POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

1.- ¿Cuál es el problema de la Salud Pública en América Latina?

América Latina conforma la región del mundo que presenta la mayor inequidad social y graves desigualdades en las condiciones de salud y de acceso a los servicios de salud pública, así mismo, la creciente disparidad de condiciones de vida y de salud, entre los grupos sociales y las regiones geográficas que integran a los países latinoamericanos han impulsado una mayor preocupación por las desigualdades en salud y las inequidades, considerándolas entre las emergencias que comprometen el futuro de la humanidad.

 

Es por ello que una vez analizada las principales dificultades de la salud pública en América Latina, se ha identificado que entre los principales problemas que presenta la atención sanitaria en la latinoamericana se destaca la precariedad institucional de la salud pública y a la falta de equidad y eficiencia del sistema de salud pública existentes en los países latinoamericanos, lo que a su vez enmarca en un limitado acceso a los servicios de salud de forma mayoritaria, identificado como el principal problema que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,  Venezuela, Paraguay, y Perú, todo ello asociado a su vez a las limitaciones presupuestarias, tecnológicas y de infraestructura a la red institucional de los servicios de salud pública en América Latina.  La limitada cobertura de los servicios de salud pública forma parte de las manifestaciones de la falta de equidad, así como las condiciones económicas existentes (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida etc.). 

 

El hecho de que grandes sectores de la población de la mayoría de los países de América Latina sigan sin tener un acceso real a los servicios de salud y que este déficit de cobertura se produzca en medio de una restricción considerables de los recursos disponibles para el sector, presenta un gran desafío para la capacidad de organización y gestión de los sistemas nacionales de salud.

 

 

2.- ¿Cuales son las Potencialidades de las Políticas de Salud Pública en América Latina: (Recursos disponibles, Condiciones de su Infraestructura etc.)?

          En cuanto a las políticas y programas de salud pública acentuadas como avance en los países Latinoamericanos enfrentan hoy día procesos de cambios y transformación, experimentando importantes reformas dirigida a elevar la gobernabilidad de los mismos y lograr la eficiencia, eficacia y efectividad de su funcionamiento, es por ello que los gobiernos de la Región de las Américas establecen conjuntamente la Agenda de Salud para las Américas suscrita el 03 de junio de 2007, para orientar la acción colectiva en contribuir a mejorar la salud de los pueblos de esta Región, agenda que conlleva a potenciar un plan de acción orientado a dar una efectiva respuesta a las necesidades de salud de nuestras poblaciones y refleja el compromiso de cada uno de los países para trabajar en conjunto, con una perspectiva regional y con solidaridad en favor del desarrollo de la salud en la Región.  Desde el punto de vista de las potencialidades, en cuanto a la capacidad y posibilidades que dentro del marco de acción de las políticas públicas vislumbren cambios que den respuestas efectivas a las necesidades de salud pública, identificando entre estas potencialidades en el ámbito de las políticas de salud públicas las siguientes:

 

  • La participación de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de las políticas públicas de salud y en la evaluación de sus resultados.
  • El marco legal y normativo del sistema de salud existente.
  • El nivel de desarrollo económico y el grado de industrialización presentan una influencia considerable en los sistemas de salud.
  • La fuerza de trabajo en salud pública, incluye la fuerza trabajadora cuya responsabilidad primaria es la provisión de los servicios de salud colectiva.

 

  • Integración de los diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud. Instituciones específicas abarcan uno o varios de estos tipos de participantes directos (por ejemplo, una institución del sistema de seguridad social que asegura y además proporciona atención de salud). La población participa no solo como destinataria de los servicios producidos sino también como contribuyente directo o indirecto y usuario de atención de salud.
  • Los sistemas de información en el sistema de salud pública.
  • La tecnología en la salud pública, recursos físicos y tecnológicos.

 

3.- Propuestas orientadas al mejoramiento de las Políticas de Salud Pública en América Latina:

3.1- Antecedentes, reformas, generación de reformas.

A partir de los años ochenta se han iniciado procesos de reforma del sector salud en casi todos los países latinoamericanos, que tienden a favorecer la participación del sector privado en la gestión del financiamiento público y la provisión de servicios, con la consiguiente reducción de los servicios públicos prestados por el Estado.  Como resultado de esta tendencia, durante las últimas décadas, en varios países se han creado administradoras de fondos y redes de proveedores privados para la atención de los más pobres. Sin embargo, este proceso se desarrolló bajo el convencimiento de que era necesario fortalecer la capacidad reguladora de los estados, para garantizar la provisión universal de un paquete de prestaciones a toda la población. Otro aspecto común a las reformas en los distintos países fue la descentralización de los establecimientos públicos, la separación del financiamiento y la provisión pública, la introducción de contratos entre sector público y privado y el impulso a la participación social. Igualmente observamos al analizar los cambios legislativos recientes en materia de salud se advierte que los gobiernos han asignado prioridad a la reposición del papel del Estado, como prestador y regulador, en la descentralización de la gestión de los servicios, la promoción del sector privado y el control de la escalada de costos. Por ejemplo en Venezuela, los cambios legislativos han tomado dos direcciones: el desarrollo de la estrategia de promoción de la calidad de vida y la salud, y la puesta en práctica de la Misión Barrio Adentro, que contempla la creación de 600 clínicas populares, 8.000 consultorios populares, 600 centros de diagnóstico integral, 600 centros de rehabilitación integral, 35 centros de alta tecnología, todos ellos programados y en construcción.

 

La necesidad de enfrentar los problemas de exclusión social e inequidad en salud exige implementar políticas e instrumentos para avanzar hacia la universalización de las coberturas de servicios de salud. Asimismo el constante aumento de los costos, que conlleva el avance tecnológico, el crecimiento de la demanda y de los requerimientos financieros, implica que las mejoras de eficacia y contención de costos sean puntos centrales en la definición de políticas de salud, que a su vez incluya la compensación de brechas entre regiones y entre grupos socioeconómicos. Las reformas del sector de salud deben contemplarse como algo más que un simple proceso tecnocrático o de gestión. Forman parte de una transformación política que comporta debates, con una amplia participación de diversos actores sobre las estrategias más adecuadas para avanzar. En algunos casos, la reforma sanitaria forma parte de un proceso de democratización que está

cambiando el papel que desempeña el gobierno y el sector público en muchos países. Estos procesos, en muchos casos, van acompañados por cambios en la relación de las instituciones y los profesionales de la salud con sus usuarios.

 

3.2- Propuestas de Acción para la implementación de Políticas efectivas en el Sistema de Salud Pública en América Latina.

 

 

Las propuestas en el nivel macro comprenden la decisión sobre los recursos óptimos para salud, la configuración de sistemas globales de salud, los mecanismos de transferencia de recursos y los papeles que les corresponde desarrollar al Estado, propuestas estas que señalamos en función a su nivel de la manera siguiente:

 

  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes.
  • Fortalecer y avanzar hacia la universalización de las coberturas, implementándose mecanismos de ajuste de riesgos, para hacer frente a los problemas de exclusión social e inequidad en salud. o Definir paquetes básicos de garantías explícitas o planes mínimos obligatorios de prestaciones, como una forma de avanzar hacia sistemas integrados de salud que sean capaces de proveer de cobertura oportuna y de calidad a toda la población, de manera independiente a su riesgo e ingreso.
  • Avanzar en una mayor supervisión de los sistemas de salud, estableciendo un marco regulatorio que promueva la equidad y la eficiencia.
  • Focalizar los esfuerzos de cobertura y equidad en los grupos más vulnerables y expuestos a mayores riesgos, ello es necesario particularmente en los países cuyo esfuerzo interno actual es insuficiente o en aquellos cuyo nivel absoluto de gasto es muy bajo.
  • Propender a la configuración de sistemas de salud que definan los ámbitos y establezcan las formas de coordinación entre los distintos sub-sectores con mecanismos de suspensión adecuados.

 

  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • El Estado ha de seguir siendo hegemónico en los aspectos normativos, de política, seguimiento y control. Deberá mantener un papel central en las medidas redistributivas para generar mayor cobertura y equidad y en las acciones destinadas a mejorar la capacidad de negociación de las personas y comunidades frente a los proveedores de salud.

 

Las propuestas en el nivel micro corresponden a acciones y mecanismos  que inciden en el rendimiento y eficiencia productiva de los sistemas de salud, a la vez que afectan directa e indirectamente la cobertura y la equidad.

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género, adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos.
  • implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud. Existe consenso respecto a que las estructuras de los sistemas de salud deberán ser descentralizadas y desconcentradas.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos. Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones y profesionales de la salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.

 

4.- Soluciones que plantea el Equipo de Trabajo.

Se sostiene que  para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio relacionados con el sistema de salud pública de los países de América Latina deben seguir un proceso el cual debe estructurar un esquema efectivo que analice la problemática, el  panorama de la situación y tendencias de la salud pública y sus determinantes, ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias para reducir las desigualdades existentes entre los países y las inequidades al interior de ellos. Estas estrategias deben permitir seguir avanzando en la protección social de la población, mediante sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria de salud y políticas públicas saludables construidas con la participación de la comunidad y conducidas por autoridades sanitarias sólidas y respetadas. Las soluciones basadas en los fines y medios para alcanzar la efectividad de las políticas de salud pública en América Latina se presentan en relación al problema planteado de la manera siguiente:

 

  • Acceso equitativo a los servicios de salud; desarrollo y capacitación de recursos humanos, orientados a la búsqueda de la equidad, las intervenciones para mejorar la salud tienen que priorizar a los más pobres, a los marginados y a los vulnerables. Los pueblos indígenas y las comunidades tribales deben ser priorizados.
  • Reducir las inequidades en materia de salud, incluidas aquellas vinculadas a la pobreza, la marginación, el género, la raza o etnia y la edad; avanzar en materia de protección social en salud; extender la cobertura de las intervenciones más críticas; aumentar los niveles de gasto público corriente y de inversión del sector y la calidad de la asignación de recursos sectoriales.
  • Reorientar los servicios de atención de la salud sobre la base de una nueva estrategia de atención primaria, que promueva la participación activa de todos los usuarios del sistema, fortalecer la infraestructura en salud pública y avanzar en la formulación y puesta en práctica de políticas y medidas intersectoriales.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género. Adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos. Asimismo, implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas
  • Los países de América Latina deben promover un aseguramiento público masivo en materia de salud, como parte de las reformas en sus sistemas generales de seguridad social  y en  los modelos de atención integral en materia de salud.
  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes, así como las limitaciones presupuestarias.
  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • Perfeccionar el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos.
  • Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones.
  • Definir una política de desarrollo tecnológico, lo cual significa establecer el nivel tecnológico objetivo para el sector salud y especialmente, para la producción estatal de salud; fijar los sectores de punta; incorporar los avances tecnológicos acordes con disponibilidades propias de factores productivos y las condiciones socioeconómicas de las personas y comunidades.
  • Establecer sistemas que permitan discriminar las prioridades de atención requeridas dada la naturaleza de la morbilidad y su severidad, dotando a los establecimientos de capacidad resolutiva y adecuados sistemas de derivación y seguimiento de los pacientes.

 

  • Mejorar el desempeño profesional mediante la adopción de normas y actividades de educación permanente.
  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud.
  • Dotar de mayor flexibilidad interna y autonomía a los sistemas de salud, para efectuar con dinamismo los cambios de organización, métodos y formas productivas necesarias para una mayor efectividad y eficiencia.
  • Contar con capacidad de gestión gerencial en todos los niveles de las organizaciones y liderazgo en administración de salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.
  • Estas propuestas señalan cursos de acción para optimizar el bienestar en salud de las personas y comunidades, es decir, aumentar la calidad de las atenciones y reducir los costos, mejorar tanto la cobertura como reducir las disparidades, y aumentar la eficiencia productiva y global de los sistemas de salud de la región.

 

En este orden las políticas de Salud en América Latina deben asegurar entre otras:

 

  • Garantía de acceso, conforme a la cual todos los individuos deberán recibir atención y formar parte de una red de salud.
  • Garantía de oportunidad, para todos los extractos de las clases sociales.

 

  • Garantía de calidad, que establece que las prestaciones seguirán patrones de exigencia técnica preestablecidos y construidos a partir de pruebas de evidencia médica.
  • Avances tecnológicos y adecuada dotación de los recursos que permitan la prestación de un servicio de salud pública eficiente.

6.-  Matriz FODA “POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA  EN AMÉRICA LATINA”

Fortaleza

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

-Los Avances obtenidos en el área de investigación

 

-Recursos presupuestarios para dotar de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura a la red institucional de servicios públicos de salud.

 

-Profesionales en el área de Salud de elevada calidad.

-Cambios normativos en relación con la salud

-Las reformas de los sistemas de salud.

-Los programas de salud puestos en marcha.

-Reducciones de las tasas de fecundidad y mortalidad

-Los sistemas de salud que  incluyen diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud.

-La inequidad en la atención de la salud.

-Condiciones económicas de la población (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida y exclusión social).

-Ineficiencia en los servicios de salud.

-El insuficiente seguimiento, evaluación y reorientación de los servicios  de salud

-Baja calidad y la ineficiencia de los servicios.

-La brecha entre la cobertura pública de salud  urbana y rural

 

-La falta de articulación entre las lógicas que rigen los sectores privado y público de salud.

-Inaccesibilidad de los servicios de salud debido a la escasez de medios de transporte y de comunicación  en algunas zonas.

-La intensificación de movimientos migratorios y a la demanda de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas  de la región.

-La insuficiente capacidad de gestión, tanto de las entidades territoriales responsables como de las redes de prestación de servicios de salud.

-Las deficiencias en los procesos de vigilancia y control.

 

-Los retrasos sistemáticos en el flujo de recursos, lo que genera condiciones de insostenibilidad en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud.

-Capacidad de los gobiernos para responder a los problemas de salud de su población.

-Transformaciones del perfil epidemiológico y demográfico.

-Exposición desigual a los riesgos de salud en los diversos grupos poblacionales.

-El limitado acceso a los servicios de salud.

 

ABOGADO: Ana Beatriz Arriba

criminal penal

Abogado Penalista

            Un abogado penalista es aquel que se ha especializado en Derecho Penal, es decir, la rama jurídica que regula toda clase de delitos y sus penas y establece las normas que rigen el procedimiento legal, por el que se puede reclamar la reparación de los daños causados por la comisión de esos delitos. El abogado penalista como profesional en derecho, interviene como defensor o acusador particular en representación de un acusado ante los jueces, tribunales o altas cortes, que son aquellos que tienen jurisdicción para investigar y tramitar un proceso de esta índole.

            Como especialista en la materia, un abogado penalista será capaz de asesorar a sus clientes para iniciar un proceso penal contra un particular, empresa u organismo público tras la comisión de un delito, o para definir la estrategia de defensa en caso de que un ciudadano o una persona jurídica sea citado por parte de un cuerpo policial o se vea inmerso en un procedimiento penal.

Funciones del Abogado Penalista

            Sus funciones no tienen por qué comenzar cuando ya existe un delito (o supuesto delito), sino que comienzan asesorando a los clientes (ya sean personas físicas o jurídicas) en la prevención de los mismos. Es cierto, que una vez cometido el delito entraría en acción la función más “común” del abogado penalista procesal (ya sea defendiendo o acusando) y deberá intervenir en los diferentes pasos del proceso; siendo el abogado del acusado, prestando asistencia en las dependencias judiciales, y definiendo la estrategia de defensa de su cliente, ya sea para lograr la completa absolución, o bien, en algunos casos conseguir la pena más favorable posible; y, desde el punto de vista de la acusación podrá iniciar procesos penales, no solo contra grandes corporaciones, sino también contra particulares, e incluso contra organismos públicos sobre los que existe sospecha de haber cometido alguna infracción o ilegalidad (siempre que estén tipificadas dentro del Código Penal).

            El propósito de un abogado penalista no es solo probar que un acusado es inocente o culpable de los cargos que se le atribuyen sino debe negociar un acuerdo con el fiscal sobre cómo se puede levantar el caso, realizar un cambio de cargos o (reducción o no) de penas, asegurando siempre que el cliente reciba el juicio justo, para ello debe preparar y llevar a cabo una estrategia de defensa o acusación con el objetivo de convencer a los jueces de que el cliente a quien acompaña es quien tiene la razón en el litigio. Para lograrlo, debe traducir al lenguaje jurídico las pretensiones de su representado y esto se hace presentando a los jueces o magistrados argumentos jurídico-penales junto con pruebas que demuestren con el mayor grado de convicción posible una versión de los hechos favorable a los intereses del cliente dada la gravedad de las consecuencias de un proceso penal como lo es perder la libertad. Por ello, es un principio básico del derecho penal solo castigar las conductas que causen un daño realmente grave que no pueda ser castigado o reparado por ninguna otra rama del derecho.

            Es sumamente importante contratar abogados competentes y calificados en el ámbito legal, ya que mediante sus conocimientos y habilidades podrán llevar a cabo todas las gestiones que los clientes requieran al instante de presentar alguna situación irregular y necesiten acudir a un abogado penalista. La complejidad de los procesos penales actuales hace imprescindible la intervención de un especialista en el área penal que sepa seleccionar las evidencias y emplee las estrategias que tengan más posibilidades de triunfo en el juicio, garantizando a los clientes el respaldo y representación desde el momento en que los contacte hasta que el juez dicte sentencia.

Competencias y habilidades de un penalista

            Un abogado penalista, está en contacto directo con el cliente, por lo que debe tener la capacidad de explicar a una persona ajena al derecho el proceso, sin tecnicismos innecesarios; escuchar y comprender sin juzgar, acompañarlo hasta la resolución del caso, es necesario que sepa representar debidamente a su cliente, siendo convincente, en un primer momento con el abogado contrario, y con el magistrado o el tribunal del jurado.

            Si bien es cierto que las cualidades que debe tener un buen abogado penalista, no distan de las que debe tener un abogado de cualquier otro ámbito, no hay que olvidar que, el riesgo de un error y las consecuencias que puede tener este para el cliente son mayores, por lo que será necesario una gran implicación y templanza en el ejercicio de su profesión. Hace falta afrontar cada caso de una manera imparcial, ver todos los puntos de vista, ser capaz de establecer una estrategia, dominarla, y saber los puntos fuertes y débiles de la misma, y tener la suficiente capacidad de reacción como para saber responder de manera correcta ante los imprevistos que siempre surgen. Para poder defender la estrategia y llevarla a buen término, es muy importante tener un amplísimo conocimiento de la ley (tanto de la norma como del propio proceso penal) formarse, estudiar, leer y comprender la norma, estar al tanto de las actualizaciones y cambios legislativos.

Ámbitos de la especialidad

Los ámbitos en los que se mueve un abogado penalista, son amplios pues existen existen delitos de muchos tipos, delitos contra las personas y la vida, delitos contra la propiedad, delitos económicos, delitos contra la administración, delitos sexuales, delitos contra la seguridad pública, contra las relaciones familiares, contra la Hacienda Pública, la seguridad social, falsedad de documentos, delitos relacionados con la informática y otros.

            Además, también puede dedicarse a la defensa de los ciudadanos en el extranjero, extradiciones, órdenes de extradición por lo que, si bien existen abogados penalistas en general, dentro de esta misma rama se tiende a especializarse en una materia concreta del derecho penal, ya que, y aun siendo cierto que es necesario tener un conocimiento (cuanto más amplio mejor) del derecho, y del derecho penal en concreto, cuanto más tiempo se dedique al estudio de una especialidad, más se dominará.

El derecho penal

            Es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva (ius puniendi) del Estado. El derecho penal asocia a la realización de determinadas conductas llamadas delitos, así como las penas y medidas de preventivas como consecuencias jurídicas. El derecho penal es una agrupación de normas que regulan los pilares del debido proceso, con la finalidad principal de la aplicación de las leyes tanto adjetivas como sustantivas.

            Se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad.

            El derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun a los casos privados); propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho.

            Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales como:

  • Franz von Liszt: «Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia».
  • Ricardo Nuñez Muñoz: «La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción o una medida de seguridad a los autores de infracciones punibles».
  • Luis Jiménez de Asúa: «Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora».
  • Fontán Balestra: «Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción».
  • Cándido Herrero: «Conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que definen las conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad que hay que aplicar a sus infractores».
  • Zaffaroni: «Conjunto de leyes que traducen normas constituitivas de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones en el derecho».

            El derecho penal no se reduce al listado de las conductas consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que principalmente su misión es proteger a la sociedad. Esto se lograría a través de medidas que por un lado conducen a la separación del peor delincuente por el tiempo necesario, a la par que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento adecuado en cada caso para lograr esta finalidad. Así pues, el derecho penal se puede definir como el conjunto de normas, que pertenecen al ordenamiento jurídico de determinado estado, cuyo propósito primordial es regular conductas punibles, consideradas como delitos, con la aplicación de una pena.

            El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito, así como el acompañamiento y orientación de las decisiones judiciales en la materia. Pero no solo eso, sino que también de los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe detrás del castigo y/o la reclusión

Fuentes

            La fuente del derecho penal en los sistemas en los que impera el principio de legalidad es la Ley, de la cual emana el poder para la formación de las demás normas y su respectiva aplicación, por lo tanto, solo esta puede ser la creadora y fuente directa del derecho penal.

            La Costumbre no es fuente del derecho penal, en los sistemas penales donde impera el principio de legalidad, aunque pueda serlo de otras ramas del derecho.

            La Jurisprudencia es la reiteración de decisiones sobre un mismo asunto de forma similar, no es una sola decisión, tiene que ver con una actividad plural de decisiones que consolidan una tendencia para la solución de un caso. En los sistemas penales continentales la jurisprudencia no es fuente de derecho, así como tampoco lo es la analogía.

            La Doctrina no es fuente del derecho penal aunque cumple importantes funciones de cara a la creación e interpretación de la ley penal.

            Los Principios Generales del Derecho, tampoco pueden ser considerados fuente del derecho penal, aunque cumplen otras funciones al orientar y limitar la actividad legislativa; la interpretación o la aplicación de la ley penal.

Relación con otras ramas del Derecho

  • Derecho constitucional: La Constitución de cada Estado es la que fija las bases y los límites a los que el derecho penal deberá sujetarse (limitaciones al ius puniendi), con principios como el de presunción de inocencia, debido proceso, entre otros.
  • Derecho civil: Muchas de las nociones que se utilizan en el derecho penal provienen o son definidas en el derecho civil. Para que haya adulterio, por ejemplo, debe haber matrimonio, y este es un concepto civil; o para que haya robo, debe haber propiedad.
  • Derecho mercantil: Sucede lo mismo que en el caso anterior. Podemos ejemplificar con el delito de estafa con cheque, para lo cual es necesario tomar del derecho comercial el concepto de cheque.
    • Derecho administrativo: Por una parte, el derecho penal protege la actividad administrativa sancionando las conductas que atentan contra su debido funcionamiento; por otra, generalmente, el hecho de revestir el autor del delito autoridad administrativa agrava la pena. Luego, el ejercicio de la persecución penal, al estar a cargo de órganos administrativos, acerca también a estas dos ramas del derecho. Por último, cuando los órganos administrativos imponen sanciones, se ha entendido que los principios y garantías del derecho penal son también aplicables en el ejercicio de esta jurisdicción,.

Relación con otras ciencias penales

            El jurista Jiménez de Asúa clasificó las ciencias penales en las siguientes disciplinas, estando encuadrado el derecho penal en las ciencias jurídico-represivas:

  • Ciencias penales filosóficas e históricas: Filosofía del derecho penal, Historia del derecho penal y Legislación penal comparada.
  • Ciencias causal-explicativas, que identificó con la Criminología: Antropología y Biología criminal, Psicología criminal, Sociología criminal y Penología.
  • Ciencias jurídico-represivas: Derecho penal, Derecho procesal penal, Derecho penitenciario y Política criminal.
  • Ciencias de la pesquisa: Criminalística y Policía judicial científica.
  • Ciencias auxiliares: Estadística criminal, Medicina legal y Psiquiatría forense.
  • La teoria de la justa retribución: reconoce finalidades de prevención, como el mejoramiento y la intimidación, como fines de la pena.

El Ordenamiento Jurídico Penal

            Constituye un conjunto de normas jurídicas de carácter sustantivas y adjetivas, por las cuales el Estado, en ejercicio del poder sancionador o coercitivo, que le es dado por ejercicio de lo dispuesto en la Constitución de la República y la ley, busca garantizar la paz y la armonía social al establecer:

  1. a) Los delitos y las penas;
  2. b) Las faltas y las sanciones;
  3. c) Las medidas de seguridad;
  4. d) Los procedimientos; y
  5. e) El régimen penitenciario

     

El Ordenamiento jurídico penal, se agrupa en tres grandes áreas:

 

            Contiene las normas de carácter sustantivo que determinan los delitos y las penas, las faltas y sanciones, así como las medidas de seguridad, lo que constituye el derecho penal sustantivo. De igual forma, configura los procedimientos necesarios que estructuran o rigen la investigación del hecho criminal y su juzgamiento hasta alcanzar la definitiva condena o imposición de la sanción o la medida de seguridad, y es cuando nos referimos al derecho procesal penal o derecho penal adjetivo. El primero de aquellos está constituido por lo que generalmente se le reconoce como código penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, que establecen los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de las mismas. De igual forma, es rama del ordenamiento jurídico penal, el conjunto de normas y reglas que abarcan el cumplimiento de la pena, las medidas alternativas, los beneficios penitenciarios y el cumplimiento de las medidas de seguridad, lo cual se conoce como Derecho Penitenciario.

 

            El Ordenamiento jurídico penal se nutre a sí mismo de todas las disciplinas del conocimiento, estando asociado íntimamente con la criminología y la criminalística con la finalidad de buscar respuestas a la necesidad de establecer la conducta humana que se subsume en el tipo penal y así reconstruir los acontecimiento pasados para encontrar en el hecho criminal los responsables e imponerle, en aplicación del derecho, la justa pena, sanción o medida de seguridad.

Características del derecho penal

 

            El derecho penal, es de carácter normativo, público, contingente, valorativo, finalista, garantizador, cultural, punitivo, coercitivo, fragmentario, subsidiario, de mínima intervención por parte del Estado, personalísimo e igualitario, que tiene la norma y el bien jurídico como polos de sus ejes programáticos establecidos en la Constitución de la República y cuya naturaleza es eminentemente sancionatoria.

 

Normativo: El derecho penal comprende un conjunto sistemático de normas de carácter punitivo, lo que no está normado no está comprendido dentro del rango del derecho penal, es así como la prohibición de la conducta y su consecuencia o penalidad está contenida en la norma jurídica de carácter penal. El carácter normativo del derecho penal pretende conocer el entorno en que se producen las normas, las razones por las cuales se verifican su existencia, así como distinguir los casos en que los supuestos de su existencia o excepción no se verifican en el orden social. En consecuencia, el carácter normativo del derecho penal revisa los conceptos de derecho, sistemas jurídicos penal, norma, aplicación y eficacia, entre otros, en virtud de su estrecha relación con los conflictos normativos que se presentan en la aplicación y existencia del derecho penal. El carácter normativo del derecho penal pretende determinar el significado de los conceptos que integran de sistema jurídico penal. De tal forma que los elementos más relevantes de cada uno de estos conceptos aporten las características para la identificación y comprensión del concepto del sistema normativo que integra el campo jurídico penal.

 

Público: el carácter protector del ordenamiento jurídico penal, atañe a toda la colectividad, es por ello que tutela los intereses de carácter general en resguardo del interés colectivo y difuso. De igual forma, el derecho penal es de carácter público, porque a tenor de lo expresamente dispuesto en la Constitución de la República, respecto a lo que es considerado reserva legal, sólo el Estado tiene la capacidad para crear normas que definan delitos y que impongan sanciones en atención al principio de legalidad penal, “nullum crimen, nulla poena sine lege”.

 

Contingente: porque el derecho penal pretende regular las relaciones humanas en un determinado marco social, espacial y temporal, a efectos de su efectiva aplicación práctica, esto quiere decir, que el derecho penal debe observar la realidad y ajustarse a ella, la sociedad va cambiando en el tiempo, de igual forma cambia la necesidad de regular conductas que pudieran considerarse indeseables en un determinado contexto de espacio-tiempo.

 

Valorativo: El derecho penal, determina las clases y naturaleza de la acción humana que es considerado el hecho criminal, para así establecer la sanción, por todo ello entiende que el centro valorativo de su acción lo encuentra en la conducta humana, que es calificada bajo la perspectiva dogmática que fija la norma penal, estableciendo parámetros valorativos con la finalidad de determinar las formas y grado de participación, responsabilidad y sanción.

 

Finalista o de Última Ratio: La acción del derecho penal se debe circunscribir a la menor inherencia posible o mínima intervención. El derecho penal se considera un instrumento social al cual debe recurrirse cuando previamente, se han agotado todas las instancias de control, tanto formal como material. En sí mismo, el fin del derecho penal no es sancionatorio, busca prevenir la ilicitud y garantizar la paz, la armonía y el respeto dentro del orden social que determina el Estado de Derecho.

            Se confunde con el derecho de castigar del Estado o “Ius Puniendi”, de ahí que la sanción impuesta por el derecho penal no solo puede ser corporal o expiatoria, puede también ser de orden retributiva o de rectificación. Persigue como fin, la convivencia social, protege el derecho e intereses de los individuos crea el ambiente para que exista dentro del Estado la conciencia colectiva que determina la seguridad jurídica. El derecho penal, constituye el máximo y último recurso que una sociedad puede aplicar a los miembros que se apartan de la conducta que espera la norma, se distancia en el ámbito y extensión de la aplicación del derecho disciplinario que las sociedades aplican a los miembros que la integran, por ejemplo: un cuerpo de policía, de bomberos, la milicia entre otros.

 

Garantizador: el derecho penal pretende asegurar los bienes jurídicos que establece el orden universal, constitucional y legal, busca el adecuado equilibrio social que constituye el desenvolvimiento social determinando el ámbito de libertad individual y colectiva, dentro del respeto a la ley en el entendimiento de los conceptos de justicia.

 

Cultural: el derecho penal es un producto de cada sociedad, que de acuerdo al principio de autonomía, cuentan con la prerrogativa de estructurar sus propias normas dentro de la aspiración de orden social. Con la idea de garantizar el respeto, la equidad y la justicia, el derecho penal concibe normas de conductas que en algunos casos criminaliza la acción moral de la sociedad, es por ello que cada sociedad en particular, en base a parámetros culturales, determina las conductas que en ese entorno son consideradas criminales. Lo cultural se inserta en la ciencia del saber humano, en su historia y en las formas y usos sociales en particular que determina el derecho penal.

 

Punitivo: determina cuales conductas se consideran criminales y en consecuencia establece sanciones. El hecho penal, encierra la conducta que concibe la norma penal como injusta y en consecuencia como punible en un espacio y tiempo determinado.

 

Coercitivo: el derecho penal impone una obligación de observar determinado comportamiento o de abstenerse, bajo la presión o coacción a la imposición de una pena o sanción.

 

Fragmentario: el derecho penal no puede llegar a brindar protección a la totalidad de bienes jurídicos ni a protegerlos de todo tipo de agresión lesiva. La fragmentariedad busca encontrar el margen mínimo de la injerencia penal en el comportamiento humano que es considerado lesivo por cuanto atenta contra la sociedad: las faltas contra la moral, los ilícitos administrativos, disciplinarios, civiles, laborales, entre otros. Esto significa que el derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, es decir,  sólo sanciona las modalidades de ataque más peligrosas para ellos. Así, no todos los ataques a la propiedad constituyen delito, sino sólo ciertas modalidades especialmente peligrosas, el otro espectro de daño será materia del marco tutelar del derecho civil. Es por ello que, la intervención punitiva estatal no se realiza frente a toda situación, únicamente a hechos que la ley penal ha determinado específicamente dentro del carácter fragmentario, por lo que la pena constituye un instrumento subsidiario, que determina la consecuencia o castigo necesario. Este principio pretende establecer, sólo aquellos bienes jurídicos, importantes, necesarios e indispensables para la viabilidad de la protección penal que garantice las interrelaciones y la cohesión del sistema social y político del Estado.

 

            En cuanto al caracter fragmentario, cabe preguntarse, si de la afirmación de que todo delito viola o pone en peligro un bien jurídico puede deducirse que todo ataque a un bien jurídico debe ser incriminado. El derecho penal busca tanto proteger los bienes jurídicos como reforzar en las personas el respeto de los valores reconocidos por el orden jurídico. Sin embargo, su finalidad no es la de imponer una moral determinada ni realizar un ideal de justicia. La sanción penal constituye la ultima ratio de la protección de los bienes jurídicos. Se debe reprimir únicamente los ataques dirigidos contra los bienes considerados fundamentales y sólo si esos ataques revisten cierta gravedad y la represión aparece como necesaria en consideración de las personas involucradas. Por ejemplo, en el ámbito de la protección del patrimonio, no se reprime a quien incumple un contrato, aun cuando implique un perjuicio económico importante. La represión se limita a los ataques más graves o a los más insidiosos (estafa, abuso de confianza, robo).

Subsidiario: Este principio establece que sólo en defecto y ante la inexistencia de solución al conflicto social, en otras vías como: la civil, administrativa, laboral, de familia, entre otros, se legitima la configuración, invocación o aplicación del tipo penal. La subsidiaridad se deriva del principio fragmentario del derecho penal, señala que la norma penal posee naturaleza subsidiaria. Este principio, parte de reconocer la existencia y prioridad de otras vías distintas a la penal para la solución de conflictos de relevancia jurídica, bajo el presupuesto de que la vía penal sólo debe emplearse como el último recurso al comprobar que concurren los elementos de necesidad que están configurados en la norma penal, singularizada en razón al principio de mínima regulación. El derecho penal no es el único medio de coacción estatal destinado a proteger los bienes jurídicos; sólo completa el arsenal de medios coercitivos estatuidos por el orden jurídico. Además, existe un sistema de sanciones no estatales, como las cláusulas penales establecidas en contratos o las medidas disciplinarias. El derecho penal no tiene, por tanto, el monopolio de las sanciones.

 

Mínima Intervención o Última Ratio: Este principio expresa que sólo cuando sea absolutamente necesaria el establecimiento de una norma de carácter penal debe producirse la intervención estatal. Lo que no le haga daño a nadie, no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado, exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes, para que sea necesario el establecimiento de la regulación penal que justifica la protección social. El derecho penal debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los principios constitucionales que establecen las garantías individuales y colectivas.

 

Personalísimo: La responsabilidad penal es personal; la pena y las medidas de seguridad sólo pueden imponerse a quien haya incurrido personalmente en la comisión de un delito, lo cual crea responsabilidad personal al sujeto activo, el único sujeto activo de delito es la apersona humana que lo cometió. En materia penal, conceptos como la representación o transmisibilidad no existen, ante la comisión de un hecho criminal sólo responde quien haya cometido el delito, así mismo la pena impuesta al delincuente no trasciende a ninguna otra persona. Al morir, la pena se extingue junto con la responsabilidad penal.

 

Igualitario: el derecho penal debe ser aplicable igualitariamente a todos los individuos que integran la sociedad, sin distinción de raza, sexo, creencias políticas o convicción religiosa entre otros.

 

Derecho Penal y Control Social

 

            El derecho penal es el instrumento jurídico más enérgico que dispone el Estado para evitar y castigar las conductas que resultan más reprochables socialmente. Sin embargo, es de gran importancia entender que este instrumento social no es el único, y muchas veces el más idóneo, del que dispone la sociedad y el Estado para alcanzar el efectivo control social, la paz y armonía que se espera en las conductas de los individuos que la integran. En efecto, toda sociedad genera instancias formales e informales de control social, es decir, ello demarca la formación y adecuación del comportamiento social para alcanzar el grado esperado de convivencia. La educación que determina el desenvolvimiento del comportamiento social, dará forma directa y será el reflejo cónsono de las necesidades y carencias que la convivencia alcanzada. Los métodos culturales, las circunstancias políticas, sociales y económicas presentes en un momento histórico especifico, conformará las características esenciales del marco regulador de las libertades sociales y del avance o retroceso alcanzado por la regulación penal que caracteriza a una determinada sociedad.

 

Principio de seguridad jurídica:

 

            El principio de seguridad jurídica, debe entenderse como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la certeza y confianza de toda la sociedad en el cumplimiento del derecho, implica que todos los miembros del colectivo social conocen el alcance de la norma y adecuan su comportamiento a su aplicación, se conoce, o se intuye que puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el Poder Público del Estado.

 

            El Estado, como máximo exponente del Poder Público y a quien le está encomendado el ejercicio regulador de las relaciones en la sociedad, no sólo establece o debe establecer las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica, dentro de la división de los poderes y el marco constitucional y legal que determina el ejercicio del Poder Público, reflejado en sus atribuciones, en la actividad política, jurídica y legislativa. La seguridad jurídica es en suma, el eje trasversal que une los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional y penal que caracteriza de forma singular a las sociedades de corte democrático, por cuanto transmite a todos los ciudadanos, la garantía y tranquilidad de conocer, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares.

 

            La seguridad jurídica es en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados, o que si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la certeza en el cumplimiento del derecho que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada, más allá de procedimientos regulares previamente establecidos por el derecho.

 

            Son principios típicamente derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y las penas, las garantías y derechos constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las acciones y la prescripción. La irretroactividad de la ley significa que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. En definitiva, todo lo que supone la certeza del derecho como valor o atributo esencial del Estado.

Función del Derecho Penal

 

            La función primordial del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, contribuyendo de esta forma a la convivencia social. En definitiva, el fin del derecho penal es la protección de la sociedad frente a las conductas más gravemente antisociales. Por ello establece sanciones y penas, el quantum de la penal viene determinado por la necesidad de tutelar el bien infringido, el máximo de pena viene fijado por la gravedad del hecho y la calibración que haga el juez respecto a la culpabilidad que es determinada en el proceso a los responsables y participes del hecho criminal. Puede así decirse que el fin del derecho penal es el restablecimiento del orden social amenazado o atacado por un culpable, en razón de la infracción cometida, gravedad del hecho y culpabilidad del agente, calibrada por un juez en la imposición de una pena.

 

La Ciencia del Derecho Penal

 

La ciencia del derecho denal, tiene por objeto organizar en un sistema perfectamente definido, el contenido de las normas penales, para así facilitar en extenso su comprensión entre otros aspectos. La comprensión estructurada de dichas normas permitirá su eficiente aplicación, por ello juega un papel preponderante en la Ciencia del derecho penal el establecimiento de mecanismos interpretativos e integrativos a fin de canalizar el conocimiento sistemático y científico de los principios que forman la base de la estructura de la norma, bien sea sustantiva o adjetiva dentro del ordenamiento jurídico penal, es por ello, que la legislación penal al igual que otras normativas de derecho, deben ser estudiadas de forma holísticas, es decir tomando en cuenta todo su conjunto, de tal manera que el examen de las normas jurídicas no pueden formularse atendiendo únicamente a disposición concreta, aislada o abstractas.

 

La Evolución Histórica de la Ciencia del Derecho Penal

 

            La aparición de la criminalidad, ha constituido uno de los aspectos constantes de la vida social, hasta el punto que hoy no se considera como un fenómeno anormal del grupo social, sino como algo connatural a toda sociedad organizada, siendo sólo lo anormal los bruscos crecimientos o decrecimientos de las tasas de delito. Con base a ello, se han señalado como características del fenómeno criminal, la constante evolución, que aprovecha los avances alcanzado por la humanidad para apropiarse de la oportunidad y alcanzar sus fines mezquino, lo que ha obligado a la sociedad, y en particular al Estado, a criminalizar la existencia de tales acciones dolosas. La evolución del derecho penal se puede agrupar en las siguientes fases o etapas:

 

            La Venganza Privada o Tabú: en los tiempos primitivos no existía un derecho penal estructurado, sino que había toda una serie de prohibiciones basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya violación traía consecuencias no sólo para el ofensor sino también para todos los miembros de su familia, clan o tribu. Cuando se responsabilizaba a alguien por la violación de una de estas prohibiciones (tabú), el ofensor quedaba a merced de la víctima y sus parientes, quienes tenían el derecho de causarle a él y su familia un castigo que podía implicar un mal mayor al daño causado. Esto implicaba, que no era posible establecer algún parámetro de comparación o relación entre la ofensa y la magnitud del castigo. A esta etapa se le conoce también como venganza de sangre o época bárbara. El impulso de la defensa del interés particular lesionado es la fuerza impulsora de la venganza, conocida como ratio essendi, que es la razón de ser que justifica toda la actividad provocada por un presunto ataque injusto a un interés personal o colectivo.

 

            Durante esta época, la función punitiva la ejercían íntegramente los particulares, pues cada individuo, cada familia y cada grupo se protegen y se hace justicia por su propia mano y a su propio riesgo. En esta etapa privaba el derecho del más fuerte, ya que motivado a instintos salvajes, el más fuerte era quien imponía la norma y el castigo, lo cual por su carácter casuístico, estaba regido por la fuerza del carácter o temperamento de quien ostentaba el poder del grupo social y en cada caso podía establecer reglas y castigos distintos para circunstancias similares. La pena trascendía del infractor a los integrantes de su grupo familiar o social, así como a sus bienes o posesiones.

 

La Venganza Divina: Al lado del período conocido como venganza privada, se gestó también dentro de las organizaciones sociales más cultas o elevadas, el principio teocrático y este vino a convertirse en fundamento del derecho penal de este período, pues no se castigaba al culpable para satisfacer al ofendido, sino para que aquél expiase la ofensa causada a los dioses por los delitos cometidos. En este período se constituye una etapa evolucionada en la civilización de los pueblos. Los conceptos de derecho y religión se funden en uno sólo y así el delito más que ofensa a la persona o al grupo, lo es a la divinidad. En general, en esta época la clase sacerdotal era quien establecía la forma de expiación de los pecados, que era satisfecha por la penitencia, o la ofrenda que debía otorgar para la obtención del perdón divino.

 

            En esta etapa evolutiva del derecho penal, la justicia represiva es manejada generalmente por la clase sacerdotal, aparece en muchísimos pueblos, pero se perfila de manera clara en el pueblo hebreo, esto no resulta extraño si se atiende que los judíos han sido siempre eminentemente religiosos, dejando sentado el carácter de tal derecho en múltiples escrituras dentro de las cuales se encuentra el Pentateuco, que era un conjunto de cinco libros que integraban a la primera parte del Antiguo Testamento y en los que se contienen las Normas del Derecho del Pueblo de Israel. Bajo este esquema, el derecho de castigar proviene de la divinidad y el delito constituye una ofensa a ésta deidad, la pena en consecuencia, está encaminada a borrar el ultraje a la divinidad, al aplicar su ira, identificándose para el delincuente con el medio de espiar su culpa.

 

            Otra forma de apreciación sobre la venganza divina la podemos encontrar en los libros sagrados de Egipto, que son igualmente prueba de la fusión entre los conceptos de delito y represión como los de ofensa a la divinidad y expiación religiosa, El Derecho Egipcio está también, como el del pueblo Judío, lleno de espíritu religioso; ya que en él se observa la delegación del derecho de castigar a los sacerdotes.

 

La Venganza Pública: En esta etapa de la evolución de las ideas penales, se transforman los conceptos de pena y función represiva, dándoles un carácter eminentemente público, es decir, esta etapa se caracteriza por la aspiración de mantener a toda costa la tranquilidad pública, durante esta etapa, se empieza a hacer distinción entre delitos privados y públicos, según el hecho lesionado de manera directa, los intereses de los particulares o el orden público. Es entonces cuando aparece la etapa llamada “venganza pública” o “concepción política”; el rey concedía poder para que en su nombre los tribunales aplicaran el derecho, limitado su ejercicio al marco de la ley. Este fue una época, de propósitos retributivos y a lo sumo intimidantes, con fines de prevención general, en que se aspiraba a utilizar al delincuente en provecho del Estado, mediante el trabajo forzado en minas y galeras, estableciendo formas de esclavitud como mecanismos de condenas.

 

            Otro aspecto importante de este periodo, lo constituye la masificación de la escritura, que ya no es privativa de la clase religiosa, es así como su difusión permite transmitir de una sociedad a otra los avances sociales y la ley, que permitió poner freno a los excesos cometidos, por los presuntos ofendidos al tomar la venganza en sus manos, por las afrentas perpetradas en su contra o en contra de sus intereses. Es así como surgió la regla escrita como forma de determinar y limitar el castigo, dando lugar a lo que se conoce como la Ley del Talión, que no fue otra cosa, sino una medida moderadora, pues sólo se le reconocía al ofendido el derecho de causar un mal de igual intensidad al que había sufrido. Fue poco después que nació la compensación, mediante la cual se autorizaba para que el ofendido y el ofensor, nombrasen representantes que moderaran los reclamos recíprocos y acordaran la cantidad a indemnizar o los límites del castigo. La norma jurídica en esta etapa adquiere una forma dicotómica o simple, en donde se distingue un precepto jurídico y una consecuencia de hecho.

 

            El código más antiguo que ha sido descubierto es el Código de Hammurabi, que fue la recopilación de leyes dadas a su pueblo por Hammurabi, Rey de Babilonia, constituye uno de los instrumentos jurídicos más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados en su tipo, creados en la antigua Mesopotamia, que orienta su estructura de aplicación en las premisas establecidas en la Ley del Talión aplicada a casos concretos. Este código está integrado por un total de 285 textos, que legislan sobre derechos personales y reales, familia, comercio, derecho penal y derecho laboral. Sorprende que estas disposiciones anticipan instituciones tales como el mutuo, el comodato, la prenda, la anticresis y el préstamo a la gruesa. Establecía por ejemplo, que si un esclavo golpea en la mejilla al hijo de un hombre libre, se debía cortar una oreja al esclavo y si persistía en su afrenta se le debía dar muerte. Por el hurto, le seria cortada la mano derecha al delincuente si persistía sería ejecutado. La afrenta al rey o su familia o a los dioses era castigada con la muerte. Respecto al Código de Hammurabi, a menudo se lo señala como el primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas o alterar su aplicación o contenido.

 

            Destacan también otros textos de codificación de normas penales que describen similares características en su concesión, tales como: el Código de Manú, el Código Gregoriano, el Código Hermogeniano, el Código Teodosiano, la Ley del Talión (latín: Lex Talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, de esta manera no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica e igualitaria en casos similares. La expresión más famosa de la Ley del Talión es “ojo por ojo, diente por diente” aparecida en el Éxodo contenido en el Antiguo Testamento.

 

            Las Xll tablas estatuyeron el delito de traición, castigado con la muerte, las leyes surgidas con posterioridad dieron nacimiento al concepto del crimen inminuatae vellaesae mastalis populi romani: consagrado en la Lex Cornelia, que comprendió como delitos de mayor cuantía los considerados como “perduellio”. La “perduellio”, es una de las instituciones más antiguas del Derecho Romano, era la acción más grave, entre las formas de delitos cometidos contra el Estado. Todos los crímenes públicos, atentatorios de la seguridad del Estado, quedaron incluidos en la Ley Julios, la cual aparece reproducida en el Digesto, La Ley Julia, comprendió los delitos contra la seguridad externa del Estado, clasificando los que comprometían la integridad territorial, la entrega de hombres al enemigo, la deserción, la traición por vileza, la excitación de un pueblo a la guerra entre otros.

 

Por último, se pueden señalar como características del Derecho Romano las siguientes:

 

  • El delito fue ofensa pública;
  • La pena constituyó una reacción pública, en razón de la ofensa, correspondiendo al estado su aplicación;
  • Los crimina extraordinaria, que integraron una especie diferente a los delitos públicos y privados, se persiguieron únicamente a instancia del ofendido;
  • El desconocimiento absoluto del principio de legalidad o de reserva, originándose la aplicación analógica y, en algunos casos, el exceso en la potestad de los jueces;
  • La diferenciación entre los delitos dolosos y los culposos, y
  • El reconocimiento en forma excepcional, de las causas justificantes de legítima defensa y estado de necesidad.
  • En cuanto al procedimiento, en el derecho romano se adoptó el sistema acusatorio, con independencia o autonomía de personalidad el acusador y el magistrado, estableciéndose el derecho del acusado para defenderse por sí o por cualquier otra persona de su confianza que el acusado designara.

            El rasgo subjetivo (la intención) aparece en los albores de la Roma culta, donde también se consideraba la posibilidad de castigar el homicidio culpable, figura heredada que hoy reposa en todos los códigos de nuestro tiempo. La Defensa del Poder Absoluto, es una características de las etapas finales históricas transcurridas en este período causalista, establece que la motivación para prohibir o para castigar no fue ni la ofensa por parte del individuo a la sociedad, ni la ofensa a la divinidad; fue la ofensa a la majestad soberana del Rey o lo que el considerara como injusto, y es su voluntad soberana quien dicta la ley e imponía el castigo. La ley encontró su naturaleza y razón mediante un círculo vicioso en la necesidad de conservar el poder por el beneficio mismo del poder. La pena no tuvo otra medida, que el capricho o el temor de los gobernantes, ante la necesidad de consolidar su poder.

 

El Período Humanitario: Nació como reacción a la excesiva crueldad imperante en la aplicación de penas. Dentro de esta corriente, se pugna por la exclusión de suplicios y crueldades innecesarios, se propone la certeza contra las atrocidades de las penas, se preconiza la peligrosidad del delincuente como punto de partida para la determinación de las sanciones aplicables y se urge por una legalidad de los delitos y de las penas.

 

            Después de todas las vicisitudes que se habían presentado en etapas anteriores, el campo del derecho penal asume una nueva fórmula que pone fin a la excesiva crueldad, surgiendo un movimiento humanitario de las penas y, en general, de los sistemas penales. Esta tendencia humanitaria, de antecedentes muy remotos, tomó forma en la segunda mitad del siglo XVlll, teniendo como su máximo exponente a Cesar Beccaria, Marques Beccaria, aun cuando no debe desconocerse propugnaron por este movimiento Montesquiu, D’ Alembery, Voltaire, Rousseau y muchos más.

 

            Cesar Beccaria, con su libro de los Delitos y de las penas (DEL DELETTE E DELLLE PANE) se une a la crítica demoledora de los sistemas penales y empleados hasta entonces a la proposición creadora de nuevos conceptos y nuevas prácticas; se pugna por la exclusión de suplicios y crueldades innecesarias; se propone la certeza contra las autoridades de las penas, suprimiendo los indultos y las gracias que hacen posponer el castigo y constituye formas de impunidad poner el castigo para los delincuentes; se orienta la represión hacia el porvenir, subrayando la utilidad de las penas sin desconocer su necesaria justificación; se preconiza la peligrosidad del delincuente como punto de mira para la determinación de las sanciones aplicables, se urge por una legalidad de los delitos y de las penas, hasta el extremo de prescribir la interpretación de la ley, por el peligro de que pudiera servir de pretexto para desviar su verdadera intención. De todos los capítulos que integran el libro de Beccaria, son más importantes los que hacen referencia al origen de la pena y del derecho de castigar, el de la interpretación de las leyes; el que se ocupa de la obscuridad de las mismas; las relativas a la pena de muerte, la templanza en las penas, la relación entre delito y la pena y las medidas de seguridad.

Etapa Científica: Algunos autores señalan, como principio del período científico, las doctrinas de los positivistas de fines del siglo pasado, pero se considera que hasta que aparecieron las teorías de hombres como, Manuel Kant, Federico Hegel y otros, surgieron diversos criterios que fueron dando luminosidad a esta etapa y se clasificaron de la siguiente manera:

 

-Teorías que ven en la pena la retribución, ya sea de origen divino, moral o jurídico,

-Teorías según las cuales la pena tiene un carácter intimidatorio y, por lo tanto, su fin es la prevención del delito;

-Teorías que encuentran la función de la pena en la defensa de la sociedad, sea esta directa o indirecta.

 

            Por último, se debe destacar que una vez que aparece la etapa científica, al mismo tiempo van surgiendo diversas escuelas con un claro movimiento jurídico filosófico que van dejando precedente, de estas escuelas deben destacar a la Clásica, a la Positiva, la Tercera Escuela y la Escuela Técnico–Jurídica. En cuanto a la característica fundamental de esta etapa del derecho penal, se caracteriza por su carácter finalista que describe el delito como un hecho típico, anti jurídico y culpable.

 

Etapa Funcionalista: El derecho penal está orientado a garantizar la integridad humana, identidad y unidad normativa jurídica, la constitucionalidad y la sociedad. La pena constituye una reacción frente a un hecho que supone un grave quebrantamiento de una norma penal, es decir, se abandona la tradicional concepción que sustenta a la pena como una reacción frente a un hecho que lesiona un bien jurídico tutelado y se erige como el medio de extrema necesidad a través del cual se confirma la vigencia de la norma violada y de esa forma restituir la identidad jurídica dentro de la particularidad social del infractor. El delito es una afirmación positiva o negativa de la conducta humana, que contradice a la norma jurídica con la cual se tutela a la sociedad, y la pena es la respuesta necesaria y justa que confirma a la norma jurídica penal; por tanto la función sustancial de la pena es reinsertar al infractor a la sociedad, restituir la vigencia de la norma y alcanzar con ello el control social violado con la conducta delictiva.

 

            El esquema funcionalista, amplía el criterio finalista y asume como premisa básica el factor social y como centro al ser humano. Es así como, sobre este esquema, es delineada la norma punitiva sancionatoria, en donde la punibilidad es el último factor a evaluar en el análisis valorativo de la conducta que puede representar una acción u omisión típica, antijurídica culpable y punible. En esta concepción, el responsable o agente de la acción penal no es aquel a quien directamente se le atribuye un grado de responsabilidad, autoría o participación en el suceso, sino aquel a quien la ley le confiere la capacidad jurídica para responder por esos actos, por lo que la punibilidad va a representar el valor social diferenciador que determina la posibilidad de imposición de una pena. Igualmente, la determinación en el diseño del tipo penal que se haga en la ley, debe establecer con meridiana claridad, los limites y alcance de los conceptos de causalidad, poder, capacidad, culpabilidad, entre otros, en el modelo funcionalista se convierten en conceptos bien definidos que designan grados de responsabilidad o incumbencia dentro de la ecuación que describe la norma penal.

 

Terminologías:

Derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo: En sentido objetivo, el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas, estatuidas por el órgano constitucionalmente competente; en las que se prevén, de un lado, los comportamientos incriminados y, de otro, las sanciones en tanto consecuencias jurídicas de dichas acciones. Originalmente, el poder punitivo del Estado, era considerado como un poder derivado de la soberanía del Estado (imperium). En virtud de este poder, el Estado dicta leyes penales, organiza el sistema judicial, condena y ejecuta las sanciones. El ius puniendi aparece, por tanto, como la fuente del derecho penal objetivo.

            Bajo la influencia del liberalismo político y del positivismo jurídico, esta concepción fue, por tanto, abandonada. El poder del Estado se consideró como fundado en las normas legales, las mismas que justifican su pretensión para reprimir a las personas. El derecho a castigar (ius puniendi) sería un derecho subjetivo basado en la relación existente entre el Estado y el delincuente. Este criterio, no es satisfactorio, ya que el poder punitivo del Estado no puede ser explicado como una prerrogativa derivada del conjunto de las disposiciones penales que el mismo Estado dicta.

            La noción de derecho penal subjetivo, entendida de esta manera, resulta incorrecta e inútil. No se trata de un derecho subjetivo del Estado para castigar, sino más bien de un atributo de la soberanía del Estado consistente en el poder de castigar. Poder que está limitado por sus fundamentos mismos y por la Constitución, sobre todo en las disposiciones referentes a la organización del Estado y a los derechos fundamentales.

Derecho penal material, derecho penal formal y derecho de ejecución de penas; En sentido estricto, la expresión derecho penal material comprende únicamente las reglas relativas a los delitos (tipos legales y condiciones de punibilidad) y a las sanciones (penas y medidas de cautelares). Si se le utiliza en sentido general, se hace referencia a todas las reglas relativas al ámbito de la materia penal. Estas reglas conciernen, además del derecho penal material, al derecho penal formal y al de ejecución de penas.

            El derecho penal formal o de procedimientos penales constituye el medio de realización indispensable del derecho penal material, comprende, de una parte, las reglas relativas a la organización judicial penal, a las competencias atribuidas a cada uno de sus órganos y, de otra parte, a las reglas que prevén los pasos que deben darse para instruir y juzgar un asunto penal (procedimiento en sentido estricto). Si el derecho penal material se caracteriza por su carácter estático, el formal se distingue por su dinamismo.

            El derecho penal de ejecución de sanciones comprende las reglas relativas a la forma y al lugar donde se harán efectivas las decisiones judiciales dictadas por las autoridades penales.

 Delito: Se puede decir que es una acción prevista en un tipo legal (tipicidad o legalidad de la infracción, contraria al orden jurídico. Esta definición formal se limita a precisar cuáles son las acciones punibles de acuerdo con la ley. En criminología, el delito ha sido también definido independientemente de las normas jurídicas. En la perspectiva sociológica, la noción de “comportamiento divergente” es utilizada para designar los comportamientos que se alejan de los modelos de conducta reconocidos y no cumplen con las expectativas sociales. De modo que los delitos sólo constituyen un tipo de conductas divergentes. En la doctrina, los esfuerzos más eficaces han sido los realizados recurriendo al concepto de bien jurídico. Así, se define materialmente el delito diciendo que es una acción que viola o pone en peligro un bien jurídico.

Violación de un bien jurídico y violación de un deber de actuar según el orden jurídico: En una perspectiva estática, los bienes jurídicos son considerados como intereses reconocidos por la sociedad o por una parte de ella, o como condiciones esenciales en las que se concretan los elementos preliminares e indispensables para la existencia de la comunidad. En una perspectiva dinámica, por el contrario, se estima que la noción de bien jurídico no debe ser determinada considerando las situaciones de hecho, sino más bien la función social que desempeñan. En otras palabras, sólo deben ser considerados bienes jurídicos los intereses idóneos para alcanzar un fin útil para la sociedad o para uno de sus sectores.

            Algunos autores prefieren definir los bienes jurídicos como los hechos o los proyectos favorables al individuo, a su desarrollo en el marco de un sistema social y al funcionamiento de este sistema. El bien jurídico supone, que son las cosas materiales, los intereses, un juicio de valor preliminar de parte de quien ejerce el poder punitivo. Este juicio de valor permite precisamente la individualización de los bienes jurídicos.

            El bien jurídico no puede ser definido de manera rígida, por el contrario, se debe tratar de conocer los hechos y los fines que deben ser protegidos. Los hechos y los fines, así como la manera de apreciar su importancia, son condicionados, en general, por los cambios sociales y, en particular, por el marco constitucional en el que está organizado y funciona el sistema político y jurídico. Es a partir de los casos particulares que debe plantearse la cuestión sobre el contenido de los bienes jurídicos, su importancia y la necesidad de protegerlos penalmente.

            Las constituciones y las declaraciones de derechos humanos construyen diferentes significativos para determinar los bienes jurídicos que merecen ser protegidos penalmente. En este sentido, los bienes jurídicos (individuales o colectivos) constituyen valores reconocidos, por las normas y principios constitucionales y necesarios para la realización de los fines útiles para el funcionamiento total o parcial del sistema social. Estos valores se concretan en circunstancias reales y constituyen los objetos de los delitos (por ejemplo, persona viva, cosa mueble ajena, documentos).

            Si la idea de la protección de bienes jurídicos constituye el fundamento principal de la concepción del derecho penal, es indispensable sin embargo tener en cuenta el comportamiento que daña o pone en peligro dichos bienes jurídicos. Esto se debe al juicio de valor mediante el cual se reconoce a ciertas cosas o intereses la condición de bien jurídico, y también se refiere necesariamente al comportamiento del autor, por su manera de actuar, éste manifiesta una voluntad contraria al respeto de los bienes jurídicos y, por tanto, un desprecio por ciertos valores sociales. La Violación de un bien jurídico y el incumplimiento del deber de comportarse de acuerdo con el orden jurídico se condicionan recíprocamente. Todo acto incriminado se caracteriza tanto por el resultado perjudicial o peligroso como por la manera de obrar del agente.

Infracción penal y moral: Desde sus orígenes, el derecho penal y la moral están estrechamente vinculados, en tanto conjunto de normas, son dos sistemas sociales destinados a orientar los comportamientos de las personas. Sus fuentes son en parte comunes; por ejemplo, los usos y costumbres, los tabús religiosos. El núcleo de las acciones punibles está formado por comportamientos que violan gravemente la moral, como es el caso del homicidio, la violación, las lesiones corporales.

            Durante mucho tiempo, debido a la unidad de la Iglesia Católica y a su dominio sobre la sociedad civil, la moral cristiana predominó, al extremo de que pecado y delito se confundían. La elaboración y aceptación de la noción de bien jurídico es el fruto de un largo proceso de laicización del derecho penal. El objetivo de éste no es imponer una concepción moral determinada, ni tampoco el de obligar a las personas a actuar según sus convicciones morales.

            En una sociedad pluralista como las sociedades modernas, utilizar el derecho penal para imponer una concepción moral en particular sólo puede culminar en la implantación de un régimen tiránico en especial sobre las minorías. Además, el Estado no tiene el deber ni la competencia de impulsar a los ciudadanos a la perfección, menos aún de servirse del derecho penal con ese fin. La intervención del Estado en ámbitos muy importantes como la pornografía, la homosexualidad, la prostitución, el empleo de medios contraceptivos, se funda en una concepción paternalista del Estado y no se justifica siempre.

            Cabe destacar que las leyes penales no reprimen todos los actos inmorales; ni los diversos actos punibles revelan plenamente un carácter inmoral (por ejemplo, disposiciones sobre la circulación automotriz, la construcción de inmuebles). No es del todo correcto, en este sentido, representar los ámbitos del derecho penal y de la moral como dos círculos concéntricos, sino más bien como dos círculos secantes: el sector común está conformado por el núcleo de las acciones punibles, “reglas que acumulan la calidad jurídica y el carácter moral”.Los actos inmorales calificados de delitos no lo son en razón a su carácter inmoral, sino más bien en consideración a sus efectos negativos sobre los bienes jurídicos de terceros.

            Las relaciones entre derecho penal y moral son bastante sutiles y su contenido no es correctamente descrito cuando se habla de mínimum ético, ni cuando se invoca la neutralidad moral del derecho penal. Por su génesis común y sus funciones sociales parecidas, el derecho penal y la moral se relacionan estrechamente y se complementan. La fuerza y la estabilidad del derecho en general y, en particular, del derecho penal dependen, al menos parcialmente, de su armonía con los principios morales fundamentales.

Sanción: La sanción penal, como consecuencia del delito, comporta la restricción o la privación de derechos fundamentales. La determinación de los fines de la pena (la más importante de las sanciones) y los esfuerzos por justificar el sistema represivo, suponen plantearse las cuestiones del sentido y de las finalidades del derecho penal. Esta problemática ha sido analizada en dos direcciones radicalmente diferentes. Algunos perciben el derecho penal como la manifestación de un principio superior de justicia, mientras que otros consideran que es un medio al servicio del principio de utilidad. De esta manera, se oponen las teorías absolutas a las teorías relativas de la pena:

  1. Teorías absolutas: Según esta teoria, la pena no cumple ninguna función utilitaria específica. Sólo representa la expiación o la retribución del daño producido por la realización del comportamiento prohibido. El mal cometido mediante la infracción debe ser, de alguna manera, reparado., de allí, la necesidad de castigar al responsable para satisfacer la aspiración de justicia. La pena es, por tanto, un fin en sí mismo. La restauración del derecho objetivo violado por la voluntad particular del delincuente supone la neutralización de esta voluntad mediante la violencia de la pena: así, la negación de la negación del derecho permite la restauración de éste.
  2. Teorías relativas: Las teorías relativas de la pena tienen como elemento común la idea de la utilidad social de la pena y de su justificación por el papel preventivo que juega. El derecho penal no es más concebido en una perspectiva retributiva. Por el contrario, se considera que su papel principal es el de evitar la comisión de delitos mediante la disuasión de terceros (prevención general) y evitando la reiteración o reincidencia (prevención especial).

            La prevención general ha sido comprendida, frecuentemente, en su aspecto negativo: el fin de la pena prevista en la ley tiene la función de intimidar a las personas. En este sentido, se ha hablado de una “coacción psicológica” orientada a impedir que los delincuentes potenciales pasen al acto. En una nueva perspectiva, llamada positiva, se atribuye a la amenaza penal el papel de reforzar el respeto que las personas deben tener, en particular, a las normas penales y, en general, al orden jurídico. De esta manera, el Estado da a cada uno una buena razón para comportarse conforme al derecho.

  1. Teorías mixtas: Con frecuencia, se plantean tanto las teorías absolutas como las teorías relativas de manera bastante simplista. En realidad, estas concepciones responden a preguntas diferentes que no son incompatibles: ¿cuál es el fin de la pena ? ¿cuál es el fundamento de la pena ?. Los defensores de las concepciones absolutas se preocupan, sobre todo, del problema filosófico y moral del derecho del Estado a castigar las personas mediante la pena (¿por qué castiga el Estado ?). La actitud de los partidarios de las teorías relativas es más pragmática y concierne tanto los límites del poder punitivo del Estado como del tratamiento del delincuente (¿para qué castiga el Estado).

            No obstante, los partidarios de la prevención no dejan de tomar en cuenta la justificación de la pena y, los defensores de la retribución no rechazan sistemáticamente que la pena tenga algunos fines. La solución no consiste entonces en tomar partido por una u otra teoría. Debe recurrirse a ambas concepciones para responder a la cuestión del por qué y del cómo de la reacción social ante el crimen. Esto es lo que afirman los sostenedores de las teorías mixtas. Ellos buscan superar el conflicto afirmando que a la pena, en sí retributiva, debe asignársele una finalidad de resocialización, de corrección y de reintegración del delincuente a la sociedad.

  1. Medidas de seguridad: De acuerdo con la concepción positivista italiana, el comportamiento delictuoso es percibido como el resultado de un proceso condicionado por la personalidad del agente y de las circunstancias exteriores. La culpabilidad es remplazada por la noción de “peligrosidad”. La pena resulta así superflua y es remplazada por las medidas de seguridad. Estas medidas tienen por objeto neutralizar al delincuente, tratarlo médica o educativamente. Su aplicación depende de su estado personal y tiende a combatir su peligrosidad. Así, se refuerza la idea de prevención especial. De esta manera se estableció un sistema dualista, en un principio de carácter rígido (ejecución de la pena como de la medida de seguridad impuestas) y luego más flexible. En este ultimo se prevé la substitución de la pena por medidas de seguridad cuando el delito pone en evidencia el carácter peligroso del delincuente. Así, se niega una separación absoluta entre las penas y las medidas que impliquen privación de libertad. Este sistema dualista ha sido calificado de sistema de la doble vía en razón con su carácter flexible y con que daba la prioridad a la ejecución de las medidas de seguridad. El juez debe decidir si, luego de su ejecución, se aplicaba aún, total o parcialmente, la pena impuesta.

LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

abogado

INTRODUCCIÓN

Los(as) ciudadanos(as), independientemente de la raza, credo o sexo, tienen derecho a buscar calidad de vida en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. En este sentido, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Es de resaltar que, la separación entre el aspecto económico y social ha tenido consecuencias adversas para las mujeres en el ámbito político, en donde los problemas de las mujeres solían ser relegados a las políticas sociales con escasos recursos y de poca prioridad.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008), algunos datos muestran la amplitud y extensión de la actual participación laboral remunerada femenina: en Estados Unidos, la tasa de actividad femenina es de 70%, en Europa oscilan entre el 48% en España y el 74% en Suecia, en América Latina las tasas de actividad femenina en áreas urbanas fluctúan entre 34% y 50%. En América Latina las tasas de participación laboral de las mujeres más pobres se incrementaron más acentuadamente en la década de los 90, impulsada por mayores necesidades de sobrevivencia.

En otro orden de ideas, a pesar de  contar con mejor educación, el ingreso de mujeres no solamente sigue siendo menor al del hombre en sectores considerados tradicionalmente femeninos, y en sectores no estructurados. Por otro lado, la labor se realiza en condiciones de desprotección social, dado que la proporción de las féminas que no tiene seguridad social es superior al porcentaje de hombres. Aunado a ello, el tema relacionado con la maternidad, la familia y el trabajo crea intranquilidades desde el punto de vista social que deben ser resueltas, tanto en los valores, los roles y las prácticas sociales.

Dado lo expuesto con anterioridad se puede decir que, la desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niños(as), ancianos(as), enfermos(as), entre otros) en las mujeres.

En cuanto a Venezuela, se han implementado políticas públicas, que contemplan la atención y protección de la ciudadanía, con énfasis en la familia como núcleo social y en los grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres. Las acciones del Estado consideran las necesidades reales y sentidas de la sociedad, apoyándose en leyes que garantizan el respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en este marco las comunidades como grupos sociales y sus miembros como individualidades, cobran un protagonismo como nunca antes en la historia del país, reflejando la democracia participativa y protagónica que se establece en el texto constitucional.

Es de resaltar que, en la última década se han sancionado leyes tendientes a la dignificación de la vida de la mujer, como son: la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), Ley sobre la Violencia contra la mujer y la Familia (1999), que fue rápidamente trascendida dando paso a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), una de las leyes más modernas en el mundo en cuanto a protección de la mujer, al tipificar diecinueve formas de violencia basada en género y establecer sus sanciones. Además de contemplar la formación en género de la ciudadanía, con el propósito prevenir la violencia. La formación de las ciudadanas y los ciudadanos para la prevención de la violencia basada en género, es esencial en función de una cultura social de igualdad y equidad.

Sin embargo, la participación de las mujeres a la vida socio-productiva no va acoplado con lo social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados, lo que genera aprietos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, como consecuencia de esta situación muchas veces abandonan la formación profesional y cualquier iniciativas productiva.

En este sentido, la investigación tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En cuanto, al tipo de investigación ésta es  documental, con un nivel descriptivo.

De allí que esta investigación se apoyara en las siguientes teorías: teoría feminista, para la cual el feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración; la teoría de roles sexuales, se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres. En este caso, se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza; y la teoría de género, para esta teoría el género pasa a estar determinado de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio

De este modo el presente estudio tiene como objetivo general analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para ello, este trabajo de investigación se estructuró de la siguiente forma: El primer lugar el capítulo I,  contiene el Contexto Empírico, conformado por la caracterización del objeto de investigación, los objetivos de la investigación, objetivo tanto general como específicos y la justificación de la investigación. En segundo lugar, el capítulo II, constituido por el Contexto Teórico, en este caso, los antecedentes de la investigación, teorías de entrada, aspectos conceptuales y la fundamentación legal. En tercer lugar, se presenta el capítulo III Contexto Metodológico: tipo de investigación, método y las técnicas de recolección de información, procedimiento y finalmente se presentan las referencias. Y en cuarto lugar, se tiene el  capítulo IV, el cual trata el Contexto Crítico, las conclusiones y recomendaciones y finalmente se presentan las referencias y anexos.

AUTOR: Ana Arriba

San Joaquín de Turmero, Edo Aragua, Venezuela. Junio, 2016

CAPÍTULO I

CONTEXTO EMPÍRICO

Caracterización del Objeto de la Investigación

 

La igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con los derechos humanos, para Bordarampe (2008),  la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad…que han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles”. Dado que, los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a realizar ciertas acciones y les impide hacer otras. En este orden de ideas, entre los derechos de la mujer se tiene: derecho a la salud integral, derecho a la integridad física y a una vida libre de todo tipo de violencia. Es así como, para Uzcategui (2009), la movilización e incorporación activa de la mujer durante estas últimas décadas ha logrado imponer reformas legislativas en el campo social, familiar y del trabajo, tal es el caso del acceso a los anticonceptivos, la legalización del aborto (presente en la mayoría de los países), las guarderías en los lugares de trabajo, la protección a la maternidad, al divorcio, la patria potestad, la igualdad para ejercer cargos públicos. Asimismo, en el aspecto político, específicamente en lo que se refiere al derecho al voto, constituye otro avance en la lucha de las mujeres por su igualdad social.

 

Por otro lado, se considera que la diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En este caso, se percibe el machismo como un obstáculo para la participación política de las mujeres, constituyéndose en una barrera para ocupar cargos importantes en la función pública. Por otro lado, el machismo también se percibe como una causante de violencia en contra de las mujeres. Hoy más que nunca, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), la mujer juega un papel importante en este proceso de transformación y de cambios que vive el mundo. Su lucha por romper las inequidades sociales, por la inclusión, por alcanzar calidad de vida, desde su puesto de lucha es fundamental. En este sentido, la igualdad plena entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la sociedad, es crucial para garantizar los derechos humanos. El desafío va más allá de una distribución equitativa de las oportunidades, requiere que los temas económicos incorporen todo un abanico de experiencias y percepciones, concretamente las de la mujer, que hasta ahora han quedado excluidas del discurso. Conforme se vaya valorando la contribución de la mujer, el resultado será una civilización más pacífica, equilibrada y próspera. Cabe destacar que, la Organización internacional del Trabajo OIT, (2008), en un documento que trata el tema de las mujeres, el género y la economía informal plantea lo siguiente:

 

                Después del decenio de 1990, las tasas de participación en la fuerza de trabajo entre las mujeres de América Latina han aumentado en mayor proporción que las de los hombres, si bien las mujeres tienen una representación simbólica inferior a la mitad de la fuerza de trabajo total, padecen niveles más altos de desempleo, no se han movido de su estructura ocupacional y están excesivamente representadas en la economía informal…

 

En función de lo antes expuesto, en cuanto a la incorporación de la población femenina a la actividad económica, está presente la discriminación, debido a que la tasa de desempleo para las mujeres en América Latina es superior con relación a los hombres. Es decir, el desempleo ha afectado a toda la población pues ha aumentado sustancialmente para ambos sexos, pero en el caso de las mujeres es mayor.

Dicho de otro modo, la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, con relación a los hombres, tanto en las actividades productivas como en las reproductivas y en la distribución del beneficio económico, ha generado una desventaja económica de ellas en el empleo, las remuneraciones, capacitación para el trabajo y disponibilidad de medios productivos; requiriendo de estrategias y acciones encaminadas a garantizar la inserción de la mujer en la producción, en condiciones de igualdad entre los sexos y asignarle la debida importancia a la reproducción social como generadora de valor agregado. 

Es de resaltar que,  para Morillo (2006), Venezuela era una sociedad agrícola-pastoril, donde el trabajo de la mujer era tan importante para la supervivencia del grupo familiar que era apreciado y reconocido socialmente. Pero el desarrollo industrial ha venido cambiando profundamente la vida de las mujeres venezolanas. En principio las mujeres inmigrantes de los campos, tenían serias dificultades para integrarse al trabajo asalariado, por lo *que primero ingresaron los hombres y ellas fortalecieron su condición doméstica y de dependencia económica.

Este cambio de ambiente del campo al industrial-urbano, con el contraste entre el trabajo remunerado y el doméstico, comienzan a ejercer serias diferencias; el trabajo doméstico se convierte en una actividad que aísla a la mujer y la despoja de la posibilidad de continuar abasteciendo a su hogar de bienes y servicios de primera necesidad. Además, la misma familia y la mujer urbana pasan a consumir una creciente y diversificada masa de bienes y servicios que el mismo sistema mercantilista incita a consumir. Luego en una fase más avanzada del mismo capitalismo, la mujer es absorbida como mano de obra asalariada.

Esta absorción dependió de la capacidad del sistema económico para generar nuevos empleos; en este sentido, el crecimiento económico tuvo un efecto positivo relacionado con el incremento de la tasa de salarios, que a su vez incidió en la decisión de la mujer de entrar al mercado laboral remunerado dado el costo de oportunidad implícito por quedarse en el hogar.

Para Risopadrón y Rodríguez (2004), el crecimiento de la actividad laboral femenina a partir de finales de los años 80, no sólo ha sido la principal causa del aumento del desempleo, sino que además ha generado una masa laboral más vulnerable y desprotegida que la masculina dadas algunas leyes que en lugar de proteger, más bien marginan.

También en Venezuela (véase anexo A) a diferencia de otros países, la incorporación de la mano de obra femenina se produjo en un momento de recesión económica, impulsada justamente por la caída de los ingresos de su familia, más que por un proceso de modernización económica, lo cual limita las características de la fuerza de trabajo femenina que se incorpora en el mercado laboral sin la posibilidad de invertir en su formación y capacitación para competir exitosamente.

Sin embargo, para Boza (2004) el hecho de que la mitad de la población económicamente activa de Venezuela, sea femenina y buena parte esté desempleada u ocupada en el sector informal con niveles superiores a los masculinos, representa un impacto comercial mayúsculo pues hoy la noción de la mujer al cuidado de los niños que tenían sólo tiempo para pagar las facturas de la electricidad, que sale de compras en la mañana y con tiempo para ver las telenovelas, no existe.

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas INE, (2014) “son las mujeres el grupo con mayor tasa de desocupación en el país.”. Más recientemente, de acuerdo a lo publicado en el diario El Nacional, el lunes 25 de Marzo de 2014, para el INE: “en el mes de enero de 2014, la tasa de desocupación se ubicó en 9,5%”. Asimismo según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013),  Venezuela solo quedaría por detrás de Colombia, que tenía al final de este mismo año, un índice de desempleo de 10,6.

Es importante señalar que la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, es considerada violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el artículo 15, numeral 11. Mientras tanto, la violencia de género en el ámbito laboral, se manifiesta en varias formas incluyendo el hostigamiento y abuso sexual y la negación de los derechos laborales vinculados a la salud reproductiva.

Al mismo tiempo, a la falta de datos (tales como proyecciones en el tiempo, agrupación por localidad geográfica, grupo social, sector económico, entre otros) registrados y confiables, no existen reportes de información y estudios sobre las causas del problema y sus posibles soluciones que se pueden producir con el análisis de estos datos.

Es decir, las causas surgen por diversos factores cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones de empleo son precarias: discriminación social de las mujeres, creciente pobreza, ignorancia. Mientras tanto, las consecuencias las trabajadoras afectadas no logran acceder a los puestos que deberían ocupar según la formación y experiencia y terminan aceptado otros cargos.

Dado que esta situación de vulnerabilidad de la mujer es cultural e histórica, se requiere, por otra parte, incidir en los patrones culturales mediante la comunicación, información y sensibilización para crear conciencia y contribuir a edificar una cultura y ética de género, que sólo se obtendría por difusión de información y mediante la formación y capacitación educativa.

Cabe considerar, por otra parte que en los ámbitos regionales y municipales del país, esta realidad es similar y en este caso especifico, debido a la problemática percibida se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género?, la cual será mostrada en el desarrollo progresivo de la investigación.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General.

Analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.

Objetivos Específicos

  1. Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación.
  2. Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  3. Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  4. Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género.

Justificación de la Investigación

La elección del tema que trata la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de las leyes sancionadas para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En este sentido, plantea como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Es decir reconoce  el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad.

Por otro lado, se establecen los derechos económicos de la mujer, donde se enfatiza la participación de esta en el área productiva, el acceso a créditos, así como también el acompañamiento técnico constante en todo el proceso. Además de que en el caso de la obtención de vivienda principal tiene prioridad.

En cuanto a, las beneficiarias de la investigación son las mujeres y las organizaciones gubernamentales o no, que manejen el tema, que tienen en este insumo fuente de información para comprender su situación jurídico-política y la de orden social que se le puede presentar en tal sentido.

Mientras que, la justificación teórica de la investigación tiene que ver con los constructos descritos, argumentados y analizados por la autora, lo cual podrá servir de fundamentación para investigaciones futuras que sobre el tema traten. Pues, complementa el conocimiento de la evolución de la mujer en el ámbito económico, para lograr entender la realidad en la que se encuentran en cuanto a condiciones y medio ambiente laboral, tomando en cuenta la situación sociocultural en la que está sumergida, en una sociedad que aún en estos días sufre de discriminación y prejuicios laborales.

En lo que tiene que ver con la metodología, el estudio se enmarca en una investigación documental. Como técnicas de recolección de la información se emplearon los protocolos propios de este tipo de investigación, es decir la recopilación de textos, documentos, leyes, normas, trabajos y otros. Ahora bien, la contribución de esta investigación viene dada en la medida en que logre estimular la conciencia de las mujeres, de manera que ellas mismas traten de buscar la solución. Asimismo, generar las condiciones para que se dé la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.

En lo que corresponde al nexo de la investigación con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, es necesario señalar que, un nuevo pacto social es imprescindible tomando en cuenta la labor social integral que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y en la transformación de un sistema social laboral que incluya la convivencia entre ambos sexos en condiciones de igualdad.

CAPITULO II

 CONTEXTO TEÓRICO

En lo que tiene que ver con el contexto teórico, la autora de la investigación, tomo en cuenta, diversas informaciones contenidas en documentos que guardan relación directa con el objeto de estudio. En ese sentido, se presentan antecedentes, teorías de entrada, aspectos conceptuales y fundamentación legal.

Es de resaltar que, para Sabino (2010) el contexto teórico cumple con la función de situar el tema investigado dentro de un conjunto de conocimientos que van a permitir orientar la búsqueda de información y que a partir de ésta se conceptualicen adecuadamente los términos que se usan. Es por ello que el punto de partida para este apartado son los conocimientos, ideas o concepciones previas que tengan la investigadora en relación al objeto que se aborda.

Por otro lado, Hernández y otros  (2010) señalan que el contexto teórico incluye la revisión, detección, obtención y consulta de literatura que contribuirá a resolver el problema planteado, así como también debe realizar la extracción y recopilación de la información relacionada con el tema investigado y una vez efectuados estos pasos se produzca la construcción del contexto teórico.

 

Antecedentes.

A continuación se presentan investigaciones que se relacionan con el tema objeto de estudio, de los cuales se podrá sustraer información que dará sustento al contenido de la misma.

A nivel internacional.

De igual forma, se presenta la investigación desarrollada por Ruíz (2012), denominada: Análisis de los Factores que Dificultan el Empoderamiento de las Mujeres, la cual fue exhibida para optar al título de Maestría en Desarrollo Local Sostenible, en un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, Universidad del Salvador y la Universidad de Alcalá de Henares. El objetivo general de este trabajo fue: describir los factores del desarrollo local sostenible que dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche, en la zona rural del municipio de Chinandega, Nicaragua.

En lo que tiene que ver con la metodología, se utilizó la entrevista y encuesta para la obtención de información, aplicada a las productoras de semilla de Ojoche e informantes claves identificados como agentes locales del proceso productivo. En los resultados se encontró que los factores que limitan o dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche en estas comunidades son el bajo nivel académico (73% nivel de primaria), poca participación en el funcionamiento de la organización (APOCHE), no tienen conocimientos sobre comercialización, no tienen capacidad financiera, ni prendas hipotecarias para ser sujeto de préstamos ya que la producción de la semilla de ojoche es estacionaria, lo que obstaculiza el desarrollo de una economía sostenible.

Entre las conclusiones se puede mencionar que los factores que se determinaron como limitantes al empoderamiento son los siguientes: 1) Entre esos factores encontramos el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria. 2) Hay divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización y esta difiere según la ubicación geográfica en la Bolsa y La Mora aproximadamente el 7% y en Cinco Pinos 30% de sus miembros conocen el reglamento y participan en la elaboración del plan de trabajo trimestral de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE); lo que demuestra la debilidad de la organización. 3) No manejan los conocimientos sobre comercialización, ya que esta es actividad exclusiva de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE) a diferencia de las productoras de Cinco Pinos que ellas mismas comercializan el producto.

Con base a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el estudio que precede guarda relación con la presente investigación ya que, presenta una relación directamente proporcional entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de la economía sostenible, considerando como elementos que minimizan este empoderamiento: el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria; divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización; no manejan los conocimientos sobre comercialización. Lo cual debe ser tomado en cuenta en todas las áreas en que se desenvuelve la mujer.

Asimismo, se exhibe el estudio realizado por Lois (2013), titulado: Políticas Públicas de Comunicación sobre Salud de la Mujer. Acciones comunicacionales sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la perspectiva de género, presentado para optar al título de Maestría en Género, Sociedad y Políticas, en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Es de resaltar que, el objetivo general fue: Explorar e identificar los componentes de género presentes en los mensajes dirigidos a mujeres en relación a su salud, elaborados por la Dirección Nacional de Maternidad e  Infancia en el programa nacional de salud sexual y procreación responsable de salud en argentina 2005 y 2012.

En lo que tiene que ver con la metodología usada fue cualitativa, (dado que se trata de un estudio exploratorio-descriptivo), la cual permite dar cuenta de los fenómenos de comunicación social en mayor profundidad y permite, además comprender el proceso mediante el cual se construyen los significados y las realidades sociales. A través de técnicas cualitativas como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el relevamiento documental.

En relación a, las conclusiones de la investigación se destaca que es posible observar en los materiales analizados la proposición esquemática de dos modelos o tipos de mujeres, por una parte la mujer como primordialmente madre cuya principal función es el cuidado y crianza de sus hijos e hijas, donde este rol es asumido como el espacio de la cristalización de los valores elevados de la sociedad, una madre tradicional que representa el refugio afectivo de sus hijos (as).  Por otro lado, aparece una mujer que no se ajusta a este modelo y genera discursos que intentan poner en cuestión de valores anteriormente mencionados, poniendo como prioridad la sexualidad y reproducción elegidas.

Con respecto, a la contribución a la investigación, tiene que ver con la postura de la mujer en cuanto a la  salud materna, sexual y reproductiva, desde la perspectiva de género, observándose dos tipos de mujeres: tradicional donde asume el rol impuesto por la sociedad y otra que se revela ante esta situación, emite opiniones y toma decisiones en cuanto a su sexualidad.

Para finalizar, se presenta la investigación elaborada por Muñoz (2013), la cual se denominó: Diseño de Evaluación de Resultados Intermedios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en Entidades Federativas y Municipios, presentado para optar al título de Maestría en Políticas Públicas, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Es de resaltar que el objetivo general fue: contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional, a través de actividades que coordinen y promuevan las instancias públicas responsables de la igualdad de género en las entidades federativas y municipios, orientadas a desarrollar sus capacidades y disminuir la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre mujeres y hombres.

En cuanto a la metodología, la operación de evaluación de resultados se realizó a  partir de técnicas de investigación documental y de campo, para obtener información acerca del diseño y operación del programa con la finalidad de efectuar el análisis cuantitativo y cualitativo  para valorar los resultados el propósito, componente y actividades. Ahora bien, en la evaluación correspondiente a la pertinencia y lógica del diseño, la investigación fue básicamente documental y se consultaron fuentes generadas por las diferentes áreas del Instituto de la Mujer (INMUJERES) involucradas en el diseño del programa, así como la normativa que lo rige. También se realizaron entrevistas y mantuvieron sesiones de trabajo para ahondar en el análisis de la información.

Por otro lado, la investigación de campo adquirió mayor peso que la documental para valorar el proceso, los productos y servicios generados en la operación del programa y sus contribuciones al logro del propósito, en esta etapa se sumaron a la investigación de acuerdo con los indicadores  y criterios relacionados con la producción de resultados ( gestión, desempeño, procedimientos, procesos) todos los registros, instrumentos y base de datos que las unidades administrativas responsables del programa, de acuerdo a las áreas y procesos de operación.

En cuanto a las conclusiones se expresa: es importante en trabajos a favor de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, identificar claramente el ámbito y las rutas que se optaran con el fin de que el subsidio utilizado en este tipo de programas sea el idóneo. Pues, mientras no se señale con precisión cuales son los resultados e impactos esperados, utilizando los indicadores precisos de los programas gubernamentales que se llevan a cabo, estos seguirán sin una incidencia real.

Es de resaltar que, la autora de la presente investigación considera que el trabajo de grado antes planteado guarda relación con el tema objeto de estudio, pues plantea la necesidad de tener datos precisos sobre ubicación, edad, sexo, para obtener resultados que permitan elaborar un plan, programa o proyecto con perspectiva de género.

A nivel nacional

Inicialmente, se toma como antecedente el trabajo de investigación elaborado por León (2011), que lleva por título Aplicabilidad de los Instrumentos Internacionales en relación a los Delitos de Violencia Contra la Mujer. Presentada para optar al título de Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas División de Estudios para Graduados Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro, en la Universidad del Zulia. En este sentido, el objetivo general, planteado fue: analizar la aplicabilidad de los instrumentos legales internacionales incorporados dentro del sistema jurídico venezolano ante la comisión de los delitos de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, la metodología empleada fue documental que incluyó una indagación bibliográfica y consistió en la revisión y compilación de material teórico, documentos, proyectos, instrumentos legales del área de estudio.

Se concluye que los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia son indubitable e indiscutidamente derechos humanos, amparados legalmente en el ámbito nacional mediante la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014) y en tratados internacionales cuyas normas deberán ser aplicadas con preferencia a las leyes internas por parte de los Tribunales y demás órganos del Poder Público.

En este caso, el trabajo desarrollado por la autora previamente citada tiene relación con la presente investigación, pues señala la importancia de los instrumentos legales internacionales en los casos de violencia contra la mujer, como son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, siendo esta la más relevante, pues trata el tema de la evolución del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

Es este sentido, se destaca, que estas leyes internacionales impulsaron en Venezuela, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), al reconocer el respeto irrestricto a los derechos humanos de la mujer.

Luego, se tiene la investigación que ha sido realizada por Yunes (2013), titulada: Políticas Públicas para Mujeres y Equidad de Género, que constituyó un trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El objetivo general de este estudio fue: analizar las políticas públicas para mujeres y equidad de género. En este caso, la Metodología se trató de un estudio documental, de modalidad jurídico dogmática, de nivel descriptivo con un método deductivo-analítico.

En cuanto a las conclusiones: la política pública de igualdad de género y la equidad, incluye de manera efectiva la disposición de estrategias integrales de reconocimiento, promoción y materialización de la igualdad entre hombres y mujeres, en lo inherente al espectro de la política pública de equidad de género en Venezuela, asumiendo que el efecto expansivo de la comunidad internacional en materia de enfoque de género, que por tanto se traslado al ámbito interno.

Entre las recomendaciones se tiene: a la Asamblea Nacional: Para que, mediante la presentación de una ley marco establezca normas imperativas para lograr el reforzamiento de los derechos y actuación de la mujer dentro de la sociedad política, de manera tal que se impongan deberes y obligaciones efectivas que garanticen la presencia de éstas en actividades de distinta índole con igual proporción al género masculino. Asimismo, a los órganos de representación de las mujeres: Para que, organicen instancias de orientación, asesoría y consulta de las féminas para la concreción de acciones preventivas y contingentes  que puedan incidir en su protección y resguardo dentro de los distintos ámbitos en los que pueda tocar desenvolverse en procura de su desarrollo y existencia.

En otro orden de ideas, en opinión de la autora de la investigación las conclusiones presentadas por Yunes (2013) son de gran relevancia y constituyen un aporte significativo por cuanto se plantea que la política pública de equidad e igualdad de género sirve para el desarrollo social en lo que respecta a la dignidad humana de la mujer.

Teorías de Entrada

 

En el desarrollo, de la investigación se presenta un conjunto de propuestas teóricas que explican científicamente la consistencia del objeto de estudio dentro del ámbito disciplinario que sirvió de contexto para la comprensión de lo tratado dentro del ámbito apropiado de las ciencias políticas y dentro del orden humano.

 

Teoría Feminista

 

En el contenido, del estudio se debe atender a los referentes aducidos en la teoría feminista de acuerdo a lo expuesto por  Mesonero (2010) que indica lo siguiente:

El feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración. El término androcentrismo es el más utilizado en la literatura feminista antropológica para referirse a la forma de producir conocimiento desde valores hegemónicos masculinos o posiciones autocentradas en el hombre como eje de la vida social. En la actualidad existen dos posiciones en cuanto a femenino y a mujeres se refiere: una, rechaza la inferioridad natural de lo femenino y la otra, define la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural. (p.24).

 

 

En la perspectiva expuesta, por la fuente se considera de manera particular que deben corregir la tradicional concepción de que la mujer era atendida de criterios de inferioridad partiendo de que se otorgaba al hombre mayor valoración asumiendo que podía presentar mejores resultados.

El contenido de tales apreciaciones, se fundamenta en la base de un diagnóstico de un problema que debe contribuir en corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto  que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

En el orden expuesto, se tiene que se rechaza la inferioridad natural de lo femenino, es decir, en principio se entiende que hay que establecer un mecanismo en el cual desde el plan de acción y visión debe contribuir a la asunción de criterios con objetividad para mantener valorativamente en el mismo plano tanto a hombres, como a las mujeres al otorgarles el mismo referente. En otro orden, se tiene que la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural, los proponentes de esta vertiente asumen que la condición de féminas debe adoptarse en la determinación de la desigualdad producto de la naturaleza de la persona para suministrarle una protección especial.

Por ende, se entiende que las teorías feministas se presentan en una dialéctica, entre los que se consideran  a la feminidad sin tomar en cuenta la diferencia natural en virtud de que lo más relevante son las capacidades de las personas y otros que asumen que tal particular no es relevante pues la diferenciación antropológica solo se supedita a una protección especial.

En lo inherente, a la relación de la teoría con el objeto de estudio, se entiende que la feminidad debe tomarse en cuenta para establecer los indicadores con los que debe tratarse a la mujer que deben servir para precisar la equidad e igualdad de género.

Teoría de Roles Sexuales

En la misma secuencia, se presenta la teoría de los roles sexuales como forma de estructura de la sociedad civil y política, asumiendo lo que Beitel (2006) indica:

 

La teoría de los roles sexuales se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres y es relevante desde el punto de vista psicológico porque se asocia con la definición de sí–mismo, con las interacciones entre hombres y mujeres, y con las relaciones sociales. (p.76).

 

 

Dentro de los particulares esgrimidos, en la teoría propuesta se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico.  

En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

Se tiene en cuenta, que la fijación de esta forma de estereotipos considera lo de orden bio-psico-social para entender que el hombre y la mujer tienen condiciones antropométricas divergentes que los sitúan y supeditan a formas o tipos de actividades, de allí que no se presenten formas de estándares homogéneos para considerar los desenvolvimientos de las personas en actividades concretas.

En principio, la teoría de roles sexuales, sirve de base para comprender como hombres y mujeres se desempeñan en funciones inter especificas dentro de la sociedad así como los nexos y posiciones que deben asumir frente a la colectividad en la que les toque desenvolverse. 

Es claro, que las determinaciones de la teoría expuesta contribuyen a asimilar que el hombre y la mujer se sitúan en la realización  de tareas de distinta índole que pueden ser alternativas y complementarias de allí que la diversidad de género sea entendida como la combinación subjetiva necesaria para el bien de la colectividad.

En lo que respecta, a los roles sexuales estos deben ser incluidos dentro de las políticas de organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad, al considerarse en esencia que las funciones que presentan son fundamentales  para el logro de las finalidades y objetivos que se propongan.

En lo que estriba, al nexo entre la teoría propuesta y el objeto de investigación se debe tomar en cuenta que la determinación de la situación de los roles sexuales se considera como punto de partida en virtud de que se deben establecer medidas de orden protector que garanticen la igualdad de la mujer frente al hombre en el contexto de la sociedad.

Por otro lado, se tiene el nexo de la teoría con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, donde la condición de los roles sexuales, debe ser reconocida por las reformas normativas e institucionales del Estado, que deben resguardar el contenido de la sociedad y servir de base para su desarrollo integral. 

Teoría de Género

El contenido, de la visión de género se encuentra recogido en el marco del conocimiento científico disciplinario, según Hawkesworth (1999) que señala:

 

Los esfuerzos más ambiciosos que he encontrado por teorizar el género de maneras que conecten la psique, el self y las relaciones sociales (…). Cada una de estas explicaciones se presenta como un análisis sistemático feminista del género. Cada una de ellas examina los múltiples ámbitos del género, que incluyen símbolos culturales, conceptos normativos, instituciones sociales e identidades subjetivas (…). Cada una empieza con la premisa de que el cuerpo está socialmente constituido y culturalmente mediado. Y cada una expone argumentos que desafían presupuestos fundamentales de la actitud natural (p.9).

 

 

Vistas las cosas así, se entiende de acuerdo con este dogma que la consideración constitutiva de los géneros pasa a estar determinada de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio.  Lo cual revela, que todo dependerá del enfoque o la perspectiva con la que los teóricos decidan abordar el estudio de esa unidad subjetiva, de allí que es claro que existen patrones indeterminados y casuísticos que contribuirán al reconocimiento en concreto de la situación  de la mujer atendiendo a circunstancias que son especialísimas.

Por ende, atendiendo a la posición de los tratadistas existirán más o menos elementos teológicos para comprender la situación de la mujer en el curso del tiempo, lo que sí es claro que ésta representa situaciones diferenciadas del hombre, que la hacen en algunos supuestos acreedoras de un tratamiento especial. 

En el ámbito expuesto, se considera que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que éste no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que ésta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan mas a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  El contenido de los postulados, teorizan el objeto de estudio donde se pretende en esencia que la equidad e igualdad de género se materialice como posible al considerar que a las personas debe resaltársele por sus condiciones y capacidades  más que por su propia naturaleza humana.

El contenido de la teoría, esgrimida mantiene estrecha conexidad con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, toda vez que debe ser la Sociedad quien debe considerar los géneros con indicadores objetivos para lograr su inclusión y equiparación,  debiendo el Estado garantizar en producción normativa el cumplimiento de tales contenidos que al cristalizarse recurrentemente podrían contribuir al desarrollo socio humano de las mujeres con la supresión de las situaciones que pueden conducir a la indefensión y vulnerabilidad en el tiempo.

Aspectos Conceptuales.

En el desarrollo de esta investigación, los aspectos conceptuales tienen como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que permiten abordar el tema. Por tanto, el marco teórico servirá de apoyo para la comprensión de la problemática planteada. En correspondencia con los aspectos conceptuales  la Universidad Bicentenaria de Aragua en el  Manual para la Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de los Programas de Postgrado (2012) señala:

 

        El Contexto Teórico responde a los objetivos propuestos. Así, los aspectos conceptuales están relacionados con cada uno de estos y se basará en el planteamiento de autores; en consecuencia, debe apoyarse en citas textuales y contextuales y la reflexión del investigador. (p.57)

 

De acuerdo a lo antes expuesto, el contexto teórico abarca los constructos que guardan relación con el objeto de estudio, con la finalidad de darle sustento a lo planteado por la autora en este caso.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2012) Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo, que posee el ser humano, y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

La importancia de los derechos humanos radica en que su finalidad es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la integridad de cada persona frente a la autoridad. Se fundamentan en el reconocimiento de que la dignidad es un atributo común a todos los seres humanos. En virtud de que su única base es la condición propia de las personas, los derechos humanos son:

  • Universales, porque pertenecen a la humanidad en su totalidad,
  • Inherentes a cada persona,
  • Históricos porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los seres humanos respecto de sus derechos y conquistas frente al abuso de poder público y privado.

Asimismo, el PNUD (2012), trata el tema de la igualdad de género, en los siguientes términos: Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Sin embargo, a pesar de que nuestros derechos se reconocen tanto nacional como internacionalmente, las mujeres afrontamos situaciones en que tales derechos no siempre se respetan. La igualdad entre hombres y mujeres se fundamenta en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, entre otros.

Mujeres y hombres debemos gozar de nuestros derechos y tener acceso a ellos en condiciones de igualdad. Es necesario saber cuáles son nuestros derechos para poder disfrutarlos y defenderlos en condiciones de equidad.

  • Derecho a una vida libre de violencia
  • La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones. Estas pueden ser físicas, sexuales, emocionales, incluidas las amenazas. El acoso sexual, la coerción o la privación arbitraria de la libertad son otras expresiones de la violencia de género. Estas se pueden dar tanto en la vida pública como en la privada.

En cuanto a derecho al trabajo, el PNUD (2012), afirma la discriminación laboral contra las mujeres sigue existiendo y es común que se exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral. Para la igualdad en el ámbito laboral tenemos derecho a:

  • Recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo,
  • Que hombres y mujeres tengan horarios laborales justos que les permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo que debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad,
  • Trabajar sin que importe si la mujer está embarazada, el estado civil o cualquier otra condición especial,
  • Que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres o por nuestra orientación sexual.

Mientras tanto para el PNUD (2012), lo relativo al derecho al desarrollo: En el mundo hay más de 1,300 millones de personas en condiciones de pobreza. En los últimos diez años, el número de mujeres que viven en esta situación aumentó hasta alcanzar el 70% de la cifra antes mencionada, dando lugar a lo que se conoce como ‘feminización’ de la pobreza. Sólo el 1% de la propiedad de la riqueza mundial está en manos de las mujeres. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. Para un desarrollo con justicia económica se tiene derecho a:

  • La distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios,
  • Igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la propiedad la tierra,
  • Una vida digna y con bienestar,
  • Que se reconozca y valore nuestra contribución al desarrollo económico.

Derechos de las Mujeres en Venezuela

Es de resaltar que, los derechos de las mujeres en el país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres. El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999. Al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica, por lo tanto con derecho a la seguridad social.

De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades, el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, entre otros. Por otra parte, también se establece la aplicación de un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional. Alcances significativos a los que se suman las distintas leyes en defensa de la mujer.

Sin embargo, no hay duda de que las venezolanas están discriminadas en el ejercicio de la mayoría de los derechos políticos. Las dificultades que enfrenta la mujer venezolana, son similares a las que enfrenta en toda América Latina, que se genera en la disminuida posición social de estas, con una visión conservadora de los roles de género, en los prejuicios y estereotipos culturales preestablecidos y en la discriminación.

En las últimas décadas se ha dado la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, con lo cual, asume dos roles simultáneos: trabajadora y madre a la vez. Esta situación incide negativamente sobre la participación de la mujer en la política, ya que con el deber del cuidado de los hijos, los hombres tienen más oportunidades de participar en asambleas políticas y congresos partidarios, mientras que la mujer se ve en la obligación de permanecer en casa, debido a que no existe guarderías que presten sus servicios a toda hora.

De acuerdo a lo expuesto, para Uzcategui (2009), entre las principales barreras de acceso y permanencia de las mujeres en la arena política en Venezuela, tenemos: Factores político-electorales; El carácter obligatorio o exhortatorio de la cuota; La distribución de las candidatas en las listas por parte de los partidos políticos; El tipo de listas electorales (abiertas o cerradas); El tipo de sistema electoral o la magnitud de los distritos electorales, entre otros; Los intereses de la mujer.

En lo que tiene que ver con los intereses de la mujer se hará ciertas consideraciones. La mujer con la finalidad de defender sus derechos y posiciones en el ámbito político se agrupa y organiza en diversas formas, entre las cuales se destacan las alianzas sub partidistas. Pero, una vez electas la mayoría se aboca a la defensa de los derechos del género y a integrar las bancadas femeninas, así como es cierto que existen muchas otras que jamás se involucran en temas de la mujer.

En otro orden de ideas, el destino de las alianzas está condicionado por el clima político imperante, si el partido de gobierno y el movimiento social apoya la agenda es muy probable que se logren los objetivos esperados, pero si por el contrario, la mayoría en el poder no favorece las iniciativas, se interrumpiría el trabajo de la asociación e incluso puede llevarla a su extinción.

En cuanto a iniciativas exitosas, en el país, comentamos que, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), para los comicios electorales 2008, estimularon la participación política de las mujeres mediante resoluciones de paridad y alternabilidad electoral (en las listas, postulaciones nominales y entre candidatos(as) a principales y suplentes) que imponían la obligación en un porcentaje de 50 y 50%  entre hombres y mujeres para integrar cualquier asociación o junta directiva de carácter político que requiera del sufragio popular para su conformación.

Sin embargo, el hecho de que la disposición estuviera contenida en una resolución del CNE, trajo como consecuencia su desaplicación para las elecciones del año 2010, elecciones de diputados (as) a la Asamblea Nacional. Cabe destacar que, en la actualidad movimientos de mujeres y organizaciones no gubernamentales del país, realizan esfuerzos para lograr que la paridad y alternabilidad quede establecida en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pero aun, no ha tenido eco en el gobierno nacional y mucho menos en la Asamblea Nacional.

Por otro lado, según Uzcategui (2009), en Venezuela si bien existen diferentes mecanismos de inclusión social que facilitan la participación de las mujeres en esta área, no es suficiente, hace falta estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación.

Ahora bien, la violación de los derechos laborales también es otra expresión la violencia laboral, tanto para hombres como para mujeres, pero lo que más frecuentemente se ejerce contra las mujeres se relaciona con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Los ejemplos más comunes son: solicitarle el certificado de no gravidez para acceder o permanecer en el trabajo, exigir la firma anticipada de renuncia en caso de embarazo, control riguroso de su fertilidad (uso de anticonceptivos o métodos definitivos) para permanecer en el empleo, posibilidad de no ser reinstalada en el mismo puesto después de una licencia por embarazo o lactancia materna, afectación en estímulos económicos por haber presentado una licencia médica relacionada con los cuidados de un hijo enfermo.

De acuerdo a lo antes planteado, la violencia de género en el ámbito laboral, manifestada en cualquiera sus expresiones, es reproducida por las prácticas, el clima y el imaginario de las organizaciones. Constituye un elemento tóxico que se tiene que erradicar, prevenir y sancionar para que las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y dejen de ser tratadas como intrusas en el mundo de trabajo.

Día Internacional del Trabajador (a) y la Participación de la Mujer Venezolana.

Cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador (a), se destaca la participación de la mujer venezolana, a quien no solo debe definirse por la belleza, sino también la labor que desempeña. La conmemoración del Día del Trabajador (a) comenzó en Maracaibo, cuando se instituye en 1936. Más tarde, 1945, cuando el General Isaías Medina Angarita, como presidente del país Venezuela, establece por decreto tal fecha como el Día del Trabajador, trasladando su celebración del 24 de Julio fijado por el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, según decreto del 18 de abril de 1938.

Luego, cuando asume la presidencia Rómulo Betancourt en Octubre de 1945, dicta un decreto el 24 de Abril de 1946, donde establece el 1º de Mayo como Día del Trabajador y se declara día feriado y de remuneración obligatoria para los trabajadores (as) en general, incluyendo los que realizan sus labores en la agricultura y cría. A partir de allí, se han alcanzado otros beneficios sociales como el bono de alimentación (cesta ticket), programas de prevención y salud de los trabajadores y trabajadoras, entre otros.

En la actualidad, vemos con orgullo los logros alcanzados por la mujer venezolana, que se evidencian en áreas como la política, lo social, lo económico, la agricultura, la gerencia, las artes, la ingeniaría, la cultura, el deporte, la educación, la  salud, la investigación, la tecnología, la recreación, donde hace 50 años algunas de estas áreas estaban vetadas para ellas.

Tomando como referencia el trabajo realizado por Márquez (2012), titulado: La mujer gerente en Venezuela “Piensa como un  hombre, actúa como una dama, trabaja como un burro” (p.1), donde se plantean tres áreas de acción de la mujer gerente venezolana: la organización, el mundo de relaciones sociales y el contexto familiar, que condicionan de diversas formas sus roles como gerente, mujer, madre, esposa, entre otros.

Sin duda alguna, es tarea de todos y todas poner un granito de arena para mejorar las condiciones de vida, en nuestro país. Pero, definitivamente, son ellas las encargadas de la gerencia en el hogar, lo cual constituye la mayor contribución para alcanzar calidad de vida de la familia venezolana. De allí que, el rol que asuma la mujer es determinante, en este siglo.

Aspectos relevantes sobre la violencia contra la mujer en Venezuela.

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, lo expuesto por el  Observatorio Venezolano de los  Derechos  Humanos de  las Mujeres (2009), entre los aspectos más relevantes del tema de la violencia contra la mujer en Venezuela, se tiene:

  • La Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (2014) (LODMVLV) establece la aplicación inmediata de las Medidas de Protección y Seguridad en casos de violencia contra la mujer a través de los órganos receptores de denuncias (sin consulta y transitorias) y las Medidas Cautelares desde los Tribunales de Violencia contra la Mujer. Muchas veces ambas medidas no se aplican por falta de capacitación de funcionarios/as y/o por la existencia de prejuicios en la atención de mujeres víctimas de violencia.
  • Hay fallas importantes en la difusión masiva de manera permanente de la Ley, así como ausencia de reglamento y/o protocolo de aplicación con sus respectivos talleres de inducción. Tampoco se conoce un Plan Nacional sobre el tema, que incluya su evaluación y seguimiento.
  • El acceso a la asistencia letrada es insuficiente para las mujeres de todas las regiones. Las citas para apoyo y asesoría, tanto legal como psicológica, son retardadas, tanto por parte de entes gubernamentales como de las ONG que se encuentran atestadas de casos, aunque existen ayudas telefónicas 24 horas de atención en crisis, asesoría legal e información gubernamental en el ámbito nacional.
  • La carencia de recursos financieros y de voluntad política en el área gubernamental para diseñar y aplicar planes concertados con ONG para la capacitación masiva y sostenida en esta materia es evidente. Evaluaciones conocidas de las capacitaciones realizadas a funcionarios/as por el ente gubernamental, en especial, son inexistentes. Como ejemplo de ello, aún se mantiene en muchas partes y Órganos Receptores de Denuncia del país el acto conciliatorio erradicado de la Ley gracias a la lucha de las ONG. Así como experiencias de capacitación insuficientes, que no inciden en los mitos y creencias asociados a la violencia contra las mujeres, no continuas ni mantenidas en el tiempo; a lo que se agregan cambios permanentes del personal jurídico y policial.
  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) creó en 2007 una Mesa de Violencia contra las Mujeres, que actualmente se encuentra en la etapa de llenado de fichas técnicas, con una significativa tardanza en llegar a los productos esperados, teniendo en cuenta la urgencia de obtención de datos. Por otra parte, en varias oportunidades ha habido prohibición pública expresa en el suministro de datos gubernamentales y/o dificultad en la obtención de datos sobre violencia contra las mujeres. Sólo se consiguen datos de prensa producto de eventos puntuales.
  • Las ONG, de acuerdo con las Bases Constitutivas del Sub-Comité de Género del INE, son sólo Miembros Eventuales. No se cuenta entonces con datos centralizados sobre la violencia contra la mujer, ni de los casos detectados/reportados, ni de las actividades y resultados de los planes y proyectos desarrollados desde el ente gubernamental especializado en la materia.

Violencia contra la Mujer.

En los años noventa,  la violencia contra la mujer se constituyó en el centro de atención e interés de las organizaciones internacionales. Según los datos aportados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe sobre El Estado de la población,  (2005):

 

…..“Una de las más graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres, que rebasa fronteras y estratos socioeconómicos, es la violencia de género. A nivel mundial se estima que una de cada cinco mujeres será víctima de violación o de intento de violación en su vida. Una de cada tres habrá sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o habrá sido víctima de abuso por parte de familiares o conocidos que, en general, no serán castigados”……

 

De acuerdo a lo antes expuesto, la violencia contra las mujeres y las niñas, es un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que se conocen hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. En un estudio del Banco Mundial (1994), basado en datos del Banco Mundial sobre diez factores de riesgo seleccionados que enfrentan las mujeres en este grupo etario, la violación y la violencia doméstica se ubicaron antes que el cáncer, los accidentes de tránsito, la guerra y la malaria.

Ahora bien, la violencia contra la mujer, puede considerarse una violación de los derechos humanos, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la permanencia de estructuras culturales y la inequidad en las relaciones de poder y de control permiten caracterizar a la violencia contra la mujer como una violencia de género. La escasa información estadística y conceptual sobre la violencia de género, considerada como conducta socialmente aceptada, hace difícil su comprensión y magnitud; por lo que se requiere, justamente, conocer y registrar la mayor cantidad de información posible y darle la difusión que merece para enfrentarlo.

De acuerdo a la Plataforma de Acción de Beijing, en el año 1995, la violencia contra la mujer abarca la conculcación de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, inclusive la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos; selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino. Reconoció también la particular vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de refugiados y migrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas, o en instituciones correccionales

Los actos de violencia (física, emocional, económica y sexual) por parte del compañero o esposo, los cuales pueden sufrir las mujeres en varias o en todas sus manifestaciones, lesionan en todos los casos su identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos.

En muchas  leyes se regulan aspectos que tratan el tema de la violencia contra la mujer y la necesidad de contar son estadísticas actualizadas para la elaboración de políticas públicas que mejoren la situación. A nivel internacional más de 45 países (entre ellos Venezuela) tienen ya una legislación específica sobre la violencia doméstica y un creciente número de países ha instituido planes nacionales de acción para acabar con la violencia contra la mujer. A continuación se describen los hechos más importantes acontecidos en el ámbito internacional:

  • En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1995.
  • En 1994, la Organización de los Estados Americanos (OEA) negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1998.
  • En 1999, se formula El Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la resolución 54/134.

 

La participación de la mujer en el Desarrollo local sostenible

          El desarrollo local hace referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas.  Para la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) (2011), una oferta de mano de obra ocupada en la localidad y suficientemente calificada para las tareas que desempeña, unida a una capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, favorecen la acumulación de capital en los sistemas productivos locales. El desarrollo local sostenible va mas allá de la acumulación de capital “implica una vocación o fondo cultural de sostenibilidad en el uso de los recursos”. Se trata de procesos de desarrollo económico que se caracterizan por la organización sistémica de las unidades de producción, con el fin de favorecer la competitividad de las empresas locales en los mercados nacionales e internacionales.

Mientras tanto, la organización del sistema productivo local en forma de redes de empresas, de acuerdo a lo expresado por Gómez, (2001), propicia la generación de economías de escala y la reducción de los costes de transacción y por lo tanto, permite rendimientos crecientes y crecimiento económico. En opinión de Zúniga, (2010), un aspecto negativo es la confusión de “atribuir a los ecosistemas la propiedad de ser o no sostenible, cuando es este un atributo que pertenece al sistema producción”. El sistema de producción conecta con otras esferas reguladoras de la actividad agraria como son los sistemas social, administrativo o legislativo y canaliza la influencia indirecta de estos sobre el ecosistema, también expresa que la sostenibilidad se asienta en que la producción puede estar planteada de manera cuidadosa que incremente a la vez el capital productivo y el valor natural del ecosistema o de forma esquiladora, destructora de la capacidad del ecosistema de seguir produciendo.

En este orden de ideas, un sistema de producción puede tener un elevado rendimiento y ser además sostenible, es decir estar diseñado de forma que no comprometa la persistencia de funciones y procesos naturales claves. La viabilidad de este sistema de producción dependerá de que la situación económica permita hacer frente al incremento exagerado de insumos, (energía, materiales, tecnológica) y de las exigencias de calidad ambiental demandadas por la población.

Ahora bien, de acuerdo a Gómez, (2001), esta ultima de carácter cultural que depende de la educación y la experiencia, determinan las actitudes y respuestas frente a los problemas ambientales. El valor cultural. Junto a los conocimientos sobre el uso de los recursos (cultural rural) generados en la lenta co-evolución de las sociedades agrarias con la naturaleza, esta dimensión cultural incluye los aspectos históricos, arquitectónicos y las infraestructuras vivas e inertes que forman parte esencial de los paisajes rurales: el valor social. Teniendo en cuenta que el objetivo intrínseco del desarrollo económico es de carácter social, es decir lograr el bienestar y la felicidad del ser humano, de hecho las propuestas más coherentes de desarrollo sostenible, incorporan la redistribución de la riqueza (argumento social) como un requisito básico para el mismo, de rango comparable a la disminución del impacto sobre los ecosistemas.

En lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el desarrollo sustentable, lo primero será hacer referencia al género, la cual expresa diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se encuentran en los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el manejo, acceso y uso de recursos naturales y la distribución de los beneficios.

Aunque existan diferencias, es importante que también se tenga conocimiento de que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y hombres, a ello según Gómez, (2001), se le denomina organización genérica. La organización genérica y la división del trabajo basada en género es universal, pero difiere por la cultura, ubicación geográfica, época / tiempo y grupo socioeconómico.

El análisis de género es un proceso que ayuda a clarificar como se dan las relaciones entre hombres y mujeres entre grupos sociales en un determinado contexto. Su aplicación es útil en todos los proyectos y programas por las razones siguientes: Permite anticipar cómo distintos miembros de la sociedad se van a ver afectados por el proyecto o programa y cómo pueden beneficiarse del mismo;  Hace visible el trabajo de la mujer;  Ayuda a incrementar los ingresos de hombres y mujeres;  Aumenta los niveles de auto estima yo el poder de toma de decisión de la mujer.

Trabajo y empleo desde una perspectiva de género

Para Picchio (2001), desde la perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren una especial distinción al menos por tres razones: en primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta un factor condicionante de la vida de hombres y mujeres de manera diferente; en segundo lugar, porque esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres; y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, para analizar la problemática del empleo femenino es indispensable relacionar ambos conceptos.

El concepto de trabajo en la economía laboral se vincula en general a las actividades remuneradas y consideradas productivas en la órbita del mercado. En ese sentido, en particular los análisis económicos suelen referirse al trabajo asalariado (sector público y privado), por cuenta propia, formal e informal y en distintos sectores de la actividad económica, pero siempre remunerado. Se trata pues de empleo, es decir, del trabajo que se intercambia en el mercado. Esta generalización conceptual se ha visto influida históricamente por el proceso de industrialización, que contribuyó a la identificación entre trabajo y empleo (o autoempleo) y, más aún, entre trabajo y empleo asalariado.

En opinión de Neffa, (1990). La teoría del valor trabajo dio lugar a la asociación simbólica entre trabajo y trabajo asalariado (una categoría más reciente desde el punto de vista histórico). Este último es minoritario en cuanto al tiempo que ocupa con relación a otros trabajos, y ello es especialmente así para las mujeres, también para las latinoamericanas.

La presencia femenina suele ser proporcionalmente mayor en los puestos de trabajo informales y precarios, al igual que en el trabajo no remunerado destinado al mantenimiento y la reproducción de la vida en los hogares; es decir, el trabajo estrictamente doméstico y otras actividades vinculadas al cuidado de las personas.

Estas actividades se hallan (aunque no en forma exclusiva) indisolublemente ligadas a las dinámicas de los hogares y al aporte femenino al bienestar y al funcionamiento de la economía global. La llamada división sexual del trabajo, es decir, la distribución social de obligaciones y responsabilidades entre individuos de uno u otro sexo de las actividades de mercado y extramercado, determina la participación de las mujeres en el trabajo remunerado así como en otras actividades (políticas, culturales, sociales o de recreación).

Es de resaltar que, el tiempo destinado a los distintos tipos de trabajo marca una diferencia entre hombres y mujeres, que se expresa en las características que asume el empleo para unos y otras, así como en el tiempo libre (recreación, cuidados personales). De allí la importancia de concebir el trabajo de manera más abarcativa, tanto para explicar el origen de las diferencias de la participación de las mujeres en el mercado laboral respecto de los hombres con relación a oportunidades, el trato y los resultados, como respecto de las posibilidades de superar esas diferencias.

Si bien las actividades domésticas y de cuidados en los hogares normalmente se valoran por su componente afectivo y se entienden como parte de la naturaleza femenina, se las tiende a ignorar desde el punto de vista económico. Para Max-Neef y otros (2007), los economistas clásicos reconocieron la importancia de la actividad de las mujeres en la casa destinada al cuidado familiar y, en particular, a la crianza y educación de los hijos, y la consideraron indispensable para que estos se convirtieran en trabajadores productivos y contribuyeran, de este modo, a la riqueza de las naciones. Sin embargo, no le otorgaron valor económico. 

De acuerdo a Neffa, (1990), el trabajo de reproducción social y, en particular, el trabajo de cuidado de las personas, cuyo objetivo prioritario es el bienestar en términos de calidad de vida, pero que utiliza bienes, mercancías, servicios públicos y de mercado y participa en las redes de solidaridad social, consiste en un proceso material y simbólico que se apoya en la confianza, en los sentimientos de afecto y amistad, y en el sentido de responsabilidad con respecto a los resultados.

Directrices para incluir la perspectiva de género en las políticas de empleo.

Algunos lugares de trabajo no cuentan con políticas y prácticas para promover la igualdad de oportunidades y reducir los diversos tipos de discriminación directa e indirecta. Para González (2004), esto puede tener un efecto negativo significativo sobre las oportunidades de empleo de la mujer. Otros lugares de trabajo promueven activamente políticas de igualdad y favorables a la familia, que han demostrado ir acompañadas de beneficios empresariales tales como: una reducción del ausentismo laboral, una mayor productividad, una mayor lealtad por parte del personal y los clientes, mejora de la imagen de empresa en la comunidad, menos movimientos de personal, una mayor innovación, y una mayor capacidad de las empresas para contratar a los mejores profesionales de calidad.

Estos beneficios afectan a todas las empresas, sean grandes o pequeñas. Si bien los costos de las medidas para promover la igualdad pueden ser mayores en empresas más pequeñas, puede haber oportunidades a través de la negociación colectiva para distribuir dichos costos. Un entorno propicio en el ámbito de las políticas nacionales puede ayudar a las pequeñas empresas a elaborar una política de igualdad capaz de beneficiar a ellas mismas y a sus trabajadores.

En opinión de González (2004), las mujeres pueden tener dificultades incluso para obtener un contrato por un empleo remunerado. Esto se debe a que algunos empleadores consideran que la contratación de mujeres implica mayores costos, o que las mujeres tienen más probabilidades de dejar el empleo a causa de las responsabilidades familiares. Para las mujeres que están empleadas, los empleadores pueden mostrarse reacios a mejorar sus calificaciones y desarrollar su potencial debido a creencias similares. El trabajo a tiempo parcial ofrece a algunas mujeres la oportunidad de hacer malabarismos con su vida laboral y familiar, pero limita sus oportunidades para promocionar y desarrollar su carrera.

Esto podría estar relacionado con el hecho de que las mujeres estén representadas de manera insuficiente en cargos de alto nivel debido a los prejuicios, a un historial de interrupción de la vida laboral, y pocas oportunidades para mejorar su formación y sus calificaciones.

Fundamentación Legal

En Venezuela, los fundamentos legales  en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, están dados en primer lugar por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), cuando en el Artículo 21, establece:

 

 

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el contrato social prefija como valor fundamental el concerniente al principio de igualdad frente a la ley, que evidencia que dentro del enfoque socio jurídico de orden humanitario se debe garantizar el ejercicio de cualquier derecho a cualquier persona atendiendo únicamente a su condición de sujeto. 

Dentro de este orden, la concreción y sustancia de la igualdad es amplia puesto que supone la posibilidad de resguardar al sujeto frente a cualquier situación que pudiese colocar en indefensión o vulnerabilidad a las personas. Para lo concerniente, a la igualdad de género entre hombres y mujeres se tiene que la CRBV (1999), en el artículo 88  que consagra:

 

 

       El estado garantizará igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la Ley.

 

 

Es decir, se reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad. Por lo cual, la mujer tiene derecho a la seguridad social.

Ahora bien, desde el enfoque laboralista se sustancia el principio de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, de acuerdo con lo señalado en Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), el artículo 20 establece:

 

 

El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración, y están obligadas y obligados a fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el proceso social de trabajo.

 

 

 Este articulo, señala que en las políticas laborales y productivas se configura la igualdad y equidad de género, para lo que se debe cumplir el principio de igual trabajo por igual salario, debiéndose garantizar que los trabajadores y trabajadoras son iguales tanto de hecho como de derecho, lo que debe incorporarse dentro del clima organizacional de la entidad empresarial.

Cabe destacar que, Venezuela es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belén Do Pará”, Brasil, en 1994. Es así como, después de muchas luchas de la mujer venezolana, para  el 19 de marzo de 2007, se sanciona en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) (2014).

Esta Ley, abre un conjunto de medidas de aplicación inmediata para preservar la vida y la integridad física de la mujer que esté en situación de violencia o sea vulnerable a alguna circunstancia de este tipo, de la misma se pueden reconocer diecinueve (19) tipos delictivos, con sus respectivas sanciones,  entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas (con penas de 10 a 15 años de prisión).

Asimismo, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, esclavitud sexual y trata de mujeres y niñas (con penas de 15 a 20 años de prisión) , actos lascivos con pena de 1 a 5 años de prisión, que en el caso de niñas y adolescentes aplica de 2 a 6 años;  acoso sexual de 1 a 3 años.

Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral que aplica una multa de 100 a mil Unidades Tributarias, violencia obstétrica con una sanción de multa de 250 a 500 Unidades Tributarias para el persona de salud involucrado, esterilización forzada de 2 a 5 años de prisión para el médico, ofensa pública por razones de género de 200 a 500 Unidades Tributarias más el debido retracto por el mismo medio y con la misma extensión del texto, todas contempladas desde el Artículo 39 hasta el 56 de la nueva Ley.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), en el artículo 21, trata lo relativo al Principio de no discriminación en el trabajo, de la siguiente forma:

 

Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. Los actos emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia…”

 

Se desprende de este artículo, que la distinción por sexo, raza, estado civil, por religión está prohibido. En este sentido, las leyes en la materia establecen las sanciones previstas.

Asimismo, se sanciono la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2007) que en el capítulo IV, establece los Derechos Económicos de la Mujer, entre los que se destacan: la efectiva incorporación de la mujer a la producción, a nivel micro y macro económico. Por otro lado, el acceso a los programas crediticios y a la asistencia oportuna y permanente para la obtención de materia prima, asesoría técnica comercialización y distribución de productos y servicios. Asimismo, la adquisición de inmueble para vivienda principal por parte de la mujer, tiene prioridad en cuanto a las políticas públicas que se lleven a cabo en este sentido, entre otros.

CAPÍTULO III

CONTEXTO METODOLÓGICO

En la consecución del objeto de estudio, se considera las secuencias de formas empleadas para presentar lo tratado, de acuerdo a lo previsto en las fuentes consultadas y la reflexión analítica de la autora, donde se evidencia la metódica requerida para lograr la coordinación y ordenación de la investigación en el ámbito estructural que la conforma.  

Tipo de Investigación

La configuración de la investigación, corresponde a un tipo documental, considerando que se trata de sustentar el estudio con información de segundo nivel disponible en las fuentes formales escritas, en cuanto a esto la  Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA, 2012) el Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado de la (UBA,  2012)  señala que:

 

 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, apoyado principalmente en fuentes bibliográficas y documentales.  La originalidad de este estudio, se refleja en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones propias del autor. (p.45)

 

En consecuencia, se procedió a la recolección y obtención de información  secundaria en función del objeto de estudio, disponible en doctrinas, leyes y demás materiales teóricos especializados que se relacionan con el tema tratado y que sustentan la explicación científica de lo investigado.

En este orden de ideas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis doctorales (2012), señala que la Investigación documental: “es el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor”, pág. (20). En este sentido, el aporte más importante de este tipo de estudio se refiere a las fuentes consultadas, que son de segunda mano ya que provienen de libros, revistas, trabajos de investigación y consultas realizadas en internet, entre otras, las cuales han sido descritas en las referencias bibliográficas.

Método

     Respecto, de la investigación de naturaleza documental se tiene en cuenta que el método es de tipo deductivo-analítico, para comprender la consistencia del primero, se expone la opinión de López (2010) quien sostiene: “Mediante ella se aplican los principios  descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p. 15), se trata de dirigirse de los abstracto o complejo hasta lo más simple y concreto en un orden lógico con un enfoque coherente estructurado, donde exista un único sentido de los criterios reproducidos.  

De igual manera, Lopera y otros, (2010), define el análisis como “la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p.13). El método es entonces un camino, una manera de proceder, que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como un estilo de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. En cuanto al deductivo, Méndez (2004) sostiene que:

 

 

    El método deductivo es el método comúnmente utilizado, cuya forma gráfica emulará la forma de un embudo al derecho; desde este enfoque el investigador fue desde una situación general y desembocó en una situación particular, es decir, el caso específico objeto de la investigación. (p. 2).

 

 

Es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos donde se aplicaría la deducción.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Las técnicas de recolección de información, son herramientas empleadas por el investigador para la obtención de datos relevantes en la investigación. En este orden de ideas, Arias: (1999), expresa que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información con relación a la temática en estudio” (p.53), en este caso para la obtención de la información requerida se aplicaron las siguientes técnicas: el subrayado, el fichaje, el resumen y la síntesis. Tomando en consideración lo que señala Fernández (2002), en relación a la técnica del subrayado cuyo objetivo es “hacer énfasis en los aspectos más relevantes del tema que se plantea” (p.125), de allí que fue necesario resaltar lo que en esta investigación se consideró importante para el tema desarrollado.

 Igualmente el fichaje, según Palella y Martíns (2010), sostienen que es la técnica que permite recolectar, procesar y almacenar la información que se obtendrá en la investigación. En cuanto a resumen, Fernández (2002) señala que “se refiere a la exposición condensada y selectiva de un texto” (p. 80), para emplearla en un trabajo de investigación, en este estudio el resumen resultó de gran valía al permitir concretar los aportes de los materiales teóricos consultados.

Ahora bien, en el caso de los instrumentos se utilizó el registro sistemático de la información recabada por medio del sistema fólder el cual según Finol y Nava (1996) consiste en recoger o registrar información en hojas sueltas que luego se van agregando a una carpeta organizada de acuerdo al plan de trabajo establecido. En este orden de ideas, fueron utilizadas las hojas de registro donde se anotaron los datos más importantes de cada documento así como la información relevante en relación al tema investigado.

Con base a lo antes expuesto, el estudio se desarrolló considerando el  análisis de contenido, el cual es definido por Krippendorff (1990)  como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28), se trata de acuerdo con este particular en la explicación y sustentación del alcance y significancia de los contenidos previstos en las fuentes escritas con miras de complementar la esencia y significancia del objeto de estudio, desde el ámbito disciplinario que se trata en efecto.

De igual manera, fue necesario describir el tipo de fuente consultada tales como: libros, revistas, documentos legales, Internet y trabajos de grado en los cuales se identificó apellido y nombre del autor, año, número y lugar de publicación en las referencias bibliográficas.  Asimismo, es necesario destacar que lo más importante en el análisis de contenido es considerar con antelación las categorías en relación a las cuales se realiza el análisis que en este caso pueden ser frases, palabras, oraciones, párrafos entre otros, y con base en éstas se efectúa el estudio en profundidad de un documento que interese al investigador. Por su lado, Sabino (2010), afirma que el análisis de contenido tiene una base empírica y accesible, por lo tanto el análisis del documento estudiado tendrá menos subjetividad que al utilizar otros métodos.

Procedimiento

         En este punto de la investigación se explica en forma detallada por fases o etapas, la manera en que se desarrolla la investigación, al respecto Baena (2000), define estas etapas como. “Los procedimientos que están definidos por una serie de actividades cuya secuencia determinará el orden en que será desarrollado el trabajo de la investigación.” (p. 136) este procedimiento se presenta a continuación:

        Fase I. Recolección de la información: se basó en la ubicación de información relacionada con el tema explorando mediante los instrumentos jurídicos que se ofreció en el área de estudio, así como también, la revisión de libros y la utilización de una herramienta muy importante en estos tiempos como lo es la Internet.

Fase II. Organización y actualización de datos: se clasificó toda la información recabada realizándole los ajustes y actualizaciones de conformidad con los instrumentos jurídicos venezolanos vigentes, y los materiales teóricos consultados.

Fase III. Análisis y organización  de la información se procedió a la aplicación de las técnicas  y el instrumento para la realización de la estructura del  trabajo,  la revisión de la tutora, hacer ajustes necesarios y elaborar la revisión preliminar del proyecto de investigación.

Fase IV. Redacción y Elaboración del Trabajo Final de Investigación: se realizó el análisis de contenido y se organizó la información recabada siguiendo un orden con secuencia lógica considerando los objetivos propuestos.

CAPITULO IV

CONTEXTO CRÍTICO

En este capítulo, la autora luego de haber realizado el procedimiento descrito con anterioridad y al realizar el análisis de contenido obtiene las conclusiones en función de los objetivos específicos planteados. Para finalizar se presentan las recomendaciones correspondientes.

Análisis Reflexivo

La  diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En así como, se han asignado roles tanto al hombre como a la mujer: la mujer al hogar dedicada al cuidado de los niños (as) y de los enfermos; el hombre a la calle, al trabajo, al éxito.  En este sentido, la división sexual del trabajo es un elemento central para entender la segmentación y la segregación ocupacional por sexo, pues configura uno de los sistemas de relaciones de poder más longevo en la historia de la humanidad: La diferenciación basada en el sexo es una de las formas más extendidas de explotación humana, arraigada en la interacción personal entre sexos, en instituciones sociales básicas como la familia, y enraizada en estructuras económicas y políticas.

 

Sus expresiones son variadas y se extienden por todos los niveles de la sociedad. Estas manifestaciones constituyen en su totalidad un complejo sistema de relaciones de poder entre los sexos que tipifica la subordinación de la mujer a diferentes niveles sociales. La situación de la mujer en el mercado de trabajo y la segregación de los empleos por sexo parece ser el resultado de un largo proceso de interacción entre el patriarcado y el capitalismo, pues la interrelación entre ambos sistemas ha sido un factor importante en la distribución de los puestos de trabajo.

Cabe destacar que, la incorporación de las mujeres a la vida socio-productiva no ha sido acompañada por sistemas de corresponsabilidad social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados. Todo esto da lugar a fuertes conflictos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, y las lleva en muchos casos a discontinuar carreras profesionales e iniciativas productivas. En América Latina, la pobreza y la escasez o mal funcionamiento de servicios producen tensiones mayores, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de los hogares monoparentales encabezados por mujeres.

Las trabajadoras todas, de acuerdo a Carosio (2010), están paradas sobre un suelo pegajoso, conformado por las responsabilidades de cuidado del hogar y la familias, con cargas afectivas, emocionales y de horarios que el sistema de género hace recaer exclusivamente sobre las mujeres que dificultan o impiden la plena y emancipada incorporación al trabajo remunerado. El trabajo del hogar es suelo pegajoso que frena a las mujeres en su desenvolvimiento laboral, en su participación en el ámbito público, atrapándolas en el ámbito privado o sus cercanías. Para Carosio (2010), el 70,7% de las mujeres llamadas inactivas tienen como principal motivo de inactividad las obligaciones familiares, y también éste es el principal motivo de renuncias o distanciamientos laborales temporales, sobre todo en los períodos de la vida en que se tienen hijos pequeños, padres muy ancianos, u otras obligaciones familiares que exigen mucha dedicación. En estudios realizados sobre iniciativas femeninas socio-productivas interrumpidas o abandonadas, la mayoría indicó como causa principal la enfermedad de algún miembro de la familia.

Como se mencionó anteriormente las mujeres siempre han sido y son protagónicas como mediadoras del bienestar social, con rol central en lo comunitario y como responsables prioritarias y/o últimas del bienestar familiar. La realización de una enorme cantidad de trabajos no remunerados que garantizan el bienestar cotidiano (en lo doméstico, comunitario y en el conjunto de actividades a menudo calificadas como de subsistencia), ha venido siendo visibilizada. Pero la visibilización de este protagonismo no implica su aceptación acrítica. Enfatizar la presencia de las mujeres y su aporte al bienestar y al buen vivir sin paralelamente buscar la transformación de las estructuras desiguales de organización del trabajo, de reconocimiento, valoración y protección, lleva a una instrumentalización de las mujeres y perpetúa la explotación inherente a la división sexual del trabajo.

Cabe destacar que; la igualdad no es viable en las estructuras de poder establecidas, dentro de un mercado organizado por el poder patriarcal capitalista, modelado para quienes no tienen obligaciones familiares y tienen resueltas las condiciones de sobrevivencia. La potenciación de las actividades socio productivas de las mujeres es crucial, pero debe ir acompañada de la creación y ampliación de servicios públicos que acompañen y fomenten la redistribución de los trabajos históricamente realizados por las mujeres en lo no remunerado, y del fomento de la corresponsabilidad masculina activa. Se necesitan servicios públicos que apoyen las actividades de cuidado para el bienestar y el buen vivir, y recuperen el papel de las instituciones públicas como garantes de la participación y el empleo digno para las mujeres.

Todo esto conduce a afirmar que hoy, el drama principal de desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niñas/os, ancianas/os, enfermas/ os y otros) en las mujeres. Todo esto, con una discriminativa estratificación social que produce diferencias importantísimas entre las maneras de solucionar este conflicto entre las mujeres de las clases acomodadas y las mujeres pobres. Si bien todas son víctimas de la división y explotación del trabajo sexogenérica, las mujeres ricas han solucionado (aunque nunca del todo) los problemas de su histórico mandato familiar recurriendo a servicios mercantilizados provistos (y de manera precaria) por las pobres, aumentando así la brecha de la desigualdad.

Un nuevo pacto social es indispensable y debe tener en cuenta el trabajo social global que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y transformar en sistema social laboral incluyendo en él un sistema de cuidados sociales en corresponsabilidad entre los sexos y la sociedad en general. Sólo así la incorporación de las mujeres al mundo laboral y a espacios públicos podrá ser en condiciones de igualdad y sin sobrecargas como viene siendo hasta ahora, y podrá constituir para todas una posibilidad de autorrealización.

Por ello, Hartmann, (1994) sostiene que “El capitalismo creció sobre el patriarcado; y el capitalismo patriarcal es una sociedad estratificada por excelencia” (p.291). En el caso venezolano, la conjunción entre patriarcado y capitalismo se estructura en una sociedad signada por relaciones matricentristas.

Para Bordarampe, (2008), la igualdad entre hombres y mujeres es inherente a los derechos humanos, asimismo afirma que la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad”,… “que nos han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles” (p.55). Tomando en cuenta que los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras.

El incumplimiento de la normativa laboral representa el problema más grave que sufren los(as) trabajadores(as) en nuestro país, inclusive dentro del sector formal, pero los estudios realizados revelan que las mujeres presentan un mayor grado de vulnerabilidad, aún en aquellos asuntos no vinculados directamente a su condición maternal. Se evidencia numerosas infracciones a la ley que se cometen respecto al personal femenino, entre ellas: la no cancelación de los bonos que estipula ley o la no cobertura del Seguro Social porque el patrón no paga las cotizaciones correspondientes, el pago por debajo del salario mínimo.

De igual manera, las mujeres confrontan un conjunto de situaciones particulares, que abarcan su desempeño global en el trabajo en la medida en que afectan sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y la calidad de dicha inserción, como resultado de la segregación ocupacional, la discriminación salarial y el acoso sexual de que son objeto.

Conclusiones

El propósito de esta investigación fue analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En este sentido, en lo sucesivo se presentan las conclusiones que se corresponden con los objetivos específicos, así como también la reflexión de la investigadora como aporte a las ciencias políticas.

Se inicia, con el primer objetivo: Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación. En cuanto a las teorías de entrada se tienen: la teoría feminista, la teoría de roles sexuales, y la teoría de género.  Para la teoría feminista, hay que corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

Mientras tanto, la teoría de roles sexuales considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico. En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

En cuanto a la teoría de género, se supone que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que este no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que esta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan más a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  Luego se presenta, el segundo objetivo: Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para hacer un recuento de los principales problemas que viven las mujeres trabajadoras es necesario comenzar por señalar, muy brevemente, los que la afectan en tanto reproductora de la especie y sobre quien recaen culturalmente las principales responsabilidades familiares. Esta condición tiene numerosas implicaciones directas sobre su desempeño laboral, en su mayoría conocidas, porque suponen un conjunto de condiciones excepcionales: en el prenatal, posibilidad de cambiar de puesto si su labor representa peligros para el feto.

  Asimismo, libertad para acudir a su control mensual, contar con ropa de trabajo adecuada a su condición; seguridad de servicios de emergencia ante la contingencia de aborto; derecho a tomar su licencia antes del parto; en el postnatal, además del permiso por nacimiento, garantía de estabilidad durante el lapso de mayor dependencia del infante; derecho a amamantamiento y seguridad de un local adecuado para dejar al bebé mientras trabaja; dificultad, en virtud de sus responsabilidades familiares, para permanecer en el local de trabajo más allá de la jornada, entre los aspectos más importantes.

Cabe destacar que, gran parte de estos aspectos están consagrados como derechos en la legislación venezolana, pero, a menudo, no son respetados. El mercado de trabajo es una institución social que distribuye a la fuerza de trabajo en diversos puestos de trabajo. Esa distribución muestra las relaciones de poder en esa sociedad, entre ellas, las relaciones de género. Los estudios sobre mercado de trabajo con perspectiva de género pusieron de relieve las articulaciones entre capitalismo y patriarcado.

  De acuerdo a lo expuesto, en la configuración de los segmentos del mercado de trabajo y en la segregación ocupacional por sexo se entrelazan ambos sistemas de dominación. En esa interacción se expresa la división sexual del trabajo, la cual es una de las causas más profundas de discriminación en el mercado de trabajo, pues atraviesa la esfera de lo productivo y reproductivo. La división sexual del trabajo es una de las formas de dominación más longeva en la historia de la humanidad, por lo cual es muy difícil de atacar.

            En cuanto al tercer objetivo: Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En las condiciones de trabajo en nuestro país se evidencian algunos datos preocupantes. Un desempleo de dos dígitos, un sub empleo considerable, pues más del 50% de los ocupados en el sector informal declararon ingresos inferiores al salario mínimo, y la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. Todo ello muestra una precarización profunda en las condiciones de trabajo en Venezuela, lo que habla de la magnitud de la exclusión social en nuestro país.

Un tercio de los trabajadores se declaran como autónomos, casi todos no profesionales. Este solo hecho pone al 30% de la fuerza de trabajo al margen de los beneficios típicos de la relación asalariada. Con ingresos tan bajos como los reseñados es poco probable que esos trabajadores tomen vacaciones. Tampoco acceden a las prestaciones de la seguridad social en caso de enfermedad o maternidad.

Los trabajadores asalariados en las empresas de menos de cinco trabajadores y en el servicio doméstico son los menos protegidos entre los asalariados, pues los datos sobre los ingresos declarados reportan que a muchos de ellos no se les pagaba el salario mínimo. Estos trabajadores serían el siguiente segmento de trabajadores con malas condiciones de trabajo, pero con una importante diferencia: las asalariadas del sector informal tienen peores condiciones de trabajo que sus pares asalariados, dada su presencia mayoritaria en el servicio doméstico.

En el sector formal el acceso a la protección social es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que es reflejo de su mayor presencia en el sector público. Ello produce una polarización interna en la categoría asalariada por su alta presencia en el empleo público y en el servicio doméstico.

La informalidad es el fenómeno más persistente de la economía venezolana. Su magnitud hace que las medidas de protección laboral tengan una cobertura reducida, lo que obliga a repensar la acción estatal en el mercado de trabajo. La diversa distribución en las categorías ocupacionales indica que las políticas públicas para atacar discriminación por género deben tomar en cuenta esta realidad.

Por ello, las políticas para promover la igualdad de condiciones de trabajo y eliminación de la discriminación van a tener un efecto limitado si no se trata de mejorar la situación del sector informal, en especial la de las trabajadoras autónomas no profesionales y del servicio doméstico asalariado. Avanzar en una agenda de equidad de género en el mercado de trabajo tiene que plantearse como objetivo modificar su actual configuración, en particular disminuir el peso del trabajo autónomo no profesional.

En lo que tiene que ver con el cuarto objetivo: Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género. Cabe destacar que, los derechos de la mujer en nuestro país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres.

 El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social. De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV), el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros.

En atención al deber del Estado de proteger a los grupos discriminados y por cuanto, nuestro país fue firmante de la Convención Interamericana para prevenir, controlar, erradicar y sancionar la Violencia contra las mujeres, realizada en Belén Do Pará, Brasil, en 1994, el 19 de marzo de 2007 se sanciona la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), que deroga a la Ley contra la Violencia sobre la  Mujer y la Familia que estuvo vigente desde el 01 de Enero de 2000.

Entre los aspectos más resaltantes de la misma se puede destacar el abanico de 19 tipos delictivos, con sus respectivas sanciones, entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas. Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral, violencia obstétrica entre otras.

Recomendaciones

De acuerdo a la opinión de la autora y en función a la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:

          A los centros educativos: Implementar un modelo educativo, desde el inicio de la formación (inicial, primaria, secundaria, técnico y universitario) donde se fomente la autoestima, la tolerancia entre las personas, se divulguen los derechos y deberes que como ciudadanos(as) tenemos; en fin, se enseñe la equidad  e igualdad de género en todos sus aspectos hasta que constituya el sistema de vida y filosofía del país entero.

 A las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tratan el tema de la mujer: Estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación, convencidas de que la misma es una herramienta clave para el desarrollo social.

A los entes públicos encargados de promover los derechos de la mujer. Crear instituciones de protección y amparo a la mujer conformadas por personal sensibilizados ante la violencia contra la mujer, para la aplicabilidad de los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), como son:

  • La protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas.
  • La equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.
  • El reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social.
  • El derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV),
  • El derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros. Además de aplicar un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional.

 

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ANEXOS

ANEXO Nº A

MAPA DE VENEZUELA

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot. Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014 

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot.
Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014

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