Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas

      REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

      UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

      DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

      MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

      Mención: Planificación Regional

      Cátedra: Administración Municipal y Estadal


Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas


                                                                                      Participantes:

                                                                                   Alvia Dinino

                                                                                   Wilmer Hernández

                                                                                   Ana B Arriba


Maracay, 19 de junio de 2014

Introducción

 

En el Capítulo III de la Constitución vigente dedicado al Poder Público Estadal se establece la creación de los «Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas» (CEPC). Por su composición –y aun tomando en cuenta que a ella se suman los directores de los órganos periféricos de la administración nacional (directores de los ministerios) – podemos entender que se trata de una instancia de carácter territorial, es decir, que regula las relaciones de los actores en el territorio cuando éstos se disponen a discutir y aprobar el «Plan de Desarrollo Estadal». Es curioso que, no obstante estos dos aspectos, los CEPC hayan sido creados por una ley nacional en lugar de dar esa potestad a los consejos legislativos estadales. ¿Qué significación puede tener este hecho? ¿Qué tanto puede implicar para su correcto desenvolvimiento? Aquí corresponde dar una batalla legal. Puede haber interpretaciones sobre el particular. De hecho, intentaremos mostrar que todos los elementos disponibles en la propia Constitución nos indican que los CEPC deben ser creados en el nivel estadal. Nos parece un asunto de mucha importancia porque nos permite hilvanar algunos componentes de la Carta Magna que dan fundamento a la autonomía de las entidades territoriales, y acercarnos a algunos conceptos fundamentales para la concepción y operación de un Estado Federal y descentralizado, tal como aparece en la Constitución de 1999.

Queremos ir un poco más allá y tratar de ver el alcance real que pueda llegar a tener la normativa de los CEPC, a los fines de mejorar la planificación, y, en especial, la participación social en esta tarea. En tal sentido, esperamos desarrollar la vía que especificamos a continuación.

Lo primero es ver cómo se conforma y despliega la actividad de un CEPC para que se haga efectivo el compromiso de los ejecutores (gobiernos) en la puesta en marcha del plan en lo que atañe, por supuesto, a sus respectivos ámbitos de competencia. A partir de allí presentamos para la discusión –y a título de hipótesis– la idea de que sólo con el diseño de un órgano de carácter deliberativo se abre la posibilidad del consenso y el compromiso entre los actores para fijar los objetivos estratégicos y ponerlos en marcha. Una ley que hace de los CEPC unas instancias controladoras con tendencia a entrar en conflicto con los proyectos y diseños de los ejecutores (gobiernos) puede ser contraria a la integración y a la deliberación, afectando de manera palmaria la viabilidad del Plan Estadal.

 Lo segundo se refiere al método. Lo que vemos sobre este particular es una ley diseñada por una visión centralista, que parece reanimar la idea del control a través de la imposición de formas de subordinación a planes concebidos desde el Poder Nacional; a la vez que deja muy poco margen para que la composición de los CEPC responda a sus propias realidades, y, en especial, a las exigencias del proyecto colectivo regional.

Aunque a tales limitaciones podrían aplicárseles algunos correctivos mediante el «Reglamento de Funcionamiento y de Debates» elaborado por cada Consejo, el problema es más de fondo y pareciera estar en la manera de concebir a los órganos de planificación y su incidencia en la promoción del desarrollo estadal. Esa manera puede llevar a privilegiar un mecanismo de intervención y control que no es capaz de interpretar la diversidad de actores y racionalidades presentes en el territorio y de combinar adecuadamente los factores del desarrollo territorial. Esto pareciera ser así en varios sentidos.

Lo primero que debemos entender es que el desarrollo regional es un «macro problema difusamente estructurado» (S. Boisier), que no puede ser reducido a una coordinación impuesta o al comando de un órgano que supone expresar el poder regional. Si bien la planificación es importante, no es sino un instrumento que contribuye, mediante el intercambio de información, a dar dirección al proyecto político que es socialmente concebido y construido.

Lo segundo es que desde el momento que la ley privilegia a los CEPC como órganos «rectores de la planificación de las políticas públicas» (Artículo 1) y como elaboradores del Plan, podría conducir a la imposición de un modelo de intervención que busca articular los distintos componentes sistémicos del territorio a través de un esquema jerárquico. Pero, como sabemos, la complejidad del problema del desarrollo demanda la presencia de formas e instituciones en las que también se impone el sistema de precios (mercado) o de otras capacidades de control y articulación –tales como la asociatividad o el consenso– que varían con el cambio de posición relativa de los actores.

 El tercer sentido que toma el CEPC como forma de intervención es su carácter jerárquico en el orden de las relaciones intergubernamentales. Prevalecen, en este sentido, el Plan Nacional y el Plan de Desarrollo Regional por sobre el Plan Estadal. No se busca con esta ley que los planes Nacional y de Desarrollo Regional se conciban a partir de la diversidad y los impulsos territoriales, sino al contrario. La relación de subordinación respecto del Plan Nacional, y el condicionamiento del nivel estadal por los lineamientos del Plan de Desarrollo Regional, inclinan la acción de los estados a ser simples instrumentos de maneras de ordenar el territorio, las cuales han sido concebidas por otros desde el centro político.

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS


La Constitución vigente consagra para cada Estado un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que preside el Gobernador y la integran los alcaldes, directores estadales de los ministerios y los representantes de los legisladores electos por el Estado a la Asamblea Nacional, de los concejales y de las comunidades organizadas, incluso las indígenas, cuando existan. Su funcionamiento y organización lo determina la ley.

Ahora bien, en la Ley de Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, se desarrollan los principios y organización de estos consejos, primeramente debe indicarse que el objeto de dicha Ley, según su artículo 1º, es:

Objeto

 

La creación, organización y establecimiento de competencias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que funcionará, en cada Estado, como órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.

Los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) son unas nuevas instancias de naturaleza político-territorial; correspondiente a cada una de las entidades federales que conforman la República Bolivariana de Venezuela y, cuyo objeto fundamental es la planificación del desarrollo de la entidad a la que pertenece.

Principios

 

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas se regirán por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, actuarán de acuerdo con los principios de justicia social, democracia, eficiencia, protección del ambiente, corresponsabilidad, integridad territorial, productividad, solidaridad, cooperación y desarrollo sustentable. (Art. 2)

Composición

Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas estarán integrados por:

  1. El Gobernador o la Gobernadora, quien lo presidirá.
  2. Los Alcaldes o las Alcaldesas de los municipios que formen parte del Estado.
  3. Los Directores o las Directoras estadales de los ministerios que tengan asiento en el Estado.
  4. Una representación de la Asamblea Nacional, elegida por y de entre los diputados nacionales electos en la circunscripción del Estado, equivalente a un tercio del total de los mismos.
  5. Una representación del Consejo Legislativo Estadal equivalente a un tercio de los miembros del mismo.
  6. Una representación de los concejales de los municipios del Estado, compuesta por:
  7. Dos (2) concejales en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios;
  8. Cuatro (4) concejales en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios;
  9. Seis (6) concejales en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios;
  10. Ocho (8) concejales en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios;
  11. Diez (10) concejales en los Estados que tengan veinticuatro (24) o más municipios.
  12. Una representación de la comunidad organizada de ámbito estadal, elegida de entre entidades, con personalidad jurídica, que lleven al menos un (1) año desarrollando su actividad, de acuerdo con la siguiente composición:
  13. Un (1) representante de las organizaciones empresariales;
  14. Un (1) representante de las organizaciones sindicales de trabajadores;
  15. Un (1) representante de las organizaciones campesinas;
  16. Un (1) representante de la comunidad universitaria;
  17. Un (1) representante de las organizaciones de defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico cultural;
  18. Una representación de las organizaciones vecinales compuesta por: un (1) representante en aquellos Estados que tengan hasta cinco (5) municipios; dos (2) representantes en los Estados que tengan entre seis (6) y once (11) municipios; tres (3) representantes en los Estados que tengan entre doce (12) y diecisiete (17) municipios; cuatro (4) representantes en los Estados que tengan entre dieciocho (18) y veintitrés (23) municipios; y cinco (5) representantes en los Estados que tengan más de veinticuatro (24) municipios.
  1. Un representante de las comunidades y pueblos indígenas, en los Estados donde los hubiere, elegido conforme a sus usos y costumbres según lo establecido en la ley correspondiente.
  2. El Gobernador o Gobernadora podrá invitar a participar con derecho a voz, en cada reunión del Consejo Estadal, a los miembros de su tren ejecutivo que considere oportuno.

Competencias

 

Según el Artículo 9 de la Ley, las competencias de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son las siguientes:

  1. Discutir, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Estadal, a propuesta del Gobernador o Gobernadora, de conformidad con las líneas generales aprobadas por el Consejo Legislativo Estadal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del correspondiente Plan Nacional de Desarrollo Regional.
  2. Establecer y mantener la debida coordinación y cooperación de los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal, en lo atinente al diseño y ejecución de planes de desarrollo.
  3. Evaluar el efecto económico y social del gasto público consolidado en el Estado, de conformidad con los planes de desarrollo.
  4. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Estadal a través de informes que deberán ser remitidos al Consejo Legislativo Estadal.
  5. Formular recomendaciones y observaciones a los Planes de Desarrollo Local de acuerdo a los Planes de Desarrollo Estadal.
  6. Emitir opinión sobre programas y proyectos presentados al Fondo Intergubernamental para la Descentralización por el Gobernador o la Gobernadora.
  7. Proponer ante el Consejo Legislativo Estadal la transferencia de competencias y servicios desde los Estados hacia los municipios y comunidades organizadas.
  8. Promover, en materia de planificación del desarrollo, la realización de programas de formación, apoyo y asistencia técnica al recurso humano institucional y a la comunidad organizada.
  9. Dictar su propio Reglamento de Funcionamiento y de Debates.
  10. Conocer el informe anual de gestión del Gobernador o Gobernadora.
  11. Las demás que le sean asignadas por ley.

Antecedentes

Algunos antecedentes jurídicos e institucionales de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas son:    …………………………………   ………………………………..
1. Las Asambleas de Participación contempladas en el Decreto 478 sobre la Regionalización y Participación de la Comunidad en el Desarrollo Regional de fecha 8 de Enero de 1980. Las Asambleas de Participación eran de carácter estadal. Tenían como propósito “plantear las aspiraciones colectivas, emitir opinión sobre los planes de desarrollo y precisar los aportes que los diversos sectores harán para su ejecución”. Las Asambleas de Participación estaban integradas por el Gobernador de la entidad federal, el Presidente de la Asamblea Legislativa, tres representantes de los Concejos Municipales, un representante de las organizaciones mayoritarias del sector empresarial, un representante por las asociaciones de productores independientes, un representante por las cooperativas, un representante de las organizaciones mayoritarias del sector campesino, un representante de la organización mayoritaria del sector laboral, un representante de las universidades que tengan sede en la entidad federal, un representante por los otros institutos de educación superior con sede en la entidad federal, un representante de las entidades culturales legalmente constituidas, un representante de los gremios creados por ley, un representante designado por las otras asociaciones de profesionales egresados de otros institutos de formación profesional y cuatro representantes por las asociaciones de vecinos

  1. Los Comités de Planificación y Coordinación promulgados por la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, de 1990 en su Artículo 25. Los Comités de Planificación y Coordinación tenían como objeto garantizar la necesaria coordinación, planificación, evaluación y control de los programas y acciones que se ejecutaren en su respectiva entidad federal. Tales instancias estaban presididas por el Gobernador y, además la integraban el tren ejecutivo estadal, los alcaldes y por los jefes de las oficinas nacionales y regionales con jurisdicción en el estado. Según la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público en los Comités podrían participar los parlamentarios nacionales y los representantes de los sectores económicos, sociales, laborales y culturales de la comunidad.

    3. los sesiones móviles del Gabinete Sectorial Social del Consejo de Ministros durante el período gubernamental 1994-1999. Estas sesiones móviles implicaban la movilización hacia las entidades federales de los representantes de las agencias gubernamentales del sector social con el propósito de interactuar con las autoridades estadales y locales y, con representantes de la sociedad civil. Su realización permitió impulsar el proceso de descentralización y el establecimiento de acuerdos entre las autoridades públicas de los distintos niveles político-territoriales de la República.

 

 

Base Legal……

.

  1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 166). …… 2. Ley Orgánica de Planificación (año 2001).
  2. Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas..(año.2002)..
  3. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (año.2002).
  4. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005).

Elección y duración de los integrantes………………………………………………………..

Los integrantes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas que deban ser nombrados mediante elección, se designarán a través del siguiente procedimiento:

  1. Los representantes de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo Estadal serán elegidos conforme se establezca en el respectivo Reglamento Interior y de Debates.
  2. Los representantes de los concejales serán elegidos por la Asamblea, de todos los concejales de los municipios que forman el estado, convocada por el Gobernador o Gobernadora en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de la elección de los concejales. En dicha elección, cada concejal sólo podrá votar por un (1) candidato. En los estados donde exista más de un (1) municipio, tan sólo, podrá ser elegido un concejal por municipio.
  1. Los representantes de los colectivos que constituyen la comunidad organizada serán elegidos, respectivamente, por las organizaciones que forman parte de los sectores establecidos en el artículo 6, numeral 7, de esta ley y, de conformidad con la ley que regule la materia. El mandato de los miembros de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas tendrá la siguiente duración:
  • En el caso del Presidente o Presidenta, los o las representantes de los Consejos Legislativos Estadales, los Alcaldes o Alcaldesas y los o las representantes de los concejales, la duración de su mandato.
  • Los Directores o Directoras estadales de los ministerios, mientras permanezcan en dicha función.
  • Los o las representantes de la Asamblea Nacional; según lo que establezca su Reglamento Interior y de Debates.

Los representantes de la comunidad organizada, la mitad del período de duración del mandato del Presidente del Consejo Estadal.

El representante de las comunidades y pueblos indígenas, hasta tanto se apruebe la ley sobre pueblos indígenas, deberán cumplir con al menos, una (1) de las siguientes condiciones:

.a. Haber ejercido un (1) cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.

  1. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural.
  2. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.
  3. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida, con un mínimo de tres (3) años de funcionamiento.

El representante o los representantes de la comunidad organizada a que se refiere el artículo 6 de esta ley, hasta tanto se apruebe la ley que regula la participación ciudadana, serán elegidos de acuerdo al siguiente procedimiento:

  1. Los representantes indicados en los literales a, b, c, d y e del numeral 7, del artículo 6 de esta ley, serán seleccionados de acuerdo a los mecanismos de elección propios de las respectivas organizaciones.
  1. El representante o los representantes indicados en el literal f del numeral 7, del artículo 6 de esta ley. En el lapso de quince (15) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Gobernador o Gobernadora, realizará llamado público a las organizaciones vecinales con personalidad jurídica debidamente registradas por ante las Alcaldías o Concejos Municipales respectivos y les instará a que postulen un (1) candidato ante la asamblea de organizaciones vecinales del municipio, para optar a representante ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
  1. El procedimiento de elección del candidato indicado en el literal anterior se hará en los términos que determine la Asamblea de las organizaciones vecinales de cada municipio.

.4. La Asamblea de las organizaciones vecinales se considerará válida con la existencia de la mitad más uno de las organizaciones registradas, por ante la Alcaldía o el Concejo Municipal respectivo.

  1. Una vez seleccionado el representante por municipio, se procederá a la elección del representante o los representantes ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; con base en la totalidad de los municipios de cada estado.
  1. Una vez elegidos los representantes de los municipios de cada estado, reunidos entre ellos mismos, seleccionarán en votación, libre, universal, directa y secreta el representante o los representantes de las organizaciones vecinales, ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
  1. En un lapso de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Gobernador o Gobernadora deberá tener conocimiento del nombre o los nombres del representante o representantes de las organizaciones vecinales del estado, ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. …………………………………………………………………

    La norma y sus implicaciones

Si lo que se busca con la ley de los CEPC es crear un «órgano rector de la planificación de las políticas públicas, a los fines de promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable», no parece haberse dado un buen paso.

Estamos en presencia de una ley que viola los principios de autonomía de los estados y municipios, no atiende a los fundamentos de la descentralización, y encasilla a la planificación en un órgano único de decisión que puede generar conflictos y dificultar la sinergia entre los agentes. Además, cercena la posibilidad de los estados para diseñar los espacios de coordinación y cooperación de acuerdo a sus propias necesidades y realidades.

Lo primero que cabe resaltar es que es ilógico, pero sobre todo paradójico, pensar que la elaboración de esta ley corresponda a la Asamblea Nacional. Es clara la Constitución en su Artículo 166 cuando nos dice que «en cada estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas». En efecto: si dice que «en cada estado se creará», es porque dicho Consejo debe ser creado en cada estado mediante una ley estadal. No pareciera existir una razón clara de orden legal que justifique que un órgano como la Asamblea Nacional pueda promulgar una normativa que escapa de su competencia.

 Corresponde a cada estado, como lo dice la Constitución en su Artículo 162, legislar sobre las materias de su competencia. Si esto así, y si no hay ninguna indicación constitucional que establezca que la planificación es una competencia del poder público nacional, es claro, entonces, que la planificación y la coordinación, en su ámbito territorial, son una materia de la competencia estadal.

Lo segundo que debemos considerar es que no se encuentran razones de «orden técnico» que expliquen por qué esta ley debe ser nacional. Cada estado vive una realidad y está conformado por actores e intereses que pueden dar lugar a formas muy variadas y creativas de planificación y coordinación de políticas públicas. En cada caso pueden variar las técnicas y los métodos de la planificación, así como pueden variar las formas de integración y designación de los miembros de los CEPC, atendiendo a lo que en cada localidad se estime más práctico y conveniente en relación con la metodología adoptada y, sobre todo, en respuesta a la relevancia y al poder relativo de los actores. Todos pueden participar, pero tal participación puede variar en cada estado y en distintas circunstancias en concordancia con el sentido de oportunidad. Otros estados (a través de sus actores) podrían estar integrados a un determinado CEPC; también otras regiones del mismo país o de otros países. Podría haber, en este sentido, un núcleo base (actores del territorio) y otro de actores de oportunidad (actores en el territorio).

Los CEPC deberían ser órganos para crear la sinergia entre los actores en el territorio. La presencia de los representantes de las oficinas de los ministerios debe atender a políticas de ámbito territorial, por lo que la integración y participación de estos funcionarios nacionales deben responder a criterios y exigencias que nacen de la propia realidad regional o local. Cabe señalar que la presencia de estos funcionarios, en los términos señalados, no justifica la creación de un marco normativo creado desde el poder nacional.

Puntualizaremos ahora algunos enfoques que nos complementarán la incidencia de este marco normativo en la tarea de impulsar el desarrollo territorial.

La propia Constitución establece cómo deben estar integrados los CEPC. Así, cada estado, dependiendo de sus peculiaridades, podría definir, en su propia ley, cuáles son los métodos para elegir o designar a quienes habrán de integrar los CEPC en cada realidad territorial. Pretender –como en efecto lo hace la ley– regular los procesos de integración y representación de los CEPC, al punto de fijar cuántos deben ser los concejales, los vecinos, los diputados, etc., nos parece una forma de someter una realidad territorial que es diversa, y en cierto sentido, singular, a un esquema único que podría no guardar relación con la realidad regional y local. Además, la regulación y reglamentación de la designación y elección de los miembros de los CEPC nos resulta engorrosa e inconveniente. Una normativa para regir un órgano de esta naturaleza debería dar libertad para que cada sector defina su propio mecanismo para designar a sus representantes en el CEPC.

Uno de los más graves errores de la ley es asumir que el CEPC es un órgano que interviene, regula y, en cierta medida, ejecuta. Cuando vemos las competencias que le han sido asignadas, se evidencia que sus funciones van más allá de ser un órgano deliberativo y consensual, donde se identifican los problemas y se fijan los lineamientos que deben regir la actuación del gobierno regional y los distintos actores. Quienes tienen las competencias, los mecanismos y los recursos para ejecutar tareas importantes de fomento y desarrollo, son los gobiernos.

Al Consejo debería corresponderle establecer las orientaciones macro que, siendo producto del diálogo, logran alinear las expectativas de los distintos agentes hacia la configuración de la imagen futura y el proyecto colectivo. En pocas palabras, los CEPC deben tener un carácter estratégico y no ejecutivo. Su función principal debe ser la identificación de la fuerza motriz que es capaz de llevar adelante, en forma coordinada, las tareas para el logro de objetivos concertados. Tal como fueron concebidos en la ley, los CEPC podrían terminar usurpando funciones de los órganos planificadores de los gobiernos, y creando mandos paralelos que complicarían la toma de decisiones.

El mecanismo de las «comisiones» propuesto por la ley (Artículo 14), podría resultar obsoleto e improcedente visto desde el ángulo de la visión moderna de la planificación que busca identificar tendencias y descubrir oportunidades. Hecho esto, y una vez identificados los problemas y fijados los lineamientos estratégicos a través de un amplio proceso deliberativo, deben ser las propias instancias ejecutoras y comprometidas con cada problema las que fijen los mecanismos y métodos para relacionarse y coordinar sus acciones, sean éstas de regulación, promoción, fomento o inversión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

El rendimiento de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas ha sido deficitario. De ello, no hay duda. Hasta el presente no se han producido los planes estadales, ni la coordinación necesaria de programas públicos específicos por su gestión, ni una eficaz participación de la ciudadanía en sus actividades. Su instalación y funcionamiento ha sido discrecional, dependiendo en gran medida de la voluntad de cada Gobernador y de sus capacidades institucionales de gobierno. En descargo de lo anterior, hay que reconocer que los CEPLACOPP son entidades muy nuevas (apenas creadas desde el 2002), y que además exigen una dedicación institucional que las propias gobernaciones no están en capacidad de proporcionar en muchas ocasiones. Por otra parte, no hay en el Gobierno Nacional (la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia o el Ministerio de Planificación y Desarrollo) políticas o programas de cooperación y fortalecimiento orientados a incentivar el desarrollo adecuado de los Consejos Estadales; por parte de las Gobernaciones. De hecho, resulta difícil conseguir cifras oficiales en cuanto al funcionamiento de los Consejos Estadales. Quizás todo esto sea reflejo del enorme esfuerzo de reforma que debe emprenderse en el Estado venezolano para comenzar a aproximarse a los mandatos constitucionales de inclusión de la ciudadanía en la gestión pública. Por último, los CEPLACOPP representan un reto para las comunidades organizadas y, para el movimiento ciudadano en general; por cuanto ponen a prueba sus verdaderas capacidades de gestión y su vocación democrática.

Referencias bibliográficas

  1. Arocena, José (1995). El desarrollo local. Un desafío contemporáneo, Caracas, Nueva Sociedad.        
  2. Bervejillo, Federico (1996). «Territorios en la globalización, cambio global y estrategias de desarrollo territorial», Documento 96/34, Ilpes.        
  3. Boisier, Sergio (1996). «La geografía de la globalización: un único espacio y múltiples territorios», Anales I, CLAD.        
  4. Boisier, Sergio (1998). «Sociedad civil, participación conocimiento y gestión territorial», en Mascareño, C., coord., Descentralización, gobierno y democracia, Caracas, Cendes-G-Local.        
  5. Cohen, Joshua (2001). «Democracia y libertad», en Elster, J., comp., La democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa]
  6. De la Cruz, Rafael (1993). «Federalismo y descentralización: un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad en Venezuela», en Blanco, C., coord., Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla, Caracas, Copre-PNUD, Nueva Sociedad.        
  7. Del Rosario, Helia y Mascareño, Carlos (2002). «Las relaciones integubernamentales en el marco de la descentralización venezolana», en Ospina Nozzi, S. y Penfold, M., Gerenciando las relaciones intergubernamentales. Experiencias en América Latina, Caracas, National Association of Public Affairs and Administration (Naspaa), Nueva Sociedad
  8. Hernández, José Julián (2002). «La noción de desarrollo local (un ciclo exógeno-endógeno-exógeno)», Cuestiones Locales (revista de estudios regionales y municipales), n° 2, Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) de la Universidad de Carabobo
  9. Jungemann, Beate (1996). «Desarrollo regional y descentralización en América Latina en el marco del ajuste: una relación con muchas interrogantes», Cuadernos del Cendes, n° 32, mayo-agosto.        
  10. República Bolivariana de Venezuela (2002). «Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas», Gaceta Oficial, nº 37.509, 20 de agosto de 2002

El ABC de los Consejos Comunales

El ABC de los Consejos Comunales

Enviado por PROF. JOSÉ ALFREDO ÁVILA VEGA

Partes: 1, 2

El Consejo Comunal

La Asamblea local de voceros

El órgano ejecutivo del Consejo Comunal

La Cooperativa de ahorro y crédito

El órgano de control o Unidad de Contraloría Social

Los Comités de trabajo

Vinculación institucional de los Consejos Comunales

Algunas definiciones útiles

Vinculación institucional de los consejos comunales

Consejo local de Planificación Pública y Consejo Comunal

Algunas definiciones útiles

Apéndices

PRESENTACIÓN

Cada vez que se habla de Consejos Comunales, me viene a la memoria esas viejas propuestas que los Alcaldes Bolivarianos, venimos haciendo desde varios años, para lograr la creación de una nueva estructura político-territorial que debiera ser el andamiaje básico del funcionamiento democrático del Estado.

Probablemente hemos tardado demasiado en organizar el conglomerado social primario desde abajo.

Creo que hemos dilatado el tiempo abordando largas y tediosas discusiones, que tan sólo han logrado enriquecer nuestro caudal léxico y entender lo que significa “comuna”, “vecindad”, “ámbitos urbanos”, “áreas vecinales”, “mancomunidad”, “espacio comunitario”, “cogobierno popular”, “asamblea local”, “pisatarios colindantes”, “vocerío parroquial”, etc., dejando de lado la acción constitutiva y asociativa del soberano.

Durante el Taller de Alto Nivel “La Definición del Nuevo Mapa Estratégico” que aprobamos en noviembre del 2004, definíamos con claridad los 10 grandes objetivos estratégicos conducentes a la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular. En el se habló por primera vez de la necesidad de abordar con responsabilidad y absoluta seriedad un Cooperativismo Revolucionario y la participación decisiva de los Consejos Comunales.

A partir de ese instante, en la Alcaldía de Mariño abandonamos un poco los discursos y trocamos a la acción. Se pusieron en marcha mecanismos transformadores, para romper definitivamente con la gestión individualista hasta convertirla en la cogestión o gestión colectiva.

Recurrimos a la evaluación de las pocas experiencias existentes en materia de participación popular en el Municipio y comprobamos que aún todo estaba por hacerse. En esa fase de confrontación, acudí a la sistematización, entendida como proceso de registro, reflexión y develación crítica de esas experiencias sociales, que me permitieran generar nuevos saberes.

Fue así como empezamos a desarrollar programas agresivos hacia el desarrollo endógeno, para que los medios de producción sean de propiedad colectiva y la producción social se convierta en el lenguaje expresivo de las comunidades y sus Consejos.

A sabiendas de que el país necesita literatura para ese propósito, me place sobremanera entregar a la nación, este primer ejemplar del ABC de Los Consejos Comunales, para que se sirvan de el, a efecto de construir no algunos Consejos, sino redes completas de Consejos Comunales que cubran todos los Municipios de Venezuela.

Las nuevas ediciones irán mejorando y ampliando conceptos, a la vez que en cuanto tengamos a la vista la Ley Especial de Consejos Comunales y posteriormente su Reglamentación, vayamos completando su contenido, hasta lograr la estructura de un texto de consulta para la construcción y acompañamiento de los Consejos Comunales del país.

Luís Manuel Villegas

Alcalde del Municipio Mariño Irapa, marzo de 2006

República Bolivariana de Venezuela

Alcaldía del Municipio Mariño

Estado Sucre

Venezuela

Centro de Investigación y Publicaciones de la Alcaldía

EL ABC DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

Primera Edición

Consejo Comunal

¿Qué es un Consejo Comunal? En el marco del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, son el medio que permite al pueblo organizado asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos, orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Es la organización más avanzada que se puede construir entre vecinos de una misma comunidad, para afrontar problemas comunes en lo social, en lo político, en lo económico, etc., desarrollando proyectos de hábitat, complejos agro productivos, industriales, granjas integrales, vialidad, núcleos de desarrollo endógeno, factorías, plantas procesadoras, viveros, centros recreacionales, etc.

Es la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución Bolivariana.

También se le define como un órgano de participación y protagonismo del pueblo, de articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos que conforman y hacen vida común.

¿Para qué sirve el Consejo Comunal? El Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder popular.

En consecuencia, siendo la plataforma humana que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado, sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Véase Objetivos del Consejo Comunal.

Sirve como centro de información, producción y promoción de procesos participativos para la identificación de problemas comunitarios.

Promueve los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación ciudadana en la gestión pública comunitaria.

Es la autoridad permanente en la Comunidad, ante la cual se debe plantear y derivar todos los problemas de índole colectivo.

Es el interlocutor entre la comunidad y cualquier instancia de Gobierno Estadal o Nacional.

Vivifica y sostiene nuestra identidad, nuestro patrimonio y pone a la luz todas nuestras fortalezas, capacidad productiva, fuerza profesional, etc. al servicio del país.

Rompe con el aislamiento geográfico, social, económico y político que aún nos hace desconocidos dentro de nuestro propio Municipio.

Nos hace sentir que estamos asumiendo juntos el control de nuestras vidas como ciudadanos; que no estamos solos sino juntos y organizados, cuidándonos unos a otros; que los que gobiernan somos nosotros y, que a partir de ahora, asumimos el poder para decidir hacia dónde queremos ir.

¿Cuáles son los objetivos y responsabilidades de un Consejo Comunal? Los principales son:

Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad.

IIntegrar a la comunidad garantizando su participación en la formulación de propuestas y/o proyectos.

Convocar las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas en la Comunidad para discutir sobre la situación política, social, económica, cultural, entre otras, en el ámbito comunal.

Viabilizar ideas y propuesta para que la comunidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública.

Promover la creación de nuevas organizaciones de base cuando fuere necesario.

Organizar, planificar y realizar el censo poblacional de la comunidad y mantenerlo actualizado.

Elaborar el árbol de necesidades de la comunidad, para detectar y diagnosticar los problemas comunes a solucionar.

Elaborar el Plan Comunal de Desarrollo o Plan Único de Trabajo, para crear y desarrollar proyectos de mediano y largo plazo.

Gestionar el auxilio financiero y técnico para la realización de proyectos, a través de entidades de apalancamiento, acompañamiento y préstamo de recursos.

Ejercer la Contraloría Social, en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, especialmente durante el desarrollo de proyectos de inversión.

Informar permanentemente a la comunidad sobre el control, seguimiento y evaluación de los proyectos comunitarios.

Entregar a los Consejos Parroquiales la jerarquización de la problemática para la inversión social anual en la comunidad.

Suscribir convenios de asociación con otros Consejos Comunales vecinos, para la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno o complejos industriales integrales.

Suscribir convenios nacionales e internacionales, para propósitos de capacitación, adiestramiento y transferencia de tecnología, con entidades como PDVSA, INCE, Universidades, Institutos Técnicos, Consultores, etc.

Apoyar al Consejo Local de Planificación Pública, en la creación de redes de Consejos Comunales, para abordar macro proyectos de desarrollo endógeno y de producción social.

Promover el desarrollo cultural y turístico del ámbito de su jurisdicción.

Cooperar con las autoridades locales, en la realización de operativos colectivos en beneficio de la comunidad.

Proteger el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje, la salubridad pública y la defensa civil.

¿Qué instancias existen dentro de un Consejo Comunal? Por ahora, los Consejos Comunales están integrados por:

La Asamblea Local de Voceros, como órgano decisorio

El Órgano Ejecutivo que reúne a los voceros representantes de la Asamblea, que son elegidos por dos años, para hacer cumplir la voluntad de la comunidad.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito o Unidad de Gestión Financiera que administrará los recursos del Consejo Comunal.

El Órgano de Control o Unidad de Contraloría Social; y

Los Comités de Trabajo o Mesa Técnica

¿Con cuántas familias se organiza un Consejo Comunal? A partir de 20 familias dentro de un mismo ámbito geográfico. Sin embargo, en zonas muy poco pobladas, se tomará el número de familias que vivan dentro de la comunidad, sea este aún menor de 20.

¿Qué otras personas componen un Consejo Comunal? Son miembros de un Consejo Comunal, todos los habitantes residentes de la comunidad, sin distinciones de color, raza, credo político o religioso, nacionalidad, preparación académica o clases sociales.

Aglutina y articula a todas las fuerzas vivas organizadas dentro de la comunidad, tales como las OCVs, Misiones, UBEs, Junta Parroquial, Clubes, Juntas de Vecinos, Comedores Populares, CTU, Mesas Técnicas de Agua, Fundaciones, Asociaciones, Mesas Técnicas de Energía Eléctrica, Comités de Salud, Clubes de Abuelos, etc. para encarar bajo los principios de solidaridad, auxilio mutuo y cooperación, la problemática local.

¿Cuál es la autoridad máxima de un Consejo Comunal? La autoridad máxima del Consejo Comunal es la Asamblea Local de Voceros de la Comunidad. Así como la Asamblea Local de Voceros elige a su Órgano Ejecutivo, tiene también la facultad de revocarlos si no dieran la talla o cometieran faltas contra el Consejo o la Comunidad.

¿Quiénes son los representantes de un Consejo Comunal? Son representantes de un Consejo Comunal ante las autoridades regionales, estadales o estatales, aquellas personas que han sido elegidas por la Asamblea Local de Voceros para tal fin. Se les conoce como Voceros del Consejo u Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal.

¿De dónde provienen los recursos económicos para los Consejos Comunales? Al momento de la edición de este ABC, hay varios criterios, pero se prevén los siguientes canales:

Los que provengan de la administración de los servicios públicos que le sean transferidos por el Estado.

Los que provengan de la administración de los bienes y servicios asumidos por la comunidad.

Los generados por su actividad como Consejo inversionista o como administrador del manejo financiero de sus propios recursos.

El Situado Comunal que le deberá corresponder de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Los que sean transferidos por la República a las Alcaldías.

Las partidas presupuestarias que le asignen algunos Ministerios en calidad de apoyo logístico, como Minpades, Milco, Minep, Ministerio de Trabajo, Inti, Ministerio de Agricultura, etc.

Los recursos provenientes de donaciones, cesiones o expropiaciones legales.

Cualquier otro generado por la actividad financiera que le permita la Ley.

¿Cómo se organiza un Consejo Comunal? La organización, funcionamiento y acción de los Consejos Comunales, se rigen conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad social, equidad, justicia y autogestión económica.

Para organizar y poner a funcionar un Consejo Comunal, es necesario seguir algunos pasos:

Reunirse algunos vecinos con el propósito de formar un Consejo Comunal.

Solicitar a la Oficina Municipal de Consejos Comunales, toda la información necesaria y la literatura actualizada a fin de no cometer errores.

Determinar la cantidad de familias que pueden componer el Consejo Comunal.

Decidir quiénes serán los promotores voluntarios que visitarán casa por casa a las 20 o 30 familias seleccionadas.

Capacitar previamente a esos voluntarios, para que expliquen brevemente a las familias el motivo de su visita.

En esa misma visita, los voluntarios entregarán una invitación indicando lugar, día y hora para que los invitados reciban toda la información complementaria.

Debe invitarse al Presidente y demás miembros de la junta parroquial, al Defensor del pueblo, al Contralor municipal, al Síndico municipal y a toda autoridad conocida, así como a todos los grupos organizados de ecología, cultura, trabajadores, Círculos Bolivarianos, Comités de Tierras, Comités de Salud, Misión Barrio Adentro, Misiones, Robinsón, Rivas, Sucre y Vuelvan Caras, UBES, Comités de Protección Social, etc.

El día de la reunión, el único punto a tratar es darle a los asistentes, toda la información posible sobre Consejos Comunales. Se puede solicitar a la Alcaldía la presencia de un Asesor para que ayude a esta exposición y aclare a la concurrencia cualquier duda que surja.

Debe circular durante la reunión un listado de los presentes, indicando nombres y apellidos, Cédula de Identidad, teléfono y correo electrónico.

Algunos de los presentes deben tomar fotografías para testificar el acto.

Al finalizar la reunión, se solicitará a los asistentes que propongan candidatos para formar el grupo de Voceros Representantes de la Asamblea, llamado también Órgano Ejecutivo de la Asamblea, que será el que durante dos años se encargará de hacer cumplir las decisiones de la Asamblea.

Antes de cerrar el acto, debe acordarse en que día, lugar y hora debe llevarse a cabo la primera reunión electoral de la Asamblea Local de Voceros, para que ésta elija por mayoría al mencionado Órgano Ejecutivo de la Asamblea.

Se conoce con el nombre de Vocero, al representante de una familia. De manera tal que en un Consejo Comunal de 20 familias, deberán haber 20 voceros.

Para que las reuniones de la Asamblea Local de Voceros sea válida, siempre se contará con un quórum de la mitad más uno.

En esa primera Asamblea, y luego de las elecciones, se conocerá quienes son los miembros del Órgano Ejecutivo y, a partir de ese instante, ya se cuenta con el nuevo Consejo Comunal del sector.

El Órgano Ejecutivo está compuesto por Voceros Titulares y Voceros Suplentes, entre los que aparecen los cargos de Vocero Principal, Vocero Secretario, Vocero Administrativo, Vocero Contralor, etc.

El número de Voceros del Órgano Ejecutivo de la Asamblea siempre será variable.

¿Cuáles son las primeras tareas de un Consejo Comunal? Todo Consejo Comunal debe, una vez constituido:

Levantar el croquis del área geográfica del Consejo, indicando claramente sectores, riachuelos, carretera, calles y casas de todas las familias que integran el Consejo y cualquier otro dato referencial.

Levantar el censo del número de personas y familias que viven dentro de la circunscripción del Consejo Comunal, utilizando la planilla cuyo modelo se anexa como Planilla Básica del Censo por Familias.

Sólo se hará el censo entre las 20 o más familias que componen el Consejo.

El censo no es por casa, sino por familias. En el caso de que haya 3 familias dentro de una misma casa, se rellenarán tres planillas diferentes.

Solicitar a la Alcaldía el adiestramiento y capacitación en Gerencia Comunitaria, Consejos Comunales y Cooperativismo. En Anexos se añade una muestra de la Carta que debe enviarse a la Alcaldía.

¿Dónde se registran los Consejos Comunales luego de formados? Los Consejos Comunales serán registrados ante la respectiva oficina que instalará cada Alcaldía, bajo el nombre de Superintendencia del Poder Popular.

Inicialmente se pensó en anexar esta oficina a las oficinas del Consejo Local de Planificación Pública, pero los criterios se inclinaron a que funcionara dependiendo directamente de la Alcaldía, para alcanzar mayor rapidez en sus tramitaciones.

Los datos que se almacenan en el registro, son la simiente histórica de la comunidad en acción; de ahí la importancia de esta oficina.

Allí reposa también la sistematización de la memoria y la crónica del Municipio; sin esos datos recopilados, es difícil rescatar el proceso vivido: antes, durante y después de la actividad colectiva.

¿Qué documentos debe presentar un Consejo Comunal al Registro? Aún no existe una reglamentación precisa, pero estimamos que podemos empezar con lo siguiente:

Copia del Acta constitutiva, firmada por todos los Voceros que asistieron a la Asamblea Local de Voceros.

Plano a mano alzada del territorio declarado por el Consejo Comunal, con indicación de las viviendas involucradas.

Nómina de los Voceros de la Asamblea Local

Nómina de los Voceros que integran el Órgano Ejecutivo de la Asamblea.

Nómina de los Voceros que integran el Órgano de Control

Copia del Acta Constitutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Estatutos Internos del Consejo Comunal

¿Cómo y dónde funciona la Superintendencia del Poder Popular? La Superintendencia estará a cargo de una persona que conozca de Consejos Comunales y el personal subalterno puede estar constituido por los Promotores de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía u otros que se contrate especialmente.

Esta no debe ser una oficina burocrática, sino operativa. Su personal no debe permanecer dentro de ella sino en el campo de acción, que son las comunidades.

Puede funcionar fuera del edificio de la Alcaldía (recomendable) y tener el espacio suficiente para atender a los Voceros que acudan, tanto para registrar sus Consejos, como para solicitar ayuda, asesoría y acompañamiento.

¿Qué otras tareas realiza la Superintendencia del Poder Popular? La Superintendencia, realizará las siguientes tareas obligatorias:

Llevar el registro ordenado de los Consejos Comunales del Municipio

Llevar el registro pormenorizado de Órganos Ejecutivos de cada Consejo

Llevar la Base de Datos actualizada de los censos establecidos por familias

Publicar manuales de apoyo para actualizar el conocimiento sobre Consejos, Cooperativismo, Desarrollo Social, etc.

Formular planes de integración, como la red de Consejos Comunales, Clubes, Asociaciones, etc. que tienda a vincular la red social del Municipio.

Ir actualizando el mapa con coordenadas del Municipio, señalando exactamente la ubicación de las viviendas de cada Consejo.

Con todos los datos recurrentes al banco de datos existente, se puede hablar de la “Historia de la Comunidad”, ya que no sólo son cuantitativos, sino cualitativos; a ese cúmulo de vivencias debidamente organizado, se le debe incorporar todos los elementos de interpretación posibles, comprensión, explicación, análisis, crítica y reflexión, para que de allí surjan los nuevos aprendizajes y los nuevos saberes, en términos de juicio, concepto y teoría.

¿Con qué equipo y materiales debe empezar la Superintendencia? La Superintendencia debe contar en sus inicios, con el siguiente equipo y mobiliario:

Una computadora

Un escritorio

Dos archivadores

Una mesa de 8 o 10 puestos

15 sillas apilables

Dos carteleras grandes

Una pizarra acrílica

Materiales de oficina, papelería, etc.

Se recomienda la compra de una fotocopiadora, para proporcionar a los usuarios la facilidad de sacar fotocopias de cédulas, planillas, manuales, formularios, etc.

Asamblea Local de Voceros del Consejo Comunal

¿Qué es la Asamblea Local de Voceros? Es la máxima instancia del Consejo Comunal y autoridad deliberante de la Comunidad. Sus decisiones y acuerdos están por encima de todas las que se toman en otras instancias y son de carácter vinculante para los Consejos Comunales. Es el verdadero PODER POPULAR.

Es el producto de la educación liberadora que vive esta nueva generación de venezolanos, que lucha denodadamente para consolidar la construcción de una sociedad libre, de un auténtico poder popular y la emancipación social e individual.

¿Qué funciones cumple la Asamblea Local de Voceros? Por ser la máxima autoridad del Consejo Comunal, la Asamblea Local de Voceros:

Elige o destituye a los Voceros del Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal

Aprueba o desaprueba los acuerdos del Órgano Ejecutivo remitidos especialmente a la Asamblea Local en consulta u observación.

Aprueba las normas de Convivencia de la Comunidad.

Aprueba los Estatutos y el Acta Constitutiva del Consejo Comunal.

Rescinde la contratación de servicios para el desarrollo de proyectos, que hayan sido objeto de cuestionamiento por el Ente Contralor del Consejo.

Diseña, aprueba y controla el Plan Único de Trabajo o Plan de Desarrollo Integral de la Comunidad.

Dirige los destinos del Consejo Comunal a través de reuniones cuidadosamente planificadas y convocadas con Agenda preestablecida, en la que tienen prioridad los proyectos a desarrollarse.

Recomienda al Órgano Ejecutivo de la Asamblea, las actividades de carácter formativo, analítico, consultivo, de inversión y proyección social, para la elaboración de los correspondientes proyectos.

Ejerce la Contraloría Social de forma directa o a través de la Unidad de Contraloría.

Suscribe los acuerdos de alianza o convenios con otras instituciones, para propósitos de capacitación, transferencia de saberes, intercambio tecnológico, etc.

Aprueba e impulsa la integración de los proyectos para resolver las necesidades comunes con otras comunidades e instancias de gobierno.

Promueve el fortalecimiento de las redes de Consejos Comunales.

Elige a los integrantes de la Unidad de Contraloría

Contrata los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, dando prioridad a la que está constituida por miembros de la misma comunidad.

¿Quiénes integran la Asamblea Local de Voceros de un Consejo Comunal? Todos los voceros que representan a las familias que conforman el Consejo.

En una comunidad de 20 familias, el Consejo tendrá un registro de 20 voceros que representan a cada una de esas 20 familias. Es decir, cada familia debe acreditar y autorizar un vocero a la Asamblea.

¿Quiénes son los Voceros de la Asamblea Local? Es Vocero ante la Asamblea Local de Voceros, aquella persona de la comunidad, residente habitual en la zona, mayor de edad, que tenga solvencia moral, disposición y tiempo para el trabajo comunitario, capaz de trabajar en grupo y compromiso tanto con el Consejo como con la comunidad y que haya sido designado por una familia del vecindario, para representarla en todo momento ante la Asamblea Local de Voceros.

Hasta hace poco tiempo, se recomendaba la creación de una Oficina Municipal que se encargaría de definir los ámbitos espaciales y límites geográficos para la consolidación de los Consejos Comunales y, asimismo, nombrar un grupo de representantes de ese ámbito para que se encargue de hacer todos las diligencias y trámites del Consejo. Se recomendaba el arbitraje de la Cámara Municipal, en el caso de controversias entre Consejos vecinos por circunscripción o litigio de tierras. Todo eso, quedó atrás, porque el nombramiento de un Vocero por cada familia, es un mecanismo auténticamente democrático y participativo.

Ahora, esa Oficina Municipal, llamada Superintendencia del Poder Popular, hace exactamente lo que la Asamblea de los Consejos Comunales exige que se haga, siempre y cuando esos quehaceres estén enmarcados dentro de la Ley, porque son los Consejos Comunales quienes ahora velan, ejerciendo la Contraloría Social, por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico. A esta modificación, se le conoce como el Poder Popular.

¿Cuándo se deja de ser Vocero? Pierde el derecho a ser Vocero, aquella persona que se muda del vecindario, que la familia a la que representa proponga a otra persona para que lo reemplace, que cometa infidencias, faltas o agravios a otras personas, que cometa delitos penados por la Ley o que renuncie voluntariamente

¿Cuáles son los requisitos básicos para ser Vocero? Para ser vocero, debe reunirse los siguientes requisitos básicos:

Ser conocido por el resto de voceros

Ser mayor de edad

Ser residente habitual en la casa de la familia a que representa

Ser disciplinado y puntual

Observar buena conducta; y,

Que haya sido designado para representar a una familia

¿Cómo se realiza una Asamblea Local de Voceros? La Asamblea Local se convoca con tres o mas días de anticipación, mediante invitación escrita, tal como aparece en el Apéndice 1, en la que debe figurar:

Lugar

Fecha y Hora

Agenda

El día de la realización, se constata el quórum legal y se procede a la Asamblea, bajo la conducción del Órgano Ejecutivo de la Asamblea, debiendo levantarse el Acta de Asamblea, cuya copia será posteriormente enviada al Consejo Local de Planificación Pública.

Para moderar la Asamblea, debe nombrarse en cada una de ellas, un Director de Debates o Moderador, entre los asistentes.

El Acta aprobada debe ser firmada por todos los que concurrieron a la Asamblea, sin perjuicio que circule una lista de asistentes donde se registren nombres y apellidos, Cédula de Identidad, Teléfono y Correo Electrónico.

Se sugiere la presencia de un representante del Consejo Parroquial, o un representante del CLPP o un representante de la Oficina de Consejos Comunales de la Alcaldía.

¿Cómo se establece el quórum de una Asamblea Local de Voceros? El quórum de la Asamblea Local de Voceros se establece sumando cuidadosamente el número de voceros asistentes.

Sólo se dará por válida una Asamblea, cuando por lo menos existe la mitad más uno de los voceros acreditados. En un Consejo de 20 voceros, el quórum válido mínimo es de la mitad más uno (1); es decir diez (10) más uno (1) = once (11).

Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal

¿Qué es el Órgano Ejecutivo? Es la segunda instancia del Consejo Comunal, ya que la primera es la Asamblea Local de Voceros. Esta última, es decir la Asamblea Local, determina y elige el número de Voceros, que de acuerdo a la cantidad de Comités de Trabajo y Proyectos a desarrollar, debe tener el Órgano Ejecutivo.

¿Cómo está formado el Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal? Si sabemos que la forma como se organiza un Consejo Comunal, depende de la realidad particular de cada comunidad; entonces, también el Órgano Ejecutivo del Consejo es variable en el número de Voceros que lo conforman. Todo depende de la cantidad de proyectos y participación protagónica que espera desarrollar el Consejo.

Recordemos que de nada vale tener un Consejo Comunal sino se tiene proyectos en desarrollo. La misión de estas instituciones populares es dar solución constante a los problemas colectivos locales.

Por ello, la organización básica de un Órgano Ejecutivo, debe contar siempre con:

Un Vocero/a Principal

Un Vocero/a Secretario

Un Vocero/a Administrativo

Un Vocero/a Contralor, de Inspección y seguimiento

Un Vocero/a de Educación (Capacitación permanente)

Un Vocero/a de Relaciones Públicas, Medios y Competencia Electoral

Un Vocero/a Coordinador General; y,

Sus respectivos Suplentes.

Opcionalmente, y dependiendo de los proyectos sustentados y anteproyectos a presentar, pueden haber Voceros especializados en:

Economía Popular y Solución Alimentaria – Centros de acopio, frigoríficos, complejos agro productivos, granjas integrales, cooperativas de producción, etc.

Planificación y elaboración de Proyectos industriales para el Desarrollo Endógeno, Desarrollo Competitivo y la Producción Social

Educación y Deportes

Ciencia y Tecnología

Cultura y folklore

Organización, Formación ciudadana, Conciencia y Convivencia Comunal

Desarrollo Social

Salud y Saneamiento Ambiental

Programas Sociales y Misiones

Vivienda y hábitat

Infraestructura, ornato y vialidad

Desarrollo urbano

Seguridad Ciudadana y Defensa

Pesca

Minería, etc.

Estos Voceros especializados, son los que después van a dirigir las Mesas de Trabajo para el desarrollo de los proyectos realizados por la comunidad.

¿Quién elige a los Voceros Titulares y Suplentes del Órgano Ejecutivo del Consejo? Los elige la Asamblea Local de Voceros de la Comunidad, por votación expresa y sólo con el quórum legalmente establecido.

¿Por cuánto tiempo se nombran a los Voceros del Órgano Ejecutivo de la Asamblea? Todos los cargos tienen dos años consecutivos de duración, pudiendo ser reelegidos por igual período.

¿Cuáles son las funciones del Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal? Todo Órgano Ejecutivo realiza las siguientes funciones:

Ejecuta las decisiones de la Asamblea Local de Voceros

Articula al Consejo con las organizaciones presentes en la comunidad y promueve nuevas organizaciones donde sea necesario, en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral de las comunidades.

Elabora planes de trabajo, tomando en cuenta todas las proposiciones y sugerencias de la Asamblea Local de Voceros.

Organiza y reactiva la plataforma social de la comunidad, para integrarla y animarla a una participación activa y positiva.

Formaliza el registro del Consejo ante la Superintendencia del Poder Popular. (Oficina Municipal de Registro de los Consejos Comunales)

Elige al Cronista del Consejo, para ir recabando los testimonios históricos y los documentos públicos del patrimonio local.

Elabora y presenta el resumen del Censo de familias ante la Superintendencia del Poder Popular.

Elabora el diagnóstico de necesidades de la comunidad

Rescata el diagnóstico de fortalezas de la comunidad (Censo de talentos).

Redacta el Reglamento Interno del Consejo Comunal.

Promueve el ejercicio de la iniciativa legislativa.

Recomienda las alianzas y convenios que se tengan que suscribir, para darle a la comunidad la capacitación permanente que se requiera.

Partes: 1, 2

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Comentarios

Lunes, 29 de Agosto de 2011 a las 21:04  |  0      

Ronald Reyes

para Alicia Varela, si eres suplente y quieres ser principal, estas en todos tus derechos por que el principal que estaba dices que salio de los limites geograficos. pues habla con esa persona primeramente( si puedes ubicarlo) pidele la renuncia para que sea mas facil el proceso de manera amistosa, esa carta debe ir firmada y sellada por el concejo comunal, luego llevenla a taquilla unica con el acta constitutiva del CC…
por otro lado, debes dejar bien claro que a pasar que eres suplente tu opinion cuenta por muchas razones.
la primera es que perteneces a la COMUNIDAD y en la asamblea de ciudadanos y ciudadanas se decide siendo esta la maxima autoridad conformada por la comunidad del sector. por otro lado si no esta el principal, toma inmediatamente el suplente, declarando los motivos en dicha asamblea… revisa la nueva ley de los consejos comunales

Domingo, 14 de Noviembre de 2010 a las 21:04  |  0      

alicia varela

muy bueno el contenido.POR FAVOR ACLAREN UNA DUDA:soy vosero suplente del comite de finanza, el vosero principal por motivo de trabajo esta residenciado en otro estado, no puede asistir a reuniones y actividades del consejo comunal, sin embargo la directiva me dice que yo puedo asitir a reuniones mas no tengo ni voz ni voto hasta tanto el princial no presente renuncia por escrito. Por favor envia a mi correo soporte legal de ello. alicia_etar@hotmail.com

Martes, 7 de Septiembre de 2010 a las 11:30  |  1      

Edgar Eduardo Patrizzi Rodríguez

Excelente trabajo es muy completo y muy didáctico.

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Leer más: http://www.monografias.com/trabajos33/consejos-comunales/consejos-comunales.shtml#ixzz2hty8L0l6

¿Cuál es el mecanismo de reunión del Órgano Ejecutivo del Consejo? Hay que diferenciar claramente el Órgano Ejecutivo de la Asamblea y la Asamblea Local de Voceros, porque la confusión radica en que en las dos instancias, sus integrantes son los mismos vecinos de la comunidad.

La Asamblea Local de Voceros, es la primera instancia del Consejo Comunal y la conforman todos los Voceros vecinales (Uno de cada familia) de toda la comunidad.

El Órgano Ejecutivo de la Asamblea, es la segunda instancia del Consejo Comunal y la conforman el grupo de Voceros Titulares y Suplentes elegidos por la Asamblea Local de Voceros.

Se reúne con mucho más frecuencia que la Asamblea Local, por ejemplo: todos los lunes a las 4:00 p.m., y cualquier otro día cuando hay temas o problemas que lo amerite, porque es el responsable directo de la formulación de propuestas de inversión ante la Asamblea Local, así como de la ejecución, evaluación y control de las obras civiles, eventos, programas sociales y servicios públicos de la jurisdicción.

En cambio, la Asamblea Local de Voceros, se reúne esporádicamente cada vez que se necesita tomar decisiones muy importantes, elegir nuevos miembros, retirar algunos miembros de las instancias por incumplimiento de funciones, suscribir convenios nacionales o internacionales, discutir Planes de Inversión, evaluar proyectos concluidos, etc.

Lleva un Libro de Actas en el que se anota minuciosamente todos los temas que se discuten, los acuerdos que se toman, las decisiones administrativas, los convenios que se suscriben etc.

Durante la reunión debe respetarse el orden del programa establecido, por ejemplo:

Conteo de quórum (Siempre la mitad más uno). En estas reuniones pueden estar presentes la Cooperativa de Ahorro y Crédito, los Contralores y los Miembros de la Mesa Técnica, pero si no son Voceros del Órgano Ejecutivo, no forman parte del quórum. Tienen derecho a voz pero no a voto.

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Informes

Pedidos

Orden del Día

Cierre

En consecuencia, todas las decisiones y acuerdos que adopte el Órgano Ejecutivo de la Asamblea, deberá ser por mayoría de sus miembros.

Se recomienda siempre tomar algunas fotografías de la reunión para publicarlas en la Cartelera o en el Boletín del Consejo; asimismo, es bueno grabar la totalidad del evento, para evitar excusas posteriores u omisiones en el Acta.

Cooperativa de Ahorro y Crédito o Unidad de Gestión Financiera

¿Para que sirve la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa de Ahorro y Crédito es la entidad que debe manejar todo el dinero que ingrese al Consejo Comunal, así como llevar un control minucioso de los gastos que realiza. Es la tercera instancia del Consejo Comunal.

También administra los ingresos de cualquier índole que ingresen al Consejo Comunal, incluyendo propiedades, terrenos, cesiones, donaciones, etc.

A través del Comité de Educación, promoverá la creación de las Cooperativas que se encargarán de dirigir los proyectos industriales, agrícolas, pesqueros, turísticos, etc. dando a los miembros de la comunidad, los talleres necesarios para ilustrarlos en materia de cooperativismo, desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno y producción social.

Deberá Impulsar el presupuesto participativo, jerarquizando las necesidades de la comuna, utilizando la nueva concepción del Cooperativismo Revolucionario.

¿Qué es el Cooperativismo Revolucionario? El Cooperativismo Revolucionario es un movimiento sociopolítico que constituye una vía para el desarrollo endógeno y de la autogestión de la nación para que los medios de producción, sean de propiedad colectiva y la economía social sea un mecanismo de expresión de la democracia protagónica y participativa. Promueve los intereses comunes, a través de organizaciones en las que todos y todas tienen los mismos derechos, sin privilegios ni jerarquías.

¿Qué otras funciones realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa debe realizar las siguientes actividades:

Abrir una Cuenta Corriente en un Banco cercano a la comunidad

Abrir una Cuenta de Ahorros en el mismo Banco

Diseñar un Programa de otorgamiento de créditos a los miembros de la comunidad.

Realizar la intermediación financiera correspondiente.

Prestar asistencia social.

Llevar la contabilidad de todos los proyectos individualmente.

Llevar la contabilidad individual de la Cooperativa.

Depositar con exactitud los gravámenes de Ley: ahorro habitacional, INCE, Seguro Social, SENIAT, etc.

Actuar dentro de la comunidad como un minibanco, promoviendo el ahorro y las inversiones a corto plazo.

Administrar los todos los recursos que ingresen al Consejo Comunal y los del Fondo Nacional de los Consejos Comunales.

Se encargará de tramitar, apoyando al Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal, los documentos para la obtención de recursos ante el FIDES, LAEE, Minpades, Fondafa, Inapesca, Banco Agrario, Banco Industrial, etc.

¿Quiénes conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa de Ahorro y Crédito debe formarse con cinco miembros de la comunidad, que tengan conocimiento de contabilidad, finanzas y administración. Si no lo hubieren, el Órgano Ejecutivo de la Asamblea puede contratar los servicios de una Cooperativa de Ahorro y Préstamo o Cooperativa Financiera, para que realice ese trabajo, previa selección por calificación profesional.

¿Cómo funciona la Cooperativa de Ahorro y Crédito? Esta Cooperativa administra, controla y evalúa los proyectos que desarrolla el Consejo Comunal, a través de un sistema contable universal.

También lleva la Contabilidad General del Consejo Comunal y de la propia Cooperativa.

En consecuencia, debe tener una oficina con el equipo indispensable para ese trabajo. Detallamos lo que consideramos de utilidad inicial:

Una computadora

Software contable y administrativo, con inventario, nómina y balances.

Dos escritorios

Una caja fuerte portátil

Libros sociales y libros contables debidamente legalizados

Material de oficina

En lo referente al software, existen varias marcas conocidas como Saint, Cisnes, Galac, Valery, etc., algunos de los cuales son específicos: Contabilidad, Administración, Inventario, etc.

Hoy otros que vienen en combos administrativo-contable, administrativo-inventario, nómina-inventario, etc. Cada cooperativa tiene la opción de escoger el software que mejor se ajuste a sus necesidades.

¿Cómo se pagan los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito? Los costos administrativos y contables de la Cooperativa, deben incluirse en el paquete presupuestario del proyecto a desarrollarse.

De esa manera, si el proyecto ha de tener una vida operativa de 11 meses, debe calcularse el costo de 11 meses de trabajo de la Cooperativa, más el valor de sus muebles y equipos básicos.

Órgano de Control o Unidad de Contraloría Social

¿Qué es un Órgano de Control? Es la cuarta instancia del Consejo Comunal, que le otorga al ciudadano la facultad de controlar la actividad de la gestión pública y los quehaceres de la comunidad.

El Artº 259 de la LOPPM señala que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse en contralorías sociales con el objeto del control del gobierno local”.

¿Qué es el control social? Es un mecanismo a través del cual todo ciudadano, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos. Dentro del Consejo Comunal la tarea es ardua y permanente, porque es el ente encargado de verificar que los proyectos se realicen tal cual se describen en la sistematización, metodología y mecanización de los mismos.

Cuáles son las funciones del órgano de control del Consejo Comunal? Las funciones de esta instancia son extensas y permanentes, aunque las principales son:

Controlar que todas las actividades administrativas del Consejo Comunal sean legales y transparentes.

Coordinar y aplicar la contraloría social en todos los ámbitos de la comunidad.

Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del Plan Único de Trabajo o Plan de Desarrollo Intergral de la comunidad.

Ejercer el control y vigilancia del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y acompañamiento de todos los proyectos comunitarios.

¿Quién controla a los contralores? Los contralores debidamente organizados, no solo se limitan a actuar dentro de la geografía del Consejo Comunal, sino que pueden ejercer sus actividades sobre cualquier nivel o sector de la administración municipal y sobre particulares que cumplan funciones públicas, cuando la seguridad y el patrimonio de las comunidades está en riesgo.

Pero, para ello, deben estar inscritas en un registro sistematizado que, a tal efecto, llevará cada Alcaldía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional que regula la participación ciudadana, las organizaciones contraloras tienen deberes y obligaciones específicas, que se detallan en el Artº 273 de la LOPPM.

¿Quién elige a los miembros del Órgano de Control? Los miembros de esta instancia son elegidos por la Asamblea Local de Voceros.

¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Órgano de Control? Para ser miembro del órgano de Control, se requiere:

Ser honesto

Ser habitante de la comunidad

Ser mayor de edad

Tener solvencia moral acreditada

Disposición y tiempo para ejercer un control efectivo y oportuno

Compromiso con los mandatos del Consejo Comunal

Conocimiento de control y evaluación

Capacidad observadora y sentido crítico

Comités de Trabajo

¿Qué es un Comité de Trabajo? Es un grupo de personas que conoce el trabajo a realizarse durante la ejecución de un proyecto. Por ejemplo: si hablamos de un proyecto industrial apícola, el Comité debe estar integrado por personas que saben de apicultura, cultivo integral, horticultura, viveros, plantas procesadoras, embotellado, etc.

¿Quiénes integran el Comité de Trabajo? El Comité de Trabajo está formado por los miembros del Consejo Comunal que participan directa o indirectamente en un determinado proyecto. Sin embargo, pueden sumarse voluntariamente al Comité, aquellos miembros del Consejo que, sin participar en el proyecto, conocen la materia de ese proyecto, por lo que su colaboración es valiosa. Tal es el caso de profesores y profesionales jubilados, técnicos, expertos, etc.

¿Cuántos miembros integran un Comité de Trabajo? El número de integrantes del Comité depende de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, para el caso de una planta camaronera, el Comité deberá tener miembros conocedores de albañilería, pesca, movimiento de tierras, administración, relatoría, coordinación, procesamiento de alimentos, electricidad, mecánica, biología marina, tecnología alimentaria, transcripción, diseño gráfico, etc.

Como sugerencia, se detallan algunas especialidades:

Comité de Salud

Comité de Tierras

Comité de Protección Social

Comité de Economía Popular

Comité de Cultura

Comité de Seguridad Integral

Comité de Industrias Ligeras

Comité de Desarrollo Turístico

Comité de Desarrollo Agrícola

Comité de Alimentación

Comité de Deportes

Comité de Energía

Comité de Pesca y acuicultura

Comité de Saneamiento Ambiental, etc.

¿Qué hacen los Comités de Trabajo? El Comité planifica, redacta, sustenta, controla y realiza un determinado proyecto comunitario.

Eso significa, que en cuanto la Asamblea Local de Voceros sugiere un determinado proyecto, inmediatamente debe formarse un Comité de Trabajo para ese proyecto.

De ese grupo humano, deberían trabajar en el proyecto, aquellos que están desocupados, para ir solucionando de esa manera el problema del desempleo.

¿Cada cuanto tiempo se reúnen los Comités de Trabajo?

Se reúne cuantas veces sea necesario, para lograr un verdadero y óptimo control del desarrollo del proyecto.

¿Cómo se paga el trabajo de los miembros de un Comité? La mayoría de los miembros de un Comité de Trabajo – hay veces la totalidad -, ejecutan labores directas en el proyecto como electricistas, plomeros, administradores, técnicos, contadores, laboratoristas, mecánicos, etc.

Sin embargo, cada proyecto debe presupuestar costos para uso del Comité de Trabajo, que necesita hacer uso de Internet constantemente, papelería, fotocopiado, planos, movilidad, interconsulta profesional, viáticos, etc.

¿Qué ocurre cuando en una comunidad no hay especialistas? Simplemente se convoca a una Mesa Técnica.

También existe la posibilidad de que cada Alcaldía cuente con una Mesa Técnica Permanente, tal como lo anunciara el propio Presidente de la República en febrero ppdo.

También se puede recurrir a entidades como el CLPP, Inapesca, UDO, Milco, Minep, PDVSA, Cooperativas de Asesoramiento Empresarial, Fundacomún, INCE, etc., para la búsqueda de asesoría.

¿Cómo se convoca una Mesa Técnica? De acuerdo a las instrucciones del Ejecutivo Nacional, debemos evitar los nombramientos a dedo. De tal manera, que la Asamblea Local de Voceros, debe encomendar al Órgano Ejecutivo para que aperture un concurso de profesionales, los mismos que deben presentar sus currículos para que estos sean cuidadosamente estudiados.

¿Cuántos integrantes debe tener una Mesa Técnica? No es una cantidad rígida, ya que depende del tipo de proyecto que se aborda; por ejemplo: si se trata de diseñar una planta procesadora de pescado ahumado, la Mesa Técnica tendrá un Ingeniero pesquero, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, un técnico de alimentación y un Coordinador General. Opcionalmente, las Mesas Técnicas tienen una transcriptora y un encargado de la búsqueda de datos en Internet.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Alcaldía y Consejo Comunal

¿Qué vinculo existe entre Alcaldía y Consejo Comunal? La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su Artº 113, señala que el Alcalde en su carácter de Presidente del Consejo Local de Planificación Pública, tiene que promover la conformación de los Consejos Comunales en todas las parroquias de su Municipio.

Se reafirma en el Artº 4 de la misma Ley: la Alcaldía debe “impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus actuaciones”.

Por tanto, es competencia de la Alcaldía el gobierno y la administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios que requiera la comunidad.

De la misma manera, tiene la facultad de organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades activas en su jurisdicción. En consecuencia, debe tener una oficina destinada a la atención de los Consejos Comunales.

Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales de turismo para promover y desarrollar esa actividad a través de los Consejos Comunales. En esos planes se promoverá el desarrollo turístico de aquellos lugares de interés histórico, de bellezas naturales, recreativos y de producción de artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés turístico.

El vínculo Alcaldía – Consejo Comunal debe estimular permanentemente la creación de empresas de economía y producción social tales como cooperativas, medianas empresas, plantas industriales, empresas autogestionarias y cogestionarias, para crear puestos estables de empleo bien remunerado.

Los municipios y demás entidades locales deberán favorecer – dice la LOPPM, en su Artº 260 – la constitución y desarrollo de las diversas formas de organización de la sociedad, destinadas a la defensa de los intereses colectivos.

Consejo Local de Planificación Pública y Consejo Comunal

¿Qué vinculación existe entre el Consejo de Planificación Pública y el Consejo Comunal? Los Consejos Comunales son instancias del Consejo Local de Planificación Pública, que tendrán como función servir de centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada presente como solución a sus problemas comunes.

La ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública deberá regular – dice el Artº 114 de la LOPPM – todo lo relativo a la integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales.

ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

Comunidad

¿Qué es comunidad? Es el grupo humano que reside habitualmente en un espacio geográfico determinado.

¿Cuáles son las características de una comunidad? En una comunidad, los miembros que la componen deben:

Conocerse entre sí

Poder comunicarse fácilmente entre todos

Reunirse sin depender de transporte

Compartir una historia común, tradiciones, vivencias, costumbres, etc.

Utilizar los mismos servicios públicos; y,

Compartir problemas de índole económico, social, urbanístico, etc.

¿Cuáles son los problemas más comunes de una comunidad?

El lento y desarticulado desarrollo político y cultural integral de sus miembros

La falta de proyectos para solucionar la escasez de vivienda

La falta de proyectos para mejorar los servicios públicos

El desorden social, la delincuencia y la corrupción

La falta de presupuestos participativos para obras colectivas

La falta de una contraloría social efectiva y organizada

El pobre conocimiento sobre Desarrollo Endógeno, Desarrollo Competitivo, Desarrollo Humano, Trabajo Social, Cooperativismo Revolucionario, etc.

El desempleo por la falta de industrias de transformación

La falta de Salas de Lectura, Infocentros, Centros de Convención, Laboratorios de Investigación, Educación Superior, etc.

La falta de educación, capacitación y adiestramiento en especialidades técnicas vinculadas a la producción pesquera, agraria, turística y minera.

Área vecinal

¿Qué entendemos por área vecinal? En parroquias grandes, es común la existencia de los llamados “sectores” o “barrios”. Esa división da lugar a las áreas vecinales.

Son pequeños espacios pertenecientes a una parroquia, en los que natural y progresivamente se han ido arremolinando costumbres, apellidos, fiestas patronales, vínculos sociales, parentesco, etc. que han fortalecido una vecindad comunitaria. Pueden ser de muy pocas familias (10, 20, 30), pero son las áreas donde mejor se componen y funcionan los Consejos Comunales.

Densidad poblacional

La densidad poblacional es la cantidad de individuos existentes en una población en relación con la superficie en que habitan. Es un modo de reflejar la abundancia, lo que, a su vez, nos indica el grado de concentración de individuos en el territorio.

La densidad de población tiene conexión con la capacidad de carga o acogida del medio, ya que éste tiene una capacidad más o menos concreta para albergar a un cierto número de individuos sin que éstos sufran las consecuencias negativas del hacinamiento y de la falta de recursos. La densidad de población es, por tanto, un parámetro fundamental en los análisis demográficos.

Espacios Territoriales

Desde el punto de vista territorial y político-administrativo, la nación se organiza en Estados, Distrito Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. El territorio se organiza en Municipios (Art. 16 de la CRBV)

El Municipio se organiza en parroquias y muchas parroquias se dividen en sectores y sub sectores según el número de habitantes. La experiencia muestra, sin embargo, que la verdadera participación y protagonismo del pueblo se da en espacios geográficos menores. La gente ha venido identificando estos espacios con el término de comunidad.

Mancomunidad

¿Qué es una mancomunidad? Es una figura asociativa constituida en forma voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su competencia.

¿Qué tiene que ver la mancomunidad con los Consejos Comunales? Cuando por razones de vecindad – colindantes – dos Consejos Comunales o más de diferentes Municipios, tienen que desarrollar proyectos comunes, tienen que recurrir a la mancomunidad de ambos municipios.

En tal caso, esa mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites establecidos en el convenio de los Consejos Comunales suscribientes.

Parroquia

¿Qué es una parroquia? Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos municipales.

Poder Popular

El Poder es la capacidad que tiene una persona, grupo o sector social, para usar y disponer de recursos propios o que se les ha encomendado.

Es la capacidad para realizar una idea y es el hecho de tener la fuerza para concretarla. Debe estar asistida por la conciencia social, la conciencia política, conciencia económica, conciencia ambiental y la conciencia de seguridad y defensa.

EL ABC DE LOS CONCEJOS COMUNALES

APÉNDICE 1

MODELO DE CITACIÓN PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA

Alcaldía del Municipio Mariño

Oficina Municipal de Consejos Comunales

CONVOCATORIA

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos33/consejos-comunales/consejos-comunales2.shtml#ixzz2htyXcdJb

POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

1.- ¿Cuál es el problema de la Salud Pública en América Latina?

América Latina conforma la región del mundo que presenta la mayor inequidad social y graves desigualdades en las condiciones de salud y de acceso a los servicios de salud pública, así mismo, la creciente disparidad de condiciones de vida y de salud, entre los grupos sociales y las regiones geográficas que integran a los países latinoamericanos han impulsado una mayor preocupación por las desigualdades en salud y las inequidades, considerándolas entre las emergencias que comprometen el futuro de la humanidad.

 

Es por ello que una vez analizada las principales dificultades de la salud pública en América Latina, se ha identificado que entre los principales problemas que presenta la atención sanitaria en la latinoamericana se destaca la precariedad institucional de la salud pública y a la falta de equidad y eficiencia del sistema de salud pública existentes en los países latinoamericanos, lo que a su vez enmarca en un limitado acceso a los servicios de salud de forma mayoritaria, identificado como el principal problema que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,  Venezuela, Paraguay, y Perú, todo ello asociado a su vez a las limitaciones presupuestarias, tecnológicas y de infraestructura a la red institucional de los servicios de salud pública en América Latina.  La limitada cobertura de los servicios de salud pública forma parte de las manifestaciones de la falta de equidad, así como las condiciones económicas existentes (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida etc.). 

 

El hecho de que grandes sectores de la población de la mayoría de los países de América Latina sigan sin tener un acceso real a los servicios de salud y que este déficit de cobertura se produzca en medio de una restricción considerables de los recursos disponibles para el sector, presenta un gran desafío para la capacidad de organización y gestión de los sistemas nacionales de salud.

 

 

2.- ¿Cuales son las Potencialidades de las Políticas de Salud Pública en América Latina: (Recursos disponibles, Condiciones de su Infraestructura etc.)?

          En cuanto a las políticas y programas de salud pública acentuadas como avance en los países Latinoamericanos enfrentan hoy día procesos de cambios y transformación, experimentando importantes reformas dirigida a elevar la gobernabilidad de los mismos y lograr la eficiencia, eficacia y efectividad de su funcionamiento, es por ello que los gobiernos de la Región de las Américas establecen conjuntamente la Agenda de Salud para las Américas suscrita el 03 de junio de 2007, para orientar la acción colectiva en contribuir a mejorar la salud de los pueblos de esta Región, agenda que conlleva a potenciar un plan de acción orientado a dar una efectiva respuesta a las necesidades de salud de nuestras poblaciones y refleja el compromiso de cada uno de los países para trabajar en conjunto, con una perspectiva regional y con solidaridad en favor del desarrollo de la salud en la Región.  Desde el punto de vista de las potencialidades, en cuanto a la capacidad y posibilidades que dentro del marco de acción de las políticas públicas vislumbren cambios que den respuestas efectivas a las necesidades de salud pública, identificando entre estas potencialidades en el ámbito de las políticas de salud públicas las siguientes:

 

  • La participación de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de las políticas públicas de salud y en la evaluación de sus resultados.
  • El marco legal y normativo del sistema de salud existente.
  • El nivel de desarrollo económico y el grado de industrialización presentan una influencia considerable en los sistemas de salud.
  • La fuerza de trabajo en salud pública, incluye la fuerza trabajadora cuya responsabilidad primaria es la provisión de los servicios de salud colectiva.

 

  • Integración de los diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud. Instituciones específicas abarcan uno o varios de estos tipos de participantes directos (por ejemplo, una institución del sistema de seguridad social que asegura y además proporciona atención de salud). La población participa no solo como destinataria de los servicios producidos sino también como contribuyente directo o indirecto y usuario de atención de salud.
  • Los sistemas de información en el sistema de salud pública.
  • La tecnología en la salud pública, recursos físicos y tecnológicos.

 

3.- Propuestas orientadas al mejoramiento de las Políticas de Salud Pública en América Latina:

3.1- Antecedentes, reformas, generación de reformas.

A partir de los años ochenta se han iniciado procesos de reforma del sector salud en casi todos los países latinoamericanos, que tienden a favorecer la participación del sector privado en la gestión del financiamiento público y la provisión de servicios, con la consiguiente reducción de los servicios públicos prestados por el Estado.  Como resultado de esta tendencia, durante las últimas décadas, en varios países se han creado administradoras de fondos y redes de proveedores privados para la atención de los más pobres. Sin embargo, este proceso se desarrolló bajo el convencimiento de que era necesario fortalecer la capacidad reguladora de los estados, para garantizar la provisión universal de un paquete de prestaciones a toda la población. Otro aspecto común a las reformas en los distintos países fue la descentralización de los establecimientos públicos, la separación del financiamiento y la provisión pública, la introducción de contratos entre sector público y privado y el impulso a la participación social. Igualmente observamos al analizar los cambios legislativos recientes en materia de salud se advierte que los gobiernos han asignado prioridad a la reposición del papel del Estado, como prestador y regulador, en la descentralización de la gestión de los servicios, la promoción del sector privado y el control de la escalada de costos. Por ejemplo en Venezuela, los cambios legislativos han tomado dos direcciones: el desarrollo de la estrategia de promoción de la calidad de vida y la salud, y la puesta en práctica de la Misión Barrio Adentro, que contempla la creación de 600 clínicas populares, 8.000 consultorios populares, 600 centros de diagnóstico integral, 600 centros de rehabilitación integral, 35 centros de alta tecnología, todos ellos programados y en construcción.

 

La necesidad de enfrentar los problemas de exclusión social e inequidad en salud exige implementar políticas e instrumentos para avanzar hacia la universalización de las coberturas de servicios de salud. Asimismo el constante aumento de los costos, que conlleva el avance tecnológico, el crecimiento de la demanda y de los requerimientos financieros, implica que las mejoras de eficacia y contención de costos sean puntos centrales en la definición de políticas de salud, que a su vez incluya la compensación de brechas entre regiones y entre grupos socioeconómicos. Las reformas del sector de salud deben contemplarse como algo más que un simple proceso tecnocrático o de gestión. Forman parte de una transformación política que comporta debates, con una amplia participación de diversos actores sobre las estrategias más adecuadas para avanzar. En algunos casos, la reforma sanitaria forma parte de un proceso de democratización que está

cambiando el papel que desempeña el gobierno y el sector público en muchos países. Estos procesos, en muchos casos, van acompañados por cambios en la relación de las instituciones y los profesionales de la salud con sus usuarios.

 

3.2- Propuestas de Acción para la implementación de Políticas efectivas en el Sistema de Salud Pública en América Latina.

 

 

Las propuestas en el nivel macro comprenden la decisión sobre los recursos óptimos para salud, la configuración de sistemas globales de salud, los mecanismos de transferencia de recursos y los papeles que les corresponde desarrollar al Estado, propuestas estas que señalamos en función a su nivel de la manera siguiente:

 

  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes.
  • Fortalecer y avanzar hacia la universalización de las coberturas, implementándose mecanismos de ajuste de riesgos, para hacer frente a los problemas de exclusión social e inequidad en salud. o Definir paquetes básicos de garantías explícitas o planes mínimos obligatorios de prestaciones, como una forma de avanzar hacia sistemas integrados de salud que sean capaces de proveer de cobertura oportuna y de calidad a toda la población, de manera independiente a su riesgo e ingreso.
  • Avanzar en una mayor supervisión de los sistemas de salud, estableciendo un marco regulatorio que promueva la equidad y la eficiencia.
  • Focalizar los esfuerzos de cobertura y equidad en los grupos más vulnerables y expuestos a mayores riesgos, ello es necesario particularmente en los países cuyo esfuerzo interno actual es insuficiente o en aquellos cuyo nivel absoluto de gasto es muy bajo.
  • Propender a la configuración de sistemas de salud que definan los ámbitos y establezcan las formas de coordinación entre los distintos sub-sectores con mecanismos de suspensión adecuados.

 

  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • El Estado ha de seguir siendo hegemónico en los aspectos normativos, de política, seguimiento y control. Deberá mantener un papel central en las medidas redistributivas para generar mayor cobertura y equidad y en las acciones destinadas a mejorar la capacidad de negociación de las personas y comunidades frente a los proveedores de salud.

 

Las propuestas en el nivel micro corresponden a acciones y mecanismos  que inciden en el rendimiento y eficiencia productiva de los sistemas de salud, a la vez que afectan directa e indirectamente la cobertura y la equidad.

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género, adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos.
  • implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud. Existe consenso respecto a que las estructuras de los sistemas de salud deberán ser descentralizadas y desconcentradas.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos. Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones y profesionales de la salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.

 

4.- Soluciones que plantea el Equipo de Trabajo.

Se sostiene que  para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio relacionados con el sistema de salud pública de los países de América Latina deben seguir un proceso el cual debe estructurar un esquema efectivo que analice la problemática, el  panorama de la situación y tendencias de la salud pública y sus determinantes, ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias para reducir las desigualdades existentes entre los países y las inequidades al interior de ellos. Estas estrategias deben permitir seguir avanzando en la protección social de la población, mediante sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria de salud y políticas públicas saludables construidas con la participación de la comunidad y conducidas por autoridades sanitarias sólidas y respetadas. Las soluciones basadas en los fines y medios para alcanzar la efectividad de las políticas de salud pública en América Latina se presentan en relación al problema planteado de la manera siguiente:

 

  • Acceso equitativo a los servicios de salud; desarrollo y capacitación de recursos humanos, orientados a la búsqueda de la equidad, las intervenciones para mejorar la salud tienen que priorizar a los más pobres, a los marginados y a los vulnerables. Los pueblos indígenas y las comunidades tribales deben ser priorizados.
  • Reducir las inequidades en materia de salud, incluidas aquellas vinculadas a la pobreza, la marginación, el género, la raza o etnia y la edad; avanzar en materia de protección social en salud; extender la cobertura de las intervenciones más críticas; aumentar los niveles de gasto público corriente y de inversión del sector y la calidad de la asignación de recursos sectoriales.
  • Reorientar los servicios de atención de la salud sobre la base de una nueva estrategia de atención primaria, que promueva la participación activa de todos los usuarios del sistema, fortalecer la infraestructura en salud pública y avanzar en la formulación y puesta en práctica de políticas y medidas intersectoriales.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género. Adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos. Asimismo, implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas
  • Los países de América Latina deben promover un aseguramiento público masivo en materia de salud, como parte de las reformas en sus sistemas generales de seguridad social  y en  los modelos de atención integral en materia de salud.
  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes, así como las limitaciones presupuestarias.
  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • Perfeccionar el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos.
  • Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones.
  • Definir una política de desarrollo tecnológico, lo cual significa establecer el nivel tecnológico objetivo para el sector salud y especialmente, para la producción estatal de salud; fijar los sectores de punta; incorporar los avances tecnológicos acordes con disponibilidades propias de factores productivos y las condiciones socioeconómicas de las personas y comunidades.
  • Establecer sistemas que permitan discriminar las prioridades de atención requeridas dada la naturaleza de la morbilidad y su severidad, dotando a los establecimientos de capacidad resolutiva y adecuados sistemas de derivación y seguimiento de los pacientes.

 

  • Mejorar el desempeño profesional mediante la adopción de normas y actividades de educación permanente.
  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud.
  • Dotar de mayor flexibilidad interna y autonomía a los sistemas de salud, para efectuar con dinamismo los cambios de organización, métodos y formas productivas necesarias para una mayor efectividad y eficiencia.
  • Contar con capacidad de gestión gerencial en todos los niveles de las organizaciones y liderazgo en administración de salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.
  • Estas propuestas señalan cursos de acción para optimizar el bienestar en salud de las personas y comunidades, es decir, aumentar la calidad de las atenciones y reducir los costos, mejorar tanto la cobertura como reducir las disparidades, y aumentar la eficiencia productiva y global de los sistemas de salud de la región.

 

En este orden las políticas de Salud en América Latina deben asegurar entre otras:

 

  • Garantía de acceso, conforme a la cual todos los individuos deberán recibir atención y formar parte de una red de salud.
  • Garantía de oportunidad, para todos los extractos de las clases sociales.

 

  • Garantía de calidad, que establece que las prestaciones seguirán patrones de exigencia técnica preestablecidos y construidos a partir de pruebas de evidencia médica.
  • Avances tecnológicos y adecuada dotación de los recursos que permitan la prestación de un servicio de salud pública eficiente.

6.-  Matriz FODA “POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA  EN AMÉRICA LATINA”

Fortaleza

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

-Los Avances obtenidos en el área de investigación

 

-Recursos presupuestarios para dotar de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura a la red institucional de servicios públicos de salud.

 

-Profesionales en el área de Salud de elevada calidad.

-Cambios normativos en relación con la salud

-Las reformas de los sistemas de salud.

-Los programas de salud puestos en marcha.

-Reducciones de las tasas de fecundidad y mortalidad

-Los sistemas de salud que  incluyen diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud.

-La inequidad en la atención de la salud.

-Condiciones económicas de la población (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida y exclusión social).

-Ineficiencia en los servicios de salud.

-El insuficiente seguimiento, evaluación y reorientación de los servicios  de salud

-Baja calidad y la ineficiencia de los servicios.

-La brecha entre la cobertura pública de salud  urbana y rural

 

-La falta de articulación entre las lógicas que rigen los sectores privado y público de salud.

-Inaccesibilidad de los servicios de salud debido a la escasez de medios de transporte y de comunicación  en algunas zonas.

-La intensificación de movimientos migratorios y a la demanda de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas  de la región.

-La insuficiente capacidad de gestión, tanto de las entidades territoriales responsables como de las redes de prestación de servicios de salud.

-Las deficiencias en los procesos de vigilancia y control.

 

-Los retrasos sistemáticos en el flujo de recursos, lo que genera condiciones de insostenibilidad en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud.

-Capacidad de los gobiernos para responder a los problemas de salud de su población.

-Transformaciones del perfil epidemiológico y demográfico.

-Exposición desigual a los riesgos de salud en los diversos grupos poblacionales.

-El limitado acceso a los servicios de salud.

 

ABOGADO: Ana Beatriz Arriba

LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

abogado

INTRODUCCIÓN

Los(as) ciudadanos(as), independientemente de la raza, credo o sexo, tienen derecho a buscar calidad de vida en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. En este sentido, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Es de resaltar que, la separación entre el aspecto económico y social ha tenido consecuencias adversas para las mujeres en el ámbito político, en donde los problemas de las mujeres solían ser relegados a las políticas sociales con escasos recursos y de poca prioridad.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008), algunos datos muestran la amplitud y extensión de la actual participación laboral remunerada femenina: en Estados Unidos, la tasa de actividad femenina es de 70%, en Europa oscilan entre el 48% en España y el 74% en Suecia, en América Latina las tasas de actividad femenina en áreas urbanas fluctúan entre 34% y 50%. En América Latina las tasas de participación laboral de las mujeres más pobres se incrementaron más acentuadamente en la década de los 90, impulsada por mayores necesidades de sobrevivencia.

En otro orden de ideas, a pesar de  contar con mejor educación, el ingreso de mujeres no solamente sigue siendo menor al del hombre en sectores considerados tradicionalmente femeninos, y en sectores no estructurados. Por otro lado, la labor se realiza en condiciones de desprotección social, dado que la proporción de las féminas que no tiene seguridad social es superior al porcentaje de hombres. Aunado a ello, el tema relacionado con la maternidad, la familia y el trabajo crea intranquilidades desde el punto de vista social que deben ser resueltas, tanto en los valores, los roles y las prácticas sociales.

Dado lo expuesto con anterioridad se puede decir que, la desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niños(as), ancianos(as), enfermos(as), entre otros) en las mujeres.

En cuanto a Venezuela, se han implementado políticas públicas, que contemplan la atención y protección de la ciudadanía, con énfasis en la familia como núcleo social y en los grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres. Las acciones del Estado consideran las necesidades reales y sentidas de la sociedad, apoyándose en leyes que garantizan el respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en este marco las comunidades como grupos sociales y sus miembros como individualidades, cobran un protagonismo como nunca antes en la historia del país, reflejando la democracia participativa y protagónica que se establece en el texto constitucional.

Es de resaltar que, en la última década se han sancionado leyes tendientes a la dignificación de la vida de la mujer, como son: la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), Ley sobre la Violencia contra la mujer y la Familia (1999), que fue rápidamente trascendida dando paso a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), una de las leyes más modernas en el mundo en cuanto a protección de la mujer, al tipificar diecinueve formas de violencia basada en género y establecer sus sanciones. Además de contemplar la formación en género de la ciudadanía, con el propósito prevenir la violencia. La formación de las ciudadanas y los ciudadanos para la prevención de la violencia basada en género, es esencial en función de una cultura social de igualdad y equidad.

Sin embargo, la participación de las mujeres a la vida socio-productiva no va acoplado con lo social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados, lo que genera aprietos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, como consecuencia de esta situación muchas veces abandonan la formación profesional y cualquier iniciativas productiva.

En este sentido, la investigación tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En cuanto, al tipo de investigación ésta es  documental, con un nivel descriptivo.

De allí que esta investigación se apoyara en las siguientes teorías: teoría feminista, para la cual el feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración; la teoría de roles sexuales, se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres. En este caso, se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza; y la teoría de género, para esta teoría el género pasa a estar determinado de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio

De este modo el presente estudio tiene como objetivo general analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para ello, este trabajo de investigación se estructuró de la siguiente forma: El primer lugar el capítulo I,  contiene el Contexto Empírico, conformado por la caracterización del objeto de investigación, los objetivos de la investigación, objetivo tanto general como específicos y la justificación de la investigación. En segundo lugar, el capítulo II, constituido por el Contexto Teórico, en este caso, los antecedentes de la investigación, teorías de entrada, aspectos conceptuales y la fundamentación legal. En tercer lugar, se presenta el capítulo III Contexto Metodológico: tipo de investigación, método y las técnicas de recolección de información, procedimiento y finalmente se presentan las referencias. Y en cuarto lugar, se tiene el  capítulo IV, el cual trata el Contexto Crítico, las conclusiones y recomendaciones y finalmente se presentan las referencias y anexos.

AUTOR: Ana Arriba

San Joaquín de Turmero, Edo Aragua, Venezuela. Junio, 2016

CAPÍTULO I

CONTEXTO EMPÍRICO

Caracterización del Objeto de la Investigación

 

La igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con los derechos humanos, para Bordarampe (2008),  la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad…que han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles”. Dado que, los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a realizar ciertas acciones y les impide hacer otras. En este orden de ideas, entre los derechos de la mujer se tiene: derecho a la salud integral, derecho a la integridad física y a una vida libre de todo tipo de violencia. Es así como, para Uzcategui (2009), la movilización e incorporación activa de la mujer durante estas últimas décadas ha logrado imponer reformas legislativas en el campo social, familiar y del trabajo, tal es el caso del acceso a los anticonceptivos, la legalización del aborto (presente en la mayoría de los países), las guarderías en los lugares de trabajo, la protección a la maternidad, al divorcio, la patria potestad, la igualdad para ejercer cargos públicos. Asimismo, en el aspecto político, específicamente en lo que se refiere al derecho al voto, constituye otro avance en la lucha de las mujeres por su igualdad social.

 

Por otro lado, se considera que la diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En este caso, se percibe el machismo como un obstáculo para la participación política de las mujeres, constituyéndose en una barrera para ocupar cargos importantes en la función pública. Por otro lado, el machismo también se percibe como una causante de violencia en contra de las mujeres. Hoy más que nunca, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), la mujer juega un papel importante en este proceso de transformación y de cambios que vive el mundo. Su lucha por romper las inequidades sociales, por la inclusión, por alcanzar calidad de vida, desde su puesto de lucha es fundamental. En este sentido, la igualdad plena entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la sociedad, es crucial para garantizar los derechos humanos. El desafío va más allá de una distribución equitativa de las oportunidades, requiere que los temas económicos incorporen todo un abanico de experiencias y percepciones, concretamente las de la mujer, que hasta ahora han quedado excluidas del discurso. Conforme se vaya valorando la contribución de la mujer, el resultado será una civilización más pacífica, equilibrada y próspera. Cabe destacar que, la Organización internacional del Trabajo OIT, (2008), en un documento que trata el tema de las mujeres, el género y la economía informal plantea lo siguiente:

 

                Después del decenio de 1990, las tasas de participación en la fuerza de trabajo entre las mujeres de América Latina han aumentado en mayor proporción que las de los hombres, si bien las mujeres tienen una representación simbólica inferior a la mitad de la fuerza de trabajo total, padecen niveles más altos de desempleo, no se han movido de su estructura ocupacional y están excesivamente representadas en la economía informal…

 

En función de lo antes expuesto, en cuanto a la incorporación de la población femenina a la actividad económica, está presente la discriminación, debido a que la tasa de desempleo para las mujeres en América Latina es superior con relación a los hombres. Es decir, el desempleo ha afectado a toda la población pues ha aumentado sustancialmente para ambos sexos, pero en el caso de las mujeres es mayor.

Dicho de otro modo, la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, con relación a los hombres, tanto en las actividades productivas como en las reproductivas y en la distribución del beneficio económico, ha generado una desventaja económica de ellas en el empleo, las remuneraciones, capacitación para el trabajo y disponibilidad de medios productivos; requiriendo de estrategias y acciones encaminadas a garantizar la inserción de la mujer en la producción, en condiciones de igualdad entre los sexos y asignarle la debida importancia a la reproducción social como generadora de valor agregado. 

Es de resaltar que,  para Morillo (2006), Venezuela era una sociedad agrícola-pastoril, donde el trabajo de la mujer era tan importante para la supervivencia del grupo familiar que era apreciado y reconocido socialmente. Pero el desarrollo industrial ha venido cambiando profundamente la vida de las mujeres venezolanas. En principio las mujeres inmigrantes de los campos, tenían serias dificultades para integrarse al trabajo asalariado, por lo *que primero ingresaron los hombres y ellas fortalecieron su condición doméstica y de dependencia económica.

Este cambio de ambiente del campo al industrial-urbano, con el contraste entre el trabajo remunerado y el doméstico, comienzan a ejercer serias diferencias; el trabajo doméstico se convierte en una actividad que aísla a la mujer y la despoja de la posibilidad de continuar abasteciendo a su hogar de bienes y servicios de primera necesidad. Además, la misma familia y la mujer urbana pasan a consumir una creciente y diversificada masa de bienes y servicios que el mismo sistema mercantilista incita a consumir. Luego en una fase más avanzada del mismo capitalismo, la mujer es absorbida como mano de obra asalariada.

Esta absorción dependió de la capacidad del sistema económico para generar nuevos empleos; en este sentido, el crecimiento económico tuvo un efecto positivo relacionado con el incremento de la tasa de salarios, que a su vez incidió en la decisión de la mujer de entrar al mercado laboral remunerado dado el costo de oportunidad implícito por quedarse en el hogar.

Para Risopadrón y Rodríguez (2004), el crecimiento de la actividad laboral femenina a partir de finales de los años 80, no sólo ha sido la principal causa del aumento del desempleo, sino que además ha generado una masa laboral más vulnerable y desprotegida que la masculina dadas algunas leyes que en lugar de proteger, más bien marginan.

También en Venezuela (véase anexo A) a diferencia de otros países, la incorporación de la mano de obra femenina se produjo en un momento de recesión económica, impulsada justamente por la caída de los ingresos de su familia, más que por un proceso de modernización económica, lo cual limita las características de la fuerza de trabajo femenina que se incorpora en el mercado laboral sin la posibilidad de invertir en su formación y capacitación para competir exitosamente.

Sin embargo, para Boza (2004) el hecho de que la mitad de la población económicamente activa de Venezuela, sea femenina y buena parte esté desempleada u ocupada en el sector informal con niveles superiores a los masculinos, representa un impacto comercial mayúsculo pues hoy la noción de la mujer al cuidado de los niños que tenían sólo tiempo para pagar las facturas de la electricidad, que sale de compras en la mañana y con tiempo para ver las telenovelas, no existe.

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas INE, (2014) “son las mujeres el grupo con mayor tasa de desocupación en el país.”. Más recientemente, de acuerdo a lo publicado en el diario El Nacional, el lunes 25 de Marzo de 2014, para el INE: “en el mes de enero de 2014, la tasa de desocupación se ubicó en 9,5%”. Asimismo según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013),  Venezuela solo quedaría por detrás de Colombia, que tenía al final de este mismo año, un índice de desempleo de 10,6.

Es importante señalar que la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, es considerada violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el artículo 15, numeral 11. Mientras tanto, la violencia de género en el ámbito laboral, se manifiesta en varias formas incluyendo el hostigamiento y abuso sexual y la negación de los derechos laborales vinculados a la salud reproductiva.

Al mismo tiempo, a la falta de datos (tales como proyecciones en el tiempo, agrupación por localidad geográfica, grupo social, sector económico, entre otros) registrados y confiables, no existen reportes de información y estudios sobre las causas del problema y sus posibles soluciones que se pueden producir con el análisis de estos datos.

Es decir, las causas surgen por diversos factores cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones de empleo son precarias: discriminación social de las mujeres, creciente pobreza, ignorancia. Mientras tanto, las consecuencias las trabajadoras afectadas no logran acceder a los puestos que deberían ocupar según la formación y experiencia y terminan aceptado otros cargos.

Dado que esta situación de vulnerabilidad de la mujer es cultural e histórica, se requiere, por otra parte, incidir en los patrones culturales mediante la comunicación, información y sensibilización para crear conciencia y contribuir a edificar una cultura y ética de género, que sólo se obtendría por difusión de información y mediante la formación y capacitación educativa.

Cabe considerar, por otra parte que en los ámbitos regionales y municipales del país, esta realidad es similar y en este caso especifico, debido a la problemática percibida se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género?, la cual será mostrada en el desarrollo progresivo de la investigación.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General.

Analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.

Objetivos Específicos

  1. Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación.
  2. Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  3. Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  4. Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género.

Justificación de la Investigación

La elección del tema que trata la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de las leyes sancionadas para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En este sentido, plantea como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Es decir reconoce  el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad.

Por otro lado, se establecen los derechos económicos de la mujer, donde se enfatiza la participación de esta en el área productiva, el acceso a créditos, así como también el acompañamiento técnico constante en todo el proceso. Además de que en el caso de la obtención de vivienda principal tiene prioridad.

En cuanto a, las beneficiarias de la investigación son las mujeres y las organizaciones gubernamentales o no, que manejen el tema, que tienen en este insumo fuente de información para comprender su situación jurídico-política y la de orden social que se le puede presentar en tal sentido.

Mientras que, la justificación teórica de la investigación tiene que ver con los constructos descritos, argumentados y analizados por la autora, lo cual podrá servir de fundamentación para investigaciones futuras que sobre el tema traten. Pues, complementa el conocimiento de la evolución de la mujer en el ámbito económico, para lograr entender la realidad en la que se encuentran en cuanto a condiciones y medio ambiente laboral, tomando en cuenta la situación sociocultural en la que está sumergida, en una sociedad que aún en estos días sufre de discriminación y prejuicios laborales.

En lo que tiene que ver con la metodología, el estudio se enmarca en una investigación documental. Como técnicas de recolección de la información se emplearon los protocolos propios de este tipo de investigación, es decir la recopilación de textos, documentos, leyes, normas, trabajos y otros. Ahora bien, la contribución de esta investigación viene dada en la medida en que logre estimular la conciencia de las mujeres, de manera que ellas mismas traten de buscar la solución. Asimismo, generar las condiciones para que se dé la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.

En lo que corresponde al nexo de la investigación con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, es necesario señalar que, un nuevo pacto social es imprescindible tomando en cuenta la labor social integral que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y en la transformación de un sistema social laboral que incluya la convivencia entre ambos sexos en condiciones de igualdad.

CAPITULO II

 CONTEXTO TEÓRICO

En lo que tiene que ver con el contexto teórico, la autora de la investigación, tomo en cuenta, diversas informaciones contenidas en documentos que guardan relación directa con el objeto de estudio. En ese sentido, se presentan antecedentes, teorías de entrada, aspectos conceptuales y fundamentación legal.

Es de resaltar que, para Sabino (2010) el contexto teórico cumple con la función de situar el tema investigado dentro de un conjunto de conocimientos que van a permitir orientar la búsqueda de información y que a partir de ésta se conceptualicen adecuadamente los términos que se usan. Es por ello que el punto de partida para este apartado son los conocimientos, ideas o concepciones previas que tengan la investigadora en relación al objeto que se aborda.

Por otro lado, Hernández y otros  (2010) señalan que el contexto teórico incluye la revisión, detección, obtención y consulta de literatura que contribuirá a resolver el problema planteado, así como también debe realizar la extracción y recopilación de la información relacionada con el tema investigado y una vez efectuados estos pasos se produzca la construcción del contexto teórico.

 

Antecedentes.

A continuación se presentan investigaciones que se relacionan con el tema objeto de estudio, de los cuales se podrá sustraer información que dará sustento al contenido de la misma.

A nivel internacional.

De igual forma, se presenta la investigación desarrollada por Ruíz (2012), denominada: Análisis de los Factores que Dificultan el Empoderamiento de las Mujeres, la cual fue exhibida para optar al título de Maestría en Desarrollo Local Sostenible, en un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, Universidad del Salvador y la Universidad de Alcalá de Henares. El objetivo general de este trabajo fue: describir los factores del desarrollo local sostenible que dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche, en la zona rural del municipio de Chinandega, Nicaragua.

En lo que tiene que ver con la metodología, se utilizó la entrevista y encuesta para la obtención de información, aplicada a las productoras de semilla de Ojoche e informantes claves identificados como agentes locales del proceso productivo. En los resultados se encontró que los factores que limitan o dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche en estas comunidades son el bajo nivel académico (73% nivel de primaria), poca participación en el funcionamiento de la organización (APOCHE), no tienen conocimientos sobre comercialización, no tienen capacidad financiera, ni prendas hipotecarias para ser sujeto de préstamos ya que la producción de la semilla de ojoche es estacionaria, lo que obstaculiza el desarrollo de una economía sostenible.

Entre las conclusiones se puede mencionar que los factores que se determinaron como limitantes al empoderamiento son los siguientes: 1) Entre esos factores encontramos el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria. 2) Hay divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización y esta difiere según la ubicación geográfica en la Bolsa y La Mora aproximadamente el 7% y en Cinco Pinos 30% de sus miembros conocen el reglamento y participan en la elaboración del plan de trabajo trimestral de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE); lo que demuestra la debilidad de la organización. 3) No manejan los conocimientos sobre comercialización, ya que esta es actividad exclusiva de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE) a diferencia de las productoras de Cinco Pinos que ellas mismas comercializan el producto.

Con base a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el estudio que precede guarda relación con la presente investigación ya que, presenta una relación directamente proporcional entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de la economía sostenible, considerando como elementos que minimizan este empoderamiento: el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria; divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización; no manejan los conocimientos sobre comercialización. Lo cual debe ser tomado en cuenta en todas las áreas en que se desenvuelve la mujer.

Asimismo, se exhibe el estudio realizado por Lois (2013), titulado: Políticas Públicas de Comunicación sobre Salud de la Mujer. Acciones comunicacionales sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la perspectiva de género, presentado para optar al título de Maestría en Género, Sociedad y Políticas, en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Es de resaltar que, el objetivo general fue: Explorar e identificar los componentes de género presentes en los mensajes dirigidos a mujeres en relación a su salud, elaborados por la Dirección Nacional de Maternidad e  Infancia en el programa nacional de salud sexual y procreación responsable de salud en argentina 2005 y 2012.

En lo que tiene que ver con la metodología usada fue cualitativa, (dado que se trata de un estudio exploratorio-descriptivo), la cual permite dar cuenta de los fenómenos de comunicación social en mayor profundidad y permite, además comprender el proceso mediante el cual se construyen los significados y las realidades sociales. A través de técnicas cualitativas como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el relevamiento documental.

En relación a, las conclusiones de la investigación se destaca que es posible observar en los materiales analizados la proposición esquemática de dos modelos o tipos de mujeres, por una parte la mujer como primordialmente madre cuya principal función es el cuidado y crianza de sus hijos e hijas, donde este rol es asumido como el espacio de la cristalización de los valores elevados de la sociedad, una madre tradicional que representa el refugio afectivo de sus hijos (as).  Por otro lado, aparece una mujer que no se ajusta a este modelo y genera discursos que intentan poner en cuestión de valores anteriormente mencionados, poniendo como prioridad la sexualidad y reproducción elegidas.

Con respecto, a la contribución a la investigación, tiene que ver con la postura de la mujer en cuanto a la  salud materna, sexual y reproductiva, desde la perspectiva de género, observándose dos tipos de mujeres: tradicional donde asume el rol impuesto por la sociedad y otra que se revela ante esta situación, emite opiniones y toma decisiones en cuanto a su sexualidad.

Para finalizar, se presenta la investigación elaborada por Muñoz (2013), la cual se denominó: Diseño de Evaluación de Resultados Intermedios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en Entidades Federativas y Municipios, presentado para optar al título de Maestría en Políticas Públicas, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Es de resaltar que el objetivo general fue: contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional, a través de actividades que coordinen y promuevan las instancias públicas responsables de la igualdad de género en las entidades federativas y municipios, orientadas a desarrollar sus capacidades y disminuir la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre mujeres y hombres.

En cuanto a la metodología, la operación de evaluación de resultados se realizó a  partir de técnicas de investigación documental y de campo, para obtener información acerca del diseño y operación del programa con la finalidad de efectuar el análisis cuantitativo y cualitativo  para valorar los resultados el propósito, componente y actividades. Ahora bien, en la evaluación correspondiente a la pertinencia y lógica del diseño, la investigación fue básicamente documental y se consultaron fuentes generadas por las diferentes áreas del Instituto de la Mujer (INMUJERES) involucradas en el diseño del programa, así como la normativa que lo rige. También se realizaron entrevistas y mantuvieron sesiones de trabajo para ahondar en el análisis de la información.

Por otro lado, la investigación de campo adquirió mayor peso que la documental para valorar el proceso, los productos y servicios generados en la operación del programa y sus contribuciones al logro del propósito, en esta etapa se sumaron a la investigación de acuerdo con los indicadores  y criterios relacionados con la producción de resultados ( gestión, desempeño, procedimientos, procesos) todos los registros, instrumentos y base de datos que las unidades administrativas responsables del programa, de acuerdo a las áreas y procesos de operación.

En cuanto a las conclusiones se expresa: es importante en trabajos a favor de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, identificar claramente el ámbito y las rutas que se optaran con el fin de que el subsidio utilizado en este tipo de programas sea el idóneo. Pues, mientras no se señale con precisión cuales son los resultados e impactos esperados, utilizando los indicadores precisos de los programas gubernamentales que se llevan a cabo, estos seguirán sin una incidencia real.

Es de resaltar que, la autora de la presente investigación considera que el trabajo de grado antes planteado guarda relación con el tema objeto de estudio, pues plantea la necesidad de tener datos precisos sobre ubicación, edad, sexo, para obtener resultados que permitan elaborar un plan, programa o proyecto con perspectiva de género.

A nivel nacional

Inicialmente, se toma como antecedente el trabajo de investigación elaborado por León (2011), que lleva por título Aplicabilidad de los Instrumentos Internacionales en relación a los Delitos de Violencia Contra la Mujer. Presentada para optar al título de Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas División de Estudios para Graduados Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro, en la Universidad del Zulia. En este sentido, el objetivo general, planteado fue: analizar la aplicabilidad de los instrumentos legales internacionales incorporados dentro del sistema jurídico venezolano ante la comisión de los delitos de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, la metodología empleada fue documental que incluyó una indagación bibliográfica y consistió en la revisión y compilación de material teórico, documentos, proyectos, instrumentos legales del área de estudio.

Se concluye que los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia son indubitable e indiscutidamente derechos humanos, amparados legalmente en el ámbito nacional mediante la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014) y en tratados internacionales cuyas normas deberán ser aplicadas con preferencia a las leyes internas por parte de los Tribunales y demás órganos del Poder Público.

En este caso, el trabajo desarrollado por la autora previamente citada tiene relación con la presente investigación, pues señala la importancia de los instrumentos legales internacionales en los casos de violencia contra la mujer, como son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, siendo esta la más relevante, pues trata el tema de la evolución del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

Es este sentido, se destaca, que estas leyes internacionales impulsaron en Venezuela, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), al reconocer el respeto irrestricto a los derechos humanos de la mujer.

Luego, se tiene la investigación que ha sido realizada por Yunes (2013), titulada: Políticas Públicas para Mujeres y Equidad de Género, que constituyó un trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El objetivo general de este estudio fue: analizar las políticas públicas para mujeres y equidad de género. En este caso, la Metodología se trató de un estudio documental, de modalidad jurídico dogmática, de nivel descriptivo con un método deductivo-analítico.

En cuanto a las conclusiones: la política pública de igualdad de género y la equidad, incluye de manera efectiva la disposición de estrategias integrales de reconocimiento, promoción y materialización de la igualdad entre hombres y mujeres, en lo inherente al espectro de la política pública de equidad de género en Venezuela, asumiendo que el efecto expansivo de la comunidad internacional en materia de enfoque de género, que por tanto se traslado al ámbito interno.

Entre las recomendaciones se tiene: a la Asamblea Nacional: Para que, mediante la presentación de una ley marco establezca normas imperativas para lograr el reforzamiento de los derechos y actuación de la mujer dentro de la sociedad política, de manera tal que se impongan deberes y obligaciones efectivas que garanticen la presencia de éstas en actividades de distinta índole con igual proporción al género masculino. Asimismo, a los órganos de representación de las mujeres: Para que, organicen instancias de orientación, asesoría y consulta de las féminas para la concreción de acciones preventivas y contingentes  que puedan incidir en su protección y resguardo dentro de los distintos ámbitos en los que pueda tocar desenvolverse en procura de su desarrollo y existencia.

En otro orden de ideas, en opinión de la autora de la investigación las conclusiones presentadas por Yunes (2013) son de gran relevancia y constituyen un aporte significativo por cuanto se plantea que la política pública de equidad e igualdad de género sirve para el desarrollo social en lo que respecta a la dignidad humana de la mujer.

Teorías de Entrada

 

En el desarrollo, de la investigación se presenta un conjunto de propuestas teóricas que explican científicamente la consistencia del objeto de estudio dentro del ámbito disciplinario que sirvió de contexto para la comprensión de lo tratado dentro del ámbito apropiado de las ciencias políticas y dentro del orden humano.

 

Teoría Feminista

 

En el contenido, del estudio se debe atender a los referentes aducidos en la teoría feminista de acuerdo a lo expuesto por  Mesonero (2010) que indica lo siguiente:

El feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración. El término androcentrismo es el más utilizado en la literatura feminista antropológica para referirse a la forma de producir conocimiento desde valores hegemónicos masculinos o posiciones autocentradas en el hombre como eje de la vida social. En la actualidad existen dos posiciones en cuanto a femenino y a mujeres se refiere: una, rechaza la inferioridad natural de lo femenino y la otra, define la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural. (p.24).

 

 

En la perspectiva expuesta, por la fuente se considera de manera particular que deben corregir la tradicional concepción de que la mujer era atendida de criterios de inferioridad partiendo de que se otorgaba al hombre mayor valoración asumiendo que podía presentar mejores resultados.

El contenido de tales apreciaciones, se fundamenta en la base de un diagnóstico de un problema que debe contribuir en corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto  que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

En el orden expuesto, se tiene que se rechaza la inferioridad natural de lo femenino, es decir, en principio se entiende que hay que establecer un mecanismo en el cual desde el plan de acción y visión debe contribuir a la asunción de criterios con objetividad para mantener valorativamente en el mismo plano tanto a hombres, como a las mujeres al otorgarles el mismo referente. En otro orden, se tiene que la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural, los proponentes de esta vertiente asumen que la condición de féminas debe adoptarse en la determinación de la desigualdad producto de la naturaleza de la persona para suministrarle una protección especial.

Por ende, se entiende que las teorías feministas se presentan en una dialéctica, entre los que se consideran  a la feminidad sin tomar en cuenta la diferencia natural en virtud de que lo más relevante son las capacidades de las personas y otros que asumen que tal particular no es relevante pues la diferenciación antropológica solo se supedita a una protección especial.

En lo inherente, a la relación de la teoría con el objeto de estudio, se entiende que la feminidad debe tomarse en cuenta para establecer los indicadores con los que debe tratarse a la mujer que deben servir para precisar la equidad e igualdad de género.

Teoría de Roles Sexuales

En la misma secuencia, se presenta la teoría de los roles sexuales como forma de estructura de la sociedad civil y política, asumiendo lo que Beitel (2006) indica:

 

La teoría de los roles sexuales se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres y es relevante desde el punto de vista psicológico porque se asocia con la definición de sí–mismo, con las interacciones entre hombres y mujeres, y con las relaciones sociales. (p.76).

 

 

Dentro de los particulares esgrimidos, en la teoría propuesta se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico.  

En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

Se tiene en cuenta, que la fijación de esta forma de estereotipos considera lo de orden bio-psico-social para entender que el hombre y la mujer tienen condiciones antropométricas divergentes que los sitúan y supeditan a formas o tipos de actividades, de allí que no se presenten formas de estándares homogéneos para considerar los desenvolvimientos de las personas en actividades concretas.

En principio, la teoría de roles sexuales, sirve de base para comprender como hombres y mujeres se desempeñan en funciones inter especificas dentro de la sociedad así como los nexos y posiciones que deben asumir frente a la colectividad en la que les toque desenvolverse. 

Es claro, que las determinaciones de la teoría expuesta contribuyen a asimilar que el hombre y la mujer se sitúan en la realización  de tareas de distinta índole que pueden ser alternativas y complementarias de allí que la diversidad de género sea entendida como la combinación subjetiva necesaria para el bien de la colectividad.

En lo que respecta, a los roles sexuales estos deben ser incluidos dentro de las políticas de organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad, al considerarse en esencia que las funciones que presentan son fundamentales  para el logro de las finalidades y objetivos que se propongan.

En lo que estriba, al nexo entre la teoría propuesta y el objeto de investigación se debe tomar en cuenta que la determinación de la situación de los roles sexuales se considera como punto de partida en virtud de que se deben establecer medidas de orden protector que garanticen la igualdad de la mujer frente al hombre en el contexto de la sociedad.

Por otro lado, se tiene el nexo de la teoría con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, donde la condición de los roles sexuales, debe ser reconocida por las reformas normativas e institucionales del Estado, que deben resguardar el contenido de la sociedad y servir de base para su desarrollo integral. 

Teoría de Género

El contenido, de la visión de género se encuentra recogido en el marco del conocimiento científico disciplinario, según Hawkesworth (1999) que señala:

 

Los esfuerzos más ambiciosos que he encontrado por teorizar el género de maneras que conecten la psique, el self y las relaciones sociales (…). Cada una de estas explicaciones se presenta como un análisis sistemático feminista del género. Cada una de ellas examina los múltiples ámbitos del género, que incluyen símbolos culturales, conceptos normativos, instituciones sociales e identidades subjetivas (…). Cada una empieza con la premisa de que el cuerpo está socialmente constituido y culturalmente mediado. Y cada una expone argumentos que desafían presupuestos fundamentales de la actitud natural (p.9).

 

 

Vistas las cosas así, se entiende de acuerdo con este dogma que la consideración constitutiva de los géneros pasa a estar determinada de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio.  Lo cual revela, que todo dependerá del enfoque o la perspectiva con la que los teóricos decidan abordar el estudio de esa unidad subjetiva, de allí que es claro que existen patrones indeterminados y casuísticos que contribuirán al reconocimiento en concreto de la situación  de la mujer atendiendo a circunstancias que son especialísimas.

Por ende, atendiendo a la posición de los tratadistas existirán más o menos elementos teológicos para comprender la situación de la mujer en el curso del tiempo, lo que sí es claro que ésta representa situaciones diferenciadas del hombre, que la hacen en algunos supuestos acreedoras de un tratamiento especial. 

En el ámbito expuesto, se considera que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que éste no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que ésta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan mas a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  El contenido de los postulados, teorizan el objeto de estudio donde se pretende en esencia que la equidad e igualdad de género se materialice como posible al considerar que a las personas debe resaltársele por sus condiciones y capacidades  más que por su propia naturaleza humana.

El contenido de la teoría, esgrimida mantiene estrecha conexidad con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, toda vez que debe ser la Sociedad quien debe considerar los géneros con indicadores objetivos para lograr su inclusión y equiparación,  debiendo el Estado garantizar en producción normativa el cumplimiento de tales contenidos que al cristalizarse recurrentemente podrían contribuir al desarrollo socio humano de las mujeres con la supresión de las situaciones que pueden conducir a la indefensión y vulnerabilidad en el tiempo.

Aspectos Conceptuales.

En el desarrollo de esta investigación, los aspectos conceptuales tienen como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que permiten abordar el tema. Por tanto, el marco teórico servirá de apoyo para la comprensión de la problemática planteada. En correspondencia con los aspectos conceptuales  la Universidad Bicentenaria de Aragua en el  Manual para la Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de los Programas de Postgrado (2012) señala:

 

        El Contexto Teórico responde a los objetivos propuestos. Así, los aspectos conceptuales están relacionados con cada uno de estos y se basará en el planteamiento de autores; en consecuencia, debe apoyarse en citas textuales y contextuales y la reflexión del investigador. (p.57)

 

De acuerdo a lo antes expuesto, el contexto teórico abarca los constructos que guardan relación con el objeto de estudio, con la finalidad de darle sustento a lo planteado por la autora en este caso.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2012) Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo, que posee el ser humano, y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

La importancia de los derechos humanos radica en que su finalidad es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la integridad de cada persona frente a la autoridad. Se fundamentan en el reconocimiento de que la dignidad es un atributo común a todos los seres humanos. En virtud de que su única base es la condición propia de las personas, los derechos humanos son:

  • Universales, porque pertenecen a la humanidad en su totalidad,
  • Inherentes a cada persona,
  • Históricos porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los seres humanos respecto de sus derechos y conquistas frente al abuso de poder público y privado.

Asimismo, el PNUD (2012), trata el tema de la igualdad de género, en los siguientes términos: Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Sin embargo, a pesar de que nuestros derechos se reconocen tanto nacional como internacionalmente, las mujeres afrontamos situaciones en que tales derechos no siempre se respetan. La igualdad entre hombres y mujeres se fundamenta en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, entre otros.

Mujeres y hombres debemos gozar de nuestros derechos y tener acceso a ellos en condiciones de igualdad. Es necesario saber cuáles son nuestros derechos para poder disfrutarlos y defenderlos en condiciones de equidad.

  • Derecho a una vida libre de violencia
  • La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones. Estas pueden ser físicas, sexuales, emocionales, incluidas las amenazas. El acoso sexual, la coerción o la privación arbitraria de la libertad son otras expresiones de la violencia de género. Estas se pueden dar tanto en la vida pública como en la privada.

En cuanto a derecho al trabajo, el PNUD (2012), afirma la discriminación laboral contra las mujeres sigue existiendo y es común que se exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral. Para la igualdad en el ámbito laboral tenemos derecho a:

  • Recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo,
  • Que hombres y mujeres tengan horarios laborales justos que les permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo que debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad,
  • Trabajar sin que importe si la mujer está embarazada, el estado civil o cualquier otra condición especial,
  • Que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres o por nuestra orientación sexual.

Mientras tanto para el PNUD (2012), lo relativo al derecho al desarrollo: En el mundo hay más de 1,300 millones de personas en condiciones de pobreza. En los últimos diez años, el número de mujeres que viven en esta situación aumentó hasta alcanzar el 70% de la cifra antes mencionada, dando lugar a lo que se conoce como ‘feminización’ de la pobreza. Sólo el 1% de la propiedad de la riqueza mundial está en manos de las mujeres. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. Para un desarrollo con justicia económica se tiene derecho a:

  • La distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios,
  • Igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la propiedad la tierra,
  • Una vida digna y con bienestar,
  • Que se reconozca y valore nuestra contribución al desarrollo económico.

Derechos de las Mujeres en Venezuela

Es de resaltar que, los derechos de las mujeres en el país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres. El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999. Al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica, por lo tanto con derecho a la seguridad social.

De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades, el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, entre otros. Por otra parte, también se establece la aplicación de un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional. Alcances significativos a los que se suman las distintas leyes en defensa de la mujer.

Sin embargo, no hay duda de que las venezolanas están discriminadas en el ejercicio de la mayoría de los derechos políticos. Las dificultades que enfrenta la mujer venezolana, son similares a las que enfrenta en toda América Latina, que se genera en la disminuida posición social de estas, con una visión conservadora de los roles de género, en los prejuicios y estereotipos culturales preestablecidos y en la discriminación.

En las últimas décadas se ha dado la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, con lo cual, asume dos roles simultáneos: trabajadora y madre a la vez. Esta situación incide negativamente sobre la participación de la mujer en la política, ya que con el deber del cuidado de los hijos, los hombres tienen más oportunidades de participar en asambleas políticas y congresos partidarios, mientras que la mujer se ve en la obligación de permanecer en casa, debido a que no existe guarderías que presten sus servicios a toda hora.

De acuerdo a lo expuesto, para Uzcategui (2009), entre las principales barreras de acceso y permanencia de las mujeres en la arena política en Venezuela, tenemos: Factores político-electorales; El carácter obligatorio o exhortatorio de la cuota; La distribución de las candidatas en las listas por parte de los partidos políticos; El tipo de listas electorales (abiertas o cerradas); El tipo de sistema electoral o la magnitud de los distritos electorales, entre otros; Los intereses de la mujer.

En lo que tiene que ver con los intereses de la mujer se hará ciertas consideraciones. La mujer con la finalidad de defender sus derechos y posiciones en el ámbito político se agrupa y organiza en diversas formas, entre las cuales se destacan las alianzas sub partidistas. Pero, una vez electas la mayoría se aboca a la defensa de los derechos del género y a integrar las bancadas femeninas, así como es cierto que existen muchas otras que jamás se involucran en temas de la mujer.

En otro orden de ideas, el destino de las alianzas está condicionado por el clima político imperante, si el partido de gobierno y el movimiento social apoya la agenda es muy probable que se logren los objetivos esperados, pero si por el contrario, la mayoría en el poder no favorece las iniciativas, se interrumpiría el trabajo de la asociación e incluso puede llevarla a su extinción.

En cuanto a iniciativas exitosas, en el país, comentamos que, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), para los comicios electorales 2008, estimularon la participación política de las mujeres mediante resoluciones de paridad y alternabilidad electoral (en las listas, postulaciones nominales y entre candidatos(as) a principales y suplentes) que imponían la obligación en un porcentaje de 50 y 50%  entre hombres y mujeres para integrar cualquier asociación o junta directiva de carácter político que requiera del sufragio popular para su conformación.

Sin embargo, el hecho de que la disposición estuviera contenida en una resolución del CNE, trajo como consecuencia su desaplicación para las elecciones del año 2010, elecciones de diputados (as) a la Asamblea Nacional. Cabe destacar que, en la actualidad movimientos de mujeres y organizaciones no gubernamentales del país, realizan esfuerzos para lograr que la paridad y alternabilidad quede establecida en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pero aun, no ha tenido eco en el gobierno nacional y mucho menos en la Asamblea Nacional.

Por otro lado, según Uzcategui (2009), en Venezuela si bien existen diferentes mecanismos de inclusión social que facilitan la participación de las mujeres en esta área, no es suficiente, hace falta estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación.

Ahora bien, la violación de los derechos laborales también es otra expresión la violencia laboral, tanto para hombres como para mujeres, pero lo que más frecuentemente se ejerce contra las mujeres se relaciona con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Los ejemplos más comunes son: solicitarle el certificado de no gravidez para acceder o permanecer en el trabajo, exigir la firma anticipada de renuncia en caso de embarazo, control riguroso de su fertilidad (uso de anticonceptivos o métodos definitivos) para permanecer en el empleo, posibilidad de no ser reinstalada en el mismo puesto después de una licencia por embarazo o lactancia materna, afectación en estímulos económicos por haber presentado una licencia médica relacionada con los cuidados de un hijo enfermo.

De acuerdo a lo antes planteado, la violencia de género en el ámbito laboral, manifestada en cualquiera sus expresiones, es reproducida por las prácticas, el clima y el imaginario de las organizaciones. Constituye un elemento tóxico que se tiene que erradicar, prevenir y sancionar para que las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y dejen de ser tratadas como intrusas en el mundo de trabajo.

Día Internacional del Trabajador (a) y la Participación de la Mujer Venezolana.

Cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador (a), se destaca la participación de la mujer venezolana, a quien no solo debe definirse por la belleza, sino también la labor que desempeña. La conmemoración del Día del Trabajador (a) comenzó en Maracaibo, cuando se instituye en 1936. Más tarde, 1945, cuando el General Isaías Medina Angarita, como presidente del país Venezuela, establece por decreto tal fecha como el Día del Trabajador, trasladando su celebración del 24 de Julio fijado por el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, según decreto del 18 de abril de 1938.

Luego, cuando asume la presidencia Rómulo Betancourt en Octubre de 1945, dicta un decreto el 24 de Abril de 1946, donde establece el 1º de Mayo como Día del Trabajador y se declara día feriado y de remuneración obligatoria para los trabajadores (as) en general, incluyendo los que realizan sus labores en la agricultura y cría. A partir de allí, se han alcanzado otros beneficios sociales como el bono de alimentación (cesta ticket), programas de prevención y salud de los trabajadores y trabajadoras, entre otros.

En la actualidad, vemos con orgullo los logros alcanzados por la mujer venezolana, que se evidencian en áreas como la política, lo social, lo económico, la agricultura, la gerencia, las artes, la ingeniaría, la cultura, el deporte, la educación, la  salud, la investigación, la tecnología, la recreación, donde hace 50 años algunas de estas áreas estaban vetadas para ellas.

Tomando como referencia el trabajo realizado por Márquez (2012), titulado: La mujer gerente en Venezuela “Piensa como un  hombre, actúa como una dama, trabaja como un burro” (p.1), donde se plantean tres áreas de acción de la mujer gerente venezolana: la organización, el mundo de relaciones sociales y el contexto familiar, que condicionan de diversas formas sus roles como gerente, mujer, madre, esposa, entre otros.

Sin duda alguna, es tarea de todos y todas poner un granito de arena para mejorar las condiciones de vida, en nuestro país. Pero, definitivamente, son ellas las encargadas de la gerencia en el hogar, lo cual constituye la mayor contribución para alcanzar calidad de vida de la familia venezolana. De allí que, el rol que asuma la mujer es determinante, en este siglo.

Aspectos relevantes sobre la violencia contra la mujer en Venezuela.

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, lo expuesto por el  Observatorio Venezolano de los  Derechos  Humanos de  las Mujeres (2009), entre los aspectos más relevantes del tema de la violencia contra la mujer en Venezuela, se tiene:

  • La Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (2014) (LODMVLV) establece la aplicación inmediata de las Medidas de Protección y Seguridad en casos de violencia contra la mujer a través de los órganos receptores de denuncias (sin consulta y transitorias) y las Medidas Cautelares desde los Tribunales de Violencia contra la Mujer. Muchas veces ambas medidas no se aplican por falta de capacitación de funcionarios/as y/o por la existencia de prejuicios en la atención de mujeres víctimas de violencia.
  • Hay fallas importantes en la difusión masiva de manera permanente de la Ley, así como ausencia de reglamento y/o protocolo de aplicación con sus respectivos talleres de inducción. Tampoco se conoce un Plan Nacional sobre el tema, que incluya su evaluación y seguimiento.
  • El acceso a la asistencia letrada es insuficiente para las mujeres de todas las regiones. Las citas para apoyo y asesoría, tanto legal como psicológica, son retardadas, tanto por parte de entes gubernamentales como de las ONG que se encuentran atestadas de casos, aunque existen ayudas telefónicas 24 horas de atención en crisis, asesoría legal e información gubernamental en el ámbito nacional.
  • La carencia de recursos financieros y de voluntad política en el área gubernamental para diseñar y aplicar planes concertados con ONG para la capacitación masiva y sostenida en esta materia es evidente. Evaluaciones conocidas de las capacitaciones realizadas a funcionarios/as por el ente gubernamental, en especial, son inexistentes. Como ejemplo de ello, aún se mantiene en muchas partes y Órganos Receptores de Denuncia del país el acto conciliatorio erradicado de la Ley gracias a la lucha de las ONG. Así como experiencias de capacitación insuficientes, que no inciden en los mitos y creencias asociados a la violencia contra las mujeres, no continuas ni mantenidas en el tiempo; a lo que se agregan cambios permanentes del personal jurídico y policial.
  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) creó en 2007 una Mesa de Violencia contra las Mujeres, que actualmente se encuentra en la etapa de llenado de fichas técnicas, con una significativa tardanza en llegar a los productos esperados, teniendo en cuenta la urgencia de obtención de datos. Por otra parte, en varias oportunidades ha habido prohibición pública expresa en el suministro de datos gubernamentales y/o dificultad en la obtención de datos sobre violencia contra las mujeres. Sólo se consiguen datos de prensa producto de eventos puntuales.
  • Las ONG, de acuerdo con las Bases Constitutivas del Sub-Comité de Género del INE, son sólo Miembros Eventuales. No se cuenta entonces con datos centralizados sobre la violencia contra la mujer, ni de los casos detectados/reportados, ni de las actividades y resultados de los planes y proyectos desarrollados desde el ente gubernamental especializado en la materia.

Violencia contra la Mujer.

En los años noventa,  la violencia contra la mujer se constituyó en el centro de atención e interés de las organizaciones internacionales. Según los datos aportados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe sobre El Estado de la población,  (2005):

 

…..“Una de las más graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres, que rebasa fronteras y estratos socioeconómicos, es la violencia de género. A nivel mundial se estima que una de cada cinco mujeres será víctima de violación o de intento de violación en su vida. Una de cada tres habrá sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o habrá sido víctima de abuso por parte de familiares o conocidos que, en general, no serán castigados”……

 

De acuerdo a lo antes expuesto, la violencia contra las mujeres y las niñas, es un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que se conocen hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. En un estudio del Banco Mundial (1994), basado en datos del Banco Mundial sobre diez factores de riesgo seleccionados que enfrentan las mujeres en este grupo etario, la violación y la violencia doméstica se ubicaron antes que el cáncer, los accidentes de tránsito, la guerra y la malaria.

Ahora bien, la violencia contra la mujer, puede considerarse una violación de los derechos humanos, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la permanencia de estructuras culturales y la inequidad en las relaciones de poder y de control permiten caracterizar a la violencia contra la mujer como una violencia de género. La escasa información estadística y conceptual sobre la violencia de género, considerada como conducta socialmente aceptada, hace difícil su comprensión y magnitud; por lo que se requiere, justamente, conocer y registrar la mayor cantidad de información posible y darle la difusión que merece para enfrentarlo.

De acuerdo a la Plataforma de Acción de Beijing, en el año 1995, la violencia contra la mujer abarca la conculcación de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, inclusive la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos; selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino. Reconoció también la particular vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de refugiados y migrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas, o en instituciones correccionales

Los actos de violencia (física, emocional, económica y sexual) por parte del compañero o esposo, los cuales pueden sufrir las mujeres en varias o en todas sus manifestaciones, lesionan en todos los casos su identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos.

En muchas  leyes se regulan aspectos que tratan el tema de la violencia contra la mujer y la necesidad de contar son estadísticas actualizadas para la elaboración de políticas públicas que mejoren la situación. A nivel internacional más de 45 países (entre ellos Venezuela) tienen ya una legislación específica sobre la violencia doméstica y un creciente número de países ha instituido planes nacionales de acción para acabar con la violencia contra la mujer. A continuación se describen los hechos más importantes acontecidos en el ámbito internacional:

  • En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1995.
  • En 1994, la Organización de los Estados Americanos (OEA) negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1998.
  • En 1999, se formula El Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la resolución 54/134.

 

La participación de la mujer en el Desarrollo local sostenible

          El desarrollo local hace referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas.  Para la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) (2011), una oferta de mano de obra ocupada en la localidad y suficientemente calificada para las tareas que desempeña, unida a una capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, favorecen la acumulación de capital en los sistemas productivos locales. El desarrollo local sostenible va mas allá de la acumulación de capital “implica una vocación o fondo cultural de sostenibilidad en el uso de los recursos”. Se trata de procesos de desarrollo económico que se caracterizan por la organización sistémica de las unidades de producción, con el fin de favorecer la competitividad de las empresas locales en los mercados nacionales e internacionales.

Mientras tanto, la organización del sistema productivo local en forma de redes de empresas, de acuerdo a lo expresado por Gómez, (2001), propicia la generación de economías de escala y la reducción de los costes de transacción y por lo tanto, permite rendimientos crecientes y crecimiento económico. En opinión de Zúniga, (2010), un aspecto negativo es la confusión de “atribuir a los ecosistemas la propiedad de ser o no sostenible, cuando es este un atributo que pertenece al sistema producción”. El sistema de producción conecta con otras esferas reguladoras de la actividad agraria como son los sistemas social, administrativo o legislativo y canaliza la influencia indirecta de estos sobre el ecosistema, también expresa que la sostenibilidad se asienta en que la producción puede estar planteada de manera cuidadosa que incremente a la vez el capital productivo y el valor natural del ecosistema o de forma esquiladora, destructora de la capacidad del ecosistema de seguir produciendo.

En este orden de ideas, un sistema de producción puede tener un elevado rendimiento y ser además sostenible, es decir estar diseñado de forma que no comprometa la persistencia de funciones y procesos naturales claves. La viabilidad de este sistema de producción dependerá de que la situación económica permita hacer frente al incremento exagerado de insumos, (energía, materiales, tecnológica) y de las exigencias de calidad ambiental demandadas por la población.

Ahora bien, de acuerdo a Gómez, (2001), esta ultima de carácter cultural que depende de la educación y la experiencia, determinan las actitudes y respuestas frente a los problemas ambientales. El valor cultural. Junto a los conocimientos sobre el uso de los recursos (cultural rural) generados en la lenta co-evolución de las sociedades agrarias con la naturaleza, esta dimensión cultural incluye los aspectos históricos, arquitectónicos y las infraestructuras vivas e inertes que forman parte esencial de los paisajes rurales: el valor social. Teniendo en cuenta que el objetivo intrínseco del desarrollo económico es de carácter social, es decir lograr el bienestar y la felicidad del ser humano, de hecho las propuestas más coherentes de desarrollo sostenible, incorporan la redistribución de la riqueza (argumento social) como un requisito básico para el mismo, de rango comparable a la disminución del impacto sobre los ecosistemas.

En lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el desarrollo sustentable, lo primero será hacer referencia al género, la cual expresa diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se encuentran en los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el manejo, acceso y uso de recursos naturales y la distribución de los beneficios.

Aunque existan diferencias, es importante que también se tenga conocimiento de que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y hombres, a ello según Gómez, (2001), se le denomina organización genérica. La organización genérica y la división del trabajo basada en género es universal, pero difiere por la cultura, ubicación geográfica, época / tiempo y grupo socioeconómico.

El análisis de género es un proceso que ayuda a clarificar como se dan las relaciones entre hombres y mujeres entre grupos sociales en un determinado contexto. Su aplicación es útil en todos los proyectos y programas por las razones siguientes: Permite anticipar cómo distintos miembros de la sociedad se van a ver afectados por el proyecto o programa y cómo pueden beneficiarse del mismo;  Hace visible el trabajo de la mujer;  Ayuda a incrementar los ingresos de hombres y mujeres;  Aumenta los niveles de auto estima yo el poder de toma de decisión de la mujer.

Trabajo y empleo desde una perspectiva de género

Para Picchio (2001), desde la perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren una especial distinción al menos por tres razones: en primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta un factor condicionante de la vida de hombres y mujeres de manera diferente; en segundo lugar, porque esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres; y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, para analizar la problemática del empleo femenino es indispensable relacionar ambos conceptos.

El concepto de trabajo en la economía laboral se vincula en general a las actividades remuneradas y consideradas productivas en la órbita del mercado. En ese sentido, en particular los análisis económicos suelen referirse al trabajo asalariado (sector público y privado), por cuenta propia, formal e informal y en distintos sectores de la actividad económica, pero siempre remunerado. Se trata pues de empleo, es decir, del trabajo que se intercambia en el mercado. Esta generalización conceptual se ha visto influida históricamente por el proceso de industrialización, que contribuyó a la identificación entre trabajo y empleo (o autoempleo) y, más aún, entre trabajo y empleo asalariado.

En opinión de Neffa, (1990). La teoría del valor trabajo dio lugar a la asociación simbólica entre trabajo y trabajo asalariado (una categoría más reciente desde el punto de vista histórico). Este último es minoritario en cuanto al tiempo que ocupa con relación a otros trabajos, y ello es especialmente así para las mujeres, también para las latinoamericanas.

La presencia femenina suele ser proporcionalmente mayor en los puestos de trabajo informales y precarios, al igual que en el trabajo no remunerado destinado al mantenimiento y la reproducción de la vida en los hogares; es decir, el trabajo estrictamente doméstico y otras actividades vinculadas al cuidado de las personas.

Estas actividades se hallan (aunque no en forma exclusiva) indisolublemente ligadas a las dinámicas de los hogares y al aporte femenino al bienestar y al funcionamiento de la economía global. La llamada división sexual del trabajo, es decir, la distribución social de obligaciones y responsabilidades entre individuos de uno u otro sexo de las actividades de mercado y extramercado, determina la participación de las mujeres en el trabajo remunerado así como en otras actividades (políticas, culturales, sociales o de recreación).

Es de resaltar que, el tiempo destinado a los distintos tipos de trabajo marca una diferencia entre hombres y mujeres, que se expresa en las características que asume el empleo para unos y otras, así como en el tiempo libre (recreación, cuidados personales). De allí la importancia de concebir el trabajo de manera más abarcativa, tanto para explicar el origen de las diferencias de la participación de las mujeres en el mercado laboral respecto de los hombres con relación a oportunidades, el trato y los resultados, como respecto de las posibilidades de superar esas diferencias.

Si bien las actividades domésticas y de cuidados en los hogares normalmente se valoran por su componente afectivo y se entienden como parte de la naturaleza femenina, se las tiende a ignorar desde el punto de vista económico. Para Max-Neef y otros (2007), los economistas clásicos reconocieron la importancia de la actividad de las mujeres en la casa destinada al cuidado familiar y, en particular, a la crianza y educación de los hijos, y la consideraron indispensable para que estos se convirtieran en trabajadores productivos y contribuyeran, de este modo, a la riqueza de las naciones. Sin embargo, no le otorgaron valor económico. 

De acuerdo a Neffa, (1990), el trabajo de reproducción social y, en particular, el trabajo de cuidado de las personas, cuyo objetivo prioritario es el bienestar en términos de calidad de vida, pero que utiliza bienes, mercancías, servicios públicos y de mercado y participa en las redes de solidaridad social, consiste en un proceso material y simbólico que se apoya en la confianza, en los sentimientos de afecto y amistad, y en el sentido de responsabilidad con respecto a los resultados.

Directrices para incluir la perspectiva de género en las políticas de empleo.

Algunos lugares de trabajo no cuentan con políticas y prácticas para promover la igualdad de oportunidades y reducir los diversos tipos de discriminación directa e indirecta. Para González (2004), esto puede tener un efecto negativo significativo sobre las oportunidades de empleo de la mujer. Otros lugares de trabajo promueven activamente políticas de igualdad y favorables a la familia, que han demostrado ir acompañadas de beneficios empresariales tales como: una reducción del ausentismo laboral, una mayor productividad, una mayor lealtad por parte del personal y los clientes, mejora de la imagen de empresa en la comunidad, menos movimientos de personal, una mayor innovación, y una mayor capacidad de las empresas para contratar a los mejores profesionales de calidad.

Estos beneficios afectan a todas las empresas, sean grandes o pequeñas. Si bien los costos de las medidas para promover la igualdad pueden ser mayores en empresas más pequeñas, puede haber oportunidades a través de la negociación colectiva para distribuir dichos costos. Un entorno propicio en el ámbito de las políticas nacionales puede ayudar a las pequeñas empresas a elaborar una política de igualdad capaz de beneficiar a ellas mismas y a sus trabajadores.

En opinión de González (2004), las mujeres pueden tener dificultades incluso para obtener un contrato por un empleo remunerado. Esto se debe a que algunos empleadores consideran que la contratación de mujeres implica mayores costos, o que las mujeres tienen más probabilidades de dejar el empleo a causa de las responsabilidades familiares. Para las mujeres que están empleadas, los empleadores pueden mostrarse reacios a mejorar sus calificaciones y desarrollar su potencial debido a creencias similares. El trabajo a tiempo parcial ofrece a algunas mujeres la oportunidad de hacer malabarismos con su vida laboral y familiar, pero limita sus oportunidades para promocionar y desarrollar su carrera.

Esto podría estar relacionado con el hecho de que las mujeres estén representadas de manera insuficiente en cargos de alto nivel debido a los prejuicios, a un historial de interrupción de la vida laboral, y pocas oportunidades para mejorar su formación y sus calificaciones.

Fundamentación Legal

En Venezuela, los fundamentos legales  en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, están dados en primer lugar por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), cuando en el Artículo 21, establece:

 

 

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el contrato social prefija como valor fundamental el concerniente al principio de igualdad frente a la ley, que evidencia que dentro del enfoque socio jurídico de orden humanitario se debe garantizar el ejercicio de cualquier derecho a cualquier persona atendiendo únicamente a su condición de sujeto. 

Dentro de este orden, la concreción y sustancia de la igualdad es amplia puesto que supone la posibilidad de resguardar al sujeto frente a cualquier situación que pudiese colocar en indefensión o vulnerabilidad a las personas. Para lo concerniente, a la igualdad de género entre hombres y mujeres se tiene que la CRBV (1999), en el artículo 88  que consagra:

 

 

       El estado garantizará igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la Ley.

 

 

Es decir, se reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad. Por lo cual, la mujer tiene derecho a la seguridad social.

Ahora bien, desde el enfoque laboralista se sustancia el principio de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, de acuerdo con lo señalado en Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), el artículo 20 establece:

 

 

El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración, y están obligadas y obligados a fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el proceso social de trabajo.

 

 

 Este articulo, señala que en las políticas laborales y productivas se configura la igualdad y equidad de género, para lo que se debe cumplir el principio de igual trabajo por igual salario, debiéndose garantizar que los trabajadores y trabajadoras son iguales tanto de hecho como de derecho, lo que debe incorporarse dentro del clima organizacional de la entidad empresarial.

Cabe destacar que, Venezuela es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belén Do Pará”, Brasil, en 1994. Es así como, después de muchas luchas de la mujer venezolana, para  el 19 de marzo de 2007, se sanciona en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) (2014).

Esta Ley, abre un conjunto de medidas de aplicación inmediata para preservar la vida y la integridad física de la mujer que esté en situación de violencia o sea vulnerable a alguna circunstancia de este tipo, de la misma se pueden reconocer diecinueve (19) tipos delictivos, con sus respectivas sanciones,  entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas (con penas de 10 a 15 años de prisión).

Asimismo, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, esclavitud sexual y trata de mujeres y niñas (con penas de 15 a 20 años de prisión) , actos lascivos con pena de 1 a 5 años de prisión, que en el caso de niñas y adolescentes aplica de 2 a 6 años;  acoso sexual de 1 a 3 años.

Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral que aplica una multa de 100 a mil Unidades Tributarias, violencia obstétrica con una sanción de multa de 250 a 500 Unidades Tributarias para el persona de salud involucrado, esterilización forzada de 2 a 5 años de prisión para el médico, ofensa pública por razones de género de 200 a 500 Unidades Tributarias más el debido retracto por el mismo medio y con la misma extensión del texto, todas contempladas desde el Artículo 39 hasta el 56 de la nueva Ley.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), en el artículo 21, trata lo relativo al Principio de no discriminación en el trabajo, de la siguiente forma:

 

Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. Los actos emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia…”

 

Se desprende de este artículo, que la distinción por sexo, raza, estado civil, por religión está prohibido. En este sentido, las leyes en la materia establecen las sanciones previstas.

Asimismo, se sanciono la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2007) que en el capítulo IV, establece los Derechos Económicos de la Mujer, entre los que se destacan: la efectiva incorporación de la mujer a la producción, a nivel micro y macro económico. Por otro lado, el acceso a los programas crediticios y a la asistencia oportuna y permanente para la obtención de materia prima, asesoría técnica comercialización y distribución de productos y servicios. Asimismo, la adquisición de inmueble para vivienda principal por parte de la mujer, tiene prioridad en cuanto a las políticas públicas que se lleven a cabo en este sentido, entre otros.

CAPÍTULO III

CONTEXTO METODOLÓGICO

En la consecución del objeto de estudio, se considera las secuencias de formas empleadas para presentar lo tratado, de acuerdo a lo previsto en las fuentes consultadas y la reflexión analítica de la autora, donde se evidencia la metódica requerida para lograr la coordinación y ordenación de la investigación en el ámbito estructural que la conforma.  

Tipo de Investigación

La configuración de la investigación, corresponde a un tipo documental, considerando que se trata de sustentar el estudio con información de segundo nivel disponible en las fuentes formales escritas, en cuanto a esto la  Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA, 2012) el Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado de la (UBA,  2012)  señala que:

 

 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, apoyado principalmente en fuentes bibliográficas y documentales.  La originalidad de este estudio, se refleja en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones propias del autor. (p.45)

 

En consecuencia, se procedió a la recolección y obtención de información  secundaria en función del objeto de estudio, disponible en doctrinas, leyes y demás materiales teóricos especializados que se relacionan con el tema tratado y que sustentan la explicación científica de lo investigado.

En este orden de ideas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis doctorales (2012), señala que la Investigación documental: “es el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor”, pág. (20). En este sentido, el aporte más importante de este tipo de estudio se refiere a las fuentes consultadas, que son de segunda mano ya que provienen de libros, revistas, trabajos de investigación y consultas realizadas en internet, entre otras, las cuales han sido descritas en las referencias bibliográficas.

Método

     Respecto, de la investigación de naturaleza documental se tiene en cuenta que el método es de tipo deductivo-analítico, para comprender la consistencia del primero, se expone la opinión de López (2010) quien sostiene: “Mediante ella se aplican los principios  descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p. 15), se trata de dirigirse de los abstracto o complejo hasta lo más simple y concreto en un orden lógico con un enfoque coherente estructurado, donde exista un único sentido de los criterios reproducidos.  

De igual manera, Lopera y otros, (2010), define el análisis como “la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p.13). El método es entonces un camino, una manera de proceder, que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como un estilo de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. En cuanto al deductivo, Méndez (2004) sostiene que:

 

 

    El método deductivo es el método comúnmente utilizado, cuya forma gráfica emulará la forma de un embudo al derecho; desde este enfoque el investigador fue desde una situación general y desembocó en una situación particular, es decir, el caso específico objeto de la investigación. (p. 2).

 

 

Es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos donde se aplicaría la deducción.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Las técnicas de recolección de información, son herramientas empleadas por el investigador para la obtención de datos relevantes en la investigación. En este orden de ideas, Arias: (1999), expresa que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información con relación a la temática en estudio” (p.53), en este caso para la obtención de la información requerida se aplicaron las siguientes técnicas: el subrayado, el fichaje, el resumen y la síntesis. Tomando en consideración lo que señala Fernández (2002), en relación a la técnica del subrayado cuyo objetivo es “hacer énfasis en los aspectos más relevantes del tema que se plantea” (p.125), de allí que fue necesario resaltar lo que en esta investigación se consideró importante para el tema desarrollado.

 Igualmente el fichaje, según Palella y Martíns (2010), sostienen que es la técnica que permite recolectar, procesar y almacenar la información que se obtendrá en la investigación. En cuanto a resumen, Fernández (2002) señala que “se refiere a la exposición condensada y selectiva de un texto” (p. 80), para emplearla en un trabajo de investigación, en este estudio el resumen resultó de gran valía al permitir concretar los aportes de los materiales teóricos consultados.

Ahora bien, en el caso de los instrumentos se utilizó el registro sistemático de la información recabada por medio del sistema fólder el cual según Finol y Nava (1996) consiste en recoger o registrar información en hojas sueltas que luego se van agregando a una carpeta organizada de acuerdo al plan de trabajo establecido. En este orden de ideas, fueron utilizadas las hojas de registro donde se anotaron los datos más importantes de cada documento así como la información relevante en relación al tema investigado.

Con base a lo antes expuesto, el estudio se desarrolló considerando el  análisis de contenido, el cual es definido por Krippendorff (1990)  como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28), se trata de acuerdo con este particular en la explicación y sustentación del alcance y significancia de los contenidos previstos en las fuentes escritas con miras de complementar la esencia y significancia del objeto de estudio, desde el ámbito disciplinario que se trata en efecto.

De igual manera, fue necesario describir el tipo de fuente consultada tales como: libros, revistas, documentos legales, Internet y trabajos de grado en los cuales se identificó apellido y nombre del autor, año, número y lugar de publicación en las referencias bibliográficas.  Asimismo, es necesario destacar que lo más importante en el análisis de contenido es considerar con antelación las categorías en relación a las cuales se realiza el análisis que en este caso pueden ser frases, palabras, oraciones, párrafos entre otros, y con base en éstas se efectúa el estudio en profundidad de un documento que interese al investigador. Por su lado, Sabino (2010), afirma que el análisis de contenido tiene una base empírica y accesible, por lo tanto el análisis del documento estudiado tendrá menos subjetividad que al utilizar otros métodos.

Procedimiento

         En este punto de la investigación se explica en forma detallada por fases o etapas, la manera en que se desarrolla la investigación, al respecto Baena (2000), define estas etapas como. “Los procedimientos que están definidos por una serie de actividades cuya secuencia determinará el orden en que será desarrollado el trabajo de la investigación.” (p. 136) este procedimiento se presenta a continuación:

        Fase I. Recolección de la información: se basó en la ubicación de información relacionada con el tema explorando mediante los instrumentos jurídicos que se ofreció en el área de estudio, así como también, la revisión de libros y la utilización de una herramienta muy importante en estos tiempos como lo es la Internet.

Fase II. Organización y actualización de datos: se clasificó toda la información recabada realizándole los ajustes y actualizaciones de conformidad con los instrumentos jurídicos venezolanos vigentes, y los materiales teóricos consultados.

Fase III. Análisis y organización  de la información se procedió a la aplicación de las técnicas  y el instrumento para la realización de la estructura del  trabajo,  la revisión de la tutora, hacer ajustes necesarios y elaborar la revisión preliminar del proyecto de investigación.

Fase IV. Redacción y Elaboración del Trabajo Final de Investigación: se realizó el análisis de contenido y se organizó la información recabada siguiendo un orden con secuencia lógica considerando los objetivos propuestos.

CAPITULO IV

CONTEXTO CRÍTICO

En este capítulo, la autora luego de haber realizado el procedimiento descrito con anterioridad y al realizar el análisis de contenido obtiene las conclusiones en función de los objetivos específicos planteados. Para finalizar se presentan las recomendaciones correspondientes.

Análisis Reflexivo

La  diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En así como, se han asignado roles tanto al hombre como a la mujer: la mujer al hogar dedicada al cuidado de los niños (as) y de los enfermos; el hombre a la calle, al trabajo, al éxito.  En este sentido, la división sexual del trabajo es un elemento central para entender la segmentación y la segregación ocupacional por sexo, pues configura uno de los sistemas de relaciones de poder más longevo en la historia de la humanidad: La diferenciación basada en el sexo es una de las formas más extendidas de explotación humana, arraigada en la interacción personal entre sexos, en instituciones sociales básicas como la familia, y enraizada en estructuras económicas y políticas.

 

Sus expresiones son variadas y se extienden por todos los niveles de la sociedad. Estas manifestaciones constituyen en su totalidad un complejo sistema de relaciones de poder entre los sexos que tipifica la subordinación de la mujer a diferentes niveles sociales. La situación de la mujer en el mercado de trabajo y la segregación de los empleos por sexo parece ser el resultado de un largo proceso de interacción entre el patriarcado y el capitalismo, pues la interrelación entre ambos sistemas ha sido un factor importante en la distribución de los puestos de trabajo.

Cabe destacar que, la incorporación de las mujeres a la vida socio-productiva no ha sido acompañada por sistemas de corresponsabilidad social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados. Todo esto da lugar a fuertes conflictos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, y las lleva en muchos casos a discontinuar carreras profesionales e iniciativas productivas. En América Latina, la pobreza y la escasez o mal funcionamiento de servicios producen tensiones mayores, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de los hogares monoparentales encabezados por mujeres.

Las trabajadoras todas, de acuerdo a Carosio (2010), están paradas sobre un suelo pegajoso, conformado por las responsabilidades de cuidado del hogar y la familias, con cargas afectivas, emocionales y de horarios que el sistema de género hace recaer exclusivamente sobre las mujeres que dificultan o impiden la plena y emancipada incorporación al trabajo remunerado. El trabajo del hogar es suelo pegajoso que frena a las mujeres en su desenvolvimiento laboral, en su participación en el ámbito público, atrapándolas en el ámbito privado o sus cercanías. Para Carosio (2010), el 70,7% de las mujeres llamadas inactivas tienen como principal motivo de inactividad las obligaciones familiares, y también éste es el principal motivo de renuncias o distanciamientos laborales temporales, sobre todo en los períodos de la vida en que se tienen hijos pequeños, padres muy ancianos, u otras obligaciones familiares que exigen mucha dedicación. En estudios realizados sobre iniciativas femeninas socio-productivas interrumpidas o abandonadas, la mayoría indicó como causa principal la enfermedad de algún miembro de la familia.

Como se mencionó anteriormente las mujeres siempre han sido y son protagónicas como mediadoras del bienestar social, con rol central en lo comunitario y como responsables prioritarias y/o últimas del bienestar familiar. La realización de una enorme cantidad de trabajos no remunerados que garantizan el bienestar cotidiano (en lo doméstico, comunitario y en el conjunto de actividades a menudo calificadas como de subsistencia), ha venido siendo visibilizada. Pero la visibilización de este protagonismo no implica su aceptación acrítica. Enfatizar la presencia de las mujeres y su aporte al bienestar y al buen vivir sin paralelamente buscar la transformación de las estructuras desiguales de organización del trabajo, de reconocimiento, valoración y protección, lleva a una instrumentalización de las mujeres y perpetúa la explotación inherente a la división sexual del trabajo.

Cabe destacar que; la igualdad no es viable en las estructuras de poder establecidas, dentro de un mercado organizado por el poder patriarcal capitalista, modelado para quienes no tienen obligaciones familiares y tienen resueltas las condiciones de sobrevivencia. La potenciación de las actividades socio productivas de las mujeres es crucial, pero debe ir acompañada de la creación y ampliación de servicios públicos que acompañen y fomenten la redistribución de los trabajos históricamente realizados por las mujeres en lo no remunerado, y del fomento de la corresponsabilidad masculina activa. Se necesitan servicios públicos que apoyen las actividades de cuidado para el bienestar y el buen vivir, y recuperen el papel de las instituciones públicas como garantes de la participación y el empleo digno para las mujeres.

Todo esto conduce a afirmar que hoy, el drama principal de desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niñas/os, ancianas/os, enfermas/ os y otros) en las mujeres. Todo esto, con una discriminativa estratificación social que produce diferencias importantísimas entre las maneras de solucionar este conflicto entre las mujeres de las clases acomodadas y las mujeres pobres. Si bien todas son víctimas de la división y explotación del trabajo sexogenérica, las mujeres ricas han solucionado (aunque nunca del todo) los problemas de su histórico mandato familiar recurriendo a servicios mercantilizados provistos (y de manera precaria) por las pobres, aumentando así la brecha de la desigualdad.

Un nuevo pacto social es indispensable y debe tener en cuenta el trabajo social global que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y transformar en sistema social laboral incluyendo en él un sistema de cuidados sociales en corresponsabilidad entre los sexos y la sociedad en general. Sólo así la incorporación de las mujeres al mundo laboral y a espacios públicos podrá ser en condiciones de igualdad y sin sobrecargas como viene siendo hasta ahora, y podrá constituir para todas una posibilidad de autorrealización.

Por ello, Hartmann, (1994) sostiene que “El capitalismo creció sobre el patriarcado; y el capitalismo patriarcal es una sociedad estratificada por excelencia” (p.291). En el caso venezolano, la conjunción entre patriarcado y capitalismo se estructura en una sociedad signada por relaciones matricentristas.

Para Bordarampe, (2008), la igualdad entre hombres y mujeres es inherente a los derechos humanos, asimismo afirma que la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad”,… “que nos han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles” (p.55). Tomando en cuenta que los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras.

El incumplimiento de la normativa laboral representa el problema más grave que sufren los(as) trabajadores(as) en nuestro país, inclusive dentro del sector formal, pero los estudios realizados revelan que las mujeres presentan un mayor grado de vulnerabilidad, aún en aquellos asuntos no vinculados directamente a su condición maternal. Se evidencia numerosas infracciones a la ley que se cometen respecto al personal femenino, entre ellas: la no cancelación de los bonos que estipula ley o la no cobertura del Seguro Social porque el patrón no paga las cotizaciones correspondientes, el pago por debajo del salario mínimo.

De igual manera, las mujeres confrontan un conjunto de situaciones particulares, que abarcan su desempeño global en el trabajo en la medida en que afectan sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y la calidad de dicha inserción, como resultado de la segregación ocupacional, la discriminación salarial y el acoso sexual de que son objeto.

Conclusiones

El propósito de esta investigación fue analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En este sentido, en lo sucesivo se presentan las conclusiones que se corresponden con los objetivos específicos, así como también la reflexión de la investigadora como aporte a las ciencias políticas.

Se inicia, con el primer objetivo: Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación. En cuanto a las teorías de entrada se tienen: la teoría feminista, la teoría de roles sexuales, y la teoría de género.  Para la teoría feminista, hay que corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

Mientras tanto, la teoría de roles sexuales considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico. En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

En cuanto a la teoría de género, se supone que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que este no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que esta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan más a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  Luego se presenta, el segundo objetivo: Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para hacer un recuento de los principales problemas que viven las mujeres trabajadoras es necesario comenzar por señalar, muy brevemente, los que la afectan en tanto reproductora de la especie y sobre quien recaen culturalmente las principales responsabilidades familiares. Esta condición tiene numerosas implicaciones directas sobre su desempeño laboral, en su mayoría conocidas, porque suponen un conjunto de condiciones excepcionales: en el prenatal, posibilidad de cambiar de puesto si su labor representa peligros para el feto.

  Asimismo, libertad para acudir a su control mensual, contar con ropa de trabajo adecuada a su condición; seguridad de servicios de emergencia ante la contingencia de aborto; derecho a tomar su licencia antes del parto; en el postnatal, además del permiso por nacimiento, garantía de estabilidad durante el lapso de mayor dependencia del infante; derecho a amamantamiento y seguridad de un local adecuado para dejar al bebé mientras trabaja; dificultad, en virtud de sus responsabilidades familiares, para permanecer en el local de trabajo más allá de la jornada, entre los aspectos más importantes.

Cabe destacar que, gran parte de estos aspectos están consagrados como derechos en la legislación venezolana, pero, a menudo, no son respetados. El mercado de trabajo es una institución social que distribuye a la fuerza de trabajo en diversos puestos de trabajo. Esa distribución muestra las relaciones de poder en esa sociedad, entre ellas, las relaciones de género. Los estudios sobre mercado de trabajo con perspectiva de género pusieron de relieve las articulaciones entre capitalismo y patriarcado.

  De acuerdo a lo expuesto, en la configuración de los segmentos del mercado de trabajo y en la segregación ocupacional por sexo se entrelazan ambos sistemas de dominación. En esa interacción se expresa la división sexual del trabajo, la cual es una de las causas más profundas de discriminación en el mercado de trabajo, pues atraviesa la esfera de lo productivo y reproductivo. La división sexual del trabajo es una de las formas de dominación más longeva en la historia de la humanidad, por lo cual es muy difícil de atacar.

            En cuanto al tercer objetivo: Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En las condiciones de trabajo en nuestro país se evidencian algunos datos preocupantes. Un desempleo de dos dígitos, un sub empleo considerable, pues más del 50% de los ocupados en el sector informal declararon ingresos inferiores al salario mínimo, y la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. Todo ello muestra una precarización profunda en las condiciones de trabajo en Venezuela, lo que habla de la magnitud de la exclusión social en nuestro país.

Un tercio de los trabajadores se declaran como autónomos, casi todos no profesionales. Este solo hecho pone al 30% de la fuerza de trabajo al margen de los beneficios típicos de la relación asalariada. Con ingresos tan bajos como los reseñados es poco probable que esos trabajadores tomen vacaciones. Tampoco acceden a las prestaciones de la seguridad social en caso de enfermedad o maternidad.

Los trabajadores asalariados en las empresas de menos de cinco trabajadores y en el servicio doméstico son los menos protegidos entre los asalariados, pues los datos sobre los ingresos declarados reportan que a muchos de ellos no se les pagaba el salario mínimo. Estos trabajadores serían el siguiente segmento de trabajadores con malas condiciones de trabajo, pero con una importante diferencia: las asalariadas del sector informal tienen peores condiciones de trabajo que sus pares asalariados, dada su presencia mayoritaria en el servicio doméstico.

En el sector formal el acceso a la protección social es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que es reflejo de su mayor presencia en el sector público. Ello produce una polarización interna en la categoría asalariada por su alta presencia en el empleo público y en el servicio doméstico.

La informalidad es el fenómeno más persistente de la economía venezolana. Su magnitud hace que las medidas de protección laboral tengan una cobertura reducida, lo que obliga a repensar la acción estatal en el mercado de trabajo. La diversa distribución en las categorías ocupacionales indica que las políticas públicas para atacar discriminación por género deben tomar en cuenta esta realidad.

Por ello, las políticas para promover la igualdad de condiciones de trabajo y eliminación de la discriminación van a tener un efecto limitado si no se trata de mejorar la situación del sector informal, en especial la de las trabajadoras autónomas no profesionales y del servicio doméstico asalariado. Avanzar en una agenda de equidad de género en el mercado de trabajo tiene que plantearse como objetivo modificar su actual configuración, en particular disminuir el peso del trabajo autónomo no profesional.

En lo que tiene que ver con el cuarto objetivo: Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género. Cabe destacar que, los derechos de la mujer en nuestro país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres.

 El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social. De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV), el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros.

En atención al deber del Estado de proteger a los grupos discriminados y por cuanto, nuestro país fue firmante de la Convención Interamericana para prevenir, controlar, erradicar y sancionar la Violencia contra las mujeres, realizada en Belén Do Pará, Brasil, en 1994, el 19 de marzo de 2007 se sanciona la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), que deroga a la Ley contra la Violencia sobre la  Mujer y la Familia que estuvo vigente desde el 01 de Enero de 2000.

Entre los aspectos más resaltantes de la misma se puede destacar el abanico de 19 tipos delictivos, con sus respectivas sanciones, entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas. Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral, violencia obstétrica entre otras.

Recomendaciones

De acuerdo a la opinión de la autora y en función a la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:

          A los centros educativos: Implementar un modelo educativo, desde el inicio de la formación (inicial, primaria, secundaria, técnico y universitario) donde se fomente la autoestima, la tolerancia entre las personas, se divulguen los derechos y deberes que como ciudadanos(as) tenemos; en fin, se enseñe la equidad  e igualdad de género en todos sus aspectos hasta que constituya el sistema de vida y filosofía del país entero.

 A las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tratan el tema de la mujer: Estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación, convencidas de que la misma es una herramienta clave para el desarrollo social.

A los entes públicos encargados de promover los derechos de la mujer. Crear instituciones de protección y amparo a la mujer conformadas por personal sensibilizados ante la violencia contra la mujer, para la aplicabilidad de los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), como son:

  • La protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas.
  • La equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.
  • El reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social.
  • El derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV),
  • El derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros. Además de aplicar un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional.

 

REFERENCIAS

 

Arias, F. (1999). El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración.

(3era ed.). Editorial Episteme: Caracas Venezuela.

Baena, M. (2000): “Curso de ciencia de la administración”. Vol. I, 3ª  ed., Tecnos,  Madrid.

Banco Mundial, (1994). World Development Report: Investing in Health. New York, Oxford University Press.

Beitel, M (2006). Sex role ideology among East Asian immigrants in the United States. Am J Orthopsychiatry. Eua: Autor.

Bordarampe, A. (2008).  Situación Social de las MujeresRed para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Familia (Argentina). Madrid.

Boza, M. (2004). Desempleo, primera preocupación: Una ojeada al desempleo en primera persona. En: Revista Debates IESA, Enero, Volumen IX, No. 1. Caracas, Venezuela.  

Carosio, A., (2010). El trabajo de las mujeres: desigualdad, invisibilidad y explotación. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Versión impresa ISSN 1316-3701.

Comisión Económica para América Latina, (CEPAL) (2013). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Disponible en: www.eclac.org. Consultado el: 01/03/16.

Constitución República Bolivariana de Venezuela (1999) Gaceta Oficial                   Nº 36860 (Extraordinario) Diciembre 30, 2000.

Fernández A, (2002). Cómo Aprender a Estudiar y Aprender con Eficacia. UCA editores. El Salvador.

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua  (FUNICA), (2011). Desarrollo local y equidad de género. Sistematización por consorcio Estrategias de Intervención, Nicaragua.

Fondo De Población De Las Naciones Unidas, (UNFPA). (2005). Informe Sobre el Estado de la Población Mundial 2005. México, D. F.

Finol, T y Nava, H. (1996). Procesos y productos de la investigación documental. Maracaibo. Editorial de la Universidad del Zulia.

Gómez, A. (2001). Aspectos ecológicos de los sistemas agrícolas. Las dimensiones del desarrollo. En: Labrador, J. y Altieri, M.A. (eds.) Agroecología y Desarrollo. Mundi Prensa.

González, S. (2004). Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión.

Hartmann, H., (1994). Capitalismo, patriarcado y segregación de los empleos por sexos. Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales. Barcelona, ICARIA- FUHEM.

Hernández, R y otros (2010). Metodología de la Investigación. Caracas: Ediciones Universales.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), (2014). XIV Censo Nacional de Población y Vivienda [, (base censo 2011). Resultados por entidad federal y municipio del  estado Aragua, Gerencia General de Estadísticas Demográficas Gerencia de Censo de Población y Vivienda.

Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), (2005). Informe Instituto Nacional de la Mujer, Venezuela.

Hawkesworth, M. (1999) Confundir el género (Counfunding gender) en Debate feminista. Año 10, vol. 20, octubre 1999. México: Metis, Productos Culturales.

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós.

León, G. (2011). Aplicabilidad de los Instrumentos Internacionales en Relación a los Delitos de Violencia contra la Mujer. Trabajo final de Investigación para optar al Grado de Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad Del Zulia.

Ley de Igualdad de Oportunidades para La Mujer, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria, Nº 38.647, de fecha 19 de Marzo de 2007.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.076, de fecha  7 de mayo de 2012.

Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. (1999). Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.398 de fecha 26 de octubre de 1999, Decreto 42.825.

 Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia (2007). Gaceta Oficial Nº 38.668, abril  23,  2007.

Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia (2014). Gaceta Oficial Nº 40.548, noviembre  25,  2014.

Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia. (1998). Publicada en  Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.398 de fecha 26 de octubre de 1999, Decreto 42.825.

Lois, L. (2013). Políticas Públicas de Comunicación sobre Salud de la Mujer. Acciones comunicacionales sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la perspectiva de género. Trabajo presentado para optar al título de Maestría en Género, Sociedad y Políticas, en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina.

Lopera y otros, (2010). El Método Analítico Como Método Natural. Revista: Nómadas, núm. 25, enero-junio, 2010. Universidad Complutense de Madrid. España.

López, J (2010) Metodología contexto y flexibilidad. Madrid: Síntesis Pick, S.

Márquez, P., (2012). La mujer gerente en Venezuela
“Piensa como un hombre, actúa como una dama, trabaja como un burro”.
Disponible en: www.revistainterforum.com/espanol/articulos/100101mujer.html. Consultado el: 01/03/16.

Max-Neef y otros (2007). Desarrollo a Escala Humana: Una Opción para el Futuro. Fundación Hammarskjöld. Número Especial. S/E. S/F. 

Méndez A, Carlos. (2004). Metodología. Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Colombia. Mc Graw Hill.

Mesonero, S (2010)  Feminismos y sistema de sexo-género. España: Universidad de Salamanca.

Morillo, M. (2006). Análisis del mercado laboral venezolano. Editorial FERMENTUM, Mérida, Venezuela.

Muñoz (2013). Diseño de Evaluación de Resultados Intermedios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en Entidades Federativas y Municipios. Trabajo de grado presentado para optar al título de Maestría en Políticas Públicas. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Neffa, J. (1990). El Proceso de Trabajo y la Economía de Tiempo. Buenos Aires: Editorial HVMANITAS.

Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008). Las mujeres, el género y la economía informal: evaluación de los estudios de la OIT y orientaciones sobre el trabajo futuro Ginebra.

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, 2009. Informe Alternativo, sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y la aplicación de la de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra de la mujer. (CEDAW).

Organización de los Estados Americanos, (OEA) (1994). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (A/RES/48/104) Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, Naciones Unidas.

Palella, F y Martíns, F (2010). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Ediciones FEDUPEL (Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2012). Violencia Contra Las Mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Auspiciado por la ONU Mujeres, México, 2012.

Picchio, A. (2001). Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida. En: Cristina Carrasco, ed. Tiempos, trabajos y género. Publicacions Universitat de Barcelona. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2002). Derechos humanos de las mujeres. Primera edición. Impreso En México/Printed. México, D.F.

Risopadrón, C. y Rodríguez, F. (2004). Desempleo, primera preocupación: ¿Cómo Enfrentar el Desempleo? Lecciones de la Experiencia Internacional. En: Revista Debates IESA, Enero, Volumen IX, No. 1. Caracas, Venezuela.

Ruíz, L. (2012). Análisis de los Factores que Dificultan el Empoderamiento de las Mujeres. Trabajo de Grado para optar al título de Maestría en Desarrollo Local Sostenible. Convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, Universidad del Salvador y la Universidad de Alcalá de Henares.

Sabino, C (2010) Como Hacer una Tesis. Caracas: Panapo.

Tamayo y Tamayo. (2009). El Proceso de la Investigación Científica. México: Limusa.

Universidad Bicentenaria de Aragua (2012). Manual para  la  Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado.” San Joaquín de Turmero: Autor.

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012).  Manual de Trabajos de Grado de especialización y Maestría y Tesis doctorales. Fedeupel. Caracas: Autor.

Uzcategui, M (2009) Diseño de un Sistema de Información para el Instituto de la Mujer de Aragua, Venezuela, Año 2008. Trabajo como requisito para optar al Grado de Magister en Dirección y Gestión Pública Local para el Área Andina. Unión Iberoamericana de Municipalistas y otros.

Yunes, A. (2013). Políticas Públicas para Mujeres y Equidad de Género. Trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional. Universidad Bicentenaria de Aragua.

Zúniga, G. Carlos A., (2010). Impacto de los Sistemas de Producción Agropecuarios en el Desarrollo Local Sostenible de Nicaragua, 1998-2005. Índice de Malmquist DEA con un Output Orientado.

ANEXOS

ANEXO Nº A

MAPA DE VENEZUELA

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot. Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014 

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot.
Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014