Consejos Comunales, Comunas, Poder Comunal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Administración Pública

 

Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

Consejos Comunales. Comunas y Poder Comunal

 

 

Facilitador:                                                                  Participantes:

Dra Luisa  de Sanoja                                                 Alvia Dinino

                                                                                  Wilmer Hernández

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, 13 de Noviembre de 2013

 

INDICE

INTRODUCCIÓN                                                                                                      3                        

  1. EL ESTADO COMUNAL, EL PODER POPULAR EL SOCIALISMO 5
  1. LOS FINES DEL PODER POPULAR 10

III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.                                                     12

  1. Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica. 12
  1. Voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo 13
  1. Sistemas de agregación comunal 14
  1. Los Consejos comunales. 15
  1. Las Comunas 16
  1. Las Ciudades comunales 17
  1. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER POPULAR 18                                                                                                                      

1-Formas organizativas del Poder Popular                                                             18

  1. Las organizaciones del Poder Popular 18
  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular 18
  1. Fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular 19
  1. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR 19
  1. Planificación de políticas públicas 20
  1. Economía comunal 20
  1. Contraloría social  21
  1. Ordenación y gestión del territorio 21
  1. Justicia comunal 21
  1. RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR 22

VII. APRECIACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA       24

CONCLUSIONES.                                                                                                  27

BIBLIOGRAFÍA.                                                                                                      28

INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1999, actualmente vigente, constituyó a Venezuela como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (art.2), organizando a la República como “un Estado Federal Descentralizado” que “se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (art. 4).

Ese es el Estado Constitucional en Venezuela: un Estado Federal Descentralizado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia montado sobre un sistema de distribución vertical del Poder Público en tres niveles territoriales, entre el  Poder Nacional, el Poder de los Estados y el Poder  Municipal (art. 136), cada uno  debiendo tener siempre un gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución.

No es posible, por tanto, constitucionalmente hablando, crear por ley instancias políticas que vacíen de competencias a los órganos del Estado (la República, los

Estados, los Municipios y demás entidades locales) y menos aún establecerlos con funciones políticas sin que se asegure su carácter electivo mediante la elección de representantes del pueblo a través de sufragio universal, directo y secreto; sin que se asegure su autonomía política propia del carácter descentralizado; y sin que se garantice su carácter pluralista, en el sentido de que no pueden estar vinculados a una ideología determinada como es el Socialismo.

Este modelo de Estado Constitucional se intentó cambiar mediante una Reforma Constitucional sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007, con el objeto de establecer un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial, la cual sin embargo, una vez sometida a consulta popular, fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre de 2007.

Sin embargo, en burla a la voluntad popular y en fraude a la Constitución, desde antes de que se efectuara dicho referendo, la Asamblea Nacional en abierta violación a la Constitución comenzó a desmantelar el Estado Constitucional para sustituirlo por un Estado Socialista mediante la estructuración paralela de un Estado del Poder Popular o Estado Comunal, a través de la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, reformada posteriormente y elevada al rango de ley orgánica en 2009.

Posteriormente, el empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista fue rechazado de nuevo con ocasión de las elecciones legislativas efectuadas el 26 de septiembre de 2010, las cuales fueron planteadas por el Presidente de la República y la mayoría oficialista de la propia Asamblea Nacional, quienes hicieron una masiva campaña a favor de sus candidatos, como un “plebiscito” respecto al propio Presidente, su actuación y sus políticas socialistas ya previamente rechazadas por el pueblo en 2007, “plebiscito” que el Presidente de la República y su partido perdieron abrumadoramente pues la mayoría del país votó en contra de las mismas.

Sin embargo, al haber perdido el Presidente y su partido el control absoluto que ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que en el futuro les impedía imponer a su antojo la legislación que quisieran, antes de que los nuevos diputados electos a la

Asamblea pudieran tomar posesión de sus cargos en enero de 2011, en diciembre de 2010, atropelladamente y de nuevo en fraude a la voluntad popular y a la Constitución, la deslegitimada Asamblea Nacional precedente procedió a la sanción de un conjunto de Leyes Orgánicas mediante las cuales se ha terminado de definir, al margen de la Constitución, el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es otra cosa que un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado “Estado Comunal.”

Dichas Leyes Orgánicas son las del Poder Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal, de Contraloría Social, y del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular

Además, en el mismo marco de estructuración del Estado Comunal montado sobre el Poder Popular se destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y de las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y  de los Consejos Locales de Planificación Pública

La deslegitimada Asamblea Nacional, además, sancionó una Ley habilitante autorizando al Presidente de la República para por vía de legislación delegada, para dictar leyes en todas las materias imaginables, incluso de carácter orgánico, vaciando así por un período de 18 meses, hasta 2012, a la nueva Asamblea Nacional de materias sobre las cuales poder legislar.

Ahora bien, el marco definitorio general del Estado Socialista que se quiere imponer a los venezolanos, y por el cual nadie ha votado, montado sobre el ejercicio de la soberanía del pueblo exclusivamente en forma directa a través del ejercicio del Poder Popular y el establecimiento de un Estado Comunal está contenido en la Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), a cuyo análisis van destinadas estas notas, cuyas disposiciones, conforme a su artículo 6, “son aplicables a todas las organizaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.” Es decir, las disposiciones de esta ley orgánica son omnicomprensivas, se aplican a todos y a todo, como pieza esencial del principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.

  1. EL ESTADO COMUNAL, EL PODER POPULAR Y EL SOCIALISMO

El objetivo fundamental de estas leyes es la organización del “Estado Comunal” que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de “unidad política primaria de la organización nacional” (art. 168 de la Constitución), a través de cuya organización se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el ejercicio de la soberanía popular sólo directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Se trata por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa violándose así abiertamente la Constitución de la República.

El Estado Socialista que se busca implantar con estas leyes, denominado Estado Comunal, en paralelo al Estado Constitucional, se basa en este simple esquema: como el artículo 5 de la Constitución dispone que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público,” habiéndose estructurado el Estado Constitucional basado en el concepto de democracia representativa, es decir, el ejercicio  de la soberanía en forma indirecta mediante el sufragio; entonces ahora se estructura el Estado Comunal, basado en el ejercicio de la soberanía en forma directa.

Ello incluso ha sido “legitimado” por las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando al analizar el carácter orgánico de las leyes, como en la dictada en relación con la Ley Orgánica de las Comunas, señaló que la misma se dictó: “en desarrollo del principio constitucional de la democracia participativa y descentralizada que postula el preámbulo constitucional y que reconocen los artículos 5 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de cuyo contenido se extrae el principio de soberanía, cuyo titular es el pueblo, quien está además facultado para ejercerla “directamente” y no sólo “indirectamente” por los órganos del Poder Público; así como del artículo 62 ejusdem, que estatuye el derecho de las personas a la libre participación en los asuntos públicos y, especialmente, el artículo 70 del mismo texto fundamental, que reconoce expresamente medios de autogestión como mecanismos de participación popular protagónica del pueblo en ejercicio de su soberanía, medios que son sólo enunciativos en los términos de la predicha norma.”

Es con base en estos principios que en el artículo 8.8 de la LOPP, se define al Estado comunal, como la: “Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna.

Se busca establecer así, un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucional: el primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; en un sistema, en el cual el primero irá vaciando progresivamente de competencias al segundo. Todo ello es inconstitucional, particularmente porque en la estructura del Estado Comunal que se monta, el ejercicio de la soberanía en definitiva es indirecta mediante “re-presentantes” que se “eligen” para ejercer el Poder Popular en nombre del pueblo, y que son denominados “voceros” o “vocerías,” pero no son electos mediante sufragio.

El sistema que se busca montar, en definitiva, controlado todo por un Ministerio del Ejecutivo Nacional, lejos de ser un instrumento de descentralización – concepto que está indisolublemente unido a la autonomía política – es un sistema de centralización y control férreo de las comunidades por el Poder Central. Por ello la aversión al sufragio. En ese esquema, una verdadera democracia participativa  sería la que garantizaría que los miembros de los Consejos Comunales, las comunas y todas las organizaciones e instancias del Poder Popular fueran electas por sufragio universal, directo y secreto, y no a mano alzada por asambleas controladas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional, en contravención al modelo de Estado democrático y social de derecho y de justicia descentralizado establecido en la Constitución.

Pues bien, es en este contexto, y buscando establecer en paralelo al Estado Constitucional en el cual el pueblo ejerce indirectamente el Poder Público mediante representantes electos por sufragio universal directo y secreto, un Estado Comunal en el cual el pueblo supuestamente ejercería directamente el Poder Popular mediante voceros que no son electos por sufragio universal, directo y secreto, sino en asambleas de ciudadanos, el artículo 2 de la LOPP, define al Poder Popular, como: “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal”.

Todo lo cual no es más que una falacia, pues en definitiva en ese “edificio” del Estado Comunal se le niega al pueblo el derecho de elegir libremente, mediante  sufragio universal, directo y secreto a quienes van a representarlo en todos esos ámbitos, incluyendo el internacional. Se trata más bien de un “edificio” de organizaciones para evitar que el pueblo realmente ejerza la soberanía e imponerle mediante férreo control central políticas por las cuales nunca tendrá la ocasión de votar.

Por otra parte, según el artículo 4 de la LOPP, la finalidad de este Poder Popular que se ejerce por los órganos del Estado Comunal, “garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y  garantías constitucionales.”

Por supuesto todos estos principios de igualdad se rompen desde que el sistema  de Estado Comunal, paralelo al Estado Constitucional, se monta sobre una concepción única, que es el Socialismo, de manera que quien no sea socialista está automáticamente discriminado. No es posible, por tanto, en el marco de esta ley poder conciliar el pluralismo que garantiza la Constitución y el principio de la no discriminación por razón de “opinión política” a que se refiere este artículo, con el  resto de las disposiciones de la Ley que persiguen todo lo contrario, es decir, el establecimiento de un Estado Comunal, cuyas instancias sólo pueden actuar en  función del Socialismo y en las cuales todo ciudadano que tenga otra opinión que-da excluido.

Es decir, mediante esta Ley Orgánica se ha establecido el marco definitorio de un nuevo modelo de Estado paralelo y distinto al Estado Constitucional, denominado el Estado Comunal basado en forma exclusiva y exclusionista en el socialismo como doctrina y práctica política, que es la organización política a través de la  cual se produce el ejercicio del Poder Popular que es a la vez “el ejercicio pleno de  la soberanía por parte del pueblo.”

Ese Poder Popular se fundamenta, como se declara en el artículo 3 de la LOPP, “en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos  contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está  determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo” (art. 3). Con esta declaración, sin embargo, lejos de la universalidad, prevalencia y  progresividad de los derechos humanos que se garantizan en la Constitución, lo que se ha establecido es la desaparición total de la concepción universal de los derechos humanos, el abandono a su carácter prevalente y el retroceso ante los principios pro homines y favor libertatis, al condicionarse su existencia, alcance y progresividad a lo que se determine “por los niveles de conciencia política y organización del pueblo,” es decir, por lo que dispongan y prescriban las organizaciones del Poder Popular con las que se busca “organizar” al pueblo, todas sometidas al Socialismo.

Con ello desaparece la concepción de los derechos humanos como esferas que son innatas al hombre e inmunes frente al poder; pasándose a una concepción de los derechos humanos dependientes de lo que ordene un poder central, que en definitiva controla todo el “edificio” del Estado Comunal o Estado Socialista, como clara demostración del totalitarismo que está a la base de esta Ley.

En el mismo sentido se dispone en el artículo 5 de la LOPP, que “la organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas,” con lo cual, como se ha dicho, se vincula la organización del Estado Comunal que se organiza en paralelo al Estado Constitucional, con la ideología política socialista, es decir, con el socialismo, el cual se define en el artículo 8.14 como: “un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral.

Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias, ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.”

La misma expresión se utilizó en la Ley Orgánica de las Comunas respecto de la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las mismas (art. 2); en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales respecto de los mismos (art. 1), y en la Ley Orgánica de Contraloría Social (art. 6).

Lo primero que debe observarse respecto de esta norma, es la insostenible pretensión de vincular “la doctrina del Libertador Simón Bolívar” con los principios y valores socialistas. En la obra de Bolívar y en relación con su concepción del Estado nada puede encontrarse al respecto, no siendo la norma sino una pretensión más de continuar manipulando el “culto” a Bolívar para justificar los autoritarismos, como tantas veces ha ocurrido antes en nuestra historia.

Con la norma, por otra parte y por supuesto, se viola abiertamente la garantía del derecho de propiedad que está en la Constitución (art. 115) que no permite su restricción sólo a la propiedad colectiva o social excluyendo la propiedad privada de los medios de producción

El artículo 5 de la LOPP, por otra parte, define como “principios y valores socialistas” los siguientes: “democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. (art.5).

Muchas son las definiciones de socialismo, pero en todas, se pueden identificar sus elementos básicos:

  • un sistema de organización social y económico,
  • basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios  de producción, y
  • en regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales y de la distribución de los bienes,
  • buscando la progresiva desaparición de las clases sociales.

John Lynch ha señalado que: “El tradicional culto a Bolívar ha sido usado como ideología de conveniencia por dictadores militares, culminando con los regímenes de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras; quienes al menos respetaron, mas o menos, los pensamientos básicos del Libertador, aún cuando tergiversaron su significado.” Concluye Lynch señalando que en el caso de Venezuela, en la actualidad, el proclamar al Libertador como fundamento de las políticas del régimen autoritario, constituye una distorsión de sus ideas.

Este catálogo de “principios” por supuesto no están vinculados necesariamente al socialismo, ni son exclusivamente “principios y valores socialistas” como se pretende hacer ver, en una apropiación indebida que hace el legislador. El redactor de la norma, en realidad, lo que hizo fue copiar todo el elenco de principios que se encuentran definidos a lo largo de la Constitución, en muchas normas (Preámbulo y arts.1, 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 26, 84, 86, 102, 112, 137, 141, 153, 165, 257, 293, 299, 311, 316, 326, por ejemplo), y que son los valores del Estado Constitucional.

Sólo en algún caso no se han atrevido a utilizar la terminología clásica como “libertad de expresión,” y la han querido sustituir por “libre debate de ideas,” lo que por supuesto no es lo mismo, sobre todo porque dicha libertad no se tolera en un Estado Socialista que sólo conoce de una ideología única.

Para desarrollar y consolidar el Poder Popular, ignorando los valores y principios constitucionales básicos que tienen que tener todas las instancias de gobierno en Venezuela que deben ser “electivos, descentralizados, alternativos, responsables, pluralistas y de mandatos revocables” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución, es que se ha dictado la LOPP para supuestamente generar “condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que  surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder” (art. 1).

Conforme a la Constitución “la creación de nuevos sujetos de descentralización  a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” sólo es posible “a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.” (art. 184.6)

Ello significa que los mecanismos de participación que puedan establecerse conforme a la Constitución no son para vaciar a las estructuras del Estado Constitucional, es decir, de los “gobiernos locales y estadales,” sino para reforzarlas en la gestión pública.

Por otra parte, conforme a la Constitución, no puede haber gobierno alguno que no sea electivo, descentralizado y pluralista; sin embargo, en la LOPP se define un Estado paralelo que es el Estado Comunal, montado sobre “gobiernos” o “autogobiernos” que no son ni electivos, ni descentralizados ni pluralistas.

Sobre estos, el artículo 14 de la LOPP, se limita a definir “el autogobierno comunal y los sistemas de agregación que surjan entre sus instancias” como “un ámbito de actuación del Poder Popular en el desarrollo de su soberanía, mediante el ejercicio directo por parte de las comunidades organizadas, de la formulación, ejecución y control de funciones públicas, de acuerdo a la ley que regula la materia.”

En este contexto, además, a la “comunidad” se la define en la LOPP como el “núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en su ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes que comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole” (art. 8.4).

  1. LOS FINES DEL PODER POPULAR

 

El artículo 7 de la LOPP define los siguientes fines del Poder Popular, es decir, del “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” a través “de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2):

  1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.

Se destaca, en relación con lo que dispone la Constitución sobre la organización del Estado, el agregado de “socialista” que impone esta previsión, con lo cual se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega, por tanto, el derecho a la participación política.

  1. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.

Conforme al artículo 184.1 de la Constitución, esta transferencia de competencias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.

  1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
  1. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.

Estos, la verdad, no son valores de ninguna “ética socialista,” sino como se ha dicho anteriormente, son valores de la democracia y civilización occidental, propios del Estado Constitucional.

  1. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político- administrativas que la ley establezca.
  1. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.

A los efectos de esta norma, el artículo 8.6 de la LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo (art. 8.6).

Sin embargo, nada en la Constitución autoriza a que se asignen a entidades públicas comunitarias dependientes del Ejecutivo Nacional, competencias para ejercer vigilancia o contraloría social sobre las actividades privadas. Esa es una función que sólo pueden ejercer los entes político territoriales del Estado.

  1. “Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.” A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas” (art. 8.7).

La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida  en su ámbito geográfico” (art. 8.2).

Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”(art. 8.3).

Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se define en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana” (art. 8.5).

La Constitución, sin embargo, al referirse a las organizaciones comunitarias para poder ser sujetos de descentralización, las concibe sólo como entidades de carácter territorial, como “las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” que son las que pueden asumir conforme al artículo 186,6, “corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.”

III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.

  1. Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica

Las instancias del Poder Popular para el “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” y que forman las “diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2), conforme se precisa en el artículo 8.9 de la LOPP, están “constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, surjan de la iniciativa popular,” constituyendo las “organizaciones de base del Poder Popular” aquéllas “constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar colectivo” (art. 8.10).

La definición que se formula sobre la “comunidad organizada,” es similar en la Ley Orgánica de las Comunas, como “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización de base, articuladas en una instancia del Poder Popular”(art. 4.5)

En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.” (art. 4.12)

Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el

Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una iniciativa popular.

  1. Los voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo

 

Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder  Popular, y que se denominan “voceros” tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado.

En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las instancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas. En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voceros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio.

La Ley, sin embargo, si indica que todas las instancias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).

Debe indicarse, en efecto, que a la base de estas instancias del Poder Popular, están las Asambleas de Ciudadanos que si bien la LOPP no las regula específicamente ni las nombra en artículo alguno, sin embargo, las define como la “máxima instancia de participación y decisión de la comunidad organizada, conformada por la integración de personas con cualidad jurídica, según la ley que regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la  comunidad, las distintas formas de organización, el gobierno comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que establezcan las leyes que desarrollen la constitución, organización y funcionamiento de los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de éstos surjan” (art. 8.1).

  1. Sistemas de agregación comunal

 

En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comunales y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”

Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artículo 59 de la LOC, son las siguientes:

  1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.
  2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.
  3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administración, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.
  4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
  5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público.

La LOC, sin embargo, nada establece sobre las condiciones para la constitución de los sistemas comunales de agregación y sobre su funcionamiento, lo que se remite a ser establecido en el Reglamento de la LOC y los lineamientos que a tales efectos dicte el Ministerio del Poder Popular de las Comunas.

En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de sistemas de agregación comunal así:

  1. El Consejo Comunal: como instancia de articulación de los movimientos y organizaciones sociales de una comunidad.
  2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organizadas en un ámbito territorial determinado.
  3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado.
  4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.
  5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
  6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

En particular, en cuanto a la Ciudad Comunal, la federación Comunal y la

Confederación Comunal, las condiciones para su conformación deben ser desarrolladas en el Reglamento de cada Ley.

Ahora bien, de todas estas instancias del Poder Popular previstas para “el ejercicio del autogobierno,” el artículo 15 de la LOPP sólo se refiere con algún detalle a los Consejos Comunales y a las Comunas, las cuales por lo demás, son las que han sido reguladas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y en la ley Orgánica de Comunas; y a las Ciudades Comunales.

  1. Los Consejos comunales.

 

Los Consejos Comunales se definen en la Ley como la “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (art. 15.1).

Se destaca de esta definición legal, que los Consejos Comunales sólo y exclusivamente pueden tener por objeto contribuir a “la construcción de un nuevo modelo de sociedad socialista,” en violación al principio del pluralismo que establece el artículo 6 de la Constitución, por lo que todo aquél ciudadano que no siga o acepte la doctrina socialista no tiene cabida en este nuevo Estado paralelo que se busca construir con esta Ley.

Esta instancia del Poder Popular constituida por los Consejos Comunales está regulada en la mencionada Ley Orgánica de los Consejos Comunales, a cuyos “voceros,” además, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se les ha asignado la función de designar a los miembros de las Juntas Parroquiales, las cuales, en consecuencia, fueron “degradadas” dejando de ser las “entidades locales” que eran, con gobiernos electos por sufragio universal directo y secreto, pasando a ser simples órganos “consultivos,  de evaluación y articulación entre el Poder Popular y los órganos del Poder Público Municipal” (art. 35), cuyos miembros, además, los deben designar los voceros de los consejos comunales de la parroquia respectiva (art. 35), y sólo de entre aquellos avalados por la Asamblea de Ciudadanos “de su respectivo consejo comunal”(at. 36).

A tal efecto, en forma evidentemente inconstitucional, la Ley de reforma del Poder Municipal, decretó la “cesación” en sus funciones de “los miembros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes” (Disposición Derogatoria Segunda).

  1. Las Comunas

 

Las Comunas, por su parte, que están concebidas en la LOPP como la “célula fundamental” del Estado Comunal, se las define en el artículo 15.2 como el “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”

Esta misma definición de la Comuna como espacio socialista está en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas; noción que implica que la misma está vedada a todo aquél que no sea socialista o que no crea en el socialismo o que no comulgue con el socialismo como doctrina política. La concepción legal de la Comuna, por tanto, es contraria al pluralismo democrático que garantiza la Constitución, siendo abiertamente discriminatoria y contraria a la igualdad que también garantiza el artículo 21 de la Constitución.

Por otra parte, en la norma mencionada de la LOPP se define a la Comuna como una “entidad local,” y la misma calificación se encuentra en el artículo 1 de la

Ley Orgánica de las Comunas, que las define “como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia” (art. 1).

También en la reforma de la ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se incluyó a las comunas en el listado de las “entidades locales territoriales,” disponiéndose que las mismas, al estar reguladas por una legislación diferente como es la relativa al Poder Popular, y al deber constituirse “entre varios municipios,” quedan exceptuadas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Ahora bien, en cuanto a calificar a las Comunas como “entidades locales,” el Legislador deslegitimado de diciembre de 2010 olvidó que conforme a la Constitución (arts. 169, 173), esta expresión de entidad local sólo se puede aplicar a las entidades políticas del Estado en las cuales necesariamente tiene que haber “gobiernos” integrados por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto (arts. 63, 169) ceñidos a los principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución, es decir, tiene que ser “siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.”

Conforme a la Constitución, por tanto, no puede haber “entidades locales” con gobiernos que no sean democráticos en los términos mencionados, y menos por “representantes” designados por otros órganos públicos.

Y esto es precisamente lo que ocurre con los llamados “gobiernos de las comunas,” que conforme a esta legislación sobre el Poder Popular y sus organizaciones, no se garantiza su origen democrático mediante elección por sufragio universal, directo y secreto, siendo en consecuencia inconstitucional su concepción.

Debe destacarse, además, que en relación a el gobierno de las comunas, que como se establece en el artículo 28 de la LOPP, pueden transferir la gestión, la administración y la prestación de servicios a las diferentes organizaciones del Poder Popular. A tal efecto, las organizaciones de base del Poder Popular deben hacer las respectivas solicitudes formales, cumpliendo con las condiciones previas y requisitos establecidos en las leyes que regulen la materia. Esta instancia del Poder Popular constituida por las Comunas ha sido regulada en la Ley Orgánica de las Comunas.

  1. Las Ciudades comunales

 

Las ciudades comunales, conforme a la Ley, “son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado” (art. 15.3). Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio socialista” y “célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales como agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son concebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.

 

 

  1. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER POPULAR

Además de las instancias del Poder Popular, en la LOPP se establecen previsiones tendientes a regular dos formas organizativas específicas del Poder Popular: las organizaciones y las expresiones organizativas del Poder Popular.

1-Formas organizativas del Poder Popular

  1. Las organizaciones del Poder Popular

Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes.”

Estas organizaciones del Poder Popular se constituyen por iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con su naturaleza, por intereses comunes, necesidades, potencialidades y cualquier otro referente común, según lo establecido en la ley que rija el área de su actividad (art. 12).

Estas organizaciones del Poder Popular, al igual que las instancias del Poder Popular, conforme al artículo 32 de la LOPP, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. Queda en manos del Ejecutivo Nacional, por tanto, el reconocimiento formal de estas organizaciones, de manera que todas aquellas que no sean socialistas por ser contrarias a los fines prescritos en la Ley (art.1), serían rechazadas. En las registradas, por lo demás, no tendrían cabida los ciudadanos que no compartan la ideología socialista.

  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular

 

En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran el interés colectivo.”

Estas expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. (art. 13).

Conforme a la Disposición final Tercera, el ejercicio de la participación del pueblo y el estímulo a la iniciativa y organización del Poder Popular establecidos en la Ley, se deben aplicar en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.

  1. Los fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular

 

Estas organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular, conforme al artículo 11 de la LOPP, tienen como fines los siguientes:

  1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.

Como antes se dijo, con el agregado de “socialista” que esta previsión impone a la sociedad, se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega el derecho político a participar.

  1. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión social del excedente.

La LOPP, a estos efectos, define como “sistema económico comunal” el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”(art. 8.13).

  1. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
  1. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
  1. Ejercer la contraloría social.
  1. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR

 

La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Políticas Públicas, la Economía comunal, la Contraloría social, la Ordenación y gestión del territorio y la Justicia comunal.

  1. Planificación de políticas públicas

La planificación de políticas públicas en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”

De esta previsión, llama la atención la distinción entre los órganos del Estado Constitucional que se denominan como “institucionalidad pública” y las instancias del Poder Popular, lo que confirma la intención de la ley de establecer un Estado paralelo, el Estado Comunal, para vaciar de contenido y ahogar en definitiva al Estado Constitucional.

Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas” (art. 8.11); y en cuanto al “Presupuesto participativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general” (art. 8.12).

  1. Economía comunal

 

La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.”

Este ámbito de actuación del Poder Publico se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, en cual se define en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal” (art. 4.13)

  1. Contraloría social

 

En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado  que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.

 Este ámbito de actuación  del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social, donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales” (art. 2)

  1. Ordenación y gestión del territorio

 

La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”

  1. Justicia comunal

 

En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

El artículo 22 de la LOPP, remite a una ley especial la regulación de la jurisdicción especial comunal, la cual debe establecer la organización, el funcionamiento, los procedimientos y normas de la justicia comunal, así como su jurisdicción especial. La Ley Orgánica de las Comunas es algo más explícita al señalar que “la ley respectiva establecerá la naturaleza, los procedimientos legales, las normas y condiciones para la creación de una jurisdicción especial comunal, donde se prevea su organización y funcionamiento, así como las instancias con competencia para conocer y decidir en el ámbito comunal, donde los jueces o juezas comunales serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta de los y las habitantes del ámbito Comunal mayores de quince años”(art. 57).

La actuación de esta jurisdicción comunal conforme se exige en el artículo 22 de la LOPP, “estará enmarcada dentro de los principios de justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos por reposiciones inútiles.”

Esta misma definición se encuentra en el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Comunas.

Con estas previsiones se termina de vaciar a los Municipios de una competencia constitucional que tienen asignada (art. 178.7), que se intentó realizar con la rechazada reforma constitucional de 2007, y que corresponde ser ejercida por jueces de paz que conforme al artículo 258 de la constitución deben ser elegidos por votación universal, directa y secreta.

  1. LAS RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR

Como hemos señalado, el Estado Comunal que se establece en la LOPP, cuyas manifestaciones ejercen el Poder Popular, se ha establecido como un “Estado paralelo” al Estado Constitucional cuyos órganos electos por votación popular directa universal y secreta ejercen el Poder Público.

Se trata de dos Estados establecidos en paralelo, uno en la Constitución y otro en una ley inconstitucional, pero con previsiones en la ley que de llegar a ser aplicadas, permitirán al Estado Comunal ahogar y secar al Estado Constitucional.

A tal efecto, en la LOPP se establecen unas previsiones para regular las relaciones entre el Estado o el Poder Público y el Poder Popular, que en general se dispone que “se rigen por los principios de igualdad, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en el marco del sistema federal descentralizado consagrados en la Constitución de la República” (art. 26), y que son las siguientes:

En primer lugar, se establece como obligación legal para los órganos, entes e instancias del Poder Público el promover, apoyar y acompañar las iniciativas populares para la constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas organizativas y de autogobierno del pueblo (art. 23).

En particular, incluso, la Ley Orgánica de Comunas dispone que “los órganos integrantes del Poder Ciudadano apoyarán a los consejos de contraloría comunal a los fines de contribuir con el cumplimiento de sus funciones” (art. 48).

En segundo lugar, se sujeta a todos los órganos del Estado Constitucional que ejercen el Poder Público, a los mandatos de las organizaciones del Poder Popular, al instaurarse un nuevo principio de gobierno, consistente en “gobernar obedeciendo.” El artículo 24 de la LOPP en efecto dispone:

Artículo 24. Actuaciones de los órganos y entes del Poder Público. Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones del Poder Popular, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes.

Como las organizaciones del Poder Popular no tienen autonomía política pues sus “voceros” no son electos democráticamente mediante sufragio universal, directo y secreto, sino designados por asambleas de ciudadanos controladas e intervenidas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional que controla y guía todo el proceso organizativo del Estado Comunal, en el ámbito exclusivo de la ideología socialista, sin que tenga cabida vocero alguno que no sea socialista, en definitiva esto de “gobernar obedeciendo” es una limitación a la autonomía política de los órganos del Estado Constitucional electos, como la Asamblea nacional, los Gobernadores y Consejos legislativos de los Estados y los Alcaldes y Concejos Municipales, a quienes se le impone en definitiva la obligación de obedecer lo que disponga el Ejecutivo Nacional y el partido oficial enmarcado en el ámbito exclusivo del socialismo como doctrina política.

La voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitucional, por tanto, no tiene valor alguno, y al pueblo se le confisca su soberanía trasladándola de hecho a unas asambleas que no lo representan.

En tercer lugar, en particular, se establece la obligación para el Poder Ejecutivo Nacional, para que “conforme a las iniciativas de desarrollo y consolidación originadas desde el Poder Popular,” planifique, articule y coordine “acciones conjuntas con las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, las comunas y los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, con la finalidad de mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regional, local, comunal y comunitaria”(art. 25).

En cuarto lugar, se establece la obligación para los órganos y entes del Poder Público en sus relaciones con el Poder Popular, de dar “preferencia a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, en atención a los requerimientos que las mismas formulen para la satisfacción de sus necesidades y el ejercicio de sus derechos, en los términos y lapsos que establece la ley” (art. 29).

 Igualmente se prevé que los órganos, entes e instancias del Poder Público, en sus diferentes niveles político-territoriales, deben adoptar “medidas para que las organizaciones socio-productivas de propiedad social comunal, gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras” (art. 30).

En particular, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de las Comunas, se dispone que “todos los órganos y entes del Poder Público comprometidos con el financiamiento de proyectos de las comunas y sus sistemas de agregación, priorizarán aquéllos que impulsen la atención a las comunidades de menor desarrollo relativo, a fin de garantizar el desarrollo territorial equilibrado.

En quinto lugar, se establece la obligación para la República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que rige el proceso de transferencia y descentralización de competencias y atribuciones, la obligación de trasferir “a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas surjan; funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras atribuidos a aquéllos por la Constitución de la República, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo” (art. 27).

Con ello, se dispone legalmente el vaciamiento de competencias de los Estados y Municipios, de manera que queden como estructuras vacías, con gobiernos representativos electos por el pueblo pero que no tienen materias sobre las cuales gobernar.

En sexto lugar, se establece que las instancias y organizaciones de base del Poder Popular contempladas en la LOPP, están exentas de todo tipo de pagos de tributos nacionales y derechos de registro, a cuyo efecto, se podrá establecer mediante leyes y ordenanzas de los estados y municipios, respectivamente, las exenciones aquí previstas para las instancias y organizaciones de base del Poder Popular (art. 31).

VII- APRECIACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA EN SU INFORME DE GESTIÓN 2012

Esta advertencia está contenida en el Informe de Gestión 2012 de la Contraloría General de la República, documento al que se puede acceder en la página web del organismo.

“Admite que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado“.

Asimismo, reseñó que “….con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social”.

Igualmente, la Contraloría concluyó que  “…..el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero”.

A continuación el texto publicado por el medio:

“Se determinó que a los consejos comunales objeto de examen, el Estado les otorgó recursos para el desarrollo de diversos proyectos. No obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control por parte de los órganos del Estado, así como de los representantes de los consejos comunales”.

La Contraloría admite en el documento que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado, consignan facturas ilegibles, hacen compras que no están vinculadas con los proyectos aprobados por las asambleas de ciudadanos y no dejan constancia de haber recibido los materiales supuestamente adquiridos, entre otras irregularidades.

En el documento se indica, incluso, que con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social.

La Contraloría concluyó que el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero.

El órgano encargado de velar por el uso transparente del erario público llegó a este hallazgo luego de evaluar los procesos administrativos y financieros de cuatro consejos comunales, y de auditar la operación de cinco bancos comunales a los que les otorgaron recursos.

La muestra de cuatro consejos comunales tomada para el estudio constituye el 0,009% del total de organizaciones comunitarias que existen en Venezuela, y que, según cifras aportadas en febrero por la ministra de Comunas, Isis Ochoa, suman 43.600. Esto quiere decir que hay 43.596 consejos comunales que no fueron auditados por la Contraloría.

Tarjetas telefónicas y taxis. La organización comunitaria Jesucristo Mi Buen Compañero, del estado Carabobo, recibió 2,01 millones de bolívares en junio de 2008 para la construcción de 30 viviendas bajo la modalidad de autogestión.

“De la revisión efectuada se constató que 74 facturas, por un total de 48.384,38 bolívares, son ilegibles; hay 7.672,84 bolívares en gastos no vinculados con el desarrollo del proyecto por concepto de alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y medicinas, y 5.002,50 bolívares por concepto de traslados en taxi que no indican el nombre y cédula de identidad del beneficiario, así como el destino y actividades a realizar”, indica la Contraloría en cuanto a la auditoría de gastos de esa organización comunal.

En cuanto a los 120.000 bolívares otorgados al consejo comunal Eucaliptos Palo Alto, del estado Miranda, para la construcción de 300 metros de torrenteras con sus respectivas tuberías de aguas servidas, se advierte que fueron presentados soportes de gastos de 96,36% de los recursos entregados, que la síntesis del proyecto no cuenta con la firma de la asamblea de ciudadanos ni con el sello de la organización comunal.

Otro proyecto que no fue aprobado por la asamblea de ciudadanos fue el de impermeabilización de las azoteas de la zona F del 23 de Enero, para el cual se celebraron 10 contratos pero se tomaron 3, por 2.638.665,36 bolívares, para la auditoría.

Con respecto a lo ocurrido en el Centro Comunal Socialista Textileros y Afines, en el que se verificó la compra de una camioneta Cheyenne, marca Chevrolet, a nombre de una de las integrantes de dicha organización y no del consejo comunal, la Contraloría fue contundente: “Se deduce la falta de transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficiencia, responsabilidad social en lo que respecta a la transacción realizada para la adquisición del mencionado vehículo por parte del consejo comunal”.

Capacitación. Ante la imposibilidad de constatar si las comunidades organizadas han hecho uso transparente de los recursos públicos que se les entregan, la Contraloría advirtió la necesidad de capacitar a los ciudadanos en materia de rendición de cuentas. En total, 30.391 voceros de consejos comunales fueron capacitados en 2012 en esta materia.

Bancos comunales no recuperan los recursos

Entre 2007 y 2008 el Fondo de Desarrollo Microfinanciero otorgó a 5 bancos comunales 1,5 millones de bolívares clasificados como recursos retornables, de los cuales había recuperado hasta noviembre de 2011 un total de 36.740 bolívares, es decir, 2,45% de los recursos prestados, indica la Contraloría General de la República en su Informe de Gestión 2012.

“Queda un monto pendiente por recuperar de 1,46 millones de bolívares (97,55%), lo cual afecta la capacidad del sistema microfinanciero para atender la economía popular y alternativa a objeto de procurar su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social del país, debido a que los controles internos implementados por el fondo son débiles y no garantizan la recuperación de los recursos”, se indica en el documento.

El informe señala que estos bancos otorgaron 193 créditos, de los cuales 81 fueron para atender proyectos comunitarios. “Sin embargo, los expedientes carecen de suficiente información que permita establecer el uso y destino de los recursos”, se indica.

104 de los 112 créditos personales que fueron otorgados por 5 bancos comunales fueron otorgados sin que quedara constancia del destino que se les daría a dichos recursos.

CONCLUSIONES

Con esta Ley Orgánica marco del Poder Popular, no cabe duda de la decisión política adoptada en diciembre de 2010 por la completamente deslegitimada Asamblea Nacional que había sido electa en 2005, pues ya no representaba a la mayoría de la voluntad popular que se expresó el 26  de septiembre de 2010 en contra del Presidente de la República, de la propia Asamblea Nacional y de la política socialista que han adelantado; en imponerle a los venezolanos en contra de la voluntad popular y en fraude a la Constitución, un modelo de Estado Socialista, denominado “Estado Comunal,” basado en el ejercicio del Poder Popular por el pueblo, como supuesta forma de ejercicio de la soberanía en forma directa (lo que no es cierto pues se ejerce mediante “voceros” que lo “representan” y que no son electos en votaciones universales, directas y secretas); modelo de Estado Socialista establecido en forma paralela al Estado Constitucional (el Estado federal descentralizado, democrático y social, de derecho, y de justicia previsto en la Constitución de 1999) establecido para el ejercicio del Poder Público por el pueblo tanto en forma indirecta mediante representantes electos en votaciones universales, directas y secretas, como en forma directa mediante los mecanismos autorizados en la Constitución, donde se incluye a las Asambleas de Ciudadanos.

 Esta regulación, en paralelo, de dos Estados y dos formas de ejercicio de la soberanía, uno, el Estado Constitucional regulado en la Constitución y el otro, el Estado  Comunal o Estado Socialista regulado en leyes orgánicas inconstitucionales, se ha dispuesto en forma tal que el segundo irá actuando como

“estranguladora,” rodeando al primero hasta formar un tronco hueco, destruyéndolo. En esta forma, al fraude a la Constitución, que ha sido la técnica constantemente aplicada por el gobierno autoritario en Venezuela desde 1999 para imponer sus decisiones a los venezolanos al margen de la Constitución,

se suma ahora el fraude a la voluntad popular, al imponerle a los venezolanos mediante leyes orgánicas, un modelo de Estado por el cual nadie ha votado y que cambia radical e inconstitucionalmente el texto de la Constitución de

1999, que no ha sido reformado conforme a sus previsiones, en abierta contradicción al rechazo popular mayoritario que se expresó en diciembre de 2007 a la reforma constitucional que se intentó realizar incluso violando la propia Constitución, y al rechazo popular mayoritario del pueblo expresado respecto de la política del Presidente de la República y de su Asamblea Nacional con ocasión de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010.

 

 

BIBLIOGRAFIA

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-Allan R. Brewer-Carías, “Ideas centrales sobre la organización el Estado en la Obra del Libertador y sus Proyecciones Contemporáneas”  Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº 95-96, enero-junio 1984.

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-Allan R. Brewer-Carías, Hacia la Consolidación de un Estado Socialista, Centralizado, Policial y Militarista. Comentarios sobre el sentido y alcance de las propuestas de reforma constitucional 2007, Colección Textos Legislativos, No. 42, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.

– Allan R. Brewer-Carías, La reforma constitucional de 2007 (Comentarios al Proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007), Colección Textos Legislativos, No.43, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.

-Allan R. Brewer-Carías, “La proyectada reforma constitucional de 2007, rechazada por el poder constituyente originario”, en Anuario de Derecho Público 2007, Año 1, Instituto de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas 2008, pp. 17-65

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-Luis Castro Leiva, De la patria boba a la teología bolivariana, Monteávila, Caracas 1987; Elías Pino Iturrieta,

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-Ley Orgánica de los Consejos Comunales Gaceta Oficial N° 5.806 Extra. de 10-04-2006 Gaceta Oficial Nº 6.015 Extra. de 30-12-2010

-Ley Orgánica de los Consejos Comunales Gaceta Oficial N° 39.355 del 18 de diciembre de 2009, Gaceta Oficial N° 39.377 del 02 de marzo de 2010. 

-Ley Orgánica del Poder Popular Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.

-Ley Orgánica de las Comunas, Gaceta Oficial No 6.011, el 21 de diciembre de 2010.

-Ley Orgánica de Contraloría Social, Gaceta Oficial No 6.011, el 21 de diciembre de 2010.

-Ley Orgánica de Planificación y Poder Popular Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010

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-http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1330-171210-2010-10-1436.html

-http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1329-161210-2010-10-1434.html

-http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/%201328-161210-2010-10-1437.html

El Contrato Social


El Contrato Social

 

INTRODUCCIÓN

  1. EL CONTRATO SOCIAL, PRINCIPIO LEGITIMADOR DE LA SOCIEDAD POLÍTICA
  2. Exposición del pensamiento de Rousseau
  3. Valoración crítica
  4. La negación de la sociabilidad natural del hombre
  5. Discusión del concepto rusoniano de naturaleza humana
  6. Crítica de la tesis contractualista de Rousseau
  7. EL PODER SOBERANO DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
  8. Exposición del pensamiento de Rousseau
  9. La soberanía y la voluntad general
  10. La ley
  11. El gobierno o poder ejecutivo
  12. Otras instituciones políticas
  13. Valoración crítica
  14. Naturaleza y origen esencial de la autoridad del Estado
  15. El titular jurídico del poder estatal
  16. Fines y funciones de la autoridad política
  17. Ámbito y extensión del poder político del Estado

III. LA RELIGIÓN

  1. Exposición del pensamiento de Rousseau
  2. Valoración crítica

INTRODUCCIÓN

Jean-Jacques Rousseau nace en Ginebra en junio de 1712 y muere en Erménonville en julio de 1778, 11 años antes del comienzo de la Revolución Francesa. Bautizado en la religión calvinista, se convirtió al Catolicismo y en 1755 volvió de nuevo a la secta de Calvino. Cuando se leen en cualquier manual de Historia de la Filosofía los abundantes episodios de su azarosa vida, parece demasiado benigno el retrato que traza Copleston y los juicios de D’Holbach y Hume en él recogidos. “El carácter y la vida de Rousseau suministran abundante material para el psicólogo. Es verdad que parte de las anomalías se debieron a mala salud física (…) La adaptación social le fue difícil desde el principio, y aunque era capaz de profundo afecto, era demasiado sensible, suspicaz e intolerante para mantener amistades constantes. Era muy dado al autoanálisis y, sin embargo, muchas veces se entendió muy mal a sí mismo y a los demás. Era un filósofo, pero con un temperamento sumamente emotivo, y siempre estaba atento a la tensión entre pensamiento y emoción, espíritu y corazón, que le oprimió durante toda la vida. Romántico, emotivo, con un genuino sentimiento religioso, pero egocéntrico y mentalmente desequilibrado, no es sorprendente que Rousseau rompiera con les philosophes. D’Holbach advirtió a Hume que estaba calentando una víbora en su seno. Y Hume calificó luego a Rousseau de ‘el más curioso de todos los seres humanos’, y observó muy agudamente que Rousseau no había hecho más que sentir durante toda su vida, y que en él la sensibilidad llegó a una culminación sin ejemplo. Pero es claro que nada de eso afecta a la importancia de Rousseau en la historia de la filosofía”[1].

Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique vio la luz en Amsterdam en 1762, aunque parece que fue redactado en los años 1754-55. Su mismo autor advierte que es un extracto de una obra más extensa que quedó sin terminar. Consta de cuatro libros, subdivididos en capítulos. El libro primero trata del pacto o contrato social como fundamento de la sociedad civil. El segundo contiene sus teorías sobre la soberanía, la voluntad general y la ley. El gobierno, su institución, sus formas y la representación política son el objeto del tercero. El cuarto y último trata de instituciones políticas como el sufragio, el tribunado, la dictadura, la censura, y de la religión[2].

El pensamiento de Rousseau no está libre de dificultades de interpretación, empezando por la discutida cuestión de la unidad de su obra. Únase a esto su compleja y paradójica personalidad, su amplio influjo en la Filosofía Política, en la Revolución Francesa y en las Declaraciones de Derechos, y se tendrá una explicación de la amplísima bibliografía que su vida y su obra ha suscitado[3].

  1. EL CONTRATO SOCIAL, PRINCIPIO LEGITIMADOR DE LA SOCIEDAD POLÍTICA
  2. EXPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU

Du Contrat Social comienza con un planteamiento general del problema político. “El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimirle el sello de la legitimidad? Creo poder resolver esta cuestión”[4]. Puesto que presupone un inicial estado de naturaleza en el que los hombres son libres e independientes entre sí, Rousseau se ve obligado o a condenar toda forma de sociedad o a justificar en base a la misma libertad los vínculos sociales que la restringen.

La primera posibilidad debe eliminarse. En las actuales circunstancias del género humano no es ni practicable ni deseable, porque el orden social se ha convertido en la base de los demás derechos[5]. Queda abierta la segunda salida: mostrar que el orden social es legítimo. ¿Cuál es el principio de su legitimidad? No puede ser la fuerza o el poder físico; éste puede explicar la obediencia como un acto forzado, pero no el derecho de mandar ni el deber moral de obedecer[6]. Tampoco se puede acudir al Derecho Natural, porque el estado de naturaleza y el estado social son antitéticos por definición. Rousseau lo afirma secamente: “el orden social constituye un derecho sagrado (…) pero este derecho no es un derecho natural”[7]. La única sociedad natural es la familia, aunque sólo mientras los hijos necesitan de los padres para su conservación[8]. Esta será su solución: “puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan sólo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres”[9]El pacto o contrato social es el principio de legitimidad del orden político.

El contrato social de Rousseau es muy diverso al propugnado por Grocio y Hobbes. Para éstos era fundamentalmente un pactum subiectionis, un acto de sumisión por el que el pueblo cede su libertad y sus derechos a un gobernante, que a cambio se asume el deber de procurar la tranquilidad social. Semejante pacto es para Rousseau forzosamente ilegítimo y nulo: genera un régimen de despotismo y esclavitud, nunca un orden político conforme a la libertad e igualdad originarias del hombre. “Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus deberes. No hay resarcimiento alguno posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre: despojarse de la libertad es despojarse de moralidad”[10].

El problema político de Hobbes era el peligro de guerra civil (homo homini lupus), por lo que la cohesión social constituía el objetivo que debía lograrse bajo cualquier precio. Rousseau lo concibe de otra manera: el hombre es por naturaleza dueño de sí mismo, libre e igual a sus semejantes; determinadas circunstancias supeditan la subsistencia del género humano a la unión social; luego se necesita “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes”[11]. Con otras palabras: como el punto de partida de Rousseau es la libertad e igualdad de los individuos, su deseo es mostrar que el estado civil no es una sustitución de esas prerrogativas por la esclavitud en beneficio de la paz social, sino la elevación del hombre a una forma de libertad superior a la disfrutada en el estado de naturaleza.

Esto se logra por un pacto o contrato social entendido como la enajenación de los derechos individuales no en favor de uno o varios gobernantes, sino en favor de la entera comunidad constituida mediante el contrato. La esencia de este contrato es la siguiente: “cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo”[12]. El poder soberano que resulta de esta operación no es un derecho del rey o de los gobernantes, sino de toda la comunidad o cuerpo político, del que los individuos son a la vez miembros dirigentes (ciudadanos) y súbditos. Se verifica la aspiración de Rousseau: “dándose cada individuo a todos no se da a nadie en particular”[13].

Mediante el contrato social pasan los hombres del estado natural al civil. Este tránsito produce en ellos un cambio muy notable. La justicia sustituye al instinto, la voz del deber a la impulsión física, el derecho al apetito; y el individuo, que antes miraba sólo a sí mismo, se ve obligado a consultar a la razón antes de prestar oído a sus inclinaciones, adquiriendo sus actos la moralidad de que antes carecían[14]. El hombre pierde ciertamente su libertad natural y el derecho ilimitado a cuanto desea, pero gana la libertad civil y la propiedad de lo que posee, circunscrita la primera por la voluntad general y fundada la segunda sobre un título jurídico positivo. “Podríase añadir a lo que precede la adquisición de la libertad moral, que por sí sola hace al hombre verdadero dueño de sí mismo, y a que el impulso del apetito constituye la esclavitud, en tanto que la obediencia a la ley que uno mismo se prescribe es libertad”[15].

Subraya Rousseau con especial fuerza que los individuos recuperan con creces los bienes que enajenan en el cuerpo o comunidad política. En el estado de naturaleza hay simple posesión, en el civil hay derecho de propiedad, que el Estado garantiza tanto frente a los demás ciudadanos como frente a los extranjeros. En nada se ve paliada esta realidad por la subordinación de la propiedad particular “al derecho de la comunidad sobre todos los bienes, sin el cual no habría ni solidez en el vínculo social, ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía”[16], ya que se trata de dos derechos de diferente especie. Una última consecuencia del contrato social está a la base de todo sistema sociopolítico que quiera ser, como diríamos hoy, un moderno estado de derecho. “En vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza había establecido entre los hombres, los cuales, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, vienen a ser todos iguales por convención y derecho”[17].

  1. VALORACIÓN CRÍTICA

El primer problema estudiado por Rousseau en El Contrato Social es el del fundamento esencial de la sociedad política. Decimos fundamento esencial, y no origen histórico, porque no trata de averiguar cómo nacieron en el pasado las diversas sociedades concretas. Su propósito es mostrar la razón profunda que explica y justifica en general el hecho de que los hombres vivan en sociedad y el deber moral de aceptar los vínculos políticos que la vida en común impone[18].

La solución de Rousseau ya la conocemos: el principio de todo orden político legítimo es el pacto o contrato social, la libre decisión de asociarse tomada por los individuos. Esta tesis señala con verdad que toda sociedad de personas libres es una unión de inteligencias y de voluntades, y por eso implica forzosamente un elemento consensual o de asentimiento. Pero a la vez niega la dimensión social de la naturaleza humana, de lo que se siguen varios errores, entre ellos una interpretación torcida del consentimiento político de los ciudadanos.

  1. La negación de la sociabilidad natural del hombre

Es bastante claro que el planteamiento rusoniano del problema político es individualista. Trata de comprender el Estado desde el hombre como individuo, y no como ser asociado o sociable, buscando en la misma individualidad las razones de su inclusión y subordinación a la comunidad política[19], con el resultado de entender a ésta última como una síntesis de las libertades individuales (voluntad general). Sin embargo, es más difícil advertir que ese planteamiento rechaza la naturaleza social del hombre y los motivos profundos que le inducen a ello. Para lograrlo, veamos primero qué significa la tesis tradicional de que el hombre es social por naturaleza, examinando después en qué sentido Rousseau se separa de ella.

Que la naturaleza humana tiene una dimensión social, como a partir de Aristóteles han afirmado muchos filósofos, significa que la consecución de la plenitud integral de la persona está supeditada en buena medida, y en virtud de las mismas características naturales del ser humano, a la ayuda que se recibe y se presta a los demás. Sólo en el seno de la sociedad las personas pueden lograr el desarrollo de las potencialidades de su naturaleza y conseguir los fines a que ellas apuntan, de forma que esa plenitud es una tarea común (bien común). La situación es similar a la de los que, tratando de salvarse en un naufragio, advierten que en esas circunstancias la supervivencia de todos es indispensable para la de cada uno: sobrevivir se ha convertido en una misión común. Por eso, existe en la naturaleza humana un fuerte instinto social, y la razón entiende como moralmente obligatorios los requisitos que implica la vida en común, ya que ésta hace posible la realización de los fines que Dios ha confiado a la autodeterminación y responsabilidad moral de la persona[20].

Rousseau no niega que la subsistencia del hombre histórico está supeditada a la ayuda de los demás, ni tampoco que la defensa de sus derechos pueda entenderse como una misión común. Afirma que por “un azar funesto”[21] los hombres han llegado a una situación “en la que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural superan las fuerzas de cada individuo para mantenerse en él. Entonces este estado primitivo no puede subsistir si no cambiaba su manera de ser”[22], convirtiéndose en un estado social. Rousseau admite, pues, que la sociedad es necesaria para la vida humana, pero esa necesidad procede de la cultura y de la historia, no de la naturaleza. Por eso dice que el orden social no es un derecho natural[23], sino convencional[24].

Este error de Rousseau se deriva de su concepto de naturaleza. Considera como natural lo que se posee de modo inmediato por nacimiento, lo primitivo. Este primitivo estado de naturaleza se sustrae a la investigación empírica, pues sólo conocemos al hombre histórico, que desde el primer momento de su existencia está influido por la sociedad y la cultura en la que nace, sea ésta rudimentaria o evolucionada. Para definir el concepto de naturaleza Rousseau utiliza un procedimiento abstractivo, según el cual es natural lo que no es cultura, lo que le queda al hombre si se le despoja de todo lo mediatizado por la actuación de la razón y la voluntad, por las instituciones hijas de su ingenio, por la educación, por los hábitos y por el comercio material y espiritual con los semejantes. El estado de naturaleza es para Rousseau no una primitiva situación histórica del pasado, sino una suposición abstracta que se define por oposición a los conceptos de razón y cultura[25].

En el estado de naturaleza el hombre es asocial. La ley natural se manifiesta en los impulsos inmediatos. Siendo la propia conservación el más fundamental de éstos y la ley esencial de la naturaleza[26], sólo son naturales las relaciones necesariamente vinculadas a dicha tarea. Esta está supeditada a la ayuda de los demás mientras el individuo carece de uso de razón. Después, el sujeto es el único juez de los medios adecuados para conservarse, es dueño de sí mismo[27], por lo que la naturaleza no autoriza a considerarlo como unido a los demás, ni mucho menos como subordinado a un semejante. La naturaleza humana es libertad, independencia, ausencia de vínculos de subordinación y, por tanto, igualdad. El hombre, si atendemos a su naturaleza, es un individuo, no un ciudadano.

Se entiende entonces en qué sentido niega Rousseau el fundamento natural de la sociedad. Siendo la libertad y la igualdad las prerrogativas de la naturaleza humana, el individuo puede considerarse incluido en un todo más amplio sólo si libremente consiente en ello. Este consentimiento crea, es causa total de una institución social que ni existía ni era postulada por la naturaleza. Es más, si el Estado no se organiza como si hubiera tenido origen en el contrato, sería antinatural e ilegítimo, por contrariar los derechos naturales de la persona (libertad e igualdad). El hecho de que se admita que determinadas circunstancias históricas ponían en peligro la vida del individuo aislado, no impide a Rousseau considerar la sociedad como el medio excogitado por la razón humana para hacer frente a ese “funesto azar”. La sociedad política es una criatura del hombre, una obra artificial, no una institución natural.

De la negación del fundamento natural de la sociedad se siguen varios errores de la filosofía política de Rousseau. Enumeramos algunos sumariamente, porque serán objeto de un estudio más detenido en las páginas siguientes. Entendida la actuación de la razón en oposición a la necesidad física y moral de la naturaleza, la sociedad aparece como una institución enteramente dependiente del arbitrio humano, y por consiguiente:

– la sociedad, el derecho a mandar (autoridad) y el deber de obedecer no tienen su fundamento último en Dios, Autor de la naturaleza humana, sino en el consentimiento de los individuos, con lo que quedan sin explicación el deber de dar culto social a Dios, la obligatoriedad en conciencia de los vínculos y leyes civiles, la ilicitud moral de los comportamientos antisociales, etc.; se niega la existencia de unos fines sociales y de un criterio de justicia trascendente a las decisiones de la mayoría (Derecho Natural), ya que lo entera y libremente causado por el arbitrio humano depende de esa misma causa en lo referente a su organización y objetivos. Sólo se admite como fin necesario de la sociedad la defensa de los derechos naturales de libertad e igualdad. Como éstos tienen en Rousseau un carácter formal e indefinido, queda un amplio margen al relativismo ético-jurídico, es decir, a una organización social en la que no se reconocen unos valores objetivos e inmutables que las leyes positivas no pueden alterar ni derogar.

  1. Discusión del concepto rusoniano de naturaleza humana

La tesis de Rousseau es casi una banalidad, pues se reduce a constatar que la naturaleza humana no proporciona inmediata y enteramente organizada la convivencia humana, contrariamente a cuanto sucede en el caso de los instintos animales. El orden político es en buena parte fruto del ingenio y del esfuerzo humano, verdad que es admitida por todos, y que en nada se opone a que la sociedad sea una institución natural, como veremos después. Sólo desde la radical contraposición entre naturaleza y razón o cultura la tesis de Rousseau adquiere su carácter revolucionario.

La contraposición rusoniana de naturaleza y razón es filosóficamente inaceptable, y el concepto de naturaleza que de ella resulta no puede ser elevado a criterio axiológico. Santo Tomás de Aquino advierte que algo puede ser natural en dos sentidos: 1) porque la naturaleza inclina a ello, por ejemplo, es natural para el hombre decir la verdad; 2) porque la naturaleza no contiene de modo inmediato una disposición contraria, y así podríamos decir que es natural para el hombre el estar desnudo, o el no saber hablar[28]. Rousseau hace suyo este segundo sentido, y lo eleva a criterio del bien y del mal, poniéndolo en la base de su sistema ético-político y definiendo en base a él los derechos naturales de la persona y su índole asocial. La idea de naturaleza sólo tiene valor ético en el primer sentido, entendida como esencia que comporta una finalidad, según la cual se mide lo bueno y lo malo, lo natural en sentido ético .

Para definir qué es natural, para ver qué es conforme a la esencia humana, no se puede prescindir de la razón. Primero, porque las facultades racionales, tanto cognoscitivas como apetitivas, son parte principal de la esencia humana, y tienen sus exigencias propias: es natural conocer la verdad y querer y hacer el bien que la razón presenta como tal. Segundo, porque valorar la conformidad de una acción o institución con los fines de los impulsos sensibles o vegetativos requiere comparar cosas diversas y prever las consecuencias de las acciones, operación que sólo la razón puede realizar y que constituye la función natural de su vertiente práctica. Así la razón señala que comer en tal o cual medida permite reponer las fuerzas y conservar la salud, que es el fin de la tendencia natural al alimento, y de modo semejante regula la satisfacción de los demás instintos. Considerar como naturaleza humana los impulsos antes de ser regulados por la razón es identificar naturaleza y animalidad, llegar a una naturaleza infrahumana. Rousseau lo admite cuando afirma que al pasar al estado civil el hombre deja de ser un animal estúpido y se hace capaz de moralidad[29]. La humanización del hombre tiene lugar en la sociedad regulada por el derecho positivo, expresión mayoritaria de la voluntad del pueblo, sin un criterio objetivo y trascendente por tanto. La naturaleza ha perdido su valor normativo.

Desde el punto de vista gnoseológico, el procedimiento utilizado por Rousseau para formar el concepto de naturaleza humana es también inadmisible. La naturaleza es un proceso, y por eso ha de ser considerada axiológicamente como fin, y no como principio. Para un nogal lo natural es ser un árbol con ramas, flores y frutos, y no el permanecer en estado de semilla. También en la vida humana lo natural y lo bueno es la plenitud, la consecución de los fines sociales, morales y religiosos. El paso desde el estado inicial hacia la plenitud es obra de la libertad guiada por la inteligencia. Querer entender la naturaleza humana en oposición al concepto de razón o de cultura es tan absurdo como entender la naturaleza del nogal en oposición al concepto de árbol. Por eso es ilícito fijarse en el estado primitivo para determinar lo que es o lo que debe ser una cosa. Y menos lícito es aún fijarse en un estado primitivo hipotético, irreal. Si Rousseau considerase al menos el estado primitivo del hombre real, tendría que reconocer la existencia del instinto social y de la facultad racional.

Con estas consideraciones no pretendemos identificar naturaleza y cultura. No toda actuación cultural pertenece al ámbito de lo naturalmente exigido, ni toda forma cultural es conforme a la naturaleza. Existen manifestaciones de la cultura que son antinaturales. Pero nunca es lícito definir la naturaleza en oposición a la cultura o a la razón.

Una idea relacionada con el modo de entender las relaciones entre naturaleza y cultura es la profunda convicción rusoniana de que la naturaleza humana, entendida como conjunto de impulsos inmediatos, es buena, sin inclinación alguna al mal. En El Contrato Social apenas toca este tema, pero por el resto de sus obras se ve que el papel desempeñado por esta convicción es muy importante. El hombre natural busca su propio bien guiado por el amor de sí. Sólo la cultura, las relaciones con los demás hombres, la vida en una sociedad despótica y otras circunstancias extrínsecas a la naturaleza explican el nacimiento de las pasiones egoístas y, más en general, del mal. Con la instauración del nuevo orden social propugnado por Rousseau la malicia humana tendrá la medicina adecuada.

La bondad que Rousseau atribuye al hombre natural es del tipo de la bondad del animal. Este sigue sus instintos, que indudablemente se dirigen a su bien, y en ello no hay nada de reprochable. Pero si se tiene en cuenta la totalidad del hombre, se advierte la composición de partes, especialmente la razón y la sensibilidad, que explica que lo que es bueno en relación a una parte (a un instinto, por ejemplo) puede no serlo en relación a todo el hombre. Por eso las tendencias, aun no siendo malas, pueden apetecer desordenadamente, por encima o por debajo de la medida justa, su propio bien, y en ello consiste el mal. Atendiendo al influjo dispositivo de los instintos sobre la razón, se entiende que tampoco el hecho de que la voluntad quiera sub ratione boni apoya la tesis de Rousseau. La voluntad quiere el bien, pero no siempre lo objetivamente bueno, sino lo que la razón le presenta como tal. Y, como objetaba Aristóteles a Sócrates, tal como es cada uno así le parece el bien. Al airado le parece buena la venganza; al vicioso, los actos a que inclina ese hábito malo. El bien tiene una razón de conformidad o semejanza, y por eso se tiende a ver como bueno lo conveniente a la disposición que domina al sujeto. El bien humano requiere por eso orden y equilibrio, y éstos no son posibles sin la virtus, sin la lucha para dominar la vehemencia con que los instintos se dirigen a sus objetos. El optimismo naturalista de Rousseau no está justificado. Y menos aún si consideramos la verdad revelada del pecado original.

  1. Crítica de la tesis contractualista de Rousseau

No existiendo oposición entre naturaleza y razón, la necesaria intervención del hombre en la organización política de la convivencia no excluye que la sociedad civil sea una institución natural, exigida por la naturaleza humana y configurada por ésta en sus trazos más generales. Por consiguiente, la intervención de la libertad humana se limita a actualizar y concretar en el espacio y en el tiempo una inclinación y un deber natural. No puede hablarse de contrato en sentido rusoniano, porque el elemento consensual no es causa total de una institución obligatoria no preexistente a su acción, ni goza de una libertad total en la configuración de los vínculos sociales, ni explica completamente su obligatoriedad en conciencia. Veámoslo más despacio.

Existe un instinto social en la naturaleza humana. Ese instinto, puesto por Dios, obedece a una necesidad fundamental: la consecución de la perfección integral de la persona está supeditada en esta vida a la unión social con los semejantes. La sociedad es una exigencia básica de la naturaleza, porque condiciona la consecución de los fines de las demás tendencias, al menos en cierta medida. Por estar al servicio de la consecución de esos fines por parte de la persona, esos fines – contenidos en la ley moral natural – constituyen las líneas maestras del ordenamiento jurídico-político de la sociedad, que no queda por consiguiente totalmente sometido al arbitrio de los ciudadanos. La sociedad política es, pues, una institución natural: exigida por la naturaleza humana, y por ella configurada en cuanto a sus trazos fundamentales.

Esta exigencia natural, como es coherente con la inteligencia y libertad humanas, no se realiza sola. Los hombres han de llevarla a cabo, configurando según su libre parecer todo lo que la naturaleza no exige necesariamente. En este sentido, la sociedad política requiere también un libre consentimiento, una unión de inteligencias y voluntades. Algunos autores, sin abandonar la doctrina del Derecho Natural, hablan de un pacto como causa próxima de la sociedad política concreta; otros, en cambio, explican su origen de otras formas (evolución del patriarcado, hechos históricos, etc.)[30]. En todo caso quedan claros dos puntos: 1) se deben respetar las rectas convicciones morales y jurídicas de los ciudadanos y, en la práctica, todo régimen no tiránico cuenta al menos con el consentimiento tácito de los individuos; 2) si se habla de pacto, no se entiende por tal un acto creador de la sociedad como institución.

Messner explica claramente este segundo punto: “La teoría del consentimiento propia del Derecho Natural se diferencia, pues, de la individualista en todos los puntos esenciales: I) No son los individuos soberanos los que se unen por el consentimiento en una vinculación autónoma, sino que el hombre encuentra la unidad como una exigencia ética predibujada por su misma naturaleza. 2) No se encuentra en el consentimiento el origen del Estado y del poder estatal, pero sí el carácter del Estado como una unidad de orden de personas éticas. 3) El determinar el contenido esencial del consentimiento no corresponde a la libre voluntad de la comunidad estatal, sino que está señalado de antemano en su ‘constitución’ natural”[31].

El concepto rusoniano de contrato es inadmisible en los siguientes puntos: 1) en cuanto se entiende como creador o causa total y única de la sociedad concreta y de la institución social misma; 2) en cuanto se lo concibe por consiguiente como obra totalmente libre, no sujeta a ninguna exigencia ética natural propiamente social (el único criterio aceptado es la libertad e igualdad); 3) en cuanto se asume la fundamentación exclusiva del derecho de mandar y del deber moral de obedecer.

  1. EL PODER SOBERANO DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
  2. EXPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU
  3. La soberanía y la voluntad general

Sostiene Rousseau que un Estado sólo es posible si los intereses de todos los individuos coinciden por lo menos en un punto. Este punto común constituye el vínculo social y el criterio exclusivo por el que debe ser gobernada la comunidad[32]. Por el pacto social los individuos ceden sus derechos y su libertad a la comunidad o cuerpo político, expresión del común interés de vivir en sociedad. El poder que antes estaba en la voluntad de los individuos reside ahora – en virtud del contrato – en la voluntad de la comunidad entera, que Rousseau denomina voluntad general. La soberanía o supremo poder político pertenece a toda la sociedad, y consiste en el ejercicio de la voluntad general[33]. Los individuos conservan sus intereses particulares, y en ese sentido son también súbditos, cuyo deber moral consiste en adecuar su voluntad particular a la voluntad general de la comunidad soberana, de cuyo poder legislativo ellos mismos participan. La soberanía es, pues, el ejercicio de la voluntad general, y el soberano es el pueblo, ya que en el pueblo, constituido en cuerpo político mediante el contrato, reside esa voluntad.

La soberanía popular es inalienable. Pertenece necesariamente a la totalidad del cuerpo político, debe permanecer siempre en él, sin que sea posible enajenarla legítimamente. “Afirmo, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, pero no la voluntad”[34]. La transmisión de la soberanía equivaldría a entregarse a un dueño, lo que ipso facto significa la desaparición del soberano y la destrucción del cuerpo político[35].

“La soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable”[36]. La soberanía es el ejercicio de la voluntad general, y ésta no se puede dividir. De su división resultarían tan sólo voluntades particulares, a las que la soberanía no se vincula por ningún título.

“La voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública; pero no se deduce de ello que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud”[37]. La rectitud intrínseca de la voluntad general se deriva de la comunidad de intereses de que es expresión. El hecho de que un interés sea común, en el sentido de que cada individuo, al perseguirlo, persigue a la vez el suyo propio, significa por sí mismo que aquel interés es también necesariamente justo en su contenido.

Esta tesis de Rousseau debe ser ulteriormente aclarada mediante la distinción entre la voluntad general y la voluntad de todos. La voluntad de todos es la suma de las voluntades particulares, en la que se contienen indistintamente intereses comunes y particulares. Esta voluntad es falible. Con las votaciones, los intereses particulares de los individuos deberían en principio anularse recíprocamente, porque se contradicen entre sí, saliendo a la luz la verdadera voluntad general, el aspecto de las voluntades particulares común a todos[38], Pero esto sólo será posible en el supuesto de que no existan grupos particulares organizados, “sociedades parciales en el Estado, y de que cada ciudadano opine de acuerdo con su modo de pensar”[39]. En caso contrario, al lado del grupo más fuerte quedaría un resto de voluntad particular no anulada, que impediría el triunfo de la voluntad general.

En definitiva, la posición de Rousseau es que “el pueblo quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve. La voluntad general es siempre recta, pero el juicio que la dirige no es siempre esclarecido”[40]. No puede equivocarse la voluntad de una sociedad en la que todos los ciudadanos participan en la elaboración de la ley, pero a condición de que se establezcan algunas garantías: una es la existencia de un sabio legislador, figura que explicaremos más adelante, otra es en la práctica la negación del derecho de asociación en lo civil, en lo político y en lo religioso.

La soberanía popular es absoluta. No tiene más limites que los derivados de su identificación con la voluntad general. La soberanía no tiene un límite por arriba: “es contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede ser quebrantada por él (…) no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo”[41]. Tampoco tiene un límite por abajo: estando formado por todos los particulares, el soberano “no tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos (…) El soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser”[42].

“El pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos”[43], que comprende incluso el derecho de vida y muerte[44]. Es verdad que la finalidad del contrato social es la conservación de los contratantes y de sus derechos, pero – argumenta Rousseau – quien quiere el fin quiere también los medios, aunque éstos comporten alguna carga: sólo podemos contar con la ayuda de los demás si ellos pueden contar con la nuestra. Si el Estado pide la vida, el individuo debe entregarla, “puesto que bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado”[45]. Muy semejante es la justificación de la pena de muerte: “para no ser víctima de un asesino es por lo que se consiente en morir si se degenera en tal”[46].

El poder sobre los súbditos tiene únicamente las limitaciones inherentes a la idea misma de voluntad general. El soberano no puede querer nada que sea inútil para la comunidad[47], pero sobre todo está obligado a que sus disposiciones sean generales también por su objeto. Este es un punto esencial para Rousseau: “la voluntad general, para que verdaderamente lo sea, debe serlo en su objeto y en su esencia; debe partir de todos para ser aplicable a todos, y pierde su natural rectitud cuando tiende a un objeto individual y determinado”[48]. No traspasar los límites de la utilidad general es más importante que contar con la mayoría de los votos[49]. Mientras que el cuerpo político soberano vincule a todos igualmente con sus disposiciones, investigar los límites de su poder equivale “a inquirir hasta qué punto los ciudadanos pueden obligarse para con ellos mismos, cada uno con todos y todos con cada uno”[50].

Después de esta explicación de los límites de la soberanía, Rousseau cree poder seguir sosteniendo que la libertad e igualdad del estado civil son más verdaderas y plenas que las del natural. La igualdad fundamenta la obligatoriedad, porque “los compromisos que nos ligan con el cuerpo social no son obligatorios sino porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos, no se puede trabajar por los demás sin trabajar para sí mismo”[51]. Todos se obligan bajo las mismas condiciones y todos gozan de idénticos derechos. Sería inicuo pretender gozar de los derechos del ciudadano sin cumplir los deberes que esa misma condición impone. Por eso, el contrato social contiene tácitamente el compromiso de que “cualquiera que rehuse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo; lo que no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre”[52].

Luego tampoco la libertad queda lesionada. La obligación se deriva de un contrato libremente estipulado, estamos en última instancia ante una autoobligación[53]. La voluntad general es la voluntad real de todos y cada uno de los ciudadanos, y seguir la propia voluntad es libertad[54] “Si, pues, prevalece una opinión contraria a la mía, ello prueba que yo estaba equivocado y que lo que consideraba ser la voluntad general no lo era. Si yo hubiera impuesto mi punto de vista particular, habría realizado lo contrario de mi voluntad, y entonces yo no habría sido libre”[55].

Rousseau explica por último que la voluntad general es indestructible[56]. Aun en el caso de deterioramiento del orden social, la voluntad general “permanece constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras voluntades más poderosas que ella”[57]. El peligro de colapso social no radica en que la voluntad general pueda desvirtuarse, sino en la posibilidad de que los individuos la desatiendan, ocupándose de sus intereses particulares.

  1. La ley

Si el contrato social da la existencia al cuerpo político, la ley le provee de todo lo necesario para su conservación. Rousseau afirma en una ocasión que toda justicia procede de Dios y que lo bueno depende de la naturaleza de las cosas, independientemente de las convenciones humanas.[58] Sostiene a la vez que los hombres no reciben fácilmente esa justicia divino-natural, a no ser que un sistema de sanciones garantice su cumplimiento por parte de todos, no sea que redunde en beneficio de los malvados y en detrimento de los justos. Son necesarias, por tanto, las leyes civiles, “que unan y relacionen los derechos y los deberes y encaminen la justicia hacia sus fines”[59].

Las leyes son la declaración de la voluntad general[60]. Como no hay voluntad general sobre un objeto particular, la materia de la ley será siempre general. Considerará “a los ciudadanos como un cuerpo y las acciones en abstracto (…) Toda función que se relacione con un objeto individual no pertenece al poder legislativo”[61]. De la naturaleza de la ley se sigue que el poder legislativo pertenece inalienablemente al pueblo soberano o, lo que es igual, que las leyes emanan de la voluntad general[62], Y que las leyes civiles son siempre justas, ya que nadie puede ser injusto consigo mismo[63]. La ley participa de la rectitud intrínseca de su principio, que es la voluntad general.

Ya advirtió Rousseau que el juicio que guía a la voluntad general no siempre es certero. Por eso, muchas veces será necesario recurrir a un sabio legislador, como lo fue Licurgo en la Grecia clásica y Calvino en la Ginebra de Rousseau[64]. Las características del legislador son una inteligencia superior, estar por encima de las pasiones e intereses terrenos y, principalísimamente, no poseer poder ejecutivo alguno. Su función no le hace partícipe de la soberanía, pues sólo el libre sufragio del pueblo confiere vigor de ley a sus proposiciones[65]. La misión del legislador es muy difícil: educar para la vida moral y social a la asocial naturaleza humana. A menudo se ha visto obligado a recurrir a la intervención del cielo, “para arrastrar por medio de la autoridad divina a quien no lograría excitar la prudencia humana”[66]. En el origen de las naciones frecuentemente la política instrumentalizó a la religión.

Los fines generales de las leyes son dos: la libertad y la igualdad[67]. “La libertad, porque toda dependencia individual es otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la libertad no puede subsistir sin ella”[68]. Basta la igualdad suficiente para que ni uno sea tan rico que pueda comprar a otro ni éste sea tan pobre como para estar obligado a venderse. Esta finalidad general de las leyes deberá adecuarse ulteriormente a las condiciones particulares de cada pueblo, tanto históricas como geográficas, demográficas o climatológicas[69].

Existen tres especies de leyes positivas. Las políticas o fundamentales regulan las relaciones del todo político consigo mismo. Las civiles ordenan las relaciones de los miembros entre sí, que han de reducirse todo lo posible, y las relaciones de los miembros para con el todo, que habrán de ampliarse al máximo. Las penales, por último, se ocupan de las relaciones entre el hombre y la ley, entre la desobediencia y el castigo. Se puede añadir una cuarta especie, grabada en el corazón de los hombres: los usos, las costumbres y las opiniones que condicionan el éxito de las leyes escritas[70].

  1. El gobierno o poder ejecutivo

El poder ejecutivo es formalmente distinto del legislativo. Dos causas concurren en la producción de un acto libre, una moral y una física: la voluntad que quiere el acto y la potencia que lo ejecuta. “En el cuerpo político existen los mismos móviles: distínguese en él la fuerza y la voluntad; ésta, bajo el nombre de poder legislativo; la otra, bajo el de poder ejecutivo. Nada se hace o nada debe hacerse sin su concurso”[71]. El poder legislativo pertenece necesariamente al pueblo soberano, y su actividad es la declaración de la voluntad general[72]. El poder ejecutivo o gobierno consiste en actos particulares, y por eso no puede pertenecer al pueblo en tanto que éste es legislador o soberano[73], aunque sí bajo otro concepto, como sucede en los gobiernos democráticos.

El gobierno ocupa un lugar medio entre la totalidad del cuerpo político y los súbditos. En efecto, es el gobierno “un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política”[74]. Los miembros de este cuerpo se denominan magistrados, reyes o gobernantes, y el cuerpo entero recibe el nombre de príncipe.

La institución del gobierno no es un contrato que confiere a una parte la autoridad soberana y a la otra el deber de la obediencia, ya que la soberanía es propiedad inalienable de la totalidad del cuerpo político[75]. Rousseau se opone netamente a las teorías contractualistas que defienden la existencia de un doble pacto: el pactum unionis, constitutivo de la sociedad política, y el pactum subiectionis, que traslada la soberanía al gobernante elegido por el pueblo. Ya nos dijo Rousseau que este segundo pacto es forzosamente nulo e ilegítimo. Ahora lo reafirma rotundamente: “no hay más que un contrato en el Estado, que es el deasociación, y éste excluye todos los demás. No podría celebrarse ningún otro que no fuese una violación del primero”[76]. La reciprocidad de derechos y obligaciones, esencia del orden social, quedaría rota por el pacto de sumisión.

La institución del gobierno es una ley[77] por la que el pueblo soberano establece que habrá un cuerpo gubernativo de tal o cual forma. Como esta ley ha de ser aplicada mediante un acto particular, los ciudadanos se constituyen en un gobierno democrático provisional y designan a los que han de integrar el gobierno instituido por la ley. La institución del gobierno comprende, pues, dos actos sucesivos, el primero es legislativo y el segundo de gobierno[78] Queda así bien claro que la institución del gobierno “no es un contrato, sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los dueños del pueblo, sino sus funcionarios (…); que no es de su incumbencia contratar, sino obedecer, y que al encargarse de las funciones que el Estado les impone, no hacen más que cumplir su deber de ciudadanos, sin tener ningún derecho para discutir sobre las condiciones”[79].

Por consiguiente, la función de gobierno queda delineada como una delegación revocable. La soberanía permanece en todo momento en el pueblo. El gobierno “sólo constituye una comisión, un empleo, en el cual, simples funcionarios del cuerpo soberano ejercen el poder que éste ha depositado en ellos, y el cual puede limitar, modificar y revocar cuando le plazca”[80]. Es éste un punto característico de la filosofía política de Rousseau, expresión del ideal de la supremacía absoluta de la ley. Esta, como declaración de la voluntad general, está por encima de los individuos, sean súbditos o gobernantes.

El estudio rusoniano de las formas de gobierno no contiene elementos de novedad o especial interés. Distingue, como es tradicional, tres formas puras:democracia, aristocracia y monarquía, a las que habría que añadir las formas mixtas[81]. En un plano ideal la democracia sería una buena forma de gobierno. Pero en la práctica de la vida humana tiene muchos inconvenientes, el principal de los cuales es la confusión de las funciones legislativa y ejecutiva, es decir, la intromisión de asuntos particulares en la asamblea declarativa de la voluntad general[82]. “Si hubiera un pueblo de dioses se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres”[83]. y en el mismo sentido añade: “no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia. Es contra el orden natural que el mayor número gobierne y los menos sean gobernados”[84].

Rousseau muestra sus preferencias por la aristocracia electiva, siempre que se asegure que los magistrados gobernarán en beneficio del pueblo y no en el suyo propio[85]. Habla también de la aristocracia natural y de la hereditaria. Esta última es el peor de los gobiernos. La monarquía es la forma de gobierno más unitaria, activa y vigorosa, pero también la más expuesta al predominio de la voluntad particular sobre el interés común[86].

No existe una forma de gobierno óptima para todos los Estados. Puede seguirse, sin embargo, el siguiente criterio general: el número de magistrados debe estar en razón inversa al de ciudadanos. El gobierno democrático resulta más conveniente a los Estados pequeños, el aristocrático a los medianos, y el monárquico a los grandes. Este criterio tiene su fundamento en dos principios: I) un gobierno es más débil cuanto mayor es el número de los gobernantes; 2) el gobierno necesita mayor fuerza cuanto más numerosa es la población[87]. En una ciudad de diez mil habitantes, cada ciudadano posee la diezmilésima parte de la soberanía, en una de cien mil la cienmilésima, etc. Cuanto menor es la participación en la redacción de las leyes, más dificultosa es la obediencia y más necesaria la represión.

A la hora de determinar la forma de gobierno mejor para un Estado, se deben considerar también las condiciones económicas y climáticas[88]. Pero Rousseau prefiere preguntarse cuáles son los signos del buen gobierno que tratar de determinar directamente cuál es el mejor. Como el fin de la asociación política es la conservación y prosperidad de sus miembros, y éstas se manifiestan en el aumento de la población, se debe concluir que el gobierno bajo el cual la población se multiplica es infaliblemente mejor[89].

  1. Otras instituciones políticas

También estudia Rousseau instituciones como la representación, el sufragio, el tribunado, la dictadura y la censura. Su juicio sobre la representación política es muy negativo. Es una clara señal de decadencia del Estado, de que los ciudadanos se desinteresan por los asuntos comunes, refugiándose en la comodidad de nombrar y pagar representantes. De ahí también su aborrecimiento de los impuestos. Niega tajantemente que el pueblo pueda ser representado en el poder legislativo – la soberanía popular es inalienable – , pero cree necesaria la representación en el ejecutivo, aclarando que los representantes son simples delegados sin poder de decisión: su función es ejecutar la ley ratificada por el pueblo[90].

Respecto al sufragio, piensa Rousseau que sólo el contrato social o pacto constituyente del orden civil exige un consentimiento unánime. “Nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretexto, sojuzgarlo sin su consentimiento”[91]. En las demás cuestiones deberá seguirse el juicio de la mayoría. Qué mayoría deba considerarse suficiente dependerá de la importancia y de la urgencia del problema en cuestión[92].

Después de una larga exposición de la forma como se organizaban los comicios populares durante los diversos períodos de la Roma clásica, Rousseau establece la conveniencia de instituir una magistratura especial, el tribunado, que tendría la misión de evitar la alteración de las relaciones entre las partes del Estado. “Es el conservador de las leyes y del poder legislativo, y sirve a veces para proteger al soberano contra el gobierno, como hacían en Roma los tribunos del pueblo; otras para sostener al gobierno contra el pueblo, como hace en Venecia el Consejo de los Diez, y otras para mantener el equilibrio entre una y otra parte, como hacían los éforos en Esparta”[93].

En casos manifiestamente extraordinarios es admisible la dictadura. Se deberá fijar su duración, evitará poner en suspenso las leyes y, en todo caso, nunca podrá legislar. No puede considerarse contraria a la voluntad general, porque la intención de ésta es que el Estado no perezca en esas circunstancias de especial peligro[94].

La censura es “la manifestación del juicio público”[95]. El censor no es juez de la opinión pública, sino su ministro, el órgano por el que aquélla se expresa. Puede contribuir a conservar las costumbres, pero nunca a reestablecerlas: lo que la fuerza de la ley no ha logrado, el censor ni siquiera debe intentarlo.

  1. VALORACIÓN CRÍTICA

El concepto de soberanía comenzó a utilizarse, para designar a la autoridad política suprema, en la época que va del año 1250 al 1350[96]. La elaboración y transformaciones de este concepto están estrechamente ligadas al proceso histórico de formación de la moderna idea de Estado[97]. No siendo éste el lugar para entrar en los detalles de esa compleja historia, nos limitaremos a señalar tres puntos: I) en la actualidad ese concepto resulta aceptable, pues pone de manifiesto la existencia de una autoridad política superior a los demás poderes sociales y jurídicamente independiente de la de los demás Estados; 2) sería inadmisible, en cambio, si se entendiese por soberanía una potestad absoluta – a legibus soluta – , no sujeta a los principios del Derecho Natural; 3) la necesidad de establecer relaciones internacionales cada vez más amplias y el progresivo imponerse de la idea de comunidad internacional, explican la revisión a que el viejo concepto de soberanía estatal está siendo sometido en la actualidad.

Acerca del poder político conviene distinguir cuatro problemas que, aunque muy relacionados entre sí, son netamente distintos:

  1. I) el origen esencial de la autoridad, como primera razón que la fundamenta; 2) el titular jurídico o depositario del derecho de mandar; 3) los fines y funciones de la autoridad, segunda razón que la fundamenta y que mide la legitimidad de su ejercicio; y 4) el ámbito o extensión que esos fines otorgan al derecho de mandar. Valoramos a continuación la doctrina de Rousseau sobre estas cuatro cuestiones.
  2. Naturaleza y origen esencial de la autoridad del Estado

El pensamiento de Rousseau sobre este particular puede enunciarse así: la soberanía es el ejercicio de la voluntad general y el soberano es el cuerpo político en su totalidad. En el acto constitutivo de la comunidad política (contrato social), cada individuo pone en común su persona, sus derechos naturales y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general[98]. Esta fuerza soberana es la voluntad del cuerpo político. No es un hecho psicológico colectivo, sino la síntesis organizada de todas las libertades: el principio de su coexistencia armónica según leyes generales[99]. La voluntad general o voluntad del pueblo políticamente organizado es soberana en cuanto que es la fuente misma del poder. Esto significa que el poder emana de la libertad e igualdad individuales reunidas y conservadas en una superior síntesis política. Por eso afirma Rousseau que el ciudadano en último término sólo se obedece a sí mismo[100], que la obediencia política es una autoobligación, y que los compromisos sociales sólo obligan porque son mutuos: todos se obligan de la misma manera y, por ello, bajo la idea de igualdad[101].

La casi totalidad de los filósofos, incluido Rousseau, comprenden que la autoridad es el necesario principio organizador y directivo de la vida social. Sin autoridad no hay sociedad, y hay tantas autoridades como sociedades: así tenemos una autoridad política, eclesiástica, deportiva, académica, etc. Es lógico que la concepción rusoniana de la autoridad política sea solidaria de su idea de sociedad: tiene las mismas características y los mismos defectos.

Rousseau pretende realizar una fundamentación inmanente y horizontal del derecho de mandar y del deber de obedecer. Niega la tesis tradicional de que la autoridad política, como la misma sociedad, tiene su fundamento esencial en la naturaleza social del hombre y, mediatamente, en Dios, Autor de la naturaleza humana, única explicación plausible del derecho de mandar. Como escribe Bertrand de Jouvenel, “el único sistema que satisface para la explicación de cualquier Poder es el de la voluntad divina. San Pablo decía: ‘no hay ninguna autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido instituidas por El’”[102]. El poder político es una de las causas segundas establecidas por la ordenación divina para la ejecución de su Gobierno sobre los hombres, de forma que en último término se manda en virtud de la autoridad de Dios y por respeto a ésta se obedece.

Aunque habremos de volver sobre este punto, señalamos que la doctrina clásica defiende la libertad y no justifica el absolutismo. El fundamento divino del poder político no excluye que los ciudadanos fiscalicen o intervengan en las funciones políticas, porque no significa que el gobernante sea responsable sólo ante Dios, sino que ejerce una función cuya institución y líneas maestras de su ejercicio tienen en Dios su fundamento. El gobernante ha de desempeñar su oficio acatando las normas del Derecho Natural, que impone el respeto de la dignidad de la persona y de sus derechos naturales. Sin embargo, la teoría de la soberanía popular traslada la soberanía absoluta, defendida por la teoría del derecho divino de los reyes[103], desde el rey hasta el pueblo, justificando además una ulterior ampliación del poder político. Con palabras de Hobbes, que Rousseau haría suyas sin dificultad, “cada ciudadano es el autor de todo lo que hace el soberano; en consecuencia, quien pretenda que él le perjudica, ataca a actos cuyo autor es él mismo y de los que no se puede acusar a otro que él”[104]. La interpretación jacobina de la voluntad general durante la Revolución Francesa justifica suficientemente que Tocqueville hable de “tiranía de la mayoría”[105].

Conocido ya el fundamento divino-natural de la sociedad, la demostración de la tesis clásica sobre el origen de la autoridad es bien sencilla. Si admitimos que El que fundó la sociedad no custodia directamente todo acontecimiento social en particular, hay que afirmar que ha creado la institución de la autoridad, esto es, la competencia para dirigir la sociedad por la senda des bien común.

La verdad de esta afirmación resulta más patente al considerar que el bien común exige una cooperación permanente y eficaz, que no puede ser garantizada por la espontaneidad individual, aun presuponiendo la buena voluntad de los individuos: un objetivo común a muchos requiere una función coordinadora unificada[106].

Cabe señalar, por último, que la teoría rusoniana de la soberanía no puede explicar por qué existe un deber moral de obedecer, lo que equivale a no justificar el derecho de mandar. La autoobligación no puede ser el fundamento exclusivo de un deber de conciencia; se requiere, al menos, el reconocimiento de un principio general como el de pacta sunt servanda, cuya obligatoriedad incondicional pide a su vez una nueva justificación. Rousseau diría que la libertad moral del individuo consiste en obedecer a la ley civil[107]. Introduce así un concepto de “verdadera libertad” contrapuesto a la libertad real que experimentamos cada día. La limitación de esta última en nombre de la primera es enteramente horizontal, basada en el principio de igualdad y de reciprocidad: no eximirse de las condiciones que ligan a los demás, respetar a los demás para que ellos me respeten a mí, no hacer a los demás lo que no quieras para ti. Estos principios tienen un sentido, el último incluso evangélico[108], pero no se autosostienen. Son un modo de decir que, como cada uno desea el bien para sí, también debe quererlo para sus semejantes. Pero ¿por qué es moralmente obligatorio querer el bien para sí y para los demás? Si no se alcanza el fundamento vertical y trascendente, no se obtiene más que una frágil moral autónoma, semejante a la que años más tarde elaboró Kant.

Con razón escribe Messner que en esta doctrina “no se da respuesta a la cuestión de por qué razón ‘los elementos antisociales’ de la comunidad nacional o internacional no están en su derecho cuando opinan que les interesa la libertad absoluta originaria, y prefieren por ello ‘el estado de naturaleza’ en el cual (…) ‘nada puede ser injusto’” )[109]. El deber de obedecer se justifica integrando el orden político en el moral como una ayuda subsidiaria, establecida por Dios, para la consecución de los fines de la persona. Tarea cuya obligatoriedad descansa en la autoridad que el último de los fines, Dios, tiene sobre los hombres.

  1. El titular jurídico del poder estatal

Para Rousseau la suprema potestad de jurisdicción política pertenece inalienablemente a la totalidad del pueblo. Como la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, y nadie puede enajenar su voluntad sin perder la libertad, el derecho de mandar permanece siempre en la comunidad política, no pudiendo ésta ni cederlo mediante un pactum subiectionis ni ejercerlo indirectamente por medio de representantes. La soberanía es un derecho inabdicable, intransferible e irrepresentable: el cuerpo político ha de ejercerlo directamente.

Parece evidente que esta teoría es insostenible. El mismo Rousseau admite que la función de gobierno no puede ser desempeñada por la totalidad de los ciudadanos, y por eso se ve obligado a reducir la soberanía al solo poder legislativo, lo cual no es acertado, como veremos. Pero aun suponiendo, sin concederlo, que fuera admisible esta reducción, el poder legislativo sólo podría ser ejercido directamente por el cuerpo político en el caso de Estados con población muy poco numerosa, que fácilmente pudiera reunirse con frecuencia, y de elevado nivel cultural y moral. En los Estados grandes sólo queda, como instrumento de democracia directa, el instituto del referendum. Se emplea en asuntos de particular gravedad, pero resulta inviable como procedimiento ordinario de todas las actuaciones del poder legislativo. En resumen, si sólo fuera legítimo el Estado constituido como democracia directa, la totalidad de los Estados actualmente existentes serían contrarios a la justicia y al Derecho Natural. Afirmación absurda y contraria al común sentir de los hombres.

Sin embargo, en el contexto de una fundamentación divino-natural del poder, es opinable – y por ello admisible – que el primer titular jurídico de la soberanía sea la entera comunidad política, que recibe de Dios el derecho de mandar para luego trasladarlo a la persona o personas elegidas. Según Suárez, San Roberto Belarmino, Costa Rossetti, Gredt, Rommen y otros escolásticos[110], Dios deposita la autoridad en la comunidad, y ésta no sólo elige al gobernante, sino que le traslada y confiere el derecho de mandar. Esta teoría no cuenta con una aceptación unánime. Otros autores – como Zigliara, Schwalm, Billot, Welty, etc. – afirman que corresponde a la comunidad política no el derecho de mandar, que no puede ejercer por sí misma, sino el de designar o elegir la forma del régimen político y las personas que lo integran. No hay una transmisión del poder, ya que éste sería recibido directamente de Dios por las personas designadas, con la amplitud concedida por la ley constitucional. Por último, existen también filósofos – como Taparelli, Cathrein, Schiffini, Liberatore, Meyer, etc. – que no admiten la necesidad, aunque algunos sí la posibilidad, de esa designación popular. Así, pues, hay en el seno de la escolástica tres teorías sobre el titular jurídico de la soberanía política: la teoría de la translación (Suárez), la de la designación, y la de la colación inmediata del poder político por parte de Dios a través de determinados acontecimientos históricos o sociales (ésta última difiere notablemente de la doctrina absolutista del derecho divino de los reyes). Se trata de una cuestión opinable y propia de especialistas”[111].

Señalaremos únicamente las tres diferencias fundamentales entre la teoría de la translación, la más cercana a Rousseau, y la de éste último, para delimitar el campo de lo opinable del de lo erróneo. Según la teoría escolástica:

  1. a) El que ejerce el poder no lo hace como mandatario del pueblo, sino en virtud del orden natural de la comunidad estatal y, en último término, en nombre de Dios. Obedecemos no porque el poder haya sido establecido por el pueblo, sino porque lo preceptúa la conciencia moral.
  2. b) El pueblo no puede cambiar la finalidad y ámbito de extensión que el poder estatal tiene por naturaleza. La mayoría no puede legitimar una invasión, por ejemplo, del derecho de los padres a la educación de sus hijos o del derecho de la Iglesia en materia matrimonial.
  3. c) El pueblo no puede anular los títulos jurídicos del gobernante para el ejercicio del poder en nombre de la originaria soberanía popular, salvo en casos de grave lesión de la justicia natural.

Rousseau, por el contrario, sostiene la exclusiva fundamentación del poder estatal en la voluntad general, y la capacidad de ésta para organizarlo y revocarlo arbitrariamente[112].

  1. Fines y funciones de la autoridad política

Además de por el origen, el poder político se justifica por su fin. No sólo el por qué, sino también el para qué. En este sentido, la soberanía de la voluntad general queda justificada para Rousseau por el hecho de que siempre es recta, porque tiende constantemente a la utilidad general. Recordémoslo: “el soberano, por la sola razón de serlo, es siempre lo que debe ser”[113]. De ahí que la utilidad común fundamente en favor del soberano únicamente la función jurídica de dar leyes, que consiste – ya lo dijimos páginas atrás – en declarar y comunicar la voluntad general a los súbditos.

Nos encontramos, pues, ante la voluntad general siempre recta. Este concepto es el núcleo más profundo de la teoría política de Rousseau, y a la vez el más ambiguo, pues oscila entre el relativismo ético y el totalitarismo político. Veámoslo con detenimiento[114]La voluntad general puede entenderse en relación al pueblo en su función legislativa o como voluntad pública de la entidad moral que es el Estado. En el primer sentido es la decisión mayoritaria de la asamblea, que no contiene en sí ninguna garantía de ser la decisión más conveniente para el bien común. El mismo Rousseau lo reconoce[115], y por eso distingue entre voluntad general y voluntad de todos. La primera no se identifica sin más con la suma de voluntades particulares expresada por el voto mayoritario. Ha de entenderse de otra manera. De acuerdo con su optimismo naturalista, Rousseau piensa que como la voluntad del individuo quiere infaliblemente su propio bien, así la voluntad de la “persona pública” busca inevitablemente el suyo, el bien común. Se presentan entonces dos problemas: 1) ¿tiene sentido hablar del Estado como de una entidad moral capaz de tener una voluntad propia? Por el momento no abordamos esta cuestión. 2) Si distinguimos entre voluntad general y voluntad de todos, la afirmación de que la voluntad general es siempre justa no nos obliga a aceptar que toda ley votada por la asamblea soberana lo sea. La doctrina rusoniana se convierte entonces en una tautología carente de utilidad política: se limita a decir que la voluntad del bien común es la voluntad del bien común, y que ésta es siempre justa; pero no nos dice dónde se encuentra, cómo se obtiene, etc. Si nos responde que mediante la votación, entonces estamos en la voluntad de todos, que no es necesariamente recta.

Para escapar al dilema planteado, hemos de entender la voluntad general como el área de coincidencia de las voluntades particulares orientadas naturalmente hacia el bien. Es el ”sector” del bien que resulta común a todos. Pero entonces Rousseau entra en contradicción con su individualismo inicial. La voluntad de A se orienta al bien de A; la de B al bien de B, y así sucesivamente. Si las voluntades de A, B, C… forman una voluntad general orientada al bien común, nos vemos obligados a reconocer que los hombres son sociales por naturaleza, pues sus voluntades no se orientan sólo al bien particular, sino también al bien común, o al menos que se orientan hacia el bien particular en cuanto que está comprendido en el común o contribuye a él. Si se adopta una actitud crítica benigna, éste sería el fondo de la teoría de la voluntad general. Pero aun así no se puede silenciar la contradicción con el individualismo contractualista, que puede ser debida a la falta de elaboración conceptual precisa y que, en todo caso, no permite una intelección de la voluntad general en armonía con el resto del sistema.

No sería exacto, sin embargo, negar toda conexión entre la voluntad general y la actividad legislativa de los ciudadanos. Que no coincidan siempre y necesariamente no significa que no coincidan nunca. Rousseau piensa, como ya expusimos en su lugar, que si existe un sabio legislador y se evitan las asociaciones (políticas, civiles y religiosas) dentro del Estado, las voluntades particulares se anularán, y de la mayoría de votos surgirá la voluntad general[116]. Esto se puede admitir en sentido tautológico: la voluntad de la mayoría siempre es más general que la de la minoría. Pero Rousseau no lo entiende así. Para él la voluntad general es más buena, es la que tiende al bien común. Se sigue de aquí que si alguien la critica lo hará porque se ha dejado llevar por un interés de grupo, y toda agrupación en base a intereses parciales ha sido ya declarada ilegítima. En síntesis: la negación del derecho de asociación garantizará la rectitud del voto mayoritario y hará ilegítima cualquier crítica de ese voto. Tenemos los presupuestos de una concepción totalitaria y jacobina del Estado.

De hecho tres son las interpretaciones principales de la voluntad general. Si desarrollamos el pensamiento rusoniano de que la libertad moral es la obediencia a la ley, en el sentido de que sólo se obra libremente – sin dejarse llevar por la parte inferior de uno mismo – cuando se puede querer generalizar la propia conducta, tenemos la moral autónoma de Kant. Si acentuamos la idea de voluntad general como voluntad de la “persona pública”, llegamos a la filosofía política de Hegel, y por él a Marx. Si pensamos que los pueblos tienen un ideal político-social, y que los legisladores y gobernantes tratarán de ir formulándolo y reformulándolo a lo largo de la historia, sacando así a la luz la voluntad general y esencial de ese pueblo, tendríamos quizá un Estado respetuoso de la libertad, pero no un altavoz infalible de la voluntad general. En este caso, o se admite un criterio de justicia trascendente a la decisión mayoritaria o caemos de nuevo en el relativismo ético-jurídico.

Dentro de estas consideraciones se mueven las diversas interpretaciones de los especialistas. Para unos hay en Rousseau una veta de totalitarismo. Para otros su sentido de la libertad es auténtico. Para casi todos la elaboración de la teoría es deficiente y no está exenta de contradicciones. En todo caso queda muy clara una cosa: lograr una identificación necesaria y automática entre el poder absoluto y el poder ordenado del Estado, que hiciera superfluo el recurso a un criterio trascendente de justicia, era el propósito de la teoría de la voluntad general, y ese propósito debe considerarse fracasado. Como reconoce un autor nada amigo del Derecho Natural, “el principio formal de la comunidad uniforme queda abierto a múltiples intereses totalmente diversos, y aquel principio no podrá decirnos nada acerca de cuál de ellos es un bien supuesto y cuál es un bien verdadero y objetivo. A la vez, empero, y para robustecer la idea de que por su sola existencia es ya siempre justo, aquel principio destruye la trascendencia, en la cual puede hallar orientación todo valor en la tierra”[117].

El formalismo de la teoría de la voluntad general, su incapacidad para proporcionar un criterio material de justicia, es el resultado de haber vaciado el concepto de naturaleza humana – reducida a los indefinidos valores de libertad e igualdad – , de lo que se sigue el vaciado de la noción de bien común. Sin una noción “llena” de bien común, como la proporcionada por el Derecho Natural, el hecho de que todo el pueblo legisle para todo el pueblo (generalidad subjetiva y objetiva de la voluntad soberana) no da ninguna garantía de justicia. En cambio, si ponemos en Dios el bien último del hombre, y denominamos bien común social al conjunto de medios y condiciones vitales y morales que la naturaleza humana necesita para alcanzarlo, tendremos un criterio claro de justicia, y definir la ley como declaración de la voluntad general o decir que los fines de la legislación son la libertad y la igualdad resultará del todo innecesario.

Una observación final para completar el estudio de las funciones del Estado. La función de gobierno queda en el pensamiento de Rousseau fuera de la soberanía estatal: es una simple delegación revocable. Hoy día se admite comúnmente que el gobierno es uno de los poderes institucionalizados atribuidos al Estado por su función general de procurar el bien común. Esto no significa que esté por encima de la ley, ni que del derecho de la comunidad a ser bien gobernada no se derive en favor de ésta la facultad de fiscalizar la actuación gubernamental del modo sancionado por la ley constitucional. Pero de aquí a la delegación revocable de Rousseau hay casi un abismo.

Señalamos, por último, la ausencia de un tratamiento específico de la misión estatal de velar – de acuerdo con el principio de subsidiariedad – por el bienestar y la justicia social. Seguramente Rousseau la confiaba a la previsión de la asamblea legislativa, o creía en el desarrollo armónico de los intereses económicos individuales. Es el prejuicio liberal.

  1. Ámbito y extensión del poder político del Estado

Para Rousseau la extensión del poder estatal es muy amplia. La soberanía es absoluta, no tiene más límites que los derivados de su identificación con la voluntad general. El soberano no está sujeto a una ley constitucional[118], ni tiene necesidad de dar ninguna garantía a los súbditos[119], que sin embargo han de servirle hasta con la vida[120].

Esta soberanía absoluta hunde sus raíces en el acto constitutivo de la sociedad política. Por el contrato social cada uno entrega a la comunidad la totalidad de sus derechos, para volver a recibir los en lo que tengan de compatibles con los derechos de los demás y en esa misma medida garantizados por el poder de todos. Dice Del Vecchio que estamos ante “un procedimiento dialéctico merced al cual los derechos individuales convergen en el Estado y emanan nuevamente de éste, reforzados y como reconsagrados”[121]. El respaldo que los derechos naturales reciben del derecho positivo tiene un precio: aquellos derechos aparecen como una concesión del Estado que éste debe asegurar si quiere ser justo. Recordemos el pensamiento de Rousseau: la “vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado”[122].

Cabe señalar que el contrato social es una ficción innecesaria que abre una puerta al absolutismo estatal. Es cierto que la vida en común tiene ventajas y limitaciones: asegura el respeto de mis derechos por parte de los demás a la vez que me obliga coactivamente a hacer otro tanto. Pero la justificación de este hecho no precisa hacer converger los derechos naturales en el Estado para luego recibirlos de él. Los derechos naturales de las personas, de la familia, etc., son anteriores e independientes del derecho estatal. Este los recoge y protege, pero no los concede. Cuando Rousseau afirma que “el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a los demás”[123], 0 dice una perogrullada: sin Estado no hay derecho positivo, o se inclina al estatalismo: la voluntad general es la fuente del derecho. Parece que tiene razón Kägi cuando afirma: “Rousseau trasladó el concepto de soberanía absoluta de Hobbes del monarca al pueblo. Constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de la democracia y del Estado de Derecho el que los teóricos más influyentes de la democracia moderna no se encuentren en la línea de la tradición del Estado de Derecho, sino en la tradición absolutista del pensamiento occidental del Estado”[124].

No está claro que el espíritu de Rousseau sea favorable a un absolutismo político. No es este el peligro. La tentación está más bien en lo que podríamos denominar “tiranía de la administración pública”, impuesta en nombre de la libertad e igualdad, y en virtud de la cual el Estado domina todos los ámbitos en que interviene, se atribuye todas las competencias y responsabilidades sociales, hace en vez de hacer hacer, inhibe en vez de impulsar, suplanta en vez de ayudar. La mente de Rousseau es ésta: depender de la ley y no de un semejante. Su traducción al lenguaje actual dice que si donde hay un propietario o un industrial, ponemos a un funcionario público, la libertad y la igualdad quedan a salvo, porque entonces todos obedecen por igual al Estado. Y mientras tanto el Estado crece y la responsabilidad moral de la persona disminuye. Esta ya no es necesaria: la limitación vertical del egoísmo humano se sustituye por la reciprocidad e igualdad de deberes y derechos, limitación horizontal más realista y eficaz para Rousseau.

Piensa Rousseau que así obtenemos una libertad e igualdad más plenas. El razonamiento es muy simple: la ley estatal es la declaración de la voluntad general y, por ello, también de mi voluntad. Si me obligan a cumplir una ley a la que yo he negado mi voto, es que yo me había equivocado, y no hacen más que obligarme a ser libre, a adherirme a mi verdadera voluntad[125]. La paradójica expresión “obligarme a ser libre” se hace posible por el empleo de un doble significado de los términos voluntad y libertad: la voluntad o libertad psicológica y la verdadera libertad o libertad moral, que consiste en obedecer a la ley.

Ese concepto de libertad moral podría tener un sentido en otro contexto. Obedecer a la ley moral es seguir lo mejor de mí mismo, liberándome de las tendencias más bajas, y por eso es libertad – en todo caso sería mejor decir virtud, porque al seguir los instintos inferiores el hombre obra también libremente – . Pero este concepto de libertad moral presupone haber demostrado que seguir las ideas que la mayoría tiene sobre el bien común se identifica con seguir lo mejor de mí mismo. Y eso es precisamente lo que Rousseau no puede hacer. Por eso recurre a un expediente sofístico denunciado por la crítica lingüística: mantener la fuerza axiológica de un término cuyo ámbito significativo normal ha sido transformado. Como si para consolar a quien no sabe leer dijéramos: ¡Viva la cultura que no está en los libros! El mismo efecto se lograría con el expediente inverso: la cultura está en los libros, pero la cultura es despreciable, llena de aire la inteligencia humana. Rousseau debería decir entonces: la libertad es despreciable, con ella no hacemos un verdadero Estado.

En virtud de su naturalismo, Rousseau ha silenciado la necesidad de una lucha moral contra uno mismo. Pero ese agonismo real aparece a nivel social en la forma de una dialéctica entre autoridad y libertad. Rousseau se encuentra sin una justificación moral de la autoridad, y quiere hacernos creer que en realidad no es más que la libertad. Cuanto más absoluta es la soberanía más libres e iguales somos. Pretende justificar la autoridad por la libertad, lo que equivale a admitir la ilegitimidad de todo poder objetivo, de todo poder trascendente a la síntesis estatal de las libertades individuales (voluntad general). Se prefiere una opresiva limitación horizontal de la libertad humana que conceder, sencilla y llanamente, que existe una verdadera autoridad – en primer lugar la de Dios, que fundamenta mediatamente la del Estado – a la que el hombre debe obedecer.

Cuando se acepta la trascendencia y las responsabilidades morales que ésta impone, el hombre advierte que su perfección depende del ejercicio ordenado de su libertad, ejercicio ordenado que pide a gritos la vis directiva de la ley. Esta proporciona ayuda y orientación, pero no otorga la perfección a la persona. Con el principio de subsidiariedad tenemos substancialmente delimitada la extensión debida del poder estatal.

III. LA RELIGIÓN

  1. EXPOSICIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU

Dedica Rousseau las últimas páginas de El Contrato Social al estudio de la religión. Examinamos las ideas principales.

El estudio de la historia muestra que el cristianismo es perjudicial para el Estado. La más antigua forma de gobierno fue la teocrática: Dios es el jefe de la sociedad política. De las divisiones nacionales se deriva el politeísmo, y de éste la intolerancia religiosa y civil, que en ese contexto son la misma cosa[126]. Bajo ese régimen vivieron los griegos y romanos, y hasta cierto punto los pueblos veterotestamentarios. Existiendo tantos dioses como naciones, no había guerras por motivos exclusivamente religiosos, aunque toda batalla política era a la vez una pugna teológica, a causa de la perfecta unidad existente entre esos dos órdenes.

“En tales circunstancias vino Jesucristo a establecer sobre la tierra un reino espiritual, el que, separando el sistema teológico del político, hizo que el Estado dejara de ser uno, causando las divisiones intestinas que no han cesado jamás de agitar a los pueblos cristianos”[127]. Los paganos no comprendieron esta nueva idea, y persiguieron a los cristianos como desobedientes a la autoridad civil. Con la conversión del emperador Constantino, las sospechas de los paganos se verificaron: el reino del más allá pasó a ser, bajo una cabeza visible, “el más violento despotismo sobre la tierra”[128], y creó un conflicto de jurisdicciones que ha hecho imposible toda buena política en los Estados cristianos.

La solución teórica del problema religioso requiere distinguir y juzgar las diversas religiones por su relación con la sociedad política. Bayle sostiene que ninguna religión es útil para el cuerpo político; Warburton, por el contrario, afirma que el cristianismo es> el más firme baluarte del poder civil. Para aclarar la cuestión es preciso distinguir tres especies de religión, tomando como criterio su relación con la sociedad. Tenemos así la religión del sacerdote, la del ciudadano y la del hombre.

La religión del sacerdote, cuyo ejemplo sería el cristianismo romano, da a los hombres dos legislaciones, dos jefes y dos patrias, imposibilitándoles ser a la vez fieles devotos y buenos ciudadanos. De esta extravagante religión resulta un derecho mixto y antisocial.

La religión del ciudadano es la religión nacional. Cada país tiene sus dioses, sus dogmas y su culto. Es la religión de los pueblos primitivos, que puede denominarse derecho divino civil o positivo. Mientras que la religión del sacerdote rompe la unidad social y divide al hombre consigo mismo, la del ciudadano tiene la ventaja de que reconcilia el culto divino con el amor a las leyes, el amor al dios tutelar y el servicio a la patria, el sacerdocio y la magistratura. Pero es rechazable en cuanto que está fundada sobre el error y la mentira, hace a los hombres crédulos y supersticiosos, ahoga el culto verdadero a la divinidad y origina intolerancia respecto a los demás pueblos[129].

La religión del hombre es el cristianismo, pero “no el actual, sino el del Evangelio, que es completamente diferente. Por esta religión santa, sublime, verdadera, los hombres, hijos del mismo Dios, se reconocen todos por hermanos, siendo la misma muerte impotente para disolver los lazos que los unen”[130]. Esta religión es el verdadero teísmo, sin ritos, limitado al culto interior del Dios supremo y a los deberes eternos de la moral. Recibe el nombre de derecho divino natural.

Esta religión ”verdaderamente evangélica” – la religión del hombre – es sublime en su contenido, pero no refuerza el vigor de las leyes civiles. Una sociedad de auténticos cristianos sería la más perfecta, pero no la más fuerte y duradera. Su misma perfección, algo inhumana, sería su principio destructor. La patria del cristiano es el Cielo, no este mundo. El cristiano cumple su deber, pero con indiferencia acerca de los resultados terrenos de su actuar: con tal de que su conciencia no le acuse de falta alguna, poco le importa que aquí abajo las cosas vayan mejor o peor. Basta que surja un Catilina o un Cromwell para que todos se le sometan piadosamente, pensando que al fin y al cabo Dios manda obedecer a las autoridades, aunque sean menos dignas, o que el tirano es la vara con que Dios castiga justamente a sus hijos. En caso de guerra todos cumplirían su deber, pero sin afán de victoria: la Providencia de Dios ya se encargará de procurar lo mejor. El cristianismo predica la esclavitud y la dependencia, su espíritu es demasiado favorable a la tiranía. Los cristianos lo saben y no se inquietan, porque esta vida es corta y tiene muy poco valor ante sus ojos. El cristianismo no favorece a la república[131].

Lo verdaderamente conveniente es un nuevo tipo de religión – que Rousseau denomina “religión civil” para distinguirla de las tres ya explicadas – , y que se reduce en último término a un vínculo de cohesión política. Afirma Rousseau que el pacto social otorga al soberano un derecho sobre los súbditos que no excede los límites de la utilidad pública. Sólo en cuanto se relacionen con ella tienen importancia las opiniones de los ciudadanos. Y a la utilidad pública conviene “que todo ciudadano profese una religión que le haga amar sus deberes; pero los dogmas de esta religión no interesan ni al Estado ni a sus miembros, sino en cuanto se relacionen con la moral y con los deberes que aquél que la profesa está obligado a cumplir para con los demás”[132]. No importa al gobernante la suerte de los ciudadanos en la otra vida, con tal que sean buenos ciudadanos en ésta.

“Existe, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien no los admita o acepte; puede expulsarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, y de inmolar, en caso necesario, su vida en aras del deber. Si alguno después de haber reconocido públicamente estos dogmas, se conduce como si no los creyese, castíguesele con la muerte: ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido delante de las leyes”[133].

Los dogmas de la religión civil han de ser pocos, sencillos, enunciados con precisión y sin explicaciones ni comentarios. Serán concretamente: “la existencia de la Divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes (…) En cuanto a los dogmas negativos los limito a uno solo: la intolerancia, que forma parte de todos los cultos que hemos excluido”[134].

No cabría distinguir, añade Rousseau, la intolerancia civil de la teológica. Ambas son inseparables. No se puede vivir en paz con aquellos a quienes se considera condenados, amarles sería odiar al Dios que les castiga. La intolerancia teológica siempre tiene efectos civiles: piénsese en el caso del matrimonio, institución necesaria para la sociedad, sobre el que el clero se atribuye todo derecho. En suma, en el supuesto de que no deben existir hoy religiones nacionales, “deben tolerarse todas aquellas que toleran a las demás, en tanto que sus dogmas no sean contrarios en nada a los deberes del ciudadano. Pero el que ose decir:fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a menos que el Estado sea la Iglesia y el príncipe el pontífice”[135].

Con esta nueva doctrina religiosa, Rousseau da por terminada la exposición de los verdaderos principios del Derecho Político y considera plenamente delineada la base sobre la que debe apoyarse el Estado.

  1. VALORACIÓN CRÍTICA

El problema de fondo que se plantea Rousseau es el de saber qué religión aporta solidez al edificio político-social. Este modo de acercarse al estudio de la religión es erróneo, porque invierte la jerarquía existente entre el bien divino y último del hombre y el bien común social, reduciendo la religión a un simple factor de cohesión política o, en el mejor de los casos, a una moral cívica.

El planteamiento de Rousseau rechaza la revelación divina sobrenatural, con la que Dios funda la verdadera religión. Esta contiene las verdades que se han de creer, las normas morales que se han de observar, el culto que se ha de tributar a Dios, la constitución social y jerárquica de la Iglesia, e incluso las principales verdades que fundamentan el orden civil. Rousseau presupone que de todo esto se puede juzgar libremente, atendiendo de modo exclusivo a las conveniencias del régimen político que él preconiza. Cuando expone sus ideas sobre la religión civil, en la que los dogmas son fijados por el soberano (voluntad general), Rousseau comete un acto de tiranía sobre las conciencias – más grave que la tiranía política – , atenta contra la Verdad, contra los derechos de Dios y contra la salvación y felicidad eterna de los hombres.

La acusación específica dirigida a la Iglesia Católica es la de crear una doble jurisdicción que destruye la unidad del Estado. Este argumento depende del carácter ilimitado que atribuye a la soberanía política, por el cual cualquier otra asociación usurparía los derechos del Estado a ser la única institución pública y se entrometería en las competencias del poder estatal. Rousseau no reconoce la existencia de un fin y bien común sobrenatural, distinto del temporal, que origina una sociedad sobrenatural, de modo semejante a como el bien común social fundamenta la sociedad política. Niega además el derecho natural de los hombres a asociarse en función de sus creencias religiosas y, sobre todo, el poder y derecho de Dios a fundar la Iglesia y el hecho mismo de la fundación divina de la Iglesia como sociedad jerárquica.

Aunque la Iglesia se extiende sobre el mismo espacio y los mismos hombres que los Estados, la diversidad de fines y medios hace que constituya un orden diverso del político. Es cierto, sin embargo, que ambos órdenes, el político y el religioso, tienen relaciones entre sí (las costumbres, la educación, el matrimonio, el mantenimiento y libertad de acción de los ministros de la Iglesia, etc.), que habrán de regularse de común acuerdo. Al hacerlo se tendrá en cuenta que no compete directamente al Estado lo referente al destino sobrenatural de los ciudadanos, pero que tampoco le es totalmente ajeno. El bien común temporal, que constituye su finalidad directa e inmediata, está ordenado en último término al bien último e integral de los ciudadanos. De ahí su deber de establecer con la Iglesia – y de Esta para con el Estado – relaciones armoniosas, respetuosas de la naturaleza y actividad de las dos instituciones.

Los ataques de Rousseau a la por él denominada “religión del hombre” no afectan en realidad a la Iglesia Católica, ni a ninguna confesión cristiana.Esta religión puramente interior, sin ritos, es la personal interpretación rusoniana del Evangelio. No corresponde a ninguna religión cuya existencia pueda comprobarse históricamente, al menos como grupo consistente y socialmente organizado. Cuando afirma que esa religión, sublime por su contenido, no refuerza el vigor del Estado y forma ciudadanos débiles, estamos ante un desfogue de Rousseau, históricamente infundado e infundable, contra lo que él considera el espíritu cristiano en general.

Tampoco desde un punto de vista doctrinal ese ataque está justificado. Son numerosos en el Nuevo Testamento los llamamientos a obedecer a las autoridades políticas, también si los que la ejercen no son tan dignos, a pagar los impuestos, a dar al Estado todo lo que se le debe. La doctrina católica sobre el fundamento divino de la autoridad política confiere al Estado toda la fuerza que Rousseau le niega con su teoría de la voluntad general. Lo que el cristianismo no permite es la absolutización de lo terreno y de lo político, y esto – desde su visión absolutista – Rousseau lo confunde con no dar al Estado la importancia debida. Una carta de Rousseau nos revela que nunca entendió bien lo que era el bien común y la sociedad civil: “las sociedades políticas y civiles (…) son instituciones puramente humanas, y por eso el verdadero cristianismo nos separa de ellas, como de todo lo terrestre. Solamente los vicios de los hombres hacen necesarias estas instituciones, y sólo las pasiones las conservan. Quitad todos los vicios a vuestros cristianos y ellos no necesitarán ni magistrados ni leyes (…); y al faltar el apoyo conveniente el estado político languidece”[136]. Rousseau no entiende, en efecto, que la sociedad civil es una exigencia de la naturaleza humana creada por Dios, y no un remedio humano para el pecado; éste sólo tiene un remedio divino, que la Iglesia guarda y administra. Por eso le parece intolerancia que sea necesario estar unido a la Iglesia – al menos con el bautismo de deseo – para salvarse, y en cambio le parece natural quitar la vida a quien no cumple la religión civil dictada por el Estado.

En síntesis, Rousseau es un ejemplo de las doctrinas conocidas bajo el nombre de deísmo. Reconoce la existencia de Dios, pero excluye la revelación divina sobrenatural y la acción de Dios en el mundo, así como las verdades enseñadas por la Iglesia sobre la naturaleza de la sociedad y autoridad políticas, sobre el bien común, la ley natural, etc.[137]

[1] COPPLESTON, F., Historia de la Filosofía, vol. VI, Ariel, Barcelona 1981, p. 67

[2] Utilizaremos en el texto la traducción castellana publicada por la editorial Porrúa, México 1975, corrigiéndola, en los puntos donde no es fiel, según el texto francés editado por la libraría Garnier, París 1960. Lo citaremos CS indicando el número del libro v del capitulo, que se corresponden en todas las ediciones, y la página de la edición castellana.

[3] El más amplio trabajo sobre la bibliografía rusoniana entre 1760 y 1940 es el de A. SCHINZ, Etat présent des travaux sur J.-J. Rousseau, New York, Publication of Modern Language Association of America París, Les Belles Lettres, 1941. Se puede tener una buena idea de conjunto consultando el trabajo de G.A. ROGGERONE en “Questioni di storiografia Filosofica”, Vol. II, La Scuola, Brescia 1974, pp. 683-691, o el de S. COTTA en el vol. XV de la “Grande Antologia Filosofica”, Marzoratti, Milano 1968, pp. 862-867.

[4] CS, I, 1, p.3.

[5] Cfr. CS, I, 1, pp. 3-4.

[6] Cfr. CS, I, 3, p. 5.

[7] CS, I, 1, pp. 3-4.

[8] Cfr. CS, I, 2, p. 4.

[9] CS, I, 4, pp. 5-6.

[10] CS, I, 4, p. 6.

[11] CS, I, 6, p. 9.

[12] CS, I, 6, p. 9.

[13] CS, I, 6, p. 9.

[14] Cfr. CS, I, 8, p. 11.

[15] CS, I, 8, p. 11.

[16] CS, I, 9, p. 13.

[17] CS, I, 9, p. 13.

[18] Cfr. LUÑO PEÑA, E., Derecho Natural, 2a ed., Barcelona 1950, p. 26; DEL VECCHIO, G., Filosofía del Derecho, Bosch, Barcelona 1930, vol. 11, pp. 145-146.

[19] A este propósito escribe Gilson: “Este cartesianismo político erigía al individuo en un ser por sí y por consiguiente, en un fin en sí, cuya subordinación al Estado como fin más alto se hacía difícil, si no imposible. Desde este momento, el problema político se convierte en aquello que será todavía para Rousseau: encontrar en el individuo, en cuanto tal una razón de subordinación a otra cosa distinta de él, lo cual es más difícil aún que hallar la cuadratura del círculo por la regla y el compás”. (GILSON, E., El realismo metódico, 3a ed., Rialp, Madrid 1963, pp. 141-142). Cfr. también CARDONA, C., Metafísica del bien común, Rialp, Madrid 1966, pp. 76 ss.

[20] Cfr. MESSNER, J., Ética Social, política y Económica a la luz del Derecho Natural, Rialp, Madrid 1967, pp. 155 ss.; UTZ, A.F., Ética Social, Vol., I, Herder, Barcelona 1964, pp. 128 ss.

[21] ROUSSEAU, J -J ., Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1758), en “Oeuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau”, Frimin-Didot, París 1875, vol. I, p. 555.

[22] CS, I , 4, P. 9.

[23] Cfr. CS, I, 1, pp. 3-4.

[24] Cfr. CS, I, 4, pp. 5-6.

[25] Cfr. STRAUSS, L., Droit naturel et histoire, Plon, París 1954, pp. 283-284. De este mismo autor puede consultarse con utilidad ¿Qué es filosofía política?, Guadarrama, Madrid 1970, especialmente pp . 66-71.

[26] Cfr. CS, I, 2, p. 4.

[27] Cfr. ibidem.

[28] Cfr. SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 5, ad 3; MARITAIN, J., Tre riformatori, Morcelliana, Brescia 1967, p. 162. Esta duplicidad de acepciones del término ‘naturaleza’ entró en el pensamiento jurídico medieval con el Derecho Romano. Dice Ulpiano en las Instituciones (I, 2, ed. Krueger, Berlín 1954) que se llama ius naturale a lo que la naturaleza enseña a todos los animales. Existe además un ius civile o derecho de la civitas en el que deben distinguirse dos partes: una, que es propia de cada ciudad, recibe el nombre deius civile en sentido estricto; la otra se compone de lo que ”naturalis ratio inter omnes homines constituit”, y que en todas las ciudades es igualmente observado. Se denomina ius gentium, por ser el derecho que “omnes gentes utuntur”. En Digesta (I, 1, 4, ed. Mommsen-Krueger, Berlín 1954) se añade que el ius gentium se distingue del ius naturale en que aquél es propio de los hombres, en tanto que este es común a todos los animales. La distinción establecida entre ius gentium y ius naturale implica una separación, no bien definida, entre ratio naturalis y natura. De aquí nacen una serie de posibles ambigüedades superadas por los teólogos (cfr Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 3), pero no por la tradición jurídica que desemboca en la llamada Escuela moderna del Derecho Natural (Grocio, Rousseau, Pufendorf, etc.) Véase para la tradición jurídica medieval el documentado estudio de CARPINTERO BENITEZ, F., Del Derecho Natural medieval al Derecho Natural moderno: Fernando Vázquez de Menchaca, Universidad de Salamanca 1977. pp. 53-60 y 66-70: para la Escuela moderna del Derecho Natural, SANCHO IZQUIERDO, M.-HERVADA, J., Compendio de Derecho Natural, Eunsa, Pamplona 1981, vol. II, pp. 299 ss.

[29] Cfr. CS, I, 8, p. 12.

[30] Para el conocimiento de las diversas teorías cfr. BALBIN BEHRMANN, R. Mª DE, La concreción del poder político, Universidad de Navarra Pamplona 1964.

[31] MESSNER, J., Ética Social …, cit. p. 836.

[32] Cfr. CS, II, 1, p. 14.

[33] Cfr. CS, II, 1, p. 14.

[34] CS, II, 1, p. 14.

[35] Cfr. CS, II, 1, p. 14.

[36] CS. 11, 2, p. 14.

[37] CS, II, 3, p. 15.

[38] Cfr. CS, II, 3, p. 16.

[39] CS, II, 3, p. 16.

[40] CS, II, 6, p. 21.

[41] CS, I, 7, p. 10.

[42] CS, 1, 7, p. 11.

[43] CS, II, 4, ;p. 16.

[44] Cfr. CS, II, 5, pp. 18-19.

[45] CS, II, 5, p. 19

[46] CS, II, 5, p. 19.

[47] Cfr. II, 4, p. 17.

[48] CS, II, 4, p. 17.

[49] Cfr. CS, II, 4, pp. 17-18.

[50] CS II, 4, p. 18

[51] CS, II, 4, p. 17.

[52] CS, I, 7, p. 11.

[53] Cfr. CS, II, 4 p. 18.

[54] Cfr. CS, IV, 2, p. 57.

[55] CS, IV, 2, p. 57.

[56] Cfr CS, IV, 1, pp. 55-56

[57] CS, IV, 1, p. 56.

[58] Cfr CS, II, 6, p. 20.

[59] CS, II, 6, p. 20

[60] Cfr CS, III, 15, p. 51

[61] CS, II, 6, p. 20

[62] Cfr CS, II, 6, p. 20

[63] Cfr CS, II, 6, p. 20

[64] Cfr CS, II, 7, p. 22

[65] Cfr CS, II, 7, p. 23

[66] CS, II, 7,p.23.

[67] Cfr. CS, II, 11, p. 28.

[68] CS, II, 11, p. 28.

[69] Cfr. CS, II, 8-10, pp. 24-28.

[70] Cfr. CS, II, 12, pp. 29-30.

[71] CS, III, 1, p. 30

[72] Cfr. CS, III, 15, p. 51.

[73] Cfr. CS, III, 1, p. 30

[74] CS, III, 1, p, 31

[75] Cfr. CS, III, 16, pp. 52-53.

[76] CS, III, 16, p. 53.

[77] Cfr. CS, III, 17 y 18, pp. 53-55.

[78] Cfr. CS, III, 17, pp. 53-54.

[79] CS, III, 18, p. 54.

[80] CS, III, 1, p. 31.

[81] Cfr. CS, III, 2 y 3, pp. 33-35.

[82] Cfr. CS, III, 4, p. 36.

[83] CS, III, 4, p. 36.

[84] CS, III, 4, p. 36.

[85] Cfr. CS, III, 5, pp. 37-38.

[86] Cfr. CS, III, ó, pp. 38-41.

[87] Cfr. CS, III, 2, p. 33.

[88] Cfr. CS, III, 8, pp. 42-45.

[89] Cfr. CS, III, 9, p. 45.

[90] Cfr. CS, III, 15, pp. 50-52.

[91] CS, IV, 2, p. 57.

[92] Cfr. CS, IV, 2, p. 58.

[93] Cfr. CS, IV, 5, pp. 65-66

[94] Cfr. CS, IV, 6, pp. 66-68.

[95] CS, IV, 7, pp. 68.

[96] Cfr. HEYDTE, Fr. A. von der, Die Geburtstunde des souveränen Staates. Ein Beitrag 2ur Geschichte des Völkerrechts, der Algemeinen Staatslehre und des politischen Denken,Habbel, Ratisbona 1952.

[97] Cfr. SÁNCHEZ AGESTA, L., Principios de teoría política, Editora Nacional, Madrid 1967, pp. 393-412; DE JOUVENEL, B., El poder, Editora Nacional, Madrid 1956.

[98] Cfr. CS, I, 6, p. 9.

[99] Cfr. DEL VECCHIO, Filosofía…, cit., p. 147.

[100] Cfr. CS, I, 6, p. 9.

[101] Cfr. CS, II, 4, p. 17.

[102] DE JOUVENEL, B., El poder, cit., p. 39.

[103] Esta doctrina, defendida por Jacobo I de Inglaterra, afirma que el régimen monárquico es el único legítimo, y que el rey sólo es responsable ante Dios, justificando así el absolutismo. Suárez y San Roberto Belarmino impugnaron esa teoría, que nada tiene que ver con lo que el Derecho Natural afirma sobre el fundamento divino-natural de la autoridad política. Cfr. SABINE, G., Historia de la teoría política, 11 a ed., Fondo de Cultura Económica Madrid 1981 pp. 291 ss.

[104] HOBBES, T., Leviathan, 2a parte, cap. 18.

[105] Cfr. TOCQUEVILLE, A. de, De la Démocratie en Amérique, Gallimard, París 1968, pp. 139 ss.

[106] Cfr. UTZ, A.F., Ética…, cit., pp. 271 ss.

[107] Cfr. CS, I, 8, p. 11.

[108]  Cfr. Mat. VII, 12. Y afirma San Bernardo: ”Esta es la ley natural de la Sociedad: que no hagamos a otros lo que no queremos que se nos haga a nosotros mismos, y que cuanto queremos que se nos haga a nosotros, procuremos hacérselo a los demás” (De los tres géneros de bienes y de la vigilancia en los pensamientos, n° 3, en “Obras completas”, BAC, Madrid 1953, vol. I, p. 942).

[109] MESSNER, J., Ética social…, cit., p. 260.

[110] Sobre la teoría de Suárez cfr. ROMMEN, H., La teoría del Estado y de la comunidad internacional en Francisco Suárez, CSIC, Madrid 1951.

[111] Quizá lo más razonable es no confundir con el derecho de mandar otros derechos distintos, como son el derecho a concurrir a los cargos de gobierno, el derecho de elegir el régimen o los gobernantes, el derecho de la multitud a ser bien gobernada y a controlar la acción del gobierno. Según DE BALBIN BEHRMANN no es fácil de entender que el derecho de mandar pueda estar en potencia en la multitud, a no ser que se hable aquí de potencia objetiva, en sentido suareciano; más fácil es que la multitud posea los otros derechos enunciados. Cfr. La concreción…, cit., pp. 155 ss.

[112] Cfr. MESSNER, J., Ética social .., cit., pp. 884 885.

[113] CS, I, 7, p. 11.

[114] Seguimos los argumentos de COPPLESTON, F., Historia…, cit., pp. 89 ss.

[115] Cfr. CS, II, 6, p. 21.

[116] Cfr. CS, II, 3, p. 16.

[117] WELZEL, H., Derecho natural y justicia material, Aguilar, Madrid 1957, pp. 160-161

[118] Cfr. CS, I, 7, p. 10.

[119] Cfr. CS, I, 7, p. 11.

[120] Cfr. CS, II, 5, pp. 18-19.

[121] DEL VECCHIO, G., Filosofía…, cit., p. 147.

[122] CS, II, 5, p. 19.

[123] CS, I, 1, p. 3.

[124] KÄGI, W., Rechtsstaat und Demokratie, en Fest. für Z. Giacometti” (1953) pp. 109-110.

[125] Cfr. CS, IV, 2, p. 57 y I, 7, p. 11.

[126] Cfr. CS, IV, 8, p. 69.

[127] CS, IV, 8, p. 70.

[128] CS, IV, 8, p. 71.

[129] Cfr. CS, IV, 8, p. 72.

[130] CS, IV, 8, p. 72.

[131] Cfr. CS, IV, 8, pp. 73-74.

[132] CS, IV, 8, p. 74.

[133] CS, IV, 8, p. 74.

[134] CS, IV, 8, p. 75.

[135] CS, IV, 8, p. 75.

[136] Contenida en el vol. IV, pp. 449-450 de Oeuvres…, cit. Cfr. DI NAPOLI, G., Il pensiero di G.G. Rousseau, La Scuola, Brescia 1953, pp. 134-147.

[137] Pertenecen a la doctrina católica las siguientes tesis: I) Es necesaria a toda sociedad humana una autoridad que, como la misma sociedad, surge y emana de la misma naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios que es su autor. – 2) Del hecho de que la autoridad proviene de Dios, no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y límites en el ejercicio de la autoridad. – 3) El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección tanto en las exigencias del cuerpo como en las del espíritu (tomado de IBAÑEZ, J.-MENDOZA, F., La Fe divina y Católica de la Iglesia, E.M.E.S.A, Madrid 1978, pp. 202-203). El Papa León XIII, en la encíclica Diuturnum illud (1881) condena explícitamente la doctrina según la cual el pacto o contrato sería la fuente primera de la autoridad política.

POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

1.- ¿Cuál es el problema de la Salud Pública en América Latina?

América Latina conforma la región del mundo que presenta la mayor inequidad social y graves desigualdades en las condiciones de salud y de acceso a los servicios de salud pública, así mismo, la creciente disparidad de condiciones de vida y de salud, entre los grupos sociales y las regiones geográficas que integran a los países latinoamericanos han impulsado una mayor preocupación por las desigualdades en salud y las inequidades, considerándolas entre las emergencias que comprometen el futuro de la humanidad.

 

Es por ello que una vez analizada las principales dificultades de la salud pública en América Latina, se ha identificado que entre los principales problemas que presenta la atención sanitaria en la latinoamericana se destaca la precariedad institucional de la salud pública y a la falta de equidad y eficiencia del sistema de salud pública existentes en los países latinoamericanos, lo que a su vez enmarca en un limitado acceso a los servicios de salud de forma mayoritaria, identificado como el principal problema que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,  Venezuela, Paraguay, y Perú, todo ello asociado a su vez a las limitaciones presupuestarias, tecnológicas y de infraestructura a la red institucional de los servicios de salud pública en América Latina.  La limitada cobertura de los servicios de salud pública forma parte de las manifestaciones de la falta de equidad, así como las condiciones económicas existentes (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida etc.). 

 

El hecho de que grandes sectores de la población de la mayoría de los países de América Latina sigan sin tener un acceso real a los servicios de salud y que este déficit de cobertura se produzca en medio de una restricción considerables de los recursos disponibles para el sector, presenta un gran desafío para la capacidad de organización y gestión de los sistemas nacionales de salud.

 

 

2.- ¿Cuales son las Potencialidades de las Políticas de Salud Pública en América Latina: (Recursos disponibles, Condiciones de su Infraestructura etc.)?

          En cuanto a las políticas y programas de salud pública acentuadas como avance en los países Latinoamericanos enfrentan hoy día procesos de cambios y transformación, experimentando importantes reformas dirigida a elevar la gobernabilidad de los mismos y lograr la eficiencia, eficacia y efectividad de su funcionamiento, es por ello que los gobiernos de la Región de las Américas establecen conjuntamente la Agenda de Salud para las Américas suscrita el 03 de junio de 2007, para orientar la acción colectiva en contribuir a mejorar la salud de los pueblos de esta Región, agenda que conlleva a potenciar un plan de acción orientado a dar una efectiva respuesta a las necesidades de salud de nuestras poblaciones y refleja el compromiso de cada uno de los países para trabajar en conjunto, con una perspectiva regional y con solidaridad en favor del desarrollo de la salud en la Región.  Desde el punto de vista de las potencialidades, en cuanto a la capacidad y posibilidades que dentro del marco de acción de las políticas públicas vislumbren cambios que den respuestas efectivas a las necesidades de salud pública, identificando entre estas potencialidades en el ámbito de las políticas de salud públicas las siguientes:

 

  • La participación de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de las políticas públicas de salud y en la evaluación de sus resultados.
  • El marco legal y normativo del sistema de salud existente.
  • El nivel de desarrollo económico y el grado de industrialización presentan una influencia considerable en los sistemas de salud.
  • La fuerza de trabajo en salud pública, incluye la fuerza trabajadora cuya responsabilidad primaria es la provisión de los servicios de salud colectiva.

 

  • Integración de los diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud. Instituciones específicas abarcan uno o varios de estos tipos de participantes directos (por ejemplo, una institución del sistema de seguridad social que asegura y además proporciona atención de salud). La población participa no solo como destinataria de los servicios producidos sino también como contribuyente directo o indirecto y usuario de atención de salud.
  • Los sistemas de información en el sistema de salud pública.
  • La tecnología en la salud pública, recursos físicos y tecnológicos.

 

3.- Propuestas orientadas al mejoramiento de las Políticas de Salud Pública en América Latina:

3.1- Antecedentes, reformas, generación de reformas.

A partir de los años ochenta se han iniciado procesos de reforma del sector salud en casi todos los países latinoamericanos, que tienden a favorecer la participación del sector privado en la gestión del financiamiento público y la provisión de servicios, con la consiguiente reducción de los servicios públicos prestados por el Estado.  Como resultado de esta tendencia, durante las últimas décadas, en varios países se han creado administradoras de fondos y redes de proveedores privados para la atención de los más pobres. Sin embargo, este proceso se desarrolló bajo el convencimiento de que era necesario fortalecer la capacidad reguladora de los estados, para garantizar la provisión universal de un paquete de prestaciones a toda la población. Otro aspecto común a las reformas en los distintos países fue la descentralización de los establecimientos públicos, la separación del financiamiento y la provisión pública, la introducción de contratos entre sector público y privado y el impulso a la participación social. Igualmente observamos al analizar los cambios legislativos recientes en materia de salud se advierte que los gobiernos han asignado prioridad a la reposición del papel del Estado, como prestador y regulador, en la descentralización de la gestión de los servicios, la promoción del sector privado y el control de la escalada de costos. Por ejemplo en Venezuela, los cambios legislativos han tomado dos direcciones: el desarrollo de la estrategia de promoción de la calidad de vida y la salud, y la puesta en práctica de la Misión Barrio Adentro, que contempla la creación de 600 clínicas populares, 8.000 consultorios populares, 600 centros de diagnóstico integral, 600 centros de rehabilitación integral, 35 centros de alta tecnología, todos ellos programados y en construcción.

 

La necesidad de enfrentar los problemas de exclusión social e inequidad en salud exige implementar políticas e instrumentos para avanzar hacia la universalización de las coberturas de servicios de salud. Asimismo el constante aumento de los costos, que conlleva el avance tecnológico, el crecimiento de la demanda y de los requerimientos financieros, implica que las mejoras de eficacia y contención de costos sean puntos centrales en la definición de políticas de salud, que a su vez incluya la compensación de brechas entre regiones y entre grupos socioeconómicos. Las reformas del sector de salud deben contemplarse como algo más que un simple proceso tecnocrático o de gestión. Forman parte de una transformación política que comporta debates, con una amplia participación de diversos actores sobre las estrategias más adecuadas para avanzar. En algunos casos, la reforma sanitaria forma parte de un proceso de democratización que está

cambiando el papel que desempeña el gobierno y el sector público en muchos países. Estos procesos, en muchos casos, van acompañados por cambios en la relación de las instituciones y los profesionales de la salud con sus usuarios.

 

3.2- Propuestas de Acción para la implementación de Políticas efectivas en el Sistema de Salud Pública en América Latina.

 

 

Las propuestas en el nivel macro comprenden la decisión sobre los recursos óptimos para salud, la configuración de sistemas globales de salud, los mecanismos de transferencia de recursos y los papeles que les corresponde desarrollar al Estado, propuestas estas que señalamos en función a su nivel de la manera siguiente:

 

  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes.
  • Fortalecer y avanzar hacia la universalización de las coberturas, implementándose mecanismos de ajuste de riesgos, para hacer frente a los problemas de exclusión social e inequidad en salud. o Definir paquetes básicos de garantías explícitas o planes mínimos obligatorios de prestaciones, como una forma de avanzar hacia sistemas integrados de salud que sean capaces de proveer de cobertura oportuna y de calidad a toda la población, de manera independiente a su riesgo e ingreso.
  • Avanzar en una mayor supervisión de los sistemas de salud, estableciendo un marco regulatorio que promueva la equidad y la eficiencia.
  • Focalizar los esfuerzos de cobertura y equidad en los grupos más vulnerables y expuestos a mayores riesgos, ello es necesario particularmente en los países cuyo esfuerzo interno actual es insuficiente o en aquellos cuyo nivel absoluto de gasto es muy bajo.
  • Propender a la configuración de sistemas de salud que definan los ámbitos y establezcan las formas de coordinación entre los distintos sub-sectores con mecanismos de suspensión adecuados.

 

  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • El Estado ha de seguir siendo hegemónico en los aspectos normativos, de política, seguimiento y control. Deberá mantener un papel central en las medidas redistributivas para generar mayor cobertura y equidad y en las acciones destinadas a mejorar la capacidad de negociación de las personas y comunidades frente a los proveedores de salud.

 

Las propuestas en el nivel micro corresponden a acciones y mecanismos  que inciden en el rendimiento y eficiencia productiva de los sistemas de salud, a la vez que afectan directa e indirectamente la cobertura y la equidad.

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género, adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos.
  • implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud. Existe consenso respecto a que las estructuras de los sistemas de salud deberán ser descentralizadas y desconcentradas.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos. Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones y profesionales de la salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.

 

4.- Soluciones que plantea el Equipo de Trabajo.

Se sostiene que  para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio relacionados con el sistema de salud pública de los países de América Latina deben seguir un proceso el cual debe estructurar un esquema efectivo que analice la problemática, el  panorama de la situación y tendencias de la salud pública y sus determinantes, ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias para reducir las desigualdades existentes entre los países y las inequidades al interior de ellos. Estas estrategias deben permitir seguir avanzando en la protección social de la población, mediante sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria de salud y políticas públicas saludables construidas con la participación de la comunidad y conducidas por autoridades sanitarias sólidas y respetadas. Las soluciones basadas en los fines y medios para alcanzar la efectividad de las políticas de salud pública en América Latina se presentan en relación al problema planteado de la manera siguiente:

 

  • Acceso equitativo a los servicios de salud; desarrollo y capacitación de recursos humanos, orientados a la búsqueda de la equidad, las intervenciones para mejorar la salud tienen que priorizar a los más pobres, a los marginados y a los vulnerables. Los pueblos indígenas y las comunidades tribales deben ser priorizados.
  • Reducir las inequidades en materia de salud, incluidas aquellas vinculadas a la pobreza, la marginación, el género, la raza o etnia y la edad; avanzar en materia de protección social en salud; extender la cobertura de las intervenciones más críticas; aumentar los niveles de gasto público corriente y de inversión del sector y la calidad de la asignación de recursos sectoriales.
  • Reorientar los servicios de atención de la salud sobre la base de una nueva estrategia de atención primaria, que promueva la participación activa de todos los usuarios del sistema, fortalecer la infraestructura en salud pública y avanzar en la formulación y puesta en práctica de políticas y medidas intersectoriales.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género. Adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos. Asimismo, implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas
  • Los países de América Latina deben promover un aseguramiento público masivo en materia de salud, como parte de las reformas en sus sistemas generales de seguridad social  y en  los modelos de atención integral en materia de salud.
  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes, así como las limitaciones presupuestarias.
  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • Perfeccionar el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos.
  • Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones.
  • Definir una política de desarrollo tecnológico, lo cual significa establecer el nivel tecnológico objetivo para el sector salud y especialmente, para la producción estatal de salud; fijar los sectores de punta; incorporar los avances tecnológicos acordes con disponibilidades propias de factores productivos y las condiciones socioeconómicas de las personas y comunidades.
  • Establecer sistemas que permitan discriminar las prioridades de atención requeridas dada la naturaleza de la morbilidad y su severidad, dotando a los establecimientos de capacidad resolutiva y adecuados sistemas de derivación y seguimiento de los pacientes.

 

  • Mejorar el desempeño profesional mediante la adopción de normas y actividades de educación permanente.
  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud.
  • Dotar de mayor flexibilidad interna y autonomía a los sistemas de salud, para efectuar con dinamismo los cambios de organización, métodos y formas productivas necesarias para una mayor efectividad y eficiencia.
  • Contar con capacidad de gestión gerencial en todos los niveles de las organizaciones y liderazgo en administración de salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.
  • Estas propuestas señalan cursos de acción para optimizar el bienestar en salud de las personas y comunidades, es decir, aumentar la calidad de las atenciones y reducir los costos, mejorar tanto la cobertura como reducir las disparidades, y aumentar la eficiencia productiva y global de los sistemas de salud de la región.

 

En este orden las políticas de Salud en América Latina deben asegurar entre otras:

 

  • Garantía de acceso, conforme a la cual todos los individuos deberán recibir atención y formar parte de una red de salud.
  • Garantía de oportunidad, para todos los extractos de las clases sociales.

 

  • Garantía de calidad, que establece que las prestaciones seguirán patrones de exigencia técnica preestablecidos y construidos a partir de pruebas de evidencia médica.
  • Avances tecnológicos y adecuada dotación de los recursos que permitan la prestación de un servicio de salud pública eficiente.

6.-  Matriz FODA “POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA  EN AMÉRICA LATINA”

Fortaleza

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

-Los Avances obtenidos en el área de investigación

 

-Recursos presupuestarios para dotar de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura a la red institucional de servicios públicos de salud.

 

-Profesionales en el área de Salud de elevada calidad.

-Cambios normativos en relación con la salud

-Las reformas de los sistemas de salud.

-Los programas de salud puestos en marcha.

-Reducciones de las tasas de fecundidad y mortalidad

-Los sistemas de salud que  incluyen diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud.

-La inequidad en la atención de la salud.

-Condiciones económicas de la población (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida y exclusión social).

-Ineficiencia en los servicios de salud.

-El insuficiente seguimiento, evaluación y reorientación de los servicios  de salud

-Baja calidad y la ineficiencia de los servicios.

-La brecha entre la cobertura pública de salud  urbana y rural

 

-La falta de articulación entre las lógicas que rigen los sectores privado y público de salud.

-Inaccesibilidad de los servicios de salud debido a la escasez de medios de transporte y de comunicación  en algunas zonas.

-La intensificación de movimientos migratorios y a la demanda de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas  de la región.

-La insuficiente capacidad de gestión, tanto de las entidades territoriales responsables como de las redes de prestación de servicios de salud.

-Las deficiencias en los procesos de vigilancia y control.

 

-Los retrasos sistemáticos en el flujo de recursos, lo que genera condiciones de insostenibilidad en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud.

-Capacidad de los gobiernos para responder a los problemas de salud de su población.

-Transformaciones del perfil epidemiológico y demográfico.

-Exposición desigual a los riesgos de salud en los diversos grupos poblacionales.

-El limitado acceso a los servicios de salud.

 

ABOGADO: Ana Beatriz Arriba

LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

abogado

INTRODUCCIÓN

Los(as) ciudadanos(as), independientemente de la raza, credo o sexo, tienen derecho a buscar calidad de vida en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. En este sentido, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Es de resaltar que, la separación entre el aspecto económico y social ha tenido consecuencias adversas para las mujeres en el ámbito político, en donde los problemas de las mujeres solían ser relegados a las políticas sociales con escasos recursos y de poca prioridad.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008), algunos datos muestran la amplitud y extensión de la actual participación laboral remunerada femenina: en Estados Unidos, la tasa de actividad femenina es de 70%, en Europa oscilan entre el 48% en España y el 74% en Suecia, en América Latina las tasas de actividad femenina en áreas urbanas fluctúan entre 34% y 50%. En América Latina las tasas de participación laboral de las mujeres más pobres se incrementaron más acentuadamente en la década de los 90, impulsada por mayores necesidades de sobrevivencia.

En otro orden de ideas, a pesar de  contar con mejor educación, el ingreso de mujeres no solamente sigue siendo menor al del hombre en sectores considerados tradicionalmente femeninos, y en sectores no estructurados. Por otro lado, la labor se realiza en condiciones de desprotección social, dado que la proporción de las féminas que no tiene seguridad social es superior al porcentaje de hombres. Aunado a ello, el tema relacionado con la maternidad, la familia y el trabajo crea intranquilidades desde el punto de vista social que deben ser resueltas, tanto en los valores, los roles y las prácticas sociales.

Dado lo expuesto con anterioridad se puede decir que, la desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niños(as), ancianos(as), enfermos(as), entre otros) en las mujeres.

En cuanto a Venezuela, se han implementado políticas públicas, que contemplan la atención y protección de la ciudadanía, con énfasis en la familia como núcleo social y en los grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres. Las acciones del Estado consideran las necesidades reales y sentidas de la sociedad, apoyándose en leyes que garantizan el respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en este marco las comunidades como grupos sociales y sus miembros como individualidades, cobran un protagonismo como nunca antes en la historia del país, reflejando la democracia participativa y protagónica que se establece en el texto constitucional.

Es de resaltar que, en la última década se han sancionado leyes tendientes a la dignificación de la vida de la mujer, como son: la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), Ley sobre la Violencia contra la mujer y la Familia (1999), que fue rápidamente trascendida dando paso a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), una de las leyes más modernas en el mundo en cuanto a protección de la mujer, al tipificar diecinueve formas de violencia basada en género y establecer sus sanciones. Además de contemplar la formación en género de la ciudadanía, con el propósito prevenir la violencia. La formación de las ciudadanas y los ciudadanos para la prevención de la violencia basada en género, es esencial en función de una cultura social de igualdad y equidad.

Sin embargo, la participación de las mujeres a la vida socio-productiva no va acoplado con lo social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados, lo que genera aprietos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, como consecuencia de esta situación muchas veces abandonan la formación profesional y cualquier iniciativas productiva.

En este sentido, la investigación tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En cuanto, al tipo de investigación ésta es  documental, con un nivel descriptivo.

De allí que esta investigación se apoyara en las siguientes teorías: teoría feminista, para la cual el feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración; la teoría de roles sexuales, se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres. En este caso, se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza; y la teoría de género, para esta teoría el género pasa a estar determinado de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio

De este modo el presente estudio tiene como objetivo general analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para ello, este trabajo de investigación se estructuró de la siguiente forma: El primer lugar el capítulo I,  contiene el Contexto Empírico, conformado por la caracterización del objeto de investigación, los objetivos de la investigación, objetivo tanto general como específicos y la justificación de la investigación. En segundo lugar, el capítulo II, constituido por el Contexto Teórico, en este caso, los antecedentes de la investigación, teorías de entrada, aspectos conceptuales y la fundamentación legal. En tercer lugar, se presenta el capítulo III Contexto Metodológico: tipo de investigación, método y las técnicas de recolección de información, procedimiento y finalmente se presentan las referencias. Y en cuarto lugar, se tiene el  capítulo IV, el cual trata el Contexto Crítico, las conclusiones y recomendaciones y finalmente se presentan las referencias y anexos.

AUTOR: Ana Arriba

San Joaquín de Turmero, Edo Aragua, Venezuela. Junio, 2016

CAPÍTULO I

CONTEXTO EMPÍRICO

Caracterización del Objeto de la Investigación

 

La igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con los derechos humanos, para Bordarampe (2008),  la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad…que han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles”. Dado que, los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a realizar ciertas acciones y les impide hacer otras. En este orden de ideas, entre los derechos de la mujer se tiene: derecho a la salud integral, derecho a la integridad física y a una vida libre de todo tipo de violencia. Es así como, para Uzcategui (2009), la movilización e incorporación activa de la mujer durante estas últimas décadas ha logrado imponer reformas legislativas en el campo social, familiar y del trabajo, tal es el caso del acceso a los anticonceptivos, la legalización del aborto (presente en la mayoría de los países), las guarderías en los lugares de trabajo, la protección a la maternidad, al divorcio, la patria potestad, la igualdad para ejercer cargos públicos. Asimismo, en el aspecto político, específicamente en lo que se refiere al derecho al voto, constituye otro avance en la lucha de las mujeres por su igualdad social.

 

Por otro lado, se considera que la diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En este caso, se percibe el machismo como un obstáculo para la participación política de las mujeres, constituyéndose en una barrera para ocupar cargos importantes en la función pública. Por otro lado, el machismo también se percibe como una causante de violencia en contra de las mujeres. Hoy más que nunca, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), la mujer juega un papel importante en este proceso de transformación y de cambios que vive el mundo. Su lucha por romper las inequidades sociales, por la inclusión, por alcanzar calidad de vida, desde su puesto de lucha es fundamental. En este sentido, la igualdad plena entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la sociedad, es crucial para garantizar los derechos humanos. El desafío va más allá de una distribución equitativa de las oportunidades, requiere que los temas económicos incorporen todo un abanico de experiencias y percepciones, concretamente las de la mujer, que hasta ahora han quedado excluidas del discurso. Conforme se vaya valorando la contribución de la mujer, el resultado será una civilización más pacífica, equilibrada y próspera. Cabe destacar que, la Organización internacional del Trabajo OIT, (2008), en un documento que trata el tema de las mujeres, el género y la economía informal plantea lo siguiente:

 

                Después del decenio de 1990, las tasas de participación en la fuerza de trabajo entre las mujeres de América Latina han aumentado en mayor proporción que las de los hombres, si bien las mujeres tienen una representación simbólica inferior a la mitad de la fuerza de trabajo total, padecen niveles más altos de desempleo, no se han movido de su estructura ocupacional y están excesivamente representadas en la economía informal…

 

En función de lo antes expuesto, en cuanto a la incorporación de la población femenina a la actividad económica, está presente la discriminación, debido a que la tasa de desempleo para las mujeres en América Latina es superior con relación a los hombres. Es decir, el desempleo ha afectado a toda la población pues ha aumentado sustancialmente para ambos sexos, pero en el caso de las mujeres es mayor.

Dicho de otro modo, la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, con relación a los hombres, tanto en las actividades productivas como en las reproductivas y en la distribución del beneficio económico, ha generado una desventaja económica de ellas en el empleo, las remuneraciones, capacitación para el trabajo y disponibilidad de medios productivos; requiriendo de estrategias y acciones encaminadas a garantizar la inserción de la mujer en la producción, en condiciones de igualdad entre los sexos y asignarle la debida importancia a la reproducción social como generadora de valor agregado. 

Es de resaltar que,  para Morillo (2006), Venezuela era una sociedad agrícola-pastoril, donde el trabajo de la mujer era tan importante para la supervivencia del grupo familiar que era apreciado y reconocido socialmente. Pero el desarrollo industrial ha venido cambiando profundamente la vida de las mujeres venezolanas. En principio las mujeres inmigrantes de los campos, tenían serias dificultades para integrarse al trabajo asalariado, por lo *que primero ingresaron los hombres y ellas fortalecieron su condición doméstica y de dependencia económica.

Este cambio de ambiente del campo al industrial-urbano, con el contraste entre el trabajo remunerado y el doméstico, comienzan a ejercer serias diferencias; el trabajo doméstico se convierte en una actividad que aísla a la mujer y la despoja de la posibilidad de continuar abasteciendo a su hogar de bienes y servicios de primera necesidad. Además, la misma familia y la mujer urbana pasan a consumir una creciente y diversificada masa de bienes y servicios que el mismo sistema mercantilista incita a consumir. Luego en una fase más avanzada del mismo capitalismo, la mujer es absorbida como mano de obra asalariada.

Esta absorción dependió de la capacidad del sistema económico para generar nuevos empleos; en este sentido, el crecimiento económico tuvo un efecto positivo relacionado con el incremento de la tasa de salarios, que a su vez incidió en la decisión de la mujer de entrar al mercado laboral remunerado dado el costo de oportunidad implícito por quedarse en el hogar.

Para Risopadrón y Rodríguez (2004), el crecimiento de la actividad laboral femenina a partir de finales de los años 80, no sólo ha sido la principal causa del aumento del desempleo, sino que además ha generado una masa laboral más vulnerable y desprotegida que la masculina dadas algunas leyes que en lugar de proteger, más bien marginan.

También en Venezuela (véase anexo A) a diferencia de otros países, la incorporación de la mano de obra femenina se produjo en un momento de recesión económica, impulsada justamente por la caída de los ingresos de su familia, más que por un proceso de modernización económica, lo cual limita las características de la fuerza de trabajo femenina que se incorpora en el mercado laboral sin la posibilidad de invertir en su formación y capacitación para competir exitosamente.

Sin embargo, para Boza (2004) el hecho de que la mitad de la población económicamente activa de Venezuela, sea femenina y buena parte esté desempleada u ocupada en el sector informal con niveles superiores a los masculinos, representa un impacto comercial mayúsculo pues hoy la noción de la mujer al cuidado de los niños que tenían sólo tiempo para pagar las facturas de la electricidad, que sale de compras en la mañana y con tiempo para ver las telenovelas, no existe.

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas INE, (2014) “son las mujeres el grupo con mayor tasa de desocupación en el país.”. Más recientemente, de acuerdo a lo publicado en el diario El Nacional, el lunes 25 de Marzo de 2014, para el INE: “en el mes de enero de 2014, la tasa de desocupación se ubicó en 9,5%”. Asimismo según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013),  Venezuela solo quedaría por detrás de Colombia, que tenía al final de este mismo año, un índice de desempleo de 10,6.

Es importante señalar que la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, es considerada violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el artículo 15, numeral 11. Mientras tanto, la violencia de género en el ámbito laboral, se manifiesta en varias formas incluyendo el hostigamiento y abuso sexual y la negación de los derechos laborales vinculados a la salud reproductiva.

Al mismo tiempo, a la falta de datos (tales como proyecciones en el tiempo, agrupación por localidad geográfica, grupo social, sector económico, entre otros) registrados y confiables, no existen reportes de información y estudios sobre las causas del problema y sus posibles soluciones que se pueden producir con el análisis de estos datos.

Es decir, las causas surgen por diversos factores cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones de empleo son precarias: discriminación social de las mujeres, creciente pobreza, ignorancia. Mientras tanto, las consecuencias las trabajadoras afectadas no logran acceder a los puestos que deberían ocupar según la formación y experiencia y terminan aceptado otros cargos.

Dado que esta situación de vulnerabilidad de la mujer es cultural e histórica, se requiere, por otra parte, incidir en los patrones culturales mediante la comunicación, información y sensibilización para crear conciencia y contribuir a edificar una cultura y ética de género, que sólo se obtendría por difusión de información y mediante la formación y capacitación educativa.

Cabe considerar, por otra parte que en los ámbitos regionales y municipales del país, esta realidad es similar y en este caso especifico, debido a la problemática percibida se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género?, la cual será mostrada en el desarrollo progresivo de la investigación.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General.

Analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.

Objetivos Específicos

  1. Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación.
  2. Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  3. Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  4. Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género.

Justificación de la Investigación

La elección del tema que trata la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de las leyes sancionadas para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En este sentido, plantea como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Es decir reconoce  el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad.

Por otro lado, se establecen los derechos económicos de la mujer, donde se enfatiza la participación de esta en el área productiva, el acceso a créditos, así como también el acompañamiento técnico constante en todo el proceso. Además de que en el caso de la obtención de vivienda principal tiene prioridad.

En cuanto a, las beneficiarias de la investigación son las mujeres y las organizaciones gubernamentales o no, que manejen el tema, que tienen en este insumo fuente de información para comprender su situación jurídico-política y la de orden social que se le puede presentar en tal sentido.

Mientras que, la justificación teórica de la investigación tiene que ver con los constructos descritos, argumentados y analizados por la autora, lo cual podrá servir de fundamentación para investigaciones futuras que sobre el tema traten. Pues, complementa el conocimiento de la evolución de la mujer en el ámbito económico, para lograr entender la realidad en la que se encuentran en cuanto a condiciones y medio ambiente laboral, tomando en cuenta la situación sociocultural en la que está sumergida, en una sociedad que aún en estos días sufre de discriminación y prejuicios laborales.

En lo que tiene que ver con la metodología, el estudio se enmarca en una investigación documental. Como técnicas de recolección de la información se emplearon los protocolos propios de este tipo de investigación, es decir la recopilación de textos, documentos, leyes, normas, trabajos y otros. Ahora bien, la contribución de esta investigación viene dada en la medida en que logre estimular la conciencia de las mujeres, de manera que ellas mismas traten de buscar la solución. Asimismo, generar las condiciones para que se dé la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.

En lo que corresponde al nexo de la investigación con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, es necesario señalar que, un nuevo pacto social es imprescindible tomando en cuenta la labor social integral que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y en la transformación de un sistema social laboral que incluya la convivencia entre ambos sexos en condiciones de igualdad.

CAPITULO II

 CONTEXTO TEÓRICO

En lo que tiene que ver con el contexto teórico, la autora de la investigación, tomo en cuenta, diversas informaciones contenidas en documentos que guardan relación directa con el objeto de estudio. En ese sentido, se presentan antecedentes, teorías de entrada, aspectos conceptuales y fundamentación legal.

Es de resaltar que, para Sabino (2010) el contexto teórico cumple con la función de situar el tema investigado dentro de un conjunto de conocimientos que van a permitir orientar la búsqueda de información y que a partir de ésta se conceptualicen adecuadamente los términos que se usan. Es por ello que el punto de partida para este apartado son los conocimientos, ideas o concepciones previas que tengan la investigadora en relación al objeto que se aborda.

Por otro lado, Hernández y otros  (2010) señalan que el contexto teórico incluye la revisión, detección, obtención y consulta de literatura que contribuirá a resolver el problema planteado, así como también debe realizar la extracción y recopilación de la información relacionada con el tema investigado y una vez efectuados estos pasos se produzca la construcción del contexto teórico.

 

Antecedentes.

A continuación se presentan investigaciones que se relacionan con el tema objeto de estudio, de los cuales se podrá sustraer información que dará sustento al contenido de la misma.

A nivel internacional.

De igual forma, se presenta la investigación desarrollada por Ruíz (2012), denominada: Análisis de los Factores que Dificultan el Empoderamiento de las Mujeres, la cual fue exhibida para optar al título de Maestría en Desarrollo Local Sostenible, en un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, Universidad del Salvador y la Universidad de Alcalá de Henares. El objetivo general de este trabajo fue: describir los factores del desarrollo local sostenible que dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche, en la zona rural del municipio de Chinandega, Nicaragua.

En lo que tiene que ver con la metodología, se utilizó la entrevista y encuesta para la obtención de información, aplicada a las productoras de semilla de Ojoche e informantes claves identificados como agentes locales del proceso productivo. En los resultados se encontró que los factores que limitan o dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche en estas comunidades son el bajo nivel académico (73% nivel de primaria), poca participación en el funcionamiento de la organización (APOCHE), no tienen conocimientos sobre comercialización, no tienen capacidad financiera, ni prendas hipotecarias para ser sujeto de préstamos ya que la producción de la semilla de ojoche es estacionaria, lo que obstaculiza el desarrollo de una economía sostenible.

Entre las conclusiones se puede mencionar que los factores que se determinaron como limitantes al empoderamiento son los siguientes: 1) Entre esos factores encontramos el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria. 2) Hay divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización y esta difiere según la ubicación geográfica en la Bolsa y La Mora aproximadamente el 7% y en Cinco Pinos 30% de sus miembros conocen el reglamento y participan en la elaboración del plan de trabajo trimestral de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE); lo que demuestra la debilidad de la organización. 3) No manejan los conocimientos sobre comercialización, ya que esta es actividad exclusiva de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE) a diferencia de las productoras de Cinco Pinos que ellas mismas comercializan el producto.

Con base a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el estudio que precede guarda relación con la presente investigación ya que, presenta una relación directamente proporcional entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de la economía sostenible, considerando como elementos que minimizan este empoderamiento: el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria; divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización; no manejan los conocimientos sobre comercialización. Lo cual debe ser tomado en cuenta en todas las áreas en que se desenvuelve la mujer.

Asimismo, se exhibe el estudio realizado por Lois (2013), titulado: Políticas Públicas de Comunicación sobre Salud de la Mujer. Acciones comunicacionales sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la perspectiva de género, presentado para optar al título de Maestría en Género, Sociedad y Políticas, en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Es de resaltar que, el objetivo general fue: Explorar e identificar los componentes de género presentes en los mensajes dirigidos a mujeres en relación a su salud, elaborados por la Dirección Nacional de Maternidad e  Infancia en el programa nacional de salud sexual y procreación responsable de salud en argentina 2005 y 2012.

En lo que tiene que ver con la metodología usada fue cualitativa, (dado que se trata de un estudio exploratorio-descriptivo), la cual permite dar cuenta de los fenómenos de comunicación social en mayor profundidad y permite, además comprender el proceso mediante el cual se construyen los significados y las realidades sociales. A través de técnicas cualitativas como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el relevamiento documental.

En relación a, las conclusiones de la investigación se destaca que es posible observar en los materiales analizados la proposición esquemática de dos modelos o tipos de mujeres, por una parte la mujer como primordialmente madre cuya principal función es el cuidado y crianza de sus hijos e hijas, donde este rol es asumido como el espacio de la cristalización de los valores elevados de la sociedad, una madre tradicional que representa el refugio afectivo de sus hijos (as).  Por otro lado, aparece una mujer que no se ajusta a este modelo y genera discursos que intentan poner en cuestión de valores anteriormente mencionados, poniendo como prioridad la sexualidad y reproducción elegidas.

Con respecto, a la contribución a la investigación, tiene que ver con la postura de la mujer en cuanto a la  salud materna, sexual y reproductiva, desde la perspectiva de género, observándose dos tipos de mujeres: tradicional donde asume el rol impuesto por la sociedad y otra que se revela ante esta situación, emite opiniones y toma decisiones en cuanto a su sexualidad.

Para finalizar, se presenta la investigación elaborada por Muñoz (2013), la cual se denominó: Diseño de Evaluación de Resultados Intermedios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en Entidades Federativas y Municipios, presentado para optar al título de Maestría en Políticas Públicas, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Es de resaltar que el objetivo general fue: contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional, a través de actividades que coordinen y promuevan las instancias públicas responsables de la igualdad de género en las entidades federativas y municipios, orientadas a desarrollar sus capacidades y disminuir la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre mujeres y hombres.

En cuanto a la metodología, la operación de evaluación de resultados se realizó a  partir de técnicas de investigación documental y de campo, para obtener información acerca del diseño y operación del programa con la finalidad de efectuar el análisis cuantitativo y cualitativo  para valorar los resultados el propósito, componente y actividades. Ahora bien, en la evaluación correspondiente a la pertinencia y lógica del diseño, la investigación fue básicamente documental y se consultaron fuentes generadas por las diferentes áreas del Instituto de la Mujer (INMUJERES) involucradas en el diseño del programa, así como la normativa que lo rige. También se realizaron entrevistas y mantuvieron sesiones de trabajo para ahondar en el análisis de la información.

Por otro lado, la investigación de campo adquirió mayor peso que la documental para valorar el proceso, los productos y servicios generados en la operación del programa y sus contribuciones al logro del propósito, en esta etapa se sumaron a la investigación de acuerdo con los indicadores  y criterios relacionados con la producción de resultados ( gestión, desempeño, procedimientos, procesos) todos los registros, instrumentos y base de datos que las unidades administrativas responsables del programa, de acuerdo a las áreas y procesos de operación.

En cuanto a las conclusiones se expresa: es importante en trabajos a favor de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, identificar claramente el ámbito y las rutas que se optaran con el fin de que el subsidio utilizado en este tipo de programas sea el idóneo. Pues, mientras no se señale con precisión cuales son los resultados e impactos esperados, utilizando los indicadores precisos de los programas gubernamentales que se llevan a cabo, estos seguirán sin una incidencia real.

Es de resaltar que, la autora de la presente investigación considera que el trabajo de grado antes planteado guarda relación con el tema objeto de estudio, pues plantea la necesidad de tener datos precisos sobre ubicación, edad, sexo, para obtener resultados que permitan elaborar un plan, programa o proyecto con perspectiva de género.

A nivel nacional

Inicialmente, se toma como antecedente el trabajo de investigación elaborado por León (2011), que lleva por título Aplicabilidad de los Instrumentos Internacionales en relación a los Delitos de Violencia Contra la Mujer. Presentada para optar al título de Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas División de Estudios para Graduados Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro, en la Universidad del Zulia. En este sentido, el objetivo general, planteado fue: analizar la aplicabilidad de los instrumentos legales internacionales incorporados dentro del sistema jurídico venezolano ante la comisión de los delitos de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, la metodología empleada fue documental que incluyó una indagación bibliográfica y consistió en la revisión y compilación de material teórico, documentos, proyectos, instrumentos legales del área de estudio.

Se concluye que los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia son indubitable e indiscutidamente derechos humanos, amparados legalmente en el ámbito nacional mediante la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014) y en tratados internacionales cuyas normas deberán ser aplicadas con preferencia a las leyes internas por parte de los Tribunales y demás órganos del Poder Público.

En este caso, el trabajo desarrollado por la autora previamente citada tiene relación con la presente investigación, pues señala la importancia de los instrumentos legales internacionales en los casos de violencia contra la mujer, como son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, siendo esta la más relevante, pues trata el tema de la evolución del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

Es este sentido, se destaca, que estas leyes internacionales impulsaron en Venezuela, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), al reconocer el respeto irrestricto a los derechos humanos de la mujer.

Luego, se tiene la investigación que ha sido realizada por Yunes (2013), titulada: Políticas Públicas para Mujeres y Equidad de Género, que constituyó un trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El objetivo general de este estudio fue: analizar las políticas públicas para mujeres y equidad de género. En este caso, la Metodología se trató de un estudio documental, de modalidad jurídico dogmática, de nivel descriptivo con un método deductivo-analítico.

En cuanto a las conclusiones: la política pública de igualdad de género y la equidad, incluye de manera efectiva la disposición de estrategias integrales de reconocimiento, promoción y materialización de la igualdad entre hombres y mujeres, en lo inherente al espectro de la política pública de equidad de género en Venezuela, asumiendo que el efecto expansivo de la comunidad internacional en materia de enfoque de género, que por tanto se traslado al ámbito interno.

Entre las recomendaciones se tiene: a la Asamblea Nacional: Para que, mediante la presentación de una ley marco establezca normas imperativas para lograr el reforzamiento de los derechos y actuación de la mujer dentro de la sociedad política, de manera tal que se impongan deberes y obligaciones efectivas que garanticen la presencia de éstas en actividades de distinta índole con igual proporción al género masculino. Asimismo, a los órganos de representación de las mujeres: Para que, organicen instancias de orientación, asesoría y consulta de las féminas para la concreción de acciones preventivas y contingentes  que puedan incidir en su protección y resguardo dentro de los distintos ámbitos en los que pueda tocar desenvolverse en procura de su desarrollo y existencia.

En otro orden de ideas, en opinión de la autora de la investigación las conclusiones presentadas por Yunes (2013) son de gran relevancia y constituyen un aporte significativo por cuanto se plantea que la política pública de equidad e igualdad de género sirve para el desarrollo social en lo que respecta a la dignidad humana de la mujer.

Teorías de Entrada

 

En el desarrollo, de la investigación se presenta un conjunto de propuestas teóricas que explican científicamente la consistencia del objeto de estudio dentro del ámbito disciplinario que sirvió de contexto para la comprensión de lo tratado dentro del ámbito apropiado de las ciencias políticas y dentro del orden humano.

 

Teoría Feminista

 

En el contenido, del estudio se debe atender a los referentes aducidos en la teoría feminista de acuerdo a lo expuesto por  Mesonero (2010) que indica lo siguiente:

El feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración. El término androcentrismo es el más utilizado en la literatura feminista antropológica para referirse a la forma de producir conocimiento desde valores hegemónicos masculinos o posiciones autocentradas en el hombre como eje de la vida social. En la actualidad existen dos posiciones en cuanto a femenino y a mujeres se refiere: una, rechaza la inferioridad natural de lo femenino y la otra, define la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural. (p.24).

 

 

En la perspectiva expuesta, por la fuente se considera de manera particular que deben corregir la tradicional concepción de que la mujer era atendida de criterios de inferioridad partiendo de que se otorgaba al hombre mayor valoración asumiendo que podía presentar mejores resultados.

El contenido de tales apreciaciones, se fundamenta en la base de un diagnóstico de un problema que debe contribuir en corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto  que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

En el orden expuesto, se tiene que se rechaza la inferioridad natural de lo femenino, es decir, en principio se entiende que hay que establecer un mecanismo en el cual desde el plan de acción y visión debe contribuir a la asunción de criterios con objetividad para mantener valorativamente en el mismo plano tanto a hombres, como a las mujeres al otorgarles el mismo referente. En otro orden, se tiene que la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural, los proponentes de esta vertiente asumen que la condición de féminas debe adoptarse en la determinación de la desigualdad producto de la naturaleza de la persona para suministrarle una protección especial.

Por ende, se entiende que las teorías feministas se presentan en una dialéctica, entre los que se consideran  a la feminidad sin tomar en cuenta la diferencia natural en virtud de que lo más relevante son las capacidades de las personas y otros que asumen que tal particular no es relevante pues la diferenciación antropológica solo se supedita a una protección especial.

En lo inherente, a la relación de la teoría con el objeto de estudio, se entiende que la feminidad debe tomarse en cuenta para establecer los indicadores con los que debe tratarse a la mujer que deben servir para precisar la equidad e igualdad de género.

Teoría de Roles Sexuales

En la misma secuencia, se presenta la teoría de los roles sexuales como forma de estructura de la sociedad civil y política, asumiendo lo que Beitel (2006) indica:

 

La teoría de los roles sexuales se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres y es relevante desde el punto de vista psicológico porque se asocia con la definición de sí–mismo, con las interacciones entre hombres y mujeres, y con las relaciones sociales. (p.76).

 

 

Dentro de los particulares esgrimidos, en la teoría propuesta se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico.  

En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

Se tiene en cuenta, que la fijación de esta forma de estereotipos considera lo de orden bio-psico-social para entender que el hombre y la mujer tienen condiciones antropométricas divergentes que los sitúan y supeditan a formas o tipos de actividades, de allí que no se presenten formas de estándares homogéneos para considerar los desenvolvimientos de las personas en actividades concretas.

En principio, la teoría de roles sexuales, sirve de base para comprender como hombres y mujeres se desempeñan en funciones inter especificas dentro de la sociedad así como los nexos y posiciones que deben asumir frente a la colectividad en la que les toque desenvolverse. 

Es claro, que las determinaciones de la teoría expuesta contribuyen a asimilar que el hombre y la mujer se sitúan en la realización  de tareas de distinta índole que pueden ser alternativas y complementarias de allí que la diversidad de género sea entendida como la combinación subjetiva necesaria para el bien de la colectividad.

En lo que respecta, a los roles sexuales estos deben ser incluidos dentro de las políticas de organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad, al considerarse en esencia que las funciones que presentan son fundamentales  para el logro de las finalidades y objetivos que se propongan.

En lo que estriba, al nexo entre la teoría propuesta y el objeto de investigación se debe tomar en cuenta que la determinación de la situación de los roles sexuales se considera como punto de partida en virtud de que se deben establecer medidas de orden protector que garanticen la igualdad de la mujer frente al hombre en el contexto de la sociedad.

Por otro lado, se tiene el nexo de la teoría con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, donde la condición de los roles sexuales, debe ser reconocida por las reformas normativas e institucionales del Estado, que deben resguardar el contenido de la sociedad y servir de base para su desarrollo integral. 

Teoría de Género

El contenido, de la visión de género se encuentra recogido en el marco del conocimiento científico disciplinario, según Hawkesworth (1999) que señala:

 

Los esfuerzos más ambiciosos que he encontrado por teorizar el género de maneras que conecten la psique, el self y las relaciones sociales (…). Cada una de estas explicaciones se presenta como un análisis sistemático feminista del género. Cada una de ellas examina los múltiples ámbitos del género, que incluyen símbolos culturales, conceptos normativos, instituciones sociales e identidades subjetivas (…). Cada una empieza con la premisa de que el cuerpo está socialmente constituido y culturalmente mediado. Y cada una expone argumentos que desafían presupuestos fundamentales de la actitud natural (p.9).

 

 

Vistas las cosas así, se entiende de acuerdo con este dogma que la consideración constitutiva de los géneros pasa a estar determinada de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio.  Lo cual revela, que todo dependerá del enfoque o la perspectiva con la que los teóricos decidan abordar el estudio de esa unidad subjetiva, de allí que es claro que existen patrones indeterminados y casuísticos que contribuirán al reconocimiento en concreto de la situación  de la mujer atendiendo a circunstancias que son especialísimas.

Por ende, atendiendo a la posición de los tratadistas existirán más o menos elementos teológicos para comprender la situación de la mujer en el curso del tiempo, lo que sí es claro que ésta representa situaciones diferenciadas del hombre, que la hacen en algunos supuestos acreedoras de un tratamiento especial. 

En el ámbito expuesto, se considera que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que éste no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que ésta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan mas a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  El contenido de los postulados, teorizan el objeto de estudio donde se pretende en esencia que la equidad e igualdad de género se materialice como posible al considerar que a las personas debe resaltársele por sus condiciones y capacidades  más que por su propia naturaleza humana.

El contenido de la teoría, esgrimida mantiene estrecha conexidad con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, toda vez que debe ser la Sociedad quien debe considerar los géneros con indicadores objetivos para lograr su inclusión y equiparación,  debiendo el Estado garantizar en producción normativa el cumplimiento de tales contenidos que al cristalizarse recurrentemente podrían contribuir al desarrollo socio humano de las mujeres con la supresión de las situaciones que pueden conducir a la indefensión y vulnerabilidad en el tiempo.

Aspectos Conceptuales.

En el desarrollo de esta investigación, los aspectos conceptuales tienen como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que permiten abordar el tema. Por tanto, el marco teórico servirá de apoyo para la comprensión de la problemática planteada. En correspondencia con los aspectos conceptuales  la Universidad Bicentenaria de Aragua en el  Manual para la Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de los Programas de Postgrado (2012) señala:

 

        El Contexto Teórico responde a los objetivos propuestos. Así, los aspectos conceptuales están relacionados con cada uno de estos y se basará en el planteamiento de autores; en consecuencia, debe apoyarse en citas textuales y contextuales y la reflexión del investigador. (p.57)

 

De acuerdo a lo antes expuesto, el contexto teórico abarca los constructos que guardan relación con el objeto de estudio, con la finalidad de darle sustento a lo planteado por la autora en este caso.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2012) Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo, que posee el ser humano, y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

La importancia de los derechos humanos radica en que su finalidad es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la integridad de cada persona frente a la autoridad. Se fundamentan en el reconocimiento de que la dignidad es un atributo común a todos los seres humanos. En virtud de que su única base es la condición propia de las personas, los derechos humanos son:

  • Universales, porque pertenecen a la humanidad en su totalidad,
  • Inherentes a cada persona,
  • Históricos porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los seres humanos respecto de sus derechos y conquistas frente al abuso de poder público y privado.

Asimismo, el PNUD (2012), trata el tema de la igualdad de género, en los siguientes términos: Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Sin embargo, a pesar de que nuestros derechos se reconocen tanto nacional como internacionalmente, las mujeres afrontamos situaciones en que tales derechos no siempre se respetan. La igualdad entre hombres y mujeres se fundamenta en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, entre otros.

Mujeres y hombres debemos gozar de nuestros derechos y tener acceso a ellos en condiciones de igualdad. Es necesario saber cuáles son nuestros derechos para poder disfrutarlos y defenderlos en condiciones de equidad.

  • Derecho a una vida libre de violencia
  • La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones. Estas pueden ser físicas, sexuales, emocionales, incluidas las amenazas. El acoso sexual, la coerción o la privación arbitraria de la libertad son otras expresiones de la violencia de género. Estas se pueden dar tanto en la vida pública como en la privada.

En cuanto a derecho al trabajo, el PNUD (2012), afirma la discriminación laboral contra las mujeres sigue existiendo y es común que se exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral. Para la igualdad en el ámbito laboral tenemos derecho a:

  • Recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo,
  • Que hombres y mujeres tengan horarios laborales justos que les permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo que debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad,
  • Trabajar sin que importe si la mujer está embarazada, el estado civil o cualquier otra condición especial,
  • Que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres o por nuestra orientación sexual.

Mientras tanto para el PNUD (2012), lo relativo al derecho al desarrollo: En el mundo hay más de 1,300 millones de personas en condiciones de pobreza. En los últimos diez años, el número de mujeres que viven en esta situación aumentó hasta alcanzar el 70% de la cifra antes mencionada, dando lugar a lo que se conoce como ‘feminización’ de la pobreza. Sólo el 1% de la propiedad de la riqueza mundial está en manos de las mujeres. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. Para un desarrollo con justicia económica se tiene derecho a:

  • La distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios,
  • Igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la propiedad la tierra,
  • Una vida digna y con bienestar,
  • Que se reconozca y valore nuestra contribución al desarrollo económico.

Derechos de las Mujeres en Venezuela

Es de resaltar que, los derechos de las mujeres en el país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres. El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999. Al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica, por lo tanto con derecho a la seguridad social.

De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades, el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, entre otros. Por otra parte, también se establece la aplicación de un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional. Alcances significativos a los que se suman las distintas leyes en defensa de la mujer.

Sin embargo, no hay duda de que las venezolanas están discriminadas en el ejercicio de la mayoría de los derechos políticos. Las dificultades que enfrenta la mujer venezolana, son similares a las que enfrenta en toda América Latina, que se genera en la disminuida posición social de estas, con una visión conservadora de los roles de género, en los prejuicios y estereotipos culturales preestablecidos y en la discriminación.

En las últimas décadas se ha dado la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, con lo cual, asume dos roles simultáneos: trabajadora y madre a la vez. Esta situación incide negativamente sobre la participación de la mujer en la política, ya que con el deber del cuidado de los hijos, los hombres tienen más oportunidades de participar en asambleas políticas y congresos partidarios, mientras que la mujer se ve en la obligación de permanecer en casa, debido a que no existe guarderías que presten sus servicios a toda hora.

De acuerdo a lo expuesto, para Uzcategui (2009), entre las principales barreras de acceso y permanencia de las mujeres en la arena política en Venezuela, tenemos: Factores político-electorales; El carácter obligatorio o exhortatorio de la cuota; La distribución de las candidatas en las listas por parte de los partidos políticos; El tipo de listas electorales (abiertas o cerradas); El tipo de sistema electoral o la magnitud de los distritos electorales, entre otros; Los intereses de la mujer.

En lo que tiene que ver con los intereses de la mujer se hará ciertas consideraciones. La mujer con la finalidad de defender sus derechos y posiciones en el ámbito político se agrupa y organiza en diversas formas, entre las cuales se destacan las alianzas sub partidistas. Pero, una vez electas la mayoría se aboca a la defensa de los derechos del género y a integrar las bancadas femeninas, así como es cierto que existen muchas otras que jamás se involucran en temas de la mujer.

En otro orden de ideas, el destino de las alianzas está condicionado por el clima político imperante, si el partido de gobierno y el movimiento social apoya la agenda es muy probable que se logren los objetivos esperados, pero si por el contrario, la mayoría en el poder no favorece las iniciativas, se interrumpiría el trabajo de la asociación e incluso puede llevarla a su extinción.

En cuanto a iniciativas exitosas, en el país, comentamos que, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), para los comicios electorales 2008, estimularon la participación política de las mujeres mediante resoluciones de paridad y alternabilidad electoral (en las listas, postulaciones nominales y entre candidatos(as) a principales y suplentes) que imponían la obligación en un porcentaje de 50 y 50%  entre hombres y mujeres para integrar cualquier asociación o junta directiva de carácter político que requiera del sufragio popular para su conformación.

Sin embargo, el hecho de que la disposición estuviera contenida en una resolución del CNE, trajo como consecuencia su desaplicación para las elecciones del año 2010, elecciones de diputados (as) a la Asamblea Nacional. Cabe destacar que, en la actualidad movimientos de mujeres y organizaciones no gubernamentales del país, realizan esfuerzos para lograr que la paridad y alternabilidad quede establecida en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pero aun, no ha tenido eco en el gobierno nacional y mucho menos en la Asamblea Nacional.

Por otro lado, según Uzcategui (2009), en Venezuela si bien existen diferentes mecanismos de inclusión social que facilitan la participación de las mujeres en esta área, no es suficiente, hace falta estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación.

Ahora bien, la violación de los derechos laborales también es otra expresión la violencia laboral, tanto para hombres como para mujeres, pero lo que más frecuentemente se ejerce contra las mujeres se relaciona con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Los ejemplos más comunes son: solicitarle el certificado de no gravidez para acceder o permanecer en el trabajo, exigir la firma anticipada de renuncia en caso de embarazo, control riguroso de su fertilidad (uso de anticonceptivos o métodos definitivos) para permanecer en el empleo, posibilidad de no ser reinstalada en el mismo puesto después de una licencia por embarazo o lactancia materna, afectación en estímulos económicos por haber presentado una licencia médica relacionada con los cuidados de un hijo enfermo.

De acuerdo a lo antes planteado, la violencia de género en el ámbito laboral, manifestada en cualquiera sus expresiones, es reproducida por las prácticas, el clima y el imaginario de las organizaciones. Constituye un elemento tóxico que se tiene que erradicar, prevenir y sancionar para que las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y dejen de ser tratadas como intrusas en el mundo de trabajo.

Día Internacional del Trabajador (a) y la Participación de la Mujer Venezolana.

Cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador (a), se destaca la participación de la mujer venezolana, a quien no solo debe definirse por la belleza, sino también la labor que desempeña. La conmemoración del Día del Trabajador (a) comenzó en Maracaibo, cuando se instituye en 1936. Más tarde, 1945, cuando el General Isaías Medina Angarita, como presidente del país Venezuela, establece por decreto tal fecha como el Día del Trabajador, trasladando su celebración del 24 de Julio fijado por el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, según decreto del 18 de abril de 1938.

Luego, cuando asume la presidencia Rómulo Betancourt en Octubre de 1945, dicta un decreto el 24 de Abril de 1946, donde establece el 1º de Mayo como Día del Trabajador y se declara día feriado y de remuneración obligatoria para los trabajadores (as) en general, incluyendo los que realizan sus labores en la agricultura y cría. A partir de allí, se han alcanzado otros beneficios sociales como el bono de alimentación (cesta ticket), programas de prevención y salud de los trabajadores y trabajadoras, entre otros.

En la actualidad, vemos con orgullo los logros alcanzados por la mujer venezolana, que se evidencian en áreas como la política, lo social, lo económico, la agricultura, la gerencia, las artes, la ingeniaría, la cultura, el deporte, la educación, la  salud, la investigación, la tecnología, la recreación, donde hace 50 años algunas de estas áreas estaban vetadas para ellas.

Tomando como referencia el trabajo realizado por Márquez (2012), titulado: La mujer gerente en Venezuela “Piensa como un  hombre, actúa como una dama, trabaja como un burro” (p.1), donde se plantean tres áreas de acción de la mujer gerente venezolana: la organización, el mundo de relaciones sociales y el contexto familiar, que condicionan de diversas formas sus roles como gerente, mujer, madre, esposa, entre otros.

Sin duda alguna, es tarea de todos y todas poner un granito de arena para mejorar las condiciones de vida, en nuestro país. Pero, definitivamente, son ellas las encargadas de la gerencia en el hogar, lo cual constituye la mayor contribución para alcanzar calidad de vida de la familia venezolana. De allí que, el rol que asuma la mujer es determinante, en este siglo.

Aspectos relevantes sobre la violencia contra la mujer en Venezuela.

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, lo expuesto por el  Observatorio Venezolano de los  Derechos  Humanos de  las Mujeres (2009), entre los aspectos más relevantes del tema de la violencia contra la mujer en Venezuela, se tiene:

  • La Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (2014) (LODMVLV) establece la aplicación inmediata de las Medidas de Protección y Seguridad en casos de violencia contra la mujer a través de los órganos receptores de denuncias (sin consulta y transitorias) y las Medidas Cautelares desde los Tribunales de Violencia contra la Mujer. Muchas veces ambas medidas no se aplican por falta de capacitación de funcionarios/as y/o por la existencia de prejuicios en la atención de mujeres víctimas de violencia.
  • Hay fallas importantes en la difusión masiva de manera permanente de la Ley, así como ausencia de reglamento y/o protocolo de aplicación con sus respectivos talleres de inducción. Tampoco se conoce un Plan Nacional sobre el tema, que incluya su evaluación y seguimiento.
  • El acceso a la asistencia letrada es insuficiente para las mujeres de todas las regiones. Las citas para apoyo y asesoría, tanto legal como psicológica, son retardadas, tanto por parte de entes gubernamentales como de las ONG que se encuentran atestadas de casos, aunque existen ayudas telefónicas 24 horas de atención en crisis, asesoría legal e información gubernamental en el ámbito nacional.
  • La carencia de recursos financieros y de voluntad política en el área gubernamental para diseñar y aplicar planes concertados con ONG para la capacitación masiva y sostenida en esta materia es evidente. Evaluaciones conocidas de las capacitaciones realizadas a funcionarios/as por el ente gubernamental, en especial, son inexistentes. Como ejemplo de ello, aún se mantiene en muchas partes y Órganos Receptores de Denuncia del país el acto conciliatorio erradicado de la Ley gracias a la lucha de las ONG. Así como experiencias de capacitación insuficientes, que no inciden en los mitos y creencias asociados a la violencia contra las mujeres, no continuas ni mantenidas en el tiempo; a lo que se agregan cambios permanentes del personal jurídico y policial.
  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) creó en 2007 una Mesa de Violencia contra las Mujeres, que actualmente se encuentra en la etapa de llenado de fichas técnicas, con una significativa tardanza en llegar a los productos esperados, teniendo en cuenta la urgencia de obtención de datos. Por otra parte, en varias oportunidades ha habido prohibición pública expresa en el suministro de datos gubernamentales y/o dificultad en la obtención de datos sobre violencia contra las mujeres. Sólo se consiguen datos de prensa producto de eventos puntuales.
  • Las ONG, de acuerdo con las Bases Constitutivas del Sub-Comité de Género del INE, son sólo Miembros Eventuales. No se cuenta entonces con datos centralizados sobre la violencia contra la mujer, ni de los casos detectados/reportados, ni de las actividades y resultados de los planes y proyectos desarrollados desde el ente gubernamental especializado en la materia.

Violencia contra la Mujer.

En los años noventa,  la violencia contra la mujer se constituyó en el centro de atención e interés de las organizaciones internacionales. Según los datos aportados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe sobre El Estado de la población,  (2005):

 

…..“Una de las más graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres, que rebasa fronteras y estratos socioeconómicos, es la violencia de género. A nivel mundial se estima que una de cada cinco mujeres será víctima de violación o de intento de violación en su vida. Una de cada tres habrá sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o habrá sido víctima de abuso por parte de familiares o conocidos que, en general, no serán castigados”……

 

De acuerdo a lo antes expuesto, la violencia contra las mujeres y las niñas, es un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que se conocen hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. En un estudio del Banco Mundial (1994), basado en datos del Banco Mundial sobre diez factores de riesgo seleccionados que enfrentan las mujeres en este grupo etario, la violación y la violencia doméstica se ubicaron antes que el cáncer, los accidentes de tránsito, la guerra y la malaria.

Ahora bien, la violencia contra la mujer, puede considerarse una violación de los derechos humanos, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la permanencia de estructuras culturales y la inequidad en las relaciones de poder y de control permiten caracterizar a la violencia contra la mujer como una violencia de género. La escasa información estadística y conceptual sobre la violencia de género, considerada como conducta socialmente aceptada, hace difícil su comprensión y magnitud; por lo que se requiere, justamente, conocer y registrar la mayor cantidad de información posible y darle la difusión que merece para enfrentarlo.

De acuerdo a la Plataforma de Acción de Beijing, en el año 1995, la violencia contra la mujer abarca la conculcación de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, inclusive la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos; selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino. Reconoció también la particular vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de refugiados y migrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas, o en instituciones correccionales

Los actos de violencia (física, emocional, económica y sexual) por parte del compañero o esposo, los cuales pueden sufrir las mujeres en varias o en todas sus manifestaciones, lesionan en todos los casos su identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos.

En muchas  leyes se regulan aspectos que tratan el tema de la violencia contra la mujer y la necesidad de contar son estadísticas actualizadas para la elaboración de políticas públicas que mejoren la situación. A nivel internacional más de 45 países (entre ellos Venezuela) tienen ya una legislación específica sobre la violencia doméstica y un creciente número de países ha instituido planes nacionales de acción para acabar con la violencia contra la mujer. A continuación se describen los hechos más importantes acontecidos en el ámbito internacional:

  • En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1995.
  • En 1994, la Organización de los Estados Americanos (OEA) negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1998.
  • En 1999, se formula El Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la resolución 54/134.

 

La participación de la mujer en el Desarrollo local sostenible

          El desarrollo local hace referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas.  Para la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) (2011), una oferta de mano de obra ocupada en la localidad y suficientemente calificada para las tareas que desempeña, unida a una capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, favorecen la acumulación de capital en los sistemas productivos locales. El desarrollo local sostenible va mas allá de la acumulación de capital “implica una vocación o fondo cultural de sostenibilidad en el uso de los recursos”. Se trata de procesos de desarrollo económico que se caracterizan por la organización sistémica de las unidades de producción, con el fin de favorecer la competitividad de las empresas locales en los mercados nacionales e internacionales.

Mientras tanto, la organización del sistema productivo local en forma de redes de empresas, de acuerdo a lo expresado por Gómez, (2001), propicia la generación de economías de escala y la reducción de los costes de transacción y por lo tanto, permite rendimientos crecientes y crecimiento económico. En opinión de Zúniga, (2010), un aspecto negativo es la confusión de “atribuir a los ecosistemas la propiedad de ser o no sostenible, cuando es este un atributo que pertenece al sistema producción”. El sistema de producción conecta con otras esferas reguladoras de la actividad agraria como son los sistemas social, administrativo o legislativo y canaliza la influencia indirecta de estos sobre el ecosistema, también expresa que la sostenibilidad se asienta en que la producción puede estar planteada de manera cuidadosa que incremente a la vez el capital productivo y el valor natural del ecosistema o de forma esquiladora, destructora de la capacidad del ecosistema de seguir produciendo.

En este orden de ideas, un sistema de producción puede tener un elevado rendimiento y ser además sostenible, es decir estar diseñado de forma que no comprometa la persistencia de funciones y procesos naturales claves. La viabilidad de este sistema de producción dependerá de que la situación económica permita hacer frente al incremento exagerado de insumos, (energía, materiales, tecnológica) y de las exigencias de calidad ambiental demandadas por la población.

Ahora bien, de acuerdo a Gómez, (2001), esta ultima de carácter cultural que depende de la educación y la experiencia, determinan las actitudes y respuestas frente a los problemas ambientales. El valor cultural. Junto a los conocimientos sobre el uso de los recursos (cultural rural) generados en la lenta co-evolución de las sociedades agrarias con la naturaleza, esta dimensión cultural incluye los aspectos históricos, arquitectónicos y las infraestructuras vivas e inertes que forman parte esencial de los paisajes rurales: el valor social. Teniendo en cuenta que el objetivo intrínseco del desarrollo económico es de carácter social, es decir lograr el bienestar y la felicidad del ser humano, de hecho las propuestas más coherentes de desarrollo sostenible, incorporan la redistribución de la riqueza (argumento social) como un requisito básico para el mismo, de rango comparable a la disminución del impacto sobre los ecosistemas.

En lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el desarrollo sustentable, lo primero será hacer referencia al género, la cual expresa diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se encuentran en los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el manejo, acceso y uso de recursos naturales y la distribución de los beneficios.

Aunque existan diferencias, es importante que también se tenga conocimiento de que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y hombres, a ello según Gómez, (2001), se le denomina organización genérica. La organización genérica y la división del trabajo basada en género es universal, pero difiere por la cultura, ubicación geográfica, época / tiempo y grupo socioeconómico.

El análisis de género es un proceso que ayuda a clarificar como se dan las relaciones entre hombres y mujeres entre grupos sociales en un determinado contexto. Su aplicación es útil en todos los proyectos y programas por las razones siguientes: Permite anticipar cómo distintos miembros de la sociedad se van a ver afectados por el proyecto o programa y cómo pueden beneficiarse del mismo;  Hace visible el trabajo de la mujer;  Ayuda a incrementar los ingresos de hombres y mujeres;  Aumenta los niveles de auto estima yo el poder de toma de decisión de la mujer.

Trabajo y empleo desde una perspectiva de género

Para Picchio (2001), desde la perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren una especial distinción al menos por tres razones: en primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta un factor condicionante de la vida de hombres y mujeres de manera diferente; en segundo lugar, porque esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres; y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, para analizar la problemática del empleo femenino es indispensable relacionar ambos conceptos.

El concepto de trabajo en la economía laboral se vincula en general a las actividades remuneradas y consideradas productivas en la órbita del mercado. En ese sentido, en particular los análisis económicos suelen referirse al trabajo asalariado (sector público y privado), por cuenta propia, formal e informal y en distintos sectores de la actividad económica, pero siempre remunerado. Se trata pues de empleo, es decir, del trabajo que se intercambia en el mercado. Esta generalización conceptual se ha visto influida históricamente por el proceso de industrialización, que contribuyó a la identificación entre trabajo y empleo (o autoempleo) y, más aún, entre trabajo y empleo asalariado.

En opinión de Neffa, (1990). La teoría del valor trabajo dio lugar a la asociación simbólica entre trabajo y trabajo asalariado (una categoría más reciente desde el punto de vista histórico). Este último es minoritario en cuanto al tiempo que ocupa con relación a otros trabajos, y ello es especialmente así para las mujeres, también para las latinoamericanas.

La presencia femenina suele ser proporcionalmente mayor en los puestos de trabajo informales y precarios, al igual que en el trabajo no remunerado destinado al mantenimiento y la reproducción de la vida en los hogares; es decir, el trabajo estrictamente doméstico y otras actividades vinculadas al cuidado de las personas.

Estas actividades se hallan (aunque no en forma exclusiva) indisolublemente ligadas a las dinámicas de los hogares y al aporte femenino al bienestar y al funcionamiento de la economía global. La llamada división sexual del trabajo, es decir, la distribución social de obligaciones y responsabilidades entre individuos de uno u otro sexo de las actividades de mercado y extramercado, determina la participación de las mujeres en el trabajo remunerado así como en otras actividades (políticas, culturales, sociales o de recreación).

Es de resaltar que, el tiempo destinado a los distintos tipos de trabajo marca una diferencia entre hombres y mujeres, que se expresa en las características que asume el empleo para unos y otras, así como en el tiempo libre (recreación, cuidados personales). De allí la importancia de concebir el trabajo de manera más abarcativa, tanto para explicar el origen de las diferencias de la participación de las mujeres en el mercado laboral respecto de los hombres con relación a oportunidades, el trato y los resultados, como respecto de las posibilidades de superar esas diferencias.

Si bien las actividades domésticas y de cuidados en los hogares normalmente se valoran por su componente afectivo y se entienden como parte de la naturaleza femenina, se las tiende a ignorar desde el punto de vista económico. Para Max-Neef y otros (2007), los economistas clásicos reconocieron la importancia de la actividad de las mujeres en la casa destinada al cuidado familiar y, en particular, a la crianza y educación de los hijos, y la consideraron indispensable para que estos se convirtieran en trabajadores productivos y contribuyeran, de este modo, a la riqueza de las naciones. Sin embargo, no le otorgaron valor económico. 

De acuerdo a Neffa, (1990), el trabajo de reproducción social y, en particular, el trabajo de cuidado de las personas, cuyo objetivo prioritario es el bienestar en términos de calidad de vida, pero que utiliza bienes, mercancías, servicios públicos y de mercado y participa en las redes de solidaridad social, consiste en un proceso material y simbólico que se apoya en la confianza, en los sentimientos de afecto y amistad, y en el sentido de responsabilidad con respecto a los resultados.

Directrices para incluir la perspectiva de género en las políticas de empleo.

Algunos lugares de trabajo no cuentan con políticas y prácticas para promover la igualdad de oportunidades y reducir los diversos tipos de discriminación directa e indirecta. Para González (2004), esto puede tener un efecto negativo significativo sobre las oportunidades de empleo de la mujer. Otros lugares de trabajo promueven activamente políticas de igualdad y favorables a la familia, que han demostrado ir acompañadas de beneficios empresariales tales como: una reducción del ausentismo laboral, una mayor productividad, una mayor lealtad por parte del personal y los clientes, mejora de la imagen de empresa en la comunidad, menos movimientos de personal, una mayor innovación, y una mayor capacidad de las empresas para contratar a los mejores profesionales de calidad.

Estos beneficios afectan a todas las empresas, sean grandes o pequeñas. Si bien los costos de las medidas para promover la igualdad pueden ser mayores en empresas más pequeñas, puede haber oportunidades a través de la negociación colectiva para distribuir dichos costos. Un entorno propicio en el ámbito de las políticas nacionales puede ayudar a las pequeñas empresas a elaborar una política de igualdad capaz de beneficiar a ellas mismas y a sus trabajadores.

En opinión de González (2004), las mujeres pueden tener dificultades incluso para obtener un contrato por un empleo remunerado. Esto se debe a que algunos empleadores consideran que la contratación de mujeres implica mayores costos, o que las mujeres tienen más probabilidades de dejar el empleo a causa de las responsabilidades familiares. Para las mujeres que están empleadas, los empleadores pueden mostrarse reacios a mejorar sus calificaciones y desarrollar su potencial debido a creencias similares. El trabajo a tiempo parcial ofrece a algunas mujeres la oportunidad de hacer malabarismos con su vida laboral y familiar, pero limita sus oportunidades para promocionar y desarrollar su carrera.

Esto podría estar relacionado con el hecho de que las mujeres estén representadas de manera insuficiente en cargos de alto nivel debido a los prejuicios, a un historial de interrupción de la vida laboral, y pocas oportunidades para mejorar su formación y sus calificaciones.

Fundamentación Legal

En Venezuela, los fundamentos legales  en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, están dados en primer lugar por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), cuando en el Artículo 21, establece:

 

 

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el contrato social prefija como valor fundamental el concerniente al principio de igualdad frente a la ley, que evidencia que dentro del enfoque socio jurídico de orden humanitario se debe garantizar el ejercicio de cualquier derecho a cualquier persona atendiendo únicamente a su condición de sujeto. 

Dentro de este orden, la concreción y sustancia de la igualdad es amplia puesto que supone la posibilidad de resguardar al sujeto frente a cualquier situación que pudiese colocar en indefensión o vulnerabilidad a las personas. Para lo concerniente, a la igualdad de género entre hombres y mujeres se tiene que la CRBV (1999), en el artículo 88  que consagra:

 

 

       El estado garantizará igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la Ley.

 

 

Es decir, se reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad. Por lo cual, la mujer tiene derecho a la seguridad social.

Ahora bien, desde el enfoque laboralista se sustancia el principio de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, de acuerdo con lo señalado en Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), el artículo 20 establece:

 

 

El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración, y están obligadas y obligados a fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el proceso social de trabajo.

 

 

 Este articulo, señala que en las políticas laborales y productivas se configura la igualdad y equidad de género, para lo que se debe cumplir el principio de igual trabajo por igual salario, debiéndose garantizar que los trabajadores y trabajadoras son iguales tanto de hecho como de derecho, lo que debe incorporarse dentro del clima organizacional de la entidad empresarial.

Cabe destacar que, Venezuela es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belén Do Pará”, Brasil, en 1994. Es así como, después de muchas luchas de la mujer venezolana, para  el 19 de marzo de 2007, se sanciona en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) (2014).

Esta Ley, abre un conjunto de medidas de aplicación inmediata para preservar la vida y la integridad física de la mujer que esté en situación de violencia o sea vulnerable a alguna circunstancia de este tipo, de la misma se pueden reconocer diecinueve (19) tipos delictivos, con sus respectivas sanciones,  entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas (con penas de 10 a 15 años de prisión).

Asimismo, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, esclavitud sexual y trata de mujeres y niñas (con penas de 15 a 20 años de prisión) , actos lascivos con pena de 1 a 5 años de prisión, que en el caso de niñas y adolescentes aplica de 2 a 6 años;  acoso sexual de 1 a 3 años.

Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral que aplica una multa de 100 a mil Unidades Tributarias, violencia obstétrica con una sanción de multa de 250 a 500 Unidades Tributarias para el persona de salud involucrado, esterilización forzada de 2 a 5 años de prisión para el médico, ofensa pública por razones de género de 200 a 500 Unidades Tributarias más el debido retracto por el mismo medio y con la misma extensión del texto, todas contempladas desde el Artículo 39 hasta el 56 de la nueva Ley.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), en el artículo 21, trata lo relativo al Principio de no discriminación en el trabajo, de la siguiente forma:

 

Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. Los actos emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia…”

 

Se desprende de este artículo, que la distinción por sexo, raza, estado civil, por religión está prohibido. En este sentido, las leyes en la materia establecen las sanciones previstas.

Asimismo, se sanciono la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2007) que en el capítulo IV, establece los Derechos Económicos de la Mujer, entre los que se destacan: la efectiva incorporación de la mujer a la producción, a nivel micro y macro económico. Por otro lado, el acceso a los programas crediticios y a la asistencia oportuna y permanente para la obtención de materia prima, asesoría técnica comercialización y distribución de productos y servicios. Asimismo, la adquisición de inmueble para vivienda principal por parte de la mujer, tiene prioridad en cuanto a las políticas públicas que se lleven a cabo en este sentido, entre otros.

CAPÍTULO III

CONTEXTO METODOLÓGICO

En la consecución del objeto de estudio, se considera las secuencias de formas empleadas para presentar lo tratado, de acuerdo a lo previsto en las fuentes consultadas y la reflexión analítica de la autora, donde se evidencia la metódica requerida para lograr la coordinación y ordenación de la investigación en el ámbito estructural que la conforma.  

Tipo de Investigación

La configuración de la investigación, corresponde a un tipo documental, considerando que se trata de sustentar el estudio con información de segundo nivel disponible en las fuentes formales escritas, en cuanto a esto la  Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA, 2012) el Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado de la (UBA,  2012)  señala que:

 

 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, apoyado principalmente en fuentes bibliográficas y documentales.  La originalidad de este estudio, se refleja en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones propias del autor. (p.45)

 

En consecuencia, se procedió a la recolección y obtención de información  secundaria en función del objeto de estudio, disponible en doctrinas, leyes y demás materiales teóricos especializados que se relacionan con el tema tratado y que sustentan la explicación científica de lo investigado.

En este orden de ideas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis doctorales (2012), señala que la Investigación documental: “es el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor”, pág. (20). En este sentido, el aporte más importante de este tipo de estudio se refiere a las fuentes consultadas, que son de segunda mano ya que provienen de libros, revistas, trabajos de investigación y consultas realizadas en internet, entre otras, las cuales han sido descritas en las referencias bibliográficas.

Método

     Respecto, de la investigación de naturaleza documental se tiene en cuenta que el método es de tipo deductivo-analítico, para comprender la consistencia del primero, se expone la opinión de López (2010) quien sostiene: “Mediante ella se aplican los principios  descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p. 15), se trata de dirigirse de los abstracto o complejo hasta lo más simple y concreto en un orden lógico con un enfoque coherente estructurado, donde exista un único sentido de los criterios reproducidos.  

De igual manera, Lopera y otros, (2010), define el análisis como “la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p.13). El método es entonces un camino, una manera de proceder, que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como un estilo de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. En cuanto al deductivo, Méndez (2004) sostiene que:

 

 

    El método deductivo es el método comúnmente utilizado, cuya forma gráfica emulará la forma de un embudo al derecho; desde este enfoque el investigador fue desde una situación general y desembocó en una situación particular, es decir, el caso específico objeto de la investigación. (p. 2).

 

 

Es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos donde se aplicaría la deducción.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Las técnicas de recolección de información, son herramientas empleadas por el investigador para la obtención de datos relevantes en la investigación. En este orden de ideas, Arias: (1999), expresa que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información con relación a la temática en estudio” (p.53), en este caso para la obtención de la información requerida se aplicaron las siguientes técnicas: el subrayado, el fichaje, el resumen y la síntesis. Tomando en consideración lo que señala Fernández (2002), en relación a la técnica del subrayado cuyo objetivo es “hacer énfasis en los aspectos más relevantes del tema que se plantea” (p.125), de allí que fue necesario resaltar lo que en esta investigación se consideró importante para el tema desarrollado.

 Igualmente el fichaje, según Palella y Martíns (2010), sostienen que es la técnica que permite recolectar, procesar y almacenar la información que se obtendrá en la investigación. En cuanto a resumen, Fernández (2002) señala que “se refiere a la exposición condensada y selectiva de un texto” (p. 80), para emplearla en un trabajo de investigación, en este estudio el resumen resultó de gran valía al permitir concretar los aportes de los materiales teóricos consultados.

Ahora bien, en el caso de los instrumentos se utilizó el registro sistemático de la información recabada por medio del sistema fólder el cual según Finol y Nava (1996) consiste en recoger o registrar información en hojas sueltas que luego se van agregando a una carpeta organizada de acuerdo al plan de trabajo establecido. En este orden de ideas, fueron utilizadas las hojas de registro donde se anotaron los datos más importantes de cada documento así como la información relevante en relación al tema investigado.

Con base a lo antes expuesto, el estudio se desarrolló considerando el  análisis de contenido, el cual es definido por Krippendorff (1990)  como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28), se trata de acuerdo con este particular en la explicación y sustentación del alcance y significancia de los contenidos previstos en las fuentes escritas con miras de complementar la esencia y significancia del objeto de estudio, desde el ámbito disciplinario que se trata en efecto.

De igual manera, fue necesario describir el tipo de fuente consultada tales como: libros, revistas, documentos legales, Internet y trabajos de grado en los cuales se identificó apellido y nombre del autor, año, número y lugar de publicación en las referencias bibliográficas.  Asimismo, es necesario destacar que lo más importante en el análisis de contenido es considerar con antelación las categorías en relación a las cuales se realiza el análisis que en este caso pueden ser frases, palabras, oraciones, párrafos entre otros, y con base en éstas se efectúa el estudio en profundidad de un documento que interese al investigador. Por su lado, Sabino (2010), afirma que el análisis de contenido tiene una base empírica y accesible, por lo tanto el análisis del documento estudiado tendrá menos subjetividad que al utilizar otros métodos.

Procedimiento

         En este punto de la investigación se explica en forma detallada por fases o etapas, la manera en que se desarrolla la investigación, al respecto Baena (2000), define estas etapas como. “Los procedimientos que están definidos por una serie de actividades cuya secuencia determinará el orden en que será desarrollado el trabajo de la investigación.” (p. 136) este procedimiento se presenta a continuación:

        Fase I. Recolección de la información: se basó en la ubicación de información relacionada con el tema explorando mediante los instrumentos jurídicos que se ofreció en el área de estudio, así como también, la revisión de libros y la utilización de una herramienta muy importante en estos tiempos como lo es la Internet.

Fase II. Organización y actualización de datos: se clasificó toda la información recabada realizándole los ajustes y actualizaciones de conformidad con los instrumentos jurídicos venezolanos vigentes, y los materiales teóricos consultados.

Fase III. Análisis y organización  de la información se procedió a la aplicación de las técnicas  y el instrumento para la realización de la estructura del  trabajo,  la revisión de la tutora, hacer ajustes necesarios y elaborar la revisión preliminar del proyecto de investigación.

Fase IV. Redacción y Elaboración del Trabajo Final de Investigación: se realizó el análisis de contenido y se organizó la información recabada siguiendo un orden con secuencia lógica considerando los objetivos propuestos.

CAPITULO IV

CONTEXTO CRÍTICO

En este capítulo, la autora luego de haber realizado el procedimiento descrito con anterioridad y al realizar el análisis de contenido obtiene las conclusiones en función de los objetivos específicos planteados. Para finalizar se presentan las recomendaciones correspondientes.

Análisis Reflexivo

La  diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En así como, se han asignado roles tanto al hombre como a la mujer: la mujer al hogar dedicada al cuidado de los niños (as) y de los enfermos; el hombre a la calle, al trabajo, al éxito.  En este sentido, la división sexual del trabajo es un elemento central para entender la segmentación y la segregación ocupacional por sexo, pues configura uno de los sistemas de relaciones de poder más longevo en la historia de la humanidad: La diferenciación basada en el sexo es una de las formas más extendidas de explotación humana, arraigada en la interacción personal entre sexos, en instituciones sociales básicas como la familia, y enraizada en estructuras económicas y políticas.

 

Sus expresiones son variadas y se extienden por todos los niveles de la sociedad. Estas manifestaciones constituyen en su totalidad un complejo sistema de relaciones de poder entre los sexos que tipifica la subordinación de la mujer a diferentes niveles sociales. La situación de la mujer en el mercado de trabajo y la segregación de los empleos por sexo parece ser el resultado de un largo proceso de interacción entre el patriarcado y el capitalismo, pues la interrelación entre ambos sistemas ha sido un factor importante en la distribución de los puestos de trabajo.

Cabe destacar que, la incorporación de las mujeres a la vida socio-productiva no ha sido acompañada por sistemas de corresponsabilidad social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados. Todo esto da lugar a fuertes conflictos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, y las lleva en muchos casos a discontinuar carreras profesionales e iniciativas productivas. En América Latina, la pobreza y la escasez o mal funcionamiento de servicios producen tensiones mayores, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de los hogares monoparentales encabezados por mujeres.

Las trabajadoras todas, de acuerdo a Carosio (2010), están paradas sobre un suelo pegajoso, conformado por las responsabilidades de cuidado del hogar y la familias, con cargas afectivas, emocionales y de horarios que el sistema de género hace recaer exclusivamente sobre las mujeres que dificultan o impiden la plena y emancipada incorporación al trabajo remunerado. El trabajo del hogar es suelo pegajoso que frena a las mujeres en su desenvolvimiento laboral, en su participación en el ámbito público, atrapándolas en el ámbito privado o sus cercanías. Para Carosio (2010), el 70,7% de las mujeres llamadas inactivas tienen como principal motivo de inactividad las obligaciones familiares, y también éste es el principal motivo de renuncias o distanciamientos laborales temporales, sobre todo en los períodos de la vida en que se tienen hijos pequeños, padres muy ancianos, u otras obligaciones familiares que exigen mucha dedicación. En estudios realizados sobre iniciativas femeninas socio-productivas interrumpidas o abandonadas, la mayoría indicó como causa principal la enfermedad de algún miembro de la familia.

Como se mencionó anteriormente las mujeres siempre han sido y son protagónicas como mediadoras del bienestar social, con rol central en lo comunitario y como responsables prioritarias y/o últimas del bienestar familiar. La realización de una enorme cantidad de trabajos no remunerados que garantizan el bienestar cotidiano (en lo doméstico, comunitario y en el conjunto de actividades a menudo calificadas como de subsistencia), ha venido siendo visibilizada. Pero la visibilización de este protagonismo no implica su aceptación acrítica. Enfatizar la presencia de las mujeres y su aporte al bienestar y al buen vivir sin paralelamente buscar la transformación de las estructuras desiguales de organización del trabajo, de reconocimiento, valoración y protección, lleva a una instrumentalización de las mujeres y perpetúa la explotación inherente a la división sexual del trabajo.

Cabe destacar que; la igualdad no es viable en las estructuras de poder establecidas, dentro de un mercado organizado por el poder patriarcal capitalista, modelado para quienes no tienen obligaciones familiares y tienen resueltas las condiciones de sobrevivencia. La potenciación de las actividades socio productivas de las mujeres es crucial, pero debe ir acompañada de la creación y ampliación de servicios públicos que acompañen y fomenten la redistribución de los trabajos históricamente realizados por las mujeres en lo no remunerado, y del fomento de la corresponsabilidad masculina activa. Se necesitan servicios públicos que apoyen las actividades de cuidado para el bienestar y el buen vivir, y recuperen el papel de las instituciones públicas como garantes de la participación y el empleo digno para las mujeres.

Todo esto conduce a afirmar que hoy, el drama principal de desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niñas/os, ancianas/os, enfermas/ os y otros) en las mujeres. Todo esto, con una discriminativa estratificación social que produce diferencias importantísimas entre las maneras de solucionar este conflicto entre las mujeres de las clases acomodadas y las mujeres pobres. Si bien todas son víctimas de la división y explotación del trabajo sexogenérica, las mujeres ricas han solucionado (aunque nunca del todo) los problemas de su histórico mandato familiar recurriendo a servicios mercantilizados provistos (y de manera precaria) por las pobres, aumentando así la brecha de la desigualdad.

Un nuevo pacto social es indispensable y debe tener en cuenta el trabajo social global que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y transformar en sistema social laboral incluyendo en él un sistema de cuidados sociales en corresponsabilidad entre los sexos y la sociedad en general. Sólo así la incorporación de las mujeres al mundo laboral y a espacios públicos podrá ser en condiciones de igualdad y sin sobrecargas como viene siendo hasta ahora, y podrá constituir para todas una posibilidad de autorrealización.

Por ello, Hartmann, (1994) sostiene que “El capitalismo creció sobre el patriarcado; y el capitalismo patriarcal es una sociedad estratificada por excelencia” (p.291). En el caso venezolano, la conjunción entre patriarcado y capitalismo se estructura en una sociedad signada por relaciones matricentristas.

Para Bordarampe, (2008), la igualdad entre hombres y mujeres es inherente a los derechos humanos, asimismo afirma que la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad”,… “que nos han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles” (p.55). Tomando en cuenta que los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras.

El incumplimiento de la normativa laboral representa el problema más grave que sufren los(as) trabajadores(as) en nuestro país, inclusive dentro del sector formal, pero los estudios realizados revelan que las mujeres presentan un mayor grado de vulnerabilidad, aún en aquellos asuntos no vinculados directamente a su condición maternal. Se evidencia numerosas infracciones a la ley que se cometen respecto al personal femenino, entre ellas: la no cancelación de los bonos que estipula ley o la no cobertura del Seguro Social porque el patrón no paga las cotizaciones correspondientes, el pago por debajo del salario mínimo.

De igual manera, las mujeres confrontan un conjunto de situaciones particulares, que abarcan su desempeño global en el trabajo en la medida en que afectan sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y la calidad de dicha inserción, como resultado de la segregación ocupacional, la discriminación salarial y el acoso sexual de que son objeto.

Conclusiones

El propósito de esta investigación fue analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En este sentido, en lo sucesivo se presentan las conclusiones que se corresponden con los objetivos específicos, así como también la reflexión de la investigadora como aporte a las ciencias políticas.

Se inicia, con el primer objetivo: Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación. En cuanto a las teorías de entrada se tienen: la teoría feminista, la teoría de roles sexuales, y la teoría de género.  Para la teoría feminista, hay que corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

Mientras tanto, la teoría de roles sexuales considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico. En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

En cuanto a la teoría de género, se supone que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que este no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que esta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan más a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  Luego se presenta, el segundo objetivo: Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para hacer un recuento de los principales problemas que viven las mujeres trabajadoras es necesario comenzar por señalar, muy brevemente, los que la afectan en tanto reproductora de la especie y sobre quien recaen culturalmente las principales responsabilidades familiares. Esta condición tiene numerosas implicaciones directas sobre su desempeño laboral, en su mayoría conocidas, porque suponen un conjunto de condiciones excepcionales: en el prenatal, posibilidad de cambiar de puesto si su labor representa peligros para el feto.

  Asimismo, libertad para acudir a su control mensual, contar con ropa de trabajo adecuada a su condición; seguridad de servicios de emergencia ante la contingencia de aborto; derecho a tomar su licencia antes del parto; en el postnatal, además del permiso por nacimiento, garantía de estabilidad durante el lapso de mayor dependencia del infante; derecho a amamantamiento y seguridad de un local adecuado para dejar al bebé mientras trabaja; dificultad, en virtud de sus responsabilidades familiares, para permanecer en el local de trabajo más allá de la jornada, entre los aspectos más importantes.

Cabe destacar que, gran parte de estos aspectos están consagrados como derechos en la legislación venezolana, pero, a menudo, no son respetados. El mercado de trabajo es una institución social que distribuye a la fuerza de trabajo en diversos puestos de trabajo. Esa distribución muestra las relaciones de poder en esa sociedad, entre ellas, las relaciones de género. Los estudios sobre mercado de trabajo con perspectiva de género pusieron de relieve las articulaciones entre capitalismo y patriarcado.

  De acuerdo a lo expuesto, en la configuración de los segmentos del mercado de trabajo y en la segregación ocupacional por sexo se entrelazan ambos sistemas de dominación. En esa interacción se expresa la división sexual del trabajo, la cual es una de las causas más profundas de discriminación en el mercado de trabajo, pues atraviesa la esfera de lo productivo y reproductivo. La división sexual del trabajo es una de las formas de dominación más longeva en la historia de la humanidad, por lo cual es muy difícil de atacar.

            En cuanto al tercer objetivo: Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En las condiciones de trabajo en nuestro país se evidencian algunos datos preocupantes. Un desempleo de dos dígitos, un sub empleo considerable, pues más del 50% de los ocupados en el sector informal declararon ingresos inferiores al salario mínimo, y la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. Todo ello muestra una precarización profunda en las condiciones de trabajo en Venezuela, lo que habla de la magnitud de la exclusión social en nuestro país.

Un tercio de los trabajadores se declaran como autónomos, casi todos no profesionales. Este solo hecho pone al 30% de la fuerza de trabajo al margen de los beneficios típicos de la relación asalariada. Con ingresos tan bajos como los reseñados es poco probable que esos trabajadores tomen vacaciones. Tampoco acceden a las prestaciones de la seguridad social en caso de enfermedad o maternidad.

Los trabajadores asalariados en las empresas de menos de cinco trabajadores y en el servicio doméstico son los menos protegidos entre los asalariados, pues los datos sobre los ingresos declarados reportan que a muchos de ellos no se les pagaba el salario mínimo. Estos trabajadores serían el siguiente segmento de trabajadores con malas condiciones de trabajo, pero con una importante diferencia: las asalariadas del sector informal tienen peores condiciones de trabajo que sus pares asalariados, dada su presencia mayoritaria en el servicio doméstico.

En el sector formal el acceso a la protección social es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que es reflejo de su mayor presencia en el sector público. Ello produce una polarización interna en la categoría asalariada por su alta presencia en el empleo público y en el servicio doméstico.

La informalidad es el fenómeno más persistente de la economía venezolana. Su magnitud hace que las medidas de protección laboral tengan una cobertura reducida, lo que obliga a repensar la acción estatal en el mercado de trabajo. La diversa distribución en las categorías ocupacionales indica que las políticas públicas para atacar discriminación por género deben tomar en cuenta esta realidad.

Por ello, las políticas para promover la igualdad de condiciones de trabajo y eliminación de la discriminación van a tener un efecto limitado si no se trata de mejorar la situación del sector informal, en especial la de las trabajadoras autónomas no profesionales y del servicio doméstico asalariado. Avanzar en una agenda de equidad de género en el mercado de trabajo tiene que plantearse como objetivo modificar su actual configuración, en particular disminuir el peso del trabajo autónomo no profesional.

En lo que tiene que ver con el cuarto objetivo: Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género. Cabe destacar que, los derechos de la mujer en nuestro país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres.

 El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social. De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV), el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros.

En atención al deber del Estado de proteger a los grupos discriminados y por cuanto, nuestro país fue firmante de la Convención Interamericana para prevenir, controlar, erradicar y sancionar la Violencia contra las mujeres, realizada en Belén Do Pará, Brasil, en 1994, el 19 de marzo de 2007 se sanciona la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), que deroga a la Ley contra la Violencia sobre la  Mujer y la Familia que estuvo vigente desde el 01 de Enero de 2000.

Entre los aspectos más resaltantes de la misma se puede destacar el abanico de 19 tipos delictivos, con sus respectivas sanciones, entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas. Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral, violencia obstétrica entre otras.

Recomendaciones

De acuerdo a la opinión de la autora y en función a la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:

          A los centros educativos: Implementar un modelo educativo, desde el inicio de la formación (inicial, primaria, secundaria, técnico y universitario) donde se fomente la autoestima, la tolerancia entre las personas, se divulguen los derechos y deberes que como ciudadanos(as) tenemos; en fin, se enseñe la equidad  e igualdad de género en todos sus aspectos hasta que constituya el sistema de vida y filosofía del país entero.

 A las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tratan el tema de la mujer: Estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación, convencidas de que la misma es una herramienta clave para el desarrollo social.

A los entes públicos encargados de promover los derechos de la mujer. Crear instituciones de protección y amparo a la mujer conformadas por personal sensibilizados ante la violencia contra la mujer, para la aplicabilidad de los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), como son:

  • La protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas.
  • La equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.
  • El reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social.
  • El derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV),
  • El derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros. Además de aplicar un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional.

 

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Universidad Bicentenaria de Aragua (2012). Manual para  la  Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado.” San Joaquín de Turmero: Autor.

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012).  Manual de Trabajos de Grado de especialización y Maestría y Tesis doctorales. Fedeupel. Caracas: Autor.

Uzcategui, M (2009) Diseño de un Sistema de Información para el Instituto de la Mujer de Aragua, Venezuela, Año 2008. Trabajo como requisito para optar al Grado de Magister en Dirección y Gestión Pública Local para el Área Andina. Unión Iberoamericana de Municipalistas y otros.

Yunes, A. (2013). Políticas Públicas para Mujeres y Equidad de Género. Trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional. Universidad Bicentenaria de Aragua.

Zúniga, G. Carlos A., (2010). Impacto de los Sistemas de Producción Agropecuarios en el Desarrollo Local Sostenible de Nicaragua, 1998-2005. Índice de Malmquist DEA con un Output Orientado.

ANEXOS

ANEXO Nº A

MAPA DE VENEZUELA

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot. Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014 

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot.
Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014

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