pasan a consumir una creciente y diversificada masa de bienes y servicios que el mismo sistema mercantilista incita a consumir. Luego en una fase más avanzada del mismo capitalismo, la mujer es absorbida como mano de obra asalariada. Esta absorción dependió de la capacidad del sistema económico para generar nuevos empleos; en este sentido, el crecimiento económico tuvo un efecto positivo relacionado con el incremento de la tasa de salarios, que a su vez incidió en la decisión de la mujer de entrar al mercado laboral remunerado dado el costo de oportunidad implícito por quedarse en el hogar.

Paralelamente, el ingreso real del marido sufre una disminución empujando aún más a la mujer a generar ingresos adicionales para el hogar. Asimismo, existen otros factores responsables de la creciente participación de la mujer en el mercado laboral como los cambios en los estilos de vida facilitado por la innovaciones tecnológicas que han reducido y facilitado el trabajo en el hogar, la elevación del nivel de escolaridad de la mujer, el aumento de la expectativa de vida y el menor número de niños por familia esto último también es considerado como un consecuencia del ingreso de la mujer al mercado laboral.

En relación a la distribución según la formalidad en el empleo según la Encuesta por Hogares preparada por el INE (2010), cerca de la mitad de mujeres ocupadas laboran en el sector informal de la economía (49,01%), al igual que la población masculina ocupada (48,1%), el resto está empleado en el sector formal; sin embargo, si se estudian las tendencias se puede observar que la mano de obra femenina que trabaja en el sector informal se ha venido incrementando.

Para Risopatrón y Rodríguez (2004), el crecimiento de la actividad laboral femenina a partir de finales de los años 80, no sólo ha sido la principal causa del aumento del desempleo, sino que además ha generado una masa laboral más vulnerable y desprotegida que la masculina dadas algunas leyes que en lugar de proteger, más bien marginan.

También en Venezuela a diferencia de otros países, la incorporación de la mano de obra femenina se produjo en un momento de recesión económica, impulsada justamente por la caída de los ingresos de su familia, más que por un proceso de modernización económica, lo cual limita las características de la fuerza de trabajo femenina que se incorpora en el mercado laboral sin la posibilidad de invertir en su formación y capacitación para competir exitosamente.

De acuerdo con Garnica (1999), el problema de la desocupación femenina no es tan leve como lo reflejan las estadísticas, puesto que esta tasa pudiera ser muy superior, ya que en muchos casos, sobre todo cuando se trata de mujeres que trabajan en las zonas rurales o de algunas ciudades del interior del país, donde la tradición y costumbre es a considerar el trabajo femenino como complementario, las mujeres que buscan empleo infructuosamente no se contabilizan como desempleadas o cesantes, sino como inactivas desempeñando oficios del hogar.

La situación social de la mujer según Sequera (2000) es bastante dura, pues además de estar subempleada en el sector informal, también esta recargada con el trabajo del hogar y mucho más si está en el campo. Sin embargo, para Boza (2004) el hecho de que la mitad de la población económicamente activa de Venezuela, sea femenina y buena parte esté desempleada u ocupada en el sector informal con niveles superiores a los masculinos, representa un impacto comercial mayúsculo pues hoy la noción de la mujer al cuidado de los niños que tenían sólo tiempo para pagar las facturas de la electricidad, que sale de compras en la mañana y con tiempo para ver las telenovelas, no existe. Ahora la mujer ha impulsado un sin fin de cambios comerciales, y de servicios, dentro de la misma economía que la motivan a continuar con sus actividades fuera del hogar, (adecuación de los horarios de atención al cliente, innovación de los medios y canales de comunicación, variedad de productos y servicios que incitan a la practicidad, y al “tiempo empaquetado”).

Según la Encuesta por Hogares del INE entre los años 1994 y 2002, citado por Boza (2004), el número de hijos por mujer que trabaja ha disminuido considerablemente, pues en el mismo periodo cuando comenzó a incrementarse la tasa de actividad laboral femenina, también se reduce el número de niños y, en consecuencia, el tamaño de las familias; el número de hijos por mujer bajó de 3,17 a 2,74, y para el año 2004, el tamaño promedio de las familias es de 4,5. Aunque el tamaño promedio de las familias con ingresos bajos es más elevado, el fenómeno de reducción del tamaño de las familias se repite en todos los estratos. Sequera (2000) indica que uno de los grandes retos para la mujer es la lucha contra su sobreexplotación, especialmente en la economía informal, y la lucha para garantizar que el crecimiento explosivo sufrido en el sector profesional y técnico no decrezca, y que se aproveche para garantizar el desarrollo económico del país. En 1999 el 55% de los egresados de las universidades venezolanas corresponden a mujeres; esto tiene incidencias de primer orden en el largo plazo ya que una mujer educada no acepta quedarse inactiva, o quedarse en casa seleccionando lencería, sino que tienen el gusto para el trabajo fuera del hogar y eso es algo que se acumula, pues es una actitud que se ha venido inculcando de madres a hijas (futuras generaciones).

FUGA DE TALENTOS

 

En Venezuela, desde hace varios años se ha venido presentado el fenómeno de la inmigración de la mano de obra calificada. En Argentina y en otros países Latinos, la fuga de cerebros a finales de la década los años 80 ya era ampliamente conocida, pero en Venezuela  aparece a principios de los años 90, durante el proceso de ajuste económico en jóvenes profesionales, formados en la universidades venezolanas (financiadas con ingresos petroleros), los cuales fueron a nutrir los mercados de países desarrollados como EEUU y países de la Comunidad Económica Europea (Sequera, 2000). En el año 2000 existían oficialmente 91.000 venezolanos residenciados en EEUU, y para finales de ese mismo año podrían haber alcanzado los 200.000; a esta cantidad debe sumarse la cantidad de venezolanos descendientes de una buena cantidad considerable de inmigrantes que llegaron a Venezuela en busca de progreso y de una mejor patria (italianos, españoles, y portugueses) durante la década de los años 50, y ahora sus descendientes buscan refugio en la tierra de sus padres y abuelos (Monterrante y Malvé, 2004).

 

De acuerdo a Garbi (2001), se enfrenta el problema más complejo y dramático, pues es alarmante la gran masa de venezolanos que viaja a Norteamérica y se naturaliza, en mayores cantidades que cualquier ciudadano latino. El problema no es la fuga o la salida de personas, sino el aprovechamiento del talento que el país prepara, más aún en situación de escasez y costosa provisión de recursos humanos calificados, pues la pérdida de un profesional es de un costo incalculable para un centro de investigación o en la gerencia de una organización.

Muchas veces se ha tratado de explicar el fenómeno de la emigración como una falla del mercado laboral interno, pues según las investigaciones realizadas por Garbi (2001), es precisamente la certidumbre en torno a las expectativas tanto de la organización como de sus miembros y las oportunidades que el mercado y la economía les ofrecen a los profesionales. Según los testimonios de la investigación realizada, se ponen de manifiesto frases como “ver a que atenerse” o “sentirse en un medio con cierto nivel de certidumbre”, y el trato de acuerdo a sus méritos “reconocidos por lo que valen” y no por pertenecer a determinados grupos políticos, entre otros. Según Cabrera (2005), se trata entonces de un reflejo del nivel educativo que insiste que se respete la meritocracia en la sociedad (éxito económico según las actitudes individuales). Monterrante y Malvé (2004) resumen algunas causas de la emigración de talentos: ausencia de oportunidades de empleo (ascensos, remuneraciones dignas, y desarrollo personal), inseguridad personal e incertidumbre política; los venezolanos en el exterior buscan algo más que oportunidades económicas, puesto que, por lo general, se trata de venezolanos jóvenes de ambos sexos (entre 25 y 35 años) que sienten que la crisis económica y política hace difícil su vida cotidiana.

El problema también podría tener otra causa que se relaciona con una ineficiencia del mercado laboral, por no poder absorber la masa de personas calificadas. Es decir, no se trata de que el sector productivo sea pequeño, o poco desarrollado sino que es incapaz de absorber dicha masa laboral porque no lo necesita en tanta cantidad y en la calificación ofertada, lo cual hace que el fenómeno se presente como un problema de sobreeducación como estrategia personal del trabajador, empujado por el enfoque del credencionalismo y de la señalización

 (Cabrera, 2005). Lo anterior es corroborado por investigadores del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) —Boza y Eduardo (2003) — en un análisis realizado en Venezuela en el que se indica que alrededor de los relatos de desempleados, siempre se llega al tema de la educación como estrategia personal para combatir el desempleo; para la mayoría de los entrevistados lo más importante es el estudio, tanto en jóvenes como en adultos para incrementar su poder de competencia en los mercado laborales.

Igualmente, de acuerdo con Enright, Frances y Scott (1994), para inicios de la década de los años 90, precisamente la época cuando se produce el primer éxodo, la industria venezolana tiene gran escasez de personal técnico calificado, capaces de dar mantenimiento, mantener operando a las máquinas y dominar la tecnología adquirida de otros países.

La mayoría de operadores de maquinaria en Venezuela tienen un nivel de educación precario, sólo han cursado el nivel básico o menos de 6 años de educación formal, en consecuencia, tienen problemas para leer los manuales de instrucción. Por otro lado, las secretarias incurren con exagerada frecuencia en errores ortográficos; en el sector turístico (Mila, 1999), los empleados no son bilingües; y aquellos trabajadores en niveles operativos con ciertas habilidades numéricas, son casi una elite. Por el contrario, muchos profesionales universitarios no encuentran una ocupación acorde con sus calificaciones pues rebasan las necesidades del cargo (nivel técnico); por esta razón, los profesionales más especializados que han egresado de carreras de las ciencias básicas, ingeniería o los mejores estudiantes de física y matemáticas, se encuentran trabajando como docentes en las universidades. Este es un personal con una alta preparación pero muy mal remunerado en los mismos centros de investigación universitarios, pero la empresa privada no tiene la capacidad o la necesidad para absolverlos.

Según Monteferrante y Malvé (2004), la salida de venezolanos al exterior es un tema que merece ser estudiado a fondo, puesto que tal vez hoy las organizaciones venezolanas no puedan pagar o brindar la estabilidad y el desarrollo deseado por estos profesionales, pero dentro de pocos años podrían tener la necesidad de buscar personal calificado.

Se trata entonces de mejorar las condiciones en que se van a desarrollar sus carreras, lo cual significa pensar en sus necesidades y hacerlas coincidir con los objetivos y posibilidades de las organizaciones, poniendo énfasis en lograr una mejor vinculación entre las personas y las organizaciones existentes. Poco se hará si el tema se agota sólo al considerar los aspectos como la inseguridad personal, servicios públicos y otros. Otra alternativa es aumentar la comunicación con los estudiantes en el extranjero, y tratar de cerrar la brecha entre los niveles de vida de los profesionales en el extranjero y los venezolanos, e identificar las áreas prioritarias de estudio según las habilidades específicas requeridas para el desarrollo nacional, e incentivar y orientar a los estudiantes para que las adquieran.

DEMANDA DE TRABAJO EN VENEZUELA

 

Se entiende por demanda de trabajo la cantidad de trabajo que requieren las organizaciones de los individuos, por la que están dispuestas a pagar o remunerar. En principio esta demanda de trabajo es impulsada por la demanda de otros bienes y servicios generados por las empresas, por ello a esta demanda también se le conoce como demanda derivada (Mcconnell y Brue, 1997).

– Segmentación de la demanda laboral

 

Según Betancourt (1995), la segmentación del mercado laboral se origina cuando a dos trabajadores con características productivas similares se les remunera de forma distinta. Esta diferencia se encuentra en las diversas ocupaciones según los sectores de la economía cuando se presentan retornos de capital humano distintos. En Venezuela existen diferencias muy marcadas entre el sector formal e informal de la economía, tanto en el marco regulatorio como a nivel de remuneración, movilidad o transferencia de recurso humano.

Es importante advertir que de acuerdo a los datos del INE (2005a), las categorías empleados y obreros, patronos y empleadores del sector privado, pertenecen a grandes y pequeñas empresas, así como las microempresas (menos de 5 trabajadores) son caracterizadas como sector informal. Igual sucede con los trabajadores por cuenta propia, profesionales y no profesionales que hacen parte de los sectores formal e informal, respectivamente.

Para Naím y Piñango (1999), la participación del sector público como empleador se remonta a inicios de la explotación petrolera. Desde entonces dicho segmento ha crecido, dada la ilimitada disponibilidad presupuestaria generada por la renta petrolera, la responsabilidad social y económica consagrada en la Constitución Nacional y los intereses políticos que favorecen las prácticas clientelares electorales.

Es curioso observar que la actividad más importante para el país, la explotación de hidrocarburos, minas y canteras, apenas involucra al 0,6% de la población activa; de ésta el 81,7% está ocupada y el resto desocupada.

La mayoría de población activa está concentrada en las actividades de comercio, restaurantes y hoteles (23,4%); seguida de la industria manufacturera con 10,6% de la población activa, de la cual solo el 88% está ocupada; la actividad agrícola, pecuaria y caza incluye al 9,9% de la población activa, de ésta el 92,9% está ocupada; la industria de la construcción concentra el 8,0% de la población activa y sólo el 76,4% de ella está ocupada. La actividad agrícola ha venido disminuyendo su tasa de población activa, ya que en 1994 concentraba el 13,4% de la población total activa del país, con 96,7% de tasa de ocupación y solo 3,3% de desocupados, la tasa más baja de desempleo reportada para dicho año (INE, 2005a) indica que la población más activa es la población menor a 64 y mayor a 25 años, lo cual coincide con la época escolar, de retiro o jubilación.

La ocupación está concentrada en los mayores de 25 años incluyendo los de 65 años, lo cual refleja la demanda laboral de experiencia, conocimientos acumulados, y de ciertas cualificaciones.

EL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN VENEZUELA

 

El desempleo7 es el problema más importante para el venezolano promedio. Para Naim y Piñango (1999) la dificultad para encontrar empleo bien remunerado y estable ha sido un tema de larga trayectoria contemporánea. Usualmente el desempleo es un problema asociado a la población joven, debido a la gran masa de trabajadores que buscan empleo por primera vez; cerca del 32,8% de la población joven (entre 15 y 24 años) esta desempleada. Esto se explica según Rodríguez (2003), porque la población joven tiene menos vínculos laborales por estar comenzando su vida productiva, está en proceso de definición de su actividad principal (vocación, inclinaciones, entre otros) y, por lo general, tiene menos experiencia y capacitación. Pero, en la medida que va acumulando experiencia, tiende a especializarse y adquirir una formación específica que le impide cambiar de trabajo. Igualmente, las personas maduras tienen a acumular antigüedad en las empresas en donde se desempeñan, lo cual según la legislación laboral vigente, implica una serie de indemnizaciones que no incentivan el despido.

De acuerdo Rodríguez (2003), otra posible causa del desempleo en Venezuela está relacionada con los niveles educativos lo cual tiene correspondencia con los supuestos de la teoría del capital humano. En promedio, el 60% de los desempleados no ha completado su educación media y diversificada (bachillerato), esta porción corresponde a la población activa con dicha condición educativa, es decir, son analfabetas, sin nivel educativo y apenas con educación básica. Los profesionales universitarios tienen una menor tasa de desempleo que se ubica en el 5,4%.

La situación es diferente para el resto de los niveles educativos, pues en estos grupos cuando se termina la primaria, aumenta la probabilidad de estar desempleado, al terminar el bachillerato esta posibilidad disminuye un poco. Esto significa que terminar la educación primaria y bachillerato es beneficioso para la población, dado que el futuro empleado obtendrá mayores ingresos, por lo que el retorno de la educación es positivo, es decir, que el costo de oportunidad durante los años de estudio son compensados con la remuneración obtenida con el empleo.

En cuanto al desempleo sectorial y sus posibles causas, las estadísticas elaboradas por el INE reflejan que la actividad económica de mayor desempleo es la construcción (23,6%), por ser una actividad cíclica y de trabajo temporal o por contratos específicos. Otros sectores que indican un índice desempleo más bajo es la industria financiera y de seguros con 16% y la industria manufacturera con 12%. El sector de la construcción como ya se mencionó, concentra una buena cantidad de personas económicamente activas, por ser la que demanda menores niveles educativos y una temporada de desocupación corta. El alto nivel de desempleo en la industria de la construcción es el resultado de una población flotante de baja calificación (obreros) sin trabajo, pero esperan por periodo cortos nuevos proyectos o contratos de construcción; así se genera lo que se conoce como desempleo friccional.

 Respecto al desempleo de la industria manufacturera y del sector de los servicios financieros, que se muestran moderados, puede estar explicado por la formación específica que requieren dichos sectores, lo cual hace que el trabajador y el patrono sean menos propensos a cambiar de relación laboral, o cambiarse a otros sectores (a mayor especialización se incrementa la duración de la relación laboral).

Por el contrario, la actividad del sector terciario (comercio y servicios), que concentra la mayoría de la fuerza de trabajo, lo cual explica Rodríguez (2003) suele representarse una mayor propensión del trabajador a pasar de una rama a otra en respuesta a las circunstancias cambiantes del mercado laboral; además, es amplia la proporción de estas personas que participan en las actividades informales, caracterizada por la ausencia de contratos laborales y la baja especialización.

Según Naím y Piñango (1999), independientemente del nivel educacional y de las edades, el incremento de la producción de bienes y servicios en un país, tiende a expresarse en un aumento sustancial del número de empleos, pero todo depende de la composición del proceso productivo y de la dotación de capital (mecanización). En Venezuela, ha hecho carrera la adquisición de tecnología representada en maquinaria importada —diseñada por países desarrollados (Japón y

Norteamérica) y con menos complicaciones y exigencias que los empleados— gracias a diferentes periodos de sobrevaluación de la moneda, cuando los bienes de capital (maquinarias y equipos) tienden a hacerse menos costosos que el uso de mano de obra. Dicha sobrevaluación, además de impulsar la mecanización de muchos procesos productivos hace que los salarios monetarios de los venezolanos sean tanto o más elevados que los salarios en los países de productividad media. Un ejemplo de lo anterior ello se presenta en las actividades agrícolas y pecuarias, donde abundantes créditos del Estado financiaron la adquisición de tecnología de punta. También existe una tendencia a la reducción de trabajadores en los procesos productivos para lograr un mayor control autoritario sobre el proceso productivo y evitarse las presiones ejercidas por los trabajadores. Por estas razones, el proceso productivo venezolano demanda una menor cantidad de trabajadores, que deben estar capacitados a nivel técnico en el manejo y reparación de equipos

-Efectos sociales del desempleo

 

Las estadísticas sobre desempleo no resumen ni su realidad ni su magnitud. Sólo basta con escuchar el testimonio de las personas que están desempleadas y de aquellos que están trabajando en la economía informal, o prestan sus servicios por menos de 20 horas a la semana (subempleados), aún siendo profesionales o estar cualificados a cierto nivel y no han podido desarrollar todo su potencial laboral y, por tanto, se sienten desplazados, o al margen de la actividad económica.

La definición teórica de desempleo del INE y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), no coincide con la definición del venezolano común, porque en la realidad abundan las actividades remuneradas que la población no considera trabajo. El análisis social del desempleo requiere un análisis semántico del desempleo comenzando por la distinción entre trabajar y conseguir dinero.

Comúnmente en Venezuela se considera trabajo a una actividad regular y preferiblemente asociada a algún área de la propia especialidad, de no ser así, las personas se consideran desempleadas aunque reciban o consigan algún dinero; las actividades eventuales no se consideran trabajo, pues se piensa que es algo que se hace mientras que se consigue trabajo.

Ocasionalmente las personas que trabajan en alguna área realizan otra actividad, que denominan “rebusque” para completar o incrementar su renta (trabajos nocturnos, de fines de semana o actividad comerciales entre amigos o familiares que puede llegar a convertirse en microempresas) que, de acuerdo al lenguaje coloquial venezolano, ayudan a “no quedarse dormido” y “echar pa’lante en la vida”. En consecuencia, cuando la actividad es eventual no es considerada como trabajo en la mayoría de familias, sino que se ve como algo que se hace mientras que se consigue trabajo.

Una alternativa muy usada en Venezuela, es conseguir dinero con trabajos eventuales, a destajo y esporádicos (cuidar enfermos, hacer mudanzas, etc.); otros liquidan sus activos, y administran o realizan alguna inversión con el dinero de la indemnización de su último trabajo remunerado; consiguen algunos préstamos o regalos de sus familiares, incluso logran transferencias o ayudas del Gobierno. Esto es considerado por los expertos como una estrategia individual para sentirse útil, no ser considerado “mantenido” y demostrar a sus familiares y amigos que “se trata”, que “se tienen energías.” Estas actividades aunque no son un verdadero trabajo, ni siquiera en el sector informal, enorgullecen a muchas personas desocupadas, al demostrar empuje y habilidad para sobrevivir.

Sin embargo, algunas veces cuando la persona no trabaja y no logra reunir sus propios ingresos, el desempleo se financia por transferencias de familiares. Muchas personas que no trabajan o que no encuentran empleo aparecen en las estadísticas como inactivos, y son socialmente aceptadas aunque no generen ingresos propios. Este es el caso de las mujeres que al no conseguir trabajo remunerado, suelen dedicarse a atender su hogar, los jóvenes y no tan jóvenes a estudiar y merecen ser financiados por sus familiares, así como las personas que buscan empleo por corto tiempo. Por el contrario, cuando quien pierde el trabajo es el padre, madre o cabeza de familia, se altera aún más la vida familiar, por cuanto se traduce en deserción escolar de los más jóvenes que difícilmente regresan a estudiar, para buscar también empleo y, en el peor de los casos, “conseguir algún dinero” dada su poca experiencia y capacitación.

 Según Boza y Eduardo (2003) la posibilidad que los más jóvenes dejen la escuela es más alta para los jóvenes de educación básica y media, pues los universitarios por lo general tratan de buscar alguna ocupación alterna (trabajo nocturno, de fines de semana o en los periodos vacacionales) para no dejar sus estudios y usan fuertemente la capacitación como estrategia competitiva en el mercado laboral. De esta forma, se observa como la familia no sólo se afecta por la situación del desempleo porque financia las actividades o el tiempo del desempleado, sino porque cambia radicalmente las decisiones de inversión de toda la familia, especialmente las inversiones en educación de los más jóvenes o niños.

Cuando los periodos desempleo se prolongan, aparecen incluso sentimientos de frustración que llegan a cuestionar las ventajas que ofrece la educación para conseguir mejores oportunidades de empleo, sobre todo cuando el desempleo se presenta en profesionales técnicos y universitarios, lo cual abre la posibilidad que la coyuntura del mercado laboral genere un costo muy alto y de largo plazo en la sociedad.

Usualmente dejar de trabajar es una experiencia dolorosa que puede producir sentimientos de inseguridad. En principio, muchos venezolanos lo ven como un descanso, o unas vacaciones largas donde se vive de la indemnización del último trabajo, pero, con el paso de las semanas, el desempleo conlleva a incrementar la angustia, la tristeza, frustración, e incluso a generar ira y resentimiento; cada día las personas sienten que retroceden, desfasadas, desconectadas y perdidas en el mundo laboral. Ciertamente cuando la persona pasa mucho tiempo sin conseguir empleo, o no se esfuerza lo suficiente por lograrlo y se cruzan ciertos límites, usualmente su situación se torna indigna, se le humilla en el contexto familiar y hasta se excluye.

En esta situación de alejamiento prolongado del mercado laboral, exacerba el problema del desempleo pues la persona tiene riesgo de caer en vicios como el alcohol o la mendicidad. En estas circunstancias se recomienda que la persona realice cualquier actividad aunque no sea remunerativa, no genere status o no se relacione con la especialidad esperada, pero que puede reforzar los vínculos o contactos de trabajo y de información para lograr otro empleo más acorde con sus expectativas (Cabrera, 2005). Además, también permitirá acumular experiencia que, según Daza (2003), es un factor determinante para conseguir empleo sobre todo en el caso de los jóvenes adultos.

 –Empleo en el sector informal o subempleo

 

El incremento del sector informal se origina a partir de los altos niveles de desempleo, pues muchas personas desempleadas en lugar de frustrarse aceptan su situación, y emprenden nuevas actividades como invertir en un kiosco de periódico y golosinas, manejan su propio vehículo como taxi, o realizan actividades comerciales por su propia cuenta, por consiguiente, comienzan a percibir una renta o ingresos variables de forma regular por una actividad específica, lo cual es calificado como empleo en el sector informal (microempresario), y aparecen en las estadísticas clasificadas como sector informal, y por ende como población activa ocupada. El sector informal en Venezuela incluye a trabajadores por cuenta propia no profesionales (taxistas, carpinteros, plomeros, vendedores ambulantes, y otros), patronos o empleadores (microempresarios con menos de 5 trabajadores o empleados, dueños de pequeñas carpinterías, y talleres mecánicos, etc.), empleados y obreros (trabajadores que laboran en empresas con menos de 5 trabajadores, incluyendo el servicio doméstico), y ayudantes familiares no remunerados (trabajadores que prestan su servicio en empresas de familiares no siendo remunerados).

Para Enright, et al. (1994), la existencia de un sector informal, independientemente como sea medido, que ocupe una masa tan grande de población activa, es un símbolo de debilidad en la economía del país y aunque es altamente flexible, provoca escasos requerimientos de capital humano y de tecnologías (Márquez, 1991). La libre movilidad, facilidad de entrada y flexibilidad es causado por el poco nivel de capacitación y requisitos legales exigidos, lo cual a su vez provoca la baja o nula retribución del nivel educativo, expresado en los bajos e inciertos salarios, junto con la imposibilidad de regular legalmente el salario.

El sector informal se alimenta del desplazamiento de la oferta de trabajo formal. Las personas se “inventan” nuevas formas de ganarse la vida y compite con los trabajadores existentes contribuyendo a reducir sus ingresos, originándose la elasticidad del salario real en los periodos de alta inflación y bajo desempleo. Ya desde inicios de la década de los años noventa, el 40% de los empleos en el país eran informales, con una remuneración menor a los empleados del sector formal cuya brecha aumentaba (Enright, et al. 1994). En consecuencia, el empleo generado por el sector informal es un subempleo, diferenciado del desempleo abierto, el cual puede ser a tiempo completo y relativamente estable, pero con niveles de productividad muy bajos, debido a la poca organización, dotación de equipos y recursos físicos e incluso de capacitación y el trabajador no puede desarrollar plenamente sus capacidades o habilidades.

Otra característica de este empleo es que puede ser de tiempo irregular, intermitente, o inclusive con jornadas tan extensas que rebasan los límites permitidos por las leyes laborales pero con remuneraciones bajas, y cuyos servicios son prestados en empresas con bajos niveles de productividad.

Para Garnica (1999) el incremento del sector informal en Venezuela oculta una porción elevada de desempleo, común en los países en desarrollo. El sector informal no disminuye los niveles de desempleo, sino que los disimula. Por ejemplo el sector agrícola en Venezuela presenta la tasa más baja de desempleo para el año 2004 (7,1%), pues en este no hay mejor alternativa de empleo que el trabajo por cuenta propia (pequeños patronos con ayudantes familiares) con bajo nivel educativo y altos índices de analfabetismo.

Por otra parte, el sector informal desarrollado en ciertos niveles, (no la principal fuente de empleo de un país) es absolutamente imprescindible para el desarrollo económico pues son los facilitadores y dinamizadores de innumerables actividades que actúan en el sector terciario como distribuidores o detallistas o prestadores de servicios.

Según Márquez (1991), dicho sector no puede desaparecer, pues sería imposible conseguir un abasto, los servicios de un taxista, electricista o plomero.

EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL MERCADO LABORAL VENEZOLANO

 

En Venezuela existen marcadas diferencias entre el sector formal e informal de la economía, sobre todo a nivel del marco regulatorio, lo cual incide a la hora de seleccionar, emplear y despedir a los trabajadores. Según Betancourt et al. (1995), la dificultades del sector privado formal para crear nuevos empleos atiende a las características institucionales, al estar sujeto por normas salariales, indemnizaciones, condiciones de despidos, entre otras. Esto conduce a que los empleadores (demanda de trabajo) reaccionen no sólo a los movimientos de los precios relativos (salarios), sino a las restricciones o imposiciones legales por parte del Gobierno y de los sindicatos.

Si se analiza las tendencias de las tasas de desempleo en relación con las del desempeño económico, existe una situación difusa, lo cual sugiere la existencia de otros factores diferentes al crecimiento económico que afectan los niveles de empleo.  La legislación es uno de estos factores, pues aunque su propósito es proteger a los empleados, en la práctica los ha perjudicado.

Las reformas de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997,  y 2012 incrementó sustancialmente los costos de nómina para el empresario; además, cambió radicalmente la contratación femenina dada la protección conferida a la maternidad y a la familia, pues la LOT amplió el periodo de descanso de 12 a 18 semanas, y otorgó el beneficio de inamovilidad laboral a la mujer durante el embarazo y hasta un año después del parto

Esta misma LOT establece que las empresas con más de 20 trabajadores, debían mantener una guardería infantil, para albergar a los hijos de los trabajadores con un salario menor a 5 salarios mínimos.

Se estableció como tope para el pago de servicio de guardería el 38% del salario mínimo por cada hijo (menor a 6 años) de cada trabajador, en caso de que el patrono optara por cancelar la matrícula en lugar de mantener la guardería. Según Sequera (1992), estas leyes han sido establecidas para beneficiar a las mujeres y a la familia —debido al aumento de la fuerza laboral femenina que necesita más tiempo libre remunerado para cumplir con sus actividades familiares, así como para la adopción de niños— pues permite que las madres se ausenten por lapsos considerables antes y después del parto.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), los adolescentes entre 14 y 16 años no pueden trabajar más de 6 horas semanales (hasta los 18 años) y semanalmente no puede exceder de las 30 horas; prohíbe que trabajen horas extras y extendió el plazo de las vacaciones a 22 días remunerados, con lo cual se incrementó el costo de contratación de un adolescente así como de un adulto mayor de 18 años (Bermúdez, 2003).

En diciembre del 2004, entró en vigencia la Ley de Alimentación para los Trabajadores la cual establece que toda empresa que tenga más de 20 trabajadores, debe otorgar el beneficio de comida balanceada durante cada jornada de trabajo, lo cual puede ser realizado a través de la entrega de cupones o tarjetas de alimentación equivalentes a un valor no inferior 0,5 de la Unidad Tributaria por cada día laborado. Anteriormente, desde 1998, sólo obligaba a proveer de servicio de comedor a sus trabajadores cuando su número era superior a 100.

También una vez al año, es usual que se incremente el salario mínimo por decreto, tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado. Este incremento se realiza de forma escalonada y es acompañado por decretos y regulaciones de inamovilidad laboral. Todo esto con el ánimo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y aminorar o evitar el desempleo.

En consecuencia, Venezuela presenta la legislación más rígida y costosa del mundo, porque todas sus leyes contemplan que el peso financiero de los programas sociales recaiga directamente sobre las mismas organizaciones privadas, lo que en definitiva se traduce en cierre de empresas, reducciones en los tamaños de planta y, finalmente, menos empleo, por consiguiente, se produce un efecto contrario al deseado. Además la cobertura es poca amplia dado que incluye en su mayoría a los trabajadores del sector formal y no a los del sector informal que trabajan por su propia cuenta.

Por ejemplo, el establecimiento del salario mínimo es uno de los factores que puede estar influyendo en los niveles de empleo del sector privado formal, el cual prescinde de contratar a otros trabajadores o de contratar a más de 20 trabajadores, debido a que se incrementa el salario tanto al trabajador entrante como a los demás, dada la regulación de salario mínimo más alto para las empresas que empleen más de 20 trabajadores. También incide en los niveles de salario real del sector informal, por cuanto la fuerza de trabajo, al no encontrar colocación en el sector privado formal, hace descender el nivel de salarios por el exceso de oferta laboral. Esto significa que la política de establecer salario mínimo no es efectiva para tratar de mantener el poder adquisitivo, pues afecta el salario real de los trabajadores del sector informal compuesto por las clases más desposeídas. El efecto del impacto producido por el incremento de salario mínimo, dependerá de la proporción de fuerza de trabajo ocupada que percibe un salario inferior o igual al salario mínimo.

Por otro lado, los aumentos de salarios mínimos por decreto inducen a trabajadores y patronos a llegar a acuerdos internos al margen de la ley tratando de evadir o incumplir la legislación. Este incumplimiento será mayor cuanto más lejos este el salario mínimo del salario de mercado. Todos estos efectos son mayores cuando se trata de una economía en donde la mayor parte de la fuerza laboral percibe niveles de renta inferior al salario mínimo

Otro problema que surge de las regulaciones, se refiere a discriminar si se contrata a adolescentes, hombres o mujeres, pues aunque a los patronos les resulta igual o más costoso, por ejemplo, un adolescente que un adulto, preferiblemente contratará a este último pues cuenta con mayor experiencia y capacitación y, además, es más productivo (Bermúdez, 2003). Lo mismo ocurre con la contratación de fuerza laboral femenina, pues resulta ser más costosa dado los permisos remunerados pre y postnatales y las normas en cuanto a inamovilidad.

Para Garnica (1999), el establecimiento de salarios mínimos, permisos y otros beneficios de ausencias, perjudica la contratación de jóvenes y mujeres. Los decretos de inamovilidad pese a que estén dirigidos a proteger la maternidad, suelen causar desempleo; aunque están diseñados para evitarlo en épocas de recesión económica o cuando se producen incrementos de salarios por decretos o leyes, una economía que trate de impedir la destrucción de empleos (por inamovilidad laboral) pero, que al mismo tiempo no es capaz de sostener la tasa de creación de nuevos empleos, puede experimentar un aumento sostenido de su tasa de desempleo dado el crecimiento natural demográfico de la fuerza laboral (Rodríguez, 2003).

Por otra parte, las empresas continuamente buscan la manera de reducir costos laborales, frente a la recesión económica y a las restricciones financieras en que operan. Esta reducción de costos, dadas las regulaciones existentes, se realiza de varias maneras: disminuyendo o manteniendo el tamaño de su planta de trabajadores; seleccionando a trabajadores que no se benefician del servicio de guardería, permisos pre y post natales. Así, se contrata a los más hábiles y productivos, con lo cual se excluye a la fuerza de trabajo menos capacitada o con menor experiencia y se utilizan tecnologías ahorradoras de mano de obra así como el tiempo extra en lugar de contratar trabajadores adicionales. En otras palabras, como la demanda de trabajo del sector privado formal

(empresarios o empleadores) no se puede ajustar por medio del precio o los salarios (regulados por el salario mínimo), el ajuste se debe hacer vía cantidad con menos contrataciones o apelando a la selectividad. Por consiguiente, con las regulaciones se logra el efecto contrario, perjudicando a los trabajadores y haciendo más críticos los problemas de desempleo, informalidad, distribución del ingreso y pobreza. Esto puede constatarse en los periodos en los cuales han existido reformas laborales que coinciden con indicadores desfavorables del mercado laboral.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BELÉN Y SU POBLACIÓN ACTIVA.

Características de la carretera  a Belén

Basura, monte, grandes huecos e inseguridad, son algunos de los problemas reinantes en la carretera Belén-Magdaleno,  por donde transitan cientos de personas diariamente. En un recorrido efectuado por el equipo de trabajo,  se pudo corroborar la situación que afecta a los conductores de vehículos que tienen que utilizar este acceso vial para llegar a la ciudad de Belen.

En este sentido, es importante alertar a los conductores que decidan tomar esta vía, sobre los grandes huecos que hay a lo largo de ella. Transitar en carros pequeños es difícil, considerando lo deteriorada de esta importante arteria vial. En el sector Las Marías hay varios “megahuecos”, que de no ir a una velocidad prudencial, puede tomar desprevenidas a las personas, situación que podría acarrear severos accidentes. En la vía se encuentran tramos completos sin pavimentar. Esta vía suele ser sola y muestra paisajes exuberantes a lo largo de ella, pero sin embargo la desidia que se observa en el deterioro del pavimento y la gran cantidad de basura a los lados de la misma, afea su naturaleza.

Asimismo, durante todo el recorrido, hecho en horas de la tarde, no se observó un solo punto de control policial o de Tránsito Terrestre, situación que constituye además un riesgo para quienes se aventuren a tomar esta ruta ya que la vía es bastante sola, condición que se presta para que delincuentes hagan de las suyas en el lugar. De igual manera, en el sector Guacamaya se pueden observar y “sentir”, dado el tambaleo del carro, las grandes troneras en el pavimento. El asfaltado se encuentra bastante deteriorado. Al transitar por ese sector se puede apreciar que los conductores tienen que bajar considerablemente la velocidad de los vehículos para evitar el daño de los mismos. En tal sentido, un conductor que pasaba por el lugar refirió que “es un peligro, porque somos presas fáciles para los malandros. Esto es muy solo, no hay seguridad, fácil nos roban”.

Durante el recorrido se pudo apreciar además que en diversos tramos de la Belén-Magdaleno se encontraban a los lados de la vialidad esqueletos de carros quemados, un factor que refleja la falta de vigilancia en la zona. Así pues, tampoco hay alumbrado, por lo que se recomienda a los conductores usar esta ruta durante la noche solo de ser necesario, ya que como se dijo, la vía es sola y no hay puntos de control a lo largo de ella.

 La basura en la Belén-Magdaleno se ha convertido en un común denominador en todo el recorrido. Ambos lados de la vialidad son un verdadero botadero de basura.

-Características del pueblo de Belén

Parroquia del Municipio Carlos Arvelo. Tiene una superficie de 221 kilómetros cuadrados. Está situada en el sector sureste del Municipio. Se localiza entre las coordenadas geográficas 67′ 41’00″de longitud oeste y 09′ 59′ 30″ de latitud norte y a 690 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 23 C. y la lluviosidad de 1.430 m/m.(Promedio anual).

Sus límites son: Norte. Con Güigüe por la serranía del Cerro Azul hasta el picacho El Horno y de aquí en adelante con el Estado Aragua hasta el pico El Patriota. Este. Los Estados Aragua y Guárico, desde una línea que partiendo del pico El Patriota, termina en el pico Platillón, lindero con el Estado Guárico. Sur. Con el Estado Guarico, según la línea demarcada en los linderos generales del Estado. Oeste. La Parroquia rural Negro Primero del Municipio Valencia, partiendo del nacimiento de la quebrada Jabillal, siguiendo por el cerro Santa Inés, hasta encontrar la fila que sirve de divortia aquarum del río Pacaragua.

Está confor­mado en la actualidad por la ciudad de Güigüe y los pueblos de Belén y Central Tacarigua, y cuenta con cinco urbanizaciones, cincuen­ta barrios y ciento diecinueve caseríos. Este Municipio presente dos paisajes geográficos bien definidos; en el sector norte presenta una amplia zona de suelos arenosos y tierras de caracolillos, producto del retiro de las aguas lacustres y el alma­cenamiento de esa fauna lacustre.

En cuanto a su orografía las estribaciones y principa­les elevaciones que presenta este Munici­pio pertenecen a la cordillera del Interior, ramal de la cordillera de la Costa, siendo el resultado de procesos geológicos que da­tan de millones de años. Los suelos consti­tuidos por arenilla, caracolillos y abundan­cia de limo, son el resultado del proceso erosivo de los cauces que descienden des­de la cordillera del Interior y de la retirada de las aguas lacustres, poseen gran fertilidad. El relieve de este Municipio se origina en estribaciones de la cordillera del Interior, y aunque el paisaje geográfico se caracteriza por la presencia de planicies con valles y pequeñas elevaciones, estas últimas se hacen más pronunciadas hacia el sur, en cuanto a su hidrografía los ríos del Municipio Car­los Arvelo pertenecen unos a la cuenca endorreica del lago de Valencia, como el Güigüe, el Noguera y el Agua Blanca. Los ríos Aguas Calientes, Manuare y Guárico pertenecen a la cuenca del río Orinoco, que en última instancia es la del Atlántico.

En la Parroquia Belén se ofrecen ciertos servicios públicos tales como alumbrado eléctrico, agua servida por acueducto, servicio educativo a nivel preescolar, primario y secundario. La Parroquia cuenta con el servicio de una medicatura.

Belén fue creado como Municipio el 19 de Febrero de 1878. Este municipio, llamado originalmente Tacusuruma es famoso porque en sus alrededores se alza Francisco Rangel junto a Ezequiel Zamora, en un breve movimiento considerado como precursor de la Guerra Federal.

-Población

La parroquia de Belén tiene algo menos de 25000 habitantes. La mayoría vive en el pueblo de Belén propiamente, la población más alta del Estado Carabobo, ubicada a unos 700 msnm.

-Economía

En el Munici­pio se desarrolla una actividad económica eminentemente agrícola debido a la fertili­dad de sus suelos y a la abundancia de agua, tanto en el subsuelo como en sus numerosos ríos, caños y quebradas. Aun­que en tiempos pasados fue una región donde se cultivaba extensivamente el café, en la actualidad ese cultivo se limita a las zonas altas del sur del Municipio; actual­mente se caracteriza por los cultivos exten­sivos de caña de azúcar y maíz y en menor escala siembras de hortalizas y frutales. La actividad pecuaria se localiza en las cerca­nías de Güigüe y de Belén, donde existen crías de ganado caballar, así como también hay granjas avícolas y porcinas y en menor escala cría de bovinos. Mientras que su actividad industrial básicamente se encuentra ubicada esta actividad en la ca­pital del Municipio y en sus cercanías, donde funcionan fábricas de pinturas y algunas alfarerías. Su actividad económica se centraliza prác­ticamente en Güigüe y Tacarigua, poblacio­nes donde se encuentra la mayor profusión de comercios dedicados a la venta de co­mestibles, fármacos, ferreterías, talleres automotores, etc

Es famosa la región por una hilera de quioscos productores de queso, en especial del llamado “queso de mano”. Al pasar los años este producto se convirtió en factor importante y característico de este pueblo, el cual se instaló además dentro de muchas familias como material de trabajo para conseguir el sustento diario. Los quesos que generalmente se presentan son el telita, los pasapalos para fiestas, quesos rellenos con jamón, aceitunas y el famoso enrollado de queso que para diciembre es el más buscado.

La elaboración del queso de mano se comparte en unas 20 queseras instaladas en los patios y estacionamientos de las viviendas.

Ahora, según algunos queseros, el factor que más dificulta la continuación de las ferias belenenses, es conseguir el permiso para poder continuar con esta tradición. Para ello, tienen que esperar la aprobación de la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo y de la Gobernación de Carabobo, que para ellos, se hace bastante dificultosa.

Muchos de estos queseros esperan poder retomar la celebración de estas ferias, las cuales además de mostrar lo delicioso y tradicional de su gente, dan a conocer un rincón especial para los turistas, “El balcón de Carabobo”.

-Empleo en Belén:

1

Ocupados

%

2

Desocupados

 

 

3

Fuera de la fuerza de trabajo

 

 

4

Fuerza de trabajo

 

 

5

Tasa de desempleo

 

 

(1) Personas ocupadas en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(2) Personas desocupadas que se encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(3) Personas que se encuentran ocupadas o bien que se encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(4) Personas que  no se encuentran ocupadas o bien que no se encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(5) Personas que no se encuentran ocupadas pero que están buscando trabajo en relación al total de la fuerza de trabajo.

-Desempleo Según grupo etéreo y género:

-Desempleo hombres de 19 a 30 años. Tasa—-%

-Desempleo hombres de 31 a 40 años. Tasa—-%

-Desempleo hombres de 41 a 60 años. Tasa—-%

-Desempleo hombres mayores de 60 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres de 19 a 30 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres de 31 a 40 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres de 41 a 60 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres mayores de 60 años. Tasa—-%

-Fuerza Laboral según sector económico

Personas empleadas en el sector económico primario;

Agrícola—– Tasa%

Pecuaria—-Tasa %

Ganadera–Tasa%

Avícola—  Tasa%

Personas empleadas en el sector económico Secundario;

Energía——-Tasa%

Construcción —–Tasa%

Manufacturero—–Tasa%

-Personas empleadas en el sector económico Terciario;

Salud—– Tasa%

Transporte—-Tasa %

Telecomunicaciones–Tasa%

Educación—  Tasa%

Comercio—–Tasa%

Financiero…..Tasa%

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

 

En Venezuela existe una relativa estabilidad de la tasa ocupacional, frente a la magnitud de cambios ocurridos en el mismo periodo a nivel macroeconómico y político. Esto podría interpretarse como el resultado de un funcionamiento competitivo del mercado de trabajo, en el que los salarios son lo suficientemente flexibles como para permitir ajustes sin desempleo. Es justamente gracias a la segmentación del mercado de trabajo en donde el sector formal es altamente regulado y protegido, mientras que el sector informal es abierto y competitivo circunstancia que permite que este último aumente su participación en el empleo, al absorber a los trabajadores despedidos de sus empleos formales y a quienes ingresan al mercado de trabajo. Por esta razón, durante los periodos recesivos generados por la disminución de los ingresos petroleros o incertidumbre política, no se produce el incremento de desempleo que debería generarse y, por otra parte, el empleo informal y el subempleo amortiguan el periodo de estancamiento económico al permitir una disminución del salario real antes que la disminución del número de empleos.

El aumento de la pobreza en Venezuela está íntimamente ligado con las condiciones del mercado laboral, pues la escasa demanda de empleos productivos (formales) ha hecho que gran parte de la población quede desempleada o subempleada en actividades de subsistencia propias del sector informal venezolano. Esto sucede en un buen número de países en desarrollo de Latinoamérica que, aunque hayan alcanzado tasas de crecimiento en su producción, el nivel de vida de su población no ha mejorado, porque la existencia del desempleo y subempleo no permite que se mejoren las condiciones de vida de la población y, además, las estrategias de los países desarrollados no contribuyen a ampliar la distribución del beneficio económico.

En Venezuela el sector informal incluye al 48,6% de la población ocupada, en el que las mujeres han tenido una participación creciente, lo cual es signo de debilidad económica por la baja productividad y rentas de sus participantes. Esto no contribuye mucho en el momento de distribuir los beneficios del sistema económico.

El sector informal es muy alto en Venezuela y aunque se trate de disimilar las fuertes presiones del incremento del desempleo y del sector informal, se han causado muchos daños sociales. Entre otros, se puede mencionar el malestar generalizado en la mayoría de la población (60% de los venezolanos son pobres) que pudiera manifestarse en estallidos de violencia; la emigración de mano de obra calificada, (población que aún conserva cierto poder adquisitivo y de educación); y el desaprovechamiento del talento que el país prepara en situación de escasez, teniendo en cuenta la costos a provisión de recursos humanos calificados.

El incremento de los niveles de desempleo en la población económicamente activa venezolana, debe llamar la atención de los encargados de dirigir la política económica del país. La experiencia de otros países puede ayudar a Venezuela a diseñar políticas para reducir el desempleo y atenuar sus efectos sociales, aun en medio de la recesión económica y las restricciones fiscales.

Existen medidas para mantener controlado los niveles de desempleo, dado que siempre debe existir una tasa de paro aceptable y natural para el funcionamiento económico del país (Rivera, 2005). Algunas de estas medidas que combinadas pueden dar buenos resultados son: la flexibilización de las regulaciones que impiden la generación de nuevos empleos; la adopción de reformas para estabilización macroeconómica con la protección de recursos destinados a las políticas sociales; y dirigir los recursos públicos para la creación de empleo.

En cuanto a la primera medida, dado que Venezuela presenta una de las regulaciones del mercado laboral más fuertes de Latinoamérica que están lejos de proteger al sector más vulnerable de la sociedad (sector informal de la economía), sus disposiciones son cumplidas por el sector formal reduciendo las oportunidades de nuevos ingresos a dicho sector (nuevos empleos), aumentando la oferta de trabajo en el sector informal en detrimento del salario real lo cual dificulta el incremento de la productividad.

El primer paso es la reforma de las condiciones de contrataciones y despido, para promover la creación de nuevos empleos, la inversión en entrenamiento y cooperación en sector formal. Para lograr la flexibilización de estas regulaciones se deberían identificar las reformas que no representen altos costos políticos, como la reducción de las restricciones para la creación de nuevas empresas mediante un plan de disminución de regulaciones y trámites administrativos.

Igualmente existen aspectos laborales que deberán ser modificados paralelamente para que las empresas nuevas y las existentes contraten un mayor número de empleados, sin generar mayor resistencia tales como la ampliación de la contratación temporal, el establecimiento de un único salario mínimo sin considerar al tamaño de la empresa, el establecimiento de un sistema amplio y funcional de seguro de desempleo. Sin embargo, esta última estrategia estimularía al incremento del tiempo de paro de los trabajadores.

Otro conjunto de reformas más difíciles de llevar a cabo son las reformas que involucran a trabajadores del sector formal, como la reducción de costos por despidos, lo cual requiere de negociaciones sectoriales que abarquen gran parte de la fuerza laboral para compensar a los perdedores. Es el caso de Argentina, Chile y Colombia, que en los años 80 tomaron medidas para liberalizar las disposiciones jurídicas en materia de prestaciones y despidos.

También se deben supervisar las instituciones que aplican la reglamentación laboral, reducir su tamaño para establecer una red de protección contra eventualidades del trabajo y sustituir los mecanismos de protección vigentes. Es preciso que se cumpla con el funcionamiento de los sistemas de protección a los empleados (salud, pensiones, paro y capacitación), dado su deficiente desempeño actual. Más que generar nuevas regulaciones en el mercado de trabajo, se deben reducir al máximo las trabas administrativas que interfieren en las negociaciones obrero-patronales. Por otro lado, los esfuerzos y recursos destinados a reglamentar el sector laboral deben ser limitados a acciones de inspección, asistencia jurídica, programas de apoyo e inserción laboral y a facilitar negociaciones y evitar que el Estado ejerza un exagerado protagonismo.

Una porción del gasto público se encuentra, desde luego, en los programas sociales destinados a la generación de empleo, dado que los programas de ajuste fiscal, estabilización macroeconómica y desregulación laboral, no tienen efectos inmediatos. Hacen falta estrategias para la generación de empleo en el corto plazo, sobre todo por los efectos sociales tan negativos asociados al desempleo. Esta estrategia se puede basar en actividades del sector público (construcción o reparación de obras públicas, limpieza, entre otras). Además, se puede estimular al sector privado con incentivos fiscales; lo básico es determinar aquellas actividades intensivas en trabajo y de elevada rentabilidad social que no sean tan atractivas para la población de mayores ingresos.

También existen otros programas escolares que combinados con planes para la reducción de la pobreza, son efectivos para aminorar el desempleo, como las ayudas y subsidios a las familias más pobres con la obligación de enviar a los hijos (niños y adolescentes) a la escuela; así se evita la deserción escolar que tiene un fuerte impacto en los niveles de desempleo al incrementarse la oferta laboral.

Pero, sea cual fuere la política de creación de empleos, no debe sustituirse o limitarse a una estrategia sustentable de desarrollo económico, dado que la ausencia de crecimiento económico es la primera causa de la falta de ocupación de la fuerza laboral en el país.

Por otra parte, se deben establecer los mecanismos de diálogo entre el sector privado y el Gobierno, de tal manera que se eviten los enfrentamientos y disminuya la incertidumbre política, que no incentivan la inversión privada ni la generación de empleo en el sector formal.

En cuanto a las medidas para fomentar el crecimiento económico, se debe comenzar por identificar los factores que contribuyen al aumento de la productividad media del trabajo y, por tanto, de la producción per cápita. Una medida puede ser el aumento del capital humano a través de la formación, en razón a que los trabajadores cualificados son más productivos que los no cualificados. En consecuencia, se deben estructurar mecanismos para la capacitación en el sector informal de la economía, para garantizar el rápido desarrollo de las microempresas de alto nivel incentivando su crecimiento en forma sostenida, para que puedan pasar al sector formal y así puedan absorber a los sectores más empobrecidos. Se debe insistir en la educación para adultos, con lo cual se pretende evitar la deserción escolar de los más jóvenes, por cuanto los hijos de padres más educados logran más apoyo emocional y afectivo en un ambiente proclive al estudio, más allá del nivel de ingresos.

Finalmente, se recomienda una serie de programas para el empleo mediante la asistencia y capacitación de la mujeres venezolanas —desempleadas y jefas de hogar— para lograr su incorporación efectiva en el mercado laboral, teniendo en cuenta que su ingreso a él surgió en un momento de recesión económica obligando la mayor parte de ellas a ocuparse en el sector informal, con muy pocas posibilidades de educación y capacitación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El ABC de los Consejos Comunales

El ABC de los Consejos Comunales

Enviado por PROF. JOSÉ ALFREDO ÁVILA VEGA

Partes: 1, 2

El Consejo Comunal

La Asamblea local de voceros

El órgano ejecutivo del Consejo Comunal

La Cooperativa de ahorro y crédito

El órgano de control o Unidad de Contraloría Social

Los Comités de trabajo

Vinculación institucional de los Consejos Comunales

Algunas definiciones útiles

Vinculación institucional de los consejos comunales

Consejo local de Planificación Pública y Consejo Comunal

Algunas definiciones útiles

Apéndices

PRESENTACIÓN

Cada vez que se habla de Consejos Comunales, me viene a la memoria esas viejas propuestas que los Alcaldes Bolivarianos, venimos haciendo desde varios años, para lograr la creación de una nueva estructura político-territorial que debiera ser el andamiaje básico del funcionamiento democrático del Estado.

Probablemente hemos tardado demasiado en organizar el conglomerado social primario desde abajo.

Creo que hemos dilatado el tiempo abordando largas y tediosas discusiones, que tan sólo han logrado enriquecer nuestro caudal léxico y entender lo que significa “comuna”, “vecindad”, “ámbitos urbanos”, “áreas vecinales”, “mancomunidad”, “espacio comunitario”, “cogobierno popular”, “asamblea local”, “pisatarios colindantes”, “vocerío parroquial”, etc., dejando de lado la acción constitutiva y asociativa del soberano.

Durante el Taller de Alto Nivel “La Definición del Nuevo Mapa Estratégico” que aprobamos en noviembre del 2004, definíamos con claridad los 10 grandes objetivos estratégicos conducentes a la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular. En el se habló por primera vez de la necesidad de abordar con responsabilidad y absoluta seriedad un Cooperativismo Revolucionario y la participación decisiva de los Consejos Comunales.

A partir de ese instante, en la Alcaldía de Mariño abandonamos un poco los discursos y trocamos a la acción. Se pusieron en marcha mecanismos transformadores, para romper definitivamente con la gestión individualista hasta convertirla en la cogestión o gestión colectiva.

Recurrimos a la evaluación de las pocas experiencias existentes en materia de participación popular en el Municipio y comprobamos que aún todo estaba por hacerse. En esa fase de confrontación, acudí a la sistematización, entendida como proceso de registro, reflexión y develación crítica de esas experiencias sociales, que me permitieran generar nuevos saberes.

Fue así como empezamos a desarrollar programas agresivos hacia el desarrollo endógeno, para que los medios de producción sean de propiedad colectiva y la producción social se convierta en el lenguaje expresivo de las comunidades y sus Consejos.

A sabiendas de que el país necesita literatura para ese propósito, me place sobremanera entregar a la nación, este primer ejemplar del ABC de Los Consejos Comunales, para que se sirvan de el, a efecto de construir no algunos Consejos, sino redes completas de Consejos Comunales que cubran todos los Municipios de Venezuela.

Las nuevas ediciones irán mejorando y ampliando conceptos, a la vez que en cuanto tengamos a la vista la Ley Especial de Consejos Comunales y posteriormente su Reglamentación, vayamos completando su contenido, hasta lograr la estructura de un texto de consulta para la construcción y acompañamiento de los Consejos Comunales del país.

Luís Manuel Villegas

Alcalde del Municipio Mariño Irapa, marzo de 2006

República Bolivariana de Venezuela

Alcaldía del Municipio Mariño

Estado Sucre

Venezuela

Centro de Investigación y Publicaciones de la Alcaldía

EL ABC DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

Primera Edición

Consejo Comunal

¿Qué es un Consejo Comunal? En el marco del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, son el medio que permite al pueblo organizado asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos, orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Es la organización más avanzada que se puede construir entre vecinos de una misma comunidad, para afrontar problemas comunes en lo social, en lo político, en lo económico, etc., desarrollando proyectos de hábitat, complejos agro productivos, industriales, granjas integrales, vialidad, núcleos de desarrollo endógeno, factorías, plantas procesadoras, viveros, centros recreacionales, etc.

Es la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución Bolivariana.

También se le define como un órgano de participación y protagonismo del pueblo, de articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos que conforman y hacen vida común.

¿Para qué sirve el Consejo Comunal? El Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder popular.

En consecuencia, siendo la plataforma humana que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado, sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Véase Objetivos del Consejo Comunal.

Sirve como centro de información, producción y promoción de procesos participativos para la identificación de problemas comunitarios.

Promueve los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación ciudadana en la gestión pública comunitaria.

Es la autoridad permanente en la Comunidad, ante la cual se debe plantear y derivar todos los problemas de índole colectivo.

Es el interlocutor entre la comunidad y cualquier instancia de Gobierno Estadal o Nacional.

Vivifica y sostiene nuestra identidad, nuestro patrimonio y pone a la luz todas nuestras fortalezas, capacidad productiva, fuerza profesional, etc. al servicio del país.

Rompe con el aislamiento geográfico, social, económico y político que aún nos hace desconocidos dentro de nuestro propio Municipio.

Nos hace sentir que estamos asumiendo juntos el control de nuestras vidas como ciudadanos; que no estamos solos sino juntos y organizados, cuidándonos unos a otros; que los que gobiernan somos nosotros y, que a partir de ahora, asumimos el poder para decidir hacia dónde queremos ir.

¿Cuáles son los objetivos y responsabilidades de un Consejo Comunal? Los principales son:

Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad.

IIntegrar a la comunidad garantizando su participación en la formulación de propuestas y/o proyectos.

Convocar las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas en la Comunidad para discutir sobre la situación política, social, económica, cultural, entre otras, en el ámbito comunal.

Viabilizar ideas y propuesta para que la comunidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública.

Promover la creación de nuevas organizaciones de base cuando fuere necesario.

Organizar, planificar y realizar el censo poblacional de la comunidad y mantenerlo actualizado.

Elaborar el árbol de necesidades de la comunidad, para detectar y diagnosticar los problemas comunes a solucionar.

Elaborar el Plan Comunal de Desarrollo o Plan Único de Trabajo, para crear y desarrollar proyectos de mediano y largo plazo.

Gestionar el auxilio financiero y técnico para la realización de proyectos, a través de entidades de apalancamiento, acompañamiento y préstamo de recursos.

Ejercer la Contraloría Social, en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, especialmente durante el desarrollo de proyectos de inversión.

Informar permanentemente a la comunidad sobre el control, seguimiento y evaluación de los proyectos comunitarios.

Entregar a los Consejos Parroquiales la jerarquización de la problemática para la inversión social anual en la comunidad.

Suscribir convenios de asociación con otros Consejos Comunales vecinos, para la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno o complejos industriales integrales.

Suscribir convenios nacionales e internacionales, para propósitos de capacitación, adiestramiento y transferencia de tecnología, con entidades como PDVSA, INCE, Universidades, Institutos Técnicos, Consultores, etc.

Apoyar al Consejo Local de Planificación Pública, en la creación de redes de Consejos Comunales, para abordar macro proyectos de desarrollo endógeno y de producción social.

Promover el desarrollo cultural y turístico del ámbito de su jurisdicción.

Cooperar con las autoridades locales, en la realización de operativos colectivos en beneficio de la comunidad.

Proteger el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje, la salubridad pública y la defensa civil.

¿Qué instancias existen dentro de un Consejo Comunal? Por ahora, los Consejos Comunales están integrados por:

La Asamblea Local de Voceros, como órgano decisorio

El Órgano Ejecutivo que reúne a los voceros representantes de la Asamblea, que son elegidos por dos años, para hacer cumplir la voluntad de la comunidad.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito o Unidad de Gestión Financiera que administrará los recursos del Consejo Comunal.

El Órgano de Control o Unidad de Contraloría Social; y

Los Comités de Trabajo o Mesa Técnica

¿Con cuántas familias se organiza un Consejo Comunal? A partir de 20 familias dentro de un mismo ámbito geográfico. Sin embargo, en zonas muy poco pobladas, se tomará el número de familias que vivan dentro de la comunidad, sea este aún menor de 20.

¿Qué otras personas componen un Consejo Comunal? Son miembros de un Consejo Comunal, todos los habitantes residentes de la comunidad, sin distinciones de color, raza, credo político o religioso, nacionalidad, preparación académica o clases sociales.

Aglutina y articula a todas las fuerzas vivas organizadas dentro de la comunidad, tales como las OCVs, Misiones, UBEs, Junta Parroquial, Clubes, Juntas de Vecinos, Comedores Populares, CTU, Mesas Técnicas de Agua, Fundaciones, Asociaciones, Mesas Técnicas de Energía Eléctrica, Comités de Salud, Clubes de Abuelos, etc. para encarar bajo los principios de solidaridad, auxilio mutuo y cooperación, la problemática local.

¿Cuál es la autoridad máxima de un Consejo Comunal? La autoridad máxima del Consejo Comunal es la Asamblea Local de Voceros de la Comunidad. Así como la Asamblea Local de Voceros elige a su Órgano Ejecutivo, tiene también la facultad de revocarlos si no dieran la talla o cometieran faltas contra el Consejo o la Comunidad.

¿Quiénes son los representantes de un Consejo Comunal? Son representantes de un Consejo Comunal ante las autoridades regionales, estadales o estatales, aquellas personas que han sido elegidas por la Asamblea Local de Voceros para tal fin. Se les conoce como Voceros del Consejo u Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal.

¿De dónde provienen los recursos económicos para los Consejos Comunales? Al momento de la edición de este ABC, hay varios criterios, pero se prevén los siguientes canales:

Los que provengan de la administración de los servicios públicos que le sean transferidos por el Estado.

Los que provengan de la administración de los bienes y servicios asumidos por la comunidad.

Los generados por su actividad como Consejo inversionista o como administrador del manejo financiero de sus propios recursos.

El Situado Comunal que le deberá corresponder de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Los que sean transferidos por la República a las Alcaldías.

Las partidas presupuestarias que le asignen algunos Ministerios en calidad de apoyo logístico, como Minpades, Milco, Minep, Ministerio de Trabajo, Inti, Ministerio de Agricultura, etc.

Los recursos provenientes de donaciones, cesiones o expropiaciones legales.

Cualquier otro generado por la actividad financiera que le permita la Ley.

¿Cómo se organiza un Consejo Comunal? La organización, funcionamiento y acción de los Consejos Comunales, se rigen conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad social, equidad, justicia y autogestión económica.

Para organizar y poner a funcionar un Consejo Comunal, es necesario seguir algunos pasos:

Reunirse algunos vecinos con el propósito de formar un Consejo Comunal.

Solicitar a la Oficina Municipal de Consejos Comunales, toda la información necesaria y la literatura actualizada a fin de no cometer errores.

Determinar la cantidad de familias que pueden componer el Consejo Comunal.

Decidir quiénes serán los promotores voluntarios que visitarán casa por casa a las 20 o 30 familias seleccionadas.

Capacitar previamente a esos voluntarios, para que expliquen brevemente a las familias el motivo de su visita.

En esa misma visita, los voluntarios entregarán una invitación indicando lugar, día y hora para que los invitados reciban toda la información complementaria.

Debe invitarse al Presidente y demás miembros de la junta parroquial, al Defensor del pueblo, al Contralor municipal, al Síndico municipal y a toda autoridad conocida, así como a todos los grupos organizados de ecología, cultura, trabajadores, Círculos Bolivarianos, Comités de Tierras, Comités de Salud, Misión Barrio Adentro, Misiones, Robinsón, Rivas, Sucre y Vuelvan Caras, UBES, Comités de Protección Social, etc.

El día de la reunión, el único punto a tratar es darle a los asistentes, toda la información posible sobre Consejos Comunales. Se puede solicitar a la Alcaldía la presencia de un Asesor para que ayude a esta exposición y aclare a la concurrencia cualquier duda que surja.

Debe circular durante la reunión un listado de los presentes, indicando nombres y apellidos, Cédula de Identidad, teléfono y correo electrónico.

Algunos de los presentes deben tomar fotografías para testificar el acto.

Al finalizar la reunión, se solicitará a los asistentes que propongan candidatos para formar el grupo de Voceros Representantes de la Asamblea, llamado también Órgano Ejecutivo de la Asamblea, que será el que durante dos años se encargará de hacer cumplir las decisiones de la Asamblea.

Antes de cerrar el acto, debe acordarse en que día, lugar y hora debe llevarse a cabo la primera reunión electoral de la Asamblea Local de Voceros, para que ésta elija por mayoría al mencionado Órgano Ejecutivo de la Asamblea.

Se conoce con el nombre de Vocero, al representante de una familia. De manera tal que en un Consejo Comunal de 20 familias, deberán haber 20 voceros.

Para que las reuniones de la Asamblea Local de Voceros sea válida, siempre se contará con un quórum de la mitad más uno.

En esa primera Asamblea, y luego de las elecciones, se conocerá quienes son los miembros del Órgano Ejecutivo y, a partir de ese instante, ya se cuenta con el nuevo Consejo Comunal del sector.

El Órgano Ejecutivo está compuesto por Voceros Titulares y Voceros Suplentes, entre los que aparecen los cargos de Vocero Principal, Vocero Secretario, Vocero Administrativo, Vocero Contralor, etc.

El número de Voceros del Órgano Ejecutivo de la Asamblea siempre será variable.

¿Cuáles son las primeras tareas de un Consejo Comunal? Todo Consejo Comunal debe, una vez constituido:

Levantar el croquis del área geográfica del Consejo, indicando claramente sectores, riachuelos, carretera, calles y casas de todas las familias que integran el Consejo y cualquier otro dato referencial.

Levantar el censo del número de personas y familias que viven dentro de la circunscripción del Consejo Comunal, utilizando la planilla cuyo modelo se anexa como Planilla Básica del Censo por Familias.

Sólo se hará el censo entre las 20 o más familias que componen el Consejo.

El censo no es por casa, sino por familias. En el caso de que haya 3 familias dentro de una misma casa, se rellenarán tres planillas diferentes.

Solicitar a la Alcaldía el adiestramiento y capacitación en Gerencia Comunitaria, Consejos Comunales y Cooperativismo. En Anexos se añade una muestra de la Carta que debe enviarse a la Alcaldía.

¿Dónde se registran los Consejos Comunales luego de formados? Los Consejos Comunales serán registrados ante la respectiva oficina que instalará cada Alcaldía, bajo el nombre de Superintendencia del Poder Popular.

Inicialmente se pensó en anexar esta oficina a las oficinas del Consejo Local de Planificación Pública, pero los criterios se inclinaron a que funcionara dependiendo directamente de la Alcaldía, para alcanzar mayor rapidez en sus tramitaciones.

Los datos que se almacenan en el registro, son la simiente histórica de la comunidad en acción; de ahí la importancia de esta oficina.

Allí reposa también la sistematización de la memoria y la crónica del Municipio; sin esos datos recopilados, es difícil rescatar el proceso vivido: antes, durante y después de la actividad colectiva.

¿Qué documentos debe presentar un Consejo Comunal al Registro? Aún no existe una reglamentación precisa, pero estimamos que podemos empezar con lo siguiente:

Copia del Acta constitutiva, firmada por todos los Voceros que asistieron a la Asamblea Local de Voceros.

Plano a mano alzada del territorio declarado por el Consejo Comunal, con indicación de las viviendas involucradas.

Nómina de los Voceros de la Asamblea Local

Nómina de los Voceros que integran el Órgano Ejecutivo de la Asamblea.

Nómina de los Voceros que integran el Órgano de Control

Copia del Acta Constitutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Estatutos Internos del Consejo Comunal

¿Cómo y dónde funciona la Superintendencia del Poder Popular? La Superintendencia estará a cargo de una persona que conozca de Consejos Comunales y el personal subalterno puede estar constituido por los Promotores de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía u otros que se contrate especialmente.

Esta no debe ser una oficina burocrática, sino operativa. Su personal no debe permanecer dentro de ella sino en el campo de acción, que son las comunidades.

Puede funcionar fuera del edificio de la Alcaldía (recomendable) y tener el espacio suficiente para atender a los Voceros que acudan, tanto para registrar sus Consejos, como para solicitar ayuda, asesoría y acompañamiento.

¿Qué otras tareas realiza la Superintendencia del Poder Popular? La Superintendencia, realizará las siguientes tareas obligatorias:

Llevar el registro ordenado de los Consejos Comunales del Municipio

Llevar el registro pormenorizado de Órganos Ejecutivos de cada Consejo

Llevar la Base de Datos actualizada de los censos establecidos por familias

Publicar manuales de apoyo para actualizar el conocimiento sobre Consejos, Cooperativismo, Desarrollo Social, etc.

Formular planes de integración, como la red de Consejos Comunales, Clubes, Asociaciones, etc. que tienda a vincular la red social del Municipio.

Ir actualizando el mapa con coordenadas del Municipio, señalando exactamente la ubicación de las viviendas de cada Consejo.

Con todos los datos recurrentes al banco de datos existente, se puede hablar de la “Historia de la Comunidad”, ya que no sólo son cuantitativos, sino cualitativos; a ese cúmulo de vivencias debidamente organizado, se le debe incorporar todos los elementos de interpretación posibles, comprensión, explicación, análisis, crítica y reflexión, para que de allí surjan los nuevos aprendizajes y los nuevos saberes, en términos de juicio, concepto y teoría.

¿Con qué equipo y materiales debe empezar la Superintendencia? La Superintendencia debe contar en sus inicios, con el siguiente equipo y mobiliario:

Una computadora

Un escritorio

Dos archivadores

Una mesa de 8 o 10 puestos

15 sillas apilables

Dos carteleras grandes

Una pizarra acrílica

Materiales de oficina, papelería, etc.

Se recomienda la compra de una fotocopiadora, para proporcionar a los usuarios la facilidad de sacar fotocopias de cédulas, planillas, manuales, formularios, etc.

Asamblea Local de Voceros del Consejo Comunal

¿Qué es la Asamblea Local de Voceros? Es la máxima instancia del Consejo Comunal y autoridad deliberante de la Comunidad. Sus decisiones y acuerdos están por encima de todas las que se toman en otras instancias y son de carácter vinculante para los Consejos Comunales. Es el verdadero PODER POPULAR.

Es el producto de la educación liberadora que vive esta nueva generación de venezolanos, que lucha denodadamente para consolidar la construcción de una sociedad libre, de un auténtico poder popular y la emancipación social e individual.

¿Qué funciones cumple la Asamblea Local de Voceros? Por ser la máxima autoridad del Consejo Comunal, la Asamblea Local de Voceros:

Elige o destituye a los Voceros del Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal

Aprueba o desaprueba los acuerdos del Órgano Ejecutivo remitidos especialmente a la Asamblea Local en consulta u observación.

Aprueba las normas de Convivencia de la Comunidad.

Aprueba los Estatutos y el Acta Constitutiva del Consejo Comunal.

Rescinde la contratación de servicios para el desarrollo de proyectos, que hayan sido objeto de cuestionamiento por el Ente Contralor del Consejo.

Diseña, aprueba y controla el Plan Único de Trabajo o Plan de Desarrollo Integral de la Comunidad.

Dirige los destinos del Consejo Comunal a través de reuniones cuidadosamente planificadas y convocadas con Agenda preestablecida, en la que tienen prioridad los proyectos a desarrollarse.

Recomienda al Órgano Ejecutivo de la Asamblea, las actividades de carácter formativo, analítico, consultivo, de inversión y proyección social, para la elaboración de los correspondientes proyectos.

Ejerce la Contraloría Social de forma directa o a través de la Unidad de Contraloría.

Suscribe los acuerdos de alianza o convenios con otras instituciones, para propósitos de capacitación, transferencia de saberes, intercambio tecnológico, etc.

Aprueba e impulsa la integración de los proyectos para resolver las necesidades comunes con otras comunidades e instancias de gobierno.

Promueve el fortalecimiento de las redes de Consejos Comunales.

Elige a los integrantes de la Unidad de Contraloría

Contrata los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, dando prioridad a la que está constituida por miembros de la misma comunidad.

¿Quiénes integran la Asamblea Local de Voceros de un Consejo Comunal? Todos los voceros que representan a las familias que conforman el Consejo.

En una comunidad de 20 familias, el Consejo tendrá un registro de 20 voceros que representan a cada una de esas 20 familias. Es decir, cada familia debe acreditar y autorizar un vocero a la Asamblea.

¿Quiénes son los Voceros de la Asamblea Local? Es Vocero ante la Asamblea Local de Voceros, aquella persona de la comunidad, residente habitual en la zona, mayor de edad, que tenga solvencia moral, disposición y tiempo para el trabajo comunitario, capaz de trabajar en grupo y compromiso tanto con el Consejo como con la comunidad y que haya sido designado por una familia del vecindario, para representarla en todo momento ante la Asamblea Local de Voceros.

Hasta hace poco tiempo, se recomendaba la creación de una Oficina Municipal que se encargaría de definir los ámbitos espaciales y límites geográficos para la consolidación de los Consejos Comunales y, asimismo, nombrar un grupo de representantes de ese ámbito para que se encargue de hacer todos las diligencias y trámites del Consejo. Se recomendaba el arbitraje de la Cámara Municipal, en el caso de controversias entre Consejos vecinos por circunscripción o litigio de tierras. Todo eso, quedó atrás, porque el nombramiento de un Vocero por cada familia, es un mecanismo auténticamente democrático y participativo.

Ahora, esa Oficina Municipal, llamada Superintendencia del Poder Popular, hace exactamente lo que la Asamblea de los Consejos Comunales exige que se haga, siempre y cuando esos quehaceres estén enmarcados dentro de la Ley, porque son los Consejos Comunales quienes ahora velan, ejerciendo la Contraloría Social, por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico. A esta modificación, se le conoce como el Poder Popular.

¿Cuándo se deja de ser Vocero? Pierde el derecho a ser Vocero, aquella persona que se muda del vecindario, que la familia a la que representa proponga a otra persona para que lo reemplace, que cometa infidencias, faltas o agravios a otras personas, que cometa delitos penados por la Ley o que renuncie voluntariamente

¿Cuáles son los requisitos básicos para ser Vocero? Para ser vocero, debe reunirse los siguientes requisitos básicos:

Ser conocido por el resto de voceros

Ser mayor de edad

Ser residente habitual en la casa de la familia a que representa

Ser disciplinado y puntual

Observar buena conducta; y,

Que haya sido designado para representar a una familia

¿Cómo se realiza una Asamblea Local de Voceros? La Asamblea Local se convoca con tres o mas días de anticipación, mediante invitación escrita, tal como aparece en el Apéndice 1, en la que debe figurar:

Lugar

Fecha y Hora

Agenda

El día de la realización, se constata el quórum legal y se procede a la Asamblea, bajo la conducción del Órgano Ejecutivo de la Asamblea, debiendo levantarse el Acta de Asamblea, cuya copia será posteriormente enviada al Consejo Local de Planificación Pública.

Para moderar la Asamblea, debe nombrarse en cada una de ellas, un Director de Debates o Moderador, entre los asistentes.

El Acta aprobada debe ser firmada por todos los que concurrieron a la Asamblea, sin perjuicio que circule una lista de asistentes donde se registren nombres y apellidos, Cédula de Identidad, Teléfono y Correo Electrónico.

Se sugiere la presencia de un representante del Consejo Parroquial, o un representante del CLPP o un representante de la Oficina de Consejos Comunales de la Alcaldía.

¿Cómo se establece el quórum de una Asamblea Local de Voceros? El quórum de la Asamblea Local de Voceros se establece sumando cuidadosamente el número de voceros asistentes.

Sólo se dará por válida una Asamblea, cuando por lo menos existe la mitad más uno de los voceros acreditados. En un Consejo de 20 voceros, el quórum válido mínimo es de la mitad más uno (1); es decir diez (10) más uno (1) = once (11).

Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal

¿Qué es el Órgano Ejecutivo? Es la segunda instancia del Consejo Comunal, ya que la primera es la Asamblea Local de Voceros. Esta última, es decir la Asamblea Local, determina y elige el número de Voceros, que de acuerdo a la cantidad de Comités de Trabajo y Proyectos a desarrollar, debe tener el Órgano Ejecutivo.

¿Cómo está formado el Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal? Si sabemos que la forma como se organiza un Consejo Comunal, depende de la realidad particular de cada comunidad; entonces, también el Órgano Ejecutivo del Consejo es variable en el número de Voceros que lo conforman. Todo depende de la cantidad de proyectos y participación protagónica que espera desarrollar el Consejo.

Recordemos que de nada vale tener un Consejo Comunal sino se tiene proyectos en desarrollo. La misión de estas instituciones populares es dar solución constante a los problemas colectivos locales.

Por ello, la organización básica de un Órgano Ejecutivo, debe contar siempre con:

Un Vocero/a Principal

Un Vocero/a Secretario

Un Vocero/a Administrativo

Un Vocero/a Contralor, de Inspección y seguimiento

Un Vocero/a de Educación (Capacitación permanente)

Un Vocero/a de Relaciones Públicas, Medios y Competencia Electoral

Un Vocero/a Coordinador General; y,

Sus respectivos Suplentes.

Opcionalmente, y dependiendo de los proyectos sustentados y anteproyectos a presentar, pueden haber Voceros especializados en:

Economía Popular y Solución Alimentaria – Centros de acopio, frigoríficos, complejos agro productivos, granjas integrales, cooperativas de producción, etc.

Planificación y elaboración de Proyectos industriales para el Desarrollo Endógeno, Desarrollo Competitivo y la Producción Social

Educación y Deportes

Ciencia y Tecnología

Cultura y folklore

Organización, Formación ciudadana, Conciencia y Convivencia Comunal

Desarrollo Social

Salud y Saneamiento Ambiental

Programas Sociales y Misiones

Vivienda y hábitat

Infraestructura, ornato y vialidad

Desarrollo urbano

Seguridad Ciudadana y Defensa

Pesca

Minería, etc.

Estos Voceros especializados, son los que después van a dirigir las Mesas de Trabajo para el desarrollo de los proyectos realizados por la comunidad.

¿Quién elige a los Voceros Titulares y Suplentes del Órgano Ejecutivo del Consejo? Los elige la Asamblea Local de Voceros de la Comunidad, por votación expresa y sólo con el quórum legalmente establecido.

¿Por cuánto tiempo se nombran a los Voceros del Órgano Ejecutivo de la Asamblea? Todos los cargos tienen dos años consecutivos de duración, pudiendo ser reelegidos por igual período.

¿Cuáles son las funciones del Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal? Todo Órgano Ejecutivo realiza las siguientes funciones:

Ejecuta las decisiones de la Asamblea Local de Voceros

Articula al Consejo con las organizaciones presentes en la comunidad y promueve nuevas organizaciones donde sea necesario, en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral de las comunidades.

Elabora planes de trabajo, tomando en cuenta todas las proposiciones y sugerencias de la Asamblea Local de Voceros.

Organiza y reactiva la plataforma social de la comunidad, para integrarla y animarla a una participación activa y positiva.

Formaliza el registro del Consejo ante la Superintendencia del Poder Popular. (Oficina Municipal de Registro de los Consejos Comunales)

Elige al Cronista del Consejo, para ir recabando los testimonios históricos y los documentos públicos del patrimonio local.

Elabora y presenta el resumen del Censo de familias ante la Superintendencia del Poder Popular.

Elabora el diagnóstico de necesidades de la comunidad

Rescata el diagnóstico de fortalezas de la comunidad (Censo de talentos).

Redacta el Reglamento Interno del Consejo Comunal.

Promueve el ejercicio de la iniciativa legislativa.

Recomienda las alianzas y convenios que se tengan que suscribir, para darle a la comunidad la capacitación permanente que se requiera.

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Comentarios

Lunes, 29 de Agosto de 2011 a las 21:04  |  0      

Ronald Reyes

para Alicia Varela, si eres suplente y quieres ser principal, estas en todos tus derechos por que el principal que estaba dices que salio de los limites geograficos. pues habla con esa persona primeramente( si puedes ubicarlo) pidele la renuncia para que sea mas facil el proceso de manera amistosa, esa carta debe ir firmada y sellada por el concejo comunal, luego llevenla a taquilla unica con el acta constitutiva del CC…
por otro lado, debes dejar bien claro que a pasar que eres suplente tu opinion cuenta por muchas razones.
la primera es que perteneces a la COMUNIDAD y en la asamblea de ciudadanos y ciudadanas se decide siendo esta la maxima autoridad conformada por la comunidad del sector. por otro lado si no esta el principal, toma inmediatamente el suplente, declarando los motivos en dicha asamblea… revisa la nueva ley de los consejos comunales

Domingo, 14 de Noviembre de 2010 a las 21:04  |  0      

alicia varela

muy bueno el contenido.POR FAVOR ACLAREN UNA DUDA:soy vosero suplente del comite de finanza, el vosero principal por motivo de trabajo esta residenciado en otro estado, no puede asistir a reuniones y actividades del consejo comunal, sin embargo la directiva me dice que yo puedo asitir a reuniones mas no tengo ni voz ni voto hasta tanto el princial no presente renuncia por escrito. Por favor envia a mi correo soporte legal de ello. alicia_etar@hotmail.com

Martes, 7 de Septiembre de 2010 a las 11:30  |  1      

Edgar Eduardo Patrizzi Rodríguez

Excelente trabajo es muy completo y muy didáctico.

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¿Cuál es el mecanismo de reunión del Órgano Ejecutivo del Consejo? Hay que diferenciar claramente el Órgano Ejecutivo de la Asamblea y la Asamblea Local de Voceros, porque la confusión radica en que en las dos instancias, sus integrantes son los mismos vecinos de la comunidad.

La Asamblea Local de Voceros, es la primera instancia del Consejo Comunal y la conforman todos los Voceros vecinales (Uno de cada familia) de toda la comunidad.

El Órgano Ejecutivo de la Asamblea, es la segunda instancia del Consejo Comunal y la conforman el grupo de Voceros Titulares y Suplentes elegidos por la Asamblea Local de Voceros.

Se reúne con mucho más frecuencia que la Asamblea Local, por ejemplo: todos los lunes a las 4:00 p.m., y cualquier otro día cuando hay temas o problemas que lo amerite, porque es el responsable directo de la formulación de propuestas de inversión ante la Asamblea Local, así como de la ejecución, evaluación y control de las obras civiles, eventos, programas sociales y servicios públicos de la jurisdicción.

En cambio, la Asamblea Local de Voceros, se reúne esporádicamente cada vez que se necesita tomar decisiones muy importantes, elegir nuevos miembros, retirar algunos miembros de las instancias por incumplimiento de funciones, suscribir convenios nacionales o internacionales, discutir Planes de Inversión, evaluar proyectos concluidos, etc.

Lleva un Libro de Actas en el que se anota minuciosamente todos los temas que se discuten, los acuerdos que se toman, las decisiones administrativas, los convenios que se suscriben etc.

Durante la reunión debe respetarse el orden del programa establecido, por ejemplo:

Conteo de quórum (Siempre la mitad más uno). En estas reuniones pueden estar presentes la Cooperativa de Ahorro y Crédito, los Contralores y los Miembros de la Mesa Técnica, pero si no son Voceros del Órgano Ejecutivo, no forman parte del quórum. Tienen derecho a voz pero no a voto.

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Informes

Pedidos

Orden del Día

Cierre

En consecuencia, todas las decisiones y acuerdos que adopte el Órgano Ejecutivo de la Asamblea, deberá ser por mayoría de sus miembros.

Se recomienda siempre tomar algunas fotografías de la reunión para publicarlas en la Cartelera o en el Boletín del Consejo; asimismo, es bueno grabar la totalidad del evento, para evitar excusas posteriores u omisiones en el Acta.

Cooperativa de Ahorro y Crédito o Unidad de Gestión Financiera

¿Para que sirve la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa de Ahorro y Crédito es la entidad que debe manejar todo el dinero que ingrese al Consejo Comunal, así como llevar un control minucioso de los gastos que realiza. Es la tercera instancia del Consejo Comunal.

También administra los ingresos de cualquier índole que ingresen al Consejo Comunal, incluyendo propiedades, terrenos, cesiones, donaciones, etc.

A través del Comité de Educación, promoverá la creación de las Cooperativas que se encargarán de dirigir los proyectos industriales, agrícolas, pesqueros, turísticos, etc. dando a los miembros de la comunidad, los talleres necesarios para ilustrarlos en materia de cooperativismo, desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno y producción social.

Deberá Impulsar el presupuesto participativo, jerarquizando las necesidades de la comuna, utilizando la nueva concepción del Cooperativismo Revolucionario.

¿Qué es el Cooperativismo Revolucionario? El Cooperativismo Revolucionario es un movimiento sociopolítico que constituye una vía para el desarrollo endógeno y de la autogestión de la nación para que los medios de producción, sean de propiedad colectiva y la economía social sea un mecanismo de expresión de la democracia protagónica y participativa. Promueve los intereses comunes, a través de organizaciones en las que todos y todas tienen los mismos derechos, sin privilegios ni jerarquías.

¿Qué otras funciones realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa debe realizar las siguientes actividades:

Abrir una Cuenta Corriente en un Banco cercano a la comunidad

Abrir una Cuenta de Ahorros en el mismo Banco

Diseñar un Programa de otorgamiento de créditos a los miembros de la comunidad.

Realizar la intermediación financiera correspondiente.

Prestar asistencia social.

Llevar la contabilidad de todos los proyectos individualmente.

Llevar la contabilidad individual de la Cooperativa.

Depositar con exactitud los gravámenes de Ley: ahorro habitacional, INCE, Seguro Social, SENIAT, etc.

Actuar dentro de la comunidad como un minibanco, promoviendo el ahorro y las inversiones a corto plazo.

Administrar los todos los recursos que ingresen al Consejo Comunal y los del Fondo Nacional de los Consejos Comunales.

Se encargará de tramitar, apoyando al Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal, los documentos para la obtención de recursos ante el FIDES, LAEE, Minpades, Fondafa, Inapesca, Banco Agrario, Banco Industrial, etc.

¿Quiénes conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa de Ahorro y Crédito debe formarse con cinco miembros de la comunidad, que tengan conocimiento de contabilidad, finanzas y administración. Si no lo hubieren, el Órgano Ejecutivo de la Asamblea puede contratar los servicios de una Cooperativa de Ahorro y Préstamo o Cooperativa Financiera, para que realice ese trabajo, previa selección por calificación profesional.

¿Cómo funciona la Cooperativa de Ahorro y Crédito? Esta Cooperativa administra, controla y evalúa los proyectos que desarrolla el Consejo Comunal, a través de un sistema contable universal.

También lleva la Contabilidad General del Consejo Comunal y de la propia Cooperativa.

En consecuencia, debe tener una oficina con el equipo indispensable para ese trabajo. Detallamos lo que consideramos de utilidad inicial:

Una computadora

Software contable y administrativo, con inventario, nómina y balances.

Dos escritorios

Una caja fuerte portátil

Libros sociales y libros contables debidamente legalizados

Material de oficina

En lo referente al software, existen varias marcas conocidas como Saint, Cisnes, Galac, Valery, etc., algunos de los cuales son específicos: Contabilidad, Administración, Inventario, etc.

Hoy otros que vienen en combos administrativo-contable, administrativo-inventario, nómina-inventario, etc. Cada cooperativa tiene la opción de escoger el software que mejor se ajuste a sus necesidades.

¿Cómo se pagan los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito? Los costos administrativos y contables de la Cooperativa, deben incluirse en el paquete presupuestario del proyecto a desarrollarse.

De esa manera, si el proyecto ha de tener una vida operativa de 11 meses, debe calcularse el costo de 11 meses de trabajo de la Cooperativa, más el valor de sus muebles y equipos básicos.

Órgano de Control o Unidad de Contraloría Social

¿Qué es un Órgano de Control? Es la cuarta instancia del Consejo Comunal, que le otorga al ciudadano la facultad de controlar la actividad de la gestión pública y los quehaceres de la comunidad.

El Artº 259 de la LOPPM señala que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse en contralorías sociales con el objeto del control del gobierno local”.

¿Qué es el control social? Es un mecanismo a través del cual todo ciudadano, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos. Dentro del Consejo Comunal la tarea es ardua y permanente, porque es el ente encargado de verificar que los proyectos se realicen tal cual se describen en la sistematización, metodología y mecanización de los mismos.

Cuáles son las funciones del órgano de control del Consejo Comunal? Las funciones de esta instancia son extensas y permanentes, aunque las principales son:

Controlar que todas las actividades administrativas del Consejo Comunal sean legales y transparentes.

Coordinar y aplicar la contraloría social en todos los ámbitos de la comunidad.

Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del Plan Único de Trabajo o Plan de Desarrollo Intergral de la comunidad.

Ejercer el control y vigilancia del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y acompañamiento de todos los proyectos comunitarios.

¿Quién controla a los contralores? Los contralores debidamente organizados, no solo se limitan a actuar dentro de la geografía del Consejo Comunal, sino que pueden ejercer sus actividades sobre cualquier nivel o sector de la administración municipal y sobre particulares que cumplan funciones públicas, cuando la seguridad y el patrimonio de las comunidades está en riesgo.

Pero, para ello, deben estar inscritas en un registro sistematizado que, a tal efecto, llevará cada Alcaldía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional que regula la participación ciudadana, las organizaciones contraloras tienen deberes y obligaciones específicas, que se detallan en el Artº 273 de la LOPPM.

¿Quién elige a los miembros del Órgano de Control? Los miembros de esta instancia son elegidos por la Asamblea Local de Voceros.

¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Órgano de Control? Para ser miembro del órgano de Control, se requiere:

Ser honesto

Ser habitante de la comunidad

Ser mayor de edad

Tener solvencia moral acreditada

Disposición y tiempo para ejercer un control efectivo y oportuno

Compromiso con los mandatos del Consejo Comunal

Conocimiento de control y evaluación

Capacidad observadora y sentido crítico

Comités de Trabajo

¿Qué es un Comité de Trabajo? Es un grupo de personas que conoce el trabajo a realizarse durante la ejecución de un proyecto. Por ejemplo: si hablamos de un proyecto industrial apícola, el Comité debe estar integrado por personas que saben de apicultura, cultivo integral, horticultura, viveros, plantas procesadoras, embotellado, etc.

¿Quiénes integran el Comité de Trabajo? El Comité de Trabajo está formado por los miembros del Consejo Comunal que participan directa o indirectamente en un determinado proyecto. Sin embargo, pueden sumarse voluntariamente al Comité, aquellos miembros del Consejo que, sin participar en el proyecto, conocen la materia de ese proyecto, por lo que su colaboración es valiosa. Tal es el caso de profesores y profesionales jubilados, técnicos, expertos, etc.

¿Cuántos miembros integran un Comité de Trabajo? El número de integrantes del Comité depende de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, para el caso de una planta camaronera, el Comité deberá tener miembros conocedores de albañilería, pesca, movimiento de tierras, administración, relatoría, coordinación, procesamiento de alimentos, electricidad, mecánica, biología marina, tecnología alimentaria, transcripción, diseño gráfico, etc.

Como sugerencia, se detallan algunas especialidades:

Comité de Salud

Comité de Tierras

Comité de Protección Social

Comité de Economía Popular

Comité de Cultura

Comité de Seguridad Integral

Comité de Industrias Ligeras

Comité de Desarrollo Turístico

Comité de Desarrollo Agrícola

Comité de Alimentación

Comité de Deportes

Comité de Energía

Comité de Pesca y acuicultura

Comité de Saneamiento Ambiental, etc.

¿Qué hacen los Comités de Trabajo? El Comité planifica, redacta, sustenta, controla y realiza un determinado proyecto comunitario.

Eso significa, que en cuanto la Asamblea Local de Voceros sugiere un determinado proyecto, inmediatamente debe formarse un Comité de Trabajo para ese proyecto.

De ese grupo humano, deberían trabajar en el proyecto, aquellos que están desocupados, para ir solucionando de esa manera el problema del desempleo.

¿Cada cuanto tiempo se reúnen los Comités de Trabajo?

Se reúne cuantas veces sea necesario, para lograr un verdadero y óptimo control del desarrollo del proyecto.

¿Cómo se paga el trabajo de los miembros de un Comité? La mayoría de los miembros de un Comité de Trabajo – hay veces la totalidad -, ejecutan labores directas en el proyecto como electricistas, plomeros, administradores, técnicos, contadores, laboratoristas, mecánicos, etc.

Sin embargo, cada proyecto debe presupuestar costos para uso del Comité de Trabajo, que necesita hacer uso de Internet constantemente, papelería, fotocopiado, planos, movilidad, interconsulta profesional, viáticos, etc.

¿Qué ocurre cuando en una comunidad no hay especialistas? Simplemente se convoca a una Mesa Técnica.

También existe la posibilidad de que cada Alcaldía cuente con una Mesa Técnica Permanente, tal como lo anunciara el propio Presidente de la República en febrero ppdo.

También se puede recurrir a entidades como el CLPP, Inapesca, UDO, Milco, Minep, PDVSA, Cooperativas de Asesoramiento Empresarial, Fundacomún, INCE, etc., para la búsqueda de asesoría.

¿Cómo se convoca una Mesa Técnica? De acuerdo a las instrucciones del Ejecutivo Nacional, debemos evitar los nombramientos a dedo. De tal manera, que la Asamblea Local de Voceros, debe encomendar al Órgano Ejecutivo para que aperture un concurso de profesionales, los mismos que deben presentar sus currículos para que estos sean cuidadosamente estudiados.

¿Cuántos integrantes debe tener una Mesa Técnica? No es una cantidad rígida, ya que depende del tipo de proyecto que se aborda; por ejemplo: si se trata de diseñar una planta procesadora de pescado ahumado, la Mesa Técnica tendrá un Ingeniero pesquero, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, un técnico de alimentación y un Coordinador General. Opcionalmente, las Mesas Técnicas tienen una transcriptora y un encargado de la búsqueda de datos en Internet.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Alcaldía y Consejo Comunal

¿Qué vinculo existe entre Alcaldía y Consejo Comunal? La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su Artº 113, señala que el Alcalde en su carácter de Presidente del Consejo Local de Planificación Pública, tiene que promover la conformación de los Consejos Comunales en todas las parroquias de su Municipio.

Se reafirma en el Artº 4 de la misma Ley: la Alcaldía debe “impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus actuaciones”.

Por tanto, es competencia de la Alcaldía el gobierno y la administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios que requiera la comunidad.

De la misma manera, tiene la facultad de organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades activas en su jurisdicción. En consecuencia, debe tener una oficina destinada a la atención de los Consejos Comunales.

Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales de turismo para promover y desarrollar esa actividad a través de los Consejos Comunales. En esos planes se promoverá el desarrollo turístico de aquellos lugares de interés histórico, de bellezas naturales, recreativos y de producción de artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés turístico.

El vínculo Alcaldía – Consejo Comunal debe estimular permanentemente la creación de empresas de economía y producción social tales como cooperativas, medianas empresas, plantas industriales, empresas autogestionarias y cogestionarias, para crear puestos estables de empleo bien remunerado.

Los municipios y demás entidades locales deberán favorecer – dice la LOPPM, en su Artº 260 – la constitución y desarrollo de las diversas formas de organización de la sociedad, destinadas a la defensa de los intereses colectivos.

Consejo Local de Planificación Pública y Consejo Comunal

¿Qué vinculación existe entre el Consejo de Planificación Pública y el Consejo Comunal? Los Consejos Comunales son instancias del Consejo Local de Planificación Pública, que tendrán como función servir de centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada presente como solución a sus problemas comunes.

La ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública deberá regular – dice el Artº 114 de la LOPPM – todo lo relativo a la integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales.

ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

Comunidad

¿Qué es comunidad? Es el grupo humano que reside habitualmente en un espacio geográfico determinado.

¿Cuáles son las características de una comunidad? En una comunidad, los miembros que la componen deben:

Conocerse entre sí

Poder comunicarse fácilmente entre todos

Reunirse sin depender de transporte

Compartir una historia común, tradiciones, vivencias, costumbres, etc.

Utilizar los mismos servicios públicos; y,

Compartir problemas de índole económico, social, urbanístico, etc.

¿Cuáles son los problemas más comunes de una comunidad?

El lento y desarticulado desarrollo político y cultural integral de sus miembros

La falta de proyectos para solucionar la escasez de vivienda

La falta de proyectos para mejorar los servicios públicos

El desorden social, la delincuencia y la corrupción

La falta de presupuestos participativos para obras colectivas

La falta de una contraloría social efectiva y organizada

El pobre conocimiento sobre Desarrollo Endógeno, Desarrollo Competitivo, Desarrollo Humano, Trabajo Social, Cooperativismo Revolucionario, etc.

El desempleo por la falta de industrias de transformación

La falta de Salas de Lectura, Infocentros, Centros de Convención, Laboratorios de Investigación, Educación Superior, etc.

La falta de educación, capacitación y adiestramiento en especialidades técnicas vinculadas a la producción pesquera, agraria, turística y minera.

Área vecinal

¿Qué entendemos por área vecinal? En parroquias grandes, es común la existencia de los llamados “sectores” o “barrios”. Esa división da lugar a las áreas vecinales.

Son pequeños espacios pertenecientes a una parroquia, en los que natural y progresivamente se han ido arremolinando costumbres, apellidos, fiestas patronales, vínculos sociales, parentesco, etc. que han fortalecido una vecindad comunitaria. Pueden ser de muy pocas familias (10, 20, 30), pero son las áreas donde mejor se componen y funcionan los Consejos Comunales.

Densidad poblacional

La densidad poblacional es la cantidad de individuos existentes en una población en relación con la superficie en que habitan. Es un modo de reflejar la abundancia, lo que, a su vez, nos indica el grado de concentración de individuos en el territorio.

La densidad de población tiene conexión con la capacidad de carga o acogida del medio, ya que éste tiene una capacidad más o menos concreta para albergar a un cierto número de individuos sin que éstos sufran las consecuencias negativas del hacinamiento y de la falta de recursos. La densidad de población es, por tanto, un parámetro fundamental en los análisis demográficos.

Espacios Territoriales

Desde el punto de vista territorial y político-administrativo, la nación se organiza en Estados, Distrito Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. El territorio se organiza en Municipios (Art. 16 de la CRBV)

El Municipio se organiza en parroquias y muchas parroquias se dividen en sectores y sub sectores según el número de habitantes. La experiencia muestra, sin embargo, que la verdadera participación y protagonismo del pueblo se da en espacios geográficos menores. La gente ha venido identificando estos espacios con el término de comunidad.

Mancomunidad

¿Qué es una mancomunidad? Es una figura asociativa constituida en forma voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su competencia.

¿Qué tiene que ver la mancomunidad con los Consejos Comunales? Cuando por razones de vecindad – colindantes – dos Consejos Comunales o más de diferentes Municipios, tienen que desarrollar proyectos comunes, tienen que recurrir a la mancomunidad de ambos municipios.

En tal caso, esa mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites establecidos en el convenio de los Consejos Comunales suscribientes.

Parroquia

¿Qué es una parroquia? Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos municipales.

Poder Popular

El Poder es la capacidad que tiene una persona, grupo o sector social, para usar y disponer de recursos propios o que se les ha encomendado.

Es la capacidad para realizar una idea y es el hecho de tener la fuerza para concretarla. Debe estar asistida por la conciencia social, la conciencia política, conciencia económica, conciencia ambiental y la conciencia de seguridad y defensa.

EL ABC DE LOS CONCEJOS COMUNALES

APÉNDICE 1

MODELO DE CITACIÓN PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA

Alcaldía del Municipio Mariño

Oficina Municipal de Consejos Comunales

CONVOCATORIA

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Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Administración Pública


Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

Consejos Comunales. Comunas y Poder Comunal


Facilitador:                                                                  Participantes:

Dra Luisa Sanoja                                                       Alvia Dinino

                                                                                  Wilmer Hernández

                                                                                  Tania Reina

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, 30 de octubre de 2013

INTRODUCCIÓN

El Estado ha asumido como tarea la promoción de la organización popular impulsando la conformación de los consejos comunales a lo largo y ancho del territorio nacional y estos a su vez constituyen una forma de profundizar el modelo de participación y respuesta del estado ante las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo

Las experiencias de organización popular, con sus fortalezas y debilidades, nos han permitido avanzar hacia la comprensión de los mecanismos diseñados para migrar hacia un nuevo modo de concepción y organización de la gestión del Estado.

El Poder Popular organizado se constituye en el motor que impulse la conformación del Nuevo Estado Socialista, como elemento básico en la transición al Socialismo. La propuesta como nivel orgánico de agregación de las comunidades, implica formas organizativas y culturales para la construcción del tejido social de la revolución. Se debe concebir como un espacio integrado a la nueva cultura política de la revolución.

No deben existir sin la visión sistémica, donde se consideren los niveles que las definen: las comunidades y las escalas territoriales que a su vez conforman y cualifica. Y deben ser un hecho en construcción; composición estratégica para la construcción del socialismo. En su gestación se configuran como producto y proceso.

La Asamblea Nacional cumpliendo con su rol histórico de legislar en función de los cambios cualitativos que la nación requiere y adaptando las normativas legales a las necesidades del pueblo aprobó la Ley orgánica de los Consejos Comunales y la misma fue publicada en la Gaceta Oficial Número 39.335 el día lunes 28 de diciembre de 2009. Esta novísima ley viene a corregir los vacíos legales que dejaba la ley de los consejos comunales del 10 de abril de 2006, la cual no establecía los pasos para la revocatoria de voceros y le daba características de cooperativas a los bancos comunales los cuales funcionaban desarticulados de los demás comités de trabajo.

Luego de discutir con las comunidades organizadas las potencialidades y debilidades de la ley derogada, surge un nuevo marco legal que busca guiar la actuación de los voceros comunales y de la sociedad en general, como máximo poder, a través de las asambleas de ciudadanos; con el propósito de fortalecer la administración del poder comunal.

RESEÑA HISTÓRICA.

Los Consejos Comunales en Venezuela surgen gracias a la reformación de la  estructura político-territorial como base del funcionamiento democrático del Estado; pero esta estructura tiene sus antecedentes en la historia de las poblaciones de todos los continentes. A lo largo de los siglos se registraron movimientos sociales generados por consejos comunales que marcaron pauta, por ejemplo los que ocurrieron en: Castilla (1520-1521): Nueva Granada (1580) o la histórica Rebelión de los Comuneros de Paraguay (1717-1735) donde nació el principio que reza: “la voluntad del común es superior a la del propio rey”.

Luego de la Primera Guerra Mundial surge  la figura de los Soviets Rusos. La palabra Soviets, quiere decir Consejo o Asamblea. Precisamente a través de éstas, los Marxistas, asumieron una lucha contra el Estado; en este marco histórico, con los Soviets Rusos como instrumentos de lucha social, nacen frases que hoy son muy comunes en nuestro país: “Todo el poder para el pueblo”, “Todo el poder para los Consejos de los Trabajadores”, además fueron los pioneros en organizar los “Comités de Tierras”. Con el pasar del tiempo, los soviets pasaron a ser órganos del gobierno al estilo de los parlamentos en otros estados, la estructura de ese Estado estaba conformada por una base integrada por sucesivos consejos hasta llegar a la máxima autoridad, el Soviet Supremo. Cada República Socialista tenía su propio Soviet Supremo y estaba en un nivel medio entre el poder local y el poder federal.

Por su parte en Alemania también operaron los Consejos Comunales, bajo la denominación de Consejos de Obreros, por los años 1917–1921 creados por los derrotados marinos alemanes, influenciados por los soviets rusos, llevan a su país esta estructura social que fue extendiéndose hasta abarcar espacios como: fábricas, policías, abastecimientos, organización del trabajo, entre otras.

En Venezuela los Consejos Comunales nacieron legalmente a la luz de la Ley Especial de los Consejos Comunales, presentado por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, sancionada el 9 de abril de 2006 y publicada el 10 del mismo mes en la Gaceta Oficial Nº 5.806. Su objeto fue regular y desarrollar la conformación, integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales y su relación con el Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Esta ley sufrió reformas hasta llegar al marco legal por el que hoy en día nos regimos: “Ley Orgánica de los Consejos Comunales” (Gaceta Oficial No 39.335, 28 de diciembre de 2009, Gaceta Oficial Nº 39.377 del 02 de marzo de 2010).

BASES CONSTITUCIONALES  DE LOS CONSEJOS COMUNALES

En 1998 llega a la Presidencia Hugo Chávez Frías. Entre una de las banderas de su candidatura sostuvo la de la celebración de una constituyente, la cual fue convocada y culminó con la promulgación en 1999 del actual texto Constitucional, la convocatoria a una constituyente abrió un capítulo inédito en la historia de la sociedad civil venezolana la misma creo innumerables formas de participación ciudadana directa de los asuntos públicos, colocando en un segundo plano los mecanismos de representación o participación indirecta. “La democracia representativa da paso a la democracia participativa, al establecer el derecho de todos los ciudadanos a intervenir en todos los asuntos públicos, en todos los niveles” (Salamanca, 2003: 142).

La Carta Constitucional desde su preámbulo establece que “…el fin supremo de la misma es crear una sociedad democrática, participativa y protagónica…”. De esta manera se configura el basamento constitucional expresado en valores de la participación ciudadana. Entre los principios fundamentales que establece la Constitución Nacional, se destaca el artículo 6º “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Este dispositivo constitucional obliga a aquellos que dirigen los poderes públicos del estado a reformular la relación con los ciudadanos para incorporarlos al proceso de democratización de la gestión pública, puesto que el principio participativo informa y caracteriza al propio sistema de gobierno (Morales, Cuñarro y Leal, 2006).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en lo sucesivo CRBV, persigue crear controles sociales efectivos sobre la gestión del Estado y en este esfuerzo las formas democráticas de gobierno, la representación y la participación,…

Los Consejos Comunales nacen en Venezuela como un instrumento del Poder Popular para construir una sociedad de equidad y justicia social. Eso en la práctica significa que el pueblo organizado se moviliza para resolver necesidades sociales (alimentación, transporte, telecomunicaciones, vivienda y hábitat) y concretar aspiraciones de participación protagónica de las comunidades, especialmente de aquellas empobrecidas, atomizadas, desarticuladas y marginadas.

CONCEPTO DE CONSEJO COMUNAL.

El Consejo Comunal es la instancia de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad en la CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.

Es la forma de organización más avanzada que pueden darse los vecinos de una determinada comunidad para asumir el ejercicio real del poder popular, es decir, para poner en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad. Es además, la instancia básica de planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas. Así, incorpora a las diferentes expresiones organizadas de los movimientos populares. El consejo comunal también es la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución Bolivariana de Venezuela. El rol político de los consejos comunales es fundar el poder popular que superaría la estructura clásica de los tres poderes públicos republicanos Inteligencia emocional no es reprimir las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.

PARA QUÉ SIRVE

Si entendemos que el Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder popular, entonces se convierte en la plataforma humana que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado, y sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Sirve además como centro de información, producción y promoción de procesos participativos y para la identificación de problemas comunitarios.

PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES

 Ley Orgánica de los Consejos Comunales, enuncia en forma respectiva, un buen numero de principios y de deberes que apuntalan y sustentan la acción de tales instancias de articulaciones y participación, con el entendido que no puede existir acción alguna con interés social que no esté anclada y basada en valores que viabilicen con acierto el norte de las ejecutorias. En este sentido, nos expresa el legislador que la organización y el funcionamiento de los Consejos Comunales se debe regir siempre con los valores de la corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de género.

OBJETO DE LA LEY

Tiene por objeto crear, desarrollar y regular, en el marco de los lineamientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Popular, la conformación, integración, organización y funcionamiento de los consejos comunales del poder popular; su desarrollo armónico sustentable y sostenible dentro de un sistema de economía social; y la relación de éstos con los órganos del Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas.

CONSEJOS COMUNALES DEL PODER POPULAR

Los Consejos Comunales constituyen el espacio para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas a objeto de llevar a cabo la integración y articulación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los órganos del Estado, con la finalidad de permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y la ejecución de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

PERSONALIDAD JURÍDICA

Los consejos comunales constituidos y organizados conforme a la Ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana (Art 17 LOCC).

¿DÓNDE RESIDE EL PODER DE LA COMUNIDAD?

El poder no reside en el Consejo Comunal sino en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, conformada por las personas que habitan en esa área geográfica y que se reúnen para tratar acerca de los asuntos de su interés.

Es ella la que elige a las personas que conforman el Consejo Comunal. Esta asamblea es la máxima autoridad de la comunidad. Sus decisiones tienen poder vinculante para el Consejo Comunal. Es allí donde radica el poder popular.

El quórum de estas asambleas debe ser del 10 % de la población mayor de 12 años de dicha área geográfica.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas donde sea necesario. Hay sumas que multiplican. Eso debe ser el Consejo Comunal

Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad puede resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados. Para ello debe analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la propia comunidad y lograr el apoyo de los vecinos para resolver los problemas.

Promover la elaboración de proyectos en relación con los principales problemas que por sus altos montos o complejidad la comunidad no esté en capacidad de resolver. Estos proyectos deben ir al presupuesto participativo o a otras instancias de financiamiento.

Ejercer el control social en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, sean éstas de orden estatal, comunitario o privado (alimentación, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, cooperativas, misiones, y otras.)

¿CÓMO INTEGRAR EL CONSEJO COMUNAL?

Voceros y voceras de las diferentes actividades sectoriales (salud, educación, cultura, deportes, vivienda y otras).

Voceros y voceras de las microunidades vecinales.

Voceros y voceras que tendrían tareas de coordinación ejecutiva y administrativa (coordinador o coordinadora principal, persona responsable de tareas administrativas, otra para las tareas de secretaría). Estos cargos pueden ser rotativos si así lo estima la comunidad.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL CONSEJO COMUNAL?

ÁREAS DE TRABAJO

Las diversas organizaciones existentes en la comunidad deben integrarse a la comisión respectiva de acuerdo a su área de trabajo. Así tenemos:

  1. Economía popular (Consejo de Economía Popular, cooperativas, microempresas, bodegas solidarias, Mercalito y otros).
  2. Contraloría social.
  3. Educación y deportes (misiones educativas, club deportivo y otros).
  4. Cultura (grupos culturales, grupos religiosos y espirituales, y otros).
  5. Comunicación e información (medios alternativos comunitarios y otros).
  6. Salud, Desarrollo Social y Alimentación (comité de salud, comité alimentación, Comité de Protección Social, club de abuelos y abuelas y otros).
  7. Vivienda, Infraestructura y Hábitat (Comité de Tierra Urbana, mesa de agua, mesas de energía, cuadrilla ambientalista y otros).
  8. Justicia de Paz, Seguridad y Defensa (unidad de defensa).

Vocero o vocera: Es la persona electa por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas para cumplir con los mandatos de la comunidad. No está facultada para negociar o tomar decisiones individuales. No es un o una representante a quien le hemos entregado nuestro poder para que decida por nosotros.

Un vocero o vocera es un servidor popular, un servidor o servidora de la comunidad.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER VOCERA O VOCERO?

Ser habitante de la comunidad.

Solvencia moral.

Disposición y tiempo para el trabajo comunitario.

Espíritu unitario.

Capacidad de trabajo en colectivo.

Compromiso con los mandatos de la comunidad.

Que no acumule cargos directivos de elección popular.

Para dar formalidad al proceso de constitución de los Consejos Comunales y evitar que éstos se constituyan limitándose a reunir a las y los dirigentes de las organizaciones ya existentes, que no siempre cuentan con el apoyo popular, sugerimos la conveniencia de que exista un periodo de transición hasta la conformación propiamente tal del Consejo Comunal, tiempo durante el cual se elija un equipo promotor provisional. Probablemente se requieran algunas semanas o meses de trabajo y maduración.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL

  1. Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover nuevas organizaciones donde sea necesario.
  2. Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad puede resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados.
  3. Analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la propia comunidad.
  4. Lograr el apoyo de los vecinos para resolver los problemas de la comunidad.
  5. Promover la elaboración de proyectos para resolver los principales problemas que no están a su alcance. Estos deben ir al presupuesto participativo para introducirlos ante las instituciones de financiamiento.
  6. Participar con un vocero en la elaboración del presupuesto participativo.
  7. Recopilar, procesar y dar prioridad a las propuestas de las organizaciones comunitarias.
  8. Ejercer el control social en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, sean éstas de orden estatal, comunitario o privado (alimentación, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, cooperativas, misiones, etc.).
  9. Promover la constitución de cooperativas y elaboración de proyectos de desarrollo endógeno.
  10. Promover la movilización de la comunidad en defensa de sus proyectos.
  11. Defender los intereses colectivos, coordinando la ejecución de los mandatos de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
  12. Contribuir al desarrollo político y cultural integral de los miembros de la comunidad.
  13. Organizar el voluntariado social en cada una de las comisiones de trabajo.
  14. Establecer el orden y luchar contra la delincuencia y la corrupción.
  15. Nombrar voceros y voceras para que el Consejo esté presente en las instancias superiores de participación.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

  1. Solicitar copia certificada del proyecto de la comunidad e informar a la misma sobre el proyecto.
  2. Solicitar copia simple de las actas de los estatutos de las cooperativas de administración de recursos populares e informar a la comunidad sobre su contenido.
  3. Verificar el presupuesto del proyecto, monto, comparación de precios, entre otros.
  4. Velar porque los materiales sean de buena calidad y se mantengan en buen resguardo.
  5. En caso de que la mano de obra no sea voluntaria, verificar que el pago sea solidario.
  6. Solicitar ante la Cooperativa de Administración de Recursos Populares el movimiento financiero de la cuenta corriente e informar a la comunidad.
  7. Verificar que la obra se ejecute en el tiempo estimado.
  8. Solicitar a la ingeniería municipal la asistencia técnica a la obra.
  9. Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
  10. Sostener reuniones con otros comités de contraloría social de otras comunidades para compartir e intercambiar experiencias.
  11. Capacitar a los miembros del Comité de Contraloría Social en cuanto a procesos administrativos y ejecución de obras.
  12. Reunirse con todos los miembros de la Contraloría Social permanentemente.
  13. Elaborar informe final del proceso de ejecución de la obra.
  14. Controlar, hacer seguimiento y evaluar todo lo concerniente a la ejecución del proyecto comunitario.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POPULARES

  1. Representar a la comunidad ante el ente bancario.
  2. Ser responsable de los recursos presupuestados y asignados para el desarrollo del proyecto.
  3. Solicitar copia certificada del proyecto comunitario.
  4. Realizar un cronograma financiero de acuerdo con el tiempo de ejecución de la obra.
  5. Enviar reportes financieros quincenales al Comité de Contraloría Social
  6. Ajustar el desembolso del dinero de acuerdo con el lapso de ejecución del proyecto.
  7. Realizar el control sobre la ejecución del proyecto a fin de efectuar los pagos correspondientes.
  8. Presentar el informe a la comunidad sobre rendición de cuentas del uso de los recursos financieros.
  9. Supervisar que los egresos de las cooperativas sean puntuales para la ejecución del proyecto.
  10. Capacitarse mediante talleres en áreas sociales: social, financiera y técnica para la elaboración y presentación de proyectos.
  11. Realizar reuniones periódicas con las comunidades a fin de informar sobre el manejo de los recursos financieros de la cooperativa.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Cada Consejo Comunal estará integrado por: el órgano ejecutivo, la unidad de Gestión Financiera y la unidad de Contraloría Social.

El órgano ejecutivo promoverá y articulará la participación organizada de los integrantes de la comunidad, los grupos sociales y organizaciones comunitarias en los diferentes comités de trabajo. Éstos comités cubrirán las siguientes áreas: Salud, Educación, Tierra Urbana o Rural, Vivienda y Hábitat, Protección e Igualdad Social, Economía Popular, Cultura, Seguridad Integral, Medios de Comunicación e Información, Recreación y Deportes, Alimentación, Técnica de Agua, Técnica de Energía y Gas, Servicios, y cualquier otro que considere la comunidad. Entre sus funciones se encuentran: ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos, articular con las organizaciones sociales presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas organizaciones en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de las comunidades, elaborar planes de trabajo para solventar los problemas que la comunidad pueda resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados, y elaborar el plan de desarrollo de la comunidad a través del diagnóstico participativo.

La unidad de Gestión Financiera estará integrada por cinco habitantes de la comunidad electos por la Asamblea de Ciudadanos y funcionará como ente de ejecución financiera de los consejos comunales para administrar recursos financieros y no financieros, servir de ente de inversión y crédito, y realizar intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados.

Esta Unidad se denominará Banco Comunal y pertenecerá a un Consejo Comunal. Sus funciones, entre otras, son: administrar los recursos asignados, promover la constitución de cooperativas para la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno, impulsar el diagnóstico y el presupuesto participativo, promover el desarrollo local, los núcleos de desarrollo endógeno y cualquier iniciativa que promueva la economía popular y solidaria, y rendir cuenta pública anualmente o cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos.

La unidad de Contraloría Social estará conformada por cinco habitantes de la comunidad, electos por la Asamblea de Ciudadanos para realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional y municipal.

Este órgano de control deberá cumplir con las siguientes funciones: dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del Consejo Comunal, ejercer la coordinación en materia de Contraloría Social comunitaria, ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan de desarrollo comunitario y del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos comunitarios, y rendir cuenta pública de manera periódica.

LA COMUNA Y EL PODER COMUNAL

OBJETO DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNAS

Con la Ley Orgánica de Comunas se promueve la creación de una nueva instancia de gobierno territorial, la del poder comunal, con particularidades y características que la diferencian de las otras instancias de gestión gubernamental, tomando como base tres grandes premisas constitucionales: la primera contenida en el artículo 173 de la Carta Magna,“…la creación de entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio.” La segunda inherente al modelo democrático participativo y protagónico que la transversaliza y la tercera referida en el artículo 158 en cuanto a que “La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.

CONCEPTO DE COMUNA:

Las comunas son áreas o extensiones geográficas conformadas por las comunidades las cuales constituyen LA UNIDAD SOCIAL Y BASE POLITICA PRIMARIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD SOCIALISTA, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y la Ley, constituyendo el núcleo especial Básico e indivisible del Estado Socialista venezolano. La Ciudad comunal se constituirá cuando la totalidad de su perímetro se haya establecido las comunidades, las Comunas y los Autogobiernos comunales de la siguiente forma: El territorio bien definido y demarcado que le corresponda (Población con residencia estable, organización de la comunidad mediante consejos comunales y debidamente registrados en los órganos competentes.

EL AUTOGOBIERNO COMUNAL:

Se ejerce por medio de la ASAMBLEA POPULAR VOCEROS Y VOCERAS COMUNALES, como órgano básico deliberativo, de gobierno y administración, integrada por voceras y voceros de las diversas organización comunitarias, grupos sociales, instituciones y empresas de propiedad comunal, social y estadal, los ciudadanos y ciudadanas que permitan al pueblo ejercer directamente: la definición, formulación, planificación, diseño, ejecución y el control de la gestión pública y la consiguiente evaluación de los diversas políticas públicas.

 Sus decisiones son de carácter vinculante para la comuna, para la ciudad comunal, demás autoridades locales, instituciones y empresas de diferentes formas de la ciudad comunal. Auxilia y coopera (Responsable y corresponsable) con lo demás poderes, sin perder su autonomía.

 FUNCIONES:

-La función ejecutiva a través de una terna de ciudadanos o ciudadanas Venezolanas, Voceros y Voceras, a quienes corresponde el gobierno y administrativa.
-La función de control y evaluación a través de la Contraloría Social comunal de ciudadanos y ciudadanas, como su principal órgano auxiliar y además complementario de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Con plena autonomía orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de las políticas comunales, la descentralización, la planificación, los ingresos, gastos y bienes comunales en los términos establecidos en la Ley y su ordenanza.
-La función de planificación que será ejercida en corresponsabilidad con el consejo comunal de transformación y planificación publica.

-La función deliberante.

AUTONOMIA DE LAS COMUNAS:

 Las comunas son las células que estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituyen un núcleo especial básico en indivisible del estado Socialista Venezolano y tendrán el poder para contribuir a su futuro tendrán:

-Le elección directa de sus voceros y voceras a la Asamblea de gestión comunitaria, comunal y a la asamblea general de la ciudad comunal y/o Socialista.
-Crear instancias, mecanismos y sujetos de centralización, conforme a la nueva Constitución de la República Bolivariana y la Ley.…………………………………….
-Crear el concejo general comunal, como órgano superior de consulta y asesoramiento del autogobierno comunal y auxiliar de la asamblea popular voceros y voceras comunales.

-La libre gestión en materia de su competencia. Estará encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencias de competencias, bienes y servicios de los poderes públicos MUNICIPAL Y ESTADAL a la COMUNA y a los ciudadanos y ciudadanas comunales, elabora participativamente las ordenanzas: de contraloría social, de presupuesto, participación y corrupción.……………………………………
-Crear la contraloría social comunal de los ciudadanos y ciudadanas como órgano auxiliar de la ASAMBLEA POPULAR DE VOCEROS Y VOCERAS de la ciudad comunal y complementario de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA con autonomía plena orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de las políticas públicas comunales y de la ciudad. Este actuará bajo la dirección y responsabilidad del CONSEJO GENERAL COMUNAL y servirá de promoción y estimulo para la institucionalización de la presentación pública de los presupuestos y finanzas de la administración pública, así como para la debida rendición.
-Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes propios.………………..
-Impulsar y promover la participación ciudadana en el ejercicio de sus funciones relativas a los asuntos propios de la vida local y comunitaria conforme a su naturaleza.
-Crear el fondo de asistencia reciproca inter-comunitario para administrar los recursos provenientes del SITUADO y otros.

-La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

 En el ámbito de su competencia se cumplirán incorporando la participación de todo el pueblo en general al proceso de definición y ejecución de la gestión pública a cargo de las comunas; en el control y evaluación de sus resultados en forma objetiva, suficiente y oportuna conforme a la ley, sus actos no podrán ser impugnables sino por parte de los tribunales competentes de conformidad con las leyes.

INGRESOS:

-Los que obtengan por derechos de administración y tarifas en los servicios públicos que presten en ejercicio de sus competencias, y conforme en el artículo 184 de la nueva Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 de la ley orgánica de poder público municipal. ……………………
-Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le correspondan, incluyendo transferencias, subvenciones, donativos, asignaciones.

BIENES Y OBLIGACIONES:

Son bienes comunitarios todos aquellos de dominio público o privado que forman parte del patrimonio del Municipio y que hayan sido transferidos a la COMUNA respectiva para su administración y control, conforme con la  Constitución y la ley.

COMPETENCIAS CONCURRENTES:

La ley  contempla entre otros fines: Lograr una mejor y más eficiente distribución de competencias correspondientes a las comunas y a la Ciudad Comunal a los fines de garantizar el ejercicio pleno de autogobierno comunal socialista, responsable y autogobierno socialista revolucionario, corresponsable para garantizar el ejercicio del nuevo modelo de democracia participativa y protagónica.

FUSION:

Dos o más comunas podrán constituir una sola, cuando dicha fusión sirva para atender con mayor eficacia y eficiencia el desarrollo pleno de la democracia participativa y protagónica, en lo particular la administración y prestación de los servicios. La capacidad de una comuna para generar recursos propios para atender los gastos de gestión del auto gobierno y administración y proveer la prestación de los servicios mínimos gestionadas y transferidas, será fuente generadora de empleo y bienestar social para todo el ámbito municipal. A tal efecto poder establecerse convenios entre comunas orientadas por los principios de independencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad en la gestión pública.

LOS FINES DEL PODER POPULAR

 

El artículo 7 de la LOPP define los siguientes fines del Poder Popular:

  1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
  1. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.

Conforme al artículo 184 de la Constitución, esta transferencia de competencias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y  vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se

pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.

  1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
  2. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.
  3. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político- administrativas que la ley establezca.
  4. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.

La LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo.

  1. “Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.”

A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas”. La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”. Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”.

Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se define

en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada

en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana”.

LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.

 

1.-Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica

 En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.”

Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el

Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una iniciativa popular.

  1. Los voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo

 

Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder Popular, y que se denominan “voceros”  tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado. En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las instancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas.

En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voceros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio. La Ley, sin embargo, si indica que todas las instancias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).

  1. Sistemas de agregación comunal

En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comunales y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”

Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artículo 59 de la LOC, son las siguientes:

  1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.
  2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.
  3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administración, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.
  4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
  5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público.

En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de sistemas de agregación comunal así:

  1. El Consejo Comunal: como la instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”.
  2. La Comuna: como el “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”
  3. La Ciudad Comunal: “son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado”. Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio socialista” y célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales como agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son concebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.
  4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.
  5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
  6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER

POPULAR

  1. Formas organizativas del Poder Popular
  1. Las organizaciones del Poder Popular

Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes.”

  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular

En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran el interés colectivo.”

  1. Los fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular
  1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
  2. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión social del excedente.
  3. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
  4. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
  5. Ejercer la contraloría social.

 ÁMBITOS DEL PODER POPULAR

 

La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Políticas Públicas, la Economía Comunal, la Contraloría Social, la Ordenación y Gestión del territorio y la Justicia Comunal.

  1. Planificación de políticas públicas

Se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”

Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas”; y en cuanto al “Presupuesto participativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general” (art. 8.12).

  1. Economía Comunal

La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.” Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal el  cual se define en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”.

  1. Contraloría Social

En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia. Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social, donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales”.

  1. Ordenación y gestión del territorio

La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”

  1. Justicia comunal

 

En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

CONCLUSIONES

Actualmente existe en Venezuela un despliegue de la participación como el ejercicio más cercano a la democracia directa a través del diálogo, la corresponsabilidad, la mayor representación y el amplio carácter social y protagónico que se hace presente en la gestión pública por parte de comunidades, sectores y ciudadanía en general. Como resultado, la decisión pública se construye a partir de relaciones y eventuales alianzas entre actores que se relacionan, a veces siendo coincidentes en sus posiciones e intereses, y otras en medio de discrepancias.

Así, en los Consejos Locales de Planificación Pública la obligación que tienen estos de consultar a las comunidades y parroquias hace que pudiesen surgir diferencias acerca de las prioridades de desarrollo local en términos de inversión. El uso de técnicas y procedimientos de negociación permite la auto composición o arreglo directo entre las partes, sean ciudadanos o colectividades organizadas, sin intervención de terceros.

Es fundamental entonces, que todas las personas que formen parte de una organización comunitaria se conozcan a sí mismo como actor en cuanto a sus fortalezas y vulnerabilidades, no lo es menos que haga otro tanto con la contraparte. Ella es la otra cara de la moneda. Ver la situación desde la perspectiva del otro, sus objetivos, recursos y el equilibrio o capacidad de poder que posea comparativamente con el suyo. Tener muy en cuenta aquí que es importante establecer los intereses que están en conflicto y los que son coincidentes. Identificar qué está en juego. Fijar los objetivos deseables o aspiraciones y los que son esenciales, tomando en cuenta los puntos de retiro definidos para los asuntos de la agenda reparar en forma anticipada opciones posibles que se presentarán en la mesa de negociaciones posteriormente.

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 http://www.monografias.com/trabajos91/consejos-comunales-en-venezuela/consejos-comunales-en-venezuela3.shtml#ixzz2iOX5kkzG

Consejos Comunales, Comunas, Poder Comunal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Administración Pública

 

Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

Consejos Comunales. Comunas y Poder Comunal

 

 

Facilitador:                                                                  Participantes:

Dra Luisa  de Sanoja                                                 Alvia Dinino

                                                                                  Wilmer Hernández

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, 13 de Noviembre de 2013

 

INDICE

INTRODUCCIÓN                                                                                                      3                        

  1. EL ESTADO COMUNAL, EL PODER POPULAR EL SOCIALISMO 5
  1. LOS FINES DEL PODER POPULAR 10

III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.                                                     12

  1. Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica. 12
  1. Voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo 13
  1. Sistemas de agregación comunal 14
  1. Los Consejos comunales. 15
  1. Las Comunas 16
  1. Las Ciudades comunales 17
  1. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER POPULAR 18                                                                                                                      

1-Formas organizativas del Poder Popular                                                             18

  1. Las organizaciones del Poder Popular 18
  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular 18
  1. Fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular 19
  1. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR 19
  1. Planificación de políticas públicas 20
  1. Economía comunal 20
  1. Contraloría social  21
  1. Ordenación y gestión del territorio 21
  1. Justicia comunal 21
  1. RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR 22

VII. APRECIACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA       24

CONCLUSIONES.                                                                                                  27

BIBLIOGRAFÍA.                                                                                                      28

INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1999, actualmente vigente, constituyó a Venezuela como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (art.2), organizando a la República como “un Estado Federal Descentralizado” que “se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (art. 4).

Ese es el Estado Constitucional en Venezuela: un Estado Federal Descentralizado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia montado sobre un sistema de distribución vertical del Poder Público en tres niveles territoriales, entre el  Poder Nacional, el Poder de los Estados y el Poder  Municipal (art. 136), cada uno  debiendo tener siempre un gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución.

No es posible, por tanto, constitucionalmente hablando, crear por ley instancias políticas que vacíen de competencias a los órganos del Estado (la República, los

Estados, los Municipios y demás entidades locales) y menos aún establecerlos con funciones políticas sin que se asegure su carácter electivo mediante la elección de representantes del pueblo a través de sufragio universal, directo y secreto; sin que se asegure su autonomía política propia del carácter descentralizado; y sin que se garantice su carácter pluralista, en el sentido de que no pueden estar vinculados a una ideología determinada como es el Socialismo.

Este modelo de Estado Constitucional se intentó cambiar mediante una Reforma Constitucional sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007, con el objeto de establecer un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial, la cual sin embargo, una vez sometida a consulta popular, fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre de 2007.

Sin embargo, en burla a la voluntad popular y en fraude a la Constitución, desde antes de que se efectuara dicho referendo, la Asamblea Nacional en abierta violación a la Constitución comenzó a desmantelar el Estado Constitucional para sustituirlo por un Estado Socialista mediante la estructuración paralela de un Estado del Poder Popular o Estado Comunal, a través de la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, reformada posteriormente y elevada al rango de ley orgánica en 2009.

Posteriormente, el empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista fue rechazado de nuevo con ocasión de las elecciones legislativas efectuadas el 26 de septiembre de 2010, las cuales fueron planteadas por el Presidente de la República y la mayoría oficialista de la propia Asamblea Nacional, quienes hicieron una masiva campaña a favor de sus candidatos, como un “plebiscito” respecto al propio Presidente, su actuación y sus políticas socialistas ya previamente rechazadas por el pueblo en 2007, “plebiscito” que el Presidente de la República y su partido perdieron abrumadoramente pues la mayoría del país votó en contra de las mismas.

Sin embargo, al haber perdido el Presidente y su partido el control absoluto que ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que en el futuro les impedía imponer a su antojo la legislación que quisieran, antes de que los nuevos diputados electos a la

Asamblea pudieran tomar posesión de sus cargos en enero de 2011, en diciembre de 2010, atropelladamente y de nuevo en fraude a la voluntad popular y a la Constitución, la deslegitimada Asamblea Nacional precedente procedió a la sanción de un conjunto de Leyes Orgánicas mediante las cuales se ha terminado de definir, al margen de la Constitución, el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es otra cosa que un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado “Estado Comunal.”

Dichas Leyes Orgánicas son las del Poder Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal, de Contraloría Social, y del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular

Además, en el mismo marco de estructuración del Estado Comunal montado sobre el Poder Popular se destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y de las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y  de los Consejos Locales de Planificación Pública

La deslegitimada Asamblea Nacional, además, sancionó una Ley habilitante autorizando al Presidente de la República para por vía de legislación delegada, para dictar leyes en todas las materias imaginables, incluso de carácter orgánico, vaciando así por un período de 18 meses, hasta 2012, a la nueva Asamblea Nacional de materias sobre las cuales poder legislar.

Ahora bien, el marco definitorio general del Estado Socialista que se quiere imponer a los venezolanos, y por el cual nadie ha votado, montado sobre el ejercicio de la soberanía del pueblo exclusivamente en forma directa a través del ejercicio del Poder Popular y el establecimiento de un Estado Comunal está contenido en la Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), a cuyo análisis van destinadas estas notas, cuyas disposiciones, conforme a su artículo 6, “son aplicables a todas las organizaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.” Es decir, las disposiciones de esta ley orgánica son omnicomprensivas, se aplican a todos y a todo, como pieza esencial del principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.

  1. EL ESTADO COMUNAL, EL PODER POPULAR Y EL SOCIALISMO

El objetivo fundamental de estas leyes es la organización del “Estado Comunal” que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de “unidad política primaria de la organización nacional” (art. 168 de la Constitución), a través de cuya organización se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el ejercicio de la soberanía popular sólo directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Se trata por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa violándose así abiertamente la Constitución de la República.

El Estado Socialista que se busca implantar con estas leyes, denominado Estado Comunal, en paralelo al Estado Constitucional, se basa en este simple esquema: como el artículo 5 de la Constitución dispone que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público,” habiéndose estructurado el Estado Constitucional basado en el concepto de democracia representativa, es decir, el ejercicio  de la soberanía en forma indirecta mediante el sufragio; entonces ahora se estructura el Estado Comunal, basado en el ejercicio de la soberanía en forma directa.

Ello incluso ha sido “legitimado” por las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando al analizar el carácter orgánico de las leyes, como en la dictada en relación con la Ley Orgánica de las Comunas, señaló que la misma se dictó: “en desarrollo del principio constitucional de la democracia participativa y descentralizada que postula el preámbulo constitucional y que reconocen los artículos 5 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de cuyo contenido se extrae el principio de soberanía, cuyo titular es el pueblo, quien está además facultado para ejercerla “directamente” y no sólo “indirectamente” por los órganos del Poder Público; así como del artículo 62 ejusdem, que estatuye el derecho de las personas a la libre participación en los asuntos públicos y, especialmente, el artículo 70 del mismo texto fundamental, que reconoce expresamente medios de autogestión como mecanismos de participación popular protagónica del pueblo en ejercicio de su soberanía, medios que son sólo enunciativos en los términos de la predicha norma.”

Es con base en estos principios que en el artículo 8.8 de la LOPP, se define al Estado comunal, como la: “Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna.

Se busca establecer así, un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucional: el primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; en un sistema, en el cual el primero irá vaciando progresivamente de competencias al segundo. Todo ello es inconstitucional, particularmente porque en la estructura del Estado Comunal que se monta, el ejercicio de la soberanía en definitiva es indirecta mediante “re-presentantes” que se “eligen” para ejercer el Poder Popular en nombre del pueblo, y que son denominados “voceros” o “vocerías,” pero no son electos mediante sufragio.

El sistema que se busca montar, en definitiva, controlado todo por un Ministerio del Ejecutivo Nacional, lejos de ser un instrumento de descentralización – concepto que está indisolublemente unido a la autonomía política – es un sistema de centralización y control férreo de las comunidades por el Poder Central. Por ello la aversión al sufragio. En ese esquema, una verdadera democracia participativa  sería la que garantizaría que los miembros de los Consejos Comunales, las comunas y todas las organizaciones e instancias del Poder Popular fueran electas por sufragio universal, directo y secreto, y no a mano alzada por asambleas controladas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional, en contravención al modelo de Estado democrático y social de derecho y de justicia descentralizado establecido en la Constitución.

Pues bien, es en este contexto, y buscando establecer en paralelo al Estado Constitucional en el cual el pueblo ejerce indirectamente el Poder Público mediante representantes electos por sufragio universal directo y secreto, un Estado Comunal en el cual el pueblo supuestamente ejercería directamente el Poder Popular mediante voceros que no son electos por sufragio universal, directo y secreto, sino en asambleas de ciudadanos, el artículo 2 de la LOPP, define al Poder Popular, como: “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal”.

Todo lo cual no es más que una falacia, pues en definitiva en ese “edificio” del Estado Comunal se le niega al pueblo el derecho de elegir libremente, mediante  sufragio universal, directo y secreto a quienes van a representarlo en todos esos ámbitos, incluyendo el internacional. Se trata más bien de un “edificio” de organizaciones para evitar que el pueblo realmente ejerza la soberanía e imponerle mediante férreo control central políticas por las cuales nunca tendrá la ocasión de votar.

Por otra parte, según el artículo 4 de la LOPP, la finalidad de este Poder Popular que se ejerce por los órganos del Estado Comunal, “garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y  garantías constitucionales.”

Por supuesto todos estos principios de igualdad se rompen desde que el sistema  de Estado Comunal, paralelo al Estado Constitucional, se monta sobre una concepción única, que es el Socialismo, de manera que quien no sea socialista está automáticamente discriminado. No es posible, por tanto, en el marco de esta ley poder conciliar el pluralismo que garantiza la Constitución y el principio de la no discriminación por razón de “opinión política” a que se refiere este artículo, con el  resto de las disposiciones de la Ley que persiguen todo lo contrario, es decir, el establecimiento de un Estado Comunal, cuyas instancias sólo pueden actuar en  función del Socialismo y en las cuales todo ciudadano que tenga otra opinión que-da excluido.

Es decir, mediante esta Ley Orgánica se ha establecido el marco definitorio de un nuevo modelo de Estado paralelo y distinto al Estado Constitucional, denominado el Estado Comunal basado en forma exclusiva y exclusionista en el socialismo como doctrina y práctica política, que es la organización política a través de la  cual se produce el ejercicio del Poder Popular que es a la vez “el ejercicio pleno de  la soberanía por parte del pueblo.”

Ese Poder Popular se fundamenta, como se declara en el artículo 3 de la LOPP, “en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos  contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está  determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo” (art. 3). Con esta declaración, sin embargo, lejos de la universalidad, prevalencia y  progresividad de los derechos humanos que se garantizan en la Constitución, lo que se ha establecido es la desaparición total de la concepción universal de los derechos humanos, el abandono a su carácter prevalente y el retroceso ante los principios pro homines y favor libertatis, al condicionarse su existencia, alcance y progresividad a lo que se determine “por los niveles de conciencia política y organización del pueblo,” es decir, por lo que dispongan y prescriban las organizaciones del Poder Popular con las que se busca “organizar” al pueblo, todas sometidas al Socialismo.

Con ello desaparece la concepción de los derechos humanos como esferas que son innatas al hombre e inmunes frente al poder; pasándose a una concepción de los derechos humanos dependientes de lo que ordene un poder central, que en definitiva controla todo el “edificio” del Estado Comunal o Estado Socialista, como clara demostración del totalitarismo que está a la base de esta Ley.

En el mismo sentido se dispone en el artículo 5 de la LOPP, que “la organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas,” con lo cual, como se ha dicho, se vincula la organización del Estado Comunal que se organiza en paralelo al Estado Constitucional, con la ideología política socialista, es decir, con el socialismo, el cual se define en el artículo 8.14 como: “un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral.

Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias, ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.”

La misma expresión se utilizó en la Ley Orgánica de las Comunas respecto de la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las mismas (art. 2); en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales respecto de los mismos (art. 1), y en la Ley Orgánica de Contraloría Social (art. 6).

Lo primero que debe observarse respecto de esta norma, es la insostenible pretensión de vincular “la doctrina del Libertador Simón Bolívar” con los principios y valores socialistas. En la obra de Bolívar y en relación con su concepción del Estado nada puede encontrarse al respecto, no siendo la norma sino una pretensión más de continuar manipulando el “culto” a Bolívar para justificar los autoritarismos, como tantas veces ha ocurrido antes en nuestra historia.

Con la norma, por otra parte y por supuesto, se viola abiertamente la garantía del derecho de propiedad que está en la Constitución (art. 115) que no permite su restricción sólo a la propiedad colectiva o social excluyendo la propiedad privada de los medios de producción

El artículo 5 de la LOPP, por otra parte, define como “principios y valores socialistas” los siguientes: “democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. (art.5).

Muchas son las definiciones de socialismo, pero en todas, se pueden identificar sus elementos básicos:

  • un sistema de organización social y económico,
  • basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios  de producción, y
  • en regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales y de la distribución de los bienes,
  • buscando la progresiva desaparición de las clases sociales.

John Lynch ha señalado que: “El tradicional culto a Bolívar ha sido usado como ideología de conveniencia por dictadores militares, culminando con los regímenes de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras; quienes al menos respetaron, mas o menos, los pensamientos básicos del Libertador, aún cuando tergiversaron su significado.” Concluye Lynch señalando que en el caso de Venezuela, en la actualidad, el proclamar al Libertador como fundamento de las políticas del régimen autoritario, constituye una distorsión de sus ideas.

Este catálogo de “principios” por supuesto no están vinculados necesariamente al socialismo, ni son exclusivamente “principios y valores socialistas” como se pretende hacer ver, en una apropiación indebida que hace el legislador. El redactor de la norma, en realidad, lo que hizo fue copiar todo el elenco de principios que se encuentran definidos a lo largo de la Constitución, en muchas normas (Preámbulo y arts.1, 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 26, 84, 86, 102, 112, 137, 141, 153, 165, 257, 293, 299, 311, 316, 326, por ejemplo), y que son los valores del Estado Constitucional.

Sólo en algún caso no se han atrevido a utilizar la terminología clásica como “libertad de expresión,” y la han querido sustituir por “libre debate de ideas,” lo que por supuesto no es lo mismo, sobre todo porque dicha libertad no se tolera en un Estado Socialista que sólo conoce de una ideología única.

Para desarrollar y consolidar el Poder Popular, ignorando los valores y principios constitucionales básicos que tienen que tener todas las instancias de gobierno en Venezuela que deben ser “electivos, descentralizados, alternativos, responsables, pluralistas y de mandatos revocables” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución, es que se ha dictado la LOPP para supuestamente generar “condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que  surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder” (art. 1).

Conforme a la Constitución “la creación de nuevos sujetos de descentralización  a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” sólo es posible “a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.” (art. 184.6)

Ello significa que los mecanismos de participación que puedan establecerse conforme a la Constitución no son para vaciar a las estructuras del Estado Constitucional, es decir, de los “gobiernos locales y estadales,” sino para reforzarlas en la gestión pública.

Por otra parte, conforme a la Constitución, no puede haber gobierno alguno que no sea electivo, descentralizado y pluralista; sin embargo, en la LOPP se define un Estado paralelo que es el Estado Comunal, montado sobre “gobiernos” o “autogobiernos” que no son ni electivos, ni descentralizados ni pluralistas.

Sobre estos, el artículo 14 de la LOPP, se limita a definir “el autogobierno comunal y los sistemas de agregación que surjan entre sus instancias” como “un ámbito de actuación del Poder Popular en el desarrollo de su soberanía, mediante el ejercicio directo por parte de las comunidades organizadas, de la formulación, ejecución y control de funciones públicas, de acuerdo a la ley que regula la materia.”

En este contexto, además, a la “comunidad” se la define en la LOPP como el “núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en su ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes que comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole” (art. 8.4).

  1. LOS FINES DEL PODER POPULAR

 

El artículo 7 de la LOPP define los siguientes fines del Poder Popular, es decir, del “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” a través “de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2):

  1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.

Se destaca, en relación con lo que dispone la Constitución sobre la organización del Estado, el agregado de “socialista” que impone esta previsión, con lo cual se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega, por tanto, el derecho a la participación política.

  1. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.

Conforme al artículo 184.1 de la Constitución, esta transferencia de competencias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.

  1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
  1. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.

Estos, la verdad, no son valores de ninguna “ética socialista,” sino como se ha dicho anteriormente, son valores de la democracia y civilización occidental, propios del Estado Constitucional.

  1. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político- administrativas que la ley establezca.
  1. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.

A los efectos de esta norma, el artículo 8.6 de la LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo (art. 8.6).

Sin embargo, nada en la Constitución autoriza a que se asignen a entidades públicas comunitarias dependientes del Ejecutivo Nacional, competencias para ejercer vigilancia o contraloría social sobre las actividades privadas. Esa es una función que sólo pueden ejercer los entes político territoriales del Estado.

  1. “Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.” A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas” (art. 8.7).

La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida  en su ámbito geográfico” (art. 8.2).

Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”(art. 8.3).

Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se define en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana” (art. 8.5).

La Constitución, sin embargo, al referirse a las organizaciones comunitarias para poder ser sujetos de descentralización, las concibe sólo como entidades de carácter territorial, como “las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” que son las que pueden asumir conforme al artículo 186,6, “corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.”

III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.

  1. Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica

Las instancias del Poder Popular para el “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” y que forman las “diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2), conforme se precisa en el artículo 8.9 de la LOPP, están “constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, surjan de la iniciativa popular,” constituyendo las “organizaciones de base del Poder Popular” aquéllas “constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar colectivo” (art. 8.10).

La definición que se formula sobre la “comunidad organizada,” es similar en la Ley Orgánica de las Comunas, como “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización de base, articuladas en una instancia del Poder Popular”(art. 4.5)

En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.” (art. 4.12)

Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el

Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una iniciativa popular.

  1. Los voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo

 

Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder  Popular, y que se denominan “voceros” tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado.

En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las instancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas. En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voceros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio.

La Ley, sin embargo, si indica que todas las instancias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).

Debe indicarse, en efecto, que a la base de estas instancias del Poder Popular, están las Asambleas de Ciudadanos que si bien la LOPP no las regula específicamente ni las nombra en artículo alguno, sin embargo, las define como la “máxima instancia de participación y decisión de la comunidad organizada, conformada por la integración de personas con cualidad jurídica, según la ley que regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la  comunidad, las distintas formas de organización, el gobierno comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que establezcan las leyes que desarrollen la constitución, organización y funcionamiento de los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de éstos surjan” (art. 8.1).

  1. Sistemas de agregación comunal

 

En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comunales y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”

Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artículo 59 de la LOC, son las siguientes:

  1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.
  2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.
  3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administración, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.
  4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
  5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público.

La LOC, sin embargo, nada establece sobre las condiciones para la constitución de los sistemas comunales de agregación y sobre su funcionamiento, lo que se remite a ser establecido en el Reglamento de la LOC y los lineamientos que a tales efectos dicte el Ministerio del Poder Popular de las Comunas.

En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de sistemas de agregación comunal así:

  1. El Consejo Comunal: como instancia de articulación de los movimientos y organizaciones sociales de una comunidad.
  2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organizadas en un ámbito territorial determinado.
  3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado.
  4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.
  5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
  6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

En particular, en cuanto a la Ciudad Comunal, la federación Comunal y la

Confederación Comunal, las condiciones para su conformación deben ser desarrolladas en el Reglamento de cada Ley.

Ahora bien, de todas estas instancias del Poder Popular previstas para “el ejercicio del autogobierno,” el artículo 15 de la LOPP sólo se refiere con algún detalle a los Consejos Comunales y a las Comunas, las cuales por lo demás, son las que han sido reguladas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y en la ley Orgánica de Comunas; y a las Ciudades Comunales.

  1. Los Consejos comunales.

 

Los Consejos Comunales se definen en la Ley como la “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (art. 15.1).

Se destaca de esta definición legal, que los Consejos Comunales sólo y exclusivamente pueden tener por objeto contribuir a “la construcción de un nuevo modelo de sociedad socialista,” en violación al principio del pluralismo que establece el artículo 6 de la Constitución, por lo que todo aquél ciudadano que no siga o acepte la doctrina socialista no tiene cabida en este nuevo Estado paralelo que se busca construir con esta Ley.

Esta instancia del Poder Popular constituida por los Consejos Comunales está regulada en la mencionada Ley Orgánica de los Consejos Comunales, a cuyos “voceros,” además, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se les ha asignado la función de designar a los miembros de las Juntas Parroquiales, las cuales, en consecuencia, fueron “degradadas” dejando de ser las “entidades locales” que eran, con gobiernos electos por sufragio universal directo y secreto, pasando a ser simples órganos “consultivos,  de evaluación y articulación entre el Poder Popular y los órganos del Poder Público Municipal” (art. 35), cuyos miembros, además, los deben designar los voceros de los consejos comunales de la parroquia respectiva (art. 35), y sólo de entre aquellos avalados por la Asamblea de Ciudadanos “de su respectivo consejo comunal”(at. 36).

A tal efecto, en forma evidentemente inconstitucional, la Ley de reforma del Poder Municipal, decretó la “cesación” en sus funciones de “los miembros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes” (Disposición Derogatoria Segunda).

  1. Las Comunas

 

Las Comunas, por su parte, que están concebidas en la LOPP como la “célula fundamental” del Estado Comunal, se las define en el artículo 15.2 como el “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”

Esta misma definición de la Comuna como espacio socialista está en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas; noción que implica que la misma está vedada a todo aquél que no sea socialista o que no crea en el socialismo o que no comulgue con el socialismo como doctrina política. La concepción legal de la Comuna, por tanto, es contraria al pluralismo democrático que garantiza la Constitución, siendo abiertamente discriminatoria y contraria a la igualdad que también garantiza el artículo 21 de la Constitución.

Por otra parte, en la norma mencionada de la LOPP se define a la Comuna como una “entidad local,” y la misma calificación se encuentra en el artículo 1 de la

Ley Orgánica de las Comunas, que las define “como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia” (art. 1).

También en la reforma de la ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se incluyó a las comunas en el listado de las “entidades locales territoriales,” disponiéndose que las mismas, al estar reguladas por una legislación diferente como es la relativa al Poder Popular, y al deber constituirse “entre varios municipios,” quedan exceptuadas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Ahora bien, en cuanto a calificar a las Comunas como “entidades locales,” el Legislador deslegitimado de diciembre de 2010 olvidó que conforme a la Constitución (arts. 169, 173), esta expresión de entidad local sólo se puede aplicar a las entidades políticas del Estado en las cuales necesariamente tiene que haber “gobiernos” integrados por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto (arts. 63, 169) ceñidos a los principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución, es decir, tiene que ser “siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.”

Conforme a la Constitución, por tanto, no puede haber “entidades locales” con gobiernos que no sean democráticos en los términos mencionados, y menos por “representantes” designados por otros órganos públicos.

Y esto es precisamente lo que ocurre con los llamados “gobiernos de las comunas,” que conforme a esta legislación sobre el Poder Popular y sus organizaciones, no se garantiza su origen democrático mediante elección por sufragio universal, directo y secreto, siendo en consecuencia inconstitucional su concepción.

Debe destacarse, además, que en relación a el gobierno de las comunas, que como se establece en el artículo 28 de la LOPP, pueden transferir la gestión, la administración y la prestación de servicios a las diferentes organizaciones del Poder Popular. A tal efecto, las organizaciones de base del Poder Popular deben hacer las respectivas solicitudes formales, cumpliendo con las condiciones previas y requisitos establecidos en las leyes que regulen la materia. Esta instancia del Poder Popular constituida por las Comunas ha sido regulada en la Ley Orgánica de las Comunas.

  1. Las Ciudades comunales

 

Las ciudades comunales, conforme a la Ley, “son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado” (art. 15.3). Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio socialista” y “célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales como agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son concebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.

 

 

  1. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER POPULAR

Además de las instancias del Poder Popular, en la LOPP se establecen previsiones tendientes a regular dos formas organizativas específicas del Poder Popular: las organizaciones y las expresiones organizativas del Poder Popular.

1-Formas organizativas del Poder Popular

  1. Las organizaciones del Poder Popular

Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes.”

Estas organizaciones del Poder Popular se constituyen por iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con su naturaleza, por intereses comunes, necesidades, potencialidades y cualquier otro referente común, según lo establecido en la ley que rija el área de su actividad (art. 12).

Estas organizaciones del Poder Popular, al igual que las instancias del Poder Popular, conforme al artículo 32 de la LOPP, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. Queda en manos del Ejecutivo Nacional, por tanto, el reconocimiento formal de estas organizaciones, de manera que todas aquellas que no sean socialistas por ser contrarias a los fines prescritos en la Ley (art.1), serían rechazadas. En las registradas, por lo demás, no tendrían cabida los ciudadanos que no compartan la ideología socialista.

  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular

 

En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran el interés colectivo.”

Estas expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. (art. 13).

Conforme a la Disposición final Tercera, el ejercicio de la participación del pueblo y el estímulo a la iniciativa y organización del Poder Popular establecidos en la Ley, se deben aplicar en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.

  1. Los fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular

 

Estas organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular, conforme al artículo 11 de la LOPP, tienen como fines los siguientes:

  1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.

Como antes se dijo, con el agregado de “socialista” que esta previsión impone a la sociedad, se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega el derecho político a participar.

  1. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión social del excedente.

La LOPP, a estos efectos, define como “sistema económico comunal” el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”(art. 8.13).

  1. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
  1. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
  1. Ejercer la contraloría social.
  1. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR

 

La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Políticas Públicas, la Economía comunal, la Contraloría social, la Ordenación y gestión del territorio y la Justicia comunal.

  1. Planificación de políticas públicas

La planificación de políticas públicas en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”

De esta previsión, llama la atención la distinción entre los órganos del Estado Constitucional que se denominan como “institucionalidad pública” y las instancias del Poder Popular, lo que confirma la intención de la ley de establecer un Estado paralelo, el Estado Comunal, para vaciar de contenido y ahogar en definitiva al Estado Constitucional.

Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas” (art. 8.11); y en cuanto al “Presupuesto participativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general” (art. 8.12).

  1. Economía comunal

 

La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.”

Este ámbito de actuación del Poder Publico se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, en cual se define en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal” (art. 4.13)

  1. Contraloría social

 

En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado  que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.

 Este ámbito de actuación  del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social, donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales” (art. 2)

  1. Ordenación y gestión del territorio

 

La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”

  1. Justicia comunal

 

En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

El artículo 22 de la LOPP, remite a una ley especial la regulación de la jurisdicción especial comunal, la cual debe establecer la organización, el funcionamiento, los procedimientos y normas de la justicia comunal, así como su jurisdicción especial. La Ley Orgánica de las Comunas es algo más explícita al señalar que “la ley respectiva establecerá la naturaleza, los procedimientos legales, las normas y condiciones para la creación de una jurisdicción especial comunal, donde se prevea su organización y funcionamiento, así como las instancias con competencia para conocer y decidir en el ámbito comunal, donde los jueces o juezas comunales serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta de los y las habitantes del ámbito Comunal mayores de quince años”(art. 57).

La actuación de esta jurisdicción comunal conforme se exige en el artículo 22 de la LOPP, “estará enmarcada dentro de los principios de justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos por reposiciones inútiles.”

Esta misma definición se encuentra en el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Comunas.

Con estas previsiones se termina de vaciar a los Municipios de una competencia constitucional que tienen asignada (art. 178.7), que se intentó realizar con la rechazada reforma constitucional de 2007, y que corresponde ser ejercida por jueces de paz que conforme al artículo 258 de la constitución deben ser elegidos por votación universal, directa y secreta.

  1. LAS RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR

Como hemos señalado, el Estado Comunal que se establece en la LOPP, cuyas manifestaciones ejercen el Poder Popular, se ha establecido como un “Estado paralelo” al Estado Constitucional cuyos órganos electos por votación popular directa universal y secreta ejercen el Poder Público.

Se trata de dos Estados establecidos en paralelo, uno en la Constitución y otro en una ley inconstitucional, pero con previsiones en la ley que de llegar a ser aplicadas, permitirán al Estado Comunal ahogar y secar al Estado Constitucional.

A tal efecto, en la LOPP se establecen unas previsiones para regular las relaciones entre el Estado o el Poder Público y el Poder Popular, que en general se dispone que “se rigen por los principios de igualdad, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en el marco del sistema federal descentralizado consagrados en la Constitución de la República” (art. 26), y que son las siguientes:

En primer lugar, se establece como obligación legal para los órganos, entes e instancias del Poder Público el promover, apoyar y acompañar las iniciativas populares para la constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas organizativas y de autogobierno del pueblo (art. 23).

En particular, incluso, la Ley Orgánica de Comunas dispone que “los órganos integrantes del Poder Ciudadano apoyarán a los consejos de contraloría comunal a los fines de contribuir con el cumplimiento de sus funciones” (art. 48).

En segundo lugar, se sujeta a todos los órganos del Estado Constitucional que ejercen el Poder Público, a los mandatos de las organizaciones del Poder Popular, al instaurarse un nuevo principio de gobierno, consistente en “gobernar obedeciendo.” El artículo 24 de la LOPP en efecto dispone:

Artículo 24. Actuaciones de los órganos y entes del Poder Público. Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones del Poder Popular, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes.

Como las organizaciones del Poder Popular no tienen autonomía política pues sus “voceros” no son electos democráticamente mediante sufragio universal, directo y secreto, sino designados por asambleas de ciudadanos controladas e intervenidas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional que controla y guía todo el proceso organizativo del Estado Comunal, en el ámbito exclusivo de la ideología socialista, sin que tenga cabida vocero alguno que no sea socialista, en definitiva esto de “gobernar obedeciendo” es una limitación a la autonomía política de los órganos del Estado Constitucional electos, como la Asamblea nacional, los Gobernadores y Consejos legislativos de los Estados y los Alcaldes y Concejos Municipales, a quienes se le impone en definitiva la obligación de obedecer lo que disponga el Ejecutivo Nacional y el partido oficial enmarcado en el ámbito exclusivo del socialismo como doctrina política.

La voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitucional, por tanto, no tiene valor alguno, y al pueblo se le confisca su soberanía trasladándola de hecho a unas asambleas que no lo representan.

En tercer lugar, en particular, se establece la obligación para el Poder Ejecutivo Nacional, para que “conforme a las iniciativas de desarrollo y consolidación originadas desde el Poder Popular,” planifique, articule y coordine “acciones conjuntas con las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, las comunas y los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, con la finalidad de mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regional, local, comunal y comunitaria”(art. 25).

En cuarto lugar, se establece la obligación para los órganos y entes del Poder Público en sus relaciones con el Poder Popular, de dar “preferencia a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, en atención a los requerimientos que las mismas formulen para la satisfacción de sus necesidades y el ejercicio de sus derechos, en los términos y lapsos que establece la ley” (art. 29).

 Igualmente se prevé que los órganos, entes e instancias del Poder Público, en sus diferentes niveles político-territoriales, deben adoptar “medidas para que las organizaciones socio-productivas de propiedad social comunal, gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras” (art. 30).

En particular, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de las Comunas, se dispone que “todos los órganos y entes del Poder Público comprometidos con el financiamiento de proyectos de las comunas y sus sistemas de agregación, priorizarán aquéllos que impulsen la atención a las comunidades de menor desarrollo relativo, a fin de garantizar el desarrollo territorial equilibrado.

En quinto lugar, se establece la obligación para la República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que rige el proceso de transferencia y descentralización de competencias y atribuciones, la obligación de trasferir “a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas surjan; funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras atribuidos a aquéllos por la Constitución de la República, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo” (art. 27).

Con ello, se dispone legalmente el vaciamiento de competencias de los Estados y Municipios, de manera que queden como estructuras vacías, con gobiernos representativos electos por el pueblo pero que no tienen materias sobre las cuales gobernar.

En sexto lugar, se establece que las instancias y organizaciones de base del Poder Popular contempladas en la LOPP, están exentas de todo tipo de pagos de tributos nacionales y derechos de registro, a cuyo efecto, se podrá establecer mediante leyes y ordenanzas de los estados y municipios, respectivamente, las exenciones aquí previstas para las instancias y organizaciones de base del Poder Popular (art. 31).

VII- APRECIACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA EN SU INFORME DE GESTIÓN 2012

Esta advertencia está contenida en el Informe de Gestión 2012 de la Contraloría General de la República, documento al que se puede acceder en la página web del organismo.

“Admite que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado“.

Asimismo, reseñó que “….con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social”.

Igualmente, la Contraloría concluyó que  “…..el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero”.

A continuación el texto publicado por el medio:

“Se determinó que a los consejos comunales objeto de examen, el Estado les otorgó recursos para el desarrollo de diversos proyectos. No obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control por parte de los órganos del Estado, así como de los representantes de los consejos comunales”.

La Contraloría admite en el documento que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado, consignan facturas ilegibles, hacen compras que no están vinculadas con los proyectos aprobados por las asambleas de ciudadanos y no dejan constancia de haber recibido los materiales supuestamente adquiridos, entre otras irregularidades.

En el documento se indica, incluso, que con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social.

La Contraloría concluyó que el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero.

El órgano encargado de velar por el uso transparente del erario público llegó a este hallazgo luego de evaluar los procesos administrativos y financieros de cuatro consejos comunales, y de auditar la operación de cinco bancos comunales a los que les otorgaron recursos.

La muestra de cuatro consejos comunales tomada para el estudio constituye el 0,009% del total de organizaciones comunitarias que existen en Venezuela, y que, según cifras aportadas en febrero por la ministra de Comunas, Isis Ochoa, suman 43.600. Esto quiere decir que hay 43.596 consejos comunales que no fueron auditados por la Contraloría.

Tarjetas telefónicas y taxis. La organización comunitaria Jesucristo Mi Buen Compañero, del estado Carabobo, recibió 2,01 millones de bolívares en junio de 2008 para la construcción de 30 viviendas bajo la modalidad de autogestión.

“De la revisión efectuada se constató que 74 facturas, por un total de 48.384,38 bolívares, son ilegibles; hay 7.672,84 bolívares en gastos no vinculados con el desarrollo del proyecto por concepto de alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y medicinas, y 5.002,50 bolívares por concepto de traslados en taxi que no indican el nombre y cédula de identidad del beneficiario, así como el destino y actividades a realizar”, indica la Contraloría en cuanto a la auditoría de gastos de esa organización comunal.

En cuanto a los 120.000 bolívares otorgados al consejo comunal Eucaliptos Palo Alto, del estado Miranda, para la construcción de 300 metros de torrenteras con sus respectivas tuberías de aguas servidas, se advierte que fueron presentados soportes de gastos de 96,36% de los recursos entregados, que la síntesis del proyecto no cuenta con la firma de la asamblea de ciudadanos ni con el sello de la organización comunal.

Otro proyecto que no fue aprobado por la asamblea de ciudadanos fue el de impermeabilización de las azoteas de la zona F del 23 de Enero, para el cual se celebraron 10 contratos pero se tomaron 3, por 2.638.665,36 bolívares, para la auditoría.

Con respecto a lo ocurrido en el Centro Comunal Socialista Textileros y Afines, en el que se verificó la compra de una camioneta Cheyenne, marca Chevrolet, a nombre de una de las integrantes de dicha organización y no del consejo comunal, la Contraloría fue contundente: “Se deduce la falta de transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficiencia, responsabilidad social en lo que respecta a la transacción realizada para la adquisición del mencionado vehículo por parte del consejo comunal”.

Capacitación. Ante la imposibilidad de constatar si las comunidades organizadas han hecho uso transparente de los recursos públicos que se les entregan, la Contraloría advirtió la necesidad de capacitar a los ciudadanos en materia de rendición de cuentas. En total, 30.391 voceros de consejos comunales fueron capacitados en 2012 en esta materia.

Bancos comunales no recuperan los recursos

Entre 2007 y 2008 el Fondo de Desarrollo Microfinanciero otorgó a 5 bancos comunales 1,5 millones de bolívares clasificados como recursos retornables, de los cuales había recuperado hasta noviembre de 2011 un total de 36.740 bolívares, es decir, 2,45% de los recursos prestados, indica la Contraloría General de la República en su Informe de Gestión 2012.

“Queda un monto pendiente por recuperar de 1,46 millones de bolívares (97,55%), lo cual afecta la capacidad del sistema microfinanciero para atender la economía popular y alternativa a objeto de procurar su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social del país, debido a que los controles internos implementados por el fondo son débiles y no garantizan la recuperación de los recursos”, se indica en el documento.

El informe señala que estos bancos otorgaron 193 créditos, de los cuales 81 fueron para atender proyectos comunitarios. “Sin embargo, los expedientes carecen de suficiente información que permita establecer el uso y destino de los recursos”, se indica.

104 de los 112 créditos personales que fueron otorgados por 5 bancos comunales fueron otorgados sin que quedara constancia del destino que se les daría a dichos recursos.

CONCLUSIONES

Con esta Ley Orgánica marco del Poder Popular, no cabe duda de la decisión política adoptada en diciembre de 2010 por la completamente deslegitimada Asamblea Nacional que había sido electa en 2005, pues ya no representaba a la mayoría de la voluntad popular que se expresó el 26  de septiembre de 2010 en contra del Presidente de la República, de la propia Asamblea Nacional y de la política socialista que han adelantado; en imponerle a los venezolanos en contra de la voluntad popular y en fraude a la Constitución, un modelo de Estado Socialista, denominado “Estado Comunal,” basado en el ejercicio del Poder Popular por el pueblo, como supuesta forma de ejercicio de la soberanía en forma directa (lo que no es cierto pues se ejerce mediante “voceros” que lo “representan” y que no son electos en votaciones universales, directas y secretas); modelo de Estado Socialista establecido en forma paralela al Estado Constitucional (el Estado federal descentralizado, democrático y social, de derecho, y de justicia previsto en la Constitución de 1999) establecido para el ejercicio del Poder Público por el pueblo tanto en forma indirecta mediante representantes electos en votaciones universales, directas y secretas, como en forma directa mediante los mecanismos autorizados en la Constitución, donde se incluye a las Asambleas de Ciudadanos.

 Esta regulación, en paralelo, de dos Estados y dos formas de ejercicio de la soberanía, uno, el Estado Constitucional regulado en la Constitución y el otro, el Estado  Comunal o Estado Socialista regulado en leyes orgánicas inconstitucionales, se ha dispuesto en forma tal que el segundo irá actuando como

“estranguladora,” rodeando al primero hasta formar un tronco hueco, destruyéndolo. En esta forma, al fraude a la Constitución, que ha sido la técnica constantemente aplicada por el gobierno autoritario en Venezuela desde 1999 para imponer sus decisiones a los venezolanos al margen de la Constitución,

se suma ahora el fraude a la voluntad popular, al imponerle a los venezolanos mediante leyes orgánicas, un modelo de Estado por el cual nadie ha votado y que cambia radical e inconstitucionalmente el texto de la Constitución de

1999, que no ha sido reformado conforme a sus previsiones, en abierta contradicción al rechazo popular mayoritario que se expresó en diciembre de 2007 a la reforma constitucional que se intentó realizar incluso violando la propia Constitución, y al rechazo popular mayoritario del pueblo expresado respecto de la política del Presidente de la República y de su Asamblea Nacional con ocasión de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010.

 

 

BIBLIOGRAFIA

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Concejo Comunal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: planificación regional

Cátedra: administración pública

 

Facilitador:                                                                                     

Participantes:

                                                                                                Alvia Di Nino

                                                                                       Wilmer Hernández

                                                                                            Tania Reina

                                                                                           Ana B Arriba

 

Maracay, 30 de octubre de 2013

INTRODUCCIÓN

El Estado ha asumido como tarea la promoción de la organización popular impulsando la conformación de los consejos comunales a lo largo y ancho del territorio nacional y estos a su vez constituyen una forma de profundizar el modelo de participación y respuesta del estado ante las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo

Las experiencias de organización popular, con sus fortalezas y debilidades, nos han permitido avanzar hacia la comprensión de los mecanismos diseñados para migrar hacia un nuevo modo de concepción y organización de la gestión del Estado.

El Poder Popular organizado se constituye en el motor que impulse la conformación del Nuevo Estado Socialista, como elemento básico en la transición al Socialismo. La propuesta como nivel orgánico de agregación de las comunidades, implica formas organizativas y culturales para la construcción del tejido social de la revolución. Se debe concebir como un espacio integrado a la nueva cultura política de la revolución.

No deben existir sin la visión sistémica, donde se consideren los niveles que las definen: las comunidades y las escalas territoriales que a su vez conforman y cualifica. Y deben ser un hecho en construcción; composición estratégica para la construcción del socialismo. En su gestación se configuran como producto y proceso.

La Asamblea Nacional cumpliendo con su rol histórico de legislar en función de los cambios cualitativos que la nación requiere y adaptando las normativas legales a las necesidades del pueblo aprobó la Ley orgánica de los Consejos Comunales y la misma fue publicada en la Gaceta Oficial Número 39.335 el día lunes 28 de diciembre de 2009. Esta novísima ley viene a corregir los vacíos legales que dejaba la ley de los consejos comunales del 10 de abril de 2006, la cual no establecía los pasos para la revocatoria de voceros y le daba características de cooperativas a los bancos comunales los cuales funcionaban desarticulados de los demás comités de trabajo.

Luego de discutir con las comunidades organizadas las potencialidades y debilidades de la ley derogada, surge un nuevo marco legal que busca guiar la actuación de los voceros comunales y de la sociedad en general, como máximo poder, a través de las asambleas de ciudadanos; con el propósito de fortalecer la administración del poder comunal.

RESEÑA HISTÓRICA.

Los Consejos Comunales en Venezuela surgen gracias a la reformación de la  estructura político-territorial como base del funcionamiento democrático del Estado; pero esta estructura tiene sus antecedentes en la historia de las poblaciones de todos los continentes. A lo largo de los siglos se registraron movimientos sociales generados por consejos comunales que marcaron pauta, por ejemplo los que ocurrieron en: Castilla (1520-1521): Nueva Granada (1580) o la histórica Rebelión de los Comuneros de Paraguay (1717-1735) donde nació el principio que reza: “la voluntad del común es superior a la del propio rey”.

Luego de la Primera Guerra Mundial surge  la figura de los Soviets Rusos. La palabra Soviets, quiere decir Consejo o Asamblea. Precisamente a través de éstas, los Marxistas, asumieron una lucha contra el Estado; en este marco histórico, con los Soviets Rusos como instrumentos de lucha social, nacen frases que hoy son muy comunes en nuestro país: “Todo el poder para el pueblo”, “Todo el poder para los Consejos de los Trabajadores”, además fueron los pioneros en organizar los “Comités de Tierras”. Con el pasar del tiempo, los soviets pasaron a ser órganos del gobierno al estilo de los parlamentos en otros estados, la estructura de ese Estado estaba conformada por una base integrada por sucesivos consejos hasta llegar a la máxima autoridad, el Soviet Supremo. Cada República Socialista tenía su propio Soviet Supremo y estaba en un nivel medio entre el poder local y el poder federal.

Por su parte en Alemania también operaron los Consejos Comunales, bajo la denominación de Consejos de Obreros, por los años 1917–1921 creados por los derrotados marinos alemanes, influenciados por los soviets rusos, llevan a su país esta estructura social que fue extendiéndose hasta abarcar espacios como: fábricas, policías, abastecimientos, organización del trabajo, entre otras.

En Venezuela los Consejos Comunales nacieron legalmente a la luz de la Ley Especial de los Consejos Comunales, presentado por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, sancionada el 9 de abril de 2006 y publicada el 10 del mismo mes en la Gaceta Oficial Nº 5.806. Su objeto fue regular y desarrollar la conformación, integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales y su relación con el Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Esta ley sufrió reformas hasta llegar al marco legal por el que hoy en día nos regimos: “Ley Orgánica de los Consejos Comunales” (Gaceta Oficial No 39.335, 28 de diciembre de 2009, Gaceta Oficial Nº 39.377 del 02 de marzo de 2010).

BASES CONSTITUCIONALES  DE LOS CONSEJOS COMUNALES

En 1998 llega a la Presidencia Hugo Chávez Frías. Entre una de las banderas de su candidatura sostuvo la de la celebración de una constituyente, la cual fue convocada y culminó con la promulgación en 1999 del actual texto Constitucional, la convocatoria a una constituyente abrió un capítulo inédito en la historia de la sociedad civil venezolana la misma creo innumerables formas de participación ciudadana directa de los asuntos públicos, colocando en un segundo plano los mecanismos de representación o participación indirecta. “La democracia representativa da paso a la democracia participativa, al establecer el derecho de todos los ciudadanos a intervenir en todos los asuntos públicos, en todos los niveles” (Salamanca, 2003: 142).

La Carta Constitucional desde su preámbulo establece que “…el fin supremo de la misma es crear una sociedad democrática, participativa y protagónica…”. De esta manera se configura el basamento constitucional expresado en valores de la participación ciudadana. Entre los principios fundamentales que establece la Constitución Nacional, se destaca el artículo 6º “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Este dispositivo constitucional obliga a aquellos que dirigen los poderes públicos del estado a reformular la relación con los ciudadanos para incorporarlos al proceso de democratización de la gestión pública, puesto que el principio participativo informa y caracteriza al propio sistema de gobierno (Morales, Cuñarro y Leal, 2006).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en lo sucesivo CRBV, persigue crear controles sociales efectivos sobre la gestión del Estado y en este esfuerzo las formas democráticas de gobierno, la representación y la participación,…

Los Consejos Comunales nacen en Venezuela como un instrumento del Poder Popular para construir una sociedad de equidad y justicia social. Eso en la práctica significa que el pueblo organizado se moviliza para resolver necesidades sociales (alimentación, transporte, telecomunicaciones, vivienda y hábitat) y concretar aspiraciones de participación protagónica de las comunidades, especialmente de aquellas empobrecidas, atomizadas, desarticuladas y marginadas.

CONCEPTO DE CONSEJO COMUNAL.

El Consejo Comunal es la instancia de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad en la CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.

Es la forma de organización más avanzada que pueden darse los vecinos de una determinada comunidad para asumir el ejercicio real del poder popular, es decir, para poner en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad. Es además, la instancia básica de planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas. Así, incorpora a las diferentes expresiones organizadas de los movimientos populares. El consejo comunal también es la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución Bolivariana de Venezuela. El rol político de los consejos comunales es fundar el poder popular que superaría la estructura clásica de los tres poderes públicos republicanos Inteligencia emocional no es reprimir las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.

PARA QUÉ SIRVE

Si entendemos que el Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder popular, entonces se convierte en la plataforma humana que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado, y sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Sirve además como centro de información, producción y promoción de procesos participativos y para la identificación de problemas comunitarios.

PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES

 Ley Orgánica de los Consejos Comunales, enuncia en forma respectiva, un buen numero de principios y de deberes que apuntalan y sustentan la acción de tales instancias de articulaciones y participación, con el entendido que no puede existir acción alguna con interés social que no esté anclada y basada en valores que viabilicen con acierto el norte de las ejecutorias. En este sentido, nos expresa el legislador que la organización y el funcionamiento de los Consejos Comunales se debe regir siempre con los valores de la corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de género.

OBJETO DE LA LEY

Tiene por objeto crear, desarrollar y regular, en el marco de los lineamientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Popular, la conformación, integración, organización y funcionamiento de los consejos comunales del poder popular; su desarrollo armónico sustentable y sostenible dentro de un sistema de economía social; y la relación de éstos con los órganos del Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas.

CONSEJOS COMUNALES DEL PODER POPULAR

Los Consejos Comunales constituyen el espacio para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas a objeto de llevar a cabo la integración y articulación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los órganos del Estado, con la finalidad de permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y la ejecución de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

PERSONALIDAD JURÍDICA

Los consejos comunales constituidos y organizados conforme a la Ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana (Art 17 LOCC).

¿DÓNDE RESIDE EL PODER DE LA COMUNIDAD?

El poder no reside en el Consejo Comunal sino en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, conformada por las personas que habitan en esa área geográfica y que se reúnen para tratar acerca de los asuntos de su interés.

Es ella la que elige a las personas que conforman el Consejo Comunal. Esta asamblea es la máxima autoridad de la comunidad. Sus decisiones tienen poder vinculante para el Consejo Comunal. Es allí donde radica el poder popular.

El quórum de estas asambleas debe ser del 10 % de la población mayor de 12 años de dicha área geográfica.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas donde sea necesario. Hay sumas que multiplican. Eso debe ser el Consejo Comunal

Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad puede resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados. Para ello debe analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la propia comunidad y lograr el apoyo de los vecinos para resolver los problemas.

Promover la elaboración de proyectos en relación con los principales problemas que por sus altos montos o complejidad la comunidad no esté en capacidad de resolver. Estos proyectos deben ir al presupuesto participativo o a otras instancias de financiamiento.

Ejercer el control social en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, sean éstas de orden estatal, comunitario o privado (alimentación, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, cooperativas, misiones, y otras.)

¿CÓMO INTEGRAR EL CONSEJO COMUNAL?

Voceros y voceras de las diferentes actividades sectoriales (salud, educación, cultura, deportes, vivienda y otras).

Voceros y voceras de las microunidades vecinales.

Voceros y voceras que tendrían tareas de coordinación ejecutiva y administrativa (coordinador o coordinadora principal, persona responsable de tareas administrativas, otra para las tareas de secretaría). Estos cargos pueden ser rotativos si así lo estima la comunidad.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL CONSEJO COMUNAL?

ÁREAS DE TRABAJO

Las diversas organizaciones existentes en la comunidad deben integrarse a la comisión respectiva de acuerdo a su área de trabajo. Así tenemos:

  1. Economía popular (Consejo de Economía Popular, cooperativas, microempresas, bodegas solidarias, Mercalito y otros).
  2. Contraloría social.
  3. Educación y deportes (misiones educativas, club deportivo y otros).
  4. Cultura (grupos culturales, grupos religiosos y espirituales, y otros).
  5. Comunicación e información (medios alternativos comunitarios y otros).
  6. Salud, Desarrollo Social y Alimentación (comité de salud, comité alimentación, Comité de Protección Social, club de abuelos y abuelas y otros).
  7. Vivienda, Infraestructura y Hábitat (Comité de Tierra Urbana, mesa de agua, mesas de energía, cuadrilla ambientalista y otros).
  8. Justicia de Paz, Seguridad y Defensa (unidad de defensa).

Vocero o vocera: Es la persona electa por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas para cumplir con los mandatos de la comunidad. No está facultada para negociar o tomar decisiones individuales. No es un o una representante a quien le hemos entregado nuestro poder para que decida por nosotros.

Un vocero o vocera es un servidor popular, un servidor o servidora de la comunidad.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER VOCERA O VOCERO?

Ser habitante de la comunidad.

Solvencia moral.

Disposición y tiempo para el trabajo comunitario.

Espíritu unitario.

Capacidad de trabajo en colectivo.

Compromiso con los mandatos de la comunidad.

Que no acumule cargos directivos de elección popular.

Para dar formalidad al proceso de constitución de los Consejos Comunales y evitar que éstos se constituyan limitándose a reunir a las y los dirigentes de las organizaciones ya existentes, que no siempre cuentan con el apoyo popular, sugerimos la conveniencia de que exista un periodo de transición hasta la conformación propiamente tal del Consejo Comunal, tiempo durante el cual se elija un equipo promotor provisional. Probablemente se requieran algunas semanas o meses de trabajo y maduración.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL

  1. Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover nuevas organizaciones donde sea necesario.
  2. Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad puede resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados.
  3. Analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la propia comunidad.
  4. Lograr el apoyo de los vecinos para resolver los problemas de la comunidad.
  5. Promover la elaboración de proyectos para resolver los principales problemas que no están a su alcance. Estos deben ir al presupuesto participativo para introducirlos ante las instituciones de financiamiento.
  6. Participar con un vocero en la elaboración del presupuesto participativo.
  7. Recopilar, procesar y dar prioridad a las propuestas de las organizaciones comunitarias.
  8. Ejercer el control social en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, sean éstas de orden estatal, comunitario o privado (alimentación, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, cooperativas, misiones, etc.).
  9. Promover la constitución de cooperativas y elaboración de proyectos de desarrollo endógeno.
  10. Promover la movilización de la comunidad en defensa de sus proyectos.
  11. Defender los intereses colectivos, coordinando la ejecución de los mandatos de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
  12. Contribuir al desarrollo político y cultural integral de los miembros de la comunidad.
  13. Organizar el voluntariado social en cada una de las comisiones de trabajo.
  14. Establecer el orden y luchar contra la delincuencia y la corrupción.
  15. Nombrar voceros y voceras para que el Consejo esté presente en las instancias superiores de participación.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

  1. Solicitar copia certificada del proyecto de la comunidad e informar a la misma sobre el proyecto.
  2. Solicitar copia simple de las actas de los estatutos de las cooperativas de administración de recursos populares e informar a la comunidad sobre su contenido.
  3. Verificar el presupuesto del proyecto, monto, comparación de precios, entre otros.
  4. Velar porque los materiales sean de buena calidad y se mantengan en buen resguardo.
  5. En caso de que la mano de obra no sea voluntaria, verificar que el pago sea solidario.
  6. Solicitar ante la Cooperativa de Administración de Recursos Populares el movimiento financiero de la cuenta corriente e informar a la comunidad.
  7. Verificar que la obre se ejecute en el tiempo estimado.
  8. Solicitar a la ingeniería municipal la asistencia técnica a la obra.
  9. Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
  10. Sostener reuniones con otros comités de contraloría social de otras comunidades para compartir e intercambiar experiencias.
  11. Capacitar a los miembros del Comité de Contraloría Social en cuanto a procesos administrativos y ejecución de obras.
  12. Reunirse con todos los miembros de la Contraloría Social permanentemente.
  13. Elaborar informe final del proceso de ejecución de la obra.
  14. Controlar, hacer seguimiento y evaluar todo lo concerniente a la ejecución del proyecto comunitario.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POPULARES

  1. Representar a la comunidad ante el ente bancario.
  2. Ser responsable de los recursos presupuestados y asignados para el desarrollo del proyecto.
  3. Solicitar copia certificada del proyecto comunitario.
  4. Realizar un cronograma financiero de acuerdo con el tiempo de ejecución de la obra.
  5. Enviar reportes financieros quincenales al Comité de Contraloría Social
  6. Ajustar el desembolso del dinero de acuerdo con el lapso de ejecución del proyecto.
  7. Realizar el control sobre la ejecución del proyecto a fin de efectuar los pagos correspondientes.
  8. Presentar el informe a la comunidad sobre rendición de cuentas del uso de los recursos financieros.
  9. Supervisar que los egresos de las cooperativas sean puntuales para la ejecución del proyecto.
  10. Capacitarse mediante talleres en áreas sociales: social, financiera y técnica para la elaboración y presentación de proyectos.
  11. Realizar reuniones periódicas con las comunidades a fin de informar sobre el manejo de los recursos financieros de la cooperativa.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Cada Consejo Comunal estará integrado por: el órgano ejecutivo, la unidad de Gestión Financiera y la unidad de Contraloría Social.

El órgano ejecutivo promoverá y articulará la participación organizada de los integrantes de la comunidad, los grupos sociales y organizaciones comunitarias en los diferentes comités de trabajo. Éstos comités cubrirán las siguientes áreas: Salud, Educación, Tierra Urbana o Rural, Vivienda y Hábitat, Protección e Igualdad Social, Economía Popular, Cultura, Seguridad Integral, Medios de Comunicación e Información, Recreación y Deportes, Alimentación, Técnica de Agua, Técnica de Energía y Gas, Servicios, y cualquier otro que considere la comunidad. Entre sus funciones se encuentran: ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos, articular con las organizaciones sociales presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas organizaciones en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de las comunidades, elaborar planes de trabajo para solventar los problemas que la comunidad pueda resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados, y elaborar el plan de desarrollo de la comunidad a través del diagnóstico participativo.

La unidad de Gestión Financiera estará integrada por cinco habitantes de la comunidad electos por la Asamblea de Ciudadanos y funcionará como ente de ejecución financiera de los consejos comunales para administrar recursos financieros y no financieros, servir de ente de inversión y crédito, y realizar intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados.

Esta Unidad se denominará Banco Comunal y pertenecerá a un Consejo Comunal. Sus funciones, entre otras, son: administrar los recursos asignados, promover la constitución de cooperativas para la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno, impulsar el diagnóstico y el presupuesto participativo, promover el desarrollo local, los núcleos de desarrollo endógeno y cualquier iniciativa que promueva la economía popular y solidaria, y rendir cuenta pública anualmente o cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos.

La unidad de Contraloría Social estará conformada por cinco habitantes de la comunidad, electos por la Asamblea de Ciudadanos para realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional y municipal.

Este órgano de control deberá cumplir con las siguientes funciones: dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del Consejo Comunal, ejercer la coordinación en materia de Contraloría Social comunitaria, ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan de desarrollo comunitario y del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos comunitarios, y rendir cuenta pública de manera periódica.

LA COMUNA Y EL PODER COMUNAL

OBJETO DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNAS

Con la Ley Orgánica de Comunas se promueve la creación de una nueva instancia de gobierno territorial, la del poder comunal, con particularidades y características que la diferencian de las otras instancias de gestión gubernamental, tomando como base tres grandes premisas constitucionales: la primera contenida en el artículo 173 de la Carta Magna,“…la creación de entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio.” La segunda inherente al modelo democrático participativo y protagónico que la transversaliza y la tercera referida en el artículo 158 en cuanto a que “La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.

CONCEPTO DE COMUNA:

Las comunas son áreas o extensiones geográficas conformadas por las comunidades las cuales constituyen LA UNIDAD SOCIAL Y BASE POLITICA PRIMARIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD SOCIALISTA, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y la Ley, constituyendo el núcleo especial Básico e indivisible del Estado Socialista venezolano. La Ciudad comunal se constituirá cuando la totalidad de su perímetro se haya establecido las comunidades, las Comunas y los Autogobiernos comunales de la siguiente forma: El territorio bien definido y demarcado que le corresponda (Población con residencia estable, organización de la comunidad mediante consejos comunales y debidamente registrados en los órganos competentes.

EL AUTOGOBIERNO COMUNAL:

Se ejerce por medio de la ASAMBLEA POPULAR VOCEROS Y VOCERAS COMUNALES, como órgano básico deliberativo, de gobierno y administración, integrada por voceras y voceros de las diversas organización comunitarias, grupos sociales, instituciones y empresas de propiedad comunal, social y estadal, los ciudadanos y ciudadanas que permitan al pueblo ejercer directamente: la definición, formulación, planificación, diseño, ejecución y el control de la gestión pública y la consiguiente evaluación de los diversas políticas públicas.

 Sus decisiones son de carácter vinculante para la comuna, para la ciudad comunal, demás autoridades locales, instituciones y empresas de diferentes formas de la ciudad comunal. Auxilia y coopera (Responsable y corresponsable) con lo demás poderes, sin perder su autonomía.

 FUNCIONES:

-La función ejecutiva a través de una terna de ciudadanos o ciudadanas Venezolanas, Voceros y Voceras, a quienes corresponde el gobierno y administrativa.
-La función de control y evaluación a través de la Contraloría Social comunal de ciudadanos y ciudadanas, como su principal órgano auxiliar y además complementario de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Con plena autonomía orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de las políticas comunales, la descentralización, la planificación, los ingresos, gastos y bienes comunales en los términos establecidos en la Ley y su ordenanza.
-La función de planificación que será ejercida en corresponsabilidad con el consejo comunal de transformación y planificación publica.

-La función deliberante.

AUTONOMIA DE LAS COMUNAS:

 Las comunas son las células que estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituyen un núcleo especial básico en indivisible del estado Socialista Venezolano y tendrán el poder para contribuir a su futuro tendrán:

-Le elección directa de sus voceros y voceras a la Asamblea de gestión comunitaria, comunal y a la asamblea general de la ciudad comunal y/o Socialista.
-Crear instancias, mecanismos y sujetos de centralización, conforme a la nueva Constitución de la República Bolivariana y la Ley.…………………………………….
-Crear el concejo general comunal, como órgano superior de consulta y asesoramiento del autogobierno comunal y auxiliar de la asamblea popular voceros y voceras comunales.

-La libre gestión en materia de su competencia. Estará encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencias de competencias, bienes y servicios de los poderes públicos MUNICIPAL Y ESTADAL a la COMUNA y a los ciudadanos y ciudadanas comunales, elabora participativamente las ordenanzas: de contraloría social, de presupuesto, participación y corrupción.……………………………………
-Crear la contraloría social comunal de los ciudadanos y ciudadanas como órgano auxiliar de la ASAMBLEA POPULAR DE VOCEROS Y VOCERAS de la ciudad comunal y complementario de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA con autonomía plena orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de las políticas públicas comunales y de la ciudad. Este actuará bajo la dirección y responsabilidad del CONSEJO GENERAL COMUNAL y servirá de promoción y estimulo para la institucionalización de la presentación pública de los presupuestos y finanzas de la administración pública, así como para la debida rendición.
-Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes propios.………………..
-Impulsar y promover la participación ciudadana en el ejercicio de sus funciones relativas a los asuntos propios de la vida local y comunitaria conforme a su naturaleza.
-Crear el fondo de asistencia reciproca inter-comunitario para administrar los recursos provenientes del SITUADO y otros.

-La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

 En el ámbito de su competencia se cumplirán incorporando la participación de todo el pueblo en general al proceso de definición y ejecución de la gestión pública a cargo de las comunas; en el control y evaluación de sus resultados en forma objetiva, suficiente y oportuna conforme a la ley, sus actos no podrán ser impugnables sino por parte de los tribunales competentes de conformidad con las leyes.

INGRESOS:

-Los que obtengan por derechos de administración y tarifas en los servicios públicos que presten en ejercicio de sus competencias, y conforme en el artículo 184 de la nueva Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 de la ley orgánica de poder público municipal. ……………………
-Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le correspondan, incluyendo transferencias, subvenciones, donativos, asignaciones.

BIENES Y OBLIGACIONES:

Son bienes comunitarios todos aquellos de dominio público o privado que forman parte del patrimonio del Municipio y que hayan sido transferidos a la COMUNA respectiva para su administración y control, conforme con la  Constitución y la ley.

COMPETENCIAS CONCURRENTES:

La ley  contempla entre otros fines: Lograr una mejor y más eficiente distribución de competencias correspondientes a las comunas y a la Ciudad Comunal a los fines de garantizar el ejercicio pleno de autogobierno comunal socialista, responsable y autogobierno socialista revolucionario, corresponsable para garantizar el ejercicio del nuevo modelo de democracia participativa y protagónica.

FUSION:

Dos o más comunas podrán constituir una sola, cuando dicha fusión sirva para atender con mayor eficacia y eficiencia el desarrollo pleno de la democracia participativa y protagónica, en lo particular la administración y prestación de los servicios. La capacidad de una comuna para generar recursos propios para atender los gastos de gestión del auto gobierno y administración y proveer la prestación de los servicios mínimos gestionadas y transferidas, será fuente generadora de empleo y bienestar social para todo el ámbito municipal. A tal efecto poder establecerse convenios entre comunas orientadas por los principios de independencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad en la gestión pública.

LOS FINES DEL PODER POPULAR

 

El artículo 7 de la LOPP define los siguientes fines del Poder Popular:

  1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
  1. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.

Conforme al artículo 184 de la Constitución, esta transferencia de competencias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y  vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se

pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.

  1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
  2. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.
  3. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político- administrativas que la ley establezca.
  4. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.

La LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo.

  1. “Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.”

A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas”. La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”. Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”.

Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se define

en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada

en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana”.

LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.

 

1.-Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica

 En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.”

Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el

Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una iniciativa popular.

  1. Los voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo

 

Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder Popular, y que se denominan “voceros”  tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado. En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las instancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas.

En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voceros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio. La Ley, sin embargo, si indica que todas las instancias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).

  1. Sistemas de agregación comunal

En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comunales y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”

Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artículo 59 de la LOC, son las siguientes:

  1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.
  2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.
  3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administración, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.
  4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
  5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público.

En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de sistemas de agregación comunal así:

  1. El Consejo Comunal: como la instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”.
  2. La Comuna: como el “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”
  3. La Ciudad Comunal: “son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado”. Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio socialista” y célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales como agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son concebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.
  4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.
  5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
  6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER

POPULAR

  1. Formas organizativas del Poder Popular
  1. Las organizaciones del Poder Popular

Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes.”

  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular

En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran el interés colectivo.”

  1. Los fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular
  1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
  2. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión social del excedente.
  3. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
  4. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
  5. Ejercer la contraloría social.

 ÁMBITOS DEL PODER POPULAR

 

La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Políticas Públicas, la Economía Comunal, la Contraloría Social, la Ordenación y Gestión del territorio y la Justicia Comunal.

  1. Planificación de políticas públicas

Se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”

Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas”; y en cuanto al “Presupuesto participativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general” (art. 8.12).

  1. Economía Comunal

La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.” Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal el  cual se define en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”.

  1. Contraloría Social

En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia. Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social, donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales”.

  1. Ordenación y gestión del territorio

La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”

  1. Justicia comunal

 

En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

CONCLUSIONES

Actualmente existe en Venezuela un despliegue de la participación como el ejercicio más cercano a la democracia directa a través del diálogo, la corresponsabilidad, la mayor representación y el amplio carácter social y protagónico que se hace presente en la gestión pública por parte de comunidades, sectores y ciudadanía en general. Como resultado, la decisión pública se construye a partir de relaciones y eventuales alianzas entre actores que se relacionan, a veces siendo coincidentes en sus posiciones e intereses, y otras en medio de discrepancias.

Así, en los Consejos Locales de Planificación Pública la obligación que tienen estos de consultar a las comunidades y parroquias hace que pudiesen surgir diferencias acerca de las prioridades de desarrollo local en términos de inversión. El uso de técnicas y procedimientos de negociación permite la auto composición o arreglo directo entre las partes, sean ciudadanos o colectividades organizadas, sin intervención de terceros.

Es fundamental entonces, que todas las personas que formen parte de una organización comunitaria se conozcan a sí mismo como actor en cuanto a sus fortalezas y vulnerabilidades, no lo es menos que haga otro tanto con la contraparte. Ella es la otra cara de la moneda. Ver la situación desde la perspectiva del otro, sus objetivos, recursos y el equilibrio o capacidad de poder que posea comparativamente con el suyo. Tener muy en cuenta aquí que es importante establecer los intereses que están en conflicto y los que son coincidentes. Identificar qué está en juego. Fijar los objetivos deseables o aspiraciones y los que son esenciales, tomando en cuenta los puntos de retiro definidos para los asuntos de la agenda reparar en forma anticipada opciones posibles que se presentarán en la mesa de negociaciones posteriormente.

BIBLIOGRAFIA

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 http://www.monografias.com/trabajos91/consejos-comunales-en-venezuela/consejos-comunales-en-venezuela3.shtml#ixzz2iOX5kkzG

El Contrato Social


El Contrato Social

 

INTRODUCCIÓN

  1. EL CONTRATO SOCIAL, PRINCIPIO LEGITIMADOR DE LA SOCIEDAD POLÍTICA
  2. Exposición del pensamiento de Rousseau
  3. Valoración crítica
  4. La negación de la sociabilidad natural del hombre
  5. Discusión del concepto rusoniano de naturaleza humana
  6. Crítica de la tesis contractualista de Rousseau
  7. EL PODER SOBERANO DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
  8. Exposición del pensamiento de Rousseau
  9. La soberanía y la voluntad general
  10. La ley
  11. El gobierno o poder ejecutivo
  12. Otras instituciones políticas
  13. Valoración crítica
  14. Naturaleza y origen esencial de la autoridad del Estado
  15. El titular jurídico del poder estatal
  16. Fines y funciones de la autoridad política
  17. Ámbito y extensión del poder político del Estado

III. LA RELIGIÓN

  1. Exposición del pensamiento de Rousseau
  2. Valoración crítica

INTRODUCCIÓN

Jean-Jacques Rousseau nace en Ginebra en junio de 1712 y muere en Erménonville en julio de 1778, 11 años antes del comienzo de la Revolución Francesa. Bautizado en la religión calvinista, se convirtió al Catolicismo y en 1755 volvió de nuevo a la secta de Calvino. Cuando se leen en cualquier manual de Historia de la Filosofía los abundantes episodios de su azarosa vida, parece demasiado benigno el retrato que traza Copleston y los juicios de D’Holbach y Hume en él recogidos. “El carácter y la vida de Rousseau suministran abundante material para el psicólogo. Es verdad que parte de las anomalías se debieron a mala salud física (…) La adaptación social le fue difícil desde el principio, y aunque era capaz de profundo afecto, era demasiado sensible, suspicaz e intolerante para mantener amistades constantes. Era muy dado al autoanálisis y, sin embargo, muchas veces se entendió muy mal a sí mismo y a los demás. Era un filósofo, pero con un temperamento sumamente emotivo, y siempre estaba atento a la tensión entre pensamiento y emoción, espíritu y corazón, que le oprimió durante toda la vida. Romántico, emotivo, con un genuino sentimiento religioso, pero egocéntrico y mentalmente desequilibrado, no es sorprendente que Rousseau rompiera con les philosophes. D’Holbach advirtió a Hume que estaba calentando una víbora en su seno. Y Hume calificó luego a Rousseau de ‘el más curioso de todos los seres humanos’, y observó muy agudamente que Rousseau no había hecho más que sentir durante toda su vida, y que en él la sensibilidad llegó a una culminación sin ejemplo. Pero es claro que nada de eso afecta a la importancia de Rousseau en la historia de la filosofía”[1].

Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique vio la luz en Amsterdam en 1762, aunque parece que fue redactado en los años 1754-55. Su mismo autor advierte que es un extracto de una obra más extensa que quedó sin terminar. Consta de cuatro libros, subdivididos en capítulos. El libro primero trata del pacto o contrato social como fundamento de la sociedad civil. El segundo contiene sus teorías sobre la soberanía, la voluntad general y la ley. El gobierno, su institución, sus formas y la representación política son el objeto del tercero. El cuarto y último trata de instituciones políticas como el sufragio, el tribunado, la dictadura, la censura, y de la religión[2].

El pensamiento de Rousseau no está libre de dificultades de interpretación, empezando por la discutida cuestión de la unidad de su obra. Únase a esto su compleja y paradójica personalidad, su amplio influjo en la Filosofía Política, en la Revolución Francesa y en las Declaraciones de Derechos, y se tendrá una explicación de la amplísima bibliografía que su vida y su obra ha suscitado[3].

  1. EL CONTRATO SOCIAL, PRINCIPIO LEGITIMADOR DE LA SOCIEDAD POLÍTICA
  2. EXPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU

Du Contrat Social comienza con un planteamiento general del problema político. “El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimirle el sello de la legitimidad? Creo poder resolver esta cuestión”[4]. Puesto que presupone un inicial estado de naturaleza en el que los hombres son libres e independientes entre sí, Rousseau se ve obligado o a condenar toda forma de sociedad o a justificar en base a la misma libertad los vínculos sociales que la restringen.

La primera posibilidad debe eliminarse. En las actuales circunstancias del género humano no es ni practicable ni deseable, porque el orden social se ha convertido en la base de los demás derechos[5]. Queda abierta la segunda salida: mostrar que el orden social es legítimo. ¿Cuál es el principio de su legitimidad? No puede ser la fuerza o el poder físico; éste puede explicar la obediencia como un acto forzado, pero no el derecho de mandar ni el deber moral de obedecer[6]. Tampoco se puede acudir al Derecho Natural, porque el estado de naturaleza y el estado social son antitéticos por definición. Rousseau lo afirma secamente: “el orden social constituye un derecho sagrado (…) pero este derecho no es un derecho natural”[7]. La única sociedad natural es la familia, aunque sólo mientras los hijos necesitan de los padres para su conservación[8]. Esta será su solución: “puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan sólo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres”[9]El pacto o contrato social es el principio de legitimidad del orden político.

El contrato social de Rousseau es muy diverso al propugnado por Grocio y Hobbes. Para éstos era fundamentalmente un pactum subiectionis, un acto de sumisión por el que el pueblo cede su libertad y sus derechos a un gobernante, que a cambio se asume el deber de procurar la tranquilidad social. Semejante pacto es para Rousseau forzosamente ilegítimo y nulo: genera un régimen de despotismo y esclavitud, nunca un orden político conforme a la libertad e igualdad originarias del hombre. “Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus deberes. No hay resarcimiento alguno posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre: despojarse de la libertad es despojarse de moralidad”[10].

El problema político de Hobbes era el peligro de guerra civil (homo homini lupus), por lo que la cohesión social constituía el objetivo que debía lograrse bajo cualquier precio. Rousseau lo concibe de otra manera: el hombre es por naturaleza dueño de sí mismo, libre e igual a sus semejantes; determinadas circunstancias supeditan la subsistencia del género humano a la unión social; luego se necesita “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes”[11]. Con otras palabras: como el punto de partida de Rousseau es la libertad e igualdad de los individuos, su deseo es mostrar que el estado civil no es una sustitución de esas prerrogativas por la esclavitud en beneficio de la paz social, sino la elevación del hombre a una forma de libertad superior a la disfrutada en el estado de naturaleza.

Esto se logra por un pacto o contrato social entendido como la enajenación de los derechos individuales no en favor de uno o varios gobernantes, sino en favor de la entera comunidad constituida mediante el contrato. La esencia de este contrato es la siguiente: “cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo”[12]. El poder soberano que resulta de esta operación no es un derecho del rey o de los gobernantes, sino de toda la comunidad o cuerpo político, del que los individuos son a la vez miembros dirigentes (ciudadanos) y súbditos. Se verifica la aspiración de Rousseau: “dándose cada individuo a todos no se da a nadie en particular”[13].

Mediante el contrato social pasan los hombres del estado natural al civil. Este tránsito produce en ellos un cambio muy notable. La justicia sustituye al instinto, la voz del deber a la impulsión física, el derecho al apetito; y el individuo, que antes miraba sólo a sí mismo, se ve obligado a consultar a la razón antes de prestar oído a sus inclinaciones, adquiriendo sus actos la moralidad de que antes carecían[14]. El hombre pierde ciertamente su libertad natural y el derecho ilimitado a cuanto desea, pero gana la libertad civil y la propiedad de lo que posee, circunscrita la primera por la voluntad general y fundada la segunda sobre un título jurídico positivo. “Podríase añadir a lo que precede la adquisición de la libertad moral, que por sí sola hace al hombre verdadero dueño de sí mismo, y a que el impulso del apetito constituye la esclavitud, en tanto que la obediencia a la ley que uno mismo se prescribe es libertad”[15].

Subraya Rousseau con especial fuerza que los individuos recuperan con creces los bienes que enajenan en el cuerpo o comunidad política. En el estado de naturaleza hay simple posesión, en el civil hay derecho de propiedad, que el Estado garantiza tanto frente a los demás ciudadanos como frente a los extranjeros. En nada se ve paliada esta realidad por la subordinación de la propiedad particular “al derecho de la comunidad sobre todos los bienes, sin el cual no habría ni solidez en el vínculo social, ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía”[16], ya que se trata de dos derechos de diferente especie. Una última consecuencia del contrato social está a la base de todo sistema sociopolítico que quiera ser, como diríamos hoy, un moderno estado de derecho. “En vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza había establecido entre los hombres, los cuales, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, vienen a ser todos iguales por convención y derecho”[17].

  1. VALORACIÓN CRÍTICA

El primer problema estudiado por Rousseau en El Contrato Social es el del fundamento esencial de la sociedad política. Decimos fundamento esencial, y no origen histórico, porque no trata de averiguar cómo nacieron en el pasado las diversas sociedades concretas. Su propósito es mostrar la razón profunda que explica y justifica en general el hecho de que los hombres vivan en sociedad y el deber moral de aceptar los vínculos políticos que la vida en común impone[18].

La solución de Rousseau ya la conocemos: el principio de todo orden político legítimo es el pacto o contrato social, la libre decisión de asociarse tomada por los individuos. Esta tesis señala con verdad que toda sociedad de personas libres es una unión de inteligencias y de voluntades, y por eso implica forzosamente un elemento consensual o de asentimiento. Pero a la vez niega la dimensión social de la naturaleza humana, de lo que se siguen varios errores, entre ellos una interpretación torcida del consentimiento político de los ciudadanos.

  1. La negación de la sociabilidad natural del hombre

Es bastante claro que el planteamiento rusoniano del problema político es individualista. Trata de comprender el Estado desde el hombre como individuo, y no como ser asociado o sociable, buscando en la misma individualidad las razones de su inclusión y subordinación a la comunidad política[19], con el resultado de entender a ésta última como una síntesis de las libertades individuales (voluntad general). Sin embargo, es más difícil advertir que ese planteamiento rechaza la naturaleza social del hombre y los motivos profundos que le inducen a ello. Para lograrlo, veamos primero qué significa la tesis tradicional de que el hombre es social por naturaleza, examinando después en qué sentido Rousseau se separa de ella.

Que la naturaleza humana tiene una dimensión social, como a partir de Aristóteles han afirmado muchos filósofos, significa que la consecución de la plenitud integral de la persona está supeditada en buena medida, y en virtud de las mismas características naturales del ser humano, a la ayuda que se recibe y se presta a los demás. Sólo en el seno de la sociedad las personas pueden lograr el desarrollo de las potencialidades de su naturaleza y conseguir los fines a que ellas apuntan, de forma que esa plenitud es una tarea común (bien común). La situación es similar a la de los que, tratando de salvarse en un naufragio, advierten que en esas circunstancias la supervivencia de todos es indispensable para la de cada uno: sobrevivir se ha convertido en una misión común. Por eso, existe en la naturaleza humana un fuerte instinto social, y la razón entiende como moralmente obligatorios los requisitos que implica la vida en común, ya que ésta hace posible la realización de los fines que Dios ha confiado a la autodeterminación y responsabilidad moral de la persona[20].

Rousseau no niega que la subsistencia del hombre histórico está supeditada a la ayuda de los demás, ni tampoco que la defensa de sus derechos pueda entenderse como una misión común. Afirma que por “un azar funesto”[21] los hombres han llegado a una situación “en la que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural superan las fuerzas de cada individuo para mantenerse en él. Entonces este estado primitivo no puede subsistir si no cambiaba su manera de ser”[22], convirtiéndose en un estado social. Rousseau admite, pues, que la sociedad es necesaria para la vida humana, pero esa necesidad procede de la cultura y de la historia, no de la naturaleza. Por eso dice que el orden social no es un derecho natural[23], sino convencional[24].

Este error de Rousseau se deriva de su concepto de naturaleza. Considera como natural lo que se posee de modo inmediato por nacimiento, lo primitivo. Este primitivo estado de naturaleza se sustrae a la investigación empírica, pues sólo conocemos al hombre histórico, que desde el primer momento de su existencia está influido por la sociedad y la cultura en la que nace, sea ésta rudimentaria o evolucionada. Para definir el concepto de naturaleza Rousseau utiliza un procedimiento abstractivo, según el cual es natural lo que no es cultura, lo que le queda al hombre si se le despoja de todo lo mediatizado por la actuación de la razón y la voluntad, por las instituciones hijas de su ingenio, por la educación, por los hábitos y por el comercio material y espiritual con los semejantes. El estado de naturaleza es para Rousseau no una primitiva situación histórica del pasado, sino una suposición abstracta que se define por oposición a los conceptos de razón y cultura[25].

En el estado de naturaleza el hombre es asocial. La ley natural se manifiesta en los impulsos inmediatos. Siendo la propia conservación el más fundamental de éstos y la ley esencial de la naturaleza[26], sólo son naturales las relaciones necesariamente vinculadas a dicha tarea. Esta está supeditada a la ayuda de los demás mientras el individuo carece de uso de razón. Después, el sujeto es el único juez de los medios adecuados para conservarse, es dueño de sí mismo[27], por lo que la naturaleza no autoriza a considerarlo como unido a los demás, ni mucho menos como subordinado a un semejante. La naturaleza humana es libertad, independencia, ausencia de vínculos de subordinación y, por tanto, igualdad. El hombre, si atendemos a su naturaleza, es un individuo, no un ciudadano.

Se entiende entonces en qué sentido niega Rousseau el fundamento natural de la sociedad. Siendo la libertad y la igualdad las prerrogativas de la naturaleza humana, el individuo puede considerarse incluido en un todo más amplio sólo si libremente consiente en ello. Este consentimiento crea, es causa total de una institución social que ni existía ni era postulada por la naturaleza. Es más, si el Estado no se organiza como si hubiera tenido origen en el contrato, sería antinatural e ilegítimo, por contrariar los derechos naturales de la persona (libertad e igualdad). El hecho de que se admita que determinadas circunstancias históricas ponían en peligro la vida del individuo aislado, no impide a Rousseau considerar la sociedad como el medio excogitado por la razón humana para hacer frente a ese “funesto azar”. La sociedad política es una criatura del hombre, una obra artificial, no una institución natural.

De la negación del fundamento natural de la sociedad se siguen varios errores de la filosofía política de Rousseau. Enumeramos algunos sumariamente, porque serán objeto de un estudio más detenido en las páginas siguientes. Entendida la actuación de la razón en oposición a la necesidad física y moral de la naturaleza, la sociedad aparece como una institución enteramente dependiente del arbitrio humano, y por consiguiente:

– la sociedad, el derecho a mandar (autoridad) y el deber de obedecer no tienen su fundamento último en Dios, Autor de la naturaleza humana, sino en el consentimiento de los individuos, con lo que quedan sin explicación el deber de dar culto social a Dios, la obligatoriedad en conciencia de los vínculos y leyes civiles, la ilicitud moral de los comportamientos antisociales, etc.; se niega la existencia de unos fines sociales y de un criterio de justicia trascendente a las decisiones de la mayoría (Derecho Natural), ya que lo entera y libremente causado por el arbitrio humano depende de esa misma causa en lo referente a su organización y objetivos. Sólo se admite como fin necesario de la sociedad la defensa de los derechos naturales de libertad e igualdad. Como éstos tienen en Rousseau un carácter formal e indefinido, queda un amplio margen al relativismo ético-jurídico, es decir, a una organización social en la que no se reconocen unos valores objetivos e inmutables que las leyes positivas no pueden alterar ni derogar.

  1. Discusión del concepto rusoniano de naturaleza humana

La tesis de Rousseau es casi una banalidad, pues se reduce a constatar que la naturaleza humana no proporciona inmediata y enteramente organizada la convivencia humana, contrariamente a cuanto sucede en el caso de los instintos animales. El orden político es en buena parte fruto del ingenio y del esfuerzo humano, verdad que es admitida por todos, y que en nada se opone a que la sociedad sea una institución natural, como veremos después. Sólo desde la radical contraposición entre naturaleza y razón o cultura la tesis de Rousseau adquiere su carácter revolucionario.

La contraposición rusoniana de naturaleza y razón es filosóficamente inaceptable, y el concepto de naturaleza que de ella resulta no puede ser elevado a criterio axiológico. Santo Tomás de Aquino advierte que algo puede ser natural en dos sentidos: 1) porque la naturaleza inclina a ello, por ejemplo, es natural para el hombre decir la verdad; 2) porque la naturaleza no contiene de modo inmediato una disposición contraria, y así podríamos decir que es natural para el hombre el estar desnudo, o el no saber hablar[28]. Rousseau hace suyo este segundo sentido, y lo eleva a criterio del bien y del mal, poniéndolo en la base de su sistema ético-político y definiendo en base a él los derechos naturales de la persona y su índole asocial. La idea de naturaleza sólo tiene valor ético en el primer sentido, entendida como esencia que comporta una finalidad, según la cual se mide lo bueno y lo malo, lo natural en sentido ético .

Para definir qué es natural, para ver qué es conforme a la esencia humana, no se puede prescindir de la razón. Primero, porque las facultades racionales, tanto cognoscitivas como apetitivas, son parte principal de la esencia humana, y tienen sus exigencias propias: es natural conocer la verdad y querer y hacer el bien que la razón presenta como tal. Segundo, porque valorar la conformidad de una acción o institución con los fines de los impulsos sensibles o vegetativos requiere comparar cosas diversas y prever las consecuencias de las acciones, operación que sólo la razón puede realizar y que constituye la función natural de su vertiente práctica. Así la razón señala que comer en tal o cual medida permite reponer las fuerzas y conservar la salud, que es el fin de la tendencia natural al alimento, y de modo semejante regula la satisfacción de los demás instintos. Considerar como naturaleza humana los impulsos antes de ser regulados por la razón es identificar naturaleza y animalidad, llegar a una naturaleza infrahumana. Rousseau lo admite cuando afirma que al pasar al estado civil el hombre deja de ser un animal estúpido y se hace capaz de moralidad[29]. La humanización del hombre tiene lugar en la sociedad regulada por el derecho positivo, expresión mayoritaria de la voluntad del pueblo, sin un criterio objetivo y trascendente por tanto. La naturaleza ha perdido su valor normativo.

Desde el punto de vista gnoseológico, el procedimiento utilizado por Rousseau para formar el concepto de naturaleza humana es también inadmisible. La naturaleza es un proceso, y por eso ha de ser considerada axiológicamente como fin, y no como principio. Para un nogal lo natural es ser un árbol con ramas, flores y frutos, y no el permanecer en estado de semilla. También en la vida humana lo natural y lo bueno es la plenitud, la consecución de los fines sociales, morales y religiosos. El paso desde el estado inicial hacia la plenitud es obra de la libertad guiada por la inteligencia. Querer entender la naturaleza humana en oposición al concepto de razón o de cultura es tan absurdo como entender la naturaleza del nogal en oposición al concepto de árbol. Por eso es ilícito fijarse en el estado primitivo para determinar lo que es o lo que debe ser una cosa. Y menos lícito es aún fijarse en un estado primitivo hipotético, irreal. Si Rousseau considerase al menos el estado primitivo del hombre real, tendría que reconocer la existencia del instinto social y de la facultad racional.

Con estas consideraciones no pretendemos identificar naturaleza y cultura. No toda actuación cultural pertenece al ámbito de lo naturalmente exigido, ni toda forma cultural es conforme a la naturaleza. Existen manifestaciones de la cultura que son antinaturales. Pero nunca es lícito definir la naturaleza en oposición a la cultura o a la razón.

Una idea relacionada con el modo de entender las relaciones entre naturaleza y cultura es la profunda convicción rusoniana de que la naturaleza humana, entendida como conjunto de impulsos inmediatos, es buena, sin inclinación alguna al mal. En El Contrato Social apenas toca este tema, pero por el resto de sus obras se ve que el papel desempeñado por esta convicción es muy importante. El hombre natural busca su propio bien guiado por el amor de sí. Sólo la cultura, las relaciones con los demás hombres, la vida en una sociedad despótica y otras circunstancias extrínsecas a la naturaleza explican el nacimiento de las pasiones egoístas y, más en general, del mal. Con la instauración del nuevo orden social propugnado por Rousseau la malicia humana tendrá la medicina adecuada.

La bondad que Rousseau atribuye al hombre natural es del tipo de la bondad del animal. Este sigue sus instintos, que indudablemente se dirigen a su bien, y en ello no hay nada de reprochable. Pero si se tiene en cuenta la totalidad del hombre, se advierte la composición de partes, especialmente la razón y la sensibilidad, que explica que lo que es bueno en relación a una parte (a un instinto, por ejemplo) puede no serlo en relación a todo el hombre. Por eso las tendencias, aun no siendo malas, pueden apetecer desordenadamente, por encima o por debajo de la medida justa, su propio bien, y en ello consiste el mal. Atendiendo al influjo dispositivo de los instintos sobre la razón, se entiende que tampoco el hecho de que la voluntad quiera sub ratione boni apoya la tesis de Rousseau. La voluntad quiere el bien, pero no siempre lo objetivamente bueno, sino lo que la razón le presenta como tal. Y, como objetaba Aristóteles a Sócrates, tal como es cada uno así le parece el bien. Al airado le parece buena la venganza; al vicioso, los actos a que inclina ese hábito malo. El bien tiene una razón de conformidad o semejanza, y por eso se tiende a ver como bueno lo conveniente a la disposición que domina al sujeto. El bien humano requiere por eso orden y equilibrio, y éstos no son posibles sin la virtus, sin la lucha para dominar la vehemencia con que los instintos se dirigen a sus objetos. El optimismo naturalista de Rousseau no está justificado. Y menos aún si consideramos la verdad revelada del pecado original.

  1. Crítica de la tesis contractualista de Rousseau

No existiendo oposición entre naturaleza y razón, la necesaria intervención del hombre en la organización política de la convivencia no excluye que la sociedad civil sea una institución natural, exigida por la naturaleza humana y configurada por ésta en sus trazos más generales. Por consiguiente, la intervención de la libertad humana se limita a actualizar y concretar en el espacio y en el tiempo una inclinación y un deber natural. No puede hablarse de contrato en sentido rusoniano, porque el elemento consensual no es causa total de una institución obligatoria no preexistente a su acción, ni goza de una libertad total en la configuración de los vínculos sociales, ni explica completamente su obligatoriedad en conciencia. Veámoslo más despacio.

Existe un instinto social en la naturaleza humana. Ese instinto, puesto por Dios, obedece a una necesidad fundamental: la consecución de la perfección integral de la persona está supeditada en esta vida a la unión social con los semejantes. La sociedad es una exigencia básica de la naturaleza, porque condiciona la consecución de los fines de las demás tendencias, al menos en cierta medida. Por estar al servicio de la consecución de esos fines por parte de la persona, esos fines – contenidos en la ley moral natural – constituyen las líneas maestras del ordenamiento jurídico-político de la sociedad, que no queda por consiguiente totalmente sometido al arbitrio de los ciudadanos. La sociedad política es, pues, una institución natural: exigida por la naturaleza humana, y por ella configurada en cuanto a sus trazos fundamentales.

Esta exigencia natural, como es coherente con la inteligencia y libertad humanas, no se realiza sola. Los hombres han de llevarla a cabo, configurando según su libre parecer todo lo que la naturaleza no exige necesariamente. En este sentido, la sociedad política requiere también un libre consentimiento, una unión de inteligencias y voluntades. Algunos autores, sin abandonar la doctrina del Derecho Natural, hablan de un pacto como causa próxima de la sociedad política concreta; otros, en cambio, explican su origen de otras formas (evolución del patriarcado, hechos históricos, etc.)[30]. En todo caso quedan claros dos puntos: 1) se deben respetar las rectas convicciones morales y jurídicas de los ciudadanos y, en la práctica, todo régimen no tiránico cuenta al menos con el consentimiento tácito de los individuos; 2) si se habla de pacto, no se entiende por tal un acto creador de la sociedad como institución.

Messner explica claramente este segundo punto: “La teoría del consentimiento propia del Derecho Natural se diferencia, pues, de la individualista en todos los puntos esenciales: I) No son los individuos soberanos los que se unen por el consentimiento en una vinculación autónoma, sino que el hombre encuentra la unidad como una exigencia ética predibujada por su misma naturaleza. 2) No se encuentra en el consentimiento el origen del Estado y del poder estatal, pero sí el carácter del Estado como una unidad de orden de personas éticas. 3) El determinar el contenido esencial del consentimiento no corresponde a la libre voluntad de la comunidad estatal, sino que está señalado de antemano en su ‘constitución’ natural”[31].

El concepto rusoniano de contrato es inadmisible en los siguientes puntos: 1) en cuanto se entiende como creador o causa total y única de la sociedad concreta y de la institución social misma; 2) en cuanto se lo concibe por consiguiente como obra totalmente libre, no sujeta a ninguna exigencia ética natural propiamente social (el único criterio aceptado es la libertad e igualdad); 3) en cuanto se asume la fundamentación exclusiva del derecho de mandar y del deber moral de obedecer.

  1. EL PODER SOBERANO DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
  2. EXPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU
  3. La soberanía y la voluntad general

Sostiene Rousseau que un Estado sólo es posible si los intereses de todos los individuos coinciden por lo menos en un punto. Este punto común constituye el vínculo social y el criterio exclusivo por el que debe ser gobernada la comunidad[32]. Por el pacto social los individuos ceden sus derechos y su libertad a la comunidad o cuerpo político, expresión del común interés de vivir en sociedad. El poder que antes estaba en la voluntad de los individuos reside ahora – en virtud del contrato – en la voluntad de la comunidad entera, que Rousseau denomina voluntad general. La soberanía o supremo poder político pertenece a toda la sociedad, y consiste en el ejercicio de la voluntad general[33]. Los individuos conservan sus intereses particulares, y en ese sentido son también súbditos, cuyo deber moral consiste en adecuar su voluntad particular a la voluntad general de la comunidad soberana, de cuyo poder legislativo ellos mismos participan. La soberanía es, pues, el ejercicio de la voluntad general, y el soberano es el pueblo, ya que en el pueblo, constituido en cuerpo político mediante el contrato, reside esa voluntad.

La soberanía popular es inalienable. Pertenece necesariamente a la totalidad del cuerpo político, debe permanecer siempre en él, sin que sea posible enajenarla legítimamente. “Afirmo, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, pero no la voluntad”[34]. La transmisión de la soberanía equivaldría a entregarse a un dueño, lo que ipso facto significa la desaparición del soberano y la destrucción del cuerpo político[35].

“La soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable”[36]. La soberanía es el ejercicio de la voluntad general, y ésta no se puede dividir. De su división resultarían tan sólo voluntades particulares, a las que la soberanía no se vincula por ningún título.

“La voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública; pero no se deduce de ello que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud”[37]. La rectitud intrínseca de la voluntad general se deriva de la comunidad de intereses de que es expresión. El hecho de que un interés sea común, en el sentido de que cada individuo, al perseguirlo, persigue a la vez el suyo propio, significa por sí mismo que aquel interés es también necesariamente justo en su contenido.

Esta tesis de Rousseau debe ser ulteriormente aclarada mediante la distinción entre la voluntad general y la voluntad de todos. La voluntad de todos es la suma de las voluntades particulares, en la que se contienen indistintamente intereses comunes y particulares. Esta voluntad es falible. Con las votaciones, los intereses particulares de los individuos deberían en principio anularse recíprocamente, porque se contradicen entre sí, saliendo a la luz la verdadera voluntad general, el aspecto de las voluntades particulares común a todos[38], Pero esto sólo será posible en el supuesto de que no existan grupos particulares organizados, “sociedades parciales en el Estado, y de que cada ciudadano opine de acuerdo con su modo de pensar”[39]. En caso contrario, al lado del grupo más fuerte quedaría un resto de voluntad particular no anulada, que impediría el triunfo de la voluntad general.

En definitiva, la posición de Rousseau es que “el pueblo quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve. La voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la dirige no es siempre esclarecido”[40]. No puede equivocarse la voluntad de una sociedad en la que todos los ciudadanos participan en la elaboración de la ley, pero a condición de que se establezcan algunas garantías: una es la existencia de un sabio legislador, figura que explicaremos más adelante, otra es en la práctica la negación del derecho de asociación en lo civil, en lo político y en lo religioso.

La soberanía popular es absoluta. No tiene más limites que los derivados de su identificación con la voluntad general. La soberanía no tiene un límite por arriba: “es contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede ser quebrantada por él (…) no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo”[41]. Tampoco tiene un límite por abajo: estando formado por todos los particulares, el soberano “no tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos (…) El soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser”[42].

“El pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos”[43], que comprende incluso el derecho de vida y muerte[44]. Es verdad que la finalidad del contrato social es la conservación de los contratantes y de sus derechos, pero – argumenta Rousseau – quien quiere el fin quiere también los medios, aunque éstos comporten alguna carga: sólo podemos contar con la ayuda de los demás si ellos pueden contar con la nuestra. Si el Estado pide la vida, el individuo debe entregarla, “puesto que bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado”[45]. Muy semejante es la justificación de la pena de muerte: “para no ser víctima de un asesino es por lo que se consiente en morir si se degenera en tal”[46].

El poder sobre los súbditos tiene únicamente las limitaciones inherentes a la idea misma de voluntad general. El soberano no puede querer nada que sea inútil para la comunidad[47], pero sobre todo está obligado a que sus disposiciones sean generales también por su objeto. Este es un punto esencial para Rousseau: “la voluntad general, para que verdaderamente lo sea, debe serlo en su objeto y en su esencia; debe partir de todos para ser aplicable a todos, y pierde su natural rectitud cuando tiende a un objeto individual y determinado”[48]. No traspasar los límites de la utilidad general es más importante que contar con la mayoría de los votos[49]. Mientras que el cuerpo político soberano vincule a todos igualmente con sus disposiciones, investigar los límites de su poder equivale “a inquirir hasta qué punto los ciudadanos pueden obligarse para con ellos mismos, cada uno con todos y todos con cada uno”[50].

Después de esta explicación de los límites de la soberanía, Rousseau cree poder seguir sosteniendo que la libertad e igualdad del estado civil son más verdaderas y plenas que las del natural. La igualdad fundamenta la obligatoriedad, porque “los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son obligatorios sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos, no se puede trabajar por los demás sin trabajar para sí mismo”[51]. Todos se obligan bajo las mismas condiciones y todos gozan de idénticos derechos. Sería inicuo pretender gozar de los derechos del ciudadano sin cumplir los deberes que esa misma condición impone. Por eso, el contrato social contiene tácitamente el compromiso de que “cualquiera que rehuse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo; lo que no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre”[52].

Luego tampoco la libertad queda lesionada. La obligación se deriva de un contrato libremente estipulado, estamos en última instancia ante una autoobligación[53]. La voluntad general es la voluntad real de todos y cada uno de los ciudadanos, y seguir la propia voluntad es libertad[54] “Si, pues, prevalece una opinión contraria a la mía, ello prueba que yo estaba equivocado y que lo que consideraba ser la voluntad general no lo era. Si yo hubiera impuesto mi punto de vista particular, habría realizado lo contrario de mi voluntad, y entonces yo no habría sido libre”[55].

Rousseau explica por último que la voluntad general es indestructible[56]. Aun en el caso de deterioramiento del orden social, la voluntad general “permanece constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras voluntades más poderosas que ella”[57]. El peligro de colapso social no radica en que la voluntad general pueda desvirtuarse, sino en la posibilidad de que los individuos la desatiendan, ocupándose de sus intereses particulares.

  1. La ley

Si el contrato social da la existencia al cuerpo político, la ley le provee de todo lo necesario para su conservación. Rousseau afirma en una ocasión que toda justicia procede de Dios y que lo bueno depende de la naturaleza de las cosas, independientemente de las convenciones humanas.[58] Sostiene a la vez que los hombres no reciben fácilmente esa justicia divino-natural, a no ser que un sistema de sanciones garantice su cumplimiento por parte de todos, no sea que redunde en beneficio de los malvados y en detrimento de los justos. Son necesarias, por tanto, las leyes civiles, “que unan y relacionen los derechos y los deberes y encaminen la justicia hacia sus fines”[59].

Las leyes son la declaración de la voluntad general[60]. Como no hay voluntad general sobre un objeto particular, la materia de la ley será siempre general. Considerará “a los ciudadanos como un cuerpo y las acciones en abstracto (…) Toda función que se relacione con un objeto individual no pertenece al poder legislativo”[61]. De la naturaleza de la ley se sigue que el poder legislativo pertenece inalienablemente al pueblo soberano o, lo que es igual, que las leyes emanan de la voluntad general[62], Y que las leyes civiles son siempre justas, ya que nadie puede ser injusto consigo mismo[63]. La ley participa de la rectitud intrínseca de su principio, que es la voluntad general.

Ya advirtió Rousseau que el juicio que guía a la voluntad general no siempre es certero. Por eso, muchas veces será necesario recurrir a un sabio legislador, como lo fue Licurgo en la Grecia clásica y Calvino en la Ginebra de Rousseau[64]. Las características del legislador son una inteligencia superior, estar por encima de las pasiones e intereses terrenos y, principalísimamente, no poseer poder ejecutivo alguno. Su función no le hace partícipe de la soberanía, pues sólo el libre sufragio del pueblo confiere vigor de ley a sus proposiciones[65]. La misión del legislador es muy difícil: educar para la vida moral y social a la asocial naturaleza humana. A menudo se ha visto obligado a recurrir a la intervención del cielo, “para arrastrar por medio de la autoridad divina a quien no lograría excitar la prudencia humana”[66]. En el origen de las naciones frecuentemente la política instrumentalizó a la religión.

Los fines generales de las leyes son dos: la libertad y la igualdad[67]. “La libertad, porque toda dependencia individual es otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la libertad no puede subsistir sin ella”[68]. Basta la igualdad suficiente para que ni uno sea tan rico que pueda comprar a otro ni éste sea tan pobre como para estar obligado a venderse. Esta finalidad general de las leyes deberá adecuarse ulteriormente a las condiciones particulares de cada pueblo, tanto históricas como geográficas, demográficas o climatológicas[69].

Existen tres especies de leyes positivas. Las políticas o fundamentales regulan las relaciones del todo político consigo mismo. Las civiles ordenan las relaciones de los miembros entre sí, que han de reducirse todo lo posible, y las relaciones de los miembros para con el todo, que habrán de ampliarse al máximo. Las penales, por último, se ocupan de las relaciones entre el hombre y la ley, entre la desobediencia y el castigo. Se puede añadir una cuarta especie, grabada en el corazón de los hombres: los usos, las costumbres y las opiniones que condicionan el éxito de las leyes escritas[70].

  1. El gobierno o poder ejecutivo

El poder ejecutivo es formalmente distinto del legislativo. Dos causas concurren en la producción de un acto libre, una moral y una física: la voluntad que quiere el acto y la potencia que lo ejecuta. “En el cuerpo político existen los mismos móviles: distínguese en él la fuerza y la voluntad; ésta, bajo el nombre de poder legislativo; la otra, bajo el de poder ejecutivo. Nada se hace o nada debe hacerse sin su concurso”[71]. El poder legislativo pertenece necesariamente al pueblo soberano, y su actividad es la declaración de la voluntad general[72]. El poder ejecutivo o gobierno consiste en actos particulares, y por eso no puede pertenecer al pueblo en tanto que éste es legislador o soberano[73], aunque sí bajo otro concepto, como sucede en los gobiernos democráticos.

El gobierno ocupa un lugar medio entre la totalidad del cuerpo político y los súbditos. En efecto, es el gobierno “un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política”[74]. Los miembros de este cuerpo se denominan magistrados, reyes o gobernantes, y el cuerpo entero recibe el nombre de príncipe.

La institución del gobierno no es un contrato que confiere a una parte la autoridad soberana y a la otra el deber de la obediencia, ya que la soberanía es propiedad inalienable de la totalidad del cuerpo político[75]. Rousseau se opone netamente a las teorías contractualistas que defienden la existencia de un doble pacto: el pactum unionis, constitutivo de la sociedad política, y el pactum subiectionis, que traslada la soberanía al gobernante elegido por el pueblo. Ya nos dijo Rousseau que este segundo pacto es forzosamente nulo e ilegítimo. Ahora lo reafirma rotundamente: “no hay más que un contrato en el Estado, que es el deasociación, y éste excluye todos los demás. No podría celebrarse ningún otro que no fuese una violación del primero”[76]. La reciprocidad de derechos y obligaciones, esencia del orden social, quedaría rota por el pacto de sumisión.

La institución del gobierno es una ley[77] por la que el pueblo soberano establece que habrá un cuerpo gubernativo de tal o cual forma. Como esta ley ha de ser aplicada mediante un acto particular, los ciudadanos se constituyen en un gobierno democrático provisional y designan a los que han de integrar el gobierno instituido por la ley. La institución del gobierno comprende, pues, dos actos sucesivos, el primero es legislativo y el segundo de gobierno[78] Queda así bien claro que la institución del gobierno “no es un contrato, sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los dueños del pueblo, sino sus funcionarios (…); que no es de su incumbencia contratar, sino obedecer, y que al encargarse de las funciones que el Estado les impone, no hacen más que cumplir su deber de ciudadanos, sin tener ningún derecho para discutir sobre las condiciones”[79].

Por consiguiente, la función de gobierno queda delineada como una delegación revocable. La soberanía permanece en todo momento en el pueblo. El gobierno “sólo constituye una comisión, un empleo, en el cual, simples funcionarios del cuerpo soberano ejercen el poder que éste ha depositado en ellos, y el cual puede limitar, modificar y revocar cuando le plazca”[80]. Es éste un punto característico de la filosofía política de Rousseau, expresión del ideal de la supremacía absoluta de la ley. Esta, como declaración de la voluntad general, está por encima de los individuos, sean súbditos o gobernantes.

El estudio rusoniano de las formas de gobierno no contiene elementos de novedad o especial interés. Distingue, como es tradicional, tres formas puras:democracia, aristocracia y monarquía, a las que habría que añadir las formas mixtas[81]. En un plano ideal la democracia sería una buena forma de gobierno. Pero en la práctica de la vida humana tiene muchos inconvenientes, el principal de los cuales es la confusión de las funciones legislativa y ejecutiva, es decir, la intromisión de asuntos particulares en la asamblea declarativa de la voluntad general[82]. “Si hubiera un pueblo de dioses se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”[83]. y en el mismo sentido añade: “no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia. Es contra el orden natural que el mayor número gobierne y los menos sean gobernados”[84].

Rousseau muestra sus preferencias por la aristocracia electiva, siempre que se asegure que los magistrados gobernarán en beneficio del pueblo y no en el suyo propio[85]. Habla también de la aristocracia natural y de la hereditaria. Esta última es el peor de los gobiernos. La monarquía es la forma de gobierno más unitaria, activa y vigorosa, pero también la más expuesta al predominio de la voluntad particular sobre el interés común[86].

No existe una forma de gobierno óptima para todos los Estados. Puede seguirse, sin embargo, el siguiente criterio general: el número de magistrados debe estar en razón inversa al de ciudadanos. El gobierno democrático resulta más conveniente a los Estados pequeños, el aristocrático a los medianos, y el monárquico a los grandes. Este criterio tiene su fundamento en dos principios: I) un gobierno es más débil cuanto mayor es el número de los gobernantes; 2) el gobierno necesita mayor fuerza cuanto más numerosa es la población[87]. En una ciudad de diez mil habitantes, cada ciudadano posee la diezmilésima parte de la soberanía, en una de cien mil la cienmilésima, etc. Cuanto menor es la participación en la redacción de las leyes, más dificultosa es la obediencia y más necesaria la represión.

A la hora de determinar la forma de gobierno mejor para un Estado, se deben considerar también las condiciones económicas y climáticas[88]. Pero Rousseau prefiere preguntarse cuáles son los signos del buen gobierno que tratar de determinar directamente cuál es el mejor. Como el fin de la asociación política es la conservación y prosperidad de sus miembros, y éstas se manifiestan en el aumento de la población, se debe concluir que el gobierno bajo el cual la población se multiplica es infaliblemente mejor[89].

  1. Otras instituciones políticas

También estudia Rousseau instituciones como la representación, el sufragio, el tribunado, la dictadura y la censura. Su juicio sobre la representación política es muy negativo. Es una clara señal de decadencia del Estado, de que los ciudadanos se desinteresan por los asuntos comunes, refugiándose en la comodidad de nombrar y pagar representantes. De ahí también su aborrecimiento de los impuestos. Niega tajantemente que el pueblo pueda ser representado en el poder legislativo – la soberanía popular es inalienable – , pero cree necesaria la representación en el ejecutivo, aclarando que los representantes son simples delegados sin poder de decisión: su función es ejecutar la ley ratificada por el pueblo[90].

Respecto al sufragio, piensa Rousseau que sólo el contrato social o pacto constituyente del orden civil exige un consentimiento unánime. “Nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretexto, sojuzgarlo sin su consentimiento”[91]. En las demás cuestiones deberá seguirse el juicio de la mayoría. Qué mayoría deba considerarse suficiente dependerá de la importancia y de la urgencia del problema en cuestión[92].

Después de una larga exposición de la forma como se organizaban los comicios populares durante los diversos períodos de la Roma clásica, Rousseau establece la conveniencia de instituir una magistratura especial, el tribunado, que tendría la misión de evitar la alteración de las relaciones entre las partes del Estado. “Es el conservador de las leyes y del poder legislativo, y sirve a veces para proteger al soberano contra el gobierno, como hacían en Roma los tribunos del pueblo; otras para sostener al gobierno contra el pueblo, como hace en Venecia el Consejo de los Diez, y otras para mantener el equilibrio entre una y otra parte, como hacían los éforos en Esparta”[93].

En casos manifiestamente extraordinarios es admisible la dictadura. Se deberá fijar su duración, evitará poner en suspenso las leyes y, en todo caso, nunca podrá legislar. No puede considerarse contraria a la voluntad general, porque la intención de ésta es que el Estado no perezca en esas circunstancias de especial peligro[94].

La censura es “la manifestación del juicio público”[95]. El censor no es juez de la opinión pública, sino su ministro, el órgano por el que aquélla se expresa. Puede contribuir a conservar las costumbres, pero nunca a reestablecerlas: lo que la fuerza de la ley no ha logrado, el censor ni siquiera debe intentarlo.

  1. VALORACIÓN CRÍTICA

El concepto de soberanía comenzó a utilizarse, para designar a la autoridad política suprema, en la época que va del año 1250 al 1350[96]. La elaboración y transformaciones de este concepto están estrechamente ligadas al proceso histórico de formación de la moderna idea de Estado[97]. No siendo éste el lugar para entrar en los detalles de esa compleja historia, nos limitaremos a señalar tres puntos: I) en la actualidad ese concepto resulta aceptable, pues pone de manifiesto la existencia de una autoridad política superior a los demás poderes sociales y jurídicamente independiente de la de los demás Estados; 2) sería inadmisible, en cambio, si se entendiese por soberanía una potestad absoluta – a legibus soluta – , no sujeta a los principios del Derecho Natural; 3) la necesidad de establecer relaciones internacionales cada vez más amplias y el progresivo imponerse de la idea de comunidad internacional, explican la revisión a que el viejo concepto de soberanía estatal está siendo sometido en la actualidad.

Acerca del poder político conviene distinguir cuatro problemas que, aunque muy relacionados entre sí, son netamente distintos:

  1. I) el origen esencial de la autoridad, como primera razón que la fundamenta; 2) el titular jurídico o depositario del derecho de mandar; 3) los fines y funciones de la autoridad, segunda razón que la fundamenta y que mide la legitimidad de su ejercicio; y 4) el ámbito o extensión que esos fines otorgan al derecho de mandar. Valoramos a continuación la doctrina de Rousseau sobre estas cuatro cuestiones.
  2. Naturaleza y origen esencial de la autoridad del Estado

El pensamiento de Rousseau sobre este particular puede enunciarse así: la soberanía es el ejercicio de la voluntad general y el soberano es el cuerpo político en su totalidad. En el acto constitutivo de la comunidad política (contrato social), cada individuo pone en común su persona, sus derechos naturales y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general[98]. Esta fuerza soberana es la voluntad del cuerpo político. No es un hecho psicológico colectivo, sino la síntesis organizada de todas las libertades: el principio de su coexistencia armónica según leyes generales[99]. La voluntad general o voluntad del pueblo políticamente organizado es soberana en cuanto que es la fuente misma del poder. Esto significa que el poder emana de la libertad e igualdad individuales reunidas y conservadas en una superior síntesis política. Por eso afirma Rousseau que el ciudadano en último término sólo se obedece a sí mismo[100], que la obediencia política es una autoobligación, y que los compromisos sociales sólo obligan porque son mutuos: todos se obligan de la misma manera y, por ello, bajo la idea de igualdad[101].

La casi totalidad de los filósofos, incluido Rousseau, comprenden que la autoridad es el necesario principio organizador y directivo de la vida social. Sin autoridad no hay sociedad, y hay tantas autoridades como sociedades: así tenemos una autoridad política, eclesiástica, deportiva, académica, etc. Es lógico que la concepción rusoniana de la autoridad política sea solidaria de su idea de sociedad: tiene las mismas características y los mismos defectos.

Rousseau pretende realizar una fundamentación inmanente y horizontal del derecho de mandar y del deber de obedecer. Niega la tesis tradicional de que la autoridad política, como la misma sociedad, tiene su fundamento esencial en la naturaleza social del hombre y, mediatamente, en Dios, Autor de la naturaleza humana, única explicación plausible del derecho de mandar. Como escribe Bertrand de Jouvenel, “el único sistema que satisface para la explicación de cualquier Poder es el de la voluntad divina. San Pablo decía: ‘no hay ninguna autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido instituidas por El’”[102]. El poder político es una de las causas segundas establecidas por la ordenación divina para la ejecución de su Gobierno sobre los hombres, de forma que en último término se manda en virtud de la autoridad de Dios y por respeto a ésta se obedece.

Aunque habremos de volver sobre este punto, señalamos que la doctrina clásica defiende la libertad y no justifica el absolutismo. El fundamento divino del poder político no excluye que los ciudadanos fiscalicen o intervengan en las funciones políticas, porque no significa que el gobernante sea responsable sólo ante Dios, sino que ejerce una función cuya institución y líneas maestras de su ejercicio tienen en Dios su fundamento. El gobernante ha de desempeñar su oficio acatando las normas del Derecho Natural, que impone el respeto de la dignidad de la persona y de sus derechos naturales. Sin embargo, la teoría de la soberanía popular traslada la soberanía absoluta, defendida por la teoría del derecho divino de los reyes[103], desde el rey hasta el pueblo, justificando además una ulterior ampliación del poder político. Con palabras de Hobbes, que Rousseau haría suyas sin dificultad, “cada ciudadano es el autor de todo lo que hace el soberano; en consecuencia, quien pretenda que él le perjudica, ataca a actos cuyo autor es él mismo y de los que no se puede acusar a otro que él”[104]. La interpretación jacobina de la voluntad general durante la Revolución Francesa justifica suficientemente que Tocqueville hable de “tiranía de la mayoría”[105].

Conocido ya el fundamento divino-natural de la sociedad, la demostración de la tesis clásica sobre el origen de la autoridad es bien sencilla. Si admitimos que El que fundó la sociedad no custodia directamente todo acontecimiento social en particular, hay que afirmar que ha creado la institución de la autoridad, esto es, la competencia para dirigir la sociedad por la senda des bien común.

La verdad de esta afirmación resulta más patente al considerar que el bien común exige una cooperación permanente y eficaz, que no puede ser garantizada por la espontaneidad individual, aun presuponiendo la buena voluntad de los individuos: un objetivo común a muchos requiere una función coordinadora unificada[106].

Cabe señalar, por último, que la teoría rusoniana de la soberanía no puede explicar por qué existe un deber moral de obedecer, lo que equivale a no justificar el derecho de mandar. La autoobligación no puede ser el fundamento exclusivo de un deber de conciencia; se requiere, al menos, el reconocimiento de un principio general como el de pacta sunt servanda, cuya obligatoriedad incondicional pide a su vez una nueva justificación. Rousseau diría que la libertad moral del individuo consiste en obedecer a la ley civil[107]. Introduce así un concepto de “verdadera libertad” contrapuesto a la libertad real que experimentamos cada día. La limitación de esta última en nombre de la primera es enteramente horizontal, basada en el principio de igualdad y de reciprocidad: no eximirse de las condiciones que ligan a los demás, respetar a los demás para que ellos me respeten a mí, no hacer a los demás lo que no quieras para ti. Estos principios tienen un sentido, el último incluso evangélico[108], pero no se autosostienen. Son un modo de decir que, como cada uno desea el bien para sí, también debe quererlo para sus semejantes. Pero ¿por qué es moralmente obligatorio querer el bien para sí y para los demás? Si no se alcanza el fundamento vertical y trascendente, no se obtiene más que una frágil moral autónoma, semejante a la que años más tarde elaboró Kant.

Con razón escribe Messner que en esta doctrina “no se da respuesta a la cuestión de por qué razón ‘los elementos antisociales’ de la comunidad nacional o internacional no están en su derecho cuando opinan que les interesa la libertad absoluta originaria, y prefieren por ello ‘el estado de naturaleza’ en el cual (…) ‘nada puede ser injusto’” )[109]. El deber de obedecer se justifica integrando el orden político en el moral como una ayuda subsidiaria, establecida por Dios, para la consecución de los fines de la persona. Tarea cuya obligatoriedad descansa en la autoridad que el último de los fines, Dios, tiene sobre los hombres.

  1. El titular jurídico del poder estatal

Para Rousseau la suprema potestad de jurisdicción política pertenece inalienablemente a la totalidad del pueblo. Como la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, y nadie puede enajenar su voluntad sin perder la libertad, el derecho de mandar permanece siempre en la comunidad política, no pudiendo ésta ni cederlo mediante un pactum subiectionis ni ejercerlo indirectamente por medio de representantes. La soberanía es un derecho inabdicable, intransferible e irrepresentable: el cuerpo político ha de ejercerlo directamente.

Parece evidente que esta teoría es insostenible. El mismo Rousseau admite que la función de gobierno no puede ser desempeñada por la totalidad de los ciudadanos, y por eso se ve obligado a reducir la soberanía al solo poder legislativo, lo cual no es acertado, como veremos. Pero aun suponiendo, sin concederlo, que fuera admisible esta reducción, el poder legislativo sólo podría ser ejercido directamente por el cuerpo político en el caso de Estados con población muy poco numerosa, que fácilmente pudiera reunirse con frecuencia, y de elevado nivel cultural y moral. En los Estados grandes sólo queda, como instrumento de democracia directa, el instituto del referendum. Se emplea en asuntos de particular gravedad, pero resulta inviable como procedimiento ordinario de todas las actuaciones del poder legislativo. En resumen, si sólo fuera legítimo el Estado constituido como democracia directa, la totalidad de los Estados actualmente existentes serían contrarios a la justicia y al Derecho Natural. Afirmación absurda y contraria al común sentir de los hombres.

Sin embargo, en el contexto de una fundamentación divino-natural del poder, es opinable – y por ello admisible – que el primer titular jurídico de la soberanía sea la entera comunidad política, que recibe de Dios el derecho de mandar para luego trasladarlo a la persona o personas elegidas. Según Suárez, San Roberto Belarmino, Costa Rossetti, Gredt, Rommen y otros escolásticos[110], Dios deposita la autoridad en la comunidad, y ésta no sólo elige al gobernante, sino que le traslada y confiere el derecho de mandar. Esta teoría no cuenta con una aceptación unánime. Otros autores – como Zigliara, Schwalm, Billot, Welty, etc. – afirman que corresponde a la comunidad política no el derecho de mandar, que no puede ejercer por sí misma, sino el de designar o elegir la forma del régimen político y las personas que lo integran. No hay una transmisión del poder, ya que éste sería recibido directamente de Dios por las personas designadas, con la amplitud concedida por la ley constitucional. Por último, existen también filósofos – como Taparelli, Cathrein, Schiffini, Liberatore, Meyer, etc. – que no admiten la necesidad, aunque algunos sí la posibilidad, de esa designación popular. Así, pues, hay en el seno de la escolástica tres teorías sobre el titular jurídico de la soberanía política: la teoría de la translación (Suárez), la de la designación, y la de la colación inmediata del poder político por parte de Dios a través de determinados acontecimientos históricos o sociales (ésta última difiere notablemente de la doctrina absolutista del derecho divino de los reyes). Se trata de una cuestión opinable y propia de especialistas”[111].

Señalaremos únicamente las tres diferencias fundamentales entre la teoría de la translación, la más cercana a Rousseau, y la de éste último, para delimitar el campo de lo opinable del de lo erróneo. Según la teoría escolástica:

  1. a) El que ejerce el poder no lo hace como mandatario del pueblo, sino en virtud del orden natural de la comunidad estatal y, en último término, en nombre de Dios. Obedecemos no porque el poder haya sido establecido por el pueblo, sino porque lo preceptúa la conciencia moral.
  2. b) El pueblo no puede cambiar la finalidad y ámbito de extensión que el poder estatal tiene por naturaleza. La mayoría no puede legitimar una invasión, por ejemplo, del derecho de los padres a la educación de sus hijos o del derecho de la Iglesia en materia matrimonial.
  3. c) El pueblo no puede anular los títulos jurídicos del gobernante para el ejercicio del poder en nombre de la originaria soberanía popular, salvo en casos de grave lesión de la justicia natural.

Rousseau, por el contrario, sostiene la exclusiva fundamentación del poder estatal en la voluntad general, y la capacidad de ésta para organizarlo y revocarlo arbitrariamente[112].

  1. Fines y funciones de la autoridad política

Además de por el origen, el poder político se justifica por su fin. No sólo el por qué, sino también el para qué. En este sentido, la soberanía de la voluntad general queda justificada para Rousseau por el hecho de que siempre es recta, porque tiende constantemente a la utilidad general. Recordémoslo: “el soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser”[113]. De ahí que la utilidad común fundamente en favor del soberano únicamente la función jurídica de dar leyes, que consiste – ya lo dijimos páginas atrás – en declarar y comunicar la voluntad general a los súbditos.

Nos encontramos, pues, ante la voluntad general siempre recta. Este concepto es el núcleo más profundo de la teoría política de Rousseau, y a la vez el más ambiguo, pues oscila entre el relativismo ético y el totalitarismo político. Veámoslo con detenimiento[114]La voluntad general puede entenderse en relación al pueblo en su función legislativa o como voluntad pública de la entidad moral que es el Estado. En el primer sentido es la decisión mayoritaria de la asamblea, que no contiene en sí ninguna garantía de ser la decisión más conveniente para el bien común. El mismo Rousseau lo reconoce[115], y por eso distingue entre voluntad general y voluntad de todos. La primera no se identifica sin más con la suma de voluntades particulares expresada por el voto mayoritario. Ha de entenderse de otra manera. De acuerdo con su optimismo naturalista, Rousseau piensa que como la voluntad del individuo quiere infaliblemente su propio bien, así la voluntad de la “persona pública” busca inevitablemente el suyo, el bien común. Se presentan entonces dos problemas: 1) ¿tiene sentido hablar del Estado como de una entidad moral capaz de tener una voluntad propia? Por el momento no abordamos esta cuestión. 2) Si distinguimos entre voluntad general y voluntad de todos, la afirmación de que la voluntad general es siempre justa no nos obliga a aceptar que toda ley votada por la asamblea soberana lo sea. La doctrina rusoniana se convierte entonces en una tautología carente de utilidad política: se limita a decir que la voluntad del bien común es la voluntad del bien común, y que ésta es siempre justa; pero no nos dice dónde se encuentra, cómo se obtiene, etc. Si nos responde que mediante la votación, entonces estamos en la voluntad de todos, que no es necesariamente recta.

Para escapar al dilema planteado, hemos de entender la voluntad general como el área de coincidencia de las voluntades particulares orientadas naturalmente hacia el bien. Es el ”sector” del bien que resulta común a todos. Pero entonces Rousseau entra en contradicción con su individualismo inicial. La voluntad de A se orienta al bien de A; la de B al bien de B, y así sucesivamente. Si las voluntades de A, B, C… forman una voluntad general orientada al bien común, nos vemos obligados a reconocer que los hombres son sociales por naturaleza, pues sus voluntades no se orientan sólo al bien particular, sino también al bien común, o al menos que se orientan hacia el bien particular en cuanto que está comprendido en el común o contribuye a él. Si se adopta una actitud crítica benigna, éste sería el fondo de la teoría de la voluntad general. Pero aun así no se puede silenciar la contradicción con el individualismo contractualista, que puede ser debida a la falta de elaboración conceptual precisa y que, en todo caso, no permite una intelección de la voluntad general en armonía con el resto del sistema.

No sería exacto, sin embargo, negar toda conexión entre la voluntad general y la actividad legislativa de los ciudadanos. Que no coincidan siempre y necesariamente no significa que no coincidan nunca. Rousseau piensa, como ya expusimos en su lugar, que si existe un sabio legislador y se evitan las asociaciones (políticas, civiles y religiosas) dentro del Estado, las voluntades particulares se anularán, y de la mayoría de votos surgirá la voluntad general[116]. Esto se puede admitir en sentido tautológico: la voluntad de la mayoría siempre es más general que la de la minoría. Pero Rousseau no lo entiende así. Para él la voluntad general es más buena, es la que tiende al bien común. Se sigue de aquí que si alguien la critica lo hará porque se ha dejado llevar por un interés de grupo, y toda agrupación en base a intereses parciales ha sido ya declarada ilegítima. En síntesis: la negación del derecho de asociación garantizará la rectitud del voto mayoritario y hará ilegítima cualquier crítica de ese voto. Tenemos los presupuestos de una concepción totalitaria y jacobina del Estado.

De hecho tres son las interpretaciones principales de la voluntad general. Si desarrollamos el pensamiento rusoniano de que la libertad moral es la obediencia a la ley, en el sentido de que sólo se obra libremente – sin dejarse llevar por la parte inferior de uno mismo – cuando se puede querer generalizar la propia conducta, tenemos la moral autónoma de Kant. Si acentuamos la idea de voluntad general como voluntad de la “persona pública”, llegamos a la filosofía política de Hegel, y por él a Marx. Si pensamos que los pueblos tienen un ideal político-social, y que los legisladores y gobernantes tratarán de ir formulándolo y reformulándolo a lo largo de la historia, sacando así a la luz la voluntad general y esencial de ese pueblo, tendríamos quizá un Estado respetuoso de la libertad, pero no un altavoz infalible de la voluntad general. En este caso, o se admite un criterio de justicia trascendente a la decisión mayoritaria o caemos de nuevo en el relativismo ético-jurídico.

Dentro de estas consideraciones se mueven las diversas interpretaciones de los especialistas. Para unos hay en Rousseau una veta de totalitarismo. Para otros su sentido de la libertad es auténtico. Para casi todos la elaboración de la teoría es deficiente y no está exenta de contradicciones. En todo caso queda muy clara una cosa: lograr una identificación necesaria y automática entre el poder absoluto y el poder ordenado del Estado, que hiciera superfluo el recurso a un criterio trascendente de justicia, era el propósito de la teoría de la voluntad general, y ese propósito debe considerarse fracasado. Como reconoce un autor nada amigo del Derecho Natural, “el principio formal de la comunidad uniforme queda abierto a múltiples intereses totalmente diversos, y aquel principio no podrá decirnos nada acerca de cuál de ellos es un bien supuesto y cuál es un bien verdadero y objetivo. A la vez, empero, y para robustecer la idea de que por su sola existencia es ya siempre justo, aquel principio destruye la trascendencia, en la cual puede hallar orientación todo valor en la tierra”[117].

El formalismo de la teoría de la voluntad general, su incapacidad para proporcionar un criterio material de justicia, es el resultado de haber vaciado el concepto de naturaleza humana – reducida a los indefinidos valores de libertad e igualdad – , de lo que se sigue el vaciado de la noción de bien común. Sin una noción “llena” de bien común, como la proporcionada por el Derecho Natural, el hecho de que todo el pueblo legisle para todo el pueblo (generalidad subjetiva y objetiva de la voluntad soberana) no da ninguna garantía de justicia. En cambio, si ponemos en Dios el bien último del hombre, y denominamos bien común social al conjunto de medios y condiciones vitales y morales que la naturaleza humana necesita para alcanzarlo, tendremos un criterio claro de justicia, y definir la ley como declaración de la voluntad general o decir que los fines de la legislación son la libertad y la igualdad resultará del todo innecesario.

Una observación final para completar el estudio de las funciones del Estado. La función de gobierno queda en el pensamiento de Rousseau fuera de la soberanía estatal: es una simple delegación revocable. Hoy día se admite comúnmente que el gobierno es uno de los poderes institucionalizados atribuidos al Estado por su función general de procurar el bien común. Esto no significa que esté por encima de la ley, ni que del derecho de la comunidad a ser bien gobernada no se derive en favor de ésta la facultad de fiscalizar la actuación gubernamental del modo sancionado por la ley constitucional. Pero de aquí a la delegación revocable de Rousseau hay casi un abismo.

Señalamos, por último, la ausencia de un tratamiento específico de la misión estatal de velar – de acuerdo con el principio de subsidiariedad – por el bienestar y la justicia social. Seguramente Rousseau la confiaba a la previsión de la asamblea legislativa, o creía en el desarrollo armónico de los intereses económicos individuales. Es el prejuicio liberal.

  1. Ámbito y extensión del poder político del Estado

Para Rousseau la extensión del poder estatal es muy amplia. La soberanía es absoluta, no tiene más límites que los derivados de su identificación con la voluntad general. El soberano no está sujeto a una ley constitucional[118], ni tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos[119], que sin embargo han de servirle hasta con la vida[120].

Esta soberanía absoluta hunde sus raíces en el acto constitutivo de la sociedad política. Por el contrato social cada uno entrega a la comunidad la totalidad de sus derechos, para volver a recibir los en lo que tengan de compatibles con los derechos de los demás y en esa misma medida garantizados por el poder de todos. Dice Del Vecchio que estamos ante “un procedimiento dialéctico merced al cual los derechos individuales convergen en el Estado y emanan nuevamente de éste, reforzados y como reconsagrados”[121]. El respaldo que los derechos naturales reciben del derecho positivo tiene un precio: aquellos derechos aparecen como una concesión del Estado que éste debe asegurar si quiere ser justo. Recordemos el pensamiento de Rousseau: la “vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado”[122].

Cabe señalar que el contrato social es una ficción innecesaria que abre una puerta al absolutismo estatal. Es cierto que la vida en común tiene ventajas y limitaciones: asegura el respeto de mis derechos por parte de los demás a la vez que me obliga coactivamente a hacer otro tanto. Pero la justificación de este hecho no precisa hacer converger los derechos naturales en el Estado para luego recibirlos de él. Los derechos naturales de las personas, de la familia, etc., son anteriores e independientes del derecho estatal. Este los recoge y protege, pero no los concede. Cuando Rousseau afirma que “el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a los demás”[123], 0 dice una perogrullada: sin Estado no hay derecho positivo, o se inclina al estatalismo: la voluntad general es la fuente del derecho. Parece que tiene razón Kägi cuando afirma: “Rousseau trasladó el concepto de soberanía absoluta de Hobbes del monarca al pueblo. Constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de la democracia y del Estado de Derecho el que los teóricos más influyentes de la democracia moderna no se encuentren en la línea de la tradición del Estado de Derecho, sino en la tradición absolutista del pensamiento occidental del Estado”[124].

No está claro que el espíritu de Rousseau sea favorable a un absolutismo político. No es este el peligro. La tentación está más bien en lo que podríamos denominar “tiranía de la administración pública”, impuesta en nombre de la libertad e igualdad, y en virtud de la cual el Estado domina todos los ámbitos en que interviene, se atribuye todas las competencias y responsabilidades sociales, hace en vez de hacer hacer, inhibe en vez de impulsar, suplanta en vez de ayudar. La mente de Rousseau es ésta: depender de la ley y no de un semejante. Su traducción al lenguaje actual dice que si donde hay un propietario o un industrial, ponemos a un funcionario público, la libertad y la igualdad quedan a salvo, porque entonces todos obedecen por igual al Estado. Y mientras tanto el Estado crece y la responsabilidad moral de la persona disminuye. Esta ya no es necesaria: la limitación vertical del egoísmo humano se sustituye por la reciprocidad e igualdad de deberes y derechos, limitación horizontal más realista y eficaz para Rousseau.

Piensa Rousseau que así obtenemos una libertad e igualdad más plenas. El razonamiento es muy simple: la ley estatal es la declaración de la voluntad general y, por ello, también de mi voluntad. Si me obligan a cumplir una ley a la que yo he negado mi voto, es que yo me había equivocado, y no hacen más que obligarme a ser libre, a adherirme a mi verdadera voluntad[125]. La paradójica expresión “obligarme a ser libre” se hace posible por el empleo de un doble significado de los términos voluntad y libertad: la voluntad o libertad psicológica y la verdadera libertad o libertad moral, que consiste en obedecer a la ley.

Ese concepto de libertad moral podría tener un sentido en otro contexto. Obedecer a la ley moral es seguir lo mejor de mí mismo, liberándome de las tendencias más bajas, y por eso es libertad – en todo caso sería mejor decir virtud, porque al seguir los instintos inferiores el hombre obra también libremente – . Pero este concepto de libertad moral presupone haber demostrado que seguir las ideas que la mayoría tiene sobre el bien común se identifica con seguir lo mejor de mí mismo. Y eso es precisamente lo que Rousseau no puede hacer. Por eso recurre a un expediente sofístico denunciado por la crítica lingüística: mantener la fuerza axiológica de un término cuyo ámbito significativo normal ha sido transformado. Como si para consolar a quien no sabe leer dijéramos: ¡Viva la cultura que no está en los libros! El mismo efecto se lograría con el expediente inverso: la cultura está en los libros, pero la cultura es despreciable, llena de aire la inteligencia humana. Rousseau debería decir entonces: la libertad es despreciable, con ella no hacemos un verdadero Estado.

En virtud de su naturalismo, Rousseau ha silenciado la necesidad de una lucha moral contra uno mismo. Pero ese agonismo real aparece a nivel social en la forma de una dialéctica entre autoridad y libertad. Rousseau se encuentra sin una justificación moral de la autoridad, y quiere hacernos creer que en realidad no es más que la libertad. Cuanto más absoluta es la soberanía más libres e iguales somos. Pretende justificar la autoridad por la libertad, lo que equivale a admitir la ilegitimidad de todo poder objetivo, de todo poder trascendente a la síntesis estatal de las libertades individuales (voluntad general). Se prefiere una opresiva limitación horizontal de la libertad humana que conceder, sencilla y llanamente, que existe una verdadera autoridad – en primer lugar la de Dios, que fundamenta mediatamente la del Estado – a la que el hombre debe obedecer.

Cuando se acepta la trascendencia y las responsabilidades morales que ésta impone, el hombre advierte que su perfección depende del ejercicio ordenado de su libertad, ejercicio ordenado que pide a gritos la vis directiva de la ley. Esta proporciona ayuda y orientación, pero no otorga la perfección a la persona. Con el principio de subsidiariedad tenemos substancialmente delimitada la extensión debida del poder estatal.

III. LA RELIGIÓN

  1. EXPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU

Dedica Rousseau las últimas páginas de El Contrato Social al estudio de la religión. Examinamos las ideas principales.

El estudio de la historia muestra que el cristianismo es perjudicial para el Estado. La más antigua forma de gobierno fue la teocrática: Dios es el jefe de la sociedad política. De las divisiones nacionales se deriva el politeísmo, y de éste la intolerancia religiosa y civil, que en ese contexto son la misma cosa[126]. Bajo ese régimen vivieron los griegos y romanos, y hasta cierto punto los pueblos veterotestamentarios. Existiendo tantos dioses como naciones, no había guerras por motivos exclusivamente religiosos, aunque toda batalla política era a la vez una pugna teológica, a causa de la perfecta unidad existente entre esos dos órdenes.

“En tales circunstancias vino Jesucristo a establecer sobre la tierra un reino espiritual, el que, separando el sistema teológico del político, hizo que el Estado dejara de ser uno, causando las divisiones intestinas que no han cesado jamás de agitar a los pueblos cristianos”[127]. Los paganos no comprendieron esta nueva idea, y persiguieron a los cristianos como desobedientes a la autoridad civil. Con la conversión del emperador Constantino, las sospechas de los paganos se verificaron: el reino del más allá pasó a ser, bajo una cabeza visible, “el más violento despotismo sobre la tierra”[128], y creó un conflicto de jurisdicciones que ha hecho imposible toda buena política en los Estados cristianos.

La solución teórica del problema religioso requiere distinguir y juzgar las diversas religiones por su relación con la sociedad política. Bayle sostiene que ninguna religión es útil para el cuerpo político; Warburton, por el contrario, afirma que el cristianismo es> el más firme baluarte del poder civil. Para aclarar la cuestión es preciso distinguir tres especies de religión, tomando como criterio su relación con la sociedad. Tenemos así la religión del sacerdote, la del ciudadano y la del hombre.

La religión del sacerdote, cuyo ejemplo sería el cristianismo romano, da a los hombres dos legislaciones, dos jefes y dos patrias, imposibilitándoles ser a la vez fieles devotos y buenos ciudadanos. De esta extravagante religión resulta un derecho mixto y antisocial.

La religión del ciudadano es la religión nacional. Cada país tiene sus dioses, sus dogmas y su culto. Es la religión de los pueblos primitivos, que puede denominarse derecho divino civil o positivo. Mientras que la religión del sacerdote rompe la unidad social y divide al hombre consigo mismo, la del ciudadano tiene la ventaja de que reconcilia el culto divino con el amor a las leyes, el amor al dios tutelar y el servicio a la patria, el sacerdocio y la magistratura. Pero es rechazable en cuanto que está fundada sobre el error y la mentira, hace a los hombres crédulos y supersticiosos, ahoga el culto verdadero a la divinidad y origina intolerancia respecto a los demás pueblos[129].

La religión del hombre es el cristianismo, pero “no el actual, sino el del Evangelio, que es completamente diferente. Por esta religión santa, sublime, verdadera, los hombres, hijos del mismo Dios, se reconocen todos por hermanos, siendo la misma muerte impotente para disolver los lazos que los unen”[130]. Esta religión es el verdadero teísmo, sin ritos, limitado al culto interior del Dios supremo y a los deberes eternos de la moral. Recibe el nombre de derecho divino natural.

Esta religión ”verdaderamente evangélica” – la religión del hombre – es sublime en su contenido, pero no refuerza el vigor de las leyes civiles. Una sociedad de auténticos cristianos sería la más perfecta, pero no la más fuerte y duradera. Su misma perfección, algo inhumana, sería su principio destructor. La patria del cristiano es el Cielo, no este mundo. El cristiano cumple su deber, pero con indiferencia acerca de los resultados terrenos de su actuar: con tal de que su conciencia no le acuse de falta alguna, poco le importa que aquí abajo las cosas vayan mejor o peor. Basta que surja un Catilina o un Cromwell para que todos se le sometan piadosamente, pensando que al fin y al cabo Dios manda obedecer a las autoridades, aunque sean menos dignas, o que el tirano es la vara con que Dios castiga justamente a sus hijos. En caso de guerra todos cumplirían su deber, pero sin afán de victoria: la Providencia de Dios ya se encargará de procurar lo mejor. El cristianismo predica la esclavitud y la dependencia, su espíritu es demasiado favorable a la tiranía. Los cristianos lo saben y no se inquietan, porque esta vida es corta y tiene muy poco valor ante sus ojos. El cristianismo no favorece a la república[131].

Lo verdaderamente conveniente es un nuevo tipo de religión – que Rousseau denomina “religión civil” para distinguirla de las tres ya explicadas – , y que se reduce en último término a un vínculo de cohesión política. Afirma Rousseau que el pacto social otorga al soberano un derecho sobre los súbditos que no excede los límites de la utilidad pública. Sólo en cuanto se relacionen con ella tienen importancia las opiniones de los ciudadanos. Y a la utilidad pública conviene “que todo ciudadano profese una religión que le haga amar sus deberes; pero los dogmas de esta religión no interesan ni al Estado ni a sus miembros, sino en cuanto se relacionen con la moral y con los deberes que aquél que la profesa está obligado a cumplir para con los demás”[132]. No importa al gobernante la suerte de los ciudadanos en la otra vida, con tal que sean buenos ciudadanos en ésta.

“Existe, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien no los admita o acepte; puede expulsarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, y de inmolar, en caso necesario, su vida en aras del deber. Si alguno después de haber reconocido públicamente estos dogmas, se conduce como si no los creyese, castíguesele con la muerte: ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido delante de las leyes”[133].

Los dogmas de la religión civil han de ser pocos, sencillos, enunciados con precisión y sin explicaciones ni comentarios. Serán concretamente: “la existencia de la Divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes (…) En cuanto a los dogmas negativos los limito a uno solo: la intolerancia, que forma parte de todos los cultos que hemos excluido”[134].

No cabría distinguir, añade Rousseau, la intolerancia civil de la teológica. Ambas son inseparables. No se puede vivir en paz con aquellos a quienes se considera condenados, amarles sería odiar al Dios que les castiga. La intolerancia teológica siempre tiene efectos civiles: piénsese en el caso del matrimonio, institución necesaria para la sociedad, sobre el que el clero se atribuye todo derecho. En suma, en el supuesto de que no deben existir hoy religiones nacionales, “deben tolerarse todas aquellas que toleran a las demás, en tanto que sus dogmas no sean contrarios en nada a los deberes del ciudadano. Pero el que ose decir:fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a menos que el Estado sea la Iglesia y el príncipe el pontífice”[135].

Con esta nueva doctrina religiosa, Rousseau da por terminada la exposición de los verdaderos principios del Derecho Político y considera plenamente delineada la base sobre la que debe apoyarse el Estado.

  1. VALORACIÓN CRÍTICA

El problema de fondo que se plantea Rousseau es el de saber qué religión aporta solidez al edificio político-social. Este modo de acercarse al estudio de la religión es erróneo, porque invierte la jerarquía existente entre el bien divino y último del hombre y el bien común social, reduciendo la religión a un simple factor de cohesión política o, en el mejor de los casos, a una moral cívica.

El planteamiento de Rousseau rechaza la revelación divina sobrenatural, con la que Dios funda la verdadera religión. Esta contiene las verdades que se han de creer, las normas morales que se han de observar, el culto que se ha de tributar a Dios, la constitución social y jerárquica de la Iglesia, e incluso las principales verdades que fundamentan el orden civil. Rousseau presupone que de todo esto se puede juzgar libremente, atendiendo de modo exclusivo a las conveniencias del régimen político que él preconiza. Cuando expone sus ideas sobre la religión civil, en la que los dogmas son fijados por el soberano (voluntad general), Rousseau comete un acto de tiranía sobre las conciencias – más grave que la tiranía política – , atenta contra la Verdad, contra los derechos de Dios y contra la salvación y felicidad eterna de los hombres.

La acusación específica dirigida a la Iglesia Católica es la de crear una doble jurisdicción que destruye la unidad del Estado. Este argumento depende del carácter ilimitado que atribuye a la soberanía política, por el cual cualquier otra asociación usurparía los derechos del Estado a ser la única institución pública y se entrometería en las competencias del poder estatal. Rousseau no reconoce la existencia de un fin y bien común sobrenatural, distinto del temporal, que origina una sociedad sobrenatural, de modo semejante a como el bien común social fundamenta la sociedad política. Niega además el derecho natural de los hombres a asociarse en función de sus creencias religiosas y, sobre todo, el poder y derecho de Dios a fundar la Iglesia y el hecho mismo de la fundación divina de la Iglesia como sociedad jerárquica.

Aunque la Iglesia se extiende sobre el mismo espacio y los mismos hombres que los Estados, la diversidad de fines y medios hace que constituya un orden diverso del político. Es cierto, sin embargo, que ambos órdenes, el político y el religioso, tienen relaciones entre sí (las costumbres, la educación, el matrimonio, el mantenimiento y libertad de acción de los ministros de la Iglesia, etc.), que habrán de regularse de común acuerdo. Al hacerlo se tendrá en cuenta que no compete directamente al Estado lo referente al destino sobrenatural de los ciudadanos, pero que tampoco le es totalmente ajeno. El bien común temporal, que constituye su finalidad directa e inmediata, está ordenado en último término al bien último e integral de los ciudadanos. De ahí su deber de establecer con la Iglesia – y de Esta para con el Estado – relaciones armoniosas, respetuosas de la naturaleza y actividad de las dos instituciones.

Los ataques de Rousseau a la por él denominada “religión del hombre” no afectan en realidad a la Iglesia Católica, ni a ninguna confesión cristiana.Esta religión puramente interior, sin ritos, es la personal interpretación rusoniana del Evangelio. No corresponde a ninguna religión cuya existencia pueda comprobarse históricamente, al menos como grupo consistente y socialmente organizado. Cuando afirma que esa religión, sublime por su contenido, no refuerza el vigor del Estado y forma ciudadanos débiles, estamos ante un desfogue de Rousseau, históricamente infundado e infundable, contra lo que él considera el espíritu cristiano en general.

Tampoco desde un punto de vista doctrinal ese ataque está justificado. Son numerosos en el Nuevo Testamento los llamamientos a obedecer a las autoridades políticas, también si los que la ejercen no son tan dignos, a pagar los impuestos, a dar al Estado todo lo que se le debe. La doctrina católica sobre el fundamento divino de la autoridad política confiere al Estado toda la fuerza que Rousseau le niega con su teoría de la voluntad general. Lo que el cristianismo no permite es la absolutización de lo terreno y de lo político, y esto – desde su visión absolutista – Rousseau lo confunde con no dar al Estado la importancia debida. Una carta de Rousseau nos revela que nunca entendió bien lo que era el bien común y la sociedad civil: “las sociedades políticas y civiles (…) son instituciones puramente humanas, y por eso el verdadero cristianismo nos separa de ellas, como de todo lo terrestre. Solamente los vicios de los hombres hacen necesarias estas instituciones, y sólo las pasiones las conservan. Quitad todos los vicios a vuestros cristianos y ellos no necesitarán ni magistrados ni leyes (…); y al faltar el apoyo conveniente el estado político languidece”[136]. Rousseau no entiende, en efecto, que la sociedad civil es una exigencia de la naturaleza humana creada por Dios, y no un remedio humano para el pecado; éste sólo tiene un remedio divino, que la Iglesia guarda y administra. Por eso le parece intolerancia que sea necesario estar unido a la Iglesia – al menos con el bautismo de deseo – para salvarse, y en cambio le parece natural quitar la vida a quien no cumple la religión civil dictada por el Estado.

En síntesis, Rousseau es un ejemplo de las doctrinas conocidas bajo el nombre de deísmo. Reconoce la existencia de Dios, pero excluye la revelación divina sobrenatural y la acción de Dios en el mundo, así como las verdades enseñadas por la Iglesia sobre la naturaleza de la sociedad y autoridad políticas, sobre el bien común, la ley natural, etc.[137]

[1] COPPLESTON, F., Historia de la Filosofía, vol. VI, Ariel, Barcelona 1981, p. 67

[2] Utilizaremos en el texto la traducción castellana publicada por la editorial Porrúa, México 1975, corrigiéndola, en los puntos donde no es fiel, según el texto francés editado por la libraría Garnier, París 1960. Lo citaremos CS indicando el número del libro v del capitulo, que se corresponden en todas las ediciones, y la página de la edición castellana.

[3] El más amplio trabajo sobre la bibliografía rusoniana entre 1760 y 1940 es el de A. SCHINZ, Etat présent des travaux sur J.-J. Rousseau, New York, Publication of Modern Language Association of America París, Les Belles Lettres, 1941. Se puede tener una buena idea de conjunto consultando el trabajo de G.A. ROGGERONE en “Questioni di storiografia Filosofica”, Vol. II, La Scuola, Brescia 1974, pp. 683-691, o el de S. COTTA en el vol. XV de la “Grande Antologia Filosofica”, Marzoratti, Milano 1968, pp. 862-867.

[4] CS, I, 1, p.3.

[5] Cfr. CS, I, 1, pp. 3-4.

[6] Cfr. CS, I, 3, p. 5.

[7] CS, I, 1, pp. 3-4.

[8] Cfr. CS, I, 2, p. 4.

[9] CS, I, 4, pp. 5-6.

[10] CS, I, 4, p. 6.

[11] CS, I, 6, p. 9.

[12] CS, I, 6, p. 9.

[13] CS, I, 6, p. 9.

[14] Cfr. CS, I, 8, p. 11.

[15] CS, I, 8, p. 11.

[16] CS, I, 9, p. 13.

[17] CS, I, 9, p. 13.

[18] Cfr. LUÑO PEÑA, E., Derecho Natural, 2a ed., Barcelona 1950, p. 26; DEL VECCHIO, G., Filosofía del Derecho, Bosch, Barcelona 1930, vol. 11, pp. 145-146.

[19] A este propósito escribe Gilson: “Este cartesianismo político erigía al individuo en un ser por sí y por consiguiente, en un fin en sí, cuya subordinación al Estado como fin más alto se hacía difícil, si no imposible. Desde este momento, el problema político se convierte en aquello que será todavía para Rousseau: encontrar en el individuo, en cuanto tal una razón de subordinación a otra cosa distinta de él, lo cual es más difícil aún que hallar la cuadratura del círculo por la regla y el compás”. (GILSON, E., El realismo metódico, 3a ed., Rialp, Madrid 1963, pp. 141-142). Cfr. también CARDONA, C., Metafísica del bien común, Rialp, Madrid 1966, pp. 76 ss.

[20] Cfr. MESSNER, J., Ética Social, política y Económica a la luz del Derecho Natural, Rialp, Madrid 1967, pp. 155 ss.; UTZ, A.F., Ética Social, Vol., I, Herder, Barcelona 1964, pp. 128 ss.

[21] ROUSSEAU, J -J ., Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1758), en “Oeuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau”, Frimin-Didot, París 1875, vol. I, p. 555.

[22] CS, I , 4, P. 9.

[23] Cfr. CS, I, 1, pp. 3-4.

[24] Cfr. CS, I, 4, pp. 5-6.

[25] Cfr. STRAUSS, L., Droit naturel et histoire, Plon, París 1954, pp. 283-284. De este mismo autor puede consultarse con utilidad ¿Qué es filosofía política?, Guadarrama, Madrid 1970, especialmente pp . 66-71.

[26] Cfr. CS, I, 2, p. 4.

[27] Cfr. ibidem.

[28] Cfr. SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 5, ad 3; MARITAIN, J., Tre riformatori, Morcelliana, Brescia 1967, p. 162. Esta duplicidad de acepciones del término ‘naturaleza’ entró en el pensamiento jurídico medieval con el Derecho Romano. Dice Ulpiano en las Instituciones (I, 2, ed. Krueger, Berlín 1954) que se llama ius naturale a lo que la naturaleza enseña a todos los animales. Existe además un ius civile o derecho de la civitas en el que deben distinguirse dos partes: una, que es propia de cada ciudad, recibe el nombre deius civile en sentido estricto; la otra se compone de lo que ”naturalis ratio inter omnes homines constituit”, y que en todas las ciudades es igualmente observado. Se denomina ius gentium, por ser el derecho que “omnes gentes utuntur”. En Digesta (I, 1, 4, ed. Mommsen-Krueger, Berlín 1954) se añade que el ius gentium se distingue del ius naturale en que aquél es propio de los hombres, en tanto que este es común a todos los animales. La distinción establecida entre ius gentium y ius naturale implica una separación, no bien definida, entre ratio naturalis y natura. De aquí nacen una serie de posibles ambigüedades superadas por los teólogos (cfr Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 3), pero no por la tradición jurídica que desemboca en la llamada Escuela moderna del Derecho Natural (Grocio, Rousseau, Pufendorf, etc.) Véase para la tradición jurídica medieval el documentado estudio de CARPINTERO BENITEZ, F., Del Derecho Natural medieval al Derecho Natural moderno: Fernando Vázquez de Menchaca, Universidad de Salamanca 1977. pp. 53-60 y 66-70: para la Escuela moderna del Derecho Natural, SANCHO IZQUIERDO, M.-HERVADA, J., Compendio de Derecho Natural, Eunsa, Pamplona 1981, vol. II, pp. 299 ss.

[29] Cfr. CS, I, 8, p. 12.

[30] Para el conocimiento de las diversas teorías cfr. BALBIN BEHRMANN, R. Mª DE, La concreción del poder político, Universidad de Navarra Pamplona 1964.

[31] MESSNER, J., Ética Social …, cit. p. 836.

[32] Cfr. CS, II, 1, p. 14.

[33] Cfr. CS, II, 1, p. 14.

[34] CS, II, 1, p. 14.

[35] Cfr. CS, II, 1, p. 14.

[36] CS. 11, 2, p. 14.

[37] CS, II, 3, p. 15.

[38] Cfr. CS, II, 3, p. 16.

[39] CS, II, 3, p. 16.

[40] CS, II, 6, p. 21.

[41] CS, I, 7, p. 10.

[42] CS, 1, 7, p. 11.

[43] CS, II, 4, ;p. 16.

[44] Cfr. CS, II, 5, pp. 18-19.

[45] CS, II, 5, p. 19

[46] CS, II, 5, p. 19.

[47] Cfr. II, 4, p. 17.

[48] CS, II, 4, p. 17.

[49] Cfr. CS, II, 4, pp. 17-18.

[50] CS II, 4, p. 18

[51] CS, II, 4, p. 17.

[52] CS, I, 7, p. 11.

[53] Cfr. CS, II, 4 p. 18.

[54] Cfr. CS, IV, 2, p. 57.

[55] CS, IV, 2, p. 57.

[56] Cfr CS, IV, 1, pp. 55-56

[57] CS, IV, 1, p. 56.

[58] Cfr CS, II, 6, p. 20.

[59] CS, II, 6, p. 20

[60] Cfr CS, III, 15, p. 51

[61] CS, II, 6, p. 20

[62] Cfr CS, II, 6, p. 20

[63] Cfr CS, II, 6, p. 20

[64] Cfr CS, II, 7, p. 22

[65] Cfr CS, II, 7, p. 23

[66] CS, II, 7,p.23.

[67] Cfr. CS, II, 11, p. 28.

[68] CS, II, 11, p. 28.

[69] Cfr. CS, II, 8-10, pp. 24-28.

[70] Cfr. CS, II, 12, pp. 29-30.

[71] CS, III, 1, p. 30

[72] Cfr. CS, III, 15, p. 51.

[73] Cfr. CS, III, 1, p. 30

[74] CS, III, 1, p, 31

[75] Cfr. CS, III, 16, pp. 52-53.

[76] CS, III, 16, p. 53.

[77] Cfr. CS, III, 17 y 18, pp. 53-55.

[78] Cfr. CS, III, 17, pp. 53-54.

[79] CS, III, 18, p. 54.

[80] CS, III, 1, p. 31.

[81] Cfr. CS, III, 2 y 3, pp. 33-35.

[82] Cfr. CS, III, 4, p. 36.

[83] CS, III, 4, p. 36.

[84] CS, III, 4, p. 36.

[85] Cfr. CS, III, 5, pp. 37-38.

[86] Cfr. CS, III, ó, pp. 38-41.

[87] Cfr. CS, III, 2, p. 33.

[88] Cfr. CS, III, 8, pp. 42-45.

[89] Cfr. CS, III, 9, p. 45.

[90] Cfr. CS, III, 15, pp. 50-52.

[91] CS, IV, 2, p. 57.

[92] Cfr. CS, IV, 2, p. 58.

[93] Cfr. CS, IV, 5, pp. 65-66

[94] Cfr. CS, IV, 6, pp. 66-68.

[95] CS, IV, 7, pp. 68.

[96] Cfr. HEYDTE, Fr. A. von der, Die Geburtstunde des souveränen Staates. Ein Beitrag 2ur Geschichte des Völkerrechts, der Algemeinen Staatslehre und des politischen Denken,Habbel, Ratisbona 1952.

[97] Cfr. SÁNCHEZ AGESTA, L., Principios de teoría política, Editora Nacional, Madrid 1967, pp. 393-412; DE JOUVENEL, B., El poder, Editora Nacional, Madrid 1956.

[98] Cfr. CS, I, 6, p. 9.

[99] Cfr. DEL VECCHIO, Filosofía…, cit., p. 147.

[100] Cfr. CS, I, 6, p. 9.

[101] Cfr. CS, II, 4, p. 17.

[102] DE JOUVENEL, B., El poder, cit., p. 39.

[103] Esta doctrina, defendida por Jacobo I de Inglaterra, afirma que el régimen monárquico es el único legítimo, y que el rey sólo es responsable ante Dios, justificando así el absolutismo. Suárez y San Roberto Belarmino impugnaron esa teoría, que nada tiene que ver con lo que el Derecho Natural afirma sobre el fundamento divino-natural de la autoridad política. Cfr. SABINE, G., Historia de la teoría política, 11 a ed., Fondo de Cultura Económica Madrid 1981 pp. 291 ss.

[104] HOBBES, T., Leviathan, 2a parte, cap. 18.

[105] Cfr. TOCQUEVILLE, A. de, De la Démocratie en Amérique, Gallimard, París 1968, pp. 139 ss.

[106] Cfr. UTZ, A.F., Ética…, cit., pp. 271 ss.

[107] Cfr. CS, I, 8, p. 11.

[108]  Cfr. Mat. VII, 12. Y afirma San Bernardo: ”Esta es la ley natural de la Sociedad: que no hagamos a otros lo que no queremos que se nos haga a nosotros mismos, y que cuanto queremos que se nos haga a nosotros, procuremos hacérselo a los demás” (De los tres géneros de bienes y de la vigilancia en los pensamientos, n° 3, en “Obras completas”, BAC, Madrid 1953, vol. I, p. 942).

[109] MESSNER, J., Ética social…, cit., p. 260.

[110] Sobre la teoría de Suárez cfr. ROMMEN, H., La teoría del Estado y de la comunidad internacional en Francisco Suárez, CSIC, Madrid 1951.

[111] Quizá lo más razonable es no confundir con el derecho de mandar otros derechos distintos, como son el derecho a concurrir a los cargos de gobierno, el derecho de elegir el régimen o los gobernantes, el derecho de la multitud a ser bien gobernada y a controlar la acción del gobierno. Según DE BALBIN BEHRMANN no es fácil de entender que el derecho de mandar pueda estar en potencia en la multitud, a no ser que se hable aquí de potencia objetiva, en sentido suareciano; más fácil es que la multitud posea los otros derechos enunciados. Cfr. La concreción…, cit., pp. 155 ss.

[112] Cfr. MESSNER, J., Ética social .., cit., pp. 884 885.

[113] CS, I, 7, p. 11.

[114] Seguimos los argumentos de COPPLESTON, F., Historia…, cit., pp. 89 ss.

[115] Cfr. CS, II, 6, p. 21.

[116] Cfr. CS, II, 3, p. 16.

[117] WELZEL, H., Derecho natural y justicia material, Aguilar, Madrid 1957, pp. 160-161

[118] Cfr. CS, I, 7, p. 10.

[119] Cfr. CS, I, 7, p. 11.

[120] Cfr. CS, II, 5, pp. 18-19.

[121] DEL VECCHIO, G., Filosofía…, cit., p. 147.

[122] CS, II, 5, p. 19.

[123] CS, I, 1, p. 3.

[124] KÄGI, W., Rechtsstaat und Demokratie, en Fest. für Z. Giacometti” (1953) pp. 109-110.

[125] Cfr. CS, IV, 2, p. 57 y I, 7, p. 11.

[126] Cfr. CS, IV, 8, p. 69.

[127] CS, IV, 8, p. 70.

[128] CS, IV, 8, p. 71.

[129] Cfr. CS, IV, 8, p. 72.

[130] CS, IV, 8, p. 72.

[131] Cfr. CS, IV, 8, pp. 73-74.

[132] CS, IV, 8, p. 74.

[133] CS, IV, 8, p. 74.

[134] CS, IV, 8, p. 75.

[135] CS, IV, 8, p. 75.

[136] Contenida en el vol. IV, pp. 449-450 de Oeuvres…, cit. Cfr. DI NAPOLI, G., Il pensiero di G.G. Rousseau, La Scuola, Brescia 1953, pp. 134-147.

[137] Pertenecen a la doctrina católica las siguientes tesis: I) Es necesaria a toda sociedad humana una autoridad que, como la misma sociedad, surge y emana de la misma naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios que es su autor. – 2) Del hecho de que la autoridad proviene de Dios, no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y límites en el ejercicio de la autoridad. – 3) El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección tanto en las exigencias del cuerpo como en las del espíritu (tomado de IBAÑEZ, J.-MENDOZA, F., La Fe divina y Católica de la Iglesia, E.M.E.S.A, Madrid 1978, pp. 202-203). El Papa León XIII, en la encíclica Diuturnum illud (1881) condena explícitamente la doctrina según la cual el pacto o contrato sería la fuente primera de la autoridad política.

El Poder Nacional. Atribuciones y competencias

  1. El Poder Nacional. Atribuciones y competencias exclusivas.
  2. Competencias concurrentes

El Poder Nacional. Atribuciones y competencias exclusivas

Brewer Carías distingue entre competencias en sentido de atribuciones que siempre son exclusivas y se le asignan a cada uno de los órganos del Poder Público Nacional en el respectivo capítulo del Título V De la Organización del Poder Público Nacional; y las competencias en el sentido de materias que pueden ser exclusivas, globales o parciales, y concurrentes.

Para Muñoz Machado una competencia es exclusiva “cuando el ente que la ostenta puede disponer totalmente sobre la materia de que se trate, pudiendo ejercer sobre ella todo tipo de potestades legislativas, reglamentarias o ejecutivas;…o puede utilizar sobre ella todas las potestades de una determinada calidad, la legislación exclusiva o la ejecución exclusiva”.

La mayor parte de las variadas atribuciones del Poder Nacional se encuentran en la larga enumeración del artículo 156 constitucional, que al igual que el artículo 136 de la Constitución de 1961, mezcla competencias de distinta naturaleza sin ningún orden lógico y comprende las más diversas materias.

Las materias de la competencia exclusiva del Poder Público Nacional, en forma global, son:

  1. La política y actuación internacional de la República.

Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respecto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.

 Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

Artículo 154. Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trata de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieran suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución si no fuere improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración.

  1. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional…
  2. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
  3. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional…
  4. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.

Exposición de motivos Artículo 156….,

 El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración.

Atendiendo a la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.  La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

 La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, …. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de personas o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.

  1. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.

 La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República son símbolos de la patria. La ley regulará sus características, significados y uso.

  1. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros.
  2. Los servicios de identificación

La ley dictará, de conformidad con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana, así como la revocación y nulidad de la naturalización.

  1. La policía nacional.

El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizara:

  1. Un cuerpo uniformado de policía nacional. 2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. 3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.  4. Una organización de protección civil y administración de desastres. Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente de los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.

Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. Toda persona tiene el deber de prestar

  1. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.

 La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los Municipios con población indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local.

  1. La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
  2. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado, la de elecciones, la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
  3. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda…
  4. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas…
  5. El régimen de metrología legal y control de calidad.
  6. Los censos y estadísticas nacionales…
  7. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.

No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividades, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.

Cuando se trate de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.

El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados de acuerdo con la ley.

  1. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
  2. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético.

Las materias de Competencias concurrentes del Poder Público Nacional, en forma global, son:

La noción de competencias concurrentes se elaboró en Venezuela a finales de la década de los setenta para identificar materias en las que concurrían la República, los estados y los municipios.

Serían tales competencias las que la Constitución las atribuía al “Estado” entendiendo que ésta es una expresión genérica que incluye a todos los órganos que forman la organización política. Desde el punto de vista interno, tan Estado es la República como los otros entes territoriales, a menos que en una mención específica se pudiera concluir que se refiere específicamente a uno de los niveles territoriales en particular.

En 1979, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público dispuso la transferencia progresiva a los estados de las competencias concurrentes que establecía la Constitución de 1961. Así tenemos.

Es de la competencia  concurrente del Poder Público Nacional:

  1. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos…

 Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las marinas son bienes del dominio público.

  1. …la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.
  2. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo y la legislación sobre ordenación urbanística…
  3. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, y ordenación del territorio…
  4. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal
  5. El régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura.
  6. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
  7. Las obras públicas de interés nacional.

 

  1. Toda otra materia no atribuida al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.

 En ejercicio de las competencias concurrentes que establece la Constitución, y conforme a los procedimientos que esta Ley señala, serán transferidos progresivamente a los Estados los siguientes servicios que actualmente presta el Poder Nacional:

  1. La planificación, coordinación y promoción de su propio desarrollo integral, de conformidad con las leyes nacionales de la materia;
  2. La protección de la familia, y en especial del menor;
  3. Mejorar las condiciones de vida de la población campesina;
  4. La protección de las comunidades indígenas atendiendo a la preservación de su tradición cultural y la conservación de sus derechos sobre su territorio;
  5. La educación, en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, de conformidad con las directrices y bases que establezca el Poder Nacional;
  6. La cultura en sus diversas manifestaciones;
  7. El deporte, la educación física y la recreación;
  8. Los servicios de empleo;
  9. La formación de ciudadana: policía y administración de riesgos.

Régimen del desarrollo económico: ordenación y promoción del desarrollo económico y social, turismo, promoción del desarrollo rural y seguridad recursos humanos, y en especial los programas de aprendizaje, capacitación y perfeccionamiento profesionales; y de bienestar de los trabajadores;

  1. la promoción de la agricultura, la industria y el comercio;
  2. La conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y recursos naturales;
  3. La ordenación del territorio del Estado de conformidad con la Ley Nacional;
  4. La ejecución de las obras públicas de interés estadal con sujeción a las normas o procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo establecidas por el Poder Nacional y Municipal, y la apertura y conservación de las vías de comunicación estadales;
  5. La vivienda popular, urbana y rural;
  6. La protección a los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales;
  7. La salud pública y la nutrición, observando la dirección técnica, las normas administrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de las mismas que disponga el Poder Nacional;
  8. La investigación científica; y
  9. La defensa civil. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana reguladas por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad.

 

Abogado: Ana B Arriba