Desarrollo Regional

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ESTADAL

  

Desarrollo de la Región de la Colonia Tovar

 

 Facilitador                                                                    Participantes:

Prof. Moraima Uzcategui                                           Ana B Arriba 

 

 

 

 

Maracay, 09 de  Abril de 2014

LA REGIÓN DE LA COLONIA TOVAR

 

  1. Introducción

 

La región es un concepto geográfico y en consecuencia, es el espacio donde se desarrolla la vida humana, espacio que es trasformado por la vida del hombre.  La región es un sistema propio, en el cual las condiciones geográficas, la agricultura, la organización social, la alimentación, el lenguaje y el paisaje son criterios que pueden considerarse para identificarla, delimitarla y definirla.

La región de la Colonia Tovar  se delimitó mediante el análisis de elementos geográficos, hidrológicos, ecológicos, agrícolas y socioculturales. En la región  uno de los elementos importantes es la agricultura, en sus modalidades de riego, como el cultivo de la fresa, durazno, flores, así como el turismo, la gastronomía y sus manifestaciones culturales. Los rasgos hidrográficos, el relieve, la vegetación y la situación de la región coadyuvan a la existencia de una amplia agro-biodiversidad.

 

  1. Abstract

 

The region is a geographical concept and therefore is the space where it develops human life, space that is transformed by the life of the man.  The region is its own system, in which the geographic conditions, agriculture, social organization, food, language and landscape are criteria that can be considered to identify, delimit it and define it.  The region of la Colonia Tovar was delimited by the analysis of geographical, hydrological, ecological, agricultural and socio-cultural elements. In the region, one of the important elements is agriculture, in their methods of irrigation, as the cultivation of Strawberry, peach, flowers, as well as tourism, gastronomy and cultural manifestations. The hydrographic features, relief, vegetation and the situation in the region contribute to the existence of a wide agro-biodiversity.

  1. La región: ubicación y ambiente físico

La Colonia Tovar es una ciudad venezolana, capital del municipio Tovar, en el Estado Aragua, que tenía 3.373 habitantes según el Censo de 1990 y registró la cifra de 14.161 habitantes en el Censo de 2011, lo cual demuestra el lento proceso de crecimiento demográfico de esta población aragüeña en años recientes.

  1. Historia

El pueblo de Tovar fue fundado en 1843, con colonos generalmente católicos, procedentes de zonas agrícolas del suroeste de Alemania (Selva Negra, Baden-Baden, etc. que, debido a motivos religiosos, fueron hostilizados por la mayoría protestante de la región, en una época en la que Alemania todavía no existía como nación unificada, lo cual se vino a lograr casi dos décadas después. Su nombre obedece a que se fundó en una hacienda que el Conde de Tovar donó con ese fin para contribuir con la iniciativa del propio Agustín Codazzi, que fue el verdadero fundador de esta población.

Entre los primeros colonos se contaban extraordinarios científicos, naturalistas, escritores y pintores, tales como, Karl Moritz, Anton Goering, Ferdinand Bellerman (pintor que contó con el patrocinio de Humboldt) y muchos otros, gran parte de los cuales están enterrados en el cementerio de la ciudad. Sin embargo, la dificultad de las comunicaciones, el aislamiento y el escenario ambiental tan distinto al de las montañas alpinas de Alemania hicieron que durante bastante tiempo, la población languideciera, con un crecimiento demográfico bastante lento (e incluso negativo en algunas ocasiones por el éxodo rural hasta que el desarrollo de las comunicaciones y las propias necesidades turísticas de Caracas, Maracay y otras ciudades, dieron origen a un verdadero desarrollo económico que ha hecho de este municipio uno de los más ricos y con nivel de vida más elevado de todo el Estado Aragua y de Venezuela en general. Hoy en día, el problema es otro: el congestionamiento durante los fines de semana porque las vías de comunicación se han hecho insuficientes para la enorme cantidad de visitantes.

  1. Geografía

La Colonia Tovar se encuentra a unos 2.000 m de altura sobre el nivel del mar en la serranía de la Cordillera de la Costa, comunicada con Caracas y La Victoria por carretera, su clima es templado de montaña con amplitudes térmicas diarias de unos de 10ºC, con promedio de 16,8ºC, y frecuentes nieblas, sobre todo al amanecer y en la tarde. Los datos de temperaturas medias y montos pluviométricos mensuales de la Colonia Tovar son los siguientes:

  1. a) Localización: latitud 10º 25′ N., longitud 67º 18′ W., altitud, aprox. 2.000 m. sobre el nivel del mar.
  2. b) Temperatura media anual: 16,8º C.
  3. c) Precipitaciones: Monto pluviométrico anual: 1271 mm.

La Colonia Tovar está asentada en una orografía muy accidentada, con quebradas y riachuelos, las cabeceras del rio Tuy están cerca del pueblo, al sur del Pico Codazzi, que tiene casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. En su parte alta el río Tuy es apenas un torrente de montaña, cuya cuenca de recepción forma una especie de anfiteatro, en cuyo centro se encuentra la ciudad, la cual se encuentra rodeada por muchas casas (chalets) relativamente separadas en multitud de pequeñas parcelas intensamente aprovechadas.

En esta cuenca de pendientes bastante fuertes se desarrolla una agricultura intensiva (horto-fruti-cultura) sumamente productiva y rentable: flores, fresas, tomates, duraznos, ajos, melocotones y demás cultivos de clima templado. Hay también talleres artesanales de cerámica, fábricas de embutidos, galletas y dulces, industrias cerveceras, conservas de alimentos (mermeladas, duraznos en almíbar, etc.), además de las actividades tradicionales agropecuarias que se traducen en la comercialización de hortalizas, frutas, flores, carne de cerdo y sus derivados, etc.

La Colonia Tovar es un centro turístico en un lugar muy pintoresco, y su proximidad a Caracas (unos 60 km.) la convierte en un lugar atractivo para viajes de fin de semana o para vacaciones de descanso. Tiene buenos hoteles y restaurantes, algunas galerías de arte, establecimientos comerciales de artesanía, de antigüedades, de productos hortícolas de la zona, etc. Su idioma es el alemán coloniero, un dialecto del lenguaje original.

  1. Paisaje y condiciones ambientales.

 

Los paisajes constituyen sistemas que integran conjuntos de condiciones ambientales distribuidas en un espacio y tiempo determinados. Sintetizan casi siempre a partir de las formas del relieve, las características de geología, clima, suelo, tipos de vegetación, hidrología y las actividades económicas como la agricultura y la ganadería.

 

  1. La Vivienda

 

Son uniformes en su estructura, forma y colorido, están construidas con materiales modernos como piedra, tabique, block, tabicón, varilla, alambre, cemento, yeso, mosaico, loseta, teja, madera , complementadas con estructuras de hierro, aluminio, cristalería y acrílicos; otras viviendas están construidas con recursos disponibles en la comunidad como adobe, piedra, madera.

  1. Actividades económicas

 

La actividad económica más importante es la agricultura   y el turismo (actividad primaria).  Las especies cultivadas en las parcelas son diversas, las más importantes son: maíz, caraota, calabaza, fresa, durazno, tomate, cebolla, pepino, flores.

  1. Gastronomía

Está condicionada por su origen alemán. En los pequeños restaurantes populares y luncherías, son famosos los postres de la colonia, como los strudels, gugelhupf, tartaletas y las churros y/o carne con crema, los tradicionales Kaiserschmarrn, Germknödel, strudel de manzana y la Schwarzwälder Kirschtorte, conocida en castellano como la tarta de la Selva Negra, junto a la particular charcutería y sus especialidades, las famosas salchichas alemanas. También es característica de la gastronomía de la colonia la cerveza Tovar, que se produce en la zona.

  1. Manifestaciones Culturales

Festival de la Cerveza. Se celebra anualmente en octubre la tradicional fiesta germana conocida como Oktoberfest.

El 8 de abril se celebra la fundación de la colonia. Para esta fecha se realizan actividades culturales en la plaza Bolívar. Las celebraciones incluyen un desfile de carrozas, en el que participan instituciones educativas, agrupaciones de danza y asociaciones culturales locales e invitadas. También se realiza la elección anual de la reina de la Colonia Tovar.

Los Carnavales. Durante el carnaval, se realizan las comparsas de Jokilis y Gorilas. El Jokili es un personaje que existe en Alemania desde 1782, una mezcla de bufón y arlequín. Su vestimenta está constituida por un traje rojo, con flecos en cuello, mangas, cintura y piernas, en las que se dejan ver campanillas. Se les coloca un gorro de tres puntas, guantes blancos y zapatos puntiagudos.

Fiestas Patronales en honor a San Martín de Tours. El patrono de todos los viajeros, San Martín, es homenajeado el 11 de noviembre. En la Iglesia, se encuentra una imagen del santo, que fue traída por los fundadores desde Baden. Ese día se realiza también la Feria de las Flores, Frutos y Artesanías, en la que se otorgan premios a la excelencia de los productos que se producen en el municipio.

Festivales. Se celebran dos festivales anuales, generalmente entre marzo y abril, uno, y el otro entre agosto y septiembre. Uno de ellos es Patrimonio Cultural del Municipio, según Decreto de la Alcaldía de Tovar, que se realiza desde 1992, y es conocido como el Festival Internacional de Música de Cámara Colonia Tovar. El segundo es Amigos de la Música de Cámara Colonia Tovar y se realiza desde 1997.

La Pascua. Junto a las celebraciones religiosas de la Pascua, en Colonia Tovar se realizan los tradicionales «nidos» germanos, para celebrar la venida de los conejos de Pascua con sus huevos. El lunes después de Semana Santa los pobladores de La Colonia Tovar asisten a la Capilla de la Resurrección. Allí se realiza la bendición de las cosechas y los alimentos, y todos los presentes comparten un día de camping.

CONSIDERACIONES FINALES

La historia ambiental de la Colonia Tovar es útil para entender la evolución de los cultivos comerciales.  El ambiente ha cambiado de un ecosistema natural, pasando por la tala y  quema, la práctica de cultivos de temporal para autoabasto familiar,  la introducción del cultivo de fresa y casi simultáneamente otros cultivos comerciales. El cultivo que marca el inicio de la agricultura comercial es la fresa.

La combinación de fuerza de trabajo familiar  y la ayuda mutua contribuye a reducir el riesgo económico generado por la oscilación de precios en el mercado.

La agricultura convencional llega a la región con el establecimiento de cultivos comerciales y se ha extendido a todo el país, produciendo una dependencia de mercado.

La región agrícola de la Colonia Tovar, es un ejemplo de estrategia de adaptación sociocultural que combina la agricultura tradicional destinada al autoabasto, con el manejo estacional de recursos de ecosistemas naturales. La diversidad cultural permite el manejo del y la organización grupo social permite la adaptación de la sociedad al sector turístico.

 

COMPONENTES DEL MERCADO LABORAL VENEZOLANO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Economía

 

COMPONENTES DEL MERCADO LABORAL VENEZOLANO

CARACTERÍSTICAS DEL PUEBLO DE BELÉN. ESTADO CARABOBO


Facilitador:                                                                  Participantes:

Ing. Gilberto Parra                                                     Mirla—-

                                                                                   Marcos Bolívar

                                                                                   José Vicente——

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, xx de xx de 2013

INDICE

 

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

1- ECONOMÍA LABORAL DE VENEZUELA

    -MERCADO LABORAL Y POBREZA EN VENEZUELA

   – OFERTA DE TRABAJO EN VENEZUELA

    -LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL

    -FUGA DE TALENTOS

    -DEMANDA DE TRABAJO EN VENEZUELA

      – Segmentación de la demanda laboral

 -EL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN VENEZUELA

     -Efectos sociales del desempleo

     -Empleo en el sector informal o subempleo

 -EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL MERCADO LABORAL   VENEZOLANO

2- INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BELÉN Y SU POBLACIÓN ACTIVA.

   -Características de la carretera  a Belén

   -Características del pueblo de Belén

   -Población

   -Economía

   -Empleo en Belén

  -Desempleo según grupo etéreo y género en Belén

  -Fuerza laboral según sector económico en Belén

 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

 BIBLIOGRAFÍA

 

 

INTRODUCCIÓN

 

Podemos asegurar que en el mercado laboral se transa el más importante y valioso recurso, el recurso humano, el cual presenta unas características muy peculiares que merecen ser estudiadas por una rama de la Economía como lo es la Economía Laboral. La importancia y complejidad del recurso humano en la economía radica en que todas las actividades económicas que se llevan a cabo alrededor del mundo tienen, o al menos deberían tener como objetivo el bienestar del mismo recurso humano, lo cual a su vez impulsa su uso, por efecto de lo que se conoce como demanda derivada; además, curiosamente todas las actividades, medidas y políticas económicas tomadas por los países, tienen incidencia casi inmediata en los mercados laborales.

En Venezuela el mercado laboral ha sido poco estudiado, pues otros temas económicos (inflación, tipo de cambio y otros), han ocupado las primeras páginas de las revistas, libros y otros documentos. Sin embargo, en la última década las cifras de desempleo han alcanzado las cifras más altas que históricamente se hubieran conocido. Esto ha generado gran malestar en la población venezolana y, a su vez, altos costos sociales a largo plazo, razón por la cual merece especial atención por parte de quienes están encargados de dirigir los destinos económicos del país.

De esta situación no escapa la Parroquia de Belén ubicada en el Munici­pio Carlos Arvelo  Estado Carabobo, donde se desarrolla una actividad económica eminentemente agrícola. Mientras que su actividad industrial básicamente se encuentra ubicada en la ca­pital del Municipio y en sus cercanías, donde funcionan fábricas de pinturas y algunas alfarerías, las cuales no resultan suficientes para abarcar a la población activa de la Zona lo cual genera desempleo y subempleo. Su actividad económica se centraliza prác­ticamente en Güigüe y Tacarigua, poblacio­nes donde se encuentra la mayor profusión de comercios dedicados a la venta de co­mestibles, fármacos, ferreterías, talleres automotores, etc.

METODOLOGÍA

 

En la primera parte del presente trabajo, se utilizaron fuentes de información secundarias u otras investigaciones ya que se pretende profundizar y ampliar el conocimiento sobre la economía laboral de Venezuela. Se realizó una revisión bibliográfica y hemerográfica, exhaustiva y actualizada, sobre los informes de las estadísticas oficiales en torno a la fuerza de trabajo venezolana y documentos sobre el mercado de trabajo en Venezuela (conformación, funcionamiento y desequilibrios). Una vez realizada la revisión bibliográfica se procedió a interrelacionar la información obtenida para analizarla.

Para la realización de la segunda parte,  se efectuó una visita a la ciudad de Belén a los fines de obtener información sobre la población activa de esa región, para ello se efectuaron entrevistas con personas en la localidad y en las distintas instancias públicas.

1-ECONOMÍA LABORAL DE VENEZUELA

La Economía Laboral se encarga del estudio de la organización, funcionamiento y resultados de los mercados de trabajo, las decisiones de sus participantes presentes y futuros, y las medidas relacionadas con el empleo y la remuneración. Estas decisiones y medidas están implicadas en muchas cuestiones socioeconómicas, tales como inflación, pobreza, costo de producción de bienes y servicios y otras variables, de las cuales sólo algunas se intentan abordar en el presente estudio.

El empleo es el principal medio para la distribución de rentas o beneficios del desarrollo, lo cual hace del trabajo el recurso económico más importante en la economía capitalista. Según Singer (1980), el estudio del empleo es objeto de considerable atención en los últimos años y, como no es una simple actividad sino un medio para obtener una porción de los frutos de una actividad productiva, se pretende “la absorción total de recursos humanos”, es decir, que todos los adultos en edad de trabajar tengan un empleo dignamente remunerado. Sin embargo, los procesos de desarrollo de la mayoría de países no logran absorber a todos los recursos humanos disponibles y se genera así el fenómeno del desempleo que se ha convertido en el principal problema del venezolano.

En Venezuela los problemas de la economía laboral no han sido ampliamente abordados; se le ha dado mayor relevancia a los problemas de la política monetaria y fiscal, partiendo de la premisa de que a través de la estabilización macroeconómica y el crecimiento económico sostenido, se mejoraría la situación laboral del venezolano (nivel de rentas) y se reduciría considerablemente el desempleo. Pero los elevados niveles de desempleo, ha llamado la atención de la sociedad venezolana, pues pese a que un número apreciable de economías latinoamericanas —incluyendo Venezuela— han registrado incrementos en la tasa de producción, el nivel de vida de sus habitantes no ha mejorado. Otros países (Argentina y Brasil) han logrado una estabilización macroeconómica exitosa, pero el nivel de desempleo ha crecido, en los últimos años; igualmente la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales han crecido, haciendo necesaria una revisión de las estrategias de estabilización, ajuste y reforma para un desarrollo humano equitativo (Rodríguez, 2004).

MERCADO LABORAL Y POBREZA EN VENEZUELA

 

Las causas de la pobreza no son únicamente socioculturales. También influyen otras variables de naturaleza económica (producción y distribución de la riqueza), político-institucionales (eficiencia del estado en los servicios públicos, seguridad, protección social, educación, derechos civiles, entre otros), sociodemográficas (estructura familiar, edad), y geográficas (ubicación, ventajas de la naturaleza y otras).

Estas variables son de carácter circular y lo que es una consecuencia social termina siendo una causa que impide la superación de la pobreza. No es fácil jerarquizar las causas de la pobreza pero en Venezuela, la principal causa tiene que ver con la dinámica económica y el marco institucional que ha impedido revertir esta condición. Los niveles de pobreza se han incrementado vertiginosamente durante los últimos 25 años; en 1978 el 25% de los hogares eran pobres, mientras que para el año 2010 eran el 60%, los niveles de pobreza crítica se incrementaron del 10% a más del 30%. A partir de 1989 hasta hoy, se han generado incrementos importantes en este sentido, correspondientes a los ciclos recesivos de la economía, acompañadas de las devaluaciones de la moneda y los impactos del ingreso petrolero. La devaluación utilizada como ajuste fiscal, para expandir el gasto público cuando retroceden los precios petroleros, ha sido un mecanismo que empobrece a toda la sociedad y especialmente a los que menos pueden proteger sus ingresos (trabajadores informales).

Para Singer (2010) esto se debe a que estos países funcionan bajo un dualismo económico, donde el desempleo es la causa de las inmejorables condiciones de vida y las estrategias de los países no amplían la distribución del beneficio económico. En las economías en desarrollo, las sociedades están conformadas de tal manera que para la mayoría de la población la oportunidad de ganarse la vida no es un privilegio dada la escasa remuneración recibida, están subempleados o remunerados por debajo del límite (salario mínimo legal). Es el “pobre que trabaja” y nada permite suponer que su suerte sea mejor (el pobre que está al margen de la actividad económica).

Para Ugalde y otros (2010) el aumento de la pobreza en Venezuela está íntimamente ligado con las condiciones del mercado laboral, pues la escasa demanda de empleos productivos (formales) ha hecho que entre 1990 a la fecha de cada 100 personas que ingresaban al mercado laboral sólo 12 hallaban trabajo en la economía formal, y el resto quedaba desempleado o subempleado en actividades de subsistencia propias del sector informal venezolano. En el país existe ausencia de crecimiento económico sostenido y una baja generación de empleos formales, pues según las cifras oficiales la fuerza productiva venezolana se encuentra en niveles de baja productividad (16,2% está desempleada y 43,1% en el sector informal, subempleada), situación que tiende a empeorarse debido al incremento de la oferta de trabajo. A  partir de 1979 se ha venido deteriorando circular y repetitivamente el ingreso familiar, pasando a una profunda crisis social, en que se presentan deficiencias alimentarias y de necesidades básicas, conduciendo a la deserción escolar e incrementando el mercado laboral informal como forma de supervivencia, y con mínimas posibilidades de ingresar al sector formal dado el escaso nivel educativo y las actitudes productivas adquiridas por la socialización en el sector informal.

OFERTA DE TRABAJO EN VENEZUELA

 

La oferta de trabajo es la totalidad de tiempo que las personas están dispuestas a invertir en un empleo remunerado y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), está constituida por todas las personas mayores de 15 años con disposición y disponibilidad para trabajar; también se le denomina población activa. Existe otro grupo denominado población inactiva constituido por personas de 15 años que no trabajan, tampoco buscan empleo y hacen parte de las siguientes categorías: estudiantes, quehaceres del hogar, rentistas, pensionados, jubilados, incapacitados para trabajar, trabajadores familiares no remunerados con menos de 15 horas trabajadas. El INE venezolano denomina a ambos grupos —todas las personas mayores de 15 años— como fuerza de trabajo

 

 

 

 

 LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL

 

Venezuela era una sociedad agrícola-pastoril, donde el trabajo de la mujer era tan importante para la supervivencia del grupo familiar que era apreciado y reconocido socialmente. Pero el desarrollo industrial ha venido cambiando profundamente la vida de las mujeres venezolanas. En principio las mujeres inmigrantes de los campos, tenían serias dificultades para integrarse al trabajo asalariado, por lo que primero ingresaron los hombres y ellas fortalecieron su condición doméstica y de dependencia económica.

Este cambio de ambiente del campo al industrial-urbano, con el contraste entre el trabajo remunerado y el doméstico, comienzan a ejercer serias diferencias; el trabajo doméstico se convierte en una actividad que aísla a la mujer y la despoja de la posibilidad de continuar abasteciendo a su hogar de bienes y servicios de primera necesidad.

Además, la misma familia y la mujer urbana pasan a consumir una creciente y diversificada masa de bienes y servicios que el mismo sistema mercantilista incita a consumir. Luego en una fase más avanzada del mismo capitalismo, la mujer es absorbida como mano de obra asalariada. Esta absorción dependió de la capacidad del sistema económico para generar nuevos empleos; en este sentido, el crecimiento económico tuvo un efecto positivo relacionado con el incremento de la tasa de salarios, que a su vez incidió en la decisión de la mujer de entrar al mercado laboral remunerado dado el costo de oportunidad implícito por quedarse en el hogar.

Paralelamente, el ingreso real del marido sufre una disminución empujando aún más a la mujer a generar ingresos adicionales para el hogar. Asimismo, existen otros factores responsables de la creciente participación de la mujer en el mercado laboral como los cambios en los estilos de vida facilitado por la innovaciones tecnológicas que han reducido y facilitado el trabajo en el hogar, la elevación del nivel de escolaridad de la mujer, el aumento de la expectativa de vida y el menor número de niños por familia esto último también es considerado como un consecuencia del ingreso de la mujer al mercado laboral.

En relación a la distribución según la formalidad en el empleo según la Encuesta por Hogares preparada por el INE (2010), cerca de la mitad de mujeres ocupadas laboran en el sector informal de la economía (49,01%), al igual que la población masculina ocupada (48,1%), el resto está empleado en el sector formal; sin embargo, si se estudian las tendencias se puede observar que la mano de obra femenina que trabaja en el sector informal se ha venido incrementando.

Para Risopatrón y Rodríguez (2004), el crecimiento de la actividad laboral femenina a partir de finales de los años 80, no sólo ha sido la principal causa del aumento del desempleo, sino que además ha generado una masa laboral más vulnerable y desprotegida que la masculina dadas algunas leyes que en lugar de proteger, más bien marginan.

También en Venezuela a diferencia de otros países, la incorporación de la mano de obra femenina se produjo en un momento de recesión económica, impulsada justamente por la caída de los ingresos de su familia, más que por un proceso de modernización económica, lo cual limita las características de la fuerza de trabajo femenina que se incorpora en el mercado laboral sin la posibilidad de invertir en su formación y capacitación para competir exitosamente.

De acuerdo con Garnica (1999), el problema de la desocupación femenina no es tan leve como lo reflejan las estadísticas, puesto que esta tasa pudiera ser muy superior, ya que en muchos casos, sobre todo cuando se trata de mujeres que trabajan en las zonas rurales o de algunas ciudades del interior del país, donde la tradición y costumbre es a considerar el trabajo femenino como complementario, las mujeres que buscan empleo infructuosamente no se contabilizan como desempleadas o cesantes, sino como inactivas desempeñando oficios del hogar.

La situación social de la mujer según Sequera (2000) es bastante dura, pues además de estar subempleada en el sector informal, también esta recargada con el trabajo del hogar y mucho más si está en el campo. Sin embargo, para Boza (2004) el hecho de que la mitad de la población económicamente activa de Venezuela, sea femenina y buena parte esté desempleada u ocupada en el sector informal con niveles superiores a los masculinos, representa un impacto comercial mayúsculo pues hoy la noción de la mujer al cuidado de los niños que tenían sólo tiempo para pagar las facturas de la electricidad, que sale de compras en la mañana y con tiempo para ver las telenovelas, no existe. Ahora la mujer ha impulsado un sin fin de cambios comerciales, y de servicios, dentro de la misma economía que la motivan a continuar con sus actividades fuera del hogar, (adecuación de los horarios de atención al cliente, innovación de los medios y canales de comunicación, variedad de productos y servicios que incitan a la practicidad, y al “tiempo empaquetado”).

Según la Encuesta por Hogares del INE entre los años 1994 y 2002, citado por Boza (2004), el número de hijos por mujer que trabaja ha disminuido considerablemente, pues en el mismo periodo cuando comenzó a incrementarse la tasa de actividad laboral femenina, también se reduce el número de niños y, en consecuencia, el tamaño de las familias; el número de hijos por mujer bajó de 3,17 a 2,74, y para el año 2004, el tamaño promedio de las familias es de 4,5. Aunque el tamaño promedio de las familias con ingresos bajos es más elevado, el fenómeno de reducción del tamaño de las familias se repite en todos los estratos. Sequera (2000) indica que uno de los grandes retos para la mujer es la lucha contra su sobreexplotación, especialmente en la economía informal, y la lucha para garantizar que el crecimiento explosivo sufrido en el sector profesional y técnico no decrezca, y que se aproveche para garantizar el desarrollo económico del país. En 1999 el 55% de los egresados de las universidades venezolanas corresponden a mujeres; esto tiene incidencias de primer orden en el largo plazo ya que una mujer educada no acepta quedarse inactiva, o quedarse en casa seleccionando lencería, sino que tienen el gusto para el trabajo fuera del hogar y eso es algo que se acumula, pues es una actitud que se ha venido inculcando de madres a hijas (futuras generaciones).

FUGA DE TALENTOS

 

En Venezuela, desde hace varios años se ha venido presentado el fenómeno de la inmigración de la mano de obra calificada. En Argentina y en otros países Latinos, la fuga de cerebros a finales de la década los años 80 ya era ampliamente conocida, pero en Venezuela  aparece a principios de los años 90, durante el proceso de ajuste económico en jóvenes profesionales, formados en la universidades venezolanas (financiadas con ingresos petroleros), los cuales fueron a nutrir los mercados de países desarrollados como EEUU y países de la Comunidad Económica Europea (Sequera, 2000). En el año 2000 existían oficialmente 91.000 venezolanos residenciados en EEUU, y para finales de ese mismo año podrían haber alcanzado los 200.000; a esta cantidad debe sumarse la cantidad de venezolanos descendientes de una buena cantidad considerable de inmigrantes que llegaron a Venezuela en busca de progreso y de una mejor patria (italianos, españoles, y portugueses) durante la década de los años 50, y ahora sus descendientes buscan refugio en la tierra de sus padres y abuelos (Monterrante y Malvé, 2004).

 

De acuerdo a Garbi (2001), se enfrenta el problema más complejo y dramático, pues es alarmante la gran masa de venezolanos que viaja a Norteamérica y se naturaliza, en mayores cantidades que cualquier ciudadano latino. El problema no es la fuga o la salida de personas, sino el aprovechamiento del talento que el país prepara, más aún en situación de escasez y costosa provisión de recursos humanos calificados, pues la pérdida de un profesional es de un costo incalculable para un centro de investigación o en la gerencia de una organización.

Muchas veces se ha tratado de explicar el fenómeno de la emigración como una falla del mercado laboral interno, pues según las investigaciones realizadas por Garbi (2001), es precisamente la certidumbre en torno a las expectativas tanto de la organización como de sus miembros y las oportunidades que el mercado y la economía les ofrecen a los profesionales. Según los testimonios de la investigación realizada, se ponen de manifiesto frases como “ver a que atenerse” o “sentirse en un medio con cierto nivel de certidumbre”, y el trato de acuerdo a sus méritos “reconocidos por lo que valen” y no por pertenecer a determinados grupos políticos, entre otros. Según Cabrera (2005), se trata entonces de un reflejo del nivel educativo que insiste que se respete la meritocracia en la sociedad (éxito económico según las actitudes individuales). Monterrante y Malvé (2004) resumen algunas causas de la emigración de talentos: ausencia de oportunidades de empleo (ascensos, remuneraciones dignas, y desarrollo personal), inseguridad personal e incertidumbre política; los venezolanos en el exterior buscan algo más que oportunidades económicas, puesto que, por lo general, se trata de venezolanos jóvenes de ambos sexos (entre 25 y 35 años) que sienten que la crisis económica y política hace difícil su vida cotidiana.

El problema también podría tener otra causa que se relaciona con una ineficiencia del mercado laboral, por no poder absorber la masa de personas calificadas. Es decir, no se trata de que el sector productivo sea pequeño, o poco desarrollado sino que es incapaz de absorber dicha masa laboral porque no lo necesita en tanta cantidad y en la calificación ofertada, lo cual hace que el fenómeno se presente como un problema de sobreeducación como estrategia personal del trabajador, empujado por el enfoque del credencionalismo y de la señalización

 (Cabrera, 2005). Lo anterior es corroborado por investigadores del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) —Boza y Eduardo (2003) — en un análisis realizado en Venezuela en el que se indica que alrededor de los relatos de desempleados, siempre se llega al tema de la educación como estrategia personal para combatir el desempleo; para la mayoría de los entrevistados lo más importante es el estudio, tanto en jóvenes como en adultos para incrementar su poder de competencia en los mercado laborales.

Igualmente, de acuerdo con Enright, Frances y Scott (1994), para inicios de la década de los años 90, precisamente la época cuando se produce el primer éxodo, la industria venezolana tiene gran escasez de personal técnico calificado, capaces de dar mantenimiento, mantener operando a las máquinas y dominar la tecnología adquirida de otros países.

La mayoría de operadores de maquinaria en Venezuela tienen un nivel de educación precario, sólo han cursado el nivel básico o menos de 6 años de educación formal, en consecuencia, tienen problemas para leer los manuales de instrucción. Por otro lado, las secretarias incurren con exagerada frecuencia en errores ortográficos; en el sector turístico (Mila, 1999), los empleados no son bilingües; y aquellos trabajadores en niveles operativos con ciertas habilidades numéricas, son casi una elite. Por el contrario, muchos profesionales universitarios no encuentran una ocupación acorde con sus calificaciones pues rebasan las necesidades del cargo (nivel técnico); por esta razón, los profesionales más especializados que han egresado de carreras de las ciencias básicas, ingeniería o los mejores estudiantes de física y matemáticas, se encuentran trabajando como docentes en las universidades. Este es un personal con una alta preparación pero muy mal remunerado en los mismos centros de investigación universitarios, pero la empresa privada no tiene la capacidad o la necesidad para absolverlos.

Según Monteferrante y Malvé (2004), la salida de venezolanos al exterior es un tema que merece ser estudiado a fondo, puesto que tal vez hoy las organizaciones venezolanas no puedan pagar o brindar la estabilidad y el desarrollo deseado por estos profesionales, pero dentro de pocos años podrían tener la necesidad de buscar personal calificado.

Se trata entonces de mejorar las condiciones en que se van a desarrollar sus carreras, lo cual significa pensar en sus necesidades y hacerlas coincidir con los objetivos y posibilidades de las organizaciones, poniendo énfasis en lograr una mejor vinculación entre las personas y las organizaciones existentes. Poco se hará si el tema se agota sólo al considerar los aspectos como la inseguridad personal, servicios públicos y otros. Otra alternativa es aumentar la comunicación con los estudiantes en el extranjero, y tratar de cerrar la brecha entre los niveles de vida de los profesionales en el extranjero y los venezolanos, e identificar las áreas prioritarias de estudio según las habilidades específicas requeridas para el desarrollo nacional, e incentivar y orientar a los estudiantes para que las adquieran.

DEMANDA DE TRABAJO EN VENEZUELA

 

Se entiende por demanda de trabajo la cantidad de trabajo que requieren las organizaciones de los individuos, por la que están dispuestas a pagar o remunerar. En principio esta demanda de trabajo es impulsada por la demanda de otros bienes y servicios generados por las empresas, por ello a esta demanda también se le conoce como demanda derivada (Mcconnell y Brue, 1997).

– Segmentación de la demanda laboral

 

Según Betancourt (1995), la segmentación del mercado laboral se origina cuando a dos trabajadores con características productivas similares se les remunera de forma distinta. Esta diferencia se encuentra en las diversas ocupaciones según los sectores de la economía cuando se presentan retornos de capital humano distintos. En Venezuela existen diferencias muy marcadas entre el sector formal e informal de la economía, tanto en el marco regulatorio como a nivel de remuneración, movilidad o transferencia de recurso humano.

Es importante advertir que de acuerdo a los datos del INE (2005a), las categorías empleados y obreros, patronos y empleadores del sector privado, pertenecen a grandes y pequeñas empresas, así como las microempresas (menos de 5 trabajadores) son caracterizadas como sector informal. Igual sucede con los trabajadores por cuenta propia, profesionales y no profesionales que hacen parte de los sectores formal e informal, respectivamente.

Para Naím y Piñango (1999), la participación del sector público como empleador se remonta a inicios de la explotación petrolera. Desde entonces dicho segmento ha crecido, dada la ilimitada disponibilidad presupuestaria generada por la renta petrolera, la responsabilidad social y económica consagrada en la Constitución Nacional y los intereses políticos que favorecen las prácticas clientelares electorales.

Es curioso observar que la actividad más importante para el país, la explotación de hidrocarburos, minas y canteras, apenas involucra al 0,6% de la población activa; de ésta el 81,7% está ocupada y el resto desocupada.

La mayoría de población activa está concentrada en las actividades de comercio, restaurantes y hoteles (23,4%); seguida de la industria manufacturera con 10,6% de la población activa, de la cual solo el 88% está ocupada; la actividad agrícola, pecuaria y caza incluye al 9,9% de la población activa, de ésta el 92,9% está ocupada; la industria de la construcción concentra el 8,0% de la población activa y sólo el 76,4% de ella está ocupada. La actividad agrícola ha venido disminuyendo su tasa de población activa, ya que en 1994 concentraba el 13,4% de la población total activa del país, con 96,7% de tasa de ocupación y solo 3,3% de desocupados, la tasa más baja de desempleo reportada para dicho año (INE, 2005a) indica que la población más activa es la población menor a 64 y mayor a 25 años, lo cual coincide con la época escolar, de retiro o jubilación.

La ocupación está concentrada en los mayores de 25 años incluyendo los de 65 años, lo cual refleja la demanda laboral de experiencia, conocimientos acumulados, y de ciertas cualificaciones.

EL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN VENEZUELA

 

El desempleo7 es el problema más importante para el venezolano promedio. Para Naim y Piñango (1999) la dificultad para encontrar empleo bien remunerado y estable ha sido un tema de larga trayectoria contemporánea. Usualmente el desempleo es un problema asociado a la población joven, debido a la gran masa de trabajadores que buscan empleo por primera vez; cerca del 32,8% de la población joven (entre 15 y 24 años) esta desempleada. Esto se explica según Rodríguez (2003), porque la población joven tiene menos vínculos laborales por estar comenzando su vida productiva, está en proceso de definición de su actividad principal (vocación, inclinaciones, entre otros) y, por lo general, tiene menos experiencia y capacitación. Pero, en la medida que va acumulando experiencia, tiende a especializarse y adquirir una formación específica que le impide cambiar de trabajo. Igualmente, las personas maduras tienen a acumular antigüedad en las empresas en donde se desempeñan, lo cual según la legislación laboral vigente, implica una serie de indemnizaciones que no incentivan el despido.

De acuerdo Rodríguez (2003), otra posible causa del desempleo en Venezuela está relacionada con los niveles educativos lo cual tiene correspondencia con los supuestos de la teoría del capital humano. En promedio, el 60% de los desempleados no ha completado su educación media y diversificada (bachillerato), esta porción corresponde a la población activa con dicha condición educativa, es decir, son analfabetas, sin nivel educativo y apenas con educación básica. Los profesionales universitarios tienen una menor tasa de desempleo que se ubica en el 5,4%.

La situación es diferente para el resto de los niveles educativos, pues en estos grupos cuando se termina la primaria, aumenta la probabilidad de estar desempleado, al terminar el bachillerato esta posibilidad disminuye un poco. Esto significa que terminar la educación primaria y bachillerato es beneficioso para la población, dado que el futuro empleado obtendrá mayores ingresos, por lo que el retorno de la educación es positivo, es decir, que el costo de oportunidad durante los años de estudio son compensados con la remuneración obtenida con el empleo.

En cuanto al desempleo sectorial y sus posibles causas, las estadísticas elaboradas por el INE reflejan que la actividad económica de mayor desempleo es la construcción (23,6%), por ser una actividad cíclica y de trabajo temporal o por contratos específicos. Otros sectores que indican un índice desempleo más bajo es la industria financiera y de seguros con 16% y la industria manufacturera con 12%. El sector de la construcción como ya se mencionó, concentra una buena cantidad de personas económicamente activas, por ser la que demanda menores niveles educativos y una temporada de desocupación corta. El alto nivel de desempleo en la industria de la construcción es el resultado de una población flotante de baja calificación (obreros) sin trabajo, pero esperan por periodo cortos nuevos proyectos o contratos de construcción; así se genera lo que se conoce como desempleo friccional.

 Respecto al desempleo de la industria manufacturera y del sector de los servicios financieros, que se muestran moderados, puede estar explicado por la formación específica que requieren dichos sectores, lo cual hace que el trabajador y el patrono sean menos propensos a cambiar de relación laboral, o cambiarse a otros sectores (a mayor especialización se incrementa la duración de la relación laboral).

Por el contrario, la actividad del sector terciario (comercio y servicios), que concentra la mayoría de la fuerza de trabajo, lo cual explica Rodríguez (2003) suele representarse una mayor propensión del trabajador a pasar de una rama a otra en respuesta a las circunstancias cambiantes del mercado laboral; además, es amplia la proporción de estas personas que participan en las actividades informales, caracterizada por la ausencia de contratos laborales y la baja especialización.

Según Naím y Piñango (1999), independientemente del nivel educacional y de las edades, el incremento de la producción de bienes y servicios en un país, tiende a expresarse en un aumento sustancial del número de empleos, pero todo depende de la composición del proceso productivo y de la dotación de capital (mecanización). En Venezuela, ha hecho carrera la adquisición de tecnología representada en maquinaria importada —diseñada por países desarrollados (Japón y

Norteamérica) y con menos complicaciones y exigencias que los empleados— gracias a diferentes periodos de sobrevaluación de la moneda, cuando los bienes de capital (maquinarias y equipos) tienden a hacerse menos costosos que el uso de mano de obra. Dicha sobrevaluación, además de impulsar la mecanización de muchos procesos productivos hace que los salarios monetarios de los venezolanos sean tanto o más elevados que los salarios en los países de productividad media. Un ejemplo de lo anterior ello se presenta en las actividades agrícolas y pecuarias, donde abundantes créditos del Estado financiaron la adquisición de tecnología de punta. También existe una tendencia a la reducción de trabajadores en los procesos productivos para lograr un mayor control autoritario sobre el proceso productivo y evitarse las presiones ejercidas por los trabajadores. Por estas razones, el proceso productivo venezolano demanda una menor cantidad de trabajadores, que deben estar capacitados a nivel técnico en el manejo y reparación de equipos

-Efectos sociales del desempleo

 

Las estadísticas sobre desempleo no resumen ni su realidad ni su magnitud. Sólo basta con escuchar el testimonio de las personas que están desempleadas y de aquellos que están trabajando en la economía informal, o prestan sus servicios por menos de 20 horas a la semana (subempleados), aún siendo profesionales o estar cualificados a cierto nivel y no han podido desarrollar todo su potencial laboral y, por tanto, se sienten desplazados, o al margen de la actividad económica.

La definición teórica de desempleo del INE y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), no coincide con la definición del venezolano común, porque en la realidad abundan las actividades remuneradas que la población no considera trabajo. El análisis social del desempleo requiere un análisis semántico del desempleo comenzando por la distinción entre trabajar y conseguir dinero.

Comúnmente en Venezuela se considera trabajo a una actividad regular y preferiblemente asociada a algún área de la propia especialidad, de no ser así, las personas se consideran desempleadas aunque reciban o consigan algún dinero; las actividades eventuales no se consideran trabajo, pues se piensa que es algo que se hace mientras que se consigue trabajo.

Ocasionalmente las personas que trabajan en alguna área realizan otra actividad, que denominan “rebusque” para completar o incrementar su renta (trabajos nocturnos, de fines de semana o actividad comerciales entre amigos o familiares que puede llegar a convertirse en microempresas) que, de acuerdo al lenguaje coloquial venezolano, ayudan a “no quedarse dormido” y “echar pa’lante en la vida”. En consecuencia, cuando la actividad es eventual no es considerada como trabajo en la mayoría de familias, sino que se ve como algo que se hace mientras que se consigue trabajo.

Una alternativa muy usada en Venezuela, es conseguir dinero con trabajos eventuales, a destajo y esporádicos (cuidar enfermos, hacer mudanzas, etc.); otros liquidan sus activos, y administran o realizan alguna inversión con el dinero de la indemnización de su último trabajo remunerado; consiguen algunos préstamos o regalos de sus familiares, incluso logran transferencias o ayudas del Gobierno. Esto es considerado por los expertos como una estrategia individual para sentirse útil, no ser considerado “mantenido” y demostrar a sus familiares y amigos que “se trata”, que “se tienen energías.” Estas actividades aunque no son un verdadero trabajo, ni siquiera en el sector informal, enorgullecen a muchas personas desocupadas, al demostrar empuje y habilidad para sobrevivir.

Sin embargo, algunas veces cuando la persona no trabaja y no logra reunir sus propios ingresos, el desempleo se financia por transferencias de familiares. Muchas personas que no trabajan o que no encuentran empleo aparecen en las estadísticas como inactivos, y son socialmente aceptadas aunque no generen ingresos propios. Este es el caso de las mujeres que al no conseguir trabajo remunerado, suelen dedicarse a atender su hogar, los jóvenes y no tan jóvenes a estudiar y merecen ser financiados por sus familiares, así como las personas que buscan empleo por corto tiempo. Por el contrario, cuando quien pierde el trabajo es el padre, madre o cabeza de familia, se altera aún más la vida familiar, por cuanto se traduce en deserción escolar de los más jóvenes que difícilmente regresan a estudiar, para buscar también empleo y, en el peor de los casos, “conseguir algún dinero” dada su poca experiencia y capacitación.

 Según Boza y Eduardo (2003) la posibilidad que los más jóvenes dejen la escuela es más alta para los jóvenes de educación básica y media, pues los universitarios por lo general tratan de buscar alguna ocupación alterna (trabajo nocturno, de fines de semana o en los periodos vacacionales) para no dejar sus estudios y usan fuertemente la capacitación como estrategia competitiva en el mercado laboral. De esta forma, se observa como la familia no sólo se afecta por la situación del desempleo porque financia las actividades o el tiempo del desempleado, sino porque cambia radicalmente las decisiones de inversión de toda la familia, especialmente las inversiones en educación de los más jóvenes o niños.

Cuando los periodos desempleo se prolongan, aparecen incluso sentimientos de frustración que llegan a cuestionar las ventajas que ofrece la educación para conseguir mejores oportunidades de empleo, sobre todo cuando el desempleo se presenta en profesionales técnicos y universitarios, lo cual abre la posibilidad que la coyuntura del mercado laboral genere un costo muy alto y de largo plazo en la sociedad.

Usualmente dejar de trabajar es una experiencia dolorosa que puede producir sentimientos de inseguridad. En principio, muchos venezolanos lo ven como un descanso, o unas vacaciones largas donde se vive de la indemnización del último trabajo, pero, con el paso de las semanas, el desempleo conlleva a incrementar la angustia, la tristeza, frustración, e incluso a generar ira y resentimiento; cada día las personas sienten que retroceden, desfasadas, desconectadas y perdidas en el mundo laboral. Ciertamente cuando la persona pasa mucho tiempo sin conseguir empleo, o no se esfuerza lo suficiente por lograrlo y se cruzan ciertos límites, usualmente su situación se torna indigna, se le humilla en el contexto familiar y hasta se excluye.

En esta situación de alejamiento prolongado del mercado laboral, exacerba el problema del desempleo pues la persona tiene riesgo de caer en vicios como el alcohol o la mendicidad. En estas circunstancias se recomienda que la persona realice cualquier actividad aunque no sea remunerativa, no genere status o no se relacione con la especialidad esperada, pero que puede reforzar los vínculos o contactos de trabajo y de información para lograr otro empleo más acorde con sus expectativas (Cabrera, 2005). Además, también permitirá acumular experiencia que, según Daza (2003), es un factor determinante para conseguir empleo sobre todo en el caso de los jóvenes adultos.

 –Empleo en el sector informal o subempleo

 

El incremento del sector informal se origina a partir de los altos niveles de desempleo, pues muchas personas desempleadas en lugar de frustrarse aceptan su situación, y emprenden nuevas actividades como invertir en un kiosco de periódico y golosinas, manejan su propio vehículo como taxi, o realizan actividades comerciales por su propia cuenta, por consiguiente, comienzan a percibir una renta o ingresos variables de forma regular por una actividad específica, lo cual es calificado como empleo en el sector informal (microempresario), y aparecen en las estadísticas clasificadas como sector informal, y por ende como población activa ocupada. El sector informal en Venezuela incluye a trabajadores por cuenta propia no profesionales (taxistas, carpinteros, plomeros, vendedores ambulantes, y otros), patronos o empleadores (microempresarios con menos de 5 trabajadores o empleados, dueños de pequeñas carpinterías, y talleres mecánicos, etc.), empleados y obreros (trabajadores que laboran en empresas con menos de 5 trabajadores, incluyendo el servicio doméstico), y ayudantes familiares no remunerados (trabajadores que prestan su servicio en empresas de familiares no siendo remunerados).

Para Enright, et al. (1994), la existencia de un sector informal, independientemente como sea medido, que ocupe una masa tan grande de población activa, es un símbolo de debilidad en la economía del país y aunque es altamente flexible, provoca escasos requerimientos de capital humano y de tecnologías (Márquez, 1991). La libre movilidad, facilidad de entrada y flexibilidad es causado por el poco nivel de capacitación y requisitos legales exigidos, lo cual a su vez provoca la baja o nula retribución del nivel educativo, expresado en los bajos e inciertos salarios, junto con la imposibilidad de regular legalmente el salario.

El sector informal se alimenta del desplazamiento de la oferta de trabajo formal. Las personas se “inventan” nuevas formas de ganarse la vida y compite con los trabajadores existentes contribuyendo a reducir sus ingresos, originándose la elasticidad del salario real en los periodos de alta inflación y bajo desempleo. Ya desde inicios de la década de los años noventa, el 40% de los empleos en el país eran informales, con una remuneración menor a los empleados del sector formal cuya brecha aumentaba (Enright, et al. 1994). En consecuencia, el empleo generado por el sector informal es un subempleo, diferenciado del desempleo abierto, el cual puede ser a tiempo completo y relativamente estable, pero con niveles de productividad muy bajos, debido a la poca organización, dotación de equipos y recursos físicos e incluso de capacitación y el trabajador no puede desarrollar plenamente sus capacidades o habilidades.

Otra característica de este empleo es que puede ser de tiempo irregular, intermitente, o inclusive con jornadas tan extensas que rebasan los límites permitidos por las leyes laborales pero con remuneraciones bajas, y cuyos servicios son prestados en empresas con bajos niveles de productividad.

Para Garnica (1999) el incremento del sector informal en Venezuela oculta una porción elevada de desempleo, común en los países en desarrollo. El sector informal no disminuye los niveles de desempleo, sino que los disimula. Por ejemplo el sector agrícola en Venezuela presenta la tasa más baja de desempleo para el año 2004 (7,1%), pues en este no hay mejor alternativa de empleo que el trabajo por cuenta propia (pequeños patronos con ayudantes familiares) con bajo nivel educativo y altos índices de analfabetismo.

Por otra parte, el sector informal desarrollado en ciertos niveles, (no la principal fuente de empleo de un país) es absolutamente imprescindible para el desarrollo económico pues son los facilitadores y dinamizadores de innumerables actividades que actúan en el sector terciario como distribuidores o detallistas o prestadores de servicios.

Según Márquez (1991), dicho sector no puede desaparecer, pues sería imposible conseguir un abasto, los servicios de un taxista, electricista o plomero.

EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN EL MERCADO LABORAL VENEZOLANO

 

En Venezuela existen marcadas diferencias entre el sector formal e informal de la economía, sobre todo a nivel del marco regulatorio, lo cual incide a la hora de seleccionar, emplear y despedir a los trabajadores. Según Betancourt et al. (1995), la dificultades del sector privado formal para crear nuevos empleos atiende a las características institucionales, al estar sujeto por normas salariales, indemnizaciones, condiciones de despidos, entre otras. Esto conduce a que los empleadores (demanda de trabajo) reaccionen no sólo a los movimientos de los precios relativos (salarios), sino a las restricciones o imposiciones legales por parte del Gobierno y de los sindicatos.

Si se analiza las tendencias de las tasas de desempleo en relación con las del desempeño económico, existe una situación difusa, lo cual sugiere la existencia de otros factores diferentes al crecimiento económico que afectan los niveles de empleo.  La legislación es uno de estos factores, pues aunque su propósito es proteger a los empleados, en la práctica los ha perjudicado.

Las reformas de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997,  y 2012 incrementó sustancialmente los costos de nómina para el empresario; además, cambió radicalmente la contratación femenina dada la protección conferida a la maternidad y a la familia, pues la LOT amplió el periodo de descanso de 12 a 18 semanas, y otorgó el beneficio de inamovilidad laboral a la mujer durante el embarazo y hasta un año después del parto

Esta misma LOT establece que las empresas con más de 20 trabajadores, debían mantener una guardería infantil, para albergar a los hijos de los trabajadores con un salario menor a 5 salarios mínimos.

Se estableció como tope para el pago de servicio de guardería el 38% del salario mínimo por cada hijo (menor a 6 años) de cada trabajador, en caso de que el patrono optara por cancelar la matrícula en lugar de mantener la guardería. Según Sequera (1992), estas leyes han sido establecidas para beneficiar a las mujeres y a la familia —debido al aumento de la fuerza laboral femenina que necesita más tiempo libre remunerado para cumplir con sus actividades familiares, así como para la adopción de niños— pues permite que las madres se ausenten por lapsos considerables antes y después del parto.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), los adolescentes entre 14 y 16 años no pueden trabajar más de 6 horas semanales (hasta los 18 años) y semanalmente no puede exceder de las 30 horas; prohíbe que trabajen horas extras y extendió el plazo de las vacaciones a 22 días remunerados, con lo cual se incrementó el costo de contratación de un adolescente así como de un adulto mayor de 18 años (Bermúdez, 2003).

En diciembre del 2004, entró en vigencia la Ley de Alimentación para los Trabajadores la cual establece que toda empresa que tenga más de 20 trabajadores, debe otorgar el beneficio de comida balanceada durante cada jornada de trabajo, lo cual puede ser realizado a través de la entrega de cupones o tarjetas de alimentación equivalentes a un valor no inferior 0,5 de la Unidad Tributaria por cada día laborado. Anteriormente, desde 1998, sólo obligaba a proveer de servicio de comedor a sus trabajadores cuando su número era superior a 100.

También una vez al año, es usual que se incremente el salario mínimo por decreto, tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado. Este incremento se realiza de forma escalonada y es acompañado por decretos y regulaciones de inamovilidad laboral. Todo esto con el ánimo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y aminorar o evitar el desempleo.

En consecuencia, Venezuela presenta la legislación más rígida y costosa del mundo, porque todas sus leyes contemplan que el peso financiero de los programas sociales recaiga directamente sobre las mismas organizaciones privadas, lo que en definitiva se traduce en cierre de empresas, reducciones en los tamaños de planta y, finalmente, menos empleo, por consiguiente, se produce un efecto contrario al deseado. Además la cobertura es poca amplia dado que incluye en su mayoría a los trabajadores del sector formal y no a los del sector informal que trabajan por su propia cuenta.

Por ejemplo, el establecimiento del salario mínimo es uno de los factores que puede estar influyendo en los niveles de empleo del sector privado formal, el cual prescinde de contratar a otros trabajadores o de contratar a más de 20 trabajadores, debido a que se incrementa el salario tanto al trabajador entrante como a los demás, dada la regulación de salario mínimo más alto para las empresas que empleen más de 20 trabajadores. También incide en los niveles de salario real del sector informal, por cuanto la fuerza de trabajo, al no encontrar colocación en el sector privado formal, hace descender el nivel de salarios por el exceso de oferta laboral. Esto significa que la política de establecer salario mínimo no es efectiva para tratar de mantener el poder adquisitivo, pues afecta el salario real de los trabajadores del sector informal compuesto por las clases más desposeídas. El efecto del impacto producido por el incremento de salario mínimo, dependerá de la proporción de fuerza de trabajo ocupada que percibe un salario inferior o igual al salario mínimo.

Por otro lado, los aumentos de salarios mínimos por decreto inducen a trabajadores y patronos a llegar a acuerdos internos al margen de la ley tratando de evadir o incumplir la legislación. Este incumplimiento será mayor cuanto más lejos este el salario mínimo del salario de mercado. Todos estos efectos son mayores cuando se trata de una economía en donde la mayor parte de la fuerza laboral percibe niveles de renta inferior al salario mínimo

Otro problema que surge de las regulaciones, se refiere a discriminar si se contrata a adolescentes, hombres o mujeres, pues aunque a los patronos les resulta igual o más costoso, por ejemplo, un adolescente que un adulto, preferiblemente contratará a este último pues cuenta con mayor experiencia y capacitación y, además, es más productivo (Bermúdez, 2003). Lo mismo ocurre con la contratación de fuerza laboral femenina, pues resulta ser más costosa dado los permisos remunerados pre y postnatales y las normas en cuanto a inamovilidad.

Para Garnica (1999), el establecimiento de salarios mínimos, permisos y otros beneficios de ausencias, perjudica la contratación de jóvenes y mujeres. Los decretos de inamovilidad pese a que estén dirigidos a proteger la maternidad, suelen causar desempleo; aunque están diseñados para evitarlo en épocas de recesión económica o cuando se producen incrementos de salarios por decretos o leyes, una economía que trate de impedir la destrucción de empleos (por inamovilidad laboral) pero, que al mismo tiempo no es capaz de sostener la tasa de creación de nuevos empleos, puede experimentar un aumento sostenido de su tasa de desempleo dado el crecimiento natural demográfico de la fuerza laboral (Rodríguez, 2003).

Por otra parte, las empresas continuamente buscan la manera de reducir costos laborales, frente a la recesión económica y a las restricciones financieras en que operan. Esta reducción de costos, dadas las regulaciones existentes, se realiza de varias maneras: disminuyendo o manteniendo el tamaño de su planta de trabajadores; seleccionando a trabajadores que no se benefician del servicio de guardería, permisos pre y post natales. Así, se contrata a los más hábiles y productivos, con lo cual se excluye a la fuerza de trabajo menos capacitada o con menor experiencia y se utilizan tecnologías ahorradoras de mano de obra así como el tiempo extra en lugar de contratar trabajadores adicionales. En otras palabras, como la demanda de trabajo del sector privado formal

(empresarios o empleadores) no se puede ajustar por medio del precio o los salarios (regulados por el salario mínimo), el ajuste se debe hacer vía cantidad con menos contrataciones o apelando a la selectividad. Por consiguiente, con las regulaciones se logra el efecto contrario, perjudicando a los trabajadores y haciendo más críticos los problemas de desempleo, informalidad, distribución del ingreso y pobreza. Esto puede constatarse en los periodos en los cuales han existido reformas laborales que coinciden con indicadores desfavorables del mercado laboral.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BELÉN Y SU POBLACIÓN ACTIVA.

Características de la carretera  a Belén

Basura, monte, grandes huecos e inseguridad, son algunos de los problemas reinantes en la carretera Belén-Magdaleno,  por donde transitan cientos de personas diariamente. En un recorrido efectuado por el equipo de trabajo,  se pudo corroborar la situación que afecta a los conductores de vehículos que tienen que utilizar este acceso vial para llegar a la ciudad de Belen.

En este sentido, es importante alertar a los conductores que decidan tomar esta vía, sobre los grandes huecos que hay a lo largo de ella. Transitar en carros pequeños es difícil, considerando lo deteriorada de esta importante arteria vial. En el sector Las Marías hay varios “megahuecos”, que de no ir a una velocidad prudencial, puede tomar desprevenidas a las personas, situación que podría acarrear severos accidentes. En la vía se encuentran tramos completos sin pavimentar. Esta vía suele ser sola y muestra paisajes exuberantes a lo largo de ella, pero sin embargo la desidia que se observa en el deterioro del pavimento y la gran cantidad de basura a los lados de la misma, afea su naturaleza.

Asimismo, durante todo el recorrido, hecho en horas de la tarde, no se observó un solo punto de control policial o de Tránsito Terrestre, situación que constituye además un riesgo para quienes se aventuren a tomar esta ruta ya que la vía es bastante sola, condición que se presta para que delincuentes hagan de las suyas en el lugar. De igual manera, en el sector Guacamaya se pueden observar y “sentir”, dado el tambaleo del carro, las grandes troneras en el pavimento. El asfaltado se encuentra bastante deteriorado. Al transitar por ese sector se puede apreciar que los conductores tienen que bajar considerablemente la velocidad de los vehículos para evitar el daño de los mismos. En tal sentido, un conductor que pasaba por el lugar refirió que “es un peligro, porque somos presas fáciles para los malandros. Esto es muy solo, no hay seguridad, fácil nos roban”.

Durante el recorrido se pudo apreciar además que en diversos tramos de la Belén-Magdaleno se encontraban a los lados de la vialidad esqueletos de carros quemados, un factor que refleja la falta de vigilancia en la zona. Así pues, tampoco hay alumbrado, por lo que se recomienda a los conductores usar esta ruta durante la noche solo de ser necesario, ya que como se dijo, la vía es sola y no hay puntos de control a lo largo de ella.

 La basura en la Belén-Magdaleno se ha convertido en un común denominador en todo el recorrido. Ambos lados de la vialidad son un verdadero botadero de basura.

-Características del pueblo de Belén

Parroquia del Municipio Carlos Arvelo. Tiene una superficie de 221 kilómetros cuadrados. Está situada en el sector sureste del Municipio. Se localiza entre las coordenadas geográficas 67′ 41’00″de longitud oeste y 09′ 59′ 30″ de latitud norte y a 690 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 23 C. y la lluviosidad de 1.430 m/m.(Promedio anual).

Sus límites son: Norte. Con Güigüe por la serranía del Cerro Azul hasta el picacho El Horno y de aquí en adelante con el Estado Aragua hasta el pico El Patriota. Este. Los Estados Aragua y Guárico, desde una línea que partiendo del pico El Patriota, termina en el pico Platillón, lindero con el Estado Guárico. Sur. Con el Estado Guarico, según la línea demarcada en los linderos generales del Estado. Oeste. La Parroquia rural Negro Primero del Municipio Valencia, partiendo del nacimiento de la quebrada Jabillal, siguiendo por el cerro Santa Inés, hasta encontrar la fila que sirve de divortia aquarum del río Pacaragua.

Está confor­mado en la actualidad por la ciudad de Güigüe y los pueblos de Belén y Central Tacarigua, y cuenta con cinco urbanizaciones, cincuen­ta barrios y ciento diecinueve caseríos. Este Municipio presente dos paisajes geográficos bien definidos; en el sector norte presenta una amplia zona de suelos arenosos y tierras de caracolillos, producto del retiro de las aguas lacustres y el alma­cenamiento de esa fauna lacustre.

En cuanto a su orografía las estribaciones y principa­les elevaciones que presenta este Munici­pio pertenecen a la cordillera del Interior, ramal de la cordillera de la Costa, siendo el resultado de procesos geológicos que da­tan de millones de años. Los suelos consti­tuidos por arenilla, caracolillos y abundan­cia de limo, son el resultado del proceso erosivo de los cauces que descienden des­de la cordillera del Interior y de la retirada de las aguas lacustres, poseen gran fertilidad. El relieve de este Municipio se origina en estribaciones de la cordillera del Interior, y aunque el paisaje geográfico se caracteriza por la presencia de planicies con valles y pequeñas elevaciones, estas últimas se hacen más pronunciadas hacia el sur, en cuanto a su hidrografía los ríos del Municipio Car­los Arvelo pertenecen unos a la cuenca endorreica del lago de Valencia, como el Güigüe, el Noguera y el Agua Blanca. Los ríos Aguas Calientes, Manuare y Guárico pertenecen a la cuenca del río Orinoco, que en última instancia es la del Atlántico.

En la Parroquia Belén se ofrecen ciertos servicios públicos tales como alumbrado eléctrico, agua servida por acueducto, servicio educativo a nivel preescolar, primario y secundario. La Parroquia cuenta con el servicio de una medicatura.

Belén fue creado como Municipio el 19 de Febrero de 1878. Este municipio, llamado originalmente Tacusuruma es famoso porque en sus alrededores se alza Francisco Rangel junto a Ezequiel Zamora, en un breve movimiento considerado como precursor de la Guerra Federal.

-Población

La parroquia de Belén tiene algo menos de 25000 habitantes. La mayoría vive en el pueblo de Belén propiamente, la población más alta del Estado Carabobo, ubicada a unos 700 msnm.

-Economía

En el Munici­pio se desarrolla una actividad económica eminentemente agrícola debido a la fertili­dad de sus suelos y a la abundancia de agua, tanto en el subsuelo como en sus numerosos ríos, caños y quebradas. Aun­que en tiempos pasados fue una región donde se cultivaba extensivamente el café, en la actualidad ese cultivo se limita a las zonas altas del sur del Municipio; actual­mente se caracteriza por los cultivos exten­sivos de caña de azúcar y maíz y en menor escala siembras de hortalizas y frutales. La actividad pecuaria se localiza en las cerca­nías de Güigüe y de Belén, donde existen crías de ganado caballar, así como también hay granjas avícolas y porcinas y en menor escala cría de bovinos. Mientras que su actividad industrial básicamente se encuentra ubicada esta actividad en la ca­pital del Municipio y en sus cercanías, donde funcionan fábricas de pinturas y algunas alfarerías. Su actividad económica se centraliza prác­ticamente en Güigüe y Tacarigua, poblacio­nes donde se encuentra la mayor profusión de comercios dedicados a la venta de co­mestibles, fármacos, ferreterías, talleres automotores, etc

Es famosa la región por una hilera de quioscos productores de queso, en especial del llamado “queso de mano”. Al pasar los años este producto se convirtió en factor importante y característico de este pueblo, el cual se instaló además dentro de muchas familias como material de trabajo para conseguir el sustento diario. Los quesos que generalmente se presentan son el telita, los pasapalos para fiestas, quesos rellenos con jamón, aceitunas y el famoso enrollado de queso que para diciembre es el más buscado.

La elaboración del queso de mano se comparte en unas 20 queseras instaladas en los patios y estacionamientos de las viviendas.

Ahora, según algunos queseros, el factor que más dificulta la continuación de las ferias belenenses, es conseguir el permiso para poder continuar con esta tradición. Para ello, tienen que esperar la aprobación de la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo y de la Gobernación de Carabobo, que para ellos, se hace bastante dificultosa.

Muchos de estos queseros esperan poder retomar la celebración de estas ferias, las cuales además de mostrar lo delicioso y tradicional de su gente, dan a conocer un rincón especial para los turistas, “El balcón de Carabobo”.

-Empleo en Belén:

1

Ocupados

%

2

Desocupados

 

 

3

Fuera de la fuerza de trabajo

 

 

4

Fuerza de trabajo

 

 

5

Tasa de desempleo

 

 

(1) Personas ocupadas en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(2) Personas desocupadas que se encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(3) Personas que se encuentran ocupadas o bien que se encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(4) Personas que  no se encuentran ocupadas o bien que no se encuentran buscando trabajo en relación al total de la población mayor o igual a 15 años.

(5) Personas que no se encuentran ocupadas pero que están buscando trabajo en relación al total de la fuerza de trabajo.

-Desempleo Según grupo etéreo y género:

-Desempleo hombres de 19 a 30 años. Tasa—-%

-Desempleo hombres de 31 a 40 años. Tasa—-%

-Desempleo hombres de 41 a 60 años. Tasa—-%

-Desempleo hombres mayores de 60 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres de 19 a 30 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres de 31 a 40 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres de 41 a 60 años. Tasa—-%

-Desempleo mujeres mayores de 60 años. Tasa—-%

-Fuerza Laboral según sector económico

Personas empleadas en el sector económico primario;

Agrícola—– Tasa%

Pecuaria—-Tasa %

Ganadera–Tasa%

Avícola—  Tasa%

Personas empleadas en el sector económico Secundario;

Energía——-Tasa%

Construcción —–Tasa%

Manufacturero—–Tasa%

-Personas empleadas en el sector económico Terciario;

Salud—– Tasa%

Transporte—-Tasa %

Telecomunicaciones–Tasa%

Educación—  Tasa%

Comercio—–Tasa%

Financiero…..Tasa%

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

 

En Venezuela existe una relativa estabilidad de la tasa ocupacional, frente a la magnitud de cambios ocurridos en el mismo periodo a nivel macroeconómico y político. Esto podría interpretarse como el resultado de un funcionamiento competitivo del mercado de trabajo, en el que los salarios son lo suficientemente flexibles como para permitir ajustes sin desempleo. Es justamente gracias a la segmentación del mercado de trabajo en donde el sector formal es altamente regulado y protegido, mientras que el sector informal es abierto y competitivo circunstancia que permite que este último aumente su participación en el empleo, al absorber a los trabajadores despedidos de sus empleos formales y a quienes ingresan al mercado de trabajo. Por esta razón, durante los periodos recesivos generados por la disminución de los ingresos petroleros o incertidumbre política, no se produce el incremento de desempleo que debería generarse y, por otra parte, el empleo informal y el subempleo amortiguan el periodo de estancamiento económico al permitir una disminución del salario real antes que la disminución del número de empleos.

El aumento de la pobreza en Venezuela está íntimamente ligado con las condiciones del mercado laboral, pues la escasa demanda de empleos productivos (formales) ha hecho que gran parte de la población quede desempleada o subempleada en actividades de subsistencia propias del sector informal venezolano. Esto sucede en un buen número de países en desarrollo de Latinoamérica que, aunque hayan alcanzado tasas de crecimiento en su producción, el nivel de vida de su población no ha mejorado, porque la existencia del desempleo y subempleo no permite que se mejoren las condiciones de vida de la población y, además, las estrategias de los países desarrollados no contribuyen a ampliar la distribución del beneficio económico.

En Venezuela el sector informal incluye al 48,6% de la población ocupada, en el que las mujeres han tenido una participación creciente, lo cual es signo de debilidad económica por la baja productividad y rentas de sus participantes. Esto no contribuye mucho en el momento de distribuir los beneficios del sistema económico.

El sector informal es muy alto en Venezuela y aunque se trate de disimilar las fuertes presiones del incremento del desempleo y del sector informal, se han causado muchos daños sociales. Entre otros, se puede mencionar el malestar generalizado en la mayoría de la población (60% de los venezolanos son pobres) que pudiera manifestarse en estallidos de violencia; la emigración de mano de obra calificada, (población que aún conserva cierto poder adquisitivo y de educación); y el desaprovechamiento del talento que el país prepara en situación de escasez, teniendo en cuenta la costos a provisión de recursos humanos calificados.

El incremento de los niveles de desempleo en la población económicamente activa venezolana, debe llamar la atención de los encargados de dirigir la política económica del país. La experiencia de otros países puede ayudar a Venezuela a diseñar políticas para reducir el desempleo y atenuar sus efectos sociales, aun en medio de la recesión económica y las restricciones fiscales.

Existen medidas para mantener controlado los niveles de desempleo, dado que siempre debe existir una tasa de paro aceptable y natural para el funcionamiento económico del país (Rivera, 2005). Algunas de estas medidas que combinadas pueden dar buenos resultados son: la flexibilización de las regulaciones que impiden la generación de nuevos empleos; la adopción de reformas para estabilización macroeconómica con la protección de recursos destinados a las políticas sociales; y dirigir los recursos públicos para la creación de empleo.

En cuanto a la primera medida, dado que Venezuela presenta una de las regulaciones del mercado laboral más fuertes de Latinoamérica que están lejos de proteger al sector más vulnerable de la sociedad (sector informal de la economía), sus disposiciones son cumplidas por el sector formal reduciendo las oportunidades de nuevos ingresos a dicho sector (nuevos empleos), aumentando la oferta de trabajo en el sector informal en detrimento del salario real lo cual dificulta el incremento de la productividad.

El primer paso es la reforma de las condiciones de contrataciones y despido, para promover la creación de nuevos empleos, la inversión en entrenamiento y cooperación en sector formal. Para lograr la flexibilización de estas regulaciones se deberían identificar las reformas que no representen altos costos políticos, como la reducción de las restricciones para la creación de nuevas empresas mediante un plan de disminución de regulaciones y trámites administrativos.

Igualmente existen aspectos laborales que deberán ser modificados paralelamente para que las empresas nuevas y las existentes contraten un mayor número de empleados, sin generar mayor resistencia tales como la ampliación de la contratación temporal, el establecimiento de un único salario mínimo sin considerar al tamaño de la empresa, el establecimiento de un sistema amplio y funcional de seguro de desempleo. Sin embargo, esta última estrategia estimularía al incremento del tiempo de paro de los trabajadores.

Otro conjunto de reformas más difíciles de llevar a cabo son las reformas que involucran a trabajadores del sector formal, como la reducción de costos por despidos, lo cual requiere de negociaciones sectoriales que abarquen gran parte de la fuerza laboral para compensar a los perdedores. Es el caso de Argentina, Chile y Colombia, que en los años 80 tomaron medidas para liberalizar las disposiciones jurídicas en materia de prestaciones y despidos.

También se deben supervisar las instituciones que aplican la reglamentación laboral, reducir su tamaño para establecer una red de protección contra eventualidades del trabajo y sustituir los mecanismos de protección vigentes. Es preciso que se cumpla con el funcionamiento de los sistemas de protección a los empleados (salud, pensiones, paro y capacitación), dado su deficiente desempeño actual. Más que generar nuevas regulaciones en el mercado de trabajo, se deben reducir al máximo las trabas administrativas que interfieren en las negociaciones obrero-patronales. Por otro lado, los esfuerzos y recursos destinados a reglamentar el sector laboral deben ser limitados a acciones de inspección, asistencia jurídica, programas de apoyo e inserción laboral y a facilitar negociaciones y evitar que el Estado ejerza un exagerado protagonismo.

Una porción del gasto público se encuentra, desde luego, en los programas sociales destinados a la generación de empleo, dado que los programas de ajuste fiscal, estabilización macroeconómica y desregulación laboral, no tienen efectos inmediatos. Hacen falta estrategias para la generación de empleo en el corto plazo, sobre todo por los efectos sociales tan negativos asociados al desempleo. Esta estrategia se puede basar en actividades del sector público (construcción o reparación de obras públicas, limpieza, entre otras). Además, se puede estimular al sector privado con incentivos fiscales; lo básico es determinar aquellas actividades intensivas en trabajo y de elevada rentabilidad social que no sean tan atractivas para la población de mayores ingresos.

También existen otros programas escolares que combinados con planes para la reducción de la pobreza, son efectivos para aminorar el desempleo, como las ayudas y subsidios a las familias más pobres con la obligación de enviar a los hijos (niños y adolescentes) a la escuela; así se evita la deserción escolar que tiene un fuerte impacto en los niveles de desempleo al incrementarse la oferta laboral.

Pero, sea cual fuere la política de creación de empleos, no debe sustituirse o limitarse a una estrategia sustentable de desarrollo económico, dado que la ausencia de crecimiento económico es la primera causa de la falta de ocupación de la fuerza laboral en el país.

Por otra parte, se deben establecer los mecanismos de diálogo entre el sector privado y el Gobierno, de tal manera que se eviten los enfrentamientos y disminuya la incertidumbre política, que no incentivan la inversión privada ni la generación de empleo en el sector formal.

En cuanto a las medidas para fomentar el crecimiento económico, se debe comenzar por identificar los factores que contribuyen al aumento de la productividad media del trabajo y, por tanto, de la producción per cápita. Una medida puede ser el aumento del capital humano a través de la formación, en razón a que los trabajadores cualificados son más productivos que los no cualificados. En consecuencia, se deben estructurar mecanismos para la capacitación en el sector informal de la economía, para garantizar el rápido desarrollo de las microempresas de alto nivel incentivando su crecimiento en forma sostenida, para que puedan pasar al sector formal y así puedan absorber a los sectores más empobrecidos. Se debe insistir en la educación para adultos, con lo cual se pretende evitar la deserción escolar de los más jóvenes, por cuanto los hijos de padres más educados logran más apoyo emocional y afectivo en un ambiente proclive al estudio, más allá del nivel de ingresos.

Finalmente, se recomienda una serie de programas para el empleo mediante la asistencia y capacitación de la mujeres venezolanas —desempleadas y jefas de hogar— para lograr su incorporación efectiva en el mercado laboral, teniendo en cuenta que su ingreso a él surgió en un momento de recesión económica obligando la mayor parte de ellas a ocuparse en el sector informal, con muy pocas posibilidades de educación y capacitación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El ABC de los Consejos Comunales

El ABC de los Consejos Comunales

Enviado por PROF. JOSÉ ALFREDO ÁVILA VEGA

Partes: 1, 2

El Consejo Comunal

La Asamblea local de voceros

El órgano ejecutivo del Consejo Comunal

La Cooperativa de ahorro y crédito

El órgano de control o Unidad de Contraloría Social

Los Comités de trabajo

Vinculación institucional de los Consejos Comunales

Algunas definiciones útiles

Vinculación institucional de los consejos comunales

Consejo local de Planificación Pública y Consejo Comunal

Algunas definiciones útiles

Apéndices

PRESENTACIÓN

Cada vez que se habla de Consejos Comunales, me viene a la memoria esas viejas propuestas que los Alcaldes Bolivarianos, venimos haciendo desde varios años, para lograr la creación de una nueva estructura político-territorial que debiera ser el andamiaje básico del funcionamiento democrático del Estado.

Probablemente hemos tardado demasiado en organizar el conglomerado social primario desde abajo.

Creo que hemos dilatado el tiempo abordando largas y tediosas discusiones, que tan sólo han logrado enriquecer nuestro caudal léxico y entender lo que significa “comuna”, “vecindad”, “ámbitos urbanos”, “áreas vecinales”, “mancomunidad”, “espacio comunitario”, “cogobierno popular”, “asamblea local”, “pisatarios colindantes”, “vocerío parroquial”, etc., dejando de lado la acción constitutiva y asociativa del soberano.

Durante el Taller de Alto Nivel “La Definición del Nuevo Mapa Estratégico” que aprobamos en noviembre del 2004, definíamos con claridad los 10 grandes objetivos estratégicos conducentes a la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular. En el se habló por primera vez de la necesidad de abordar con responsabilidad y absoluta seriedad un Cooperativismo Revolucionario y la participación decisiva de los Consejos Comunales.

A partir de ese instante, en la Alcaldía de Mariño abandonamos un poco los discursos y trocamos a la acción. Se pusieron en marcha mecanismos transformadores, para romper definitivamente con la gestión individualista hasta convertirla en la cogestión o gestión colectiva.

Recurrimos a la evaluación de las pocas experiencias existentes en materia de participación popular en el Municipio y comprobamos que aún todo estaba por hacerse. En esa fase de confrontación, acudí a la sistematización, entendida como proceso de registro, reflexión y develación crítica de esas experiencias sociales, que me permitieran generar nuevos saberes.

Fue así como empezamos a desarrollar programas agresivos hacia el desarrollo endógeno, para que los medios de producción sean de propiedad colectiva y la producción social se convierta en el lenguaje expresivo de las comunidades y sus Consejos.

A sabiendas de que el país necesita literatura para ese propósito, me place sobremanera entregar a la nación, este primer ejemplar del ABC de Los Consejos Comunales, para que se sirvan de el, a efecto de construir no algunos Consejos, sino redes completas de Consejos Comunales que cubran todos los Municipios de Venezuela.

Las nuevas ediciones irán mejorando y ampliando conceptos, a la vez que en cuanto tengamos a la vista la Ley Especial de Consejos Comunales y posteriormente su Reglamentación, vayamos completando su contenido, hasta lograr la estructura de un texto de consulta para la construcción y acompañamiento de los Consejos Comunales del país.

Luís Manuel Villegas

Alcalde del Municipio Mariño Irapa, marzo de 2006

República Bolivariana de Venezuela

Alcaldía del Municipio Mariño

Estado Sucre

Venezuela

Centro de Investigación y Publicaciones de la Alcaldía

EL ABC DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

Primera Edición

Consejo Comunal

¿Qué es un Consejo Comunal? En el marco del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, son el medio que permite al pueblo organizado asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos, orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Es la organización más avanzada que se puede construir entre vecinos de una misma comunidad, para afrontar problemas comunes en lo social, en lo político, en lo económico, etc., desarrollando proyectos de hábitat, complejos agro productivos, industriales, granjas integrales, vialidad, núcleos de desarrollo endógeno, factorías, plantas procesadoras, viveros, centros recreacionales, etc.

Es la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución Bolivariana.

También se le define como un órgano de participación y protagonismo del pueblo, de articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos que conforman y hacen vida común.

¿Para qué sirve el Consejo Comunal? El Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder popular.

En consecuencia, siendo la plataforma humana que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado, sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Véase Objetivos del Consejo Comunal.

Sirve como centro de información, producción y promoción de procesos participativos para la identificación de problemas comunitarios.

Promueve los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación ciudadana en la gestión pública comunitaria.

Es la autoridad permanente en la Comunidad, ante la cual se debe plantear y derivar todos los problemas de índole colectivo.

Es el interlocutor entre la comunidad y cualquier instancia de Gobierno Estadal o Nacional.

Vivifica y sostiene nuestra identidad, nuestro patrimonio y pone a la luz todas nuestras fortalezas, capacidad productiva, fuerza profesional, etc. al servicio del país.

Rompe con el aislamiento geográfico, social, económico y político que aún nos hace desconocidos dentro de nuestro propio Municipio.

Nos hace sentir que estamos asumiendo juntos el control de nuestras vidas como ciudadanos; que no estamos solos sino juntos y organizados, cuidándonos unos a otros; que los que gobiernan somos nosotros y, que a partir de ahora, asumimos el poder para decidir hacia dónde queremos ir.

¿Cuáles son los objetivos y responsabilidades de un Consejo Comunal? Los principales son:

Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad.

IIntegrar a la comunidad garantizando su participación en la formulación de propuestas y/o proyectos.

Convocar las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas en la Comunidad para discutir sobre la situación política, social, económica, cultural, entre otras, en el ámbito comunal.

Viabilizar ideas y propuesta para que la comunidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública.

Promover la creación de nuevas organizaciones de base cuando fuere necesario.

Organizar, planificar y realizar el censo poblacional de la comunidad y mantenerlo actualizado.

Elaborar el árbol de necesidades de la comunidad, para detectar y diagnosticar los problemas comunes a solucionar.

Elaborar el Plan Comunal de Desarrollo o Plan Único de Trabajo, para crear y desarrollar proyectos de mediano y largo plazo.

Gestionar el auxilio financiero y técnico para la realización de proyectos, a través de entidades de apalancamiento, acompañamiento y préstamo de recursos.

Ejercer la Contraloría Social, en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, especialmente durante el desarrollo de proyectos de inversión.

Informar permanentemente a la comunidad sobre el control, seguimiento y evaluación de los proyectos comunitarios.

Entregar a los Consejos Parroquiales la jerarquización de la problemática para la inversión social anual en la comunidad.

Suscribir convenios de asociación con otros Consejos Comunales vecinos, para la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno o complejos industriales integrales.

Suscribir convenios nacionales e internacionales, para propósitos de capacitación, adiestramiento y transferencia de tecnología, con entidades como PDVSA, INCE, Universidades, Institutos Técnicos, Consultores, etc.

Apoyar al Consejo Local de Planificación Pública, en la creación de redes de Consejos Comunales, para abordar macro proyectos de desarrollo endógeno y de producción social.

Promover el desarrollo cultural y turístico del ámbito de su jurisdicción.

Cooperar con las autoridades locales, en la realización de operativos colectivos en beneficio de la comunidad.

Proteger el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje, la salubridad pública y la defensa civil.

¿Qué instancias existen dentro de un Consejo Comunal? Por ahora, los Consejos Comunales están integrados por:

La Asamblea Local de Voceros, como órgano decisorio

El Órgano Ejecutivo que reúne a los voceros representantes de la Asamblea, que son elegidos por dos años, para hacer cumplir la voluntad de la comunidad.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito o Unidad de Gestión Financiera que administrará los recursos del Consejo Comunal.

El Órgano de Control o Unidad de Contraloría Social; y

Los Comités de Trabajo o Mesa Técnica

¿Con cuántas familias se organiza un Consejo Comunal? A partir de 20 familias dentro de un mismo ámbito geográfico. Sin embargo, en zonas muy poco pobladas, se tomará el número de familias que vivan dentro de la comunidad, sea este aún menor de 20.

¿Qué otras personas componen un Consejo Comunal? Son miembros de un Consejo Comunal, todos los habitantes residentes de la comunidad, sin distinciones de color, raza, credo político o religioso, nacionalidad, preparación académica o clases sociales.

Aglutina y articula a todas las fuerzas vivas organizadas dentro de la comunidad, tales como las OCVs, Misiones, UBEs, Junta Parroquial, Clubes, Juntas de Vecinos, Comedores Populares, CTU, Mesas Técnicas de Agua, Fundaciones, Asociaciones, Mesas Técnicas de Energía Eléctrica, Comités de Salud, Clubes de Abuelos, etc. para encarar bajo los principios de solidaridad, auxilio mutuo y cooperación, la problemática local.

¿Cuál es la autoridad máxima de un Consejo Comunal? La autoridad máxima del Consejo Comunal es la Asamblea Local de Voceros de la Comunidad. Así como la Asamblea Local de Voceros elige a su Órgano Ejecutivo, tiene también la facultad de revocarlos si no dieran la talla o cometieran faltas contra el Consejo o la Comunidad.

¿Quiénes son los representantes de un Consejo Comunal? Son representantes de un Consejo Comunal ante las autoridades regionales, estadales o estatales, aquellas personas que han sido elegidas por la Asamblea Local de Voceros para tal fin. Se les conoce como Voceros del Consejo u Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal.

¿De dónde provienen los recursos económicos para los Consejos Comunales? Al momento de la edición de este ABC, hay varios criterios, pero se prevén los siguientes canales:

Los que provengan de la administración de los servicios públicos que le sean transferidos por el Estado.

Los que provengan de la administración de los bienes y servicios asumidos por la comunidad.

Los generados por su actividad como Consejo inversionista o como administrador del manejo financiero de sus propios recursos.

El Situado Comunal que le deberá corresponder de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Los que sean transferidos por la República a las Alcaldías.

Las partidas presupuestarias que le asignen algunos Ministerios en calidad de apoyo logístico, como Minpades, Milco, Minep, Ministerio de Trabajo, Inti, Ministerio de Agricultura, etc.

Los recursos provenientes de donaciones, cesiones o expropiaciones legales.

Cualquier otro generado por la actividad financiera que le permita la Ley.

¿Cómo se organiza un Consejo Comunal? La organización, funcionamiento y acción de los Consejos Comunales, se rigen conforme a los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad social, equidad, justicia y autogestión económica.

Para organizar y poner a funcionar un Consejo Comunal, es necesario seguir algunos pasos:

Reunirse algunos vecinos con el propósito de formar un Consejo Comunal.

Solicitar a la Oficina Municipal de Consejos Comunales, toda la información necesaria y la literatura actualizada a fin de no cometer errores.

Determinar la cantidad de familias que pueden componer el Consejo Comunal.

Decidir quiénes serán los promotores voluntarios que visitarán casa por casa a las 20 o 30 familias seleccionadas.

Capacitar previamente a esos voluntarios, para que expliquen brevemente a las familias el motivo de su visita.

En esa misma visita, los voluntarios entregarán una invitación indicando lugar, día y hora para que los invitados reciban toda la información complementaria.

Debe invitarse al Presidente y demás miembros de la junta parroquial, al Defensor del pueblo, al Contralor municipal, al Síndico municipal y a toda autoridad conocida, así como a todos los grupos organizados de ecología, cultura, trabajadores, Círculos Bolivarianos, Comités de Tierras, Comités de Salud, Misión Barrio Adentro, Misiones, Robinsón, Rivas, Sucre y Vuelvan Caras, UBES, Comités de Protección Social, etc.

El día de la reunión, el único punto a tratar es darle a los asistentes, toda la información posible sobre Consejos Comunales. Se puede solicitar a la Alcaldía la presencia de un Asesor para que ayude a esta exposición y aclare a la concurrencia cualquier duda que surja.

Debe circular durante la reunión un listado de los presentes, indicando nombres y apellidos, Cédula de Identidad, teléfono y correo electrónico.

Algunos de los presentes deben tomar fotografías para testificar el acto.

Al finalizar la reunión, se solicitará a los asistentes que propongan candidatos para formar el grupo de Voceros Representantes de la Asamblea, llamado también Órgano Ejecutivo de la Asamblea, que será el que durante dos años se encargará de hacer cumplir las decisiones de la Asamblea.

Antes de cerrar el acto, debe acordarse en que día, lugar y hora debe llevarse a cabo la primera reunión electoral de la Asamblea Local de Voceros, para que ésta elija por mayoría al mencionado Órgano Ejecutivo de la Asamblea.

Se conoce con el nombre de Vocero, al representante de una familia. De manera tal que en un Consejo Comunal de 20 familias, deberán haber 20 voceros.

Para que las reuniones de la Asamblea Local de Voceros sea válida, siempre se contará con un quórum de la mitad más uno.

En esa primera Asamblea, y luego de las elecciones, se conocerá quienes son los miembros del Órgano Ejecutivo y, a partir de ese instante, ya se cuenta con el nuevo Consejo Comunal del sector.

El Órgano Ejecutivo está compuesto por Voceros Titulares y Voceros Suplentes, entre los que aparecen los cargos de Vocero Principal, Vocero Secretario, Vocero Administrativo, Vocero Contralor, etc.

El número de Voceros del Órgano Ejecutivo de la Asamblea siempre será variable.

¿Cuáles son las primeras tareas de un Consejo Comunal? Todo Consejo Comunal debe, una vez constituido:

Levantar el croquis del área geográfica del Consejo, indicando claramente sectores, riachuelos, carretera, calles y casas de todas las familias que integran el Consejo y cualquier otro dato referencial.

Levantar el censo del número de personas y familias que viven dentro de la circunscripción del Consejo Comunal, utilizando la planilla cuyo modelo se anexa como Planilla Básica del Censo por Familias.

Sólo se hará el censo entre las 20 o más familias que componen el Consejo.

El censo no es por casa, sino por familias. En el caso de que haya 3 familias dentro de una misma casa, se rellenarán tres planillas diferentes.

Solicitar a la Alcaldía el adiestramiento y capacitación en Gerencia Comunitaria, Consejos Comunales y Cooperativismo. En Anexos se añade una muestra de la Carta que debe enviarse a la Alcaldía.

¿Dónde se registran los Consejos Comunales luego de formados? Los Consejos Comunales serán registrados ante la respectiva oficina que instalará cada Alcaldía, bajo el nombre de Superintendencia del Poder Popular.

Inicialmente se pensó en anexar esta oficina a las oficinas del Consejo Local de Planificación Pública, pero los criterios se inclinaron a que funcionara dependiendo directamente de la Alcaldía, para alcanzar mayor rapidez en sus tramitaciones.

Los datos que se almacenan en el registro, son la simiente histórica de la comunidad en acción; de ahí la importancia de esta oficina.

Allí reposa también la sistematización de la memoria y la crónica del Municipio; sin esos datos recopilados, es difícil rescatar el proceso vivido: antes, durante y después de la actividad colectiva.

¿Qué documentos debe presentar un Consejo Comunal al Registro? Aún no existe una reglamentación precisa, pero estimamos que podemos empezar con lo siguiente:

Copia del Acta constitutiva, firmada por todos los Voceros que asistieron a la Asamblea Local de Voceros.

Plano a mano alzada del territorio declarado por el Consejo Comunal, con indicación de las viviendas involucradas.

Nómina de los Voceros de la Asamblea Local

Nómina de los Voceros que integran el Órgano Ejecutivo de la Asamblea.

Nómina de los Voceros que integran el Órgano de Control

Copia del Acta Constitutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Estatutos Internos del Consejo Comunal

¿Cómo y dónde funciona la Superintendencia del Poder Popular? La Superintendencia estará a cargo de una persona que conozca de Consejos Comunales y el personal subalterno puede estar constituido por los Promotores de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía u otros que se contrate especialmente.

Esta no debe ser una oficina burocrática, sino operativa. Su personal no debe permanecer dentro de ella sino en el campo de acción, que son las comunidades.

Puede funcionar fuera del edificio de la Alcaldía (recomendable) y tener el espacio suficiente para atender a los Voceros que acudan, tanto para registrar sus Consejos, como para solicitar ayuda, asesoría y acompañamiento.

¿Qué otras tareas realiza la Superintendencia del Poder Popular? La Superintendencia, realizará las siguientes tareas obligatorias:

Llevar el registro ordenado de los Consejos Comunales del Municipio

Llevar el registro pormenorizado de Órganos Ejecutivos de cada Consejo

Llevar la Base de Datos actualizada de los censos establecidos por familias

Publicar manuales de apoyo para actualizar el conocimiento sobre Consejos, Cooperativismo, Desarrollo Social, etc.

Formular planes de integración, como la red de Consejos Comunales, Clubes, Asociaciones, etc. que tienda a vincular la red social del Municipio.

Ir actualizando el mapa con coordenadas del Municipio, señalando exactamente la ubicación de las viviendas de cada Consejo.

Con todos los datos recurrentes al banco de datos existente, se puede hablar de la “Historia de la Comunidad”, ya que no sólo son cuantitativos, sino cualitativos; a ese cúmulo de vivencias debidamente organizado, se le debe incorporar todos los elementos de interpretación posibles, comprensión, explicación, análisis, crítica y reflexión, para que de allí surjan los nuevos aprendizajes y los nuevos saberes, en términos de juicio, concepto y teoría.

¿Con qué equipo y materiales debe empezar la Superintendencia? La Superintendencia debe contar en sus inicios, con el siguiente equipo y mobiliario:

Una computadora

Un escritorio

Dos archivadores

Una mesa de 8 o 10 puestos

15 sillas apilables

Dos carteleras grandes

Una pizarra acrílica

Materiales de oficina, papelería, etc.

Se recomienda la compra de una fotocopiadora, para proporcionar a los usuarios la facilidad de sacar fotocopias de cédulas, planillas, manuales, formularios, etc.

Asamblea Local de Voceros del Consejo Comunal

¿Qué es la Asamblea Local de Voceros? Es la máxima instancia del Consejo Comunal y autoridad deliberante de la Comunidad. Sus decisiones y acuerdos están por encima de todas las que se toman en otras instancias y son de carácter vinculante para los Consejos Comunales. Es el verdadero PODER POPULAR.

Es el producto de la educación liberadora que vive esta nueva generación de venezolanos, que lucha denodadamente para consolidar la construcción de una sociedad libre, de un auténtico poder popular y la emancipación social e individual.

¿Qué funciones cumple la Asamblea Local de Voceros? Por ser la máxima autoridad del Consejo Comunal, la Asamblea Local de Voceros:

Elige o destituye a los Voceros del Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal

Aprueba o desaprueba los acuerdos del Órgano Ejecutivo remitidos especialmente a la Asamblea Local en consulta u observación.

Aprueba las normas de Convivencia de la Comunidad.

Aprueba los Estatutos y el Acta Constitutiva del Consejo Comunal.

Rescinde la contratación de servicios para el desarrollo de proyectos, que hayan sido objeto de cuestionamiento por el Ente Contralor del Consejo.

Diseña, aprueba y controla el Plan Único de Trabajo o Plan de Desarrollo Integral de la Comunidad.

Dirige los destinos del Consejo Comunal a través de reuniones cuidadosamente planificadas y convocadas con Agenda preestablecida, en la que tienen prioridad los proyectos a desarrollarse.

Recomienda al Órgano Ejecutivo de la Asamblea, las actividades de carácter formativo, analítico, consultivo, de inversión y proyección social, para la elaboración de los correspondientes proyectos.

Ejerce la Contraloría Social de forma directa o a través de la Unidad de Contraloría.

Suscribe los acuerdos de alianza o convenios con otras instituciones, para propósitos de capacitación, transferencia de saberes, intercambio tecnológico, etc.

Aprueba e impulsa la integración de los proyectos para resolver las necesidades comunes con otras comunidades e instancias de gobierno.

Promueve el fortalecimiento de las redes de Consejos Comunales.

Elige a los integrantes de la Unidad de Contraloría

Contrata los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, dando prioridad a la que está constituida por miembros de la misma comunidad.

¿Quiénes integran la Asamblea Local de Voceros de un Consejo Comunal? Todos los voceros que representan a las familias que conforman el Consejo.

En una comunidad de 20 familias, el Consejo tendrá un registro de 20 voceros que representan a cada una de esas 20 familias. Es decir, cada familia debe acreditar y autorizar un vocero a la Asamblea.

¿Quiénes son los Voceros de la Asamblea Local? Es Vocero ante la Asamblea Local de Voceros, aquella persona de la comunidad, residente habitual en la zona, mayor de edad, que tenga solvencia moral, disposición y tiempo para el trabajo comunitario, capaz de trabajar en grupo y compromiso tanto con el Consejo como con la comunidad y que haya sido designado por una familia del vecindario, para representarla en todo momento ante la Asamblea Local de Voceros.

Hasta hace poco tiempo, se recomendaba la creación de una Oficina Municipal que se encargaría de definir los ámbitos espaciales y límites geográficos para la consolidación de los Consejos Comunales y, asimismo, nombrar un grupo de representantes de ese ámbito para que se encargue de hacer todos las diligencias y trámites del Consejo. Se recomendaba el arbitraje de la Cámara Municipal, en el caso de controversias entre Consejos vecinos por circunscripción o litigio de tierras. Todo eso, quedó atrás, porque el nombramiento de un Vocero por cada familia, es un mecanismo auténticamente democrático y participativo.

Ahora, esa Oficina Municipal, llamada Superintendencia del Poder Popular, hace exactamente lo que la Asamblea de los Consejos Comunales exige que se haga, siempre y cuando esos quehaceres estén enmarcados dentro de la Ley, porque son los Consejos Comunales quienes ahora velan, ejerciendo la Contraloría Social, por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico. A esta modificación, se le conoce como el Poder Popular.

¿Cuándo se deja de ser Vocero? Pierde el derecho a ser Vocero, aquella persona que se muda del vecindario, que la familia a la que representa proponga a otra persona para que lo reemplace, que cometa infidencias, faltas o agravios a otras personas, que cometa delitos penados por la Ley o que renuncie voluntariamente

¿Cuáles son los requisitos básicos para ser Vocero? Para ser vocero, debe reunirse los siguientes requisitos básicos:

Ser conocido por el resto de voceros

Ser mayor de edad

Ser residente habitual en la casa de la familia a que representa

Ser disciplinado y puntual

Observar buena conducta; y,

Que haya sido designado para representar a una familia

¿Cómo se realiza una Asamblea Local de Voceros? La Asamblea Local se convoca con tres o mas días de anticipación, mediante invitación escrita, tal como aparece en el Apéndice 1, en la que debe figurar:

Lugar

Fecha y Hora

Agenda

El día de la realización, se constata el quórum legal y se procede a la Asamblea, bajo la conducción del Órgano Ejecutivo de la Asamblea, debiendo levantarse el Acta de Asamblea, cuya copia será posteriormente enviada al Consejo Local de Planificación Pública.

Para moderar la Asamblea, debe nombrarse en cada una de ellas, un Director de Debates o Moderador, entre los asistentes.

El Acta aprobada debe ser firmada por todos los que concurrieron a la Asamblea, sin perjuicio que circule una lista de asistentes donde se registren nombres y apellidos, Cédula de Identidad, Teléfono y Correo Electrónico.

Se sugiere la presencia de un representante del Consejo Parroquial, o un representante del CLPP o un representante de la Oficina de Consejos Comunales de la Alcaldía.

¿Cómo se establece el quórum de una Asamblea Local de Voceros? El quórum de la Asamblea Local de Voceros se establece sumando cuidadosamente el número de voceros asistentes.

Sólo se dará por válida una Asamblea, cuando por lo menos existe la mitad más uno de los voceros acreditados. En un Consejo de 20 voceros, el quórum válido mínimo es de la mitad más uno (1); es decir diez (10) más uno (1) = once (11).

Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal

¿Qué es el Órgano Ejecutivo? Es la segunda instancia del Consejo Comunal, ya que la primera es la Asamblea Local de Voceros. Esta última, es decir la Asamblea Local, determina y elige el número de Voceros, que de acuerdo a la cantidad de Comités de Trabajo y Proyectos a desarrollar, debe tener el Órgano Ejecutivo.

¿Cómo está formado el Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal? Si sabemos que la forma como se organiza un Consejo Comunal, depende de la realidad particular de cada comunidad; entonces, también el Órgano Ejecutivo del Consejo es variable en el número de Voceros que lo conforman. Todo depende de la cantidad de proyectos y participación protagónica que espera desarrollar el Consejo.

Recordemos que de nada vale tener un Consejo Comunal sino se tiene proyectos en desarrollo. La misión de estas instituciones populares es dar solución constante a los problemas colectivos locales.

Por ello, la organización básica de un Órgano Ejecutivo, debe contar siempre con:

Un Vocero/a Principal

Un Vocero/a Secretario

Un Vocero/a Administrativo

Un Vocero/a Contralor, de Inspección y seguimiento

Un Vocero/a de Educación (Capacitación permanente)

Un Vocero/a de Relaciones Públicas, Medios y Competencia Electoral

Un Vocero/a Coordinador General; y,

Sus respectivos Suplentes.

Opcionalmente, y dependiendo de los proyectos sustentados y anteproyectos a presentar, pueden haber Voceros especializados en:

Economía Popular y Solución Alimentaria – Centros de acopio, frigoríficos, complejos agro productivos, granjas integrales, cooperativas de producción, etc.

Planificación y elaboración de Proyectos industriales para el Desarrollo Endógeno, Desarrollo Competitivo y la Producción Social

Educación y Deportes

Ciencia y Tecnología

Cultura y folklore

Organización, Formación ciudadana, Conciencia y Convivencia Comunal

Desarrollo Social

Salud y Saneamiento Ambiental

Programas Sociales y Misiones

Vivienda y hábitat

Infraestructura, ornato y vialidad

Desarrollo urbano

Seguridad Ciudadana y Defensa

Pesca

Minería, etc.

Estos Voceros especializados, son los que después van a dirigir las Mesas de Trabajo para el desarrollo de los proyectos realizados por la comunidad.

¿Quién elige a los Voceros Titulares y Suplentes del Órgano Ejecutivo del Consejo? Los elige la Asamblea Local de Voceros de la Comunidad, por votación expresa y sólo con el quórum legalmente establecido.

¿Por cuánto tiempo se nombran a los Voceros del Órgano Ejecutivo de la Asamblea? Todos los cargos tienen dos años consecutivos de duración, pudiendo ser reelegidos por igual período.

¿Cuáles son las funciones del Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal? Todo Órgano Ejecutivo realiza las siguientes funciones:

Ejecuta las decisiones de la Asamblea Local de Voceros

Articula al Consejo con las organizaciones presentes en la comunidad y promueve nuevas organizaciones donde sea necesario, en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral de las comunidades.

Elabora planes de trabajo, tomando en cuenta todas las proposiciones y sugerencias de la Asamblea Local de Voceros.

Organiza y reactiva la plataforma social de la comunidad, para integrarla y animarla a una participación activa y positiva.

Formaliza el registro del Consejo ante la Superintendencia del Poder Popular. (Oficina Municipal de Registro de los Consejos Comunales)

Elige al Cronista del Consejo, para ir recabando los testimonios históricos y los documentos públicos del patrimonio local.

Elabora y presenta el resumen del Censo de familias ante la Superintendencia del Poder Popular.

Elabora el diagnóstico de necesidades de la comunidad

Rescata el diagnóstico de fortalezas de la comunidad (Censo de talentos).

Redacta el Reglamento Interno del Consejo Comunal.

Promueve el ejercicio de la iniciativa legislativa.

Recomienda las alianzas y convenios que se tengan que suscribir, para darle a la comunidad la capacitación permanente que se requiera.

Partes: 1, 2

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Comentarios

Lunes, 29 de Agosto de 2011 a las 21:04  |  0      

Ronald Reyes

para Alicia Varela, si eres suplente y quieres ser principal, estas en todos tus derechos por que el principal que estaba dices que salio de los limites geograficos. pues habla con esa persona primeramente( si puedes ubicarlo) pidele la renuncia para que sea mas facil el proceso de manera amistosa, esa carta debe ir firmada y sellada por el concejo comunal, luego llevenla a taquilla unica con el acta constitutiva del CC…
por otro lado, debes dejar bien claro que a pasar que eres suplente tu opinion cuenta por muchas razones.
la primera es que perteneces a la COMUNIDAD y en la asamblea de ciudadanos y ciudadanas se decide siendo esta la maxima autoridad conformada por la comunidad del sector. por otro lado si no esta el principal, toma inmediatamente el suplente, declarando los motivos en dicha asamblea… revisa la nueva ley de los consejos comunales

Domingo, 14 de Noviembre de 2010 a las 21:04  |  0      

alicia varela

muy bueno el contenido.POR FAVOR ACLAREN UNA DUDA:soy vosero suplente del comite de finanza, el vosero principal por motivo de trabajo esta residenciado en otro estado, no puede asistir a reuniones y actividades del consejo comunal, sin embargo la directiva me dice que yo puedo asitir a reuniones mas no tengo ni voz ni voto hasta tanto el princial no presente renuncia por escrito. Por favor envia a mi correo soporte legal de ello. alicia_etar@hotmail.com

Martes, 7 de Septiembre de 2010 a las 11:30  |  1      

Edgar Eduardo Patrizzi Rodríguez

Excelente trabajo es muy completo y muy didáctico.

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Leer más: http://www.monografias.com/trabajos33/consejos-comunales/consejos-comunales.shtml#ixzz2hty8L0l6

¿Cuál es el mecanismo de reunión del Órgano Ejecutivo del Consejo? Hay que diferenciar claramente el Órgano Ejecutivo de la Asamblea y la Asamblea Local de Voceros, porque la confusión radica en que en las dos instancias, sus integrantes son los mismos vecinos de la comunidad.

La Asamblea Local de Voceros, es la primera instancia del Consejo Comunal y la conforman todos los Voceros vecinales (Uno de cada familia) de toda la comunidad.

El Órgano Ejecutivo de la Asamblea, es la segunda instancia del Consejo Comunal y la conforman el grupo de Voceros Titulares y Suplentes elegidos por la Asamblea Local de Voceros.

Se reúne con mucho más frecuencia que la Asamblea Local, por ejemplo: todos los lunes a las 4:00 p.m., y cualquier otro día cuando hay temas o problemas que lo amerite, porque es el responsable directo de la formulación de propuestas de inversión ante la Asamblea Local, así como de la ejecución, evaluación y control de las obras civiles, eventos, programas sociales y servicios públicos de la jurisdicción.

En cambio, la Asamblea Local de Voceros, se reúne esporádicamente cada vez que se necesita tomar decisiones muy importantes, elegir nuevos miembros, retirar algunos miembros de las instancias por incumplimiento de funciones, suscribir convenios nacionales o internacionales, discutir Planes de Inversión, evaluar proyectos concluidos, etc.

Lleva un Libro de Actas en el que se anota minuciosamente todos los temas que se discuten, los acuerdos que se toman, las decisiones administrativas, los convenios que se suscriben etc.

Durante la reunión debe respetarse el orden del programa establecido, por ejemplo:

Conteo de quórum (Siempre la mitad más uno). En estas reuniones pueden estar presentes la Cooperativa de Ahorro y Crédito, los Contralores y los Miembros de la Mesa Técnica, pero si no son Voceros del Órgano Ejecutivo, no forman parte del quórum. Tienen derecho a voz pero no a voto.

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Informes

Pedidos

Orden del Día

Cierre

En consecuencia, todas las decisiones y acuerdos que adopte el Órgano Ejecutivo de la Asamblea, deberá ser por mayoría de sus miembros.

Se recomienda siempre tomar algunas fotografías de la reunión para publicarlas en la Cartelera o en el Boletín del Consejo; asimismo, es bueno grabar la totalidad del evento, para evitar excusas posteriores u omisiones en el Acta.

Cooperativa de Ahorro y Crédito o Unidad de Gestión Financiera

¿Para que sirve la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa de Ahorro y Crédito es la entidad que debe manejar todo el dinero que ingrese al Consejo Comunal, así como llevar un control minucioso de los gastos que realiza. Es la tercera instancia del Consejo Comunal.

También administra los ingresos de cualquier índole que ingresen al Consejo Comunal, incluyendo propiedades, terrenos, cesiones, donaciones, etc.

A través del Comité de Educación, promoverá la creación de las Cooperativas que se encargarán de dirigir los proyectos industriales, agrícolas, pesqueros, turísticos, etc. dando a los miembros de la comunidad, los talleres necesarios para ilustrarlos en materia de cooperativismo, desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno y producción social.

Deberá Impulsar el presupuesto participativo, jerarquizando las necesidades de la comuna, utilizando la nueva concepción del Cooperativismo Revolucionario.

¿Qué es el Cooperativismo Revolucionario? El Cooperativismo Revolucionario es un movimiento sociopolítico que constituye una vía para el desarrollo endógeno y de la autogestión de la nación para que los medios de producción, sean de propiedad colectiva y la economía social sea un mecanismo de expresión de la democracia protagónica y participativa. Promueve los intereses comunes, a través de organizaciones en las que todos y todas tienen los mismos derechos, sin privilegios ni jerarquías.

¿Qué otras funciones realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa debe realizar las siguientes actividades:

Abrir una Cuenta Corriente en un Banco cercano a la comunidad

Abrir una Cuenta de Ahorros en el mismo Banco

Diseñar un Programa de otorgamiento de créditos a los miembros de la comunidad.

Realizar la intermediación financiera correspondiente.

Prestar asistencia social.

Llevar la contabilidad de todos los proyectos individualmente.

Llevar la contabilidad individual de la Cooperativa.

Depositar con exactitud los gravámenes de Ley: ahorro habitacional, INCE, Seguro Social, SENIAT, etc.

Actuar dentro de la comunidad como un minibanco, promoviendo el ahorro y las inversiones a corto plazo.

Administrar los todos los recursos que ingresen al Consejo Comunal y los del Fondo Nacional de los Consejos Comunales.

Se encargará de tramitar, apoyando al Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal, los documentos para la obtención de recursos ante el FIDES, LAEE, Minpades, Fondafa, Inapesca, Banco Agrario, Banco Industrial, etc.

¿Quiénes conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito? La Cooperativa de Ahorro y Crédito debe formarse con cinco miembros de la comunidad, que tengan conocimiento de contabilidad, finanzas y administración. Si no lo hubieren, el Órgano Ejecutivo de la Asamblea puede contratar los servicios de una Cooperativa de Ahorro y Préstamo o Cooperativa Financiera, para que realice ese trabajo, previa selección por calificación profesional.

¿Cómo funciona la Cooperativa de Ahorro y Crédito? Esta Cooperativa administra, controla y evalúa los proyectos que desarrolla el Consejo Comunal, a través de un sistema contable universal.

También lleva la Contabilidad General del Consejo Comunal y de la propia Cooperativa.

En consecuencia, debe tener una oficina con el equipo indispensable para ese trabajo. Detallamos lo que consideramos de utilidad inicial:

Una computadora

Software contable y administrativo, con inventario, nómina y balances.

Dos escritorios

Una caja fuerte portátil

Libros sociales y libros contables debidamente legalizados

Material de oficina

En lo referente al software, existen varias marcas conocidas como Saint, Cisnes, Galac, Valery, etc., algunos de los cuales son específicos: Contabilidad, Administración, Inventario, etc.

Hoy otros que vienen en combos administrativo-contable, administrativo-inventario, nómina-inventario, etc. Cada cooperativa tiene la opción de escoger el software que mejor se ajuste a sus necesidades.

¿Cómo se pagan los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito? Los costos administrativos y contables de la Cooperativa, deben incluirse en el paquete presupuestario del proyecto a desarrollarse.

De esa manera, si el proyecto ha de tener una vida operativa de 11 meses, debe calcularse el costo de 11 meses de trabajo de la Cooperativa, más el valor de sus muebles y equipos básicos.

Órgano de Control o Unidad de Contraloría Social

¿Qué es un Órgano de Control? Es la cuarta instancia del Consejo Comunal, que le otorga al ciudadano la facultad de controlar la actividad de la gestión pública y los quehaceres de la comunidad.

El Artº 259 de la LOPPM señala que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse en contralorías sociales con el objeto del control del gobierno local”.

¿Qué es el control social? Es un mecanismo a través del cual todo ciudadano, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos. Dentro del Consejo Comunal la tarea es ardua y permanente, porque es el ente encargado de verificar que los proyectos se realicen tal cual se describen en la sistematización, metodología y mecanización de los mismos.

Cuáles son las funciones del órgano de control del Consejo Comunal? Las funciones de esta instancia son extensas y permanentes, aunque las principales son:

Controlar que todas las actividades administrativas del Consejo Comunal sean legales y transparentes.

Coordinar y aplicar la contraloría social en todos los ámbitos de la comunidad.

Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del Plan Único de Trabajo o Plan de Desarrollo Intergral de la comunidad.

Ejercer el control y vigilancia del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y acompañamiento de todos los proyectos comunitarios.

¿Quién controla a los contralores? Los contralores debidamente organizados, no solo se limitan a actuar dentro de la geografía del Consejo Comunal, sino que pueden ejercer sus actividades sobre cualquier nivel o sector de la administración municipal y sobre particulares que cumplan funciones públicas, cuando la seguridad y el patrimonio de las comunidades está en riesgo.

Pero, para ello, deben estar inscritas en un registro sistematizado que, a tal efecto, llevará cada Alcaldía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional que regula la participación ciudadana, las organizaciones contraloras tienen deberes y obligaciones específicas, que se detallan en el Artº 273 de la LOPPM.

¿Quién elige a los miembros del Órgano de Control? Los miembros de esta instancia son elegidos por la Asamblea Local de Voceros.

¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Órgano de Control? Para ser miembro del órgano de Control, se requiere:

Ser honesto

Ser habitante de la comunidad

Ser mayor de edad

Tener solvencia moral acreditada

Disposición y tiempo para ejercer un control efectivo y oportuno

Compromiso con los mandatos del Consejo Comunal

Conocimiento de control y evaluación

Capacidad observadora y sentido crítico

Comités de Trabajo

¿Qué es un Comité de Trabajo? Es un grupo de personas que conoce el trabajo a realizarse durante la ejecución de un proyecto. Por ejemplo: si hablamos de un proyecto industrial apícola, el Comité debe estar integrado por personas que saben de apicultura, cultivo integral, horticultura, viveros, plantas procesadoras, embotellado, etc.

¿Quiénes integran el Comité de Trabajo? El Comité de Trabajo está formado por los miembros del Consejo Comunal que participan directa o indirectamente en un determinado proyecto. Sin embargo, pueden sumarse voluntariamente al Comité, aquellos miembros del Consejo que, sin participar en el proyecto, conocen la materia de ese proyecto, por lo que su colaboración es valiosa. Tal es el caso de profesores y profesionales jubilados, técnicos, expertos, etc.

¿Cuántos miembros integran un Comité de Trabajo? El número de integrantes del Comité depende de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, para el caso de una planta camaronera, el Comité deberá tener miembros conocedores de albañilería, pesca, movimiento de tierras, administración, relatoría, coordinación, procesamiento de alimentos, electricidad, mecánica, biología marina, tecnología alimentaria, transcripción, diseño gráfico, etc.

Como sugerencia, se detallan algunas especialidades:

Comité de Salud

Comité de Tierras

Comité de Protección Social

Comité de Economía Popular

Comité de Cultura

Comité de Seguridad Integral

Comité de Industrias Ligeras

Comité de Desarrollo Turístico

Comité de Desarrollo Agrícola

Comité de Alimentación

Comité de Deportes

Comité de Energía

Comité de Pesca y acuicultura

Comité de Saneamiento Ambiental, etc.

¿Qué hacen los Comités de Trabajo? El Comité planifica, redacta, sustenta, controla y realiza un determinado proyecto comunitario.

Eso significa, que en cuanto la Asamblea Local de Voceros sugiere un determinado proyecto, inmediatamente debe formarse un Comité de Trabajo para ese proyecto.

De ese grupo humano, deberían trabajar en el proyecto, aquellos que están desocupados, para ir solucionando de esa manera el problema del desempleo.

¿Cada cuanto tiempo se reúnen los Comités de Trabajo?

Se reúne cuantas veces sea necesario, para lograr un verdadero y óptimo control del desarrollo del proyecto.

¿Cómo se paga el trabajo de los miembros de un Comité? La mayoría de los miembros de un Comité de Trabajo – hay veces la totalidad -, ejecutan labores directas en el proyecto como electricistas, plomeros, administradores, técnicos, contadores, laboratoristas, mecánicos, etc.

Sin embargo, cada proyecto debe presupuestar costos para uso del Comité de Trabajo, que necesita hacer uso de Internet constantemente, papelería, fotocopiado, planos, movilidad, interconsulta profesional, viáticos, etc.

¿Qué ocurre cuando en una comunidad no hay especialistas? Simplemente se convoca a una Mesa Técnica.

También existe la posibilidad de que cada Alcaldía cuente con una Mesa Técnica Permanente, tal como lo anunciara el propio Presidente de la República en febrero ppdo.

También se puede recurrir a entidades como el CLPP, Inapesca, UDO, Milco, Minep, PDVSA, Cooperativas de Asesoramiento Empresarial, Fundacomún, INCE, etc., para la búsqueda de asesoría.

¿Cómo se convoca una Mesa Técnica? De acuerdo a las instrucciones del Ejecutivo Nacional, debemos evitar los nombramientos a dedo. De tal manera, que la Asamblea Local de Voceros, debe encomendar al Órgano Ejecutivo para que aperture un concurso de profesionales, los mismos que deben presentar sus currículos para que estos sean cuidadosamente estudiados.

¿Cuántos integrantes debe tener una Mesa Técnica? No es una cantidad rígida, ya que depende del tipo de proyecto que se aborda; por ejemplo: si se trata de diseñar una planta procesadora de pescado ahumado, la Mesa Técnica tendrá un Ingeniero pesquero, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, un técnico de alimentación y un Coordinador General. Opcionalmente, las Mesas Técnicas tienen una transcriptora y un encargado de la búsqueda de datos en Internet.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Alcaldía y Consejo Comunal

¿Qué vinculo existe entre Alcaldía y Consejo Comunal? La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su Artº 113, señala que el Alcalde en su carácter de Presidente del Consejo Local de Planificación Pública, tiene que promover la conformación de los Consejos Comunales en todas las parroquias de su Municipio.

Se reafirma en el Artº 4 de la misma Ley: la Alcaldía debe “impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus actuaciones”.

Por tanto, es competencia de la Alcaldía el gobierno y la administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios que requiera la comunidad.

De la misma manera, tiene la facultad de organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades activas en su jurisdicción. En consecuencia, debe tener una oficina destinada a la atención de los Consejos Comunales.

Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales de turismo para promover y desarrollar esa actividad a través de los Consejos Comunales. En esos planes se promoverá el desarrollo turístico de aquellos lugares de interés histórico, de bellezas naturales, recreativos y de producción de artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés turístico.

El vínculo Alcaldía – Consejo Comunal debe estimular permanentemente la creación de empresas de economía y producción social tales como cooperativas, medianas empresas, plantas industriales, empresas autogestionarias y cogestionarias, para crear puestos estables de empleo bien remunerado.

Los municipios y demás entidades locales deberán favorecer – dice la LOPPM, en su Artº 260 – la constitución y desarrollo de las diversas formas de organización de la sociedad, destinadas a la defensa de los intereses colectivos.

Consejo Local de Planificación Pública y Consejo Comunal

¿Qué vinculación existe entre el Consejo de Planificación Pública y el Consejo Comunal? Los Consejos Comunales son instancias del Consejo Local de Planificación Pública, que tendrán como función servir de centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada presente como solución a sus problemas comunes.

La ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública deberá regular – dice el Artº 114 de la LOPPM – todo lo relativo a la integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales.

ALGUNAS DEFINICIONES ÚTILES

Comunidad

¿Qué es comunidad? Es el grupo humano que reside habitualmente en un espacio geográfico determinado.

¿Cuáles son las características de una comunidad? En una comunidad, los miembros que la componen deben:

Conocerse entre sí

Poder comunicarse fácilmente entre todos

Reunirse sin depender de transporte

Compartir una historia común, tradiciones, vivencias, costumbres, etc.

Utilizar los mismos servicios públicos; y,

Compartir problemas de índole económico, social, urbanístico, etc.

¿Cuáles son los problemas más comunes de una comunidad?

El lento y desarticulado desarrollo político y cultural integral de sus miembros

La falta de proyectos para solucionar la escasez de vivienda

La falta de proyectos para mejorar los servicios públicos

El desorden social, la delincuencia y la corrupción

La falta de presupuestos participativos para obras colectivas

La falta de una contraloría social efectiva y organizada

El pobre conocimiento sobre Desarrollo Endógeno, Desarrollo Competitivo, Desarrollo Humano, Trabajo Social, Cooperativismo Revolucionario, etc.

El desempleo por la falta de industrias de transformación

La falta de Salas de Lectura, Infocentros, Centros de Convención, Laboratorios de Investigación, Educación Superior, etc.

La falta de educación, capacitación y adiestramiento en especialidades técnicas vinculadas a la producción pesquera, agraria, turística y minera.

Área vecinal

¿Qué entendemos por área vecinal? En parroquias grandes, es común la existencia de los llamados “sectores” o “barrios”. Esa división da lugar a las áreas vecinales.

Son pequeños espacios pertenecientes a una parroquia, en los que natural y progresivamente se han ido arremolinando costumbres, apellidos, fiestas patronales, vínculos sociales, parentesco, etc. que han fortalecido una vecindad comunitaria. Pueden ser de muy pocas familias (10, 20, 30), pero son las áreas donde mejor se componen y funcionan los Consejos Comunales.

Densidad poblacional

La densidad poblacional es la cantidad de individuos existentes en una población en relación con la superficie en que habitan. Es un modo de reflejar la abundancia, lo que, a su vez, nos indica el grado de concentración de individuos en el territorio.

La densidad de población tiene conexión con la capacidad de carga o acogida del medio, ya que éste tiene una capacidad más o menos concreta para albergar a un cierto número de individuos sin que éstos sufran las consecuencias negativas del hacinamiento y de la falta de recursos. La densidad de población es, por tanto, un parámetro fundamental en los análisis demográficos.

Espacios Territoriales

Desde el punto de vista territorial y político-administrativo, la nación se organiza en Estados, Distrito Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. El territorio se organiza en Municipios (Art. 16 de la CRBV)

El Municipio se organiza en parroquias y muchas parroquias se dividen en sectores y sub sectores según el número de habitantes. La experiencia muestra, sin embargo, que la verdadera participación y protagonismo del pueblo se da en espacios geográficos menores. La gente ha venido identificando estos espacios con el término de comunidad.

Mancomunidad

¿Qué es una mancomunidad? Es una figura asociativa constituida en forma voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su competencia.

¿Qué tiene que ver la mancomunidad con los Consejos Comunales? Cuando por razones de vecindad – colindantes – dos Consejos Comunales o más de diferentes Municipios, tienen que desarrollar proyectos comunes, tienen que recurrir a la mancomunidad de ambos municipios.

En tal caso, esa mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites establecidos en el convenio de los Consejos Comunales suscribientes.

Parroquia

¿Qué es una parroquia? Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos municipales.

Poder Popular

El Poder es la capacidad que tiene una persona, grupo o sector social, para usar y disponer de recursos propios o que se les ha encomendado.

Es la capacidad para realizar una idea y es el hecho de tener la fuerza para concretarla. Debe estar asistida por la conciencia social, la conciencia política, conciencia económica, conciencia ambiental y la conciencia de seguridad y defensa.

EL ABC DE LOS CONCEJOS COMUNALES

APÉNDICE 1

MODELO DE CITACIÓN PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA

Alcaldía del Municipio Mariño

Oficina Municipal de Consejos Comunales

CONVOCATORIA

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos33/consejos-comunales/consejos-comunales2.shtml#ixzz2htyXcdJb

Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Administración Pública


Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

Consejos Comunales. Comunas y Poder Comunal


Facilitador:                                                                  Participantes:

Dra Luisa Sanoja                                                       Alvia Dinino

                                                                                  Wilmer Hernández

                                                                                  Tania Reina

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, 30 de octubre de 2013

INTRODUCCIÓN

El Estado ha asumido como tarea la promoción de la organización popular impulsando la conformación de los consejos comunales a lo largo y ancho del territorio nacional y estos a su vez constituyen una forma de profundizar el modelo de participación y respuesta del estado ante las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo

Las experiencias de organización popular, con sus fortalezas y debilidades, nos han permitido avanzar hacia la comprensión de los mecanismos diseñados para migrar hacia un nuevo modo de concepción y organización de la gestión del Estado.

El Poder Popular organizado se constituye en el motor que impulse la conformación del Nuevo Estado Socialista, como elemento básico en la transición al Socialismo. La propuesta como nivel orgánico de agregación de las comunidades, implica formas organizativas y culturales para la construcción del tejido social de la revolución. Se debe concebir como un espacio integrado a la nueva cultura política de la revolución.

No deben existir sin la visión sistémica, donde se consideren los niveles que las definen: las comunidades y las escalas territoriales que a su vez conforman y cualifica. Y deben ser un hecho en construcción; composición estratégica para la construcción del socialismo. En su gestación se configuran como producto y proceso.

La Asamblea Nacional cumpliendo con su rol histórico de legislar en función de los cambios cualitativos que la nación requiere y adaptando las normativas legales a las necesidades del pueblo aprobó la Ley orgánica de los Consejos Comunales y la misma fue publicada en la Gaceta Oficial Número 39.335 el día lunes 28 de diciembre de 2009. Esta novísima ley viene a corregir los vacíos legales que dejaba la ley de los consejos comunales del 10 de abril de 2006, la cual no establecía los pasos para la revocatoria de voceros y le daba características de cooperativas a los bancos comunales los cuales funcionaban desarticulados de los demás comités de trabajo.

Luego de discutir con las comunidades organizadas las potencialidades y debilidades de la ley derogada, surge un nuevo marco legal que busca guiar la actuación de los voceros comunales y de la sociedad en general, como máximo poder, a través de las asambleas de ciudadanos; con el propósito de fortalecer la administración del poder comunal.

RESEÑA HISTÓRICA.

Los Consejos Comunales en Venezuela surgen gracias a la reformación de la  estructura político-territorial como base del funcionamiento democrático del Estado; pero esta estructura tiene sus antecedentes en la historia de las poblaciones de todos los continentes. A lo largo de los siglos se registraron movimientos sociales generados por consejos comunales que marcaron pauta, por ejemplo los que ocurrieron en: Castilla (1520-1521): Nueva Granada (1580) o la histórica Rebelión de los Comuneros de Paraguay (1717-1735) donde nació el principio que reza: “la voluntad del común es superior a la del propio rey”.

Luego de la Primera Guerra Mundial surge  la figura de los Soviets Rusos. La palabra Soviets, quiere decir Consejo o Asamblea. Precisamente a través de éstas, los Marxistas, asumieron una lucha contra el Estado; en este marco histórico, con los Soviets Rusos como instrumentos de lucha social, nacen frases que hoy son muy comunes en nuestro país: “Todo el poder para el pueblo”, “Todo el poder para los Consejos de los Trabajadores”, además fueron los pioneros en organizar los “Comités de Tierras”. Con el pasar del tiempo, los soviets pasaron a ser órganos del gobierno al estilo de los parlamentos en otros estados, la estructura de ese Estado estaba conformada por una base integrada por sucesivos consejos hasta llegar a la máxima autoridad, el Soviet Supremo. Cada República Socialista tenía su propio Soviet Supremo y estaba en un nivel medio entre el poder local y el poder federal.

Por su parte en Alemania también operaron los Consejos Comunales, bajo la denominación de Consejos de Obreros, por los años 1917–1921 creados por los derrotados marinos alemanes, influenciados por los soviets rusos, llevan a su país esta estructura social que fue extendiéndose hasta abarcar espacios como: fábricas, policías, abastecimientos, organización del trabajo, entre otras.

En Venezuela los Consejos Comunales nacieron legalmente a la luz de la Ley Especial de los Consejos Comunales, presentado por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, sancionada el 9 de abril de 2006 y publicada el 10 del mismo mes en la Gaceta Oficial Nº 5.806. Su objeto fue regular y desarrollar la conformación, integración, organización y funcionamiento de los Consejos Comunales y su relación con el Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Esta ley sufrió reformas hasta llegar al marco legal por el que hoy en día nos regimos: “Ley Orgánica de los Consejos Comunales” (Gaceta Oficial No 39.335, 28 de diciembre de 2009, Gaceta Oficial Nº 39.377 del 02 de marzo de 2010).

BASES CONSTITUCIONALES  DE LOS CONSEJOS COMUNALES

En 1998 llega a la Presidencia Hugo Chávez Frías. Entre una de las banderas de su candidatura sostuvo la de la celebración de una constituyente, la cual fue convocada y culminó con la promulgación en 1999 del actual texto Constitucional, la convocatoria a una constituyente abrió un capítulo inédito en la historia de la sociedad civil venezolana la misma creo innumerables formas de participación ciudadana directa de los asuntos públicos, colocando en un segundo plano los mecanismos de representación o participación indirecta. “La democracia representativa da paso a la democracia participativa, al establecer el derecho de todos los ciudadanos a intervenir en todos los asuntos públicos, en todos los niveles” (Salamanca, 2003: 142).

La Carta Constitucional desde su preámbulo establece que “…el fin supremo de la misma es crear una sociedad democrática, participativa y protagónica…”. De esta manera se configura el basamento constitucional expresado en valores de la participación ciudadana. Entre los principios fundamentales que establece la Constitución Nacional, se destaca el artículo 6º “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Este dispositivo constitucional obliga a aquellos que dirigen los poderes públicos del estado a reformular la relación con los ciudadanos para incorporarlos al proceso de democratización de la gestión pública, puesto que el principio participativo informa y caracteriza al propio sistema de gobierno (Morales, Cuñarro y Leal, 2006).

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en lo sucesivo CRBV, persigue crear controles sociales efectivos sobre la gestión del Estado y en este esfuerzo las formas democráticas de gobierno, la representación y la participación,…

Los Consejos Comunales nacen en Venezuela como un instrumento del Poder Popular para construir una sociedad de equidad y justicia social. Eso en la práctica significa que el pueblo organizado se moviliza para resolver necesidades sociales (alimentación, transporte, telecomunicaciones, vivienda y hábitat) y concretar aspiraciones de participación protagónica de las comunidades, especialmente de aquellas empobrecidas, atomizadas, desarticuladas y marginadas.

CONCEPTO DE CONSEJO COMUNAL.

El Consejo Comunal es la instancia de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad en la CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.

Es la forma de organización más avanzada que pueden darse los vecinos de una determinada comunidad para asumir el ejercicio real del poder popular, es decir, para poner en práctica las decisiones adoptadas por la comunidad. Es además, la instancia básica de planificación, donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas. Así, incorpora a las diferentes expresiones organizadas de los movimientos populares. El consejo comunal también es la base sobre la cual se construye la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución Bolivariana de Venezuela. El rol político de los consejos comunales es fundar el poder popular que superaría la estructura clásica de los tres poderes públicos republicanos Inteligencia emocional no es reprimir las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.

PARA QUÉ SIRVE

Si entendemos que el Consejo comunal es la instancia social que asume el ejercicio real del poder popular, entonces se convierte en la plataforma humana que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado, y sirve para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de proyectos sociales destinados a solucionar problemas de salud, educación, trabajo, deportes, medio ambiente, habitacionales, etc. de la comunidad. Sirve además como centro de información, producción y promoción de procesos participativos y para la identificación de problemas comunitarios.

PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS CONSEJOS COMUNALES

 Ley Orgánica de los Consejos Comunales, enuncia en forma respectiva, un buen numero de principios y de deberes que apuntalan y sustentan la acción de tales instancias de articulaciones y participación, con el entendido que no puede existir acción alguna con interés social que no esté anclada y basada en valores que viabilicen con acierto el norte de las ejecutorias. En este sentido, nos expresa el legislador que la organización y el funcionamiento de los Consejos Comunales se debe regir siempre con los valores de la corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de género.

OBJETO DE LA LEY

Tiene por objeto crear, desarrollar y regular, en el marco de los lineamientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Popular, la conformación, integración, organización y funcionamiento de los consejos comunales del poder popular; su desarrollo armónico sustentable y sostenible dentro de un sistema de economía social; y la relación de éstos con los órganos del Estado, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas.

CONSEJOS COMUNALES DEL PODER POPULAR

Los Consejos Comunales constituyen el espacio para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas a objeto de llevar a cabo la integración y articulación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los órganos del Estado, con la finalidad de permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y la ejecución de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

PERSONALIDAD JURÍDICA

Los consejos comunales constituidos y organizados conforme a la Ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana (Art 17 LOCC).

¿DÓNDE RESIDE EL PODER DE LA COMUNIDAD?

El poder no reside en el Consejo Comunal sino en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, conformada por las personas que habitan en esa área geográfica y que se reúnen para tratar acerca de los asuntos de su interés.

Es ella la que elige a las personas que conforman el Consejo Comunal. Esta asamblea es la máxima autoridad de la comunidad. Sus decisiones tienen poder vinculante para el Consejo Comunal. Es allí donde radica el poder popular.

El quórum de estas asambleas debe ser del 10 % de la población mayor de 12 años de dicha área geográfica.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas donde sea necesario. Hay sumas que multiplican. Eso debe ser el Consejo Comunal

Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad puede resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados. Para ello debe analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la propia comunidad y lograr el apoyo de los vecinos para resolver los problemas.

Promover la elaboración de proyectos en relación con los principales problemas que por sus altos montos o complejidad la comunidad no esté en capacidad de resolver. Estos proyectos deben ir al presupuesto participativo o a otras instancias de financiamiento.

Ejercer el control social en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, sean éstas de orden estatal, comunitario o privado (alimentación, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, cooperativas, misiones, y otras.)

¿CÓMO INTEGRAR EL CONSEJO COMUNAL?

Voceros y voceras de las diferentes actividades sectoriales (salud, educación, cultura, deportes, vivienda y otras).

Voceros y voceras de las microunidades vecinales.

Voceros y voceras que tendrían tareas de coordinación ejecutiva y administrativa (coordinador o coordinadora principal, persona responsable de tareas administrativas, otra para las tareas de secretaría). Estos cargos pueden ser rotativos si así lo estima la comunidad.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL CONSEJO COMUNAL?

ÁREAS DE TRABAJO

Las diversas organizaciones existentes en la comunidad deben integrarse a la comisión respectiva de acuerdo a su área de trabajo. Así tenemos:

  1. Economía popular (Consejo de Economía Popular, cooperativas, microempresas, bodegas solidarias, Mercalito y otros).
  2. Contraloría social.
  3. Educación y deportes (misiones educativas, club deportivo y otros).
  4. Cultura (grupos culturales, grupos religiosos y espirituales, y otros).
  5. Comunicación e información (medios alternativos comunitarios y otros).
  6. Salud, Desarrollo Social y Alimentación (comité de salud, comité alimentación, Comité de Protección Social, club de abuelos y abuelas y otros).
  7. Vivienda, Infraestructura y Hábitat (Comité de Tierra Urbana, mesa de agua, mesas de energía, cuadrilla ambientalista y otros).
  8. Justicia de Paz, Seguridad y Defensa (unidad de defensa).

Vocero o vocera: Es la persona electa por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas para cumplir con los mandatos de la comunidad. No está facultada para negociar o tomar decisiones individuales. No es un o una representante a quien le hemos entregado nuestro poder para que decida por nosotros.

Un vocero o vocera es un servidor popular, un servidor o servidora de la comunidad.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER VOCERA O VOCERO?

Ser habitante de la comunidad.

Solvencia moral.

Disposición y tiempo para el trabajo comunitario.

Espíritu unitario.

Capacidad de trabajo en colectivo.

Compromiso con los mandatos de la comunidad.

Que no acumule cargos directivos de elección popular.

Para dar formalidad al proceso de constitución de los Consejos Comunales y evitar que éstos se constituyan limitándose a reunir a las y los dirigentes de las organizaciones ya existentes, que no siempre cuentan con el apoyo popular, sugerimos la conveniencia de que exista un periodo de transición hasta la conformación propiamente tal del Consejo Comunal, tiempo durante el cual se elija un equipo promotor provisional. Probablemente se requieran algunas semanas o meses de trabajo y maduración.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL

  1. Articular las organizaciones de base presentes en la comunidad y promover nuevas organizaciones donde sea necesario.
  2. Elaborar un plan único de trabajo para atacar los problemas que la comunidad puede resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados.
  3. Analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la propia comunidad.
  4. Lograr el apoyo de los vecinos para resolver los problemas de la comunidad.
  5. Promover la elaboración de proyectos para resolver los principales problemas que no están a su alcance. Estos deben ir al presupuesto participativo para introducirlos ante las instituciones de financiamiento.
  6. Participar con un vocero en la elaboración del presupuesto participativo.
  7. Recopilar, procesar y dar prioridad a las propuestas de las organizaciones comunitarias.
  8. Ejercer el control social en todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, sean éstas de orden estatal, comunitario o privado (alimentación, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, cooperativas, misiones, etc.).
  9. Promover la constitución de cooperativas y elaboración de proyectos de desarrollo endógeno.
  10. Promover la movilización de la comunidad en defensa de sus proyectos.
  11. Defender los intereses colectivos, coordinando la ejecución de los mandatos de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
  12. Contribuir al desarrollo político y cultural integral de los miembros de la comunidad.
  13. Organizar el voluntariado social en cada una de las comisiones de trabajo.
  14. Establecer el orden y luchar contra la delincuencia y la corrupción.
  15. Nombrar voceros y voceras para que el Consejo esté presente en las instancias superiores de participación.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

  1. Solicitar copia certificada del proyecto de la comunidad e informar a la misma sobre el proyecto.
  2. Solicitar copia simple de las actas de los estatutos de las cooperativas de administración de recursos populares e informar a la comunidad sobre su contenido.
  3. Verificar el presupuesto del proyecto, monto, comparación de precios, entre otros.
  4. Velar porque los materiales sean de buena calidad y se mantengan en buen resguardo.
  5. En caso de que la mano de obra no sea voluntaria, verificar que el pago sea solidario.
  6. Solicitar ante la Cooperativa de Administración de Recursos Populares el movimiento financiero de la cuenta corriente e informar a la comunidad.
  7. Verificar que la obra se ejecute en el tiempo estimado.
  8. Solicitar a la ingeniería municipal la asistencia técnica a la obra.
  9. Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto.
  10. Sostener reuniones con otros comités de contraloría social de otras comunidades para compartir e intercambiar experiencias.
  11. Capacitar a los miembros del Comité de Contraloría Social en cuanto a procesos administrativos y ejecución de obras.
  12. Reunirse con todos los miembros de la Contraloría Social permanentemente.
  13. Elaborar informe final del proceso de ejecución de la obra.
  14. Controlar, hacer seguimiento y evaluar todo lo concerniente a la ejecución del proyecto comunitario.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POPULARES

  1. Representar a la comunidad ante el ente bancario.
  2. Ser responsable de los recursos presupuestados y asignados para el desarrollo del proyecto.
  3. Solicitar copia certificada del proyecto comunitario.
  4. Realizar un cronograma financiero de acuerdo con el tiempo de ejecución de la obra.
  5. Enviar reportes financieros quincenales al Comité de Contraloría Social
  6. Ajustar el desembolso del dinero de acuerdo con el lapso de ejecución del proyecto.
  7. Realizar el control sobre la ejecución del proyecto a fin de efectuar los pagos correspondientes.
  8. Presentar el informe a la comunidad sobre rendición de cuentas del uso de los recursos financieros.
  9. Supervisar que los egresos de las cooperativas sean puntuales para la ejecución del proyecto.
  10. Capacitarse mediante talleres en áreas sociales: social, financiera y técnica para la elaboración y presentación de proyectos.
  11. Realizar reuniones periódicas con las comunidades a fin de informar sobre el manejo de los recursos financieros de la cooperativa.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Cada Consejo Comunal estará integrado por: el órgano ejecutivo, la unidad de Gestión Financiera y la unidad de Contraloría Social.

El órgano ejecutivo promoverá y articulará la participación organizada de los integrantes de la comunidad, los grupos sociales y organizaciones comunitarias en los diferentes comités de trabajo. Éstos comités cubrirán las siguientes áreas: Salud, Educación, Tierra Urbana o Rural, Vivienda y Hábitat, Protección e Igualdad Social, Economía Popular, Cultura, Seguridad Integral, Medios de Comunicación e Información, Recreación y Deportes, Alimentación, Técnica de Agua, Técnica de Energía y Gas, Servicios, y cualquier otro que considere la comunidad. Entre sus funciones se encuentran: ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos, articular con las organizaciones sociales presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas organizaciones en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de las comunidades, elaborar planes de trabajo para solventar los problemas que la comunidad pueda resolver con sus propios recursos y evaluar sus resultados, y elaborar el plan de desarrollo de la comunidad a través del diagnóstico participativo.

La unidad de Gestión Financiera estará integrada por cinco habitantes de la comunidad electos por la Asamblea de Ciudadanos y funcionará como ente de ejecución financiera de los consejos comunales para administrar recursos financieros y no financieros, servir de ente de inversión y crédito, y realizar intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados.

Esta Unidad se denominará Banco Comunal y pertenecerá a un Consejo Comunal. Sus funciones, entre otras, son: administrar los recursos asignados, promover la constitución de cooperativas para la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno, impulsar el diagnóstico y el presupuesto participativo, promover el desarrollo local, los núcleos de desarrollo endógeno y cualquier iniciativa que promueva la economía popular y solidaria, y rendir cuenta pública anualmente o cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos.

La unidad de Contraloría Social estará conformada por cinco habitantes de la comunidad, electos por la Asamblea de Ciudadanos para realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional y municipal.

Este órgano de control deberá cumplir con las siguientes funciones: dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del Consejo Comunal, ejercer la coordinación en materia de Contraloría Social comunitaria, ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan de desarrollo comunitario y del proceso de consulta, planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos comunitarios, y rendir cuenta pública de manera periódica.

LA COMUNA Y EL PODER COMUNAL

OBJETO DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNAS

Con la Ley Orgánica de Comunas se promueve la creación de una nueva instancia de gobierno territorial, la del poder comunal, con particularidades y características que la diferencian de las otras instancias de gestión gubernamental, tomando como base tres grandes premisas constitucionales: la primera contenida en el artículo 173 de la Carta Magna,“…la creación de entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio.” La segunda inherente al modelo democrático participativo y protagónico que la transversaliza y la tercera referida en el artículo 158 en cuanto a que “La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.

CONCEPTO DE COMUNA:

Las comunas son áreas o extensiones geográficas conformadas por las comunidades las cuales constituyen LA UNIDAD SOCIAL Y BASE POLITICA PRIMARIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD SOCIALISTA, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y la Ley, constituyendo el núcleo especial Básico e indivisible del Estado Socialista venezolano. La Ciudad comunal se constituirá cuando la totalidad de su perímetro se haya establecido las comunidades, las Comunas y los Autogobiernos comunales de la siguiente forma: El territorio bien definido y demarcado que le corresponda (Población con residencia estable, organización de la comunidad mediante consejos comunales y debidamente registrados en los órganos competentes.

EL AUTOGOBIERNO COMUNAL:

Se ejerce por medio de la ASAMBLEA POPULAR VOCEROS Y VOCERAS COMUNALES, como órgano básico deliberativo, de gobierno y administración, integrada por voceras y voceros de las diversas organización comunitarias, grupos sociales, instituciones y empresas de propiedad comunal, social y estadal, los ciudadanos y ciudadanas que permitan al pueblo ejercer directamente: la definición, formulación, planificación, diseño, ejecución y el control de la gestión pública y la consiguiente evaluación de los diversas políticas públicas.

 Sus decisiones son de carácter vinculante para la comuna, para la ciudad comunal, demás autoridades locales, instituciones y empresas de diferentes formas de la ciudad comunal. Auxilia y coopera (Responsable y corresponsable) con lo demás poderes, sin perder su autonomía.

 FUNCIONES:

-La función ejecutiva a través de una terna de ciudadanos o ciudadanas Venezolanas, Voceros y Voceras, a quienes corresponde el gobierno y administrativa.
-La función de control y evaluación a través de la Contraloría Social comunal de ciudadanos y ciudadanas, como su principal órgano auxiliar y además complementario de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Con plena autonomía orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de las políticas comunales, la descentralización, la planificación, los ingresos, gastos y bienes comunales en los términos establecidos en la Ley y su ordenanza.
-La función de planificación que será ejercida en corresponsabilidad con el consejo comunal de transformación y planificación publica.

-La función deliberante.

AUTONOMIA DE LAS COMUNAS:

 Las comunas son las células que estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituyen un núcleo especial básico en indivisible del estado Socialista Venezolano y tendrán el poder para contribuir a su futuro tendrán:

-Le elección directa de sus voceros y voceras a la Asamblea de gestión comunitaria, comunal y a la asamblea general de la ciudad comunal y/o Socialista.
-Crear instancias, mecanismos y sujetos de centralización, conforme a la nueva Constitución de la República Bolivariana y la Ley.…………………………………….
-Crear el concejo general comunal, como órgano superior de consulta y asesoramiento del autogobierno comunal y auxiliar de la asamblea popular voceros y voceras comunales.

-La libre gestión en materia de su competencia. Estará encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencias de competencias, bienes y servicios de los poderes públicos MUNICIPAL Y ESTADAL a la COMUNA y a los ciudadanos y ciudadanas comunales, elabora participativamente las ordenanzas: de contraloría social, de presupuesto, participación y corrupción.……………………………………
-Crear la contraloría social comunal de los ciudadanos y ciudadanas como órgano auxiliar de la ASAMBLEA POPULAR DE VOCEROS Y VOCERAS de la ciudad comunal y complementario de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA con autonomía plena orgánica y funcional para ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de las políticas públicas comunales y de la ciudad. Este actuará bajo la dirección y responsabilidad del CONSEJO GENERAL COMUNAL y servirá de promoción y estimulo para la institucionalización de la presentación pública de los presupuestos y finanzas de la administración pública, así como para la debida rendición.
-Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes propios.………………..
-Impulsar y promover la participación ciudadana en el ejercicio de sus funciones relativas a los asuntos propios de la vida local y comunitaria conforme a su naturaleza.
-Crear el fondo de asistencia reciproca inter-comunitario para administrar los recursos provenientes del SITUADO y otros.

-La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

 En el ámbito de su competencia se cumplirán incorporando la participación de todo el pueblo en general al proceso de definición y ejecución de la gestión pública a cargo de las comunas; en el control y evaluación de sus resultados en forma objetiva, suficiente y oportuna conforme a la ley, sus actos no podrán ser impugnables sino por parte de los tribunales competentes de conformidad con las leyes.

INGRESOS:

-Los que obtengan por derechos de administración y tarifas en los servicios públicos que presten en ejercicio de sus competencias, y conforme en el artículo 184 de la nueva Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 de la ley orgánica de poder público municipal. ……………………
-Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le correspondan, incluyendo transferencias, subvenciones, donativos, asignaciones.

BIENES Y OBLIGACIONES:

Son bienes comunitarios todos aquellos de dominio público o privado que forman parte del patrimonio del Municipio y que hayan sido transferidos a la COMUNA respectiva para su administración y control, conforme con la  Constitución y la ley.

COMPETENCIAS CONCURRENTES:

La ley  contempla entre otros fines: Lograr una mejor y más eficiente distribución de competencias correspondientes a las comunas y a la Ciudad Comunal a los fines de garantizar el ejercicio pleno de autogobierno comunal socialista, responsable y autogobierno socialista revolucionario, corresponsable para garantizar el ejercicio del nuevo modelo de democracia participativa y protagónica.

FUSION:

Dos o más comunas podrán constituir una sola, cuando dicha fusión sirva para atender con mayor eficacia y eficiencia el desarrollo pleno de la democracia participativa y protagónica, en lo particular la administración y prestación de los servicios. La capacidad de una comuna para generar recursos propios para atender los gastos de gestión del auto gobierno y administración y proveer la prestación de los servicios mínimos gestionadas y transferidas, será fuente generadora de empleo y bienestar social para todo el ámbito municipal. A tal efecto poder establecerse convenios entre comunas orientadas por los principios de independencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad en la gestión pública.

LOS FINES DEL PODER POPULAR

 

El artículo 7 de la LOPP define los siguientes fines del Poder Popular:

  1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
  1. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.

Conforme al artículo 184 de la Constitución, esta transferencia de competencias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y  vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se

pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.

  1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
  2. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.
  3. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político- administrativas que la ley establezca.
  4. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.

La LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo.

  1. “Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.”

A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas”. La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”. Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”.

Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se define

en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada

en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana”.

LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.

 

1.-Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica

 En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.”

Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el

Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una iniciativa popular.

  1. Los voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo

 

Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder Popular, y que se denominan “voceros”  tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado. En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las instancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas.

En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voceros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio. La Ley, sin embargo, si indica que todas las instancias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).

  1. Sistemas de agregación comunal

En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comunales y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”

Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artículo 59 de la LOC, son las siguientes:

  1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.
  2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.
  3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administración, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.
  4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
  5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público.

En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de sistemas de agregación comunal así:

  1. El Consejo Comunal: como la instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”.
  2. La Comuna: como el “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”
  3. La Ciudad Comunal: “son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado”. Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio socialista” y célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales como agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son concebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.
  4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.
  5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
  6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER

POPULAR

  1. Formas organizativas del Poder Popular
  1. Las organizaciones del Poder Popular

Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes.”

  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular

En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran el interés colectivo.”

  1. Los fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular
  1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
  2. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión social del excedente.
  3. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
  4. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
  5. Ejercer la contraloría social.

 ÁMBITOS DEL PODER POPULAR

 

La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Políticas Públicas, la Economía Comunal, la Contraloría Social, la Ordenación y Gestión del territorio y la Justicia Comunal.

  1. Planificación de políticas públicas

Se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”

Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas”; y en cuanto al “Presupuesto participativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general” (art. 8.12).

  1. Economía Comunal

La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.” Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal el  cual se define en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”.

  1. Contraloría Social

En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia. Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social, donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales”.

  1. Ordenación y gestión del territorio

La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”

  1. Justicia comunal

 

En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

CONCLUSIONES

Actualmente existe en Venezuela un despliegue de la participación como el ejercicio más cercano a la democracia directa a través del diálogo, la corresponsabilidad, la mayor representación y el amplio carácter social y protagónico que se hace presente en la gestión pública por parte de comunidades, sectores y ciudadanía en general. Como resultado, la decisión pública se construye a partir de relaciones y eventuales alianzas entre actores que se relacionan, a veces siendo coincidentes en sus posiciones e intereses, y otras en medio de discrepancias.

Así, en los Consejos Locales de Planificación Pública la obligación que tienen estos de consultar a las comunidades y parroquias hace que pudiesen surgir diferencias acerca de las prioridades de desarrollo local en términos de inversión. El uso de técnicas y procedimientos de negociación permite la auto composición o arreglo directo entre las partes, sean ciudadanos o colectividades organizadas, sin intervención de terceros.

Es fundamental entonces, que todas las personas que formen parte de una organización comunitaria se conozcan a sí mismo como actor en cuanto a sus fortalezas y vulnerabilidades, no lo es menos que haga otro tanto con la contraparte. Ella es la otra cara de la moneda. Ver la situación desde la perspectiva del otro, sus objetivos, recursos y el equilibrio o capacidad de poder que posea comparativamente con el suyo. Tener muy en cuenta aquí que es importante establecer los intereses que están en conflicto y los que son coincidentes. Identificar qué está en juego. Fijar los objetivos deseables o aspiraciones y los que son esenciales, tomando en cuenta los puntos de retiro definidos para los asuntos de la agenda reparar en forma anticipada opciones posibles que se presentarán en la mesa de negociaciones posteriormente.

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 http://www.monografias.com/trabajos91/consejos-comunales-en-venezuela/consejos-comunales-en-venezuela3.shtml#ixzz2iOX5kkzG

Consejos Comunales, Comunas, Poder Comunal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS

Mención: Planificación Regional

Cátedra: Administración Pública

 

Nuevas Formas de Administración de los Recursos Municipales

Consejos Comunales. Comunas y Poder Comunal

 

 

Facilitador:                                                                  Participantes:

Dra Luisa  de Sanoja                                                 Alvia Dinino

                                                                                  Wilmer Hernández

                                                                                   Ana B Arriba

 

Maracay, 13 de Noviembre de 2013

 

INDICE

INTRODUCCIÓN                                                                                                      3                        

  1. EL ESTADO COMUNAL, EL PODER POPULAR EL SOCIALISMO 5
  1. LOS FINES DEL PODER POPULAR 10

III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.                                                     12

  1. Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica. 12
  1. Voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo 13
  1. Sistemas de agregación comunal 14
  1. Los Consejos comunales. 15
  1. Las Comunas 16
  1. Las Ciudades comunales 17
  1. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER POPULAR 18                                                                                                                      

1-Formas organizativas del Poder Popular                                                             18

  1. Las organizaciones del Poder Popular 18
  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular 18
  1. Fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular 19
  1. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR 19
  1. Planificación de políticas públicas 20
  1. Economía comunal 20
  1. Contraloría social  21
  1. Ordenación y gestión del territorio 21
  1. Justicia comunal 21
  1. RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR 22

VII. APRECIACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA       24

CONCLUSIONES.                                                                                                  27

BIBLIOGRAFÍA.                                                                                                      28

INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1999, actualmente vigente, constituyó a Venezuela como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (art.2), organizando a la República como “un Estado Federal Descentralizado” que “se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (art. 4).

Ese es el Estado Constitucional en Venezuela: un Estado Federal Descentralizado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia montado sobre un sistema de distribución vertical del Poder Público en tres niveles territoriales, entre el  Poder Nacional, el Poder de los Estados y el Poder  Municipal (art. 136), cada uno  debiendo tener siempre un gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución.

No es posible, por tanto, constitucionalmente hablando, crear por ley instancias políticas que vacíen de competencias a los órganos del Estado (la República, los

Estados, los Municipios y demás entidades locales) y menos aún establecerlos con funciones políticas sin que se asegure su carácter electivo mediante la elección de representantes del pueblo a través de sufragio universal, directo y secreto; sin que se asegure su autonomía política propia del carácter descentralizado; y sin que se garantice su carácter pluralista, en el sentido de que no pueden estar vinculados a una ideología determinada como es el Socialismo.

Este modelo de Estado Constitucional se intentó cambiar mediante una Reforma Constitucional sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007, con el objeto de establecer un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial, la cual sin embargo, una vez sometida a consulta popular, fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre de 2007.

Sin embargo, en burla a la voluntad popular y en fraude a la Constitución, desde antes de que se efectuara dicho referendo, la Asamblea Nacional en abierta violación a la Constitución comenzó a desmantelar el Estado Constitucional para sustituirlo por un Estado Socialista mediante la estructuración paralela de un Estado del Poder Popular o Estado Comunal, a través de la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, reformada posteriormente y elevada al rango de ley orgánica en 2009.

Posteriormente, el empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista fue rechazado de nuevo con ocasión de las elecciones legislativas efectuadas el 26 de septiembre de 2010, las cuales fueron planteadas por el Presidente de la República y la mayoría oficialista de la propia Asamblea Nacional, quienes hicieron una masiva campaña a favor de sus candidatos, como un “plebiscito” respecto al propio Presidente, su actuación y sus políticas socialistas ya previamente rechazadas por el pueblo en 2007, “plebiscito” que el Presidente de la República y su partido perdieron abrumadoramente pues la mayoría del país votó en contra de las mismas.

Sin embargo, al haber perdido el Presidente y su partido el control absoluto que ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que en el futuro les impedía imponer a su antojo la legislación que quisieran, antes de que los nuevos diputados electos a la

Asamblea pudieran tomar posesión de sus cargos en enero de 2011, en diciembre de 2010, atropelladamente y de nuevo en fraude a la voluntad popular y a la Constitución, la deslegitimada Asamblea Nacional precedente procedió a la sanción de un conjunto de Leyes Orgánicas mediante las cuales se ha terminado de definir, al margen de la Constitución, el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es otra cosa que un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado “Estado Comunal.”

Dichas Leyes Orgánicas son las del Poder Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal, de Contraloría Social, y del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular

Además, en el mismo marco de estructuración del Estado Comunal montado sobre el Poder Popular se destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y de las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y  de los Consejos Locales de Planificación Pública

La deslegitimada Asamblea Nacional, además, sancionó una Ley habilitante autorizando al Presidente de la República para por vía de legislación delegada, para dictar leyes en todas las materias imaginables, incluso de carácter orgánico, vaciando así por un período de 18 meses, hasta 2012, a la nueva Asamblea Nacional de materias sobre las cuales poder legislar.

Ahora bien, el marco definitorio general del Estado Socialista que se quiere imponer a los venezolanos, y por el cual nadie ha votado, montado sobre el ejercicio de la soberanía del pueblo exclusivamente en forma directa a través del ejercicio del Poder Popular y el establecimiento de un Estado Comunal está contenido en la Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), a cuyo análisis van destinadas estas notas, cuyas disposiciones, conforme a su artículo 6, “son aplicables a todas las organizaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.” Es decir, las disposiciones de esta ley orgánica son omnicomprensivas, se aplican a todos y a todo, como pieza esencial del principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.

  1. EL ESTADO COMUNAL, EL PODER POPULAR Y EL SOCIALISMO

El objetivo fundamental de estas leyes es la organización del “Estado Comunal” que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de “unidad política primaria de la organización nacional” (art. 168 de la Constitución), a través de cuya organización se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el ejercicio de la soberanía popular sólo directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Se trata por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representativa violándose así abiertamente la Constitución de la República.

El Estado Socialista que se busca implantar con estas leyes, denominado Estado Comunal, en paralelo al Estado Constitucional, se basa en este simple esquema: como el artículo 5 de la Constitución dispone que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público,” habiéndose estructurado el Estado Constitucional basado en el concepto de democracia representativa, es decir, el ejercicio  de la soberanía en forma indirecta mediante el sufragio; entonces ahora se estructura el Estado Comunal, basado en el ejercicio de la soberanía en forma directa.

Ello incluso ha sido “legitimado” por las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando al analizar el carácter orgánico de las leyes, como en la dictada en relación con la Ley Orgánica de las Comunas, señaló que la misma se dictó: “en desarrollo del principio constitucional de la democracia participativa y descentralizada que postula el preámbulo constitucional y que reconocen los artículos 5 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de cuyo contenido se extrae el principio de soberanía, cuyo titular es el pueblo, quien está además facultado para ejercerla “directamente” y no sólo “indirectamente” por los órganos del Poder Público; así como del artículo 62 ejusdem, que estatuye el derecho de las personas a la libre participación en los asuntos públicos y, especialmente, el artículo 70 del mismo texto fundamental, que reconoce expresamente medios de autogestión como mecanismos de participación popular protagónica del pueblo en ejercicio de su soberanía, medios que son sólo enunciativos en los términos de la predicha norma.”

Es con base en estos principios que en el artículo 8.8 de la LOPP, se define al Estado comunal, como la: “Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna.

Se busca establecer así, un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucional: el primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; en un sistema, en el cual el primero irá vaciando progresivamente de competencias al segundo. Todo ello es inconstitucional, particularmente porque en la estructura del Estado Comunal que se monta, el ejercicio de la soberanía en definitiva es indirecta mediante “re-presentantes” que se “eligen” para ejercer el Poder Popular en nombre del pueblo, y que son denominados “voceros” o “vocerías,” pero no son electos mediante sufragio.

El sistema que se busca montar, en definitiva, controlado todo por un Ministerio del Ejecutivo Nacional, lejos de ser un instrumento de descentralización – concepto que está indisolublemente unido a la autonomía política – es un sistema de centralización y control férreo de las comunidades por el Poder Central. Por ello la aversión al sufragio. En ese esquema, una verdadera democracia participativa  sería la que garantizaría que los miembros de los Consejos Comunales, las comunas y todas las organizaciones e instancias del Poder Popular fueran electas por sufragio universal, directo y secreto, y no a mano alzada por asambleas controladas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional, en contravención al modelo de Estado democrático y social de derecho y de justicia descentralizado establecido en la Constitución.

Pues bien, es en este contexto, y buscando establecer en paralelo al Estado Constitucional en el cual el pueblo ejerce indirectamente el Poder Público mediante representantes electos por sufragio universal directo y secreto, un Estado Comunal en el cual el pueblo supuestamente ejercería directamente el Poder Popular mediante voceros que no son electos por sufragio universal, directo y secreto, sino en asambleas de ciudadanos, el artículo 2 de la LOPP, define al Poder Popular, como: “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal”.

Todo lo cual no es más que una falacia, pues en definitiva en ese “edificio” del Estado Comunal se le niega al pueblo el derecho de elegir libremente, mediante  sufragio universal, directo y secreto a quienes van a representarlo en todos esos ámbitos, incluyendo el internacional. Se trata más bien de un “edificio” de organizaciones para evitar que el pueblo realmente ejerza la soberanía e imponerle mediante férreo control central políticas por las cuales nunca tendrá la ocasión de votar.

Por otra parte, según el artículo 4 de la LOPP, la finalidad de este Poder Popular que se ejerce por los órganos del Estado Comunal, “garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y  garantías constitucionales.”

Por supuesto todos estos principios de igualdad se rompen desde que el sistema  de Estado Comunal, paralelo al Estado Constitucional, se monta sobre una concepción única, que es el Socialismo, de manera que quien no sea socialista está automáticamente discriminado. No es posible, por tanto, en el marco de esta ley poder conciliar el pluralismo que garantiza la Constitución y el principio de la no discriminación por razón de “opinión política” a que se refiere este artículo, con el  resto de las disposiciones de la Ley que persiguen todo lo contrario, es decir, el establecimiento de un Estado Comunal, cuyas instancias sólo pueden actuar en  función del Socialismo y en las cuales todo ciudadano que tenga otra opinión que-da excluido.

Es decir, mediante esta Ley Orgánica se ha establecido el marco definitorio de un nuevo modelo de Estado paralelo y distinto al Estado Constitucional, denominado el Estado Comunal basado en forma exclusiva y exclusionista en el socialismo como doctrina y práctica política, que es la organización política a través de la  cual se produce el ejercicio del Poder Popular que es a la vez “el ejercicio pleno de  la soberanía por parte del pueblo.”

Ese Poder Popular se fundamenta, como se declara en el artículo 3 de la LOPP, “en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos  contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está  determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo” (art. 3). Con esta declaración, sin embargo, lejos de la universalidad, prevalencia y  progresividad de los derechos humanos que se garantizan en la Constitución, lo que se ha establecido es la desaparición total de la concepción universal de los derechos humanos, el abandono a su carácter prevalente y el retroceso ante los principios pro homines y favor libertatis, al condicionarse su existencia, alcance y progresividad a lo que se determine “por los niveles de conciencia política y organización del pueblo,” es decir, por lo que dispongan y prescriban las organizaciones del Poder Popular con las que se busca “organizar” al pueblo, todas sometidas al Socialismo.

Con ello desaparece la concepción de los derechos humanos como esferas que son innatas al hombre e inmunes frente al poder; pasándose a una concepción de los derechos humanos dependientes de lo que ordene un poder central, que en definitiva controla todo el “edificio” del Estado Comunal o Estado Socialista, como clara demostración del totalitarismo que está a la base de esta Ley.

En el mismo sentido se dispone en el artículo 5 de la LOPP, que “la organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas,” con lo cual, como se ha dicho, se vincula la organización del Estado Comunal que se organiza en paralelo al Estado Constitucional, con la ideología política socialista, es decir, con el socialismo, el cual se define en el artículo 8.14 como: “un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral.

Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias, ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.”

La misma expresión se utilizó en la Ley Orgánica de las Comunas respecto de la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las mismas (art. 2); en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales respecto de los mismos (art. 1), y en la Ley Orgánica de Contraloría Social (art. 6).

Lo primero que debe observarse respecto de esta norma, es la insostenible pretensión de vincular “la doctrina del Libertador Simón Bolívar” con los principios y valores socialistas. En la obra de Bolívar y en relación con su concepción del Estado nada puede encontrarse al respecto, no siendo la norma sino una pretensión más de continuar manipulando el “culto” a Bolívar para justificar los autoritarismos, como tantas veces ha ocurrido antes en nuestra historia.

Con la norma, por otra parte y por supuesto, se viola abiertamente la garantía del derecho de propiedad que está en la Constitución (art. 115) que no permite su restricción sólo a la propiedad colectiva o social excluyendo la propiedad privada de los medios de producción

El artículo 5 de la LOPP, por otra parte, define como “principios y valores socialistas” los siguientes: “democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. (art.5).

Muchas son las definiciones de socialismo, pero en todas, se pueden identificar sus elementos básicos:

  • un sistema de organización social y económico,
  • basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios  de producción, y
  • en regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales y de la distribución de los bienes,
  • buscando la progresiva desaparición de las clases sociales.

John Lynch ha señalado que: “El tradicional culto a Bolívar ha sido usado como ideología de conveniencia por dictadores militares, culminando con los regímenes de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras; quienes al menos respetaron, mas o menos, los pensamientos básicos del Libertador, aún cuando tergiversaron su significado.” Concluye Lynch señalando que en el caso de Venezuela, en la actualidad, el proclamar al Libertador como fundamento de las políticas del régimen autoritario, constituye una distorsión de sus ideas.

Este catálogo de “principios” por supuesto no están vinculados necesariamente al socialismo, ni son exclusivamente “principios y valores socialistas” como se pretende hacer ver, en una apropiación indebida que hace el legislador. El redactor de la norma, en realidad, lo que hizo fue copiar todo el elenco de principios que se encuentran definidos a lo largo de la Constitución, en muchas normas (Preámbulo y arts.1, 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 26, 84, 86, 102, 112, 137, 141, 153, 165, 257, 293, 299, 311, 316, 326, por ejemplo), y que son los valores del Estado Constitucional.

Sólo en algún caso no se han atrevido a utilizar la terminología clásica como “libertad de expresión,” y la han querido sustituir por “libre debate de ideas,” lo que por supuesto no es lo mismo, sobre todo porque dicha libertad no se tolera en un Estado Socialista que sólo conoce de una ideología única.

Para desarrollar y consolidar el Poder Popular, ignorando los valores y principios constitucionales básicos que tienen que tener todas las instancias de gobierno en Venezuela que deben ser “electivos, descentralizados, alternativos, responsables, pluralistas y de mandatos revocables” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución, es que se ha dictado la LOPP para supuestamente generar “condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que  surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder” (art. 1).

Conforme a la Constitución “la creación de nuevos sujetos de descentralización  a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” sólo es posible “a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.” (art. 184.6)

Ello significa que los mecanismos de participación que puedan establecerse conforme a la Constitución no son para vaciar a las estructuras del Estado Constitucional, es decir, de los “gobiernos locales y estadales,” sino para reforzarlas en la gestión pública.

Por otra parte, conforme a la Constitución, no puede haber gobierno alguno que no sea electivo, descentralizado y pluralista; sin embargo, en la LOPP se define un Estado paralelo que es el Estado Comunal, montado sobre “gobiernos” o “autogobiernos” que no son ni electivos, ni descentralizados ni pluralistas.

Sobre estos, el artículo 14 de la LOPP, se limita a definir “el autogobierno comunal y los sistemas de agregación que surjan entre sus instancias” como “un ámbito de actuación del Poder Popular en el desarrollo de su soberanía, mediante el ejercicio directo por parte de las comunidades organizadas, de la formulación, ejecución y control de funciones públicas, de acuerdo a la ley que regula la materia.”

En este contexto, además, a la “comunidad” se la define en la LOPP como el “núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en su ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes que comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, territoriales y de otra índole” (art. 8.4).

  1. LOS FINES DEL PODER POPULAR

 

El artículo 7 de la LOPP define los siguientes fines del Poder Popular, es decir, del “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” a través “de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2):

  1. Impulsar el fortalecimiento de la organización del pueblo, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.

Se destaca, en relación con lo que dispone la Constitución sobre la organización del Estado, el agregado de “socialista” que impone esta previsión, con lo cual se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega, por tanto, el derecho a la participación política.

  1. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan.

Conforme al artículo 184.1 de la Constitución, esta transferencia de competencias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.

  1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
  1. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y protección del ambiente y los derechos humanos.

Estos, la verdad, no son valores de ninguna “ética socialista,” sino como se ha dicho anteriormente, son valores de la democracia y civilización occidental, propios del Estado Constitucional.

  1. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político- administrativas que la ley establezca.
  1. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las actividades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.

A los efectos de esta norma, el artículo 8.6 de la LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo (art. 8.6).

Sin embargo, nada en la Constitución autoriza a que se asignen a entidades públicas comunitarias dependientes del Ejecutivo Nacional, competencias para ejercer vigilancia o contraloría social sobre las actividades privadas. Esa es una función que sólo pueden ejercer los entes político territoriales del Estado.

  1. “Profundizar la corresponsabilidad, la autogestión y la cogestión.” A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas” (art. 8.7).

La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida  en su ámbito geográfico” (art. 8.2).

Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”(art. 8.3).

Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se define en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana” (art. 8.5).

La Constitución, sin embargo, al referirse a las organizaciones comunitarias para poder ser sujetos de descentralización, las concibe sólo como entidades de carácter territorial, como “las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” que son las que pueden asumir conforme al artículo 186,6, “corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.”

III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR.

  1. Las diversas instancias del poder popular y su personalidad jurídica

Las instancias del Poder Popular para el “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” y que forman las “diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2), conforme se precisa en el artículo 8.9 de la LOPP, están “constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, surjan de la iniciativa popular,” constituyendo las “organizaciones de base del Poder Popular” aquéllas “constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar colectivo” (art. 8.10).

La definición que se formula sobre la “comunidad organizada,” es similar en la Ley Orgánica de las Comunas, como “constituida por las expresiones organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización de base, articuladas en una instancia del Poder Popular”(art. 4.5)

En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Poder Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular.” (art. 4.12)

Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el

Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una iniciativa popular.

  1. Los voceros de las instancias del poder popular y su carácter no representativo

 

Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder  Popular, y que se denominan “voceros” tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tienen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado.

En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las instancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas. En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voceros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organizada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio.

La Ley, sin embargo, si indica que todas las instancias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).

Debe indicarse, en efecto, que a la base de estas instancias del Poder Popular, están las Asambleas de Ciudadanos que si bien la LOPP no las regula específicamente ni las nombra en artículo alguno, sin embargo, las define como la “máxima instancia de participación y decisión de la comunidad organizada, conformada por la integración de personas con cualidad jurídica, según la ley que regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la  comunidad, las distintas formas de organización, el gobierno comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que establezcan las leyes que desarrollen la constitución, organización y funcionamiento de los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de éstos surjan” (art. 8.1).

  1. Sistemas de agregación comunal

 

En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comunales y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”

Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artículo 59 de la LOC, son las siguientes:

  1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.
  2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.
  3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administración, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.
  4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
  5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público.

La LOC, sin embargo, nada establece sobre las condiciones para la constitución de los sistemas comunales de agregación y sobre su funcionamiento, lo que se remite a ser establecido en el Reglamento de la LOC y los lineamientos que a tales efectos dicte el Ministerio del Poder Popular de las Comunas.

En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de sistemas de agregación comunal así:

  1. El Consejo Comunal: como instancia de articulación de los movimientos y organizaciones sociales de una comunidad.
  2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organizadas en un ámbito territorial determinado.
  3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado.
  4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.
  5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
  6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

En particular, en cuanto a la Ciudad Comunal, la federación Comunal y la

Confederación Comunal, las condiciones para su conformación deben ser desarrolladas en el Reglamento de cada Ley.

Ahora bien, de todas estas instancias del Poder Popular previstas para “el ejercicio del autogobierno,” el artículo 15 de la LOPP sólo se refiere con algún detalle a los Consejos Comunales y a las Comunas, las cuales por lo demás, son las que han sido reguladas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y en la ley Orgánica de Comunas; y a las Ciudades Comunales.

  1. Los Consejos comunales.

 

Los Consejos Comunales se definen en la Ley como la “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (art. 15.1).

Se destaca de esta definición legal, que los Consejos Comunales sólo y exclusivamente pueden tener por objeto contribuir a “la construcción de un nuevo modelo de sociedad socialista,” en violación al principio del pluralismo que establece el artículo 6 de la Constitución, por lo que todo aquél ciudadano que no siga o acepte la doctrina socialista no tiene cabida en este nuevo Estado paralelo que se busca construir con esta Ley.

Esta instancia del Poder Popular constituida por los Consejos Comunales está regulada en la mencionada Ley Orgánica de los Consejos Comunales, a cuyos “voceros,” además, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se les ha asignado la función de designar a los miembros de las Juntas Parroquiales, las cuales, en consecuencia, fueron “degradadas” dejando de ser las “entidades locales” que eran, con gobiernos electos por sufragio universal directo y secreto, pasando a ser simples órganos “consultivos,  de evaluación y articulación entre el Poder Popular y los órganos del Poder Público Municipal” (art. 35), cuyos miembros, además, los deben designar los voceros de los consejos comunales de la parroquia respectiva (art. 35), y sólo de entre aquellos avalados por la Asamblea de Ciudadanos “de su respectivo consejo comunal”(at. 36).

A tal efecto, en forma evidentemente inconstitucional, la Ley de reforma del Poder Municipal, decretó la “cesación” en sus funciones de “los miembros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes” (Disposición Derogatoria Segunda).

  1. Las Comunas

 

Las Comunas, por su parte, que están concebidas en la LOPP como la “célula fundamental” del Estado Comunal, se las define en el artículo 15.2 como el “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”

Esta misma definición de la Comuna como espacio socialista está en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas; noción que implica que la misma está vedada a todo aquél que no sea socialista o que no crea en el socialismo o que no comulgue con el socialismo como doctrina política. La concepción legal de la Comuna, por tanto, es contraria al pluralismo democrático que garantiza la Constitución, siendo abiertamente discriminatoria y contraria a la igualdad que también garantiza el artículo 21 de la Constitución.

Por otra parte, en la norma mencionada de la LOPP se define a la Comuna como una “entidad local,” y la misma calificación se encuentra en el artículo 1 de la

Ley Orgánica de las Comunas, que las define “como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia” (art. 1).

También en la reforma de la ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se incluyó a las comunas en el listado de las “entidades locales territoriales,” disponiéndose que las mismas, al estar reguladas por una legislación diferente como es la relativa al Poder Popular, y al deber constituirse “entre varios municipios,” quedan exceptuadas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Ahora bien, en cuanto a calificar a las Comunas como “entidades locales,” el Legislador deslegitimado de diciembre de 2010 olvidó que conforme a la Constitución (arts. 169, 173), esta expresión de entidad local sólo se puede aplicar a las entidades políticas del Estado en las cuales necesariamente tiene que haber “gobiernos” integrados por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto (arts. 63, 169) ceñidos a los principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución, es decir, tiene que ser “siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.”

Conforme a la Constitución, por tanto, no puede haber “entidades locales” con gobiernos que no sean democráticos en los términos mencionados, y menos por “representantes” designados por otros órganos públicos.

Y esto es precisamente lo que ocurre con los llamados “gobiernos de las comunas,” que conforme a esta legislación sobre el Poder Popular y sus organizaciones, no se garantiza su origen democrático mediante elección por sufragio universal, directo y secreto, siendo en consecuencia inconstitucional su concepción.

Debe destacarse, además, que en relación a el gobierno de las comunas, que como se establece en el artículo 28 de la LOPP, pueden transferir la gestión, la administración y la prestación de servicios a las diferentes organizaciones del Poder Popular. A tal efecto, las organizaciones de base del Poder Popular deben hacer las respectivas solicitudes formales, cumpliendo con las condiciones previas y requisitos establecidos en las leyes que regulen la materia. Esta instancia del Poder Popular constituida por las Comunas ha sido regulada en la Ley Orgánica de las Comunas.

  1. Las Ciudades comunales

 

Las ciudades comunales, conforme a la Ley, “son aquellas constituidas por iniciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado” (art. 15.3). Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio socialista” y “célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales como agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son concebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.

 

 

  1. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PODER POPULAR

Además de las instancias del Poder Popular, en la LOPP se establecen previsiones tendientes a regular dos formas organizativas específicas del Poder Popular: las organizaciones y las expresiones organizativas del Poder Popular.

1-Formas organizativas del Poder Popular

  1. Las organizaciones del Poder Popular

Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes.”

Estas organizaciones del Poder Popular se constituyen por iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con su naturaleza, por intereses comunes, necesidades, potencialidades y cualquier otro referente común, según lo establecido en la ley que rija el área de su actividad (art. 12).

Estas organizaciones del Poder Popular, al igual que las instancias del Poder Popular, conforme al artículo 32 de la LOPP, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. Queda en manos del Ejecutivo Nacional, por tanto, el reconocimiento formal de estas organizaciones, de manera que todas aquellas que no sean socialistas por ser contrarias a los fines prescritos en la Ley (art.1), serían rechazadas. En las registradas, por lo demás, no tendrían cabida los ciudadanos que no compartan la ideología socialista.

  1. Las expresiones organizativas del Poder Popular

 

En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran el interés colectivo.”

Estas expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. (art. 13).

Conforme a la Disposición final Tercera, el ejercicio de la participación del pueblo y el estímulo a la iniciativa y organización del Poder Popular establecidos en la Ley, se deben aplicar en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.

  1. Los fines de las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular

 

Estas organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular, conforme al artículo 11 de la LOPP, tienen como fines los siguientes:

  1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.

Como antes se dijo, con el agregado de “socialista” que esta previsión impone a la sociedad, se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega el derecho político a participar.

  1. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la producción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión social del excedente.

La LOPP, a estos efectos, define como “sistema económico comunal” el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”(art. 8.13).

  1. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
  1. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
  1. Ejercer la contraloría social.
  1. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR

 

La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Políticas Públicas, la Economía comunal, la Contraloría social, la Ordenación y gestión del territorio y la Justicia comunal.

  1. Planificación de políticas públicas

La planificación de políticas públicas en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”

De esta previsión, llama la atención la distinción entre los órganos del Estado Constitucional que se denominan como “institucionalidad pública” y las instancias del Poder Popular, lo que confirma la intención de la ley de establecer un Estado paralelo, el Estado Comunal, para vaciar de contenido y ahogar en definitiva al Estado Constitucional.

Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas” (art. 8.11); y en cuanto al “Presupuesto participativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general” (art. 8.12).

  1. Economía comunal

 

La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.”

Este ámbito de actuación del Poder Publico se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, en cual se define en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal” (art. 4.13)

  1. Contraloría social

 

En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado  que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.

 Este ámbito de actuación  del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social, donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales” (art. 2)

  1. Ordenación y gestión del territorio

 

La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”

  1. Justicia comunal

 

En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario.

El artículo 22 de la LOPP, remite a una ley especial la regulación de la jurisdicción especial comunal, la cual debe establecer la organización, el funcionamiento, los procedimientos y normas de la justicia comunal, así como su jurisdicción especial. La Ley Orgánica de las Comunas es algo más explícita al señalar que “la ley respectiva establecerá la naturaleza, los procedimientos legales, las normas y condiciones para la creación de una jurisdicción especial comunal, donde se prevea su organización y funcionamiento, así como las instancias con competencia para conocer y decidir en el ámbito comunal, donde los jueces o juezas comunales serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta de los y las habitantes del ámbito Comunal mayores de quince años”(art. 57).

La actuación de esta jurisdicción comunal conforme se exige en el artículo 22 de la LOPP, “estará enmarcada dentro de los principios de justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos por reposiciones inútiles.”

Esta misma definición se encuentra en el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Comunas.

Con estas previsiones se termina de vaciar a los Municipios de una competencia constitucional que tienen asignada (art. 178.7), que se intentó realizar con la rechazada reforma constitucional de 2007, y que corresponde ser ejercida por jueces de paz que conforme al artículo 258 de la constitución deben ser elegidos por votación universal, directa y secreta.

  1. LAS RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR

Como hemos señalado, el Estado Comunal que se establece en la LOPP, cuyas manifestaciones ejercen el Poder Popular, se ha establecido como un “Estado paralelo” al Estado Constitucional cuyos órganos electos por votación popular directa universal y secreta ejercen el Poder Público.

Se trata de dos Estados establecidos en paralelo, uno en la Constitución y otro en una ley inconstitucional, pero con previsiones en la ley que de llegar a ser aplicadas, permitirán al Estado Comunal ahogar y secar al Estado Constitucional.

A tal efecto, en la LOPP se establecen unas previsiones para regular las relaciones entre el Estado o el Poder Público y el Poder Popular, que en general se dispone que “se rigen por los principios de igualdad, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en el marco del sistema federal descentralizado consagrados en la Constitución de la República” (art. 26), y que son las siguientes:

En primer lugar, se establece como obligación legal para los órganos, entes e instancias del Poder Público el promover, apoyar y acompañar las iniciativas populares para la constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas organizativas y de autogobierno del pueblo (art. 23).

En particular, incluso, la Ley Orgánica de Comunas dispone que “los órganos integrantes del Poder Ciudadano apoyarán a los consejos de contraloría comunal a los fines de contribuir con el cumplimiento de sus funciones” (art. 48).

En segundo lugar, se sujeta a todos los órganos del Estado Constitucional que ejercen el Poder Público, a los mandatos de las organizaciones del Poder Popular, al instaurarse un nuevo principio de gobierno, consistente en “gobernar obedeciendo.” El artículo 24 de la LOPP en efecto dispone:

Artículo 24. Actuaciones de los órganos y entes del Poder Público. Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones del Poder Popular, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes.

Como las organizaciones del Poder Popular no tienen autonomía política pues sus “voceros” no son electos democráticamente mediante sufragio universal, directo y secreto, sino designados por asambleas de ciudadanos controladas e intervenidas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional que controla y guía todo el proceso organizativo del Estado Comunal, en el ámbito exclusivo de la ideología socialista, sin que tenga cabida vocero alguno que no sea socialista, en definitiva esto de “gobernar obedeciendo” es una limitación a la autonomía política de los órganos del Estado Constitucional electos, como la Asamblea nacional, los Gobernadores y Consejos legislativos de los Estados y los Alcaldes y Concejos Municipales, a quienes se le impone en definitiva la obligación de obedecer lo que disponga el Ejecutivo Nacional y el partido oficial enmarcado en el ámbito exclusivo del socialismo como doctrina política.

La voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitucional, por tanto, no tiene valor alguno, y al pueblo se le confisca su soberanía trasladándola de hecho a unas asambleas que no lo representan.

En tercer lugar, en particular, se establece la obligación para el Poder Ejecutivo Nacional, para que “conforme a las iniciativas de desarrollo y consolidación originadas desde el Poder Popular,” planifique, articule y coordine “acciones conjuntas con las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, las comunas y los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, con la finalidad de mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regional, local, comunal y comunitaria”(art. 25).

En cuarto lugar, se establece la obligación para los órganos y entes del Poder Público en sus relaciones con el Poder Popular, de dar “preferencia a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, en atención a los requerimientos que las mismas formulen para la satisfacción de sus necesidades y el ejercicio de sus derechos, en los términos y lapsos que establece la ley” (art. 29).

 Igualmente se prevé que los órganos, entes e instancias del Poder Público, en sus diferentes niveles político-territoriales, deben adoptar “medidas para que las organizaciones socio-productivas de propiedad social comunal, gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras” (art. 30).

En particular, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de las Comunas, se dispone que “todos los órganos y entes del Poder Público comprometidos con el financiamiento de proyectos de las comunas y sus sistemas de agregación, priorizarán aquéllos que impulsen la atención a las comunidades de menor desarrollo relativo, a fin de garantizar el desarrollo territorial equilibrado.

En quinto lugar, se establece la obligación para la República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que rige el proceso de transferencia y descentralización de competencias y atribuciones, la obligación de trasferir “a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas surjan; funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras atribuidos a aquéllos por la Constitución de la República, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo” (art. 27).

Con ello, se dispone legalmente el vaciamiento de competencias de los Estados y Municipios, de manera que queden como estructuras vacías, con gobiernos representativos electos por el pueblo pero que no tienen materias sobre las cuales gobernar.

En sexto lugar, se establece que las instancias y organizaciones de base del Poder Popular contempladas en la LOPP, están exentas de todo tipo de pagos de tributos nacionales y derechos de registro, a cuyo efecto, se podrá establecer mediante leyes y ordenanzas de los estados y municipios, respectivamente, las exenciones aquí previstas para las instancias y organizaciones de base del Poder Popular (art. 31).

VII- APRECIACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA EN SU INFORME DE GESTIÓN 2012

Esta advertencia está contenida en el Informe de Gestión 2012 de la Contraloría General de la República, documento al que se puede acceder en la página web del organismo.

“Admite que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado“.

Asimismo, reseñó que “….con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social”.

Igualmente, la Contraloría concluyó que  “…..el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero”.

A continuación el texto publicado por el medio:

“Se determinó que a los consejos comunales objeto de examen, el Estado les otorgó recursos para el desarrollo de diversos proyectos. No obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control por parte de los órganos del Estado, así como de los representantes de los consejos comunales”.

La Contraloría admite en el documento que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado, consignan facturas ilegibles, hacen compras que no están vinculadas con los proyectos aprobados por las asambleas de ciudadanos y no dejan constancia de haber recibido los materiales supuestamente adquiridos, entre otras irregularidades.

En el documento se indica, incluso, que con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social.

La Contraloría concluyó que el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero.

El órgano encargado de velar por el uso transparente del erario público llegó a este hallazgo luego de evaluar los procesos administrativos y financieros de cuatro consejos comunales, y de auditar la operación de cinco bancos comunales a los que les otorgaron recursos.

La muestra de cuatro consejos comunales tomada para el estudio constituye el 0,009% del total de organizaciones comunitarias que existen en Venezuela, y que, según cifras aportadas en febrero por la ministra de Comunas, Isis Ochoa, suman 43.600. Esto quiere decir que hay 43.596 consejos comunales que no fueron auditados por la Contraloría.

Tarjetas telefónicas y taxis. La organización comunitaria Jesucristo Mi Buen Compañero, del estado Carabobo, recibió 2,01 millones de bolívares en junio de 2008 para la construcción de 30 viviendas bajo la modalidad de autogestión.

“De la revisión efectuada se constató que 74 facturas, por un total de 48.384,38 bolívares, son ilegibles; hay 7.672,84 bolívares en gastos no vinculados con el desarrollo del proyecto por concepto de alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y medicinas, y 5.002,50 bolívares por concepto de traslados en taxi que no indican el nombre y cédula de identidad del beneficiario, así como el destino y actividades a realizar”, indica la Contraloría en cuanto a la auditoría de gastos de esa organización comunal.

En cuanto a los 120.000 bolívares otorgados al consejo comunal Eucaliptos Palo Alto, del estado Miranda, para la construcción de 300 metros de torrenteras con sus respectivas tuberías de aguas servidas, se advierte que fueron presentados soportes de gastos de 96,36% de los recursos entregados, que la síntesis del proyecto no cuenta con la firma de la asamblea de ciudadanos ni con el sello de la organización comunal.

Otro proyecto que no fue aprobado por la asamblea de ciudadanos fue el de impermeabilización de las azoteas de la zona F del 23 de Enero, para el cual se celebraron 10 contratos pero se tomaron 3, por 2.638.665,36 bolívares, para la auditoría.

Con respecto a lo ocurrido en el Centro Comunal Socialista Textileros y Afines, en el que se verificó la compra de una camioneta Cheyenne, marca Chevrolet, a nombre de una de las integrantes de dicha organización y no del consejo comunal, la Contraloría fue contundente: “Se deduce la falta de transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficiencia, responsabilidad social en lo que respecta a la transacción realizada para la adquisición del mencionado vehículo por parte del consejo comunal”.

Capacitación. Ante la imposibilidad de constatar si las comunidades organizadas han hecho uso transparente de los recursos públicos que se les entregan, la Contraloría advirtió la necesidad de capacitar a los ciudadanos en materia de rendición de cuentas. En total, 30.391 voceros de consejos comunales fueron capacitados en 2012 en esta materia.

Bancos comunales no recuperan los recursos

Entre 2007 y 2008 el Fondo de Desarrollo Microfinanciero otorgó a 5 bancos comunales 1,5 millones de bolívares clasificados como recursos retornables, de los cuales había recuperado hasta noviembre de 2011 un total de 36.740 bolívares, es decir, 2,45% de los recursos prestados, indica la Contraloría General de la República en su Informe de Gestión 2012.

“Queda un monto pendiente por recuperar de 1,46 millones de bolívares (97,55%), lo cual afecta la capacidad del sistema microfinanciero para atender la economía popular y alternativa a objeto de procurar su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social del país, debido a que los controles internos implementados por el fondo son débiles y no garantizan la recuperación de los recursos”, se indica en el documento.

El informe señala que estos bancos otorgaron 193 créditos, de los cuales 81 fueron para atender proyectos comunitarios. “Sin embargo, los expedientes carecen de suficiente información que permita establecer el uso y destino de los recursos”, se indica.

104 de los 112 créditos personales que fueron otorgados por 5 bancos comunales fueron otorgados sin que quedara constancia del destino que se les daría a dichos recursos.

CONCLUSIONES

Con esta Ley Orgánica marco del Poder Popular, no cabe duda de la decisión política adoptada en diciembre de 2010 por la completamente deslegitimada Asamblea Nacional que había sido electa en 2005, pues ya no representaba a la mayoría de la voluntad popular que se expresó el 26  de septiembre de 2010 en contra del Presidente de la República, de la propia Asamblea Nacional y de la política socialista que han adelantado; en imponerle a los venezolanos en contra de la voluntad popular y en fraude a la Constitución, un modelo de Estado Socialista, denominado “Estado Comunal,” basado en el ejercicio del Poder Popular por el pueblo, como supuesta forma de ejercicio de la soberanía en forma directa (lo que no es cierto pues se ejerce mediante “voceros” que lo “representan” y que no son electos en votaciones universales, directas y secretas); modelo de Estado Socialista establecido en forma paralela al Estado Constitucional (el Estado federal descentralizado, democrático y social, de derecho, y de justicia previsto en la Constitución de 1999) establecido para el ejercicio del Poder Público por el pueblo tanto en forma indirecta mediante representantes electos en votaciones universales, directas y secretas, como en forma directa mediante los mecanismos autorizados en la Constitución, donde se incluye a las Asambleas de Ciudadanos.

 Esta regulación, en paralelo, de dos Estados y dos formas de ejercicio de la soberanía, uno, el Estado Constitucional regulado en la Constitución y el otro, el Estado  Comunal o Estado Socialista regulado en leyes orgánicas inconstitucionales, se ha dispuesto en forma tal que el segundo irá actuando como

“estranguladora,” rodeando al primero hasta formar un tronco hueco, destruyéndolo. En esta forma, al fraude a la Constitución, que ha sido la técnica constantemente aplicada por el gobierno autoritario en Venezuela desde 1999 para imponer sus decisiones a los venezolanos al margen de la Constitución,

se suma ahora el fraude a la voluntad popular, al imponerle a los venezolanos mediante leyes orgánicas, un modelo de Estado por el cual nadie ha votado y que cambia radical e inconstitucionalmente el texto de la Constitución de

1999, que no ha sido reformado conforme a sus previsiones, en abierta contradicción al rechazo popular mayoritario que se expresó en diciembre de 2007 a la reforma constitucional que se intentó realizar incluso violando la propia Constitución, y al rechazo popular mayoritario del pueblo expresado respecto de la política del Presidente de la República y de su Asamblea Nacional con ocasión de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010.

 

 

BIBLIOGRAFIA

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– Allan R. Brewer-Carías, La reforma constitucional de 2007 (Comentarios al Proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007), Colección Textos Legislativos, No.43, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.

-Allan R. Brewer-Carías, “La proyectada reforma constitucional de 2007, rechazada por el poder constituyente originario”, en Anuario de Derecho Público 2007, Año 1, Instituto de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas 2008, pp. 17-65

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POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA

1.- ¿Cuál es el problema de la Salud Pública en América Latina?

América Latina conforma la región del mundo que presenta la mayor inequidad social y graves desigualdades en las condiciones de salud y de acceso a los servicios de salud pública, así mismo, la creciente disparidad de condiciones de vida y de salud, entre los grupos sociales y las regiones geográficas que integran a los países latinoamericanos han impulsado una mayor preocupación por las desigualdades en salud y las inequidades, considerándolas entre las emergencias que comprometen el futuro de la humanidad.

 

Es por ello que una vez analizada las principales dificultades de la salud pública en América Latina, se ha identificado que entre los principales problemas que presenta la atención sanitaria en la latinoamericana se destaca la precariedad institucional de la salud pública y a la falta de equidad y eficiencia del sistema de salud pública existentes en los países latinoamericanos, lo que a su vez enmarca en un limitado acceso a los servicios de salud de forma mayoritaria, identificado como el principal problema que afecta a la mayoría de los países latinoamericanos entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,  Venezuela, Paraguay, y Perú, todo ello asociado a su vez a las limitaciones presupuestarias, tecnológicas y de infraestructura a la red institucional de los servicios de salud pública en América Latina.  La limitada cobertura de los servicios de salud pública forma parte de las manifestaciones de la falta de equidad, así como las condiciones económicas existentes (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida etc.). 

 

El hecho de que grandes sectores de la población de la mayoría de los países de América Latina sigan sin tener un acceso real a los servicios de salud y que este déficit de cobertura se produzca en medio de una restricción considerables de los recursos disponibles para el sector, presenta un gran desafío para la capacidad de organización y gestión de los sistemas nacionales de salud.

 

 

2.- ¿Cuales son las Potencialidades de las Políticas de Salud Pública en América Latina: (Recursos disponibles, Condiciones de su Infraestructura etc.)?

          En cuanto a las políticas y programas de salud pública acentuadas como avance en los países Latinoamericanos enfrentan hoy día procesos de cambios y transformación, experimentando importantes reformas dirigida a elevar la gobernabilidad de los mismos y lograr la eficiencia, eficacia y efectividad de su funcionamiento, es por ello que los gobiernos de la Región de las Américas establecen conjuntamente la Agenda de Salud para las Américas suscrita el 03 de junio de 2007, para orientar la acción colectiva en contribuir a mejorar la salud de los pueblos de esta Región, agenda que conlleva a potenciar un plan de acción orientado a dar una efectiva respuesta a las necesidades de salud de nuestras poblaciones y refleja el compromiso de cada uno de los países para trabajar en conjunto, con una perspectiva regional y con solidaridad en favor del desarrollo de la salud en la Región.  Desde el punto de vista de las potencialidades, en cuanto a la capacidad y posibilidades que dentro del marco de acción de las políticas públicas vislumbren cambios que den respuestas efectivas a las necesidades de salud pública, identificando entre estas potencialidades en el ámbito de las políticas de salud públicas las siguientes:

 

  • La participación de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de las políticas públicas de salud y en la evaluación de sus resultados.
  • El marco legal y normativo del sistema de salud existente.
  • El nivel de desarrollo económico y el grado de industrialización presentan una influencia considerable en los sistemas de salud.
  • La fuerza de trabajo en salud pública, incluye la fuerza trabajadora cuya responsabilidad primaria es la provisión de los servicios de salud colectiva.

 

  • Integración de los diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud. Instituciones específicas abarcan uno o varios de estos tipos de participantes directos (por ejemplo, una institución del sistema de seguridad social que asegura y además proporciona atención de salud). La población participa no solo como destinataria de los servicios producidos sino también como contribuyente directo o indirecto y usuario de atención de salud.
  • Los sistemas de información en el sistema de salud pública.
  • La tecnología en la salud pública, recursos físicos y tecnológicos.

 

3.- Propuestas orientadas al mejoramiento de las Políticas de Salud Pública en América Latina:

3.1- Antecedentes, reformas, generación de reformas.

A partir de los años ochenta se han iniciado procesos de reforma del sector salud en casi todos los países latinoamericanos, que tienden a favorecer la participación del sector privado en la gestión del financiamiento público y la provisión de servicios, con la consiguiente reducción de los servicios públicos prestados por el Estado.  Como resultado de esta tendencia, durante las últimas décadas, en varios países se han creado administradoras de fondos y redes de proveedores privados para la atención de los más pobres. Sin embargo, este proceso se desarrolló bajo el convencimiento de que era necesario fortalecer la capacidad reguladora de los estados, para garantizar la provisión universal de un paquete de prestaciones a toda la población. Otro aspecto común a las reformas en los distintos países fue la descentralización de los establecimientos públicos, la separación del financiamiento y la provisión pública, la introducción de contratos entre sector público y privado y el impulso a la participación social. Igualmente observamos al analizar los cambios legislativos recientes en materia de salud se advierte que los gobiernos han asignado prioridad a la reposición del papel del Estado, como prestador y regulador, en la descentralización de la gestión de los servicios, la promoción del sector privado y el control de la escalada de costos. Por ejemplo en Venezuela, los cambios legislativos han tomado dos direcciones: el desarrollo de la estrategia de promoción de la calidad de vida y la salud, y la puesta en práctica de la Misión Barrio Adentro, que contempla la creación de 600 clínicas populares, 8.000 consultorios populares, 600 centros de diagnóstico integral, 600 centros de rehabilitación integral, 35 centros de alta tecnología, todos ellos programados y en construcción.

 

La necesidad de enfrentar los problemas de exclusión social e inequidad en salud exige implementar políticas e instrumentos para avanzar hacia la universalización de las coberturas de servicios de salud. Asimismo el constante aumento de los costos, que conlleva el avance tecnológico, el crecimiento de la demanda y de los requerimientos financieros, implica que las mejoras de eficacia y contención de costos sean puntos centrales en la definición de políticas de salud, que a su vez incluya la compensación de brechas entre regiones y entre grupos socioeconómicos. Las reformas del sector de salud deben contemplarse como algo más que un simple proceso tecnocrático o de gestión. Forman parte de una transformación política que comporta debates, con una amplia participación de diversos actores sobre las estrategias más adecuadas para avanzar. En algunos casos, la reforma sanitaria forma parte de un proceso de democratización que está

cambiando el papel que desempeña el gobierno y el sector público en muchos países. Estos procesos, en muchos casos, van acompañados por cambios en la relación de las instituciones y los profesionales de la salud con sus usuarios.

 

3.2- Propuestas de Acción para la implementación de Políticas efectivas en el Sistema de Salud Pública en América Latina.

 

 

Las propuestas en el nivel macro comprenden la decisión sobre los recursos óptimos para salud, la configuración de sistemas globales de salud, los mecanismos de transferencia de recursos y los papeles que les corresponde desarrollar al Estado, propuestas estas que señalamos en función a su nivel de la manera siguiente:

 

  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes.
  • Fortalecer y avanzar hacia la universalización de las coberturas, implementándose mecanismos de ajuste de riesgos, para hacer frente a los problemas de exclusión social e inequidad en salud. o Definir paquetes básicos de garantías explícitas o planes mínimos obligatorios de prestaciones, como una forma de avanzar hacia sistemas integrados de salud que sean capaces de proveer de cobertura oportuna y de calidad a toda la población, de manera independiente a su riesgo e ingreso.
  • Avanzar en una mayor supervisión de los sistemas de salud, estableciendo un marco regulatorio que promueva la equidad y la eficiencia.
  • Focalizar los esfuerzos de cobertura y equidad en los grupos más vulnerables y expuestos a mayores riesgos, ello es necesario particularmente en los países cuyo esfuerzo interno actual es insuficiente o en aquellos cuyo nivel absoluto de gasto es muy bajo.
  • Propender a la configuración de sistemas de salud que definan los ámbitos y establezcan las formas de coordinación entre los distintos sub-sectores con mecanismos de suspensión adecuados.

 

  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • El Estado ha de seguir siendo hegemónico en los aspectos normativos, de política, seguimiento y control. Deberá mantener un papel central en las medidas redistributivas para generar mayor cobertura y equidad y en las acciones destinadas a mejorar la capacidad de negociación de las personas y comunidades frente a los proveedores de salud.

 

Las propuestas en el nivel micro corresponden a acciones y mecanismos  que inciden en el rendimiento y eficiencia productiva de los sistemas de salud, a la vez que afectan directa e indirectamente la cobertura y la equidad.

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género, adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos.
  • implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud. Existe consenso respecto a que las estructuras de los sistemas de salud deberán ser descentralizadas y desconcentradas.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos. Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones y profesionales de la salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.

 

4.- Soluciones que plantea el Equipo de Trabajo.

Se sostiene que  para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio relacionados con el sistema de salud pública de los países de América Latina deben seguir un proceso el cual debe estructurar un esquema efectivo que analice la problemática, el  panorama de la situación y tendencias de la salud pública y sus determinantes, ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias para reducir las desigualdades existentes entre los países y las inequidades al interior de ellos. Estas estrategias deben permitir seguir avanzando en la protección social de la población, mediante sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria de salud y políticas públicas saludables construidas con la participación de la comunidad y conducidas por autoridades sanitarias sólidas y respetadas. Las soluciones basadas en los fines y medios para alcanzar la efectividad de las políticas de salud pública en América Latina se presentan en relación al problema planteado de la manera siguiente:

 

  • Acceso equitativo a los servicios de salud; desarrollo y capacitación de recursos humanos, orientados a la búsqueda de la equidad, las intervenciones para mejorar la salud tienen que priorizar a los más pobres, a los marginados y a los vulnerables. Los pueblos indígenas y las comunidades tribales deben ser priorizados.
  • Reducir las inequidades en materia de salud, incluidas aquellas vinculadas a la pobreza, la marginación, el género, la raza o etnia y la edad; avanzar en materia de protección social en salud; extender la cobertura de las intervenciones más críticas; aumentar los niveles de gasto público corriente y de inversión del sector y la calidad de la asignación de recursos sectoriales.
  • Reorientar los servicios de atención de la salud sobre la base de una nueva estrategia de atención primaria, que promueva la participación activa de todos los usuarios del sistema, fortalecer la infraestructura en salud pública y avanzar en la formulación y puesta en práctica de políticas y medidas intersectoriales.
  • Maximizar la eficiencia productiva de acuerdo a los perfiles demográficos, condición socioeconómica y los riesgos específicos de la población, procurando emplear en cada caso los recursos de mayor efectividad según su costo. De aquí se derivan programas de atención para riesgos específicos, edades y género. Adoptando acciones de salud de distinta complejidad tecnológica que optimice la efectividad para una disponibilidad dada de recursos. Asimismo, implementar centros de atención y desarrollo de las prácticas propias de la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud. (Estudios complementarios de medicina indígena, estudios de epidemiología intercultural y diagnósticos participativos de salud en las comunidades entre otros).

 

  • Incrementar la cobertura de la atención y definir estrategias de atención de las necesidades de salud, según nivel de complejidad (primaria, secundaria, terciaria) y según acciones preventivas y curativas
  • Los países de América Latina deben promover un aseguramiento público masivo en materia de salud, como parte de las reformas en sus sistemas generales de seguridad social  y en  los modelos de atención integral en materia de salud.
  • Definir los recursos óptimos para salud en cada país, aumentando en la mayoría de ellos la asignación de recursos para salud como porcentaje del PIB y en dólares per cápita, de modo de aumentar la cobertura y reducir las desigualdades existentes, así como las limitaciones presupuestarias.
  • Establecer mecanismos para la transferencia de recursos, con el objeto de inducir aumentos en su movilización y asignación eficiente.
  • Perfeccionar el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
  • Establecer mecanismos adecuados de coordinación entre niveles de complejidad y entre establecimientos y sub-sectores de salud, con el fin de lograr una atención de calidad y un mínimo de pérdida de recursos.
  • Introducir mejoras en la organización de la producción y calidad de las prestaciones de salud que tengan en cuenta la transformación de las relaciones entre usuarios e instituciones.
  • Definir una política de desarrollo tecnológico, lo cual significa establecer el nivel tecnológico objetivo para el sector salud y especialmente, para la producción estatal de salud; fijar los sectores de punta; incorporar los avances tecnológicos acordes con disponibilidades propias de factores productivos y las condiciones socioeconómicas de las personas y comunidades.
  • Establecer sistemas que permitan discriminar las prioridades de atención requeridas dada la naturaleza de la morbilidad y su severidad, dotando a los establecimientos de capacidad resolutiva y adecuados sistemas de derivación y seguimiento de los pacientes.

 

  • Mejorar el desempeño profesional mediante la adopción de normas y actividades de educación permanente.
  • Impulsar la descentralización de los sistemas de salud y el desarrollo de la capacidad gerencial y de liderazgo en administración de salud.
  • Dotar de mayor flexibilidad interna y autonomía a los sistemas de salud, para efectuar con dinamismo los cambios de organización, métodos y formas productivas necesarias para una mayor efectividad y eficiencia.
  • Contar con capacidad de gestión gerencial en todos los niveles de las organizaciones y liderazgo en administración de salud.
  • Aumentar la eficiencia, la organización y la supervisión de los sistemas de salud por medio de la separación de las funciones de salud de financiamiento y provisión de servicios; la constitución de un ente supervisor que vigile los subsectores: público, privado y de la seguridad social.
  • Estas propuestas señalan cursos de acción para optimizar el bienestar en salud de las personas y comunidades, es decir, aumentar la calidad de las atenciones y reducir los costos, mejorar tanto la cobertura como reducir las disparidades, y aumentar la eficiencia productiva y global de los sistemas de salud de la región.

 

En este orden las políticas de Salud en América Latina deben asegurar entre otras:

 

  • Garantía de acceso, conforme a la cual todos los individuos deberán recibir atención y formar parte de una red de salud.
  • Garantía de oportunidad, para todos los extractos de las clases sociales.

 

  • Garantía de calidad, que establece que las prestaciones seguirán patrones de exigencia técnica preestablecidos y construidos a partir de pruebas de evidencia médica.
  • Avances tecnológicos y adecuada dotación de los recursos que permitan la prestación de un servicio de salud pública eficiente.

6.-  Matriz FODA “POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA  EN AMÉRICA LATINA”

Fortaleza

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

-Los Avances obtenidos en el área de investigación

 

-Recursos presupuestarios para dotar de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura a la red institucional de servicios públicos de salud.

 

-Profesionales en el área de Salud de elevada calidad.

-Cambios normativos en relación con la salud

-Las reformas de los sistemas de salud.

-Los programas de salud puestos en marcha.

-Reducciones de las tasas de fecundidad y mortalidad

-Los sistemas de salud que  incluyen diferentes participantes directos, como el Estado, los organismos financieros, los aseguradores y los proveedores de atención de salud.

-La inequidad en la atención de la salud.

-Condiciones económicas de la población (pobreza, desigualdad, baja calidad de vida y exclusión social).

-Ineficiencia en los servicios de salud.

-El insuficiente seguimiento, evaluación y reorientación de los servicios  de salud

-Baja calidad y la ineficiencia de los servicios.

-La brecha entre la cobertura pública de salud  urbana y rural

 

-La falta de articulación entre las lógicas que rigen los sectores privado y público de salud.

-Inaccesibilidad de los servicios de salud debido a la escasez de medios de transporte y de comunicación  en algunas zonas.

-La intensificación de movimientos migratorios y a la demanda de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas  de la región.

-La insuficiente capacidad de gestión, tanto de las entidades territoriales responsables como de las redes de prestación de servicios de salud.

-Las deficiencias en los procesos de vigilancia y control.

 

-Los retrasos sistemáticos en el flujo de recursos, lo que genera condiciones de insostenibilidad en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud.

-Capacidad de los gobiernos para responder a los problemas de salud de su población.

-Transformaciones del perfil epidemiológico y demográfico.

-Exposición desigual a los riesgos de salud en los diversos grupos poblacionales.

-El limitado acceso a los servicios de salud.

 

ABOGADO: Ana Beatriz Arriba

RECURSOS LEGALES SOBRE EL CONTROL JURISDICCIONAL

RECURSOS LEGALES SOBRE EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS POTESTADES DISCRECIONALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. Autor: Ana Beatríz Arriba Rodríguez

DEDICATORIA

 

 

Este logro lo dedico a Dios todopoderoso, creador y dador de vida, quien me ha llevado de la mano en busca de las metas alcanzadas.

A mi Esposo por todo el apoyo incondicional que me ha brindado en todo el camino, para poder llegar a donde he soñado. Quien me ha motivado a seguir adelante y con quien he crecido como persona.

A mi Hijo, inspiración perenne en mi vida personal y profesional.

A mis Padres, por haberme conducido por el camino recto a seguir en la vida.

A mis Amigos, fuente inagotable de apoyo y cariño.

 

 

 

 

LOS QUIERO…

AGRADECIMIENTO

 

 

A mi tutora Prof. Zulay Guillén Borrego, por su gran ayuda y aliento cuando las cosas parecían oscuras.

A mis Compañeros de Estudio, por el apoyo brindado durante el devenir de 

A todo el personal docente de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, que me brindó sus enseñanzas y conocimientos.

 

 

 

 

 

 

 

A TODOS GRACIAS…

ÍNDICE GENERAL

 

 

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN

 

INTRODUCCIÓN

 

CAPÍTULO I

         EL PROBLEMA

                 Planteamiento del Problema

                 Objetivos de la Investigación

                         Objetivo General

                         Objetivos Específicos

                 Justificación de la Investigación

                 Delimitación de la Investigación

                

CAPÍTULO II

         MARCO TEÓRICO

                 Unas palabras sobre los antecedentes del Derecho

                 Legitimidad de la Discrecionalidad Administrativa

                         La potestad reglada y la potestad discrecional

                         Concepto de discrecionalidad administrativa

                         Elementos   sobre   los  cuales  recae  el  alcance  de  la

                               discrecionalidad administrativa

                         Limitaciones sobre la potestad discrecional

                 Tipos   de  controles   existentes  para  impedir  los   excesos 

                         funcionariales y órganos de la jurisdicción administrativa

                         Revisión de Oficio

                         Recurso de reconsideración

                         Recurso jerárquico

                         Utilización   del   recurso   de  reconsideración y  recurso 

                           jerárquico

                         Recurso de Revisión

                         Recursos de amparo constitucional

                  Los recursos contenciosos

                         El contencioso administrativo, su constitucionalidad    

                         Características     de      la     jurisdicción      contencioso

                               administrativa

                         La justicia constitucional y la justicia administrativa          

                         El juez contencioso administrativo como juez de amparo

                               constitucional

                  Recurso de abstención o carencia

                        Supuestos tradicionales

                        Establecido en una norma de rango legal 

                        Derivada de la administración

 

CAPÍTULO III

         MARCO METODOLÓGICO

                 Tipo de Investigación

                 Técnicas de recolección de la información

                 Método de análisis e interpretación de la información

                 Procedimiento de la Investigación

                 

CAPÍTULO IV

         ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INVESTIGACIÓN

                

CAPÍTULO V

         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

                 Conclusiones

                 Recomendaciones

                

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

 

 

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ÍNDICE GENERAL

 

 

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN

 

INTRODUCCIÓN

 

CAPÍTULO I

         EL PROBLEMA

                 Planteamiento del Problema

                 Objetivos de la Investigación

                         Objetivo General

                         Objetivos Específicos

                 Justificación de la Investigación

                 Delimitación de la Investigación

                

CAPÍTULO II

         MARCO TEÓRICO

                 Unas palabras sobre los antecedentes del Derecho

                 Legitimidad de la Discrecionalidad Administrativa

                         La potestad reglada y la potestad discrecional

                         Concepto de discrecionalidad administrativa

                         Elementos   sobre   los  cuales  recae  el  alcance  de  la

                               discrecionalidad administrativa

                         Limitaciones sobre la potestad discrecional

                 Tipos   de  controles   existentes  para  impedir  los   excesos 

                         funcionariales y órganos de la jurisdicción administrativa

                         Revisión de Oficio

                         Recurso de reconsideración

                         Recurso jerárquico

                         Utilización   del   recurso   de  reconsideración y  recurso 

                           jerárquico

                         Recurso de Revisión

                         Recursos de amparo constitucional

                  Los recursos contenciosos

                         El contencioso administrativo, su constitucionalidad    

                         Características     de      la     jurisdicción      contencioso

                               administrativa

                         La justicia constitucional y la justicia administrativa          

                         El juez contencioso administrativo como juez de amparo

                               constitucional

                  Recurso de abstención o carencia

                        Supuestos tradicionales

                        Establecido en una norma de rango legal 

                        Derivada de la administración

 

CAPÍTULO III

         MARCO METODOLÓGICO

                 Tipo de Investigación

                 Técnicas de recolección de la información

                 Método de análisis e interpretación de la información

                 Procedimiento de la Investigación

                 

CAPÍTULO IV

         ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INVESTIGACIÓN

                

CAPÍTULO V

         CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

                 Conclusiones

                 Recomendaciones

                

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

 

 

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO

 

 

RECURSOS LEGALES SOBRE EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS POTESTADES DISCRECIONALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

 

AUTORA: Ana Beatríz Arriba Rodríguez

                                                       TUTORA: Prof. Zulay Guillén Borrego

                                                        COORD. DE L.I. Prof. Nelson Dolande

                                                           FECHA: Julio de 2008

 

RESUMEN

 

Esta investigación fue realizada con el propósito de analizar los recursos que legalmente permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en Venezuela. En el trabajo se hizo referencia a la discrecionalidad de los funcionarios públicos dentro del marco de la ley, a los tipos de controles existentes para impedir los excesos funcionariales y a los órganos de la jurisdicción administrativa, sus procedimientos y los recursos legales que permiten al administrado revertir los abusos en la discrecionalidad funcionarial.  El tipo de investigación fue documental, utilizando como técnica de recolección de información la lectura, el resumen y el fichaje, y como  técnica de análisis el crítico-reflexivo. La investigación se realizó en cinco (5) fases que conllevaron a las conclusiones y recomendaciones. Se concluyó por una parte sobre la existencia de actos fundamentalmente reglados y discrecionales, como producto de potestades también fundamentalmente discrecionales o regladas; y por otra que entre los recursos que permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los administradores para que los administrados no sean vulnerados en sus derechos se encuentran: Recurso de Oficio, Recurso de Reconsideración, Recurso Jerárquico, Recurso de Revisión y Recurso de Amparo Constitucional. Ante esta conclusión se recomienda para futuras ocasiones, ampliar el campo hacia el derecho comparado y los puntos de vista sostenidos en los desaparecidos regímenes socialistas, cuya existencia se prolongó hasta la penúltima década del siglo pasado, en los cuales se llevó la discrecionalidad a niveles de amplitud insospechada.

 

Descriptores: Discrecionalidad Administrativa, Recursos Contenciosos.

INTRODUCCIÓN

 

La discrecionalidad administrativas constituye un problema de especial relevancia para la filosofía del derecho ya que eleva cuestiones de diversa índole, de profundidad y fundamentales. Entre ellas se pueden mencionar cuestiones como: si se acepta que en los casos difíciles no se tiene más opción que resignarse a que sea el juez quien bajo criterios subjetivos decida cuál es la aplicación del derecho. En este sentido, el análisis de la cuestión sobre el poder discrecional en el ámbito del sector público requiere las precisiones referidas al particular contexto jurídico y político en el cual se desempeñan los gobernantes, funcionarios y otros agentes públicos. No para justificar o disminuir la gravedad de las desviaciones poniendo las culpas en el contexto, ni tampoco para sostener que existen causas o factores espontáneos que por sí mismos favorecen o permiten actos ilícitos en el dominio de lo público. Un diagnóstico certero requiere conocer los rasgos particulares que pesan en la realidad de la función pública. El Estado asume sus funciones como productor de un orden, del cual también forma parte como un actor privilegiado.

Desde el aparato estatal se hace el diseño y se definen las reglas que autoregulan y sostienen a las oficinas públicas. Por ejemplo, se fijan impuestos que, entre otros objetivos, sirven a la financiación del mismo aparato estatal. Si bien las unidades de gestión pública deben rendir cuentas de sus actos y operan en un marco jurídico establecido, el poder discrecional de los funcionarios públicos tiene que ver con esta situación de fijar normas y ser parte de las relaciones así reguladas. Esto es un rasgo que pesa a la hora de tomar decisiones.

Por otra parte, pareciera, que fuese necesaria la autoridad de los funcionarios para postergar los intereses individuales frente a la ley y las necesidades de orden público. Esta es una fuente de asimetría importante a la hora de evaluar las decisiones de los agentes públicos, en cuanto disponen de recursos que no tienen los actores sociales en las relaciones privadas y aunque no da derechos a los funcionarios, sino por el contrario, les crea responsabilidades, también hace sensible el sistema a los intereses particulares de los agentes públicos.

El orden instituido que representa y aplica el aparato estatal, incluye recursos y capacidades que están pensados para el servicio a la comunidad y la satisfacción de necesidades que sólo este puede atender. Pero la realidad de la lucha política e ideológica, como también las relaciones de poder en la Administración, hacen que esos recursos y capacidades, se utilicen con cierta frecuencia, en forma arbitraria y sin reparar en el bienestar colectivo o la calidad de vida.

La discrecionalidad con que cuentan los órganos del poder público supone un margen de libertad para la decisión, es decir, que la decisión pública no se rige por una fórmula estática, ni sigue rutinas que se puedan enseñar y replicar en forma programada, como si fuera una técnica. En situaciones concretas, el funcionario debe ejercer su apreciación de la realidad social y superar los prejuicios o intereses políticos que están actuando. Sin embargo, en ciertos casos los funcionarios utilizan en forma abusiva ese poder discrecional que le viene del ejercicio de un cargo público,  y que los convierte en seres indispensables, aprovechan las fisuras del orden público, del perfil autoritario o proteccionista del gobierno.

Por ello, la propuesta de este trabajo radica en darle a los administrados, herramientas que les permitan defenderse ante los órganos jurisdiccionales, a fin de revertir los abusos en que pueden incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de su poder discrecional. Previamente, se analizan los recursos administrativos, que prevé la legislación venezolana y las condiciones en que pueden ejercerse para que surtan los efectos buscados por la normativa jurídica.

En tal sentido, esta investigación se establece en cinco capítulos: En el capitulo I, se presenta el problema, haciendo referencia al planteamiento de la situación que lo caracterizó, a los objetivos tanto general como específicos, a la justificación y delimitación de la investigación.

En el capitulo II, se presenta el Marco Teórico, donde se expone la teoría que sustenta el tema en estudio, la cual se basó en aspectos consagrados por decisiones tomadas por casos inmersos en situaciones legales y que sirvieron de base para definir los aspectos inherentes a la investigación, apoyado en tratamientos que algunos autores del Derecho le conceden. 

En el capitulo III, se indica el Marco Metodológico, estableciendo el camino a seguir para dar cumplimiento al trabajo investigativo, como lo es el diseño y tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis y procedimiento de la investigación.

En el capitulo IV, se presenta el análisis crítico de la información, por tratarse de una investigación netamente documental con apoyo bibliográfico.

En el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones producto del análisis de la información.

Finalmente se incluye la referencia bibliográfica que sirvió de apoyo a la investigación.

 

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

 

Antes del siglo XVIII bajo las monarquías absolutas regía el aforismo bajo lo denominado “Regis Voluntas Suprema Lex”, que significa la voluntad del Rey es la suprema ley. Lares (2001), señala que en las monarquías absolutas los funcionarios representaban al Rey y en nombre de él actuaban y ejercían en consecuencia frente a los particulares un poder ilimitado. En el Estado de Policía como así se llamaba, no existía límite preciso para los agentes de la autoridad, ni formas procedimentales obligatorias para el ejercicio de sus funciones, y ningún derecho era reconocido a los particulares para hacer revocar o rectificar decisiones injustas, ni para obtener reparación de los agravios que pudieran ocasionarle los actos de los agentes del rey.

En los ordenamientos jurídicos subsiguientes, la concepción de Estado de Policía fue sustituida por la idea del Estado de Derecho, todos los actos emanados de los órganos del poder público deben realizarse en completa armonía con las reglas del derecho. Al respecto, Lares (2001), acota que: “El principio de la legalidad impone a las autoridades administrativas la obligación de ceñir sus decisiones a lo que se ha llamado bloque jurídico, es decir, al conjunto de reglas jurídicas preestablecidas”. (p. 165).

Ahora bien, la efectividad del principio de legalidad debe estar garantizada contra posibles violaciones del mismo. Los administrados deberían poder acudir ante los órganos jurisdiccionales para pedir la anulación de los actos ilegales que vulneren sus derechos .Y en este sentido la acción de nulidad es una vía abierta a los administrados para lograr la restitución de sus derechos vulnerados y lograr la sanción de las infracciones del principio de la legalidad.

En este orden de ideas, en el ejercicio de los poderes públicos, el funcionario ejecutor en ocasiones actúa con una finalidad distinta a la prevista por la ley, incurriendo en lo que se denomina desviación de poder, lo cual es una forma de ilegalidad. El funcionario que se aparte de los fines debidos puede perseguir o fines completamente extraños al interés público, como en los casos en que aquél tome una decisión para obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento ilícito, o para causar daño a un adversario o favorecer a un partido, o bien el funcionario procura alcanzar alguna meta relacionada con el interés público, pero distinta a los fines legales específicos del acto, lo que es también ilícito. Por ejemplo, la negativa de un permiso de construcción, fundada en razones aparentemente legales, pero que en realidad se inspira en evitarle mayores gastos al erario público, en vista de una posible expropiación futura, es un acto ilegal por desviación de poder, porque esa consideración es extraña a la ley, aunque en tal forma el autor haya sido impulsado por motivaciones evidentemente de interés público. En estas generalizaciones, Lares (2001), manifiesta que:

 

Cuando se examina el principio de la legalidad se advierten dos tipos de intereses que se hayan en conflicto en el desarrollo de la actividad administrativa, de un lado la necesidad de salvaguardar los derechos de los administrados contra los eventuales abusos de la administración, y del otro, la necesidad de dotar a esta de un margen de libertad de acción. (p. 173).

 

 

En efecto, se debe evitar la arbitrariedad administrativa y para ello es preciso que los administradores estén sujetos a reglas jurídicas; pero por otra parte esta sujeción no debe ser excesiva, hasta el grado de convertir a las autoridades en autómatas, en ejecutores mecánicos de decisiones dictadas anticipadamente por el legislador lo que sería perjudicial para la colectividad, porque la oportunidad de tomar ciertas medidas no puede ser apreciada de antemano y por vía general, sino en el momento preciso de actuar en los casos concretos que vayan ocurriendo, y en contacto con la realidad y también porque una rigurosa sumisión a las normas preestablecidas aniquilaría en los cuadros de la administración el espíritu de iniciativa.

Entre otros medios de asegurar a los administradores un margen de libertad, se ha concebido la teoría de los poderes discrecionales, en los cuales la autoridad administrativa tiene libertad de escoger entre varias soluciones posibles. De hecho, Michou citado en Lares (2001), señala que: “Hay poder discrecional, siempre que una autoridad actúe libremente, sin que su conducta le sea dictada de antemano por una regla del derecho”. (p. 174). Por ejemplo, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene en materia de expulsión de extranjeros, un poder discrecional. Esto significa que en vista de la conducta de un extranjero que se halle en el país, el Jefe del Estado según su libre apreciación, puede decidir si lo expulsa o no.

Ahora bien, hace algunas décadas ante tales actos discrecionales no era admisible ninguna objeción fundada en irregularidad jurídica; tales actos, por la naturaleza particular que se les atribuía, estaban libres de control de legalidad. No eran susceptibles de ser impugnados ante ningún tribunal; gozaban de inmunidad jurisdiccional, por lo que es preciso examinar en el fondo cuándo la administración excede sus poderes y en ejecución de este poder discrecional vulnera los derechos de los ciudadanos.

Hoy día, señala Peña (2004), que aún los actos para los cuales la Administración Pública dispone de un amplio poder discrecional, no escapan al control de la legalidad; estos actos pueden ser ilegales, excederse de sus límites, vulnerar los derechos de los ciudadanos, dejarlos en total estado de indefensión, por lo que es importante conocer las vías que tienen los administrados para que sean declarados nulos por incompetencia del órgano, vicios de forma, inexistencia de los motivos alegados o desviación de poder. Ante esto, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los recursos que permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los administradores para que los administrados no sean vulnerados en sus derechos?.

En otro orden de ideas, se tiene que como parte integrante del concepto de estado de derecho, está el del control del poder. Toda sociedad ha establecido alguna forma de control de la actuación de los órganos que ejercen el poder y aunque formalmente no se lo haga, la propia sociedad desarrolla casi naturalmente algún mecanismo de control de sus gobernantes. En atención a esto, Palacios (2001), señala que “El control es por tanto, la fiscalización de la actividad de los gobernantes, entendiéndose por tales, a cualquier órgano que ejerza potestades de decisión o mando”. (p. 29).

Por otra parte, manifiesta el citado autor, que la doctrina ha sido unánime en clasificar al control en político, judicial y social. El primero de ellos de carácter subjetivo, pues fiscaliza la oportunidad y legitimidad de las actuaciones de los gobernantes, más que la legalidad de sus actos. Este control por lo general, está en manos de la función legislativa. El control judicial, que es un control de la legalidad de las actuaciones de los órganos de poder y que está a cargo del poder judicial, es objetivo, pues se limita a contrastar la norma jurídica con la actuación del funcionario, dejando de lado cualquier elemento subjetivo; y, finalmente, el control social que se ejerce a través de los medios de comunicación, o de mecanismos institucionales como la consulta popular, o la revocatoria del mandato, prevista en el  Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Adicionalmente se habla de otra forma de control, denominada control administrativo financiero, que está a cargo de las denominadas entidades de fiscalización como las Contralorías y las Unidades de Auditoría Interna, donde el control garantiza el equilibrio y evita la arbitrariedad y el abuso al que pueden llegar los funcionarios investidos de poder.

En este orden de ideas, señala Palacios (2001), que la actual doctrina administrativa busca establecer mayores mecanismos de control de las actuaciones públicas, limitando cualquier tipo de sustracción a dicho control. No obstante, esta evolución ha sido permanente en el Derecho Administrativo, como por ejemplo en Francia, país en donde nació el proceso contencioso administrativo, el recurso por exceso de poder, fue extendiéndose de ser un recurso excepcional que controlaba la competencia de los órganos para dictar sus actos, pasando a ser hoy en día recurso ordinario de amplia accesibilidad, abarcando incluso algunos aspectos que estaban fuera del ámbito de control del Consejo de Estado, reduciendo de esta manera las actuaciones que no podían ser objeto del control legal.

Bajo esta perspectiva, es importante acotar que un control oportuno e integral de la Administración Pública, no ha reducido la capacidad de gestión de los funcionarios, ni ha evitado que estos cumplan con sus funciones. Esto se evidencia porque se ha podido notar paulatinamente, que las resoluciones son mejor motivadas y existe mayor prolijidad en sus textos. Un fenómeno similar ha ocurrido en Venezuela, desde la incorporación en la Constitución, de la acción de amparo en 1980. Aunque el cambio no ha sido inmediato, poco a poco se observa mayor cuidado y apego a la norma legal por parte de los funcionarios públicos, para que sus actuaciones se ciñan más a los principios que rigen la actividad estatal y se cumplan con las garantías constitucionales de las personas.

Después de haber expuesto el pensamiento de los autores citados y las reflexiones de la investigadora, cabe preguntarse: ¿Si existen estos poderes discrecionales, podrá encontrarse una vía legal a través de la cual se puedan controlar estos poderes y mantenerlos dentro de la legalidad constitucional?.

Por otra parte, cabe considerar que diferentes autores entre ellos específicamente Palacios (2001) y Lares (2001), de quienes se han extraído los extractos que avalan el planteamiento que refuerza este trabajo investigativo,  han coincidido en afirmar que en la doctrina tradicional, siendo el contencioso administrativo un procedimiento de control de la legalidad de los actos de los órganos administrativos, sería acertado someter a este control las decisiones que tomen los funcionarios públicos, que enmarcadas en la Ley, tengan un margen de discrecionalidad que permita a la autoridad decidir entre dos o más alternativas igualmente justas, en miras del interés público, cuando la ley les otorga esta libertad parcial. No obstante, siendo esto así, cabe también preguntarse: ¿Qué tipos de controles administrativos y/o judiciales pueden determinarse para la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en las tareas que desempeñan?.

Dentro de este marco, es significativo mencionar que la normativa existente sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene sus limitantes, entre las cuales se encuentra, que no impide al juez contencioso-administrativo controlar las potestades discrecionales de la Administración Pública, por lo tanto corresponde a la jurisprudencia ir avanzando paulatinamente hacia la plena realización del derecho y su adecuación a los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues ésta no puede quedarse anclada en nociones que respondieron a un momento histórico de la evolución del Derecho Administrativo, que ya hoy en día se encuentran superadas en otros países.

Ante lo expuesto, este trabajo se plantea como propósito a la luz de la información documental que existe, realizar un análisis de los recursos legales que permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa de los funcionarios públicos en Venezuela, a fin de aportar algunos conocimientos que podrían abrir el camino al control para controlar cualquier arbitrariedad en los actos administrativos. 

Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Analizar los recursos que legalmente permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en Venezuela.

Objetivos Específicos:

 

  1. Describir la discrecionalidad de los funcionarios públicos dentro del marco de la ley.
  2. Explicar los tipos de controles existentes para impedir los excesos funcionariales.
  3. Señalar los órganos de la jurisdicción administrativa, sus procedimientos y los recursos legales que permiten al administrado revertir los abusos en la discrecionalidad funcionarial.

Justificación de la Investigación

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional que rige el Estado Social de Derecho, todos los poderes públicos deben ser ejercidos conforme a los principios y normas constitucionales y legales, no existiendo por tanto, actividad pública o funcionario que tenga plena libertad para ejercer sus funciones, las cuales se hallan debidamente regladas en las normas respectivas. Como las actividades que cumple la administración pública son múltiples y crecientes, la ley no siempre logra determinar los límites precisos dentro de los cuales debe actuar la administración, por ello es que, el ordenamiento jurídico atribuye a la administración dos tipos de potestades administrativas: las regladas y las discrecionales, siendo esta última el tema principal a exponer en el presente trabajo investigativo, a través de la revisión documental existente.

Peña (2004), señala que el mando es el ejercicio normal de la autoridad, el cual se funda siempre sobre la opinión pública. El Estado en definitiva, es el Estado de la opinión pública; quien manda jurídicamente y dispone de toda la fuerza para imponer sus normas, el fundamento del sistema político y del orden jurídico, por lo tanto, el régimen como totalidad no puede ser fuerza, sino que debe ser una adhesión de la comunidad. Por consiguiente, el Estado de Derecho es aquel en que sus poderes, interdependientes y coordinados, representan, conforme a la conocida frase de Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Bajo esta perspectiva, la justificación de este trabajo en función a su relevancia social radica en que contribuirá a entender a los funcionarios públicos que el Estado no es una organización que oprime a los ciudadanos, sino una organización donde cada individuo se sabe reconocido, cada individuo es y sabe que es miembro activo de la comunidad y sabe además, que es conocido y reconocido como tal por otros y por el propio Estado. Así, no obstante al ser reconocido esto por parte de los funcionarios públicos, estará beneficiando a toda la colectividad, es decir a los administrados que demande de una u otra forma de la legalidad de los procedimientos establecidos en la discrecionalidad administrativa.

Siguiendo este orden, Arias y Borges (2004), señalan que la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, sino más bien, el ejercicio de una potestad debidamente atribuida por el ordenamiento jurídico a favor de determinada función, vale decir, la potestad discrecional es tal, sólo cuando la norma legal la determina de esa manera. En consecuencia, la discrecionalidad no puede ser total sino parcial, pues, debe observar y respetar determinados elementos que la ley señala. Cuando se refiere a la discrecionalidad y al principio de legalidad, se está planteando la obligatoriedad de todos los órganos del Estado de someterse a los preceptos en Ley establecidos, y obviamente a este principio no escapan los órganos administrativos.

Este planteamiento expuesto por los citados autores, justifica desde el punto de vista teórico el presente trabajo, ya que se dará a conocer de una manera general pero precisa la conceptualización de la discrecionalidad administrativa, contribuyendo al conocimiento de toda la colectividad, llámese esta administradores o administrados, ambas partes tendrán la oportunidad de esclarecer de una forma sencilla y entendible hasta dónde y cómo la ley les permite disponer de los actos discrecionales.

Igualmente desde el punto de vista práctico se justifica la presente investigación, ya que con ella se pretende aclarar cuáles son los actos que los funcionarios públicos deben seguir en una actividad determinada en ejercicio del poder discrecional, cuáles deben ser sus actuaciones enmarcadas en la ley para que estas sean racionales, justas, iguales y proporcionales, y no arbitrarias, injustas, desiguales o desproporcionadas,  a fin de no vulnerar el derecho constitucional de los administrados.

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, siendo una investigación netamente documental bibliográfica, servirá de material de apoyo para futuras investigaciones que se hagan en aras del conocimiento de la temática acá tratada. Esto justifica aún más, no sólo el valor teórico al generar un cuadro de conclusiones y recomendaciones, si no también el valor científico del trabajo de investigación. 

 

 

Delimitación de la Investigación

Este trabajo de investigación se realiza en el marco de las leyes que avalan los actos discrecionales administrativos que deben diligenciar los administradores que tienen en sus manos la agilización y eficacia de estos procedimientos en pro de la colectividad en general, realizando un análisis de los recursos que legalmente permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en Venezuela, asentando sus bases en los tipos de controles existentes para impedir los excesos funcionariales, y en señalar los órganos de la jurisdicción administrativa, sus procedimientos y algunas técnicas legales que permiten al administrado revertir los abusos en la discrecionalidad funcionarial. Dicha investigación, fue realizada en el marco de lo denominado investigación documental bibliográfica durante el periodo comprendido entre Octubre 2007 y Abril 2008.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico, es la etapa en que se reúne información documental que proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la investigación y que generan nuevos conocimientos. Al respecto, Briones (2004), señala que es un conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo donde éste se ubica, con las modificaciones que el investigador esté en condiciones o capacidad de introducirles. En este sentido, se presenta en los próximos apartados los aspectos conceptuales que explican el tema objeto de esta investigación, la cual es netamente documental con diseño bibliográfico.

Unas palabras sobre los Antecedentes en el Derecho

El Derecho ha sido definido como una ciencia cultural, entendiéndose como tal aquellas disciplinas que son el resultado de una creación del hombre, en cuanto forma parte de un grupo social. Así como el arte es creación del hombre, igualmente el derecho es el resultado de la creatividad humana, tras enfrentar el problema de hacer viable la vida en común y buscar sin descanso que esta convivencia sea justa y equitativa para todos.

Se afirma con frecuencia, que donde quiera que se encuentren los seres humanos y se vean en la obligación de vivir en comunidad, surgen  las reglas que les permitan una  convivencia sin tropiezos personales entre ellos. Las sociedades enfrentarían graves problemas, si no existiesen las reglas que regulen el comportamiento de cada uno de sus integrantes. Pero se requiere de una disciplina científica que las estudie cuidadosamente y que establezca el método más adecuado.

El derecho es la respuesta, y es este el sentido que se pretende dar cuando se dice que es una ciencia cultural, pues es una creación del hombre; y es ciencia porque tiene un objeto y un método de estudio, ya que las normas jurídicas, necesariamente tienen que ser congruentes y coherentes. Resulta inaceptable pensar en la existencia de normas cuyo cumplimiento sea contradictorio o inalcanzable.

Ahora bien, una ciencia cultural no puede estudiarse en el laboratorio, ni tiene las características de las ciencias naturales, como la física o la química. Sus normas no rigen sobre fenómenos naturales, ni sus leyes tienen carácter universal, como cuando se lanza una piedra al aire y se sabe que caerá a tierra nuevamente como consecuencia de la ley de gravitación universal. Tampoco sigue un rígido procedimiento, que inexorablemente conduce al mismo resultado, como se observa al unir una molécula de oxígeno con dos de hidrógeno que, bajo ciertas condiciones, producen siempre una molécula de agua.

La construcción de la ciencia jurídica es resultado de la lógica; es decir, del análisis sistemático que conduce a crear la norma apropiada, y a eliminar aquellas normas que no forman un cuerpo coherente con las  restantes. No obstante, el científico social y el estudioso de las ciencias naturales, antes de estudiar un aspecto determinado de su ciencia, hace una revisión de los experimentos y demás datos recabados por otros investigadores, a fin de no comenzar desde cero. La ciencia es acumulativa y en la medida que avanza se fija nuevas metas, a partir de lo alcanzado. En este acontecer, decía  Skinner en su obra Ciencia y Conducta Humana, editada en 1953, “Estamos parados sobre los hombros de gigantes”. (p. 53).

Por su parte, el científico del Derecho consulta a los autores que han opinado sobre un tema específico, pero es la fortaleza y la coherencia de sus argumentos los que hacen valer sus teorías al respecto. Las opiniones no se acumulan sobreponiendo unas a otras y en consecuencia, las últimas no sustituyen a las primeras; sino que coexisten, pues sus planteamientos son el resultado de razonamientos y no de hallazgos de laboratorio o de la observación.

Los descubrimientos acumulativos de las otras ciencias, son llamados antecedentes por los estudiosos de la materia, pero en derecho se le da el nombre de doctrina, cuando las ideas presentadas representan la opinión general del autor en torno al tema. Se le llama jurisprudencia, cuando los autores son los jueces y su trabajo es el resultado de resolver casos concretos presentados a su magisterio.

El anterior, es el criterio utilizado en el presente trabajo, por lo que la autora limitó los antecedentes a señalar las opiniones de autores y magistrados, en torno al problema de la discrecionalidad administrativa. No obstante, siendo consistentes con la manera de pensar de la investigadora resulta inevitable el inclinar preferencias hacia uno u otro autor, con base a las coincidencias con las opiniones que le son propias a la investigadora.

 

Legitimidad de la Discrecionalidad Administrativa

Esta temática posee relevancia especial dentro del Derecho Administrativo como rama del Derecho Público, en virtud de la posición ventajosa de la Administración en su relación con los Administrados, a pesar del Estado de Derecho que debe prevalecer en los regímenes democráticos.

Se considera la discrecionalidad una potestad, porque obliga y faculta a la Administración a dictar ciertos actos capaces de incidir sobre la esfera jurídica de los ciudadanos administrados y al mismo tiempo para ejecutar dichos actos con fuerza autoritaria, así lo señala Rondón de Sansó (1981),   que constituye uno de los principios cardinales del Derecho Administrativo, el principio de Supremacía de la Administración.

La potestad reglada y la potestad discrecional 

La potestad discrecional difiere de la potestad reglada en el margen de libertad, otorgado al funcionario para dictar y ejecutar las medidas administrativas. En la primera, la libertad es relativa, se le da un margen de acción al funcionario dentro del marco de la ley, y en la segunda no existe libertad, la ley le establece al funcionario las diferentes medidas que debe tomar según la circunstancia concreta que se le presente, igualmente prevista en la ley.

Gallego y Menéndez (2001), clasifican el acto administrativo en cuanto al grado de vinculación con la norma, en actos reglados y actos discrecionales. En los actos reglados, la norma delimita en forma estricta, cerrada o detallada, la aplicación de la misma por los órganos respectivos, lo que denominan automatismo aplicativo. No existe margen de libertad en la aplicación de la norma administrativa por parte del funcionario.

 En los actos discrecionales, la norma que autoriza al funcionario a actuar no es taxativa, pues otorga un margen, a su arbitrio o prudencia, sobre la situación concreta que debe atender o resolver. Ejemplo de estos poderes, serían las potestades de las autoridades sanitarias para evitar la propagación de enfermedades, según las circunstancias y la gravedad de cada situación.

 Lares (2001), también distingue ambas potestades, a las que denomina poder discrecional y poder reglado. En el primero, la autoridad actúa libremente, sin que su conducta sea dictada de antemano por una norma de derecho; y en el segundo, la autoridad frente a circunstancias de hecho, está obligada a tomar una decisión. Ejemplo de estos poderes son: la multiplicidad de actos autorizatorios realizados por los funcionarios en función del cumplimiento por parte de los administrados de cada uno de los requisitos previstos en la ley, para obtener licencias, permisos o documentación.

En este mismo orden de ideas, se cita a Delgado (1994), quien expone que:

Jusfilosóficamente se diferencia también la potestad discrecional de la reglada en cuanto a los fines y los medios previstos en la norma para el funcionario; Se está en presencia de la primera, cuando la ley establece al funcionario público el fin previsto en la norma que debe conseguir a través de una serie de medidas tomadas con cierta libertad, según las circunstancias del caso, es decir, el funcionario tiene cierta libertad de medios, pero no de fines, ya que éstos están previstos claramente en la ley. Estaremos ante la potestad reglada, cuando la ley establezca al funcionario, tanto los fines como los medios o medidas para la consecución de esos fines.  (p. 25).

Brewer Carías (1980), coincide con el punto de vista del citado autor, sin que signifique una libertad total de arbitrio y de alejamiento de cualquier regla de Derecho, pues la autoridad administrativa debe observar siempre los elementos formales del acto administrativo y en la potestad reglada, la ley establece si la autoridad administrativa ha de actuar, cuál es su autoridad y cómo deberá hacerlo, determinando de esta manera, las condiciones de la conducta administrativa, de forma de no dejar margen a elegir al procedimiento, medio o contenido del acto. Pero no todo es distinción, no todo es diferencia entre ambas potestades; es decir, tal como lo afirma Peña (2004), existen aspectos reglados en la potestad discrecional y aspectos discrecionales en la potestad administrativa.

Comenzando con el primer grupo de aspectos, entre los elementos reglados de la discrecionalidad administrativa, se tienen:

  1. La discrecionalidad es otorgada por la ley, esta existe porque proviene de una norma que le atribuye al funcionario el margen de actuar a su arbitrio según varias opciones; por ello constituye una manifestación del principio de legalidad administrativa. En otras palabras, la ley prevé la facultad del órgano de actuar discrecionalmente y por ende la competencia del órgano que tiene esta atribución.
  2. La ley también prevé sobre qué recae la discrecionalidad, es decir, su alcance, que puede ser variable según cada autorización otorgada por el Legislador. Unas veces será discrecional la posibilidad de elección, si provee o no el acto; otras veces, el modo de actuar; y en otras ocasiones, el tiempo o cuando actúa la Administración, de acuerdo a su arbitrio.
  3. El fin de la potestad discrecional también está previsto en la ley, el cual será cónsono con el interés público y colectivo.
  4. El procedimiento conforme al cual se ejerce la potestad discrecional, es otro elemento pues la Administración está obligada a actuar siguiendo los módulos procedimentales previstos en las leyes, los cuales contienen la posibilidad de resguardo y ejercicio de los derechos de los administrados.
  5. El poder discrecional se define entonces en relación con las exigencias de la legalidad también de manera residual, él comienza allí donde las leyes terminan. Por ello, cuando la Administración actúa discrecionalmente, no actúa en contra de la legalidad, ya que su libertad es producto de la legalidad, que en ese punto, no le impone nada.

Al respecto, Rivero (1984), manifiesta que la medida del poder discrecional, es para cada acto inversamente proporcional a las exigencias de la legalidad respecto a ese acto. Esto sería posible, siempre y cuando la ley no imponga nada y al mismo tiempo habilite a la Administración, otorgándole el margen de libertad para actuar y producir el acto administrativo.

Por otra parte, existen también elementos discrecionales en la potestad reglada, como es el caso de la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, es decir, términos abstractos, sobre los cuales no hay un significado normativo determinado y le toca al funcionario determinar si se configura en la situación de hecho, a los fines de aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma. Al respecto, Gallego y Menéndez (2001), señalan que:

Conceptos como paz social, peligro para personas, buena fe, necesidad, etc. Aunque no es estrictamente una potestad discrecional por cuanto no existen las alternativas para que la Administración actúe, para algunos autores se aprecia cierta libertad en la situación de hecho que considerará el funcionario para subsumirla en el concepto normativo, en virtud de la vaguedad de dicho concepto, que produce que sea dudosa la subsunción. (p. 36).

No obstante, la antigua Corte Suprema de Justicia en Sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa, de fecha 05-05-1983, Caso: RCTV-Hola Juventud, contradice la posición de Gallego y Menéndez (2001),  y diferencia claramente los conceptos jurídicos indeterminados de la potestad discrecional, a lo que Brewer y Ortiz (1996), manifiestan:

…mientras éstas (las potestades discrecionales) dejan al funcionario la posibilidad de escoger según su criterio una entre varias soluciones justas, no sucede lo mismo cuando se trata de la aplicación de un concepto jurídico indeterminado. Se caracterizan estos últimos por ser conceptos que resulta difícil delimitar con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una solución justa y correcta, que no es otra que aquélla que se conforme con el espíritu, propósito y razón de la norma. La aplicación del concepto jurídico indeterminado por la Administración Pública constituye una actividad reglada y por consiguiente, sujeta al control de la legalidad por parte del órgano jurisdiccional competente. (p. 595).

El criterio de ese fallo fue ratificado por la misma Corte en sentencia de la misma Sala de fecha 27-04-1989, Caso: Cervecería de Oriente, agregando además que la interpretación de estos conceptos es plenamente controlable, al verificarse si la misma, es acorde con la única solución justa que la ley permite, señalando Brewer y Ortiz (1996), que:

Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar tal aplicación, valorando si la solución a que se ha llegado, es la única solución justa que la ley permite. (p. 603).

Este criterio también fue confirmado en la Sentencia de fecha 01-08-1991, Caso: RCTV-La Escuelita, dictada por la misma Sala Político-Administrativo, donde también se excluye dentro de la potestad discrecional la determinación del sentido de los conceptos jurídicos indeterminados, en virtud de que los mismos deben interpretarse, conforme a la única solución justa prevista en la ley.

De esta manera la antigua Corte Suprema, toma una posición que contradice la identidad de los conceptos jurídicos indeterminados con la potestad discrecional, porque la razón de la Corte, se inspira en la posibilidad de controlar judicialmente la interpretación de estos conceptos, sobre todo cuando deja claro que la determinación del sentido de los mismos no es libre, sino condicionada por la voluntad del Legislador expresada en el propósito y razón de la norma.

En este orden de ideas, Rivero (1984), planteó la necesidad de un equilibrio entre ambas potestades (discrecional y reglada), porque por un lado, la acción de la Administración no puede acomodarse a una generalización de la competencia reglada; es decir, que toda su actuación esté prevista en la ley taxativamente, pues la realidad obliga a la adaptación permanente a circunstancias particulares y cambiantes, que la regla de Derecho no siempre puede prever y por otro lado, una Administración demasiado discrecional, no ofrece a los Administrados ninguna seguridad, por el contrario, está a un paso de la arbitrariedad. El equilibrio que plantea el citado autor, tiene, necesariamente, que pasar por el control jurisdiccional de esa potestad discrecional.

Concepto de discrecionalidad administrativa 

La potestad discrecional no constituye una excepción al principio de legalidad,  por el contrario, constituye una expresión de ella, en virtud de que la discrecionalidad es una remisión normativa, es decir, existe, porque la ley así lo permite o como lo afirma Peña (2004), resulta imposible predicar la existencia de la discrecionalidad administrativa, si antes no se predica la previa existencia del principio de legalidad administrativa. Es decir, no se puede desvincular la discrecionalidad de la legalidad; toda vez que el principio de legalidad opera cuando se desagrega en las potestades regladas y discrecionales, que son atribuidas a los entes públicos y sus órganos; depende de la fijación total o parcial, según el caso, de las condiciones y requisitos para su ejercicio (reglada o discrecional); pero siempre será la ley (Principio de legalidad administrativa) quien la establece.

Al respecto, Peña (2004), acota que:

La potestad discrecional existe cuando la atribución del poder por parte del Legislador, no establece todos los requisitos y condiciones para su ejercicio; no fija previamente su acción, ni tampoco el contenido de la misma, quedando un margen de apreciación y acción en el órgano competente, para el momento  que le corresponde decidir el asunto derivado de la aplicación de la norma atributiva de potestad. (p. 45).

Las acciones o medidas que adopta el funcionario, quedan determinadas por las circunstancias que rodean la situación jurídica que atiende. Como afirma Rondón de Sansó (1981), con la discrecionalidad la Administración no sigue una receta conocida, sino que ella misma establece los ingredientes y el tiempo de la preparación, porque en esta potestad, se encuentra la libertad del órgano ejecutante u operador, que pone en juego su experiencia, su poder de apreciación, su buen conocimiento de los hechos, y los medios y circunstancias sobre los cuales opera su actuación.

Así mismo, la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, en sentencia de fecha 06-11-1958, Caso: Reingruber, define la discrecionalidad administrativa sirviéndose de la definición de Bonnard, citado en  Brewer y Ortiz (1996).

…el acto discrecional se produce cuando la Administración actúa en ejercicio de poder de libre apreciación que le deja la ley para decidir si debe obrar o abstenerse, o cómo ha de obrar o qué alcance ha de dar a su actuación. (p. 580).

La misma Corte Suprema de Justicia en la anterior sentencia, ratificada en fallo de la misma Sala de fecha 02-11-1982, Caso: Depositaria Judicial, establece como elementos esencial del acto discrecional, su carácter de inenjuiciable en cuanto al mérito o fondo, es decir, la exclusión del control jurisdiccional de las razones de oportunidad y conveniencia:

…la naturaleza de todo acto realizado en ejercicio de una facultad discrecional, es el que no pueda ser revisado y anulado por otro poder en cuanto al mérito o fondo. Esta conclusión resulta evidente, porque de lo contrario, esa facultad discrecional no sería tal, ni propia de un poder; pero si puede ser materia de revisión por lo que se refiere a la incompetencia del funcionario que lo dictó, o defecto de forma del acto, o a su ilegalidad, en cuyos casos procede su revocación o anulación. (CSJ-SPA, 06-11-1958, Caso: Reingruber, en Brewer y Ortiz, 1996:580).

 Igualmente, exponen Brewer y Ortiz (1996), referente al caso anterior que:

Tomando en consideración el margen de libertad o libre arbitrio reconocido por la mayoría de las definiciones, se entiende por discrecionalidad administrativa aquella potestad, otorgada por la Ley, como la libertad que tiene la Administración, de realizar actuaciones y declaraciones de carácter sublegal, en los que él órgano administrativo valora y aprecia las circunstancias de hecho presentes, a fin de preservar el interés general o colectivo conforme a los fines previstos en la norma ” (p. 580).

En esta definición de potestad discrecional administrativa se establece la diferencia con los Actos de Gobierno, que se realizan en ejecución de la Constitución y de alta política, claramente diferenciables de la función plasmada por la Administración con el despliegue de la potestad discrecional.

Justificación de la potestad discrecional de la administración

Brewer (1980), con respecto a la justificación de la potestad discrecional de la administración, manifiesta:

La actividad discrecional es indispensable para que la Administración pueda realizar sus fines de un modo cabal, porque la ley no puede prever y regular la gran diversidad de cambiantes y complejas relaciones jurídicas que se producen en la sociedad, por ello es usual que las normas se limiten a determinar competencias de los diversos órganos administrativos y deje a éstos una cierta libertad de apreciación de los hechos para decidir u orientar su actuación. (p. 98).

Diversos autores, coinciden con esta apreciación, puesto que el Derecho no es casuístico, tiene entre sus principios fundamentales la generalidad, y le resulta poco menos que imposible regular la totalidad de las circunstancias que se presentan en la experiencia jurídica real y concreta. Por este motivo, el Derecho a través de las leyes, otorga al funcionario competencia y potestad para actuar discrecionalmente dentro de márgenes establecidos por el fin último de la norma.

Un ejemplo de ello, es: En el supuesto que las autoridades sanitarias competentes no tuviesen potestad discrecional alguna para resolver los problemas de salud de una localidad, si surgiera un brote epidémico, del que se conocen nuevos tratamientos gracias a los avances de la medicina, la autoridad sanitaria estará atada de manos para resolver el problema, porque la ley regula todas las medidas a implementar, que con el paso del tiempo, se convierten en vetustas y alejadas de la realidad, y no contemplan el avance de la ciencia para tratar las epidemias. Como es razonable que el Legislador no previera las nuevas circunstancias, es que se deja a la autoridad administrativa que las considere mediante la potestad discrecional prevista en la ley.

Pero, la potestad discrecional no justifica la arbitrariedad, el actuar fuera de la ley, a capricho, violentando los derechos y garantías de los ciudadanos administrados; la potestad discrecional debe contar con  limitaciones y controles judiciales; que preserven los derechos ciudadanos, y eviten el arbitrario ejercicio del poder.

Observa Brewer (1980), que en el Derecho Comparado existe una tendencia a disminuir el margen de discrecionalidad administrativa a fin de evitar la arbitrariedad, tarea que le corresponde a los jueces y en Venezuela lo  desarrollaron, hasta ahora, los máximos tribunales, cuyas sentencias, o algunas de ellas, se analizan en este trabajo.

Es por eso, que la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, en la referida sentencia del caso: Reingruber, estableció el fundamento o necesidad del Poder Discrecional, alegando razones prácticas de aplicación de la ley y solución de problemas en aras del interés colectivo, que tiene que atender la Administración, ante la diversidad de situaciones que el Legislador deja de prever, así lo señalan Brewer y Ortiz (1996), al manifestar que:

Este poder discrecional, expresamente conferido por la Ley, es indispensable para que el Poder Administrador y de manera más amplia, el Poder Ejecutivo, pueda realizar sus fines de un modo cabal, porque la Ley no puede prever y reglamentar las múltiples, cambiantes y complejas relaciones jurídicas que se producen en las sociedades. (p. 580).

Elementos sobre los cuales recae el alcance de la discrecionalidad administrativa

 

Para Rondón de Sansó (1981), el margen de libertad otorgado por el Legislador a la Administración para que actúe, recae en primer lugar sobre el contenido del acto, ‘el quid’; es decir, todo aquello que constituye el actuar de la Administración, la acción misma, o sea, la acción de autorizar, sancionar, revocar, prohibir, acordar, negar, restringir, entre otras. En estos casos queda atribuida a la Administración la disposición misma que ha de tomarse, bien en forma totalmente libre o a través de una o varias alternativas. Gallego y Menéndez (2001), denominan a esta modalidad de la discrecionalidad ‘discrecionalidad de elección’.

En segundo lugar, sobre la decisión de proveer o no el acto, ya que en algunos casos la norma puede prever que dado un supuesto de hecho, puede actuar eligiendo una consecuencia jurídica e inclusive no actuar,  Peña (2004), denomina a esta modalidad de la potestad discrecional, ‘discrecionalidad de actuación’.

En tercer lugar, la discrecionalidad puede recaer sobre la oportunidad (el mérito) de la providencia que debe ser dictada: ‘el cuándo procede’. En estos casos la Administración tiene la facultad de apreciación sobre el elemento temporal de la medida que ha de tomar.

En cuarto lugar, se tiene que la discrecionalidad puede recaer sobre otros elementos circunstanciales, ‘el quomodo’; es decir, aquellos elementos sobre los que aluden a las modalidades de su formación, esto es, al como ha de producirse la providencia, el modo, la forma, la medida, la extensión, entre otras.

Limitaciones de la potestad discrecional de la administración

Brewer (1997), señala que a pesar del reconocimiento de la necesidad del poder discrecional para la Administración, en virtud de que le permite apreciar la oportunidad y conveniencia de ciertas actuaciones, esencialmente útiles para el logro del interés colectivo y el establecimiento y ejecución de medidas en el campo económico y social, a la vez que es esencial para evitar que la Administración, pueda convertirse en una cantera de arbitrariedades, la doctrina y la jurisprudencia comparada y nacional han afirmado de forma imperativa que la potestad discrecional no debe convertirse en arbitrariedad; es acá que se le establecen los límites, tal como lo prevé el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), el cual instituye textualmente:

Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente (potestad discrecional), dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.

Este artículo reconoce la potestad discrecional de la Administración, pero reconoce también que ésta tiene elementos reglados, que generan sus limitaciones y lo cual constituye parámetros para su control, tanto administrativo como jurisdiccional. Las limitaciones al ejercicio de la potestad discrecional, previstas en este artículo, son la base para analizar los límites del poder discrecional.

Dada la consideraciones anteriores, es que la Sentencia ya citada de la antigua Corte Suprema de Justicia de fecha 02-11-82, Caso: Depositaria Judicial, con ponencia de Luis Enrique Farías Mata, emblemática y enriquecedora por los demás en esta temática de la discrecionalidad, responde claramente a la pregunta: ¿Qué controla el juez en los actos discrecionales?.

Se observa que la Sentencia establece que la autoridad judicial verificará en primer lugar la competencia del funcionario que emite el acto discrecional; también los trámites, procedimientos, y demás formalidades del acto discrecional; la legalidad o no del acto, es decir, la violación a la ley del acto discrecional y así mismo, la finalidad del acto, a los fines de verificar el vicio de desviación de poder, que se analizará más adelante.

Así mismo el fallo, libera al juez contencioso debe pronunciarse sobre las razones de fondo del acto discrecional; es decir, las razones de mérito, de oportunidad y conveniencia para la adopción de la medida, por lo cual el juez no puede substituirse en la Administración, por motivos de especialización y por respeto al principio de la separación de los poderes.

La misma Sentencia, aclara que a pesar de la posibilidad de control de los actos discrecionales de la Administración, no podrá en ningún caso, luego de declarar la nulidad del mismo por razones de ilegalidad y demás motivos también señalados en el fallo, emitir el acto administrativo correspondiente, lo cual es tarea única y exclusiva del funcionario administrativo competente, según las razones de oportunidad y conveniencia que a bien estime.

Cónsonos con la jurisprudencia señalada y otras de la antigua Corte Suprema de Justicia, vigente en su esencia doctrinaria hasta el presente y así mismo Jurisprudencia del actual Tribunal Supremo de Justicia, se explican a continuación los límites principales de la potestad discrecional, son estos: La proporcionalidad, la adecuación a la situación de hecho, los fines de la norma, las formalidades previstas en la ley, la igualdad y los principios generales del Derecho.

  1. La proporcionalidad: El artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) (1981), prohíbe el acto desproporcionado entre el supuesto de hecho y las circunstancias del caso concreto, porque de lo contrario, sería arbitrario. Se establece una proporcionalidad de medio a fines como límite del poder discrecional. Así por ejemplo, en las sanciones a los Funcionarios y Administrados, si la ley prevé que el órgano competente aplique un rango de sanción entre los límites mínimo y máximo acorde a la gravedad de la falta, será desproporcionado el acto realizado en el ejercicio de esta potestad discrecional cuando la sanción es cercana al límite superior, siendo la falta leve.

En Sentencia de fecha 02-10-2002, caso: Aserca Airlines, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia al considerar el Principio de Proporcionalidad señala:

El principio de proporcionalidad previsto en la norma dispuesta en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ordena que las medidas adoptadas por el ente administrativo deban ser proporcionales con el supuesto de hecho de que se trate. En este sentido, el referido principio constituye una exigencia para la Administración, ya que para fijar una sanción entre dos límites mínimo y máximo, deberá apreciar previamente la situación fáctica y atender al fin perseguido por la norma. (En TSJ-SPA N° 1202:10).

Al respecto, Brewer Carías (1997), señala que “Este principio no sólo se aplica por la Administración en el ejercicio de su potestad sancionatoria, sino en el ejercicio de cualquier potestad discrecional”. (p. 86).

Por ejemplo, en los casos en que la Administración pueda dentro de sus atribuciones establecer plazos para la ejecución de cargas por parte de los administrados, dichos plazos serán proporcionados a la complejidad de la carga a realizar por el administrado, por ejemplo, si el órgano competente ordena el cercado de un terreno privado por tener animales de gran tamaño que dificultan el tráfico; el plazo dado a la Administración se hará considerando la gravedad del problema para la colectividad, pero también lo extenso del terreno que haría necesario un término suficiente, sin ser muy extenso, para llevar a cabo esta tarea; es decir, como lo establece el referido fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerando la adecuación a las circunstancias de hecho o situación fáctica y al mismo tiempo el fin de la norma.

  1. La adecuación a las circunstancias concretas: Este límite de la potestad discrecional, señala Brewer Carías (1997), que:

El acto debe estar adecuado a los supuestos de hecho que constituyen sus causas. El acto administrativo debe ser racional, justo y equitativo en relación con sus motivos; debe tener una causa o motivo presente en la situación de hecho y lo decidido debe estar acorde con esta situación de hecho que constituye la causa del acto, que además debe haber sido comprobada. (p. 90).

Debe entonces existir una adecuada calificación de los supuestos de hecho, cónsona con las alternativas previstas expresamente en la norma. Brewer (1980), divide esta limitación en dos aspectos: comprobación de los hechos y calificación de los presupuestos de hecho.

– Comprobación de los hechos: Las decisiones administrativas se hayan condicionadas por la comprobación previa de las circunstancias de hecho previstas en la norma; es decir, no deben fundarse en hechos no comprobados; la Administración debe decidir conforme a lo probado en el procedimiento administrativo, a lo que consta en el expediente correspondiente. No es suficiente basarse en las alegaciones que pueden ser falsas, sino en los medios probatorios y sus resultados. De otro modo el funcionario incurre en el error de hecho, en el falso conocimiento de la realidad, conocido técnicamente como falso supuesto.

– La Calificación de los presupuestos de hecho: Luego que la Administración ha comprobado los supuestos de hecho, que constituyen las causas o motivos de su decisión, debe subsumirlos en la norma que autoriza su actuación, y calificarlos jurídicamente en forma acorde con las posibilidades previstas por el Legislador, dentro de las cuales debe elegir el funcionario administrativo; de lo contrario incurre en el vicio de abuso o exceso de poder, previsto en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999), por  traspasar los límites de la verdad y equidad. Al tergiversar la normativa que autoriza su actuación, falsea el lógico y verdadero supuesto de hecho y de derecho del acto.

En otro aparte, señala Brewer (1980), que:

Esta limitación es transgredida también por la Administración cuando aprehende los hechos de modo distinto a como ocurrieron, realice un error de método o no considere debidamente elementos esenciales o de excesiva importancia a elementos accesorios, es el caso del vicio de uso indebido del poder discrecional, el cual es atribuido al funcionario independientemente del fin logrado, en los casos en que tergiversa la verdad procesal. (p. 92).

Conviene asimismo al analizar esta limitación de adecuación a las situaciones de hecho, diferenciar los motivos de la causa del acto, tal como lo ha hecho la Sala Político-Administrativa, del actual TSJ.

La Sala en Sentencia del caso Aserca Airlines, ya identificada, aclaró que no debe confundirse en un mismo vicio la motivación o causa, que cuando éstos son alegados deben serlo en forma separada, pues la causa y la motivación del acto no deben confundirse, ya que ambos son elementos que debe tener el acto administrativo, aún los discrecionales.

La Sala al contrariar el alegato de la recurrente de ‘vicio en la motivación o causa’, señaló:

…la motivación y la causa son dos elementos distintos que debe contener un acto administrativo, los cuales se corresponden a  vicios igualmente diferentes (inmotivación y falso supuesto) que deben plantearse por separado, ya que la ocurrencia de uno no implica la verificación del otro. (En TSJ-SPA. N° 1202:8).

Brewer Carías (1997), también diferencia estos elementos al señalar:

La causa está relacionada con la existencia, comprobación y calificación jurídica de los supuestos de hecho que soportan el acto administrativo, la motivación refiere en cambio a los argumentos o motivos que tuvo la Administración para dictar su decisión; la causa se centra en los hechos y la motivación, como su nombre lo dice en los motivos y razones que impulsan al funcionario u órgano a dictar el acto administrativo, los cuales deben también soportarse en la ley. (p. 93).

Con respecto a la motivación, analizada por separado, la antigua Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la obligatoriedad de la Administración de cumplir en el ejercicio de la Potestad Discrecional del requisito de motivación o adecuación a las circunstancias de hecho, previsto en los artículos 9, 18 numerales 5, y 12 de la vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981). Ésta, en su artículo 9, preceptúa la obligación de la Administración de motivar los actos de efectos particulares, sin distinguir si son discrecionales o no, de lo que se concluye que tal obligación opera también para los actos discrecionales.

La Sala Político-Administrativa, en la nombrada Sentencia de fecha 02-11-1982, Caso: Depositaria Judicial, señala la obligación que tiene la Administración de motivar sus actos discrecionales, y aclara suficientemente que dicha obligación no es sólo para los actos reglados, sino para todos los actos, criterio reiterado en el fallo de la misma Sala de fecha 16-05-1983, Caso: Horacio Morales Longart.

En efecto, manifestó la antigua Corte en el Caso: Depositaria Judicial, de acuerdo a lo señalado por Brewer y Ortiz (1996), que:

…corresponde a una confusión en que incurriera la doctrina clásica, la identificación entre acto reglado y acto motivado: Si la motivación se imponía…la discrecionalidad quedaba reducida a la nada. Las nuevas corrientes sostienen, por el contrario que es en el acto discrecional donde debe imponerse la obligación de motivar, para impedir así que la Administración proceda arbitrariamente. Expresar los motivos por los cuales adoptó su decisión no implica necesariamente que se haya limitado al funcionario la discrecionalidad que tuvo para emitirla sino la arbitrariedad en su emisión. Con la obligación de motivar simplemente se le exige que exprese cuáles fueron esas razones, nunca falsas ni caprichosas, ni colindantes con la arbitrariedad. (p. 583).

Los citados autores, señalan que la Sala continúa afirmando en el mismo fallo, que:

…si en algunos casos la expresión de los motivos resulta menos necesaria es, precisamente, en los actos “más reglados”, pues aquellos se desprenderían, en principio y claramente, de la propia norma que regula la emisión del acto. En los discrecionales por el contrario, la motivación se encuentra solamente en los hechos concretos que llevaron al funcionario a adoptar la decisión. Y como éstos fueron apreciados libremente por él, interesa conocer las razones o algunos motivos que tuvo para realizar la apreciación que de los mismos hizo: Podrá averiguarse de esta manera si el poder administrador se adaptó o no estrictamente a la ley cuando emitió el acto. (p. 583).

En estos casos el juicio de la antigua Corte Suprema de Justicia, que continúa sosteniendo el actual Tribunal Supremo de Justicia, aclara cualquier duda sobre la obligación que tiene la Administración, de motivar sus actos discrecionales, en ese sentido deja sentado claramente que los mismos deberán ser motivados, a los fines de permitir el control jurisdiccional de la discrecionalidad y así evitar una eventual arbitrariedad.

  1. Los fines de la norma: Según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), el acto administrativo debe cumplir con los fines de la norma, y no puede desviarse de ellos. La limitación implica que la Administración, no puede salirse de los fines que la norma legal persigue, aunque se encuentre en ejercicio de las facultades discrecionales del poder público. Al respecto, Brewer (1980), señala que:

Cuando la Administración excede el límite impuesto por la finalidad de la ley, incurre en el vicio de desviación de poder previsto en el artículo 139 de la Constitución. La Administración debe alcanzar el fin colectivo, general o social, y así mismo, el fin específico por el cual son concedidas las facultades determinadas que ejercita en el supuesto concreto. (p. 96).

Interpretando la cita anterior, se tiene que la Administración no puede en virtud de esta limitación, realizar actividades inspiradas en fines muy loables, morales e incluso legales, excluyendo el fin conforme al cual se establece la discrecionalidad administrativa; es decir, el fin del servicio público, aquel que informa la función administrativa específica.

Sobre el vicio de desviación de poder, en el cual incurre la Administración cuando ignora las finalidades del acto, la antigua Corte Suprema de Justicia en Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 06-03-95, Caso: Ingrid Spiritto Vs. Consejo de la Judicatura, realiza una definición bastante completa de la figura desviación de poder, que consiste:

…en la utilización de las potestades que le han sido atribuidas legalmente para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico, amparándose la Administración para actuar así precisamente, en un mal uso o en un abuso del margen de libertad o discrecionalidad que permite la norma, sin que ello trascienda a la apariencia externa del acto, el cual aparentemente luce adecuado a Derecho, correcto pero que, en realidad se encuentra viciado en su componente valorativo o volitivo. (En Pierre Tapia, 2000:261).

El argumento de esta Sentencia es ratificado por el fallo; este criterio resalta un elemento importante del vicio de desviación de poder, que le da una apariencia engañosa para evadir el control.

En sentencia N° 1052, de fecha 13-08-2002, caso: Instituto Santiago Mariño, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, también define el vicio de desviación de poder al señalar que:

…el acto que aun siendo acorde con la ley, no lo es desde el punto de vista teleológico, por cuanto la Administración al dictarlo no persigue el fin para cuyo logro le fue acordada la facultad de hacerlo, sino un fin distinto que es por sí mismo contrario a Derecho. (En Pierre Tapia, 2002:83).

Con respecto a la alegación y a la prueba de este vicio, la Sala Político-Administrativa del mismo fallo señala que:

 …para que sea válidamente alegado el vicio que se analiza, el impugnante debe señalar el objeto recóndito que persigue el acto, el cual se sobrepone al recto ejercicio de las atribuciones conferidas por el Legislador, para lo cual resulta necesaria la demostración de los hechos en los cuales fundamenta su alegación. (En Pierre Tapia, 2002:85).

Así mismo en sentencia ya identificada, de fecha 6 de febrero de 2001, Caso Digitel, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia aclara que entre los alegatos del vicio de desviación de poder no debe alegarse elementos sobre la moralidad del funcionario o Administración, sino la estricta legalidad, en estos casos, el fin de la norma.

Igualmente, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en mismo caso anterior aclara que:

…el vicio de desviación de poder es de estricta legalidad, y permite el control del cumplimiento del fin que señala la norma habilitante. No se examina por consiguiente, la moralidad del funcionario o de la Administración, sino la legalidad que debe enmarcar toda actuación administrativa conforme a los principios ordenadores de nuestro sistema de Derecho. (En Pierre Tapia, 2001:255).

Sobre la prueba de la desviación de poder, la misma Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en fallo N° 2155 de fecha 10-10-2001, en el señalado Caso: Angrisano Vs. Consejo de la Judicatura, indica que es lo que ha de probar el recurrente a los fines de lograr la convicción de la ocurrencia del referido vicio.

…la prueba del vicio alegado (desviación de poder) requiere de una investigación profunda basada en hechos concretos, reveladores de las verdaderas intenciones que dieron lugar al acto administrativo dictado por el funcionario competente. De manera, que no basta la simple manifestación hecha por el recurrente sobre la supuesta desviación de poder. (En Pierre Tapia, 2001:249).

En una decisión previa la misma Sala en fecha 27-6-2000, en el fallo N° 1490, Caso: Andrés Velásquez, en criterio no contradicho posteriormente, sobre los medios de prueba del vicio de desviación de poder, admite, para constatar este vicio; es decir, probar las intenciones o motivaciones del funcionario infractor, que el recurrente podía aportar, índices o elementos que hagan suponer, con fundados motivos, su ocurrencia en cada caso concreto; dado lo difícil de aportar medios de prueba contundentes que den cuenta de los motivos o intenciones del funcionario, contrarios a los fines previstos en la ley.

El Administrado, víctima del vicio de desviación de poder, a los efectos probatorios según el Tribunal Supremo de Justicia, en la señalada decisión 1490, deberá:

…proceder a la demostración misma del objetivo tergiversado, si bien improbable mediante medios de prueba contundentes, no obstante, a través de índices o elementos que hagan suponer, con fundados motivos, su ocurrencia en un caso concreto” (En Pierre Tapia, 2000:158),

Al respecto aclara la Sala que en el objeto de la prueba de la desviación de poder, los motivos recónditos verdaderos que tuvo el funcionario con el acto discrecional, dado lo difícil de lo que se intenta probar, acepta índices, elementos, indicios, que hagan formar la convicción en el juez de la contradicción del funcionario con el fin de la norma.

Según criterio jurisprudencial vigente, el vicio de desviación de poder debe ser alegado por el recurrente; explicando, en qué consiste el fin contrario a la ley que persigue el funcionario con el acto y la prueba de las intenciones o motivos del funcionario para dictar la providencia administrativa, excluyendo cualquier análisis de la moral individual del funcionario u órgano administrativo en cuestión.

  1. Las formalidades previstas en la Ley: Peña (2004) denomina a esta limitación de la potestad discrecional de la Administración ‘congruencia formal’, debido a que la Administración expresa su actividad mediante un procedimiento típico, el procedimiento administrativo constitutivo, el cual aparece previsto en Leyes Nacionales, Estadales, Municipales, mediante una estructura procedimental, constituida por varias fases que desembocan en el acto administrativo definitivo. Esto garantiza a los Administrados la seguridad jurídica y su derecho a participar en el procedimiento, para ejercer su derecho a la defensa y del debido proceso, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en los artículos 26 y 49.

El acto administrativo, según el mismo artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), debe cumplir con los requisitos, trámites y formalidades previstos en la ley, para su validez y eficacia; es decir, no puede ser arbitrario en sus formas y procedimientos, de lo contrario, queda afectada la validez de su actuación, conforme al numeral 4 del artículo 19 y el artículo 20, ambos de la misma Ley, donde se preceptúan los casos de nulidad absoluta y nulidad relativa de los actos administrativos, que pueden declararse tanto en vía administrativa como jurisdiccional. Estos artículos, textualmente expresan:

Artículo 19. Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 1. Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o legal. 2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la Ley. 3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

Artículo 20. Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior, los harán anulables. 

La norma establece que las formalidades previstas en la ley para los actos administrativos, persisten en los realizados con motivo de la potestad discrecional, notificación, publicación, requisitos o elementos, los previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), entre otros.

Dentro de estas limitaciones, la competencia del órgano es un requisito obvio de actuación de la Administración, previsto en primer lugar en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), por lo cual si el titular del órgano carece de la competencia para ejercer la discrecionalidad atribuida, el acto quedará viciado de nulidad absoluta, tal como lo prevé el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), habida cuenta que el numeral 7 del artículo 18 de la misma Ley, establece como requisito indispensable de todo acto administrativo, la competencia del órgano que lo dicta.

Cuando el funcionario que realiza el acto discrecional, actúa fuera de su competencia, es decir, no tiene atribuida legalmente la competencia discrecional que ejerce, incurre en el vicio de incompetencia, conocido como extralimitación de funciones.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 13 de agosto de 2002, ya identificada del Caso: Instituto Santiago Mariño, indica que el vicio de extralimitación de funciones se produce cuando:

El órgano administrativo realiza una actuación que se encuentra fuera del ámbito de su competencia, es decir, constituye un vicio de incompetencia que se produce cuando dicho órgano ejerce poderes que le han sido expresamente atribuidos por norma expresa, ni que pueden deducirse de la atribución legal. De allí que, en estos casos, el acto administrativo se ve afectado en uno de sus elementos subjetivos como lo es la incompetencia, la cual también constituye uno de los elementos fundamentales de la organización administrativa. (En Pierre Tapia, 2002:84-85).

Es por eso que la potestad discrecional tiene que estar legalmente atribuida y  no puede desprenderse, suponerse o interpretarse por analogía, ante el riesgo de incurrir en el vicio de extralimitación de funciones.

  1. La igualdad. Es una limitación propuesta por diversos autores como Brewer (1997), a la potestad discrecional, de rango constitucional, prevista actualmente en el artículo 21 de la Constitución, y considerado uno de los valores propios del Estado de Derecho, por lo que debe ser una directriz en la aplicación de la normativa administrativa.

Conforme a este principio, la Administración debe actuar con imparcialidad para garantizar la igualdad en el trato a los administrados, evitando el trato desigual por ejemplo en la aplicación de sanciones para idénticas faltas, el retardo administrativo de manera caprichosa para ciertos casos, la satisfacción del derecho a petición y oportuna respuesta de manera selectiva y en una relación triangular, donde se encuentre la Administración, frente a dos administrados con intereses contrapuestos, garantizar el trato igual durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

Según Brewer (1980), también se viola el principio de igualdad cuando la misma Administración quebranta sus propios precedentes, el caso de un acto administrativo posterior es resuelto de manera distinta respecto a otro anterior y análogo, contrariando las pautas para decidir, establecidas para esa tipología de casos, sin mediar en nada un transcurso de tiempo razonable que justifique un nuevo criterio debido a cambios en la dinámica social.

  1. Las limitaciones de los principios generales del Derecho. Con respecto a esta limitación de la potestad discrecional de la administración, Peña Solís (2004), señala que:

Ocurre cuando el órgano jurisdiccional juzga el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración atendiendo a principios como la igualdad, la buena fe, la proporcionalidad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la racionalidad, muchos de ellos no escritos en los textos legales, entrando de esta manera a evaluar argumentaciones de oportunidad y conveniencia, razón por la cual se considera que estas limitaciones reducen verdaderamente la discrecionalidad de la Administración. (p. 56).

El fundamento de la limitación mencionada estriba en que la Administración y sus actos deben estar sometidos no sólo a la Ley, sino también al Derecho, y dentro de éste se encuentran los principios generales que lo soportan. Esto lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 141 y la Ley Orgánica de la Administración Pública (1981), en el artículo 12, donde se recogen una serie de principios que deben inspirar la actuación de la Administración y así mismo, reconocen que ésta debe estar sometida tanto a la Ley como al Derecho, también a sus principios generales; varios de los cuales se indican en esos artículos.

Se aprecia entonces, que es una concepción de los principios generales del Derecho de mayor relevancia que la prevista en el artículo 4 del Código Civil (1982), donde se hace referencia a los mismos únicamente como fuente de integración (para resolver los casos de lagunas) o interpretación subsidiaria.

Uno de los principios generales del Derecho que constituyen un límite a la Discrecionalidad Administrativa son: el de Racionalidad y el de Justicia, expuestos por Brewer (1980), e interpretados de la siguiente manera:

El principio de Racionalidad: implica que la Administración debe actuar lógica y congruentemente, de lo contrario actuará irracionalmente, lo cual se dará en los casos donde exista falta de consecuencia y nexo lógico entre las distintas partes que forman el acto administrativo. El referido autor, divide este principio en racionalidad en la oportunidad de actuar y racionalidad técnica, los cuales se encuentran previstos también en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (1981).

– La racionalidad en la oportunidad de actuar: Lo cual implica, que para la facultad de obrar que tiene la Administración determinando la oportunidad, si bien es cierto no la regulan normas especiales, no quiere decir que tal facultad pueda ejercerse arbitrariamente; es decir, se pueda ejercer irracionalmente. Por ello, la elección de la oportunidad deberá ser racional, racional quiere decir a tiempo para que la medida dictada sea eficaz con el interés que se protege.

– La racionalidad técnica: Cuando la misma Ley condiciona la apreciación o evaluación del órgano administrativo y la consecuente decisión a un juicio técnico o científico, y no de una actuación arbitraria que sería la propia de la Administración, cuando actúa sin considerar los juicios técnicos o científicos en aquellos casos que por su naturaleza sea indispensable realizarlos. Como por ejemplo, cuando la Administración emite una orden de destrucción de determinados productos alimenticios como la carne, que la Ley condiciona a la realización de un examen biológico-toxicológico de la carne en cuestión, y el cual no se realiza, sino que la orden se realiza por la ‘libre’ apreciación del funcionario, sin elementos científicos o técnicos que la respalden. Se tiene entonces que el funcionario actuará racionalmente si se ajusta a las consecuencias jurídicas establecidas por la Ley, como resultado del juicio técnico o científico que la misma Ley también ordena.

El principio de la Justicia: La Administración debe decidir y actuar de acuerdo a la justicia y a la equidad, sobre todo cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 2, establece el Estado Social de Derecho y de Justicia, que debe ser el norte de las actuaciones de los funcionarios públicos y también de los administrados y ciudadanos en general. La actividad administrativa por lo tanto, no debe sobrepasar los límites trazados por la equidad y la justicia, por lo tanto pueden ser controlados jurisdiccionalmente aquellos actos discrecionales de falta de equidad manifiesta o injusticia manifiesta.

Como consecuencia del principio de la justicia en la Administración surgen dos obligaciones para ésta en su actividad discrecional:

– Deberá elegir entre las diversas soluciones, la más equitativa, la que mejor respete los intereses de la Administración y de los Administrados.

– No puede crear situaciones manifiestamente injustas, caso contrario, el funcionario que las origine incurrirá en el vicio de abuso o exceso de poder, previsto en el artículo 139, de la Constitución.

Con estas limitaciones que fomentan el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa, se contribuye a que esta potestad, eminentemente necesaria para que la Administración sea eficiente, no sea arbitraria, ni caprichosa, ni contraria a la ley, al Derecho y a la Justicia, sea en definitiva expresión del Estado de Derecho.

 

 

Tipos de controles existentes para impedir los excesos funcionariales y órganos de la Jurisdicción Administrativa

 

 

Recursos Administrativos

 

Según  Cassagne  (1999), el Recurso Administrativo es un acto por el que un sujeto, legitimado para ello, pide a la Administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa, o excepcionalmente un trámite, dentro de unos determinados lapsos y siguiendo unas formalidades establecidas y pertinentes al caso. Mientras, que los Recursos son un medio de control a la actuación de la administración. Son medios legales puestos a disposición de los particulares, para que la Administración modifique su decisión. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su situación jurídica.

Se les denomina Recursos, porque se originan a partir de un acto administrativo de efectos particulares, nunca generales, con una materia ya decidida, que ha cumplido en su totalidad el procedimiento legalmente establecido, así se interpreta de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1981), en su artículo  85.

Estos recursos se interponen y resuelven ante la propia Administración, convirtiéndose así en Juez y parte de los mismos, pero  creando una contradicción, pues la garantía que se pretende asegurar mediante la interposición de recursos es una posible reacción contra las resoluciones administrativas, se disminuye por el hecho de ser la Administración la que ha de resolver el litigio, lo cual explica el alto porcentaje de declaraciones sin lugar que presentan estos recursos. Hecho que obliga acudir a otras instancias (la vía judicial) para la última consideración y sentencia sobre el asunto en cuestión.

 

Revisión de Oficio

 

La propia administración se reserva el derecho a corregir sus actos, simplemente subsanando todos los vicios de que adolezcan. La única condición que la Ley impone es la de que se trate de un acto anulable y que no afecte derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos del particular (Artículo 82 de la LOPA), la misma autoridad que lo dictó o su superior jerárquico podrán revocarlos. Más aún, podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud del o de los interesados, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella (Artículo 83 de la LOPA).

Nociones Generales: Los procedimientos de Revisión de Oficio, al igual que los Recursos Administrativos, forman parte de los denominados Procedimientos de Segundo Grado. La diferencia fundamental con respecto a los Recursos Administrativos, es que en estos casos, la Revisión procede ‘motu propio’,  sin necesidad de requerimiento de los particulares. En estos casos la Administración, ejerce un conjunto de potestades que ponen de manifiesto el principio de autotutela; es decir, la posibilidad de la administración de controlar, no sólo la legalidad sino la oportunidad o conveniencia de sus actos en virtud de los intereses generales que le corresponde tutelar. Estas potestades son las siguientes:

  1. Convalidación: En virtud de esta potestad la Administración subsana los vicios de los actos no afectados de nulidad absoluta. Su objeto es un acto viciado de anulabilidad o nulidad relativa. Para su ejercicio no existe límite de tiempo; es decir, que la potestad de convalidación se extiende aún interpuesto el Recurso Administrativo o Judicial (Artículos 81 y 90 de la LOPA).
  2. Declaratoria de nulidad absoluta: Prevista en el Artículo 83 de la LOPA, la cual le permite a la Administración ‘reconocer’, que en lenguaje jurídico significa ‘declarar’, la nulidad absoluta de los actos dictados por ésta. Pero sólo en aquellos casos en que el acto se encuentra subsumido en las causales del Artículo 19 de la citada Ley y procede de oficio o a solicitud de particulares.
  3. Corrección de errores materiales o de cálculo: Se concibe como una derivación o especie de la potestad general de convalidación y se contrae exclusivamente a los casos en que existen errores materiales o de cálculo que no impliquen la nulidad absoluta del acto (Artículo 84 de la LOPA).
  4. Revocación: La Ley autoriza a la administración a extinguir un acto por razones de oportunidad o conveniencia, bien por razones originarias o sobrevenidas.

Actos Administrativos absolutamente nulos

Existen actos que sólo pueden considerarse viciados de nulidad absoluta, es decir, no pueden ser convalidados de ninguna manera. Tal es el caso que su ejecución sea ilegal, por ejemplo: que se pretenda aplicar una sanción distinta a la señalada en la ley; o  que sea emitido por un individuo con credenciales falsas de funcionario público.

Señala la LOPA en su Artículo 19 que los actos de la Administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:

  1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional, o sean violatorios de una disposición constitucional.
  2. Cuando resuelvan un caso procedentemente decidido con carácter definitivo, y que haya creado derechos subjetivos, salvo autorización expresa de ley.
  3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
  4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

Como se aprecia, el órgano administrativo puede reponer el procedimiento al estado de salvar los vicios en que pudiese haber incurrido. El fundamento para realizar la reposición, son los artículos 30, 53, 62 como principios generales y dependiendo del error cometido en la sustanciación serían el artículo 81 que trata sobre la convalidación de errores, u 84 rectificación de errores materiales, todos de la LOPA en concordancia con el artículo  141 de la CRBV al referirse a la celeridad, eficacia, eficiencia como principios esenciales de la administración.

Respecto a las pruebas evacuadas durante el procedimiento, por principio general de derecho procesal, se mantendrán válidas y eficaces salvo que, lo que precisamente se quiera corregir, tenga relación con algún acto de trámite referido a la evacuación de algún medio de prueba.

Los lapsos de prescripción se interrumpen aún en los casos en que la reposición sea anterior al acto de trámite a convalidar, con fundamento en los principios tradicionales del procedimiento administrativo conocido como ‘conservatio acti’ y la reposición derivada de éste, implicaría conservar el procedimiento.  

Frente a los efectos de la convalidación, como una de las dos instituciones a ser utilizadas en una reposición, existen dos posturas en la doctrina nacional: para Araujo (2001), los efectos de la convalidación siempre son retroactivos por lo que la prescripción no se vería afectada.

Para la doctrina española ciertos actos convalidatorios pueden tener efectos retroactivos y en otros casos sus efectos serán profuturo; es decir, ‘ex-nunca’; para ese ordenamiento jurídico sólo cuando la convalidación favorezca al particular podría hablarse de efecto hacia el pasado o retroactividad.  

Por otra parte, cuando lo que se requiera, sea una simple rectificación de un acto de trámite, por ejemplo algún error material cometido en el acta de reparo, la doctrina tanto nacional como extranjera es pacífica en aceptar que los efectos siempre serán retroactivos; es decir, el acto subsanado se mantiene, así lo señala González (2001).

Expresamente se señala que es posible acudir a otras formas de revisión administrativa de actos de trámite como lo son la declaratoria de nulidad absoluta del acto de trámite y la revocación de actos de trámite. En el primer caso todo acto procesal o de trámite posterior a esta declaratoria de nulidad absoluta seguiría la misma consecuencia; es decir, la nulidad de lo actuado. En cuanto a la revocación, va a tener la limitante de que es procedente siempre que favorezca al particular.

Los efectos que ambas instituciones tienen en los actos de trámites, se mantienen independientes al declarado nulo de nulidad absoluta, o revocado, así como aquellos actos de trámite que fueren independientes pero que se hubiesen mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

Ha sido criterio de los tribunales que la declaratoria de nulidad absoluta y revocación, requieren un procedimiento previo, por lo que se  denota que carecería de efecto práctico hacer uso de ellas si, paralelo al procedimiento de fiscalización o determinación de deberes formales habría que aperturarse un procedimiento, así sea sumario; por eso, la autora se inclina por la convalidación y la rectificación por cuanto en ellas, se ha sido conteste en la no apertura de procedimiento alguno.  

Otro principio general del proceso sancionatorio, afianzado en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, es el referido a la presunción de inocencia del encausado hasta que se demuestre lo contrario por el órgano sustanciador (Artículo 49, numeral 2 de la LOPA); una inversión constitucional de la carga de la prueba en todo tipo de procedimiento o proceso que tenga como finalidad imponer una sanción.

Por ejemplo, en el procedimiento tributario se mantiene aún con el nuevo código, el procedimiento de fiscalización, caracterizado por una primera etapa investigativa, iniciada con providencia de investigación fiscal, que culmina con un acta de reparo, para posteriormente, si hay allanamiento por parte del contribuyente liquidar sanciones y multas. Una segunda etapa, la apertura sumarial, es sustanciadora, y el contribuyente y la administración despliegan toda su actividad probatoria y quien tiene la carga de defenderse es el administrado, haciendo uso, de todos los medios de pruebas admitidos en derecho, con excepción del juramento y de la confesión de empleados públicos, cuando implique prueba confesional de la Administración. 

Concluida la primera etapa procedimental se cumple la actividad a la que está obligada la administración, para demostrar que un determinado contribuyente incumplió con sus deberes tributarios y por ello debe ser sancionado, dando plena eficacia al principio de presunción de inocencia y se produce la inversión de la carga probatoria, ahora en cabeza del administrado, según lo establece el artículo 184 del Código Orgánico Tributario (1994), al señalar que el Acta de Reparo hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario.

Recurso de Reconsideración

 

El Recurso de Reconsideración, está previsto en el Artículo 94 de la LOPA y debe ser interpuesto dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto que se impugna ante el mismo funcionario que lo dictó, en caso tal que el acto no ponga fin a la vía administrativa. La autoridad ante el cual se interpone debe decidir dentro de los 15 días siguientes a su recepción.

 

Recurso Jerárquico

El Recurso Jerárquico, puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor del acto que se cuestiona, lo modifique o lo extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes.

Éste es un recurso meramente administrativo, es decir, que se plantea ante la propia Administración para que ella misma reconsidere el caso, lo analice más profundamente y decida teniendo en cuenta datos y argumentos que el administrado aportará a lo largo del proceso.

Conceptualmente, recurso jerárquico sería todo medio jurídico para impugnar un acto ante un superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

Nociones Generales: El Recurso Jerárquico es un recurso vertical, ya que se intenta ante la superior jerarquía dentro de la organización. En el caso de los Municipios, ante el Alcalde o en los casos de la Administración Pública Nacional, ante el Ministro respectivo.

Las decisiones que resuelvan el recurso jerárquico, agotan la vía administrativa, es decir, que al ser dictadas por la máxima autoridad del ente administrativo de que se trate, dicha decisión, abre el camino al ejercicio de los recursos jurisdiccionales judiciales.

Cuándo no procede el Recurso Jerárquico: No procederá el Recurso previsto contra:

  1. Los actos dictados por la autoridad competente, en un procedimiento amistoso previsto en un tratado.
  2. Los actos de autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales.
  3. En los demás casos señalados expresamente en las leyes o en el Código Orgánico Tributario.

¿Ante quién se interpone el Recurso Jerárquico y en qué tiempo?: El Recurso Jerárquico se interpone directamente ante la autoridad superior de la Oficina de la cual emanó el acto, y el lapso para interponer el mismo será de 15 días hábiles contados a partir de día siguiente a la fecha de notificación del acto que se impugna o de la notificación de declaratoria “sin lugar” del recurso de reconsideración.

Efectos de la interposición del Recurso Jerárquico: La interposición de este Recurso puede suspender, a juicio del órgano administrativo competente, los efectos del acto recurrido. Queda a salvo la utilización de las medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Tributario (1994)  o en otras disposiciones legales.

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario. El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que consideren suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución aceptada. (Artículo  87 de la LOPA).

Efectos de la interposición y causales de la inadmisibilidad del Recurso Jerárquico: Son causales de inadmisibilidad del Recurso:

  1. La falta de cualidad o interés del recurrente.
  2. La caducidad del plazo para ejercer el Recurso.
  3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

La resolución que declare la inadmisibilidad del Recurso Jerárquico será motivada, y contra ella podrá ejercerse el recurso contencioso Administrativo previsto en la LOPA. En su decisión y dentro del ámbito de su competencia, el órgano correspondiente deberá resolver todos los asuntos sometidos a su consideración, aún cuando no hubiesen sido alegados por el recurrente (Artículo 89 de la LOPA).

Interpuesto el recurso, el interesado no podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se produzca la decisión respectiva o no venza el plazo que tiene la administración para decidir. La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, éstos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes.

¿A quién corresponde la decisión del Recurso Jerárquico y qué tiempo tiene para decidir?: La autoridad administrativa que decide si el administrado tiene razón o no en su recurso no es la misma que decidió la primera vez, sino la autoridad más alta, es decir, la decisión queda en manos de la máxima autoridad de la Administración. El Recurso se dirigirá a la más alta autoridad del respectivo organismo, que puede ser el Presidente de un Instituto Autónomo, el Ministro, Presidente de la República, el Alcalde o el Gobernador del Estado. La decisión podrá, confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar los actos anulables. El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación.

A manera de resumen, mucho antes de 1981, el recurso jerárquico ‘stricto sensu’ (también llamado, por ese entonces, recurso jerárquico propio o mayor, o recurso jerárquico a secas) era el que se interponía ante el Poder Ejecutivo contra un acto de sus órganos dependientes. El recurso ante el Poder Ejecutivo contra los actos de entidades descentralizadas era el recurso jerárquico impropio. Actualmente, al establecerse que el recurso de reconsideración llevaba implícito el jerárquico, terminó unificando los medios, a los efectos prácticos de la necesidad de interponer uno u otro, o ambos. Sin embargo, la autora de este trabajo de investigación, piensa que la tendencia final habrá de ser el acceso directo a la revisión judicial, pues toda la evolución histórica lleva a liberar al Administrador de meras cuestiones puntuales que la justicia se halla en mejores condiciones de atender.

Utilización del Recurso de Reconsideración y Recurso Jerárquico

 

Para interponer el recurso jerárquico, señala Lares (2001), “No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración” (p. 38),  pero si se hubiese interpuesto el recurso de reconsideración, éste lleva implícito subsidiariamente el recurso jerárquico. Por consiguiente, el interesado puede entonces utilizar primero el recurso de reconsideración, si reacciona a tiempo en quince días hábiles, y con ello no pierde el recurso jerárquico el cual debe interponer directamente en sus quince fatales días, si se despierta a tiempo del letargo en que lo sume deliberadamente la administración, sin previa reconsideración.

Dada la escasa utilidad que a veces tiene la reconsideración, puede ser preferible emplear el jerárquico prescindiendo de aquélla; o acudir a la justicia si la instancia judicial se encuentra abierta.

Otra variante que se puede utilizar, es la opuesta; es decir, interponer la reconsideración y tratar de aportar cuanta prueba producida privadamente pueda concebir y aportar cuanta alegación o argumentación tenga, tratando así de dejar preparado el expediente para causar buena impresión en cuanto al fondo el día que resuelva que debe ya iniciar la acción.

Denegación tácita de la reconsideración: Se puede dar por denegado el recurso de reconsideración, si fuese asó, no parecería entonces que la interposición de la reconsideración le ocasione especial demora en la eventual prosecución del recurso jerárquico. Ello no significa eficacia. Puede en algunos casos viabilizar una gestión conciliadora o transaccional o a la inversa, ser una oportunidad para que la administración solidifique, mejore y consolide su acto. Deberá, pues, el interesado evaluar frente a qué posible actitud administrativa se encuentra y obrar en consecuencia.

Recurso jerárquico con o sin reconsideración previa: Si el interesado interpone en forma directa el recurso jerárquico, acude en tal situación a la máxima autoridad del órgano, omitiendo las escalas administrativas intermedias. Quien emplea la reconsideración puede seguir luego con el jerárquico ante la autoridad superior, una vez agotada la gestión con quien dictó el acto impugnado. En cambio, si articula el recurso jerárquico sin previa reconsideración, no puede ya intentar, al menos formalmente, obtener nueva decisión del órgano que dictó el acto.

En razón de la materia de Recurso Jerárquico: Siguiendo la solución tradicional en materia de recurso jerárquico, puede impugnarse cualquier aspecto jurídico del acto impugnado; en particular, no cabe hacer distinciones entre actos administrativos y supuestos actos de derecho privado de la administración, distinción que no se encuentra en la LOPA aplicable a todos los actos de la administración conforme su artículo 1.

Actos excluidos del recurso: Surge de lo expuesto, a contrariosensu’, que están excluidos del recurso jerárquico los siguientes supuestos de actos de contenido particular o concreto:

– Actos no productores de efectos jurídicos directos, tales como dictámenes, proyectos, informes, entre otros. Respecto de los meros pronunciamientos administrativos, cabe incluirlos en esta categoría toda vez que no son hábiles para alterar la esfera jurídica del particular, limitándose a fijar la posición del Estado al respecto.

– Actos interlocutorios, o sea actos administrativos productores de efectos jurídicos directos, pero que se refieran solamente a cuestiones de procedimiento, siempre y cuando no sean equiparables a definitivos por impedir totalmente la pretensión del interesado, caso en el cual el recurso es procedente.

– Actos emanados de un Ministro que resuelven un Recurso Jerárquico. El Recurso Jerárquico no puede reiterarse por ante el Poder Ejecutivo contra la denegación producida en la etapa ministerial de un anterior recurso jerárquico interpuesto contra el acto de un órgano inferior. 

– Decretos del Poder Ejecutivo o decisiones administrativas del Presidente de la República, quedando en realidad directamente abierta la vía judicial contra el acto que resuelve el recurso jerárquico. Al no existir autoridad administrativa alguna superior al Jefe del Poder Ejecutivo mal puede interponerse recurso jerárquico contra sus actos.

Motivos de legitimidad: El recurso puede fundarse en motivos de legitimidad, de derecho público o privado. Quedan comprendidos los límites a la discrecionalidad administrativa, tales como razonabilidad, buena fe, desviación de poder, por supuesto, también puede impugnarse el desacierto técnico del acto; pues si el acto es técnicamente incorrecto es con ello ilegítimo; en tal sentido puede modernamente hacerse referencia al concepto de regulación técnica.

Motivos de oportunidad: También la inconveniencia, inoportunidad o falta de mérito del acto puede cuestionarse en el recurso jerárquico. Tal vez ello no sea objeto de una consideración expresa en los dictámenes e informes que se produzcan en el trámite del recurso, es un elemento que pesa en quienes tienen que decidir o informar y por ello es conveniente efectuar las mejores consideraciones que uno pueda hacer en este sentido. Debe tratarse de convencer al cuerpo que ésta es la única solución políticamente oportuna, la única eficaz, la única práctica.

Legitimación Derecho subjetivo: Puede interponer recurso jerárquico en primer lugar el titular de un derecho subjetivo. No se quiere decir que el recurso jerárquico sea un medio apto para introducir el control de oportunidad en la administración pública, control éste que requiere de otros medios más idóneos al respecto.

Interés legítimo: También puede interponer el recurso jerárquico, el titular de un interés legítimo, o sea quien tiene una situación jurídica tutelada en forma concurrente, como parte de un círculo definido y delimitado de personas. Pueden interponer el recurso los diversos titulares de un mismo interés legítimo tanto en forma conjunta, como individualmente. En todos los casos, lo que se resuelva respecto de uno afectará naturalmente a los demás y será por ello necesario en su caso citarlos como co-interesados. La presentación colectiva es pues válida.

Derechos de incidencia colectiva: El concepto de interés legítimo se interpretaba restrictivamente en la práctica administrativa y no se admitía por lo general la presentación de recursos por parte de asociaciones por cuestiones atinentes a todo o parte de sus asociados, salvo en el caso de las asociaciones gremiales. Con tal criterio tampoco quedaría abierta la vía del recurso administrativo para la tutela de los derechos de incidencia colectiva, lo que resultaría en una clara y ostensible violación constitucional.

El problema no se presenta a nivel jurídico formal, sino práctico. Sólo cabe reafirmar enfáticamente que procede la legitimación en sede administrativa sobre la base de derechos de incidencia colectiva.

Interés simple: No se admite hasta el presente el interés simple como legitimación suficiente para interponer recurso jerárquico. Sigue vigente el criterio clásico de que en tales casos, sólo pueden presentarse meras peticiones o denuncias, aunque el artículo 3 de la LOPA establece la obligación de resolver todas las denuncias.

Decisión expresa: Esta decisión puede en la práctica producirse durante el plazo previsto en la reglamentación o después de él. A su vez, ello puede ocurrir sea de oficio o ante el amparo por mora de la administración interpuesto por el interesado o el recurso de abstención o carencia, previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004).

Aunque el particular haya resuelto considerar tácitamente denegado el recurso, de todos modos la administración puede producir a su respecto una decisión expresa al igual que si el particular ya ha iniciado la vía judicial. Pero en ambos casos si tardíamente resuelve, sólo puede serlo con el alcance de otorgar una resolución favorable al recurrente, no ya una decisión adversa.

La decisión expresa del recurso jerárquico abre al interesado la vía judicial. El artículo 97 de la LOPA indica que la vía judicial puede iniciarse cuando el acto impugnado revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas. Tales expresiones han de interpretarse del siguiente modo: (a) definitivo, en el sentido de resolver acerca del fondo de la cuestión planteada y, (b) que se hubieren agotado las instancias administrativas, es no haber ya otros recursos administrativos que sea obligatorio interponer para habilitar la vía judicial.

El artículo 97 de la LOPA, aclara que la interposición de los recursos de reconsideración o revisión contra las decisiones definitivas o con fuerza de tales que dichos recursos son potestativos para el particular y en caso de no interponerlos queda habilitada desde ya la vía judicial, y empieza a correr el plazo de noventa (90) días para hacerlo.

Recurso de Revisión

 

El Recurso de Revisión, sólo se presentará en la práctica en casos muy excepcionales establecidos en el Artículo 97 de la LOPA, tales como si después de haberse dictado la decisión o la sentencia aparecieran pruebas decisivas en el asunto de que se trate, o se prueba que hubo soborno o se cometió algún delito que sirvió de base a la sentencia o decisión.

El recurso de Revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante el Ministro respectivo en los siguientes casos:

  1. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente.
  2. Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme.
  3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial, definitivamente firme.

Nociones Generales: El Recurso de Revisión inicia a solicitud del interesado, a través de la Revisión de los actos. El órgano que resuelve el procedimiento es el administrativo que haya dictado el acto objeto del recurso, en un plazo máximo a resolver y notificar de treinta (30) días siguientes a su presentación. El efecto de la falta de resolución en plazo es el  desestimatorio.

¿Qué procede en estos casos?: Lo procedente, en caso de haberse configurado los supuestos de hecho que dan lugar al Recurso de Revisión, bien sea por silencio administrativo, decisión expresa adverso a la pretensión del administrado, o simplemente por no haberse formulado los recursos administrativos, y estén en curso los tres meses que dan lugar a la caducidad de la acción judicial, es  Interponer el Recurso Contencioso-Administrativo. Para que el Juez Competente de esta jurisdicción,  analice los hechos y decida lo conducente. En esta circunstancia, es extremadamente importante presentar a la consideración  de la magistratura, todas las pruebas que lo puedan conducir a tomar la decisión más acertada.

 

Recurso de Amparo Constitucional

 

Si el recurrente considera que la decisión definitivamente firme de la administración vulnera sus derechos constitucionales o cualquiera de los derechos del hombre y del ciudadano, puede intentar, de manera excepcional, y una vez agotadas todas las instancias,  el Recurso de Amparo Constitucional, previsto en la Ley de Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales (1987), en sus artículos 2, 3, 4, y 5.

Ente ante quién se intenta este Recurso: La Sala Constitucional, ya que es quien se encarga de atender las violaciones fragantes a las Normas constitucionales. O ante el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, si no se hubiese producido decisión judicial sobre lo reclamado. En el siguiente apartado se desarrollará este punto.

Los Recursos Contenciosos

 

El Contencioso Administrativo, su Constitucionalidad

 

La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determina la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Ha sido precisamente con base en esta norma constitucional, que en Venezuela se ha desarrollado la jurisdicción contencioso administrativa que se ejerce por la Sala Político Administrativa del TSJ y otros tribunales establecidos por ley. La configuración de dicha jurisdicción, por otra parte, se ha completado en la Constitución de 1999, al regularse también en el artículo 297, a la jurisdicción contencioso electoral  atribuyéndose su ejercicio a, la Sala Electoral del TSJ y los demás tribunales que determine la ley; especializándose así, él control de legalidad e inconstitucionalidad de los actos administrativos dictados por los órganos del poder electoral.

Características de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999) y con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela es una jurisdicción especial integrada al poder judicial, por lo que los tribunales que la integran, tienen en realidad una competencia especial. En Venezuela, por tanto, el derecho administrativo no se ha construido con base en los criterios de distinción entre jurisdicción judicial y jurisdicción administrativa, tan extendido en el derecho administrativo francés, y que han sido seguidos en algunos países, como por ejemplo en Colombia.

El artículo 259 de la Constitución de 1999, dispone la competencia del Tribunal Supremo y de los otros tribunales contencioso administrativos en materia de responsabilidad de la administración en general, lo cual abarca no sólo la contractual, sino también la extracontractual.

La innovación constitucional fue incorporar entre las atribuciones de los tribunales contenciosos administrativos, las reclamaciones por la prestación de los servicios públicos. La importancia del texto del artículo 259 de la Constitución, es la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativa y radica en los siguientes aspectos, según Brewer Carías (1993):

  1. La universalidad del control: Esto significa que la Constitución regula respecto de los actos administrativos, en el sentido de que todos, pueden ser sometidos a control judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, por ‘contrariedad al derecho’; es decir, sea cual sea el motivo de la misma, bien sea inconstitucionalidad o ilegalidad en sentido estricto. La Constitución no admite excepciones, y como lo explicó la exposición de motivos de la Constitución de 1961: contrarios a derecho es una enunciación general que evita una enumeración que puede ser peligrosa al dejar fuera de control algunos actos administrativos.

Consecuencia de esta tendencia hacia la universalidad del control, es el elenco de recursos y acciones para acceder a la justicia contencioso administrativa que, por supuesto, además del recurso de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o de efectos particulares, o contra los actos administrativos generales o individuales, con o sin pretensión de amparo constitucional, comprende el recurso por abstención o negativa de los funcionarios públicos a actuar conforme a las obligaciones legales que tienen; el recurso de interpretación; el conjunto de demandas contra los entes públicos; y las acciones para resolver los conflictos entre autoridades administrativas del Estado.

De manera pues, que la jurisdicción contencioso administrativa se configura constitucionalmente como un instrumento procesal de protección de los administrados frente a la administración, y no como un mecanismo de protección de la administración frente a los particulares. De ahí la ratificación del principio de la universalidad del control, en el sentido de que tratándose de un derecho constitucional, no podía el legislador excluir de control a determinados actos administrativos.

Desde otro ángulo, tratándose de un derecho fundamental al control, en la relación privilegios estatales-libertad ciudadana, esta última debe prevalecer o en palabras más precisas, debe privilegiarse. Además, la forma como se conciben constitucionalmente la universalidad de control y el derecho ciudadano a la tutela judicial frente a la administración, implica la asignación al juez contencioso administrativo de amplísimos poderes de tutela, no sólo de la legalidad objetiva que debe siempre ser respetada por la administración, sino de las diversas situaciones jurídicas subjetivas que pueden tener los particulares en relación a la administración.

Así pues, el juez contencioso administrativo, de acuerdo a los propios términos del artículo 259 de la Constitución, tiene competencia no sólo para anular los actos administrativos contrarios a derecho, sino para condenar a la administración al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la misma, y para disponer el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la autoridad administrativa, incluyendo en la expresión ‘situaciones jurídicas subjetivas’ los derechos constitucionales y los propios intereses legítimos, personales y directos de los ciudadanos.

En la Constitución de 1999 (siguiendo la Constitución de 1961) se dio competencia específica a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración (Artículos 140 y 259 de la CRBV), lo cual abarca no sólo la responsabilidad contractual sino la extracontractual de la república y de otros entes públicos.

En la Constitución de 1999, además, se incluyó dentro de las competencias de la jurisdicción contencioso administrativa, conocer de los reclamos por la prestación de servicios públicos, constituyendo este aspecto la única novedad regulatoria del nuevo texto, comparado con la de la Constitución de 1961. Por lo tanto, a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa no está encomendada, entonces, la generalidad de los procesos ni sometida la generalidad de las personas: solamente están sometidas a ella determinadas categorías de personas y solamente juzga determinados actos, hechos y relaciones jurídicas.

En cuanto a las personas jurídicas sometidas a esta jurisdicción especial, una de las partes de la relación jurídico-procesal debe ser una persona de derecho público o una persona jurídico-estatal, o una entidad privada que ejerza prerrogativas del poder público, por ejemplo, preste un servicio público mediante concesión.

Respecto a las relaciones jurídicas, hechos y actos jurídicos, esta jurisdicción especial está llamada a juzgar, actos, hechos y relaciones jurídico-administrativos, originados por la actividad administrativa. Esa jurisdicción especial, con competencia específica en la Constitución se la atribuyó inicialmente a la antigua Corte Suprema de Justicia. Posteriormente se fue ampliando por ley, al atribuirse también en forma especializada a determinados tribunales, como los Tribunales de Impuesto sobre la Renta, sustituidos posteriormente por los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, el Tribunal Superior Agrario, el Tribunal de la Carrera Administrativa y el Tribunal de Inquilinato, eliminados estos últimos en la década pasada y convertidos en Tribunales Superiores Unipersonales con competencia contencioso administrativa.

La derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, además, creó tribunales con competencia general contencioso administrativa en forma transitoria: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que funcionó hasta el año 2003 cuando fue intervenida de hecho y destituidos sus magistrados, y los tribunales superiores con competencia en esta materia.

  1. El control de la administración: La existencia de la jurisdicción contencioso administrativa radica en la necesidad de una jurisdicción especial para controlar a la administración y a la actividad administrativa. Ahora bien, la noción de ‘administración’ puede en general delimitarse, según los casos, conforme al artículo 259 de la Constitución, de acuerdo con un criterio material o un criterio orgánico.

De acuerdo al criterio material, cuando la Constitución se refiere a la ‘responsabilidad de la administración’, en realidad se refiere a las consecuencias de una actividad pública administrativa, poniendo mayor énfasis en la actuación que en la persona actuante. Con base en el criterio orgánico, por ‘administración’, a los efectos de la jurisdicción contencioso administrativa, ha de entenderse fundamentalmente a las personas jurídicas de derecho público o a las personas jurídicas estatales. De hecho, las personas jurídicas pueden clasificarse conforme a dos criterios: según su forma jurídica, en personas de derecho público y personas de derecho privado; y según su integración al Estado, en personas estatales y personas no estatales.

En cuanto a las personas de derecho público, estas son las político-territoriales que son la república, los estados federados y los municipios, y las personas de derecho público no territoriales o establecimientos públicos; es decir, aquellas personas jurídicas creadas por el Estado mediante la ley, para descentralizar determinadas actividades, que pueden ser de dos categorías fundamentales: los establecimientos públicos institucionales o institutos autónomos y los establecimientos públicos corporativos, como las comunidades universitarias o profesionales (universidades nacionales o los colegios profesionales) y los de carácter asociativos, como las mancomunidades.

En lo relativo a las personas jurídicas de derecho privado, en ocasiones, se someten a la jurisdicción contencioso administrativa, aquellas creadas por el Estado para la realización de actividades fundamentalmente en el campo económico, es decir, las empresas del Estado o empresas públicas establecidas como sociedades mercantiles, con capital público o mixto, según las reglas del derecho privado comercial, y las personas jurídico-privadas a las que la ley les ha asignado el ejercicio de determinadas tareas públicas, como ocurre con los concesionarios de servicios públicos.

Es importante observar, que no todas las personas de derecho público son estatales, ni todas las personas estatales son de derecho, pero cuando dicten actos administrativos los mismos están sometidos a control contencioso administrativo.

  1. El control de la actividad de los entes públicos: A partir de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, la jurisdicción contencioso administrativa se estableció como un fuero general, respecto de la república y las otras personas jurídicas estatales nacionales, no sólo los juicios de nulidad de actos administrativos, sino que también compete a sus órganos el conocimiento de las demandas por cualquier causa intentadas contra la república y demás entes públicos nacionales, incluyendo las empresas nacionales del Estado.

En cuanto, a las acciones o recursos que se interpongan contra los estados o municipios, distintos a los juicios de nulidad de actos administrativos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), nada estableció al respecto, aunque por expresa disposición del artículo 183 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, su conocimiento correspondía a los tribunales de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a las previsiones del derecho común o especial. Este silencio legal provoca incertidumbre al respecto, pues la costumbre aconseja continuar aplicando lo dispuesto en la Ley derogada, pero eso significa violar el principio de la legalidad, y no hacerlo, obligará a los tribunales de la jurisdicción a buscar la salida legal más apropiada por vía de jurisprudencia.

  1. El control de la legalidad: De acuerdo al artículo 259 de la Constitución, los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales ‘contrarios a derecho’, incluso por desviación de poder, cualquiera que sea el motivo de contrariedad al derecho; es decir, sea por razones de inconstitucionalidad, de ‘ilegalidad’ propiamente dicha, o de violación de reglamentos y demás actos de efectos generales, violación de la cosa juzgada administrativa, violación de los principios generales del derecho administrativo, entre otras.

El juez contencioso administrativo es juez constitucional de los actos administrativos y es juez constitucional de amparo respecto de todas las actuaciones de las autoridades administrativas.

 

La justicia constitucional y la justicia administrativa

 

Si bien es cierto que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene la competencia exclusiva para declarar la nulidad por inconstitucional, con efectos erga omnes de las leyes, y demás actos estatales de rango legal o dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, según lo establece en su artículo 334, ello no excluye que coexista un control difuso de constitucionalidad de las leyes, en los términos del citado artículo y del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, todos los jueces de cualquier nivel tienen el poder-deber de no aplicar a los casos generales que deban decidir, las leyes que estimen inconstitucionales

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1987), en su artículo 3, dispone, que procede el ejercicio de la acción de amparo contra leyes, ante los jueces de primera instancia. Asimismo, en general, la acción de amparo para la protección de los derechos y garantías constitucionales, se ejerce ante los tribunales de primera instancia afines al derecho lesionado. Más aún, de no existir esos tribunales en la localidad, la acción de amparo se puede intentar ante cualquier Tribunal que allí exista, de acuerdo al artículo 7 de la citada ley. En pocas palabras, la justicia constitucional en Venezuela, no es una exclusividad de la Sala Constitucional o del Tribunal Supremo de Justicia, sino que corresponde a todos los tribunales del país.

El monopolio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para declarar en forma concentrada la inconstitucionalidad de las leyes y demás actos de rango legal o de ejecución directa e inmediata de la Constitución, es limitado a las leyes nacionales, estadales y municipales, y a los actos estatales de rango legal o de ejecución directa e inmediata de la Constitución.

En consecuencia, se puede afirmar que conforme al artículo 336 de la Constitución, existe una jurisdicción constitucional concentrada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero sólo del control de determinados actos estatales: la distinción por tanto, está marcada por el objeto de control y no por los motivos de control.

En conclusión, los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son jueces constitucionales de los actos administrativos cuando controlan la sumisión de éstos al derecho. No se puede constitucionalmente limitar a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa al conocimiento de la nulidad de los actos administrativos solamente por motivos de ilegalidad, sin contravenir el artículo 259 de la Constitución, que les atribuye poder para declarar la nulidad ‘por contrariedad al derecho’, que implica inconstitucionalidad e ilegalidad. Es decir, todos los jueces contencioso administrativos, conforme a este artículo, tienen potestad para declarar la nulidad de los actos administrativos, no sólo por ilegalidad sino por inconstitucionalidad, ejerciendo la justicia constitucional.

La Sala Político Administrativa del TSJ en sentencia 152 de fecha 17-02-2000 (caso: Aerolínea Internacional S.A.) al precisar su criterio interpretativo en ejercicio de la competencia atribuida por el constituyente a todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), señala que:

En este sentido, la Sala Político Administrativa analiza sus competencias en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente, la establecida en los ordinales 4° y 5° del artículo 266, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 259 que consagra expresamente la jurisdicción contencioso administrativa: Conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, le corresponde a esta Sala Político Administrativa, entre otras, el ejercicio de las siguientes competencias: 1. Garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como velar por su uniforme interpretación y aplicación conforme lo establece el artículo 335 de la Constitución. 2. Declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente de los Reglamentos y demás actos administrativos, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme al ordinal 5° del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem…

Visto de esa manera, señala Brewer Carías (1999), se debe diferenciar la jurisdicción constitucional, atribuida a la Sala Constitucional, de la justicia constitucional que corresponde a todos los jueces; asi como establecerse la diferencia entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa.

El artículo 181 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (1976), establece textualmente:

Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso administrativa, los tribunales superiores que tengan atribuida competencia en lo civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad. Cuando la acción o el recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema de Justicia. En la tramitación de dichos juicios los tribunales superiores aplicarán en sus casos, las normas establecidas en las secciones segunda, tercera y cuarta del capítulo II, título v, de esta ley. Contra las decisiones dictadas con arreglo a este artículo, podrá interponerse apelación dentro del término de cinco días, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a que se refiere el artículo 184 de esta Ley.

De acuerdo con la norma antes transcrita, los tribunales superiores con competencia en materia contencioso administrativo, son los competentes para conocer de los actos generales o particulares de rango sublegal emanados de las autoridades estadales y municipales; sin embargo, limitan tal conocimiento a violaciones de Ley, y las violaciones constitucionales corresponderían a la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal.

 

 

El juez contencioso administrativo como juez de amparo constitucional

 

Los poderes del juez contencioso administrativo para controlar la constitucionalidad de los actos administrativos en los juicios de nulidad, que lo muestran como juez constitucional, se complementan con la posibilidad establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1987), de actuar como juez constitucional de amparo.

En efecto, conforme al artículo 2 de la citada ley, “La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal”, a lo que agrega el artículo 5 que:

La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.

Conforme a estas normas, por tanto, la acción de amparo procede contra los hechos, actos u omisiones de la administración, siendo competentes para conocer de la misma, en general los jueces contenciosos administrativos. Así lo determinó pacíficamente la doctrina jurisprudencial, de la antigua Corte Suprema y de la Corte Primera de lo Contencioso, al indicar, que la competencia de los tribunales contencioso administrativos, para conocer de la acción de amparo se determina no sólo por la afinidad con la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado como lo establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo; sino, también en atención de la afinidad con la materia cuya competencia le está atribuida al Tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa de que se trate, y también, en razón del órgano del cual emana el acto que se pretende atentatorio contra derechos y garantías constitucionales; pues que tal criterio, define cuál es el tribunal de primera instancia, dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, en concreto, la acción de amparo contra actos administrativos o abstenciones de la administración, conforme a la ley, se puede interponer ante los tribunales contenciosos administrativos en forma autónoma, o conjuntamente con el Recurso Contencioso Administrativo de Anulación en los términos que establece también el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo:

Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la administración, podrá formularse ante el juez contencioso administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.

Agrega el parágrafo único de este artículo 5 de la citada ley que:

Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa.

 

Recurso de Abstención o Carencia

 

Dentro de la concepción del Estado moderno, aunado con el desarrollo social y económico, se plantea la necesidad de revisar y replantear algunos principios o supuestos que fueron aceptados en el tiempo, repetidos e inclusive mantenidos sin ningún tipo de análisis ni fundamentos, que se convirtieron en dogmas en torno al sistema contencioso administrativo en general y de manera especial, alrededor de la Pretensión  de Carencia o Abstención. En efecto, la Pretensión de Carencia o Abstención, se encuentra establecida como una competencia en el Artículo 5, numeral 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), el cual textualmente establece:

 

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: 26. Conocer de la abstención o negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital, a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las Leyes.

Esta competencia se encontraba desarrollada en la derogada Ley Orgánica de La Corte Suprema de Justicia la cual establecía en su Artículo 42. Es la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: Conocer de la Abstención o negativa de los funcionarios nacionales a cumplir determinados actos a que estén obligados por leyes cuando sea procedente en conformidad con ellas.

Por su parte, el artículo 182 de la derogada Ley disponía  la competencia de los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos de la siguiente forma:

Los Tribunales previstos en el artículo anterior, conocerán también, en sus respectivas circunscripciones: de la abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir determinados actos a que estén determinados por las leyes, cuando sea procedente de conformidad con ellas. 

Ahora bien, el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), establece que es competencia de la Sala Político-Administrativa:

Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T)

     El primer aparte del referido artículo 5 define, que dicha competencia corresponde a la Sala Político-Administrativa.

Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia, a favor de esta Sala Político-Administrativa, en todas aquellas acciones que cumplan con las dos condiciones contempladas en la misma, como son: Que el demandado sea la República, los Estados, los Municipios, Institutos Autónomos, entes públicos o empresas en la cuales la República ejerza un control decisivo o permanente, en cuanto a su dirección o administración; y que la acción incoada tenga una cuantía superior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T).

Ahora bien, como se dijo anteriormente, en cuanto a las acciones o recursos que se interpongan contra los estados o municipios, distintos a los juicios de nulidad de actos administrativos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, nada estableció al respecto, aunque por expresa disposición de los artículos 182 y 183 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, su conocimiento correspondía a los tribunales de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a las previsiones del derecho común o especial. Este silencio legal provoca incertidumbre al respecto, pues la costumbre aconseja continuar aplicando lo dispuesto en la Ley derogada, pero eso significa violar el principio de la legalidad, y no hacerlo, obligará a nuestros tribunales de la jurisdicción a buscar la salida legal más apropiada por vía de  jurisprudencia.

En este sentido, en sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 31 de agosto de 2004, se fijan las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo y de las Cortes de lo Contencioso Administrativo en lo referente a las acciones previstas en los numerales 24 y 25 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Exp. Nº 2004-0848 Caso Venezolana de Televisión, C.A, en los siguientes términos:

“Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este Máximo Tribunal, y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia así: 1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T). 2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T) si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal. 3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.) si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal. DECISIÓN: Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: La competencia para conocer de la presente causa corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordena la publicación del texto íntegro del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se expresará: Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que fija las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo y de las Cortes de lo Contencioso Administrativo en lo referente a las acciones previstas en los numerales 24 y 25 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
“Publíquese, regístrese, y comuníquese. Remítase el expediente a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de la distribución correspondiente. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

Para Badell (1995), la Pretensión de Carencia o Abstención constituye “la vía procesal para controlar la ilegalidad que se deriva del incumplimiento o negativa de la administración en realizar una actuación concreta que le corresponde por estar definida en forma concreta y precisa por la Ley” (pp.177-178). Para Mucci (1991),  constituye “un útil mecanismo procesal  para el control de las infracciones de orden jurídico consumadas por la pasividad administrativa” (p.17). De igual forma,  Brewer (1997), la define como un “incumplimiento por parte de la Administración de una obligación legal concreta al decidir o cumplir determinados actos que se manifiesta en un sujeto de derecho a que la Administración cumpla los actos a que esta obligada”. (p.100).

En el mismo sentido, Urosa (2000), citando a Hirsch (1992), señala “que la carencia es el incumplimiento de un actuar concreto de la autoridad pública y correlativamente, el derecho subjetivo para solicitar el cumplimiento de un acto específico omitido, precisamente por la inobservancia de la obligación de actuar”. (p. 203). Al referirse Carrillo (1999),  a la Pretensión de Carencia o Abstención, señala que debe tratarse de:

…una obligación especifica concreta y determinada para la Administración, la cual se impute como un deber específico de actuación, con rasgos de absoluta imperatividad taxativa  enmarcándose  totalmente la forma y manera de cómo dicho ente administrativo tendría que proceder. (p. 26).

En definitiva, dichas definiciones doctrinales, son producto de la interpretación de los artículos sobre la Pretensión de Carencia o Abstención, establecidos de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales se circunscriben en torno a obligaciones concretas o específicas, que necesariamente deben estar contenidas en una Ley y emanar de la autoridad administrativa. Es necesario indicar que aún cuando tanto la doctrina o la jurisprudencia lo han calificado de recurso y otros de acción, dicha calificación  parece errónea. En efecto, no es un medio de impugnación contra una decisión preexistente, para ser denominada ‘recurso’ y por otra parte  la acción como tal  no admite adjetivos; en cambio la pretensión constituye el objeto de la demanda y del litigio, existiendo tantas pretensiones como solicitudes se realicen en la demanda, y por lo tanto la calificación que se considera correcta del medio procesal debe ser el de pretensión de carencia o abstención.

Supuestos Tradicionales

Deber específico: El análisis que ha realizado tanto la doctrina como la jurisprudencia cuando el artículo 42 numeral 23 y el artículo 181 numeral 1, de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se refiere a determinados actos a que estén obligados por las leyes, señala que éste se circunscribe a un incumplimiento de una obligación concreta. En efecto tal como lo señala Carrillo (1999):

…la Singularidad de la Negativa o Tácita en el Recurso por Abstención estriba en su elemento distintivo, como lo es, que ésta se produce con ocasión de una solicitud o petición que pretende el cumplimiento de una determinada actuación primaria de la Administración, la cual esta especificada, concreta e ineludiblemente obligada a realizar por la existencia tangible de un imperativo preceptuado en una norma de rango legal. (p. 41).

En este mismo sentido se pronuncia Araujo (1998), al indicar que la Pretensión de Carencia o Abstención tiene por objeto, “la obtención de un pronunciamiento de la jurisdicción administrativa sobre la obligatoriedad para la Administración de producir un determinado acto o de realizar una actuación concreta, en vista de un imperativo legal expreso y específico” (p. 298). De igual forma Mucci (1991), señala que existe carencia de actuación para la Administración cuando deba actuar en un momento dado porque le es imperativo sin poder eludirse, y de igual forma se abstiene, por lo que si la Administración deja de actuar y omite así el cumplimiento de sus deberes específicos, lesiona los derechos y perjudica  los intereses de los particulares, así la obligatoriedad del acto específico omitido no resulta solo de lo que disponga la propia norma, sino de igual forma de la naturaleza reglada del mismo, donde no hay duda de la actuación de la Administración.

Así para Urosa (2000), la doctrina mayoritaria “ha entendido por obligación específica aquella que amerita una especial actuación positiva, prevista como consecuencia jurídica frente a un determinado supuesto de hecho” (p. 212). Igualmente expone, que en este sentido se “excluyen implícitamente del concepto de abstención  las obligaciones administrativas cuya ejecución sea de contenido discrecional y aquellas obligaciones cuyo modo de exteriorización no esté expresamente concretizado en una norma”. (p. 212).

Por otra parte, la primera sentencia en materia de Carencia o Abstención  dictada por la Corte Primera de lo Contenciosos-Administrativo, en fecha 6 de diciembre de 1984 caso: Teresita Aguilera, estableció como condición para la procedencia de la Pretensión de Carencia o Abstención,  la existencia de una carga u obligación legal señalada por Ortiz y Brewer (1996), donde “le corresponderá al juzgador precisar si la carga que el recurrente le imputa  a la autoridad administrativa es una carga específica contemplada en una Ley” (p. 52). De igual forma, siguiendo los mismos supuestos la Sala Político Administrativa en fecha 28 de febrero de 1984  caso: Eusebio Igor Vizcaya Paz  determinó que no se regula la abstención “frente a una obligación genérica (inconcreta, por tanto, en su formulación general) que tienen los funcionarios de actuar en ejercicio de atribuciones correspondientes al respectivo cargo. Antes bien, debe tratarse de una obligación concreta y precisa inscrita en la norma”. (p. 10).    

En otra decisión de fecha 14 de agosto de 1991 dictada por la Sala Político Administrativa en el caso: Rosa Adelina González, citada por Ortiz y Brewer (1996), reiteró “la referida acción procede frente a obligaciones concretas y específicas de la Administración, desestimándose en los casos en que se alegue el incumplimiento de una obligación genérica de la administración a dar oportuna respuesta”. (p. 74). En decisiones más recientes, se reitera el supuesto de obligación concreta o deber especifico. En efecto la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Carlos Escarrá Malavé en el caso: Javier Elechiguerra Naranjo, de fecha 10 de abril de 2000, determino: Antes bien debe tratarse de una obligación concreta y precisa inscrita en la norma legal correspondiente la cual debe presentarse como un  paradigma de contraste que sirva para verificar si la abstención existe.

Por otra parte,  en sentencia 23 de mayo de 2000, caso: Sucesión Aquiles Monagas Hernández, dictada por la Sala Político Administrativa se reitera el criterio en los mismos términos al señalar que los artículos 42 numeral 23, y 182 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, permiten deducir que en ellos no se regula la abstención frente a la obligación genérica (inconcreta, por tanto, en su formulación general) que tienen los funcionarios de actuar en ejercicio de atribuciones  correspondientes al respectivo cargo. Sin embargo, según  Urosa (2000) en cuanto a la distinción que realiza tanto la jurisprudencia como la doctrina entre  obligación o deber especifico y obligación genérica de decidir, opina que la misma:

No tiene sentido la distinción pues, de una parte, toda obligación jurídica es, por naturaleza específica, con independencia del contenido formal o material de la misma. En el caso de la obligación de dar respuesta a una solicitud administrativa, el contenido de la obligación es objetiva y subjetivamente concreto: Objetivamente porque decidir de manera expresa y oportuna, es hacer concreto aunque formal, esto es, aunque sea irrelevante – a los fines de la tutela judicial- el contenido de la decisión a dictar: A más de lo anterior, bajo la vigencia de la nueva Constitución venezolana, el derecho fundamental de dirigir peticiones a las autoridades y funcionarios públicos (artículo 51 constitucional) abarca el derecho a “obtener oportuna y adecuada respuesta”. Por tanto con independencia del contenido material de la solicitud, la respuesta del órgano debe ser oportuna y adecuada, lo que excluye cualquier consideración acerca del carácter “genérico” de tal obligación. Subjetivamente, también es concreta la obligación de decidir, pues una vez que le sea planteada a determinado órgano una solicitud administrativa, la obligación de pronunciamiento estará concretizada en el seno de una relación jurídica surgida a raíz de la solicitud. En consecuencia poco importa que todo órgano de la Administración pública tenga potencialmente parcialmente la misma obligación de “decidir peticiones”, pues ante una solicitud concreta el deber de decidir es, también, concreto. En consecuencia frente a una solicitud administrativa el órgano administrativo posee dos obligaciones concretas: decidir de manera expresa, oportuna y adecuada; y otorgar la prestación o actuación solicitada, siempre que se verifique la procedencia jurídica de ésta. (p. 208).

En este orden de ideas no es posible mantener la distinción entre la obligación genérica y la obligación específica, ya que tal como lo señala Urosa (2000), “lo relevante estaría en el contenido formal de la obligación de responder, frente al carácter material o sustancial de la obligación de hacer o dar ese algo en especial que motivo la solicitud administrativa”. (p. 209). Así no hay que distinguir entre omisiones genéricas o específicas, sino en omisiones materiales o formales, como lo ha distinguido la doctrina en el derecho comparado. En efecto, en España autores como Puente (2000) han señalado que la inactividad formal se define:

Como aquella infracción del ordenamiento jurídico consistente en la omisión de una declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo por falta de ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. La  falta de creación de un órgano administrativo, la imposición de una sanción o el otorgamiento de una subvención, por ejemplo, requieren una declaración formal de la Administración cuya omisión, resultando legalmente debida, constituye el supuesto de inactividad  a que esta categoría se refiere. (p. 394).

Por otra parte, la inactividad material la cual ha sido definida por Puente (2000), como “la omisión de actuaciones materiales, físicas o intelectuales, de carácter externo y su naturaleza jurídica que constituye la prestación de un servicio o realizar una función de atención de objetivos o satisfacción de intereses públicos”. (p. 733). Por lo tanto, para Urosa (2000), “no existen omisiones especificas o genéricas, sino  inactividades materiales o formales”. (p. 209), resultando de esta forma inadecuada la distinción entre obligación genérica o específica.

Establecido en una norma de rango legal

Otro  de los supuestos de procedencia de la Acción de Carencia o Abstención,  según la doctrina constituye  que la obligación específica incumplida se encuentre establecida en una norma de rango legal. Así para Carrillo (1999), la “petición presentada por el administrado necesariamente descanse en una norma de rango legal”. (p.26). En sentido contrario se pronuncia Mucci (1991), donde el acto específico omitido:

Debe ser el resultado de una especial exigencia de la Ley en sentido material, es decir, de un acto de efectos normativos, no estando, en modo alguno, limitado a prestaciones obligatorias originadas en actos normativos de rango legal, sean aquellas las contenidas en leyes en sentido formal, Decretos–Leyes o en Ordenanzas Municipales. La obligación puede perfectamente resultar de un Reglamento o de una Resolución, siempre y cuando este dispuesta su obligatoriedad en una acto normativo. (p. 74).

De igual forma, con respecto a la exigencia del deber específico este contenido en una norma de rango legal, Urosa (2000), reitera:

La llamada abstención es en la actualidad condenable con absoluta independencia  del rango de la norma que contenga la obligación incumplida, sea ésta formal o materialmente de rango legal; sea sublegal, e incluso -respecto de aquellos órganos constitucionalmente previstos- sea de rango constitucional. (p. 219).

Por otra parte con respecto al criterio jurisprudencial, en cuanto a la exigencia de la obligación específica deba necesariamente estar contenido en una Ley, Urosa (2000) afirma:

La jurisprudencia desde sus inicios parece asumir, aunque sin mayores justificaciones, una interpretación literal de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia: la exigencia de una obligación legal. Así prácticamente todos los fallos tanto de la Sala Político Administrativa como de la Corte Primera de lo Contencioso- Administrativo en esta materia se refiere a la abstención –en cuanto presupuesto de la acción de carencia- como el incumplimiento de una obligación legal o de un deber contenido en una norma legal expresa. (p. 218).

En efecto, la sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 29 de junio de 2000, con ponencia del magistrado Carlos Escarrá Malavé en el caso Francisco Pérez de León estableció que:

La jurisprudencia de esta Sala ha establecido, concretamente en sentencia de fecha 28 de febrero de 1985, caso Eusebio Igor  Vizcaya  Paz, que el recurso por abstención surge cuando las autoridades se niegan “a cumplir determinados actos  a que están obligados por las leyes”, es decir, la omisión de la Administración para crear actos cuyos supuestos de hecho se encuentran regulados expresamente por el legislador y ésta se niega a acatar. Tiene su origen en conductas omisivas o incumplidas por la Administración a pesar de que el legislador prevé concretamente la obligatoriedad de su realización.

Sin embargo, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, en dos paradigmáticas decisiones, estableció la independencia de la obligación específica derive de una norma de rango legal. En efecto, en una decisión  de fecha 31 de enero de 2002, caso Tepuy Marina C.A. con ponencia del Magistrado Juan Carlos Apitz, afirmo:

En lo referente al fin que se controla, debe señalarse que se trate de una obligación contenida en una disposición de rango legal y que sea exigible por previsión expresa y específica del texto que la consagra; no obstante, la jurisprudencia ha interpretado que esta disposición que establezca la obligación específica puede encontrarse en un acto de rango sublegal, como lo son los actos administrativos generales o individuales (Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia N° 1065, de 23 de septiembre de 1999, caso Aidee Isabel Campos Pérez).

De igual forma la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 30 de junio 2002, en el caso Hotel Maruma, con ponencia del Magistrado Juan Carlos Apitz  sostuvo que la obligación exigible a través de este recurso debe tener su base en la Ley, entendida ésta como el bloque de la legalidad, lo cual incluye la Constitución, las leyes en sentido formal, Decretos Leyes y Reglamentos. Así afirmar que la obligación concreta debe necesariamente derivar de una norma de rango legal en sentido formal, resulta  inconstitucional, tal como lo afirma Urosa (2000): 

No solo  por menoscabar el derecho a la tutela jurisdiccional plena y efectiva, sino además por reducir absurdamente el principio de legalidad a la adecuación a la ley formal, cuando tal principio cardinal es hoy unánimemente entendido como el apego de la actuación de los Poderes Públicos a la juricidad” (p. 219). 

Derivada de la Administración

Otro aspecto a que hace referencia la doctrina y la jurisprudencia, es con relación a  la interpretación del término de “funcionarios nacionales” a los que menciona el artículo 42 ordinal 23°. En efecto,  Badell (1995), afirma que se refiere:

A obligaciones a cargo de autoridades pertenecientes a la administración pública como complejo orgánico. En este sentido, entendemos incluido no sólo los entes descentralizados territorialmente -República, Estados y Municipios- sino también a los funcionarios y autoridades de la administración pública descentralizada funcionalmente, tales como Institutos Autónomos, etc., y las autoridades de los órganos con autonomía funcional: Contraloría General de la República, Ministerio público y Consejo de la Judicatura” (p. 181).

Al respecto, Mucci (1991), señala que alude no sólo a miembros del Poder Ejecutivo Nacional, “sino también, a cualquier otro que por sus funciones tuviese competencias públicas a nivel de todo el territorio de la República, sea que corresponda a órganos del Poder Legislativo, entes descentralizados funcionalmente, incluidos la Contraloría General de la República.” (p. 113). 

Por su parte, afirma Urosa (2000) al indicar:

De esta forma, queremos también dar por superada la incorrecta mención de la Ley a que se trate de Abstenciones de los “funcionarios públicos”, pues es a la Administración en sentido orgánico a la que se le debe imputar el incumplimiento de sus obligaciones, así como también se le imputan las ilegalidades de sus actos administrativos” (p. 219). 

Por otra parte, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Martínez Hernández, en el caso Enrique Naime, de fecha 5 de febrero de 2001 señaló:

Ha planteado el accionante su pretensión mediante la vía procesal del recurso por abstención o carencia, denominado también por un sector de la doctrina como “recurso contra las conductas omisivas de la Administración”. Esta especialísima modalidad recursiva, consagrada en materia contencioso administrativa ordinaria en el artículo 42, numeral 23, y 182, ordinal primero, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, encuentra su acogida en el contencioso electoral en los artículos 234, numeral 4, y 237 numeral 3 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Sobre la base del primero de estos dispositivos normativos, la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia fue delineando los requisitos exigidos para que pueda prosperar este tipo de recurso, en el cual, como su nombre lo denota, no se impugna un acto o actuación del órgano administrativo, sino que más bien se denuncia la mora del mismo en dar cumplimiento a sus obligaciones legales. De acuerdo con dicha jurisprudencia (sentencias del 28 de febrero de 1985, Caso Eusebio Igor Vizcaya Paz; del 17 de octubre de 1985 caso Metaral C.A.; sentencia del 29 de octubre de 1987, caso Alfredo Yanucci Fuciardi, entre otros), la cual en este caso acoge la Sala vistos los términos en que fue planteado el presente recurso, los requisitos exigidos son: 1) La existencia de una obligación específica y precisa en cabeza de la Administración la cual ha de presentarse como un paradigma de contraste que sirva para verificar si la abstención existe, en efecto, del supuesto expresa y especialmente previsto en la norma, y por tanto, si procede o no el respectivo recurso”; 2) La expresa previsión legal específica de dicha obligación; 3) La abstención o negativa  de cumplir su obligación legal por parte de la Administración; 4) La posibilidad de que el juez contencioso administrativo supla en su sentencia, la omisa conducta del órgano administrativo (por el contrario de la declaratoria de nulidad). Delineados los caracteres de dicha institución, la misma resulta susceptible de diferenciarse, en los planos sustantivo y adjetivo, de los efectos que pueden acarrear otras semejantes (silencio administrativo negativo, obligaciones genéricas incumplidas por la Administración, etc.).

Sin embargo, Carillo (1999), señala que la obligación de actuar “no sólo puede provenir de un ente administrativo o con ocasión de una actuación de contenido material administrativo, sino de cualquier otro funcionario perteneciente al Poder Público.” (pp. 45-46), ya que según Balaguer (1990), “es frecuente identificar a la Administración con el poder ejecutivo” (p. 96). Con respecto a la jurisprudencia, contrario a lo afirmado por Urosa (2000), al comentar las sentencias de fechas 10 de abril de 2000, caso: Javier Elechiguerra Naranjo y 23 de mayo de 2000, caso: Sucesión Aquiles Monagas, ambas decisiones dictadas por la Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Carlos Escarrá Malavé donde “se reitera el criterio clásico mantenido desde sus comienzos por esta Sala” (p. 206) son paradigmáticas, al no circunscribir la abstención o negativa expresa provenientes de la Administración, sino por el contrario se refiere a los órganos del Poder Público. En efecto, la sentencia del 10 de abril de 2000, estableció:

Entre las conductas susceptibles de ser objeto el contra abstención o negativa de los órganos del Poder Público, se excluyen la omisión de decisión en procedimientos administrativos de segundo grado, por cuanto el administrado dispone del recurso de anulación (ya que opera la ficción legal del silencio administrativo); y las conductas omisivas de la administración frente a obligaciones genéricas.

Por lo tanto los órganos del Poder Público no sólo comprenden la Administración Central o Descentralizada, sino que de igual forma abarca conforme al artículo 136 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Poder Electoral, Ciudadano, Legislativo y por supuesto al Poder Judicial.

Para finalizar la exposición de los temas que describen la discrecionalidad de los funcionarios públicos dentro del marco de la ley, explicando los tipos de controles existentes para impedir los excesos funcionariales; e identificando los órganos de la jurisdicción administrativa, sus procedimientos y los recursos legales que permiten al administrado revertir los abusos en la discrecionalidad funcionarial, la investigadora espera no pecar de exageración, cuando en los límites de la prudencia, piensa que con esto se lograron totalmente los objetivos trazados en torno a esta investigación; pues existen muchos casos de los cuales se sugiere al lector indagar para profundizar aún más en el tema en referencia.

 

CAPITULO III

 

 

MARCO METODOLÓGICO

El contexto metodológico de todo trabajo investigativo se refiere al conjunto de procedimientos, técnicas y métodos que se siguen y utilizan para realizar una investigación. Al respecto, Palella y Martins (2003), señalan que la metodología es “…una guía procedimental, producto de la reflexión para desarrollar y coordinar operaciones destinadas a la consecución de objetivos intelectuales o materiales del modo más eficaz posible”. (p. 73). En este sentido para efectos de este trabajo se señala el tipo de investigación, las técnicas de recolección, análisis e interpretación de la información, el método de análisis de la información y el procedimiento, a fin de dar sustento al trabajo  investigativo.

Tipo de Investigación

Siendo que el propósito de esta investigación fue analizar los recursos que legalmente permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en Venezuela, a fin de aportar algunos conocimientos que puedan abrir el camino a la revisión para controlar cualquier arbitrariedad en los actos administrativos, este trabajo se enmarcó dentro de lo denominado investigación documental, bajo el diseño bibliográfico. En relación a esto,  Ramírez (2002), manifiesta que se está en presencia de una investigación documental “cuando la fuente principal de información son documentos que representan la población y, cuando el interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o como documentos que brindan información sobre otros hechos”. (p. 66).

Por su parte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2003), señala que la investigación documental es:

 

… el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con el apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general en el pensamiento del autor. (p. 15).

 

En cuanto al diseño bibliográfico, Palella y Martins (2003), señalan que “está fundamentado en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase. Se procura el análisis (…) de la relación entre dos o más variables”. (p. 81). En atención a esto, esta investigación se orientó en el análisis de documentos de textos legales, doctrina y jurisprudencia, que versan sobre aspectos fundamentales de la discrecionalidad administrativa, todo para lograr la comprensión de los referidos aspectos básicos de esta temática (nociones fundamentales y limitaciones), desde los distintos puntos de vista, generados por la diversidad de fuentes de derecho aquí analizadas.

 

Técnicas de recolección de la Información

 

En toda investigación, para alcanzar los objetivos formulados, es esencial el uso de técnicas para recopilar datos sobre la situación planteada. Al respecto, Hurtado y Toro (2001), plantean que “las técnicas de recolección de datos comprende procedimientos y actividades que le permitan al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación”. (p. 427). Atendiendo a lo expuesto, para efectos de este trabajo de acuerdo a su naturaleza se utilizaron las técnicas propias del tipo de investigación documental, como son: la lectura, el resumen y el fichaje.

Bastidas (2003), señala que “La lectura es el Instrumento para el desarrollo intelectual y una actividad sistemática en la adquisición de los conocimientos”. (p. 73). Con respecto al resumen, manifiesta que “se refiere a la exposición condensada y selectiva de un texto”. (p. 76). Y sobre el fichaje acota que “es una técnica que consiste en recolectar, procesar y acumular la información en una ficha, para emplearla en un trabajo de investigación”. (p. 80).

 

Método de análisis e interpretación de la Información

 

El análisis de la información es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber o el conocimiento, pero que evita que el investigador se pierda en el caos aparente de los fenómenos, o hallazgos encontrados. Por otra parte, el análisis de la información, se centra en el análisis de contenido, crítico o reflexivo de un contexto específico, se remite directamente al tema que se está tratando, produce información para la toma de decisiones, está condicionada por la calificación, inteligencia y creatividad del investigador y es capaz de ofrecer, mas que referencias, datos derivados del análisis y la síntesis de la información evaluada.

De acuerdo a lo señalado, para efectos de esta investigación, el método utilizado estuvo centrado en el crítico. En referencia, Chávez (2000), señala que este método “permite el análisis de textos con base a un proceso específico y sistemático, donde se asume con la rigurosidad necesaria la comprensión de los contenidos para la construcción de un nuevo conocimiento fundamentado en la relación dialéctica-teórica-práctica”. (p. 27).

Con la aplicación del método crítico, se realizó una síntesis de lo observado en los textos leídos, conllevando posteriormente a la elaboración de conclusiones donde se plasmó la opinión de la investigadora.

Por su parte, Bastidas (2003), señala que el análisis crítico, es una técnica que ofrece la posibilidad de orientar los juicios críticos que el investigador se forma sobre los textos que lee, y con respecto al análisis de contenido, manifiesta que es estudiar con detalle el contenido de una comunicación escrita o no escrita. Finalmente, después de efectuado el análisis de los datos recaudados se procedió a su interpretación, reflexionando sobre ésta y realizando comparaciones para buscar su significado.

Procedimiento

 

El procedimiento, es descrito como los pasos, etapas o fases a desarrollar en un trabajo investigativo.

Fase I: En esta fase se realizó la revisión bibliográfica y selección de documentos, relacionados con la temática en estudio, llevándose a cabo a través de la recopilación, clasificación y análisis del material a fin de conformar el capítulo I, referente al problema, a los objetivos y justificación.

Fase II: Consistió en la elaboración del esquema de títulos y subtítulos que se desarrollaron en el marco teórico y que permitieron dar respuesta a los objetivos específicos formulados en el capítulo I, los cuales fueron de carácter documental.

Fase III: En esta fase se diseñó el marco metodológico que caracterizó el camino a seguir, indicando el tipo de investigación, técnicas de recolección y análisis e interpretación de la información.

Fase IV: Consistió en el análisis e interpretación de la información recopilada a fin de conformar el análisis crítico, el cual estuvo destinado a presentar la reflexión crítica del objeto de investigación, en cuanto a las teorías que caracterizan la situación, dando así respuesta al objetivo general de la investigación.

Fase V: A fin de completar la fase IV, se realizaron las conclusiones y recomendaciones que dieron lugar después de la interpretación del material informativo, conformándose así la fase V de esta investigación.

CAPÍTULO IV

ANALISIS CRÍTICO

Los aspectos analizados en esta investigación, relacionados con los recursos que legalmente permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en Venezuela, fueron abordados teóricamente en los temas específicos sobre la legitimidad de la discrecionalidad administrativa, los tipos de controles para impedir los excesos funcionariales y en los recursos contenciosos establecidos en las leyes.

Todos los temas antes mencionados, fueron expuestos en el capítulo II, extraídos de las leyes venezolanas y de los textos que algunos autores en materia han escrito y que al ser tratados por la investigadora de este trabajo, fue explicando desde su óptica, basada en la experiencia como profesional del Derecho.

En este entendido, se realiza a continuación el análisis crítico reflexivo sobre la temática, interrelacionando todos sus elementos. No, sin antes resaltar, que con este trabajo se ha pretendido cubrir un área poco explorada por los autores venezolanos, con la honrosa excepción, que sin pretender descalificar a otros contribuyentes, la autora se permite distinguir algunos nombres como el de Allan Randolph Brewer Carías, cuya profundidad en los estudios lo ha llevado a escribir en las revistas más afamadas del mundo, en especial en las de habla hispana y en los últimos años inclusive en otros idiomas como el inglés y el francés. De tan eminente contribuyente en materia de Derecho, se seleccionó específicamente el área: ‘El Control legal de la Discrecionalidad Administrativa’.

De acuerdo a la teoría expuesta en el capítulo II, aunada a las interrogantes en concordancia con los objetivos de investigación establecidos en este trabajo, se significa que las potestades discrecionales, otorgan un margen de libertad de apreciación a la autoridad, quien, realizando una valoración un tanto subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos. Ahora bien, el margen de libertad del que goza la administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales no es extra legal, sino por el contrario remitido por la ley, de tal suerte que, no hay discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud de la Ley y en la medida en que la ley lo haya dispuesto. La discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, sino más bien, el ejercicio de una potestad debidamente atribuida por el ordenamiento jurídico a favor de determinada función, vale decir, la potestad discrecional es tal solo cuando la norma legal la determina de esa manera. En consecuencia, la discrecionalidad no puede ser total sino parcial, pues, debe observar y respetar determinados elementos que la ley señala.

Por otra parte, la discrecionalidad no constituye un concepto opuesto a lo reglado, porque, aunque en principio parezca contradictorio, toda potestad discrecional debe observar ciertos elementos esenciales para que se considere como tal, dichos elementos son: la existencia misma de la potestad, su ejercicio dentro de una determinada extensión; la competencia de un órgano determinado; y, el fin, caracterizado porque toda potestad pública está conferida para la consecución de finalidades públicas.

Es de suma importancia distinguir también la potestad discrecional de los ‘conceptos jurídicos indeterminados’. Al efecto se debe señalar que la ley utiliza conceptos determinados o indeterminados. Los primeros delimitan de manera precisa el ámbito de una determinada realidad, tal es el caso de la mayoría de edad que, en la legislación venezolana se produce a los dieciocho años; el término para interponer un recurso de apelación es de tres días. La determinación de años o días no suscita duda alguna, pues, se hallan perfectamente determinados. Por el contrario, al hablar de conceptos jurídicos indeterminados, la norma jurídica se refiere a realidades que no se hallan debidamente precisadas en su contenido, sin embargo que queda claro que lo que se quiere es delimitar un supuesto concreto, así por ejemplo, el hecho de conceder la jubilación por motivos de incapacidad permanente, la buena fe, la falta de probidad, entre otros, supuestos que pueden ocurrir pero que no se hallan determinados de manera rigurosa, ya que se trata de conceptos determinados. Al igual que en cualquier rama del derecho, en el derecho administrativo, los conceptos jurídicos indeterminados sólo permiten una sola solución justa, a la inversa de lo que ocurre con la potestad discrecional en la que se permite más de una solución igualmente justa desde las perspectivas del derecho.

Por lo tanto, la potestad discrecional significa libertad de elección entre varias opciones igualmente válidas y justas; por el contrario, el concepto jurídico indeterminado es un caso de aplicación de la Ley, un elemento reglado, ya que se trata de subsumir en una categoría legal unas circunstancias reales determinadas. No existen en ello ninguna discrecionalidad, vale decir, ninguna libertad de elección o actuación.

En análisis profundo realizado a la teoría expuesta, uno de los problemas, que necesariamente tendrá que abordarse en el futuro se refiere a las implicaciones del llamado ‘silencio administrativo’, aunado a la discrecionalidad de los funcionarios, así como a la obligación constitucional de la Administración de dar oportuna respuesta a la formulación de peticiones de los ciudadanos.

Si bien en Venezuela se interpreta, en la mayoría de las ocasiones, que el silencio de la administración equivale a una negativa de lo solicitado, no es menos cierto, como se expone en el texto del presente trabajo, que el artículo 5, en su numeral 26, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, otorga a los administrados el llamado Recurso, pretensión para otros autores, de abstención o carencia, que anteriormente estaba regulado en el artículo 42 y 182 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.  Pues el silencio administrativo no es otra cosa que una prerrogativa del administrado para evitar que la injustificada indecisión de los órganos del Poder Público, lo coloquen en situaciones de peligro.

En la teoría expuesta sobre los recursos administrativos para el control de la discrecionalidad de los funcionarios, la autora hizo un esfuerzo inmenso poniendo especial cuidado en la descripción de los pasos necesarios para intentarlos, sin dejar de matizar el análisis de cada uno de ellos, con recomendaciones oportunas de posibles soluciones a problemas puntuales, que con más frecuencia de la deseada, se presentan a los funcionarios que tienen en sus manos la correcta aplicación de los mismos, de acuerdo a lo establecido en las leyes que rigen los procesos de la discrecionalidad administrativa.

Otro de los aspectos de profunda reflexión es la adecuada tarea de control o fiscalización de la actividad de la Administración Pública por parte del juez contencioso administrativo implica que éste analice cada caso concreto, para determinar si el órgano autor del acto se encuentra realmente frente a un acto dictado en ejercicio de una potestad discrecional típica, es decir, si tiene la libertad de elegir entre dos o más posibilidades igualmente justas y, si además cumple con los elementos reglados del acto. En efecto, todo acto discrecional tiene elementos reglados, si su actuación respeta los principios de razonabilidad, buena fe, y, si el objeto del acto es adecuado al fin querido, expresa o tácitamente, por la norma que otorga la potestad al funcionario. En último caso, el juez deberá igualmente verificar si el acto está limitado dentro de los principios generales del derecho, que son igualmente fuente del derecho administrativo.

A manera de reflexión general, se quiere significar que en países socialistas cercanos, como Cuba por Ejemplo, se observan claras tendencias al cambio: Autores como Parejo Alfonso y Miguel Sánchez Morón, citados por López (2000), discuten acerca del alcance del control jurisdiccional de la actividad discrecional desde un punto de vista teórico-práctico, coincidiendo en el reconocimiento de la plena vigencia del Estado de Derecho y su correspondiente exigencia de control por parte de los jueces, pero diferenciándose en cuanto a las modalidades e intensidad de dicho control. Así se reconoce que al estar sometida la actividad administrativa al Derecho, hace que las potestades discrecionales sean controlables por los jueces. Para ello, la jurisprudencia ha tomado las categorías construidas desde la doctrina principalmente por E. García de Enterría y ha determinado diversos elementos de control de los actos discrecionales.

Según el ordenamiento jurídico cubano,  basado fundamentalmente en la Constitución reformada en el año 2002, las cuestiones provenientes de la discrecionalidad administrativa no son impugnables ante el orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, sin embargo y pese a que en su legislación, aparentemente las potestades discrecionales no se hallan sujetas al control jurisdiccional, la doctrina y la jurisprudencia de otras legislaciones reconocen ya que en todo acto discrecional concurren elementos reglados, los mismos que son perfectamente controlables, así por ejemplo, la existencia de la potestad discrecional, su extensión, la competencia para ejercerla y la finalidad a que debe responder, lo cual hacen el acto susceptible de impugnación.

Finalmente se tiene que el Derecho – que asiente  la existencia de una sociedad de miembros iguales e independientes- proporciona a los hombres amplios instrumentos que favorecen su desarrollo. En tanto y en cuanto sean ejercidas y esgrimidas  podrá concretarse su razón de ser atenuando la desigualdad producida por el ‘imperium’ inherente al  Estado. La historia, las revoluciones, la evolución doctrinaria, jurisprudencial y normativa ofrece muestras e intentos de actuación frente  a su  uso desmedido y abusivo. Adopta, así,  una clara  posición frente al Poder y la coacción,  producto de la relación Estado Administrador-Administrado, mediante barreras  que pretenden acotarlo y encuadrarlo, operando en forma positiva ante la exigencia del cumplimiento de sus límites y solventando un conjunto de reglas de juego que suponen un avance marcado y plausible hacia la superación de la idea de la negación del valor justicia.

El Derecho como sinónimo de  Justicia es  el mejor instrumento de cambio social que tienen los  hombres, y la bandera con la que es posible reducir situaciones injustas.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Con base a la indagación documental realizada, a los objetivos formulados y al análisis realizado, se presentan las conclusiones las cuales son inacabadas, por cuanto no son definitivas, para ello se tendría que hacer un esfuerzo más exhaustivo sobre los criterios suscritos en las normas y jurisprudencia de los principales aspectos de la discrecionalidad, para que estos resultados fuesen realmente definitivos, cuestión que escapa a los objetivos de esta investigación.

No obstante, del material documental analizado y atendiendo a los aspectos aquí manejados sobre la discrecionalidad, se pudo constatar lo siguiente:

  1. No se puede establecer una diferencia tajante, como ha sido lo tradicional en la doctrina, entre potestad reglada y potestad discrecional, en virtud de que ambas categorías que explican la actuación administrativa se relacionan, se autoimplican. Por cuanto no hay acto administrativo reglado, o que sea el producto de una potestad reglada, que se encuentre totalmente previsto en la ley y que no se aplique sin un vestigio de discrecionalidad. Ya que la misma subsunción aún en las competencias regladas, tiene elementos discrecionales. Por otro lado, no existe discrecionalidad absoluta, aun en la potestad discrecional prevista en la ley para el ejercicio de algunas funciones, mediante el otorgamiento de algún arbitrio a la Administración, existen elementos reglados de esta potestad discrecional, perfectamente verificables y controlables por la misma Administración y el juez contencioso-administrativo.

Lo que sí se puede concluir es en la existencia de actos fundamentalmente reglados o actos fundamentalmente discrecionales, como producto de potestades también fundamentalmente discrecionales o fundamentalmente regladas.

  1. La discrecionalidad de la Administración se ha reducido como consecuencia del despliegue de la concepción del Estado de Derecho, que inspira las Constituciones de los países democráticos, y que atraviesa de largo a largo al derecho administrativo, que no podía quedarse fuera, considerando su objeto de regulación, imposible de pasar inadvertido para la democracia, la relación entre la Administración, en si misma poderosa, y los ciudadanos. Esta reducción de la discrecionalidad se manifiesta en el aumento del objeto del control jurisdiccional de los actos discrecionales de la Administración, lo cual sufrió una evolución, en un primer momento eran totalmente inenjuiciables, luego enjuiciables en sus aspectos legales o formales y luego también en cuestiones que rayan con las razones de oportunidad y conveniencia, como por ejemplo, cuando se aceptan principios como la racionalidad y la justicia como límites de esta potestad discrecional.
  2. Como consecuencia de lo anterior, se puede decir a pesar de ello, que se mantienen las razones de oportunidad y conveniencia, que aún aparecen sustraídas del control jurisdiccional de la Administración discrecional, pero con una interpretación cada vez más reducida de lo que son estas razones de fondo o de mérito. Estas razones de mérito o de fondo, de oportunidad o conveniencia, consisten entre otros aspectos, en que los órganos jurisdiccionales no deben sustituirse en la Administración, por lo tanto no deben realizar los actos discrecionales, basados en el fundamento de restablecer la legalidad y el Derecho, como consecuencia de haber declarado la nulidad; por cuanto esto sería una violación flagrante al principio de la separación de los poderes, que establece la facultad privativa y exclusiva de la Administración de emitir actos administrativos.
  3. Aún con el auge del Estado de Derecho, debe todavía existir la Potestad discrecional, por los fundamentos vertidos en la teoría que sustenta la investigación, de consideración de las circunstancias del caso, no previstas por el Legislador. Lo que debe reducirse es el ámbito de esa discrecionalidad excluido del control judicial, lo cual es evidente que se ha hecho, por las razones expresadas en las anteriores conclusiones.
  4. 5. La doctrina, normativa y jurisprudencia venezolana están acorde con la tendencia descrita de reducción de los aspectos discrecionales excluidos del control judicial, lo cual se aprecia realmente en la jurisprudencia administrativa actual, con hondas razones originadas en la antigua Corte Suprema de Justicia, siendo posible gracias a la normativa de avanzada, consistente en la derogada Constitución de 1961, la vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la vigente Constitución de 1999.
  5. En efecto, la jurisprudencia venezolana ha descrito detalladamente distintos aspectos sobre varios vicios de los actos administrativos discrecionales, como el vicio de desviación de poder, definiéndolo, estableciendo sus alegaciones, sus medios de prueba; rescatando el fin de la norma, que no puede ser ignorado, ni contradicho, por actuaciones que intentan revestirse con un barniz de legalidad. De esta manera los administrados a través de los tribunales venezolanos pueden atacar los actos arbitrarios, caprichosos, contrarios al espíritu de la ley, generados como consecuencia del otorgamiento de la facultad discrecional de la Administración. 
  6. La discrecionalidad se consagra, pero al mismo tiempo se controla judicialmente y así mismo se encuentran cada día más limitadas los aspectos de la actuación de la Administración exentos del control judicial, a los fines de evitar la arbitrariedad, garantizar la actuación legal de la administración, en fin, mantener la preeminencia del Estado de Derecho.
  7. Dentro de la concepción del Estado Derecho, el cual se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulo 2  que propugna como uno de los valores fundamentales en la cual se constituye el  Estado en Venezuela, debe necesariamente existir la garantía a los ciudadanos del control no solamente de las actuaciones de los diferentes entes y órganos de los Poderes Públicos, sino de igual forma de  las omisiones en que incurren los funcionarios públicos en un sentido integral. Así, realizando una interpretación progresiva de la norma que prevé la Pretensión de Carencia o Abstención, lo cual en definitiva constituye la adaptación de la norma  en forma progresiva, a la sensibilidad, pensamientos y necesidades de los nuevos tiempos a fin de ponerlas a tono con el nuevo orden establecido, dejando atrás las concepciones arcaicas y dogmáticas que perdieron validez, no se justifica distinguir dentro de los supuestos de procedencia para la pretensión de Carencia o Abstención, entre omisión genérica y específica, debido fundamentalmente que independientemente que la norma establezca una obligación genérica, el ciudadano se encuentra en una posición especifica que le obliga al ente u órgano a decidir. De igual forma, no se debe interpretar la noción de Ley, en el aspecto formal, por el contrario debe ser interpretado en el sentido material, es decir que exista una omisión en contraste con el ordenamiento jurídico, sea Constitución, Reglamento u acto administrativo. Así mismo, dicha omisión no sólo debe provenir de la Administración en sentido orgánico o material, sino de cualquiera de los entes u órganos de los Poderes Públicos, independientemente del ejercicio de funciones en la cual se produce la omisión.
  8. Finalmente se concluye que, si existen recursos que permiten el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa ejercida por los administradores para que los administrados no sean vulnerados en sus derechos, y que determinan la discrecionalidad administrativa ejercida por los funcionarios públicos en las tareas que desempeñan, tales recursos fueron expuestos y explicados a lo largo del desarrollo teórico de esta investigación, los cuales todo ciudadano que se encuentre incurso en cualquier situación legal, por deber y por derecho debe conocer, entre los cuales destacan: Recurso de Oficio, Recurso de Reconsideración, Recurso Jerárquico, Recurso de Revisión y Recurso de Amparo Constitucional.

 

Recomendaciones

 

En algunos aspectos tales como el análisis de la propia discrecionalidad administrativa, se hizo un estudio lo suficientemente profundo, como para sentirse satisfecho. Sin embargo, valdría la pena en futuras ocasiones, ampliar el campo hacia el derecho comparado y los puntos de vista sostenidos en los desaparecidos regímenes socialistas, cuya existencia se prolongó hasta la penúltima década del siglo pasado, en los cuales se llevó la discrecionalidad a niveles de amplitud insospechada.

También debe tomarse en cuenta sobre la responsabilidad de la Administración en los daños causados y en caso de concluirse que la propia administración debe resarcirlos, por lo que se recomienda a los rectores del Derecho, pensar en ¿qué debe hacerse con el funcionario que tenía en sus manos la obligación de resolver el problema planteado por los administrados, y que la decisión fue desviada omisión de algunos componentes?.

Igualmente se deja para futuras investigaciones la siguiente interrogante: ¿qué procedimiento ha de utilizarse para la culminación de la pretensión de abstención o carencia y no dejarlo a la interpretación del Juez, de acuerdo con la materia a que se contraiga la reclamación?.

REFERENCIAS

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Tribunal Supremo de Justicia. Caso: Juan Adolfo Guevara y otros, Sala Constitucional, Ponente: Jesús Eduardo Cabrera, 28 de julio de 2000,

Tribunal Supremo de Justicia. Caso: Enrique Naime, Sala Electoral, Ponente: Luis Martínez  Hernández, 5 de febrero de 2001.

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativo. Sentencia N° 118, de fecha 13 de febrero de 2001. Ponente: Levis Ignacio Zerpa. Caso: Adrián Oronox. En: Repertorio jurisprudencial de Pierre Tapia sobre Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. 1º trimestre de 2001. Caracas, Editorial Pierre Tapia. 2001. P. 271-274.

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativo. Sentencia N° 60, de fecha 6 de febrero de 2001. Ponente: Levis Ignacio Zerpa. Caso: DIGITEL. En: Repertorio jurisprudencial de Pierre Tapia sobre Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. 1º trimestre de 2001. Caracas, Editorial Pierre Tapia. 2001. P: 254-255.

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativo. Sentencia de fecha 7 de marzo de 2001. Ponente: Hadel Mostafá Paolini. Caso: Elsa Ramírez, expediente Nº 16375. En: Repertorio jurisprudencial de Pierra Tapia sobre Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. 1º trimestre de 2001. Caracas, Editorial Pierre Tapia. 2001. P: 259-260.

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Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativo. Sentencia de fecha 10 de octubre de 2001. Ponente: Levis Ignacio Zerpa. Caso: Humberto Angrisano Vs. Consejo de la Judicatura, expediente Nº 251. En: Repertorio jurisprudencial de Pierre Tapia sobre Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. 4º trimestre de 2001. Caracas, Editorial Pierre Tapia. 2001. P. 249-250.

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T

LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

abogado

INTRODUCCIÓN

Los(as) ciudadanos(as), independientemente de la raza, credo o sexo, tienen derecho a buscar calidad de vida en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. En este sentido, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Es de resaltar que, la separación entre el aspecto económico y social ha tenido consecuencias adversas para las mujeres en el ámbito político, en donde los problemas de las mujeres solían ser relegados a las políticas sociales con escasos recursos y de poca prioridad.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008), algunos datos muestran la amplitud y extensión de la actual participación laboral remunerada femenina: en Estados Unidos, la tasa de actividad femenina es de 70%, en Europa oscilan entre el 48% en España y el 74% en Suecia, en América Latina las tasas de actividad femenina en áreas urbanas fluctúan entre 34% y 50%. En América Latina las tasas de participación laboral de las mujeres más pobres se incrementaron más acentuadamente en la década de los 90, impulsada por mayores necesidades de sobrevivencia.

En otro orden de ideas, a pesar de  contar con mejor educación, el ingreso de mujeres no solamente sigue siendo menor al del hombre en sectores considerados tradicionalmente femeninos, y en sectores no estructurados. Por otro lado, la labor se realiza en condiciones de desprotección social, dado que la proporción de las féminas que no tiene seguridad social es superior al porcentaje de hombres. Aunado a ello, el tema relacionado con la maternidad, la familia y el trabajo crea intranquilidades desde el punto de vista social que deben ser resueltas, tanto en los valores, los roles y las prácticas sociales.

Dado lo expuesto con anterioridad se puede decir que, la desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niños(as), ancianos(as), enfermos(as), entre otros) en las mujeres.

En cuanto a Venezuela, se han implementado políticas públicas, que contemplan la atención y protección de la ciudadanía, con énfasis en la familia como núcleo social y en los grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres. Las acciones del Estado consideran las necesidades reales y sentidas de la sociedad, apoyándose en leyes que garantizan el respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en este marco las comunidades como grupos sociales y sus miembros como individualidades, cobran un protagonismo como nunca antes en la historia del país, reflejando la democracia participativa y protagónica que se establece en el texto constitucional.

Es de resaltar que, en la última década se han sancionado leyes tendientes a la dignificación de la vida de la mujer, como son: la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), Ley sobre la Violencia contra la mujer y la Familia (1999), que fue rápidamente trascendida dando paso a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), una de las leyes más modernas en el mundo en cuanto a protección de la mujer, al tipificar diecinueve formas de violencia basada en género y establecer sus sanciones. Además de contemplar la formación en género de la ciudadanía, con el propósito prevenir la violencia. La formación de las ciudadanas y los ciudadanos para la prevención de la violencia basada en género, es esencial en función de una cultura social de igualdad y equidad.

Sin embargo, la participación de las mujeres a la vida socio-productiva no va acoplado con lo social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados, lo que genera aprietos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, como consecuencia de esta situación muchas veces abandonan la formación profesional y cualquier iniciativas productiva.

En este sentido, la investigación tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En cuanto, al tipo de investigación ésta es  documental, con un nivel descriptivo.

De allí que esta investigación se apoyara en las siguientes teorías: teoría feminista, para la cual el feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración; la teoría de roles sexuales, se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres. En este caso, se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza; y la teoría de género, para esta teoría el género pasa a estar determinado de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio

De este modo el presente estudio tiene como objetivo general analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para ello, este trabajo de investigación se estructuró de la siguiente forma: El primer lugar el capítulo I,  contiene el Contexto Empírico, conformado por la caracterización del objeto de investigación, los objetivos de la investigación, objetivo tanto general como específicos y la justificación de la investigación. En segundo lugar, el capítulo II, constituido por el Contexto Teórico, en este caso, los antecedentes de la investigación, teorías de entrada, aspectos conceptuales y la fundamentación legal. En tercer lugar, se presenta el capítulo III Contexto Metodológico: tipo de investigación, método y las técnicas de recolección de información, procedimiento y finalmente se presentan las referencias. Y en cuarto lugar, se tiene el  capítulo IV, el cual trata el Contexto Crítico, las conclusiones y recomendaciones y finalmente se presentan las referencias y anexos.

AUTOR: Ana Arriba

San Joaquín de Turmero, Edo Aragua, Venezuela. Junio, 2016

CAPÍTULO I

CONTEXTO EMPÍRICO

Caracterización del Objeto de la Investigación

 

La igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con los derechos humanos, para Bordarampe (2008),  la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad…que han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles”. Dado que, los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a realizar ciertas acciones y les impide hacer otras. En este orden de ideas, entre los derechos de la mujer se tiene: derecho a la salud integral, derecho a la integridad física y a una vida libre de todo tipo de violencia. Es así como, para Uzcategui (2009), la movilización e incorporación activa de la mujer durante estas últimas décadas ha logrado imponer reformas legislativas en el campo social, familiar y del trabajo, tal es el caso del acceso a los anticonceptivos, la legalización del aborto (presente en la mayoría de los países), las guarderías en los lugares de trabajo, la protección a la maternidad, al divorcio, la patria potestad, la igualdad para ejercer cargos públicos. Asimismo, en el aspecto político, específicamente en lo que se refiere al derecho al voto, constituye otro avance en la lucha de las mujeres por su igualdad social.

 

Por otro lado, se considera que la diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En este caso, se percibe el machismo como un obstáculo para la participación política de las mujeres, constituyéndose en una barrera para ocupar cargos importantes en la función pública. Por otro lado, el machismo también se percibe como una causante de violencia en contra de las mujeres. Hoy más que nunca, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), la mujer juega un papel importante en este proceso de transformación y de cambios que vive el mundo. Su lucha por romper las inequidades sociales, por la inclusión, por alcanzar calidad de vida, desde su puesto de lucha es fundamental. En este sentido, la igualdad plena entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la sociedad, es crucial para garantizar los derechos humanos. El desafío va más allá de una distribución equitativa de las oportunidades, requiere que los temas económicos incorporen todo un abanico de experiencias y percepciones, concretamente las de la mujer, que hasta ahora han quedado excluidas del discurso. Conforme se vaya valorando la contribución de la mujer, el resultado será una civilización más pacífica, equilibrada y próspera. Cabe destacar que, la Organización internacional del Trabajo OIT, (2008), en un documento que trata el tema de las mujeres, el género y la economía informal plantea lo siguiente:

 

                Después del decenio de 1990, las tasas de participación en la fuerza de trabajo entre las mujeres de América Latina han aumentado en mayor proporción que las de los hombres, si bien las mujeres tienen una representación simbólica inferior a la mitad de la fuerza de trabajo total, padecen niveles más altos de desempleo, no se han movido de su estructura ocupacional y están excesivamente representadas en la economía informal…

 

En función de lo antes expuesto, en cuanto a la incorporación de la población femenina a la actividad económica, está presente la discriminación, debido a que la tasa de desempleo para las mujeres en América Latina es superior con relación a los hombres. Es decir, el desempleo ha afectado a toda la población pues ha aumentado sustancialmente para ambos sexos, pero en el caso de las mujeres es mayor.

Dicho de otro modo, la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, con relación a los hombres, tanto en las actividades productivas como en las reproductivas y en la distribución del beneficio económico, ha generado una desventaja económica de ellas en el empleo, las remuneraciones, capacitación para el trabajo y disponibilidad de medios productivos; requiriendo de estrategias y acciones encaminadas a garantizar la inserción de la mujer en la producción, en condiciones de igualdad entre los sexos y asignarle la debida importancia a la reproducción social como generadora de valor agregado. 

Es de resaltar que,  para Morillo (2006), Venezuela era una sociedad agrícola-pastoril, donde el trabajo de la mujer era tan importante para la supervivencia del grupo familiar que era apreciado y reconocido socialmente. Pero el desarrollo industrial ha venido cambiando profundamente la vida de las mujeres venezolanas. En principio las mujeres inmigrantes de los campos, tenían serias dificultades para integrarse al trabajo asalariado, por lo *que primero ingresaron los hombres y ellas fortalecieron su condición doméstica y de dependencia económica.

Este cambio de ambiente del campo al industrial-urbano, con el contraste entre el trabajo remunerado y el doméstico, comienzan a ejercer serias diferencias; el trabajo doméstico se convierte en una actividad que aísla a la mujer y la despoja de la posibilidad de continuar abasteciendo a su hogar de bienes y servicios de primera necesidad. Además, la misma familia y la mujer urbana pasan a consumir una creciente y diversificada masa de bienes y servicios que el mismo sistema mercantilista incita a consumir. Luego en una fase más avanzada del mismo capitalismo, la mujer es absorbida como mano de obra asalariada.

Esta absorción dependió de la capacidad del sistema económico para generar nuevos empleos; en este sentido, el crecimiento económico tuvo un efecto positivo relacionado con el incremento de la tasa de salarios, que a su vez incidió en la decisión de la mujer de entrar al mercado laboral remunerado dado el costo de oportunidad implícito por quedarse en el hogar.

Para Risopadrón y Rodríguez (2004), el crecimiento de la actividad laboral femenina a partir de finales de los años 80, no sólo ha sido la principal causa del aumento del desempleo, sino que además ha generado una masa laboral más vulnerable y desprotegida que la masculina dadas algunas leyes que en lugar de proteger, más bien marginan.

También en Venezuela (véase anexo A) a diferencia de otros países, la incorporación de la mano de obra femenina se produjo en un momento de recesión económica, impulsada justamente por la caída de los ingresos de su familia, más que por un proceso de modernización económica, lo cual limita las características de la fuerza de trabajo femenina que se incorpora en el mercado laboral sin la posibilidad de invertir en su formación y capacitación para competir exitosamente.

Sin embargo, para Boza (2004) el hecho de que la mitad de la población económicamente activa de Venezuela, sea femenina y buena parte esté desempleada u ocupada en el sector informal con niveles superiores a los masculinos, representa un impacto comercial mayúsculo pues hoy la noción de la mujer al cuidado de los niños que tenían sólo tiempo para pagar las facturas de la electricidad, que sale de compras en la mañana y con tiempo para ver las telenovelas, no existe.

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas INE, (2014) “son las mujeres el grupo con mayor tasa de desocupación en el país.”. Más recientemente, de acuerdo a lo publicado en el diario El Nacional, el lunes 25 de Marzo de 2014, para el INE: “en el mes de enero de 2014, la tasa de desocupación se ubicó en 9,5%”. Asimismo según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013),  Venezuela solo quedaría por detrás de Colombia, que tenía al final de este mismo año, un índice de desempleo de 10,6.

Es importante señalar que la participación desigual de las mujeres en la actividad económica, es considerada violencia contra la mujer, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en el artículo 15, numeral 11. Mientras tanto, la violencia de género en el ámbito laboral, se manifiesta en varias formas incluyendo el hostigamiento y abuso sexual y la negación de los derechos laborales vinculados a la salud reproductiva.

Al mismo tiempo, a la falta de datos (tales como proyecciones en el tiempo, agrupación por localidad geográfica, grupo social, sector económico, entre otros) registrados y confiables, no existen reportes de información y estudios sobre las causas del problema y sus posibles soluciones que se pueden producir con el análisis de estos datos.

Es decir, las causas surgen por diversos factores cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones de empleo son precarias: discriminación social de las mujeres, creciente pobreza, ignorancia. Mientras tanto, las consecuencias las trabajadoras afectadas no logran acceder a los puestos que deberían ocupar según la formación y experiencia y terminan aceptado otros cargos.

Dado que esta situación de vulnerabilidad de la mujer es cultural e histórica, se requiere, por otra parte, incidir en los patrones culturales mediante la comunicación, información y sensibilización para crear conciencia y contribuir a edificar una cultura y ética de género, que sólo se obtendría por difusión de información y mediante la formación y capacitación educativa.

Cabe considerar, por otra parte que en los ámbitos regionales y municipales del país, esta realidad es similar y en este caso especifico, debido a la problemática percibida se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género?, la cual será mostrada en el desarrollo progresivo de la investigación.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General.

Analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.

Objetivos Específicos

  1. Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación.
  2. Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  3. Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género.
  4. Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género.

Justificación de la Investigación

La elección del tema que trata la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, tiene su justificación en primer lugar en los programas, planes y proyectos que adelanta el gobierno nacional a partir  de la sanción de las leyes sancionadas para garantizar la inclusión social y fortalecer los derechos económicos y desarrollo socio-productivo de la mujer. En este sentido, plantea como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Es decir reconoce  el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad.

Por otro lado, se establecen los derechos económicos de la mujer, donde se enfatiza la participación de esta en el área productiva, el acceso a créditos, así como también el acompañamiento técnico constante en todo el proceso. Además de que en el caso de la obtención de vivienda principal tiene prioridad.

En cuanto a, las beneficiarias de la investigación son las mujeres y las organizaciones gubernamentales o no, que manejen el tema, que tienen en este insumo fuente de información para comprender su situación jurídico-política y la de orden social que se le puede presentar en tal sentido.

Mientras que, la justificación teórica de la investigación tiene que ver con los constructos descritos, argumentados y analizados por la autora, lo cual podrá servir de fundamentación para investigaciones futuras que sobre el tema traten. Pues, complementa el conocimiento de la evolución de la mujer en el ámbito económico, para lograr entender la realidad en la que se encuentran en cuanto a condiciones y medio ambiente laboral, tomando en cuenta la situación sociocultural en la que está sumergida, en una sociedad que aún en estos días sufre de discriminación y prejuicios laborales.

En lo que tiene que ver con la metodología, el estudio se enmarca en una investigación documental. Como técnicas de recolección de la información se emplearon los protocolos propios de este tipo de investigación, es decir la recopilación de textos, documentos, leyes, normas, trabajos y otros. Ahora bien, la contribución de esta investigación viene dada en la medida en que logre estimular la conciencia de las mujeres, de manera que ellas mismas traten de buscar la solución. Asimismo, generar las condiciones para que se dé la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.

En lo que corresponde al nexo de la investigación con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, es necesario señalar que, un nuevo pacto social es imprescindible tomando en cuenta la labor social integral que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y en la transformación de un sistema social laboral que incluya la convivencia entre ambos sexos en condiciones de igualdad.

CAPITULO II

 CONTEXTO TEÓRICO

En lo que tiene que ver con el contexto teórico, la autora de la investigación, tomo en cuenta, diversas informaciones contenidas en documentos que guardan relación directa con el objeto de estudio. En ese sentido, se presentan antecedentes, teorías de entrada, aspectos conceptuales y fundamentación legal.

Es de resaltar que, para Sabino (2010) el contexto teórico cumple con la función de situar el tema investigado dentro de un conjunto de conocimientos que van a permitir orientar la búsqueda de información y que a partir de ésta se conceptualicen adecuadamente los términos que se usan. Es por ello que el punto de partida para este apartado son los conocimientos, ideas o concepciones previas que tengan la investigadora en relación al objeto que se aborda.

Por otro lado, Hernández y otros  (2010) señalan que el contexto teórico incluye la revisión, detección, obtención y consulta de literatura que contribuirá a resolver el problema planteado, así como también debe realizar la extracción y recopilación de la información relacionada con el tema investigado y una vez efectuados estos pasos se produzca la construcción del contexto teórico.

 

Antecedentes.

A continuación se presentan investigaciones que se relacionan con el tema objeto de estudio, de los cuales se podrá sustraer información que dará sustento al contenido de la misma.

A nivel internacional.

De igual forma, se presenta la investigación desarrollada por Ruíz (2012), denominada: Análisis de los Factores que Dificultan el Empoderamiento de las Mujeres, la cual fue exhibida para optar al título de Maestría en Desarrollo Local Sostenible, en un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN, Universidad del Salvador y la Universidad de Alcalá de Henares. El objetivo general de este trabajo fue: describir los factores del desarrollo local sostenible que dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche, en la zona rural del municipio de Chinandega, Nicaragua.

En lo que tiene que ver con la metodología, se utilizó la entrevista y encuesta para la obtención de información, aplicada a las productoras de semilla de Ojoche e informantes claves identificados como agentes locales del proceso productivo. En los resultados se encontró que los factores que limitan o dificultan el empoderamiento de las mujeres en la transformación de la semilla de ojoche en estas comunidades son el bajo nivel académico (73% nivel de primaria), poca participación en el funcionamiento de la organización (APOCHE), no tienen conocimientos sobre comercialización, no tienen capacidad financiera, ni prendas hipotecarias para ser sujeto de préstamos ya que la producción de la semilla de ojoche es estacionaria, lo que obstaculiza el desarrollo de una economía sostenible.

Entre las conclusiones se puede mencionar que los factores que se determinaron como limitantes al empoderamiento son los siguientes: 1) Entre esos factores encontramos el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria. 2) Hay divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización y esta difiere según la ubicación geográfica en la Bolsa y La Mora aproximadamente el 7% y en Cinco Pinos 30% de sus miembros conocen el reglamento y participan en la elaboración del plan de trabajo trimestral de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE); lo que demuestra la debilidad de la organización. 3) No manejan los conocimientos sobre comercialización, ya que esta es actividad exclusiva de la Asociación de Productoras el Ojoche, (APOCHE) a diferencia de las productoras de Cinco Pinos que ellas mismas comercializan el producto.

Con base a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el estudio que precede guarda relación con la presente investigación ya que, presenta una relación directamente proporcional entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de la economía sostenible, considerando como elementos que minimizan este empoderamiento: el bajo nivel de escolaridad, el 73% tiene un nivel de primaria; divergencias en la percepción del funcionamiento de la organización; no manejan los conocimientos sobre comercialización. Lo cual debe ser tomado en cuenta en todas las áreas en que se desenvuelve la mujer.

Asimismo, se exhibe el estudio realizado por Lois (2013), titulado: Políticas Públicas de Comunicación sobre Salud de la Mujer. Acciones comunicacionales sobre salud materna, sexual y reproductiva. Un abordaje desde la perspectiva de género, presentado para optar al título de Maestría en Género, Sociedad y Políticas, en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Es de resaltar que, el objetivo general fue: Explorar e identificar los componentes de género presentes en los mensajes dirigidos a mujeres en relación a su salud, elaborados por la Dirección Nacional de Maternidad e  Infancia en el programa nacional de salud sexual y procreación responsable de salud en argentina 2005 y 2012.

En lo que tiene que ver con la metodología usada fue cualitativa, (dado que se trata de un estudio exploratorio-descriptivo), la cual permite dar cuenta de los fenómenos de comunicación social en mayor profundidad y permite, además comprender el proceso mediante el cual se construyen los significados y las realidades sociales. A través de técnicas cualitativas como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el relevamiento documental.

En relación a, las conclusiones de la investigación se destaca que es posible observar en los materiales analizados la proposición esquemática de dos modelos o tipos de mujeres, por una parte la mujer como primordialmente madre cuya principal función es el cuidado y crianza de sus hijos e hijas, donde este rol es asumido como el espacio de la cristalización de los valores elevados de la sociedad, una madre tradicional que representa el refugio afectivo de sus hijos (as).  Por otro lado, aparece una mujer que no se ajusta a este modelo y genera discursos que intentan poner en cuestión de valores anteriormente mencionados, poniendo como prioridad la sexualidad y reproducción elegidas.

Con respecto, a la contribución a la investigación, tiene que ver con la postura de la mujer en cuanto a la  salud materna, sexual y reproductiva, desde la perspectiva de género, observándose dos tipos de mujeres: tradicional donde asume el rol impuesto por la sociedad y otra que se revela ante esta situación, emite opiniones y toma decisiones en cuanto a su sexualidad.

Para finalizar, se presenta la investigación elaborada por Muñoz (2013), la cual se denominó: Diseño de Evaluación de Resultados Intermedios del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en Entidades Federativas y Municipios, presentado para optar al título de Maestría en Políticas Públicas, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Es de resaltar que el objetivo general fue: contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura institucional, a través de actividades que coordinen y promuevan las instancias públicas responsables de la igualdad de género en las entidades federativas y municipios, orientadas a desarrollar sus capacidades y disminuir la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre mujeres y hombres.

En cuanto a la metodología, la operación de evaluación de resultados se realizó a  partir de técnicas de investigación documental y de campo, para obtener información acerca del diseño y operación del programa con la finalidad de efectuar el análisis cuantitativo y cualitativo  para valorar los resultados el propósito, componente y actividades. Ahora bien, en la evaluación correspondiente a la pertinencia y lógica del diseño, la investigación fue básicamente documental y se consultaron fuentes generadas por las diferentes áreas del Instituto de la Mujer (INMUJERES) involucradas en el diseño del programa, así como la normativa que lo rige. También se realizaron entrevistas y mantuvieron sesiones de trabajo para ahondar en el análisis de la información.

Por otro lado, la investigación de campo adquirió mayor peso que la documental para valorar el proceso, los productos y servicios generados en la operación del programa y sus contribuciones al logro del propósito, en esta etapa se sumaron a la investigación de acuerdo con los indicadores  y criterios relacionados con la producción de resultados ( gestión, desempeño, procedimientos, procesos) todos los registros, instrumentos y base de datos que las unidades administrativas responsables del programa, de acuerdo a las áreas y procesos de operación.

En cuanto a las conclusiones se expresa: es importante en trabajos a favor de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, identificar claramente el ámbito y las rutas que se optaran con el fin de que el subsidio utilizado en este tipo de programas sea el idóneo. Pues, mientras no se señale con precisión cuales son los resultados e impactos esperados, utilizando los indicadores precisos de los programas gubernamentales que se llevan a cabo, estos seguirán sin una incidencia real.

Es de resaltar que, la autora de la presente investigación considera que el trabajo de grado antes planteado guarda relación con el tema objeto de estudio, pues plantea la necesidad de tener datos precisos sobre ubicación, edad, sexo, para obtener resultados que permitan elaborar un plan, programa o proyecto con perspectiva de género.

A nivel nacional

Inicialmente, se toma como antecedente el trabajo de investigación elaborado por León (2011), que lleva por título Aplicabilidad de los Instrumentos Internacionales en relación a los Delitos de Violencia Contra la Mujer. Presentada para optar al título de Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas División de Estudios para Graduados Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro, en la Universidad del Zulia. En este sentido, el objetivo general, planteado fue: analizar la aplicabilidad de los instrumentos legales internacionales incorporados dentro del sistema jurídico venezolano ante la comisión de los delitos de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, la metodología empleada fue documental que incluyó una indagación bibliográfica y consistió en la revisión y compilación de material teórico, documentos, proyectos, instrumentos legales del área de estudio.

Se concluye que los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia son indubitable e indiscutidamente derechos humanos, amparados legalmente en el ámbito nacional mediante la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014) y en tratados internacionales cuyas normas deberán ser aplicadas con preferencia a las leyes internas por parte de los Tribunales y demás órganos del Poder Público.

En este caso, el trabajo desarrollado por la autora previamente citada tiene relación con la presente investigación, pues señala la importancia de los instrumentos legales internacionales en los casos de violencia contra la mujer, como son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, siendo esta la más relevante, pues trata el tema de la evolución del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.

Es este sentido, se destaca, que estas leyes internacionales impulsaron en Venezuela, la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), al reconocer el respeto irrestricto a los derechos humanos de la mujer.

Luego, se tiene la investigación que ha sido realizada por Yunes (2013), titulada: Políticas Públicas para Mujeres y Equidad de Género, que constituyó un trabajo final de investigación para optar al título de Magister en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El objetivo general de este estudio fue: analizar las políticas públicas para mujeres y equidad de género. En este caso, la Metodología se trató de un estudio documental, de modalidad jurídico dogmática, de nivel descriptivo con un método deductivo-analítico.

En cuanto a las conclusiones: la política pública de igualdad de género y la equidad, incluye de manera efectiva la disposición de estrategias integrales de reconocimiento, promoción y materialización de la igualdad entre hombres y mujeres, en lo inherente al espectro de la política pública de equidad de género en Venezuela, asumiendo que el efecto expansivo de la comunidad internacional en materia de enfoque de género, que por tanto se traslado al ámbito interno.

Entre las recomendaciones se tiene: a la Asamblea Nacional: Para que, mediante la presentación de una ley marco establezca normas imperativas para lograr el reforzamiento de los derechos y actuación de la mujer dentro de la sociedad política, de manera tal que se impongan deberes y obligaciones efectivas que garanticen la presencia de éstas en actividades de distinta índole con igual proporción al género masculino. Asimismo, a los órganos de representación de las mujeres: Para que, organicen instancias de orientación, asesoría y consulta de las féminas para la concreción de acciones preventivas y contingentes  que puedan incidir en su protección y resguardo dentro de los distintos ámbitos en los que pueda tocar desenvolverse en procura de su desarrollo y existencia.

En otro orden de ideas, en opinión de la autora de la investigación las conclusiones presentadas por Yunes (2013) son de gran relevancia y constituyen un aporte significativo por cuanto se plantea que la política pública de equidad e igualdad de género sirve para el desarrollo social en lo que respecta a la dignidad humana de la mujer.

Teorías de Entrada

 

En el desarrollo, de la investigación se presenta un conjunto de propuestas teóricas que explican científicamente la consistencia del objeto de estudio dentro del ámbito disciplinario que sirvió de contexto para la comprensión de lo tratado dentro del ámbito apropiado de las ciencias políticas y dentro del orden humano.

 

Teoría Feminista

 

En el contenido, del estudio se debe atender a los referentes aducidos en la teoría feminista de acuerdo a lo expuesto por  Mesonero (2010) que indica lo siguiente:

El feminismo surgió como una reivindicación del derecho a la igualdad como consecuencia de la existencia del sesgo androcéntrico de las éticas universales de la ilustración. El término androcentrismo es el más utilizado en la literatura feminista antropológica para referirse a la forma de producir conocimiento desde valores hegemónicos masculinos o posiciones autocentradas en el hombre como eje de la vida social. En la actualidad existen dos posiciones en cuanto a femenino y a mujeres se refiere: una, rechaza la inferioridad natural de lo femenino y la otra, define la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural. (p.24).

 

 

En la perspectiva expuesta, por la fuente se considera de manera particular que deben corregir la tradicional concepción de que la mujer era atendida de criterios de inferioridad partiendo de que se otorgaba al hombre mayor valoración asumiendo que podía presentar mejores resultados.

El contenido de tales apreciaciones, se fundamenta en la base de un diagnóstico de un problema que debe contribuir en corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto  que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

En el orden expuesto, se tiene que se rechaza la inferioridad natural de lo femenino, es decir, en principio se entiende que hay que establecer un mecanismo en el cual desde el plan de acción y visión debe contribuir a la asunción de criterios con objetividad para mantener valorativamente en el mismo plano tanto a hombres, como a las mujeres al otorgarles el mismo referente. En otro orden, se tiene que la feminidad según características deducidas del supuesto de inferioridad natural, los proponentes de esta vertiente asumen que la condición de féminas debe adoptarse en la determinación de la desigualdad producto de la naturaleza de la persona para suministrarle una protección especial.

Por ende, se entiende que las teorías feministas se presentan en una dialéctica, entre los que se consideran  a la feminidad sin tomar en cuenta la diferencia natural en virtud de que lo más relevante son las capacidades de las personas y otros que asumen que tal particular no es relevante pues la diferenciación antropológica solo se supedita a una protección especial.

En lo inherente, a la relación de la teoría con el objeto de estudio, se entiende que la feminidad debe tomarse en cuenta para establecer los indicadores con los que debe tratarse a la mujer que deben servir para precisar la equidad e igualdad de género.

Teoría de Roles Sexuales

En la misma secuencia, se presenta la teoría de los roles sexuales como forma de estructura de la sociedad civil y política, asumiendo lo que Beitel (2006) indica:

 

La teoría de los roles sexuales se refiere a las creencias de los roles adecuados para mujeres y hombres y es relevante desde el punto de vista psicológico porque se asocia con la definición de sí–mismo, con las interacciones entre hombres y mujeres, y con las relaciones sociales. (p.76).

 

 

Dentro de los particulares esgrimidos, en la teoría propuesta se considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico.  

En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

Se tiene en cuenta, que la fijación de esta forma de estereotipos considera lo de orden bio-psico-social para entender que el hombre y la mujer tienen condiciones antropométricas divergentes que los sitúan y supeditan a formas o tipos de actividades, de allí que no se presenten formas de estándares homogéneos para considerar los desenvolvimientos de las personas en actividades concretas.

En principio, la teoría de roles sexuales, sirve de base para comprender como hombres y mujeres se desempeñan en funciones inter especificas dentro de la sociedad así como los nexos y posiciones que deben asumir frente a la colectividad en la que les toque desenvolverse. 

Es claro, que las determinaciones de la teoría expuesta contribuyen a asimilar que el hombre y la mujer se sitúan en la realización  de tareas de distinta índole que pueden ser alternativas y complementarias de allí que la diversidad de género sea entendida como la combinación subjetiva necesaria para el bien de la colectividad.

En lo que respecta, a los roles sexuales estos deben ser incluidos dentro de las políticas de organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad, al considerarse en esencia que las funciones que presentan son fundamentales  para el logro de las finalidades y objetivos que se propongan.

En lo que estriba, al nexo entre la teoría propuesta y el objeto de investigación se debe tomar en cuenta que la determinación de la situación de los roles sexuales se considera como punto de partida en virtud de que se deben establecer medidas de orden protector que garanticen la igualdad de la mujer frente al hombre en el contexto de la sociedad.

Por otro lado, se tiene el nexo de la teoría con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, donde la condición de los roles sexuales, debe ser reconocida por las reformas normativas e institucionales del Estado, que deben resguardar el contenido de la sociedad y servir de base para su desarrollo integral. 

Teoría de Género

El contenido, de la visión de género se encuentra recogido en el marco del conocimiento científico disciplinario, según Hawkesworth (1999) que señala:

 

Los esfuerzos más ambiciosos que he encontrado por teorizar el género de maneras que conecten la psique, el self y las relaciones sociales (…). Cada una de estas explicaciones se presenta como un análisis sistemático feminista del género. Cada una de ellas examina los múltiples ámbitos del género, que incluyen símbolos culturales, conceptos normativos, instituciones sociales e identidades subjetivas (…). Cada una empieza con la premisa de que el cuerpo está socialmente constituido y culturalmente mediado. Y cada una expone argumentos que desafían presupuestos fundamentales de la actitud natural (p.9).

 

 

Vistas las cosas así, se entiende de acuerdo con este dogma que la consideración constitutiva de los géneros pasa a estar determinada de manera efectiva por un conjunto de aspectos de carácter interdisciplinario, ya que estos atienden a elementos de orden bio-psico-social que tienen el carácter de definitorio.  Lo cual revela, que todo dependerá del enfoque o la perspectiva con la que los teóricos decidan abordar el estudio de esa unidad subjetiva, de allí que es claro que existen patrones indeterminados y casuísticos que contribuirán al reconocimiento en concreto de la situación  de la mujer atendiendo a circunstancias que son especialísimas.

Por ende, atendiendo a la posición de los tratadistas existirán más o menos elementos teológicos para comprender la situación de la mujer en el curso del tiempo, lo que sí es claro que ésta representa situaciones diferenciadas del hombre, que la hacen en algunos supuestos acreedoras de un tratamiento especial. 

En el ámbito expuesto, se considera que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que éste no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que ésta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan mas a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  El contenido de los postulados, teorizan el objeto de estudio donde se pretende en esencia que la equidad e igualdad de género se materialice como posible al considerar que a las personas debe resaltársele por sus condiciones y capacidades  más que por su propia naturaleza humana.

El contenido de la teoría, esgrimida mantiene estrecha conexidad con la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo, toda vez que debe ser la Sociedad quien debe considerar los géneros con indicadores objetivos para lograr su inclusión y equiparación,  debiendo el Estado garantizar en producción normativa el cumplimiento de tales contenidos que al cristalizarse recurrentemente podrían contribuir al desarrollo socio humano de las mujeres con la supresión de las situaciones que pueden conducir a la indefensión y vulnerabilidad en el tiempo.

Aspectos Conceptuales.

En el desarrollo de esta investigación, los aspectos conceptuales tienen como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que permiten abordar el tema. Por tanto, el marco teórico servirá de apoyo para la comprensión de la problemática planteada. En correspondencia con los aspectos conceptuales  la Universidad Bicentenaria de Aragua en el  Manual para la Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo Final de los Programas de Postgrado (2012) señala:

 

        El Contexto Teórico responde a los objetivos propuestos. Así, los aspectos conceptuales están relacionados con cada uno de estos y se basará en el planteamiento de autores; en consecuencia, debe apoyarse en citas textuales y contextuales y la reflexión del investigador. (p.57)

 

De acuerdo a lo antes expuesto, el contexto teórico abarca los constructos que guardan relación con el objeto de estudio, con la finalidad de darle sustento a lo planteado por la autora en este caso.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2012) Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo, que posee el ser humano, y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

La importancia de los derechos humanos radica en que su finalidad es proteger la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la integridad de cada persona frente a la autoridad. Se fundamentan en el reconocimiento de que la dignidad es un atributo común a todos los seres humanos. En virtud de que su única base es la condición propia de las personas, los derechos humanos son:

  • Universales, porque pertenecen a la humanidad en su totalidad,
  • Inherentes a cada persona,
  • Históricos porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los seres humanos respecto de sus derechos y conquistas frente al abuso de poder público y privado.

Asimismo, el PNUD (2012), trata el tema de la igualdad de género, en los siguientes términos: Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Sin embargo, a pesar de que nuestros derechos se reconocen tanto nacional como internacionalmente, las mujeres afrontamos situaciones en que tales derechos no siempre se respetan. La igualdad entre hombres y mujeres se fundamenta en la dignidad, atributo que nos corresponde a todos sin importar diferencias de género, origen étnico, religión, pensamiento, entre otros.

Mujeres y hombres debemos gozar de nuestros derechos y tener acceso a ellos en condiciones de igualdad. Es necesario saber cuáles son nuestros derechos para poder disfrutarlos y defenderlos en condiciones de equidad.

  • Derecho a una vida libre de violencia
  • La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones. Estas pueden ser físicas, sexuales, emocionales, incluidas las amenazas. El acoso sexual, la coerción o la privación arbitraria de la libertad son otras expresiones de la violencia de género. Estas se pueden dar tanto en la vida pública como en la privada.

En cuanto a derecho al trabajo, el PNUD (2012), afirma la discriminación laboral contra las mujeres sigue existiendo y es común que se exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral. Para la igualdad en el ámbito laboral tenemos derecho a:

  • Recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo,
  • Que hombres y mujeres tengan horarios laborales justos que les permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo que debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad,
  • Trabajar sin que importe si la mujer está embarazada, el estado civil o cualquier otra condición especial,
  • Que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres o por nuestra orientación sexual.

Mientras tanto para el PNUD (2012), lo relativo al derecho al desarrollo: En el mundo hay más de 1,300 millones de personas en condiciones de pobreza. En los últimos diez años, el número de mujeres que viven en esta situación aumentó hasta alcanzar el 70% de la cifra antes mencionada, dando lugar a lo que se conoce como ‘feminización’ de la pobreza. Sólo el 1% de la propiedad de la riqueza mundial está en manos de las mujeres. La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. Para un desarrollo con justicia económica se tiene derecho a:

  • La distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios,
  • Igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la propiedad la tierra,
  • Una vida digna y con bienestar,
  • Que se reconozca y valore nuestra contribución al desarrollo económico.

Derechos de las Mujeres en Venezuela

Es de resaltar que, los derechos de las mujeres en el país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres. El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999. Al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica, por lo tanto con derecho a la seguridad social.

De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades, el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, entre otros. Por otra parte, también se establece la aplicación de un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional. Alcances significativos a los que se suman las distintas leyes en defensa de la mujer.

Sin embargo, no hay duda de que las venezolanas están discriminadas en el ejercicio de la mayoría de los derechos políticos. Las dificultades que enfrenta la mujer venezolana, son similares a las que enfrenta en toda América Latina, que se genera en la disminuida posición social de estas, con una visión conservadora de los roles de género, en los prejuicios y estereotipos culturales preestablecidos y en la discriminación.

En las últimas décadas se ha dado la incorporación de la mujer en la fuerza laboral, con lo cual, asume dos roles simultáneos: trabajadora y madre a la vez. Esta situación incide negativamente sobre la participación de la mujer en la política, ya que con el deber del cuidado de los hijos, los hombres tienen más oportunidades de participar en asambleas políticas y congresos partidarios, mientras que la mujer se ve en la obligación de permanecer en casa, debido a que no existe guarderías que presten sus servicios a toda hora.

De acuerdo a lo expuesto, para Uzcategui (2009), entre las principales barreras de acceso y permanencia de las mujeres en la arena política en Venezuela, tenemos: Factores político-electorales; El carácter obligatorio o exhortatorio de la cuota; La distribución de las candidatas en las listas por parte de los partidos políticos; El tipo de listas electorales (abiertas o cerradas); El tipo de sistema electoral o la magnitud de los distritos electorales, entre otros; Los intereses de la mujer.

En lo que tiene que ver con los intereses de la mujer se hará ciertas consideraciones. La mujer con la finalidad de defender sus derechos y posiciones en el ámbito político se agrupa y organiza en diversas formas, entre las cuales se destacan las alianzas sub partidistas. Pero, una vez electas la mayoría se aboca a la defensa de los derechos del género y a integrar las bancadas femeninas, así como es cierto que existen muchas otras que jamás se involucran en temas de la mujer.

En otro orden de ideas, el destino de las alianzas está condicionado por el clima político imperante, si el partido de gobierno y el movimiento social apoya la agenda es muy probable que se logren los objetivos esperados, pero si por el contrario, la mayoría en el poder no favorece las iniciativas, se interrumpiría el trabajo de la asociación e incluso puede llevarla a su extinción.

En cuanto a iniciativas exitosas, en el país, comentamos que, de acuerdo a lo expuesto por Uzcategui (2009), las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), para los comicios electorales 2008, estimularon la participación política de las mujeres mediante resoluciones de paridad y alternabilidad electoral (en las listas, postulaciones nominales y entre candidatos(as) a principales y suplentes) que imponían la obligación en un porcentaje de 50 y 50%  entre hombres y mujeres para integrar cualquier asociación o junta directiva de carácter político que requiera del sufragio popular para su conformación.

Sin embargo, el hecho de que la disposición estuviera contenida en una resolución del CNE, trajo como consecuencia su desaplicación para las elecciones del año 2010, elecciones de diputados (as) a la Asamblea Nacional. Cabe destacar que, en la actualidad movimientos de mujeres y organizaciones no gubernamentales del país, realizan esfuerzos para lograr que la paridad y alternabilidad quede establecida en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pero aun, no ha tenido eco en el gobierno nacional y mucho menos en la Asamblea Nacional.

Por otro lado, según Uzcategui (2009), en Venezuela si bien existen diferentes mecanismos de inclusión social que facilitan la participación de las mujeres en esta área, no es suficiente, hace falta estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación.

Ahora bien, la violación de los derechos laborales también es otra expresión la violencia laboral, tanto para hombres como para mujeres, pero lo que más frecuentemente se ejerce contra las mujeres se relaciona con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Los ejemplos más comunes son: solicitarle el certificado de no gravidez para acceder o permanecer en el trabajo, exigir la firma anticipada de renuncia en caso de embarazo, control riguroso de su fertilidad (uso de anticonceptivos o métodos definitivos) para permanecer en el empleo, posibilidad de no ser reinstalada en el mismo puesto después de una licencia por embarazo o lactancia materna, afectación en estímulos económicos por haber presentado una licencia médica relacionada con los cuidados de un hijo enfermo.

De acuerdo a lo antes planteado, la violencia de género en el ámbito laboral, manifestada en cualquiera sus expresiones, es reproducida por las prácticas, el clima y el imaginario de las organizaciones. Constituye un elemento tóxico que se tiene que erradicar, prevenir y sancionar para que las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y dejen de ser tratadas como intrusas en el mundo de trabajo.

Día Internacional del Trabajador (a) y la Participación de la Mujer Venezolana.

Cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador (a), se destaca la participación de la mujer venezolana, a quien no solo debe definirse por la belleza, sino también la labor que desempeña. La conmemoración del Día del Trabajador (a) comenzó en Maracaibo, cuando se instituye en 1936. Más tarde, 1945, cuando el General Isaías Medina Angarita, como presidente del país Venezuela, establece por decreto tal fecha como el Día del Trabajador, trasladando su celebración del 24 de Julio fijado por el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, según decreto del 18 de abril de 1938.

Luego, cuando asume la presidencia Rómulo Betancourt en Octubre de 1945, dicta un decreto el 24 de Abril de 1946, donde establece el 1º de Mayo como Día del Trabajador y se declara día feriado y de remuneración obligatoria para los trabajadores (as) en general, incluyendo los que realizan sus labores en la agricultura y cría. A partir de allí, se han alcanzado otros beneficios sociales como el bono de alimentación (cesta ticket), programas de prevención y salud de los trabajadores y trabajadoras, entre otros.

En la actualidad, vemos con orgullo los logros alcanzados por la mujer venezolana, que se evidencian en áreas como la política, lo social, lo económico, la agricultura, la gerencia, las artes, la ingeniaría, la cultura, el deporte, la educación, la  salud, la investigación, la tecnología, la recreación, donde hace 50 años algunas de estas áreas estaban vetadas para ellas.

Tomando como referencia el trabajo realizado por Márquez (2012), titulado: La mujer gerente en Venezuela “Piensa como un  hombre, actúa como una dama, trabaja como un burro” (p.1), donde se plantean tres áreas de acción de la mujer gerente venezolana: la organización, el mundo de relaciones sociales y el contexto familiar, que condicionan de diversas formas sus roles como gerente, mujer, madre, esposa, entre otros.

Sin duda alguna, es tarea de todos y todas poner un granito de arena para mejorar las condiciones de vida, en nuestro país. Pero, definitivamente, son ellas las encargadas de la gerencia en el hogar, lo cual constituye la mayor contribución para alcanzar calidad de vida de la familia venezolana. De allí que, el rol que asuma la mujer es determinante, en este siglo.

Aspectos relevantes sobre la violencia contra la mujer en Venezuela.

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, lo expuesto por el  Observatorio Venezolano de los  Derechos  Humanos de  las Mujeres (2009), entre los aspectos más relevantes del tema de la violencia contra la mujer en Venezuela, se tiene:

  • La Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (2014) (LODMVLV) establece la aplicación inmediata de las Medidas de Protección y Seguridad en casos de violencia contra la mujer a través de los órganos receptores de denuncias (sin consulta y transitorias) y las Medidas Cautelares desde los Tribunales de Violencia contra la Mujer. Muchas veces ambas medidas no se aplican por falta de capacitación de funcionarios/as y/o por la existencia de prejuicios en la atención de mujeres víctimas de violencia.
  • Hay fallas importantes en la difusión masiva de manera permanente de la Ley, así como ausencia de reglamento y/o protocolo de aplicación con sus respectivos talleres de inducción. Tampoco se conoce un Plan Nacional sobre el tema, que incluya su evaluación y seguimiento.
  • El acceso a la asistencia letrada es insuficiente para las mujeres de todas las regiones. Las citas para apoyo y asesoría, tanto legal como psicológica, son retardadas, tanto por parte de entes gubernamentales como de las ONG que se encuentran atestadas de casos, aunque existen ayudas telefónicas 24 horas de atención en crisis, asesoría legal e información gubernamental en el ámbito nacional.
  • La carencia de recursos financieros y de voluntad política en el área gubernamental para diseñar y aplicar planes concertados con ONG para la capacitación masiva y sostenida en esta materia es evidente. Evaluaciones conocidas de las capacitaciones realizadas a funcionarios/as por el ente gubernamental, en especial, son inexistentes. Como ejemplo de ello, aún se mantiene en muchas partes y Órganos Receptores de Denuncia del país el acto conciliatorio erradicado de la Ley gracias a la lucha de las ONG. Así como experiencias de capacitación insuficientes, que no inciden en los mitos y creencias asociados a la violencia contra las mujeres, no continuas ni mantenidas en el tiempo; a lo que se agregan cambios permanentes del personal jurídico y policial.
  • El Instituto Nacional de Estadística (INE) creó en 2007 una Mesa de Violencia contra las Mujeres, que actualmente se encuentra en la etapa de llenado de fichas técnicas, con una significativa tardanza en llegar a los productos esperados, teniendo en cuenta la urgencia de obtención de datos. Por otra parte, en varias oportunidades ha habido prohibición pública expresa en el suministro de datos gubernamentales y/o dificultad en la obtención de datos sobre violencia contra las mujeres. Sólo se consiguen datos de prensa producto de eventos puntuales.
  • Las ONG, de acuerdo con las Bases Constitutivas del Sub-Comité de Género del INE, son sólo Miembros Eventuales. No se cuenta entonces con datos centralizados sobre la violencia contra la mujer, ni de los casos detectados/reportados, ni de las actividades y resultados de los planes y proyectos desarrollados desde el ente gubernamental especializado en la materia.

Violencia contra la Mujer.

En los años noventa,  la violencia contra la mujer se constituyó en el centro de atención e interés de las organizaciones internacionales. Según los datos aportados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe sobre El Estado de la población,  (2005):

 

…..“Una de las más graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres, que rebasa fronteras y estratos socioeconómicos, es la violencia de género. A nivel mundial se estima que una de cada cinco mujeres será víctima de violación o de intento de violación en su vida. Una de cada tres habrá sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o habrá sido víctima de abuso por parte de familiares o conocidos que, en general, no serán castigados”……

 

De acuerdo a lo antes expuesto, la violencia contra las mujeres y las niñas, es un problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que se conocen hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. En un estudio del Banco Mundial (1994), basado en datos del Banco Mundial sobre diez factores de riesgo seleccionados que enfrentan las mujeres en este grupo etario, la violación y la violencia doméstica se ubicaron antes que el cáncer, los accidentes de tránsito, la guerra y la malaria.

Ahora bien, la violencia contra la mujer, puede considerarse una violación de los derechos humanos, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la permanencia de estructuras culturales y la inequidad en las relaciones de poder y de control permiten caracterizar a la violencia contra la mujer como una violencia de género. La escasa información estadística y conceptual sobre la violencia de género, considerada como conducta socialmente aceptada, hace difícil su comprensión y magnitud; por lo que se requiere, justamente, conocer y registrar la mayor cantidad de información posible y darle la difusión que merece para enfrentarlo.

De acuerdo a la Plataforma de Acción de Beijing, en el año 1995, la violencia contra la mujer abarca la conculcación de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, inclusive la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos; selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino. Reconoció también la particular vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a minorías: ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de refugiados y migrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas, o en instituciones correccionales

Los actos de violencia (física, emocional, económica y sexual) por parte del compañero o esposo, los cuales pueden sufrir las mujeres en varias o en todas sus manifestaciones, lesionan en todos los casos su identidad, autoestima y autodeterminación como seres humanos.

En muchas  leyes se regulan aspectos que tratan el tema de la violencia contra la mujer y la necesidad de contar son estadísticas actualizadas para la elaboración de políticas públicas que mejoren la situación. A nivel internacional más de 45 países (entre ellos Venezuela) tienen ya una legislación específica sobre la violencia doméstica y un creciente número de países ha instituido planes nacionales de acción para acabar con la violencia contra la mujer. A continuación se describen los hechos más importantes acontecidos en el ámbito internacional:

  • En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1995.
  • En 1994, la Organización de los Estados Americanos (OEA) negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por México en 1998.
  • En 1999, se formula El Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
  • En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la resolución 54/134.

 

La participación de la mujer en el Desarrollo local sostenible

          El desarrollo local hace referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas.  Para la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) (2011), una oferta de mano de obra ocupada en la localidad y suficientemente calificada para las tareas que desempeña, unida a una capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, favorecen la acumulación de capital en los sistemas productivos locales. El desarrollo local sostenible va mas allá de la acumulación de capital “implica una vocación o fondo cultural de sostenibilidad en el uso de los recursos”. Se trata de procesos de desarrollo económico que se caracterizan por la organización sistémica de las unidades de producción, con el fin de favorecer la competitividad de las empresas locales en los mercados nacionales e internacionales.

Mientras tanto, la organización del sistema productivo local en forma de redes de empresas, de acuerdo a lo expresado por Gómez, (2001), propicia la generación de economías de escala y la reducción de los costes de transacción y por lo tanto, permite rendimientos crecientes y crecimiento económico. En opinión de Zúniga, (2010), un aspecto negativo es la confusión de “atribuir a los ecosistemas la propiedad de ser o no sostenible, cuando es este un atributo que pertenece al sistema producción”. El sistema de producción conecta con otras esferas reguladoras de la actividad agraria como son los sistemas social, administrativo o legislativo y canaliza la influencia indirecta de estos sobre el ecosistema, también expresa que la sostenibilidad se asienta en que la producción puede estar planteada de manera cuidadosa que incremente a la vez el capital productivo y el valor natural del ecosistema o de forma esquiladora, destructora de la capacidad del ecosistema de seguir produciendo.

En este orden de ideas, un sistema de producción puede tener un elevado rendimiento y ser además sostenible, es decir estar diseñado de forma que no comprometa la persistencia de funciones y procesos naturales claves. La viabilidad de este sistema de producción dependerá de que la situación económica permita hacer frente al incremento exagerado de insumos, (energía, materiales, tecnológica) y de las exigencias de calidad ambiental demandadas por la población.

Ahora bien, de acuerdo a Gómez, (2001), esta ultima de carácter cultural que depende de la educación y la experiencia, determinan las actitudes y respuestas frente a los problemas ambientales. El valor cultural. Junto a los conocimientos sobre el uso de los recursos (cultural rural) generados en la lenta co-evolución de las sociedades agrarias con la naturaleza, esta dimensión cultural incluye los aspectos históricos, arquitectónicos y las infraestructuras vivas e inertes que forman parte esencial de los paisajes rurales: el valor social. Teniendo en cuenta que el objetivo intrínseco del desarrollo económico es de carácter social, es decir lograr el bienestar y la felicidad del ser humano, de hecho las propuestas más coherentes de desarrollo sostenible, incorporan la redistribución de la riqueza (argumento social) como un requisito básico para el mismo, de rango comparable a la disminución del impacto sobre los ecosistemas.

En lo que tiene que ver con la participación de la mujer en el desarrollo sustentable, lo primero será hacer referencia al género, la cual expresa diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se encuentran en los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), responsabilidades, conocimiento local, necesidades, prioridades relacionadas con el manejo, acceso y uso de recursos naturales y la distribución de los beneficios.

Aunque existan diferencias, es importante que también se tenga conocimiento de que existen interacciones y traslapes entre los roles de mujeres y hombres, a ello según Gómez, (2001), se le denomina organización genérica. La organización genérica y la división del trabajo basada en género es universal, pero difiere por la cultura, ubicación geográfica, época / tiempo y grupo socioeconómico.

El análisis de género es un proceso que ayuda a clarificar como se dan las relaciones entre hombres y mujeres entre grupos sociales en un determinado contexto. Su aplicación es útil en todos los proyectos y programas por las razones siguientes: Permite anticipar cómo distintos miembros de la sociedad se van a ver afectados por el proyecto o programa y cómo pueden beneficiarse del mismo;  Hace visible el trabajo de la mujer;  Ayuda a incrementar los ingresos de hombres y mujeres;  Aumenta los niveles de auto estima yo el poder de toma de decisión de la mujer.

Trabajo y empleo desde una perspectiva de género

Para Picchio (2001), desde la perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren una especial distinción al menos por tres razones: en primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta un factor condicionante de la vida de hombres y mujeres de manera diferente; en segundo lugar, porque esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres; y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, para analizar la problemática del empleo femenino es indispensable relacionar ambos conceptos.

El concepto de trabajo en la economía laboral se vincula en general a las actividades remuneradas y consideradas productivas en la órbita del mercado. En ese sentido, en particular los análisis económicos suelen referirse al trabajo asalariado (sector público y privado), por cuenta propia, formal e informal y en distintos sectores de la actividad económica, pero siempre remunerado. Se trata pues de empleo, es decir, del trabajo que se intercambia en el mercado. Esta generalización conceptual se ha visto influida históricamente por el proceso de industrialización, que contribuyó a la identificación entre trabajo y empleo (o autoempleo) y, más aún, entre trabajo y empleo asalariado.

En opinión de Neffa, (1990). La teoría del valor trabajo dio lugar a la asociación simbólica entre trabajo y trabajo asalariado (una categoría más reciente desde el punto de vista histórico). Este último es minoritario en cuanto al tiempo que ocupa con relación a otros trabajos, y ello es especialmente así para las mujeres, también para las latinoamericanas.

La presencia femenina suele ser proporcionalmente mayor en los puestos de trabajo informales y precarios, al igual que en el trabajo no remunerado destinado al mantenimiento y la reproducción de la vida en los hogares; es decir, el trabajo estrictamente doméstico y otras actividades vinculadas al cuidado de las personas.

Estas actividades se hallan (aunque no en forma exclusiva) indisolublemente ligadas a las dinámicas de los hogares y al aporte femenino al bienestar y al funcionamiento de la economía global. La llamada división sexual del trabajo, es decir, la distribución social de obligaciones y responsabilidades entre individuos de uno u otro sexo de las actividades de mercado y extramercado, determina la participación de las mujeres en el trabajo remunerado así como en otras actividades (políticas, culturales, sociales o de recreación).

Es de resaltar que, el tiempo destinado a los distintos tipos de trabajo marca una diferencia entre hombres y mujeres, que se expresa en las características que asume el empleo para unos y otras, así como en el tiempo libre (recreación, cuidados personales). De allí la importancia de concebir el trabajo de manera más abarcativa, tanto para explicar el origen de las diferencias de la participación de las mujeres en el mercado laboral respecto de los hombres con relación a oportunidades, el trato y los resultados, como respecto de las posibilidades de superar esas diferencias.

Si bien las actividades domésticas y de cuidados en los hogares normalmente se valoran por su componente afectivo y se entienden como parte de la naturaleza femenina, se las tiende a ignorar desde el punto de vista económico. Para Max-Neef y otros (2007), los economistas clásicos reconocieron la importancia de la actividad de las mujeres en la casa destinada al cuidado familiar y, en particular, a la crianza y educación de los hijos, y la consideraron indispensable para que estos se convirtieran en trabajadores productivos y contribuyeran, de este modo, a la riqueza de las naciones. Sin embargo, no le otorgaron valor económico. 

De acuerdo a Neffa, (1990), el trabajo de reproducción social y, en particular, el trabajo de cuidado de las personas, cuyo objetivo prioritario es el bienestar en términos de calidad de vida, pero que utiliza bienes, mercancías, servicios públicos y de mercado y participa en las redes de solidaridad social, consiste en un proceso material y simbólico que se apoya en la confianza, en los sentimientos de afecto y amistad, y en el sentido de responsabilidad con respecto a los resultados.

Directrices para incluir la perspectiva de género en las políticas de empleo.

Algunos lugares de trabajo no cuentan con políticas y prácticas para promover la igualdad de oportunidades y reducir los diversos tipos de discriminación directa e indirecta. Para González (2004), esto puede tener un efecto negativo significativo sobre las oportunidades de empleo de la mujer. Otros lugares de trabajo promueven activamente políticas de igualdad y favorables a la familia, que han demostrado ir acompañadas de beneficios empresariales tales como: una reducción del ausentismo laboral, una mayor productividad, una mayor lealtad por parte del personal y los clientes, mejora de la imagen de empresa en la comunidad, menos movimientos de personal, una mayor innovación, y una mayor capacidad de las empresas para contratar a los mejores profesionales de calidad.

Estos beneficios afectan a todas las empresas, sean grandes o pequeñas. Si bien los costos de las medidas para promover la igualdad pueden ser mayores en empresas más pequeñas, puede haber oportunidades a través de la negociación colectiva para distribuir dichos costos. Un entorno propicio en el ámbito de las políticas nacionales puede ayudar a las pequeñas empresas a elaborar una política de igualdad capaz de beneficiar a ellas mismas y a sus trabajadores.

En opinión de González (2004), las mujeres pueden tener dificultades incluso para obtener un contrato por un empleo remunerado. Esto se debe a que algunos empleadores consideran que la contratación de mujeres implica mayores costos, o que las mujeres tienen más probabilidades de dejar el empleo a causa de las responsabilidades familiares. Para las mujeres que están empleadas, los empleadores pueden mostrarse reacios a mejorar sus calificaciones y desarrollar su potencial debido a creencias similares. El trabajo a tiempo parcial ofrece a algunas mujeres la oportunidad de hacer malabarismos con su vida laboral y familiar, pero limita sus oportunidades para promocionar y desarrollar su carrera.

Esto podría estar relacionado con el hecho de que las mujeres estén representadas de manera insuficiente en cargos de alto nivel debido a los prejuicios, a un historial de interrupción de la vida laboral, y pocas oportunidades para mejorar su formación y sus calificaciones.

Fundamentación Legal

En Venezuela, los fundamentos legales  en el ámbito laboral desde la perspectiva de género, están dados en primer lugar por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) (CRBV), cuando en el Artículo 21, establece:

 

 

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el contrato social prefija como valor fundamental el concerniente al principio de igualdad frente a la ley, que evidencia que dentro del enfoque socio jurídico de orden humanitario se debe garantizar el ejercicio de cualquier derecho a cualquier persona atendiendo únicamente a su condición de sujeto. 

Dentro de este orden, la concreción y sustancia de la igualdad es amplia puesto que supone la posibilidad de resguardar al sujeto frente a cualquier situación que pudiese colocar en indefensión o vulnerabilidad a las personas. Para lo concerniente, a la igualdad de género entre hombres y mujeres se tiene que la CRBV (1999), en el artículo 88  que consagra:

 

 

       El estado garantizará igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la Ley.

 

 

Es decir, se reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica, generadora de productividad. Por lo cual, la mujer tiene derecho a la seguridad social.

Ahora bien, desde el enfoque laboralista se sustancia el principio de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, de acuerdo con lo señalado en Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), el artículo 20 establece:

 

 

El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración, y están obligadas y obligados a fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el proceso social de trabajo.

 

 

 Este articulo, señala que en las políticas laborales y productivas se configura la igualdad y equidad de género, para lo que se debe cumplir el principio de igual trabajo por igual salario, debiéndose garantizar que los trabajadores y trabajadoras son iguales tanto de hecho como de derecho, lo que debe incorporarse dentro del clima organizacional de la entidad empresarial.

Cabe destacar que, Venezuela es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belén Do Pará”, Brasil, en 1994. Es así como, después de muchas luchas de la mujer venezolana, para  el 19 de marzo de 2007, se sanciona en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) (2014).

Esta Ley, abre un conjunto de medidas de aplicación inmediata para preservar la vida y la integridad física de la mujer que esté en situación de violencia o sea vulnerable a alguna circunstancia de este tipo, de la misma se pueden reconocer diecinueve (19) tipos delictivos, con sus respectivas sanciones,  entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas (con penas de 10 a 15 años de prisión).

Asimismo, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, esclavitud sexual y trata de mujeres y niñas (con penas de 15 a 20 años de prisión) , actos lascivos con pena de 1 a 5 años de prisión, que en el caso de niñas y adolescentes aplica de 2 a 6 años;  acoso sexual de 1 a 3 años.

Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral que aplica una multa de 100 a mil Unidades Tributarias, violencia obstétrica con una sanción de multa de 250 a 500 Unidades Tributarias para el persona de salud involucrado, esterilización forzada de 2 a 5 años de prisión para el médico, ofensa pública por razones de género de 200 a 500 Unidades Tributarias más el debido retracto por el mismo medio y con la misma extensión del texto, todas contempladas desde el Artículo 39 hasta el 56 de la nueva Ley.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), en el artículo 21, trata lo relativo al Principio de no discriminación en el trabajo, de la siguiente forma:

 

Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. Los actos emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia…”

 

Se desprende de este artículo, que la distinción por sexo, raza, estado civil, por religión está prohibido. En este sentido, las leyes en la materia establecen las sanciones previstas.

Asimismo, se sanciono la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2007) que en el capítulo IV, establece los Derechos Económicos de la Mujer, entre los que se destacan: la efectiva incorporación de la mujer a la producción, a nivel micro y macro económico. Por otro lado, el acceso a los programas crediticios y a la asistencia oportuna y permanente para la obtención de materia prima, asesoría técnica comercialización y distribución de productos y servicios. Asimismo, la adquisición de inmueble para vivienda principal por parte de la mujer, tiene prioridad en cuanto a las políticas públicas que se lleven a cabo en este sentido, entre otros.

CAPÍTULO III

CONTEXTO METODOLÓGICO

En la consecución del objeto de estudio, se considera las secuencias de formas empleadas para presentar lo tratado, de acuerdo a lo previsto en las fuentes consultadas y la reflexión analítica de la autora, donde se evidencia la metódica requerida para lograr la coordinación y ordenación de la investigación en el ámbito estructural que la conforma.  

Tipo de Investigación

La configuración de la investigación, corresponde a un tipo documental, considerando que se trata de sustentar el estudio con información de segundo nivel disponible en las fuentes formales escritas, en cuanto a esto la  Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA, 2012) el Manual para la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo Final de Investigación de los Programas de Postgrado de la (UBA,  2012)  señala que:

 

 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, apoyado principalmente en fuentes bibliográficas y documentales.  La originalidad de este estudio, se refleja en el enfoque, criterio, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones propias del autor. (p.45)

 

En consecuencia, se procedió a la recolección y obtención de información  secundaria en función del objeto de estudio, disponible en doctrinas, leyes y demás materiales teóricos especializados que se relacionan con el tema tratado y que sustentan la explicación científica de lo investigado.

En este orden de ideas, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis doctorales (2012), señala que la Investigación documental: “es el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor”, pág. (20). En este sentido, el aporte más importante de este tipo de estudio se refiere a las fuentes consultadas, que son de segunda mano ya que provienen de libros, revistas, trabajos de investigación y consultas realizadas en internet, entre otras, las cuales han sido descritas en las referencias bibliográficas.

Método

     Respecto, de la investigación de naturaleza documental se tiene en cuenta que el método es de tipo deductivo-analítico, para comprender la consistencia del primero, se expone la opinión de López (2010) quien sostiene: “Mediante ella se aplican los principios  descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (p. 15), se trata de dirigirse de los abstracto o complejo hasta lo más simple y concreto en un orden lógico con un enfoque coherente estructurado, donde exista un único sentido de los criterios reproducidos.  

De igual manera, Lopera y otros, (2010), define el análisis como “la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p.13). El método es entonces un camino, una manera de proceder, que puede constituirse en un modo de ser al incorporarse como un estilo de vida, lo que expresa su dimensión ética. Ahora bien, el método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. En cuanto al deductivo, Méndez (2004) sostiene que:

 

 

    El método deductivo es el método comúnmente utilizado, cuya forma gráfica emulará la forma de un embudo al derecho; desde este enfoque el investigador fue desde una situación general y desembocó en una situación particular, es decir, el caso específico objeto de la investigación. (p. 2).

 

 

Es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos donde se aplicaría la deducción.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Las técnicas de recolección de información, son herramientas empleadas por el investigador para la obtención de datos relevantes en la investigación. En este orden de ideas, Arias: (1999), expresa que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información con relación a la temática en estudio” (p.53), en este caso para la obtención de la información requerida se aplicaron las siguientes técnicas: el subrayado, el fichaje, el resumen y la síntesis. Tomando en consideración lo que señala Fernández (2002), en relación a la técnica del subrayado cuyo objetivo es “hacer énfasis en los aspectos más relevantes del tema que se plantea” (p.125), de allí que fue necesario resaltar lo que en esta investigación se consideró importante para el tema desarrollado.

 Igualmente el fichaje, según Palella y Martíns (2010), sostienen que es la técnica que permite recolectar, procesar y almacenar la información que se obtendrá en la investigación. En cuanto a resumen, Fernández (2002) señala que “se refiere a la exposición condensada y selectiva de un texto” (p. 80), para emplearla en un trabajo de investigación, en este estudio el resumen resultó de gran valía al permitir concretar los aportes de los materiales teóricos consultados.

Ahora bien, en el caso de los instrumentos se utilizó el registro sistemático de la información recabada por medio del sistema fólder el cual según Finol y Nava (1996) consiste en recoger o registrar información en hojas sueltas que luego se van agregando a una carpeta organizada de acuerdo al plan de trabajo establecido. En este orden de ideas, fueron utilizadas las hojas de registro donde se anotaron los datos más importantes de cada documento así como la información relevante en relación al tema investigado.

Con base a lo antes expuesto, el estudio se desarrolló considerando el  análisis de contenido, el cual es definido por Krippendorff (1990)  como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28), se trata de acuerdo con este particular en la explicación y sustentación del alcance y significancia de los contenidos previstos en las fuentes escritas con miras de complementar la esencia y significancia del objeto de estudio, desde el ámbito disciplinario que se trata en efecto.

De igual manera, fue necesario describir el tipo de fuente consultada tales como: libros, revistas, documentos legales, Internet y trabajos de grado en los cuales se identificó apellido y nombre del autor, año, número y lugar de publicación en las referencias bibliográficas.  Asimismo, es necesario destacar que lo más importante en el análisis de contenido es considerar con antelación las categorías en relación a las cuales se realiza el análisis que en este caso pueden ser frases, palabras, oraciones, párrafos entre otros, y con base en éstas se efectúa el estudio en profundidad de un documento que interese al investigador. Por su lado, Sabino (2010), afirma que el análisis de contenido tiene una base empírica y accesible, por lo tanto el análisis del documento estudiado tendrá menos subjetividad que al utilizar otros métodos.

Procedimiento

         En este punto de la investigación se explica en forma detallada por fases o etapas, la manera en que se desarrolla la investigación, al respecto Baena (2000), define estas etapas como. “Los procedimientos que están definidos por una serie de actividades cuya secuencia determinará el orden en que será desarrollado el trabajo de la investigación.” (p. 136) este procedimiento se presenta a continuación:

        Fase I. Recolección de la información: se basó en la ubicación de información relacionada con el tema explorando mediante los instrumentos jurídicos que se ofreció en el área de estudio, así como también, la revisión de libros y la utilización de una herramienta muy importante en estos tiempos como lo es la Internet.

Fase II. Organización y actualización de datos: se clasificó toda la información recabada realizándole los ajustes y actualizaciones de conformidad con los instrumentos jurídicos venezolanos vigentes, y los materiales teóricos consultados.

Fase III. Análisis y organización  de la información se procedió a la aplicación de las técnicas  y el instrumento para la realización de la estructura del  trabajo,  la revisión de la tutora, hacer ajustes necesarios y elaborar la revisión preliminar del proyecto de investigación.

Fase IV. Redacción y Elaboración del Trabajo Final de Investigación: se realizó el análisis de contenido y se organizó la información recabada siguiendo un orden con secuencia lógica considerando los objetivos propuestos.

CAPITULO IV

CONTEXTO CRÍTICO

En este capítulo, la autora luego de haber realizado el procedimiento descrito con anterioridad y al realizar el análisis de contenido obtiene las conclusiones en función de los objetivos específicos planteados. Para finalizar se presentan las recomendaciones correspondientes.

Análisis Reflexivo

La  diferencia entre la forma en que se violan los derechos humanos de hombres y de mujeres, tienen sus raíces en el ámbito cultural, en los roles otorgados a éstos socio-culturalmente, o sea, se basa en el género. En así como, se han asignado roles tanto al hombre como a la mujer: la mujer al hogar dedicada al cuidado de los niños (as) y de los enfermos; el hombre a la calle, al trabajo, al éxito.  En este sentido, la división sexual del trabajo es un elemento central para entender la segmentación y la segregación ocupacional por sexo, pues configura uno de los sistemas de relaciones de poder más longevo en la historia de la humanidad: La diferenciación basada en el sexo es una de las formas más extendidas de explotación humana, arraigada en la interacción personal entre sexos, en instituciones sociales básicas como la familia, y enraizada en estructuras económicas y políticas.

 

Sus expresiones son variadas y se extienden por todos los niveles de la sociedad. Estas manifestaciones constituyen en su totalidad un complejo sistema de relaciones de poder entre los sexos que tipifica la subordinación de la mujer a diferentes niveles sociales. La situación de la mujer en el mercado de trabajo y la segregación de los empleos por sexo parece ser el resultado de un largo proceso de interacción entre el patriarcado y el capitalismo, pues la interrelación entre ambos sistemas ha sido un factor importante en la distribución de los puestos de trabajo.

Cabe destacar que, la incorporación de las mujeres a la vida socio-productiva no ha sido acompañada por sistemas de corresponsabilidad social y familiar en el trabajo del hogar y los cuidados. Todo esto da lugar a fuertes conflictos entre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, y las lleva en muchos casos a discontinuar carreras profesionales e iniciativas productivas. En América Latina, la pobreza y la escasez o mal funcionamiento de servicios producen tensiones mayores, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de los hogares monoparentales encabezados por mujeres.

Las trabajadoras todas, de acuerdo a Carosio (2010), están paradas sobre un suelo pegajoso, conformado por las responsabilidades de cuidado del hogar y la familias, con cargas afectivas, emocionales y de horarios que el sistema de género hace recaer exclusivamente sobre las mujeres que dificultan o impiden la plena y emancipada incorporación al trabajo remunerado. El trabajo del hogar es suelo pegajoso que frena a las mujeres en su desenvolvimiento laboral, en su participación en el ámbito público, atrapándolas en el ámbito privado o sus cercanías. Para Carosio (2010), el 70,7% de las mujeres llamadas inactivas tienen como principal motivo de inactividad las obligaciones familiares, y también éste es el principal motivo de renuncias o distanciamientos laborales temporales, sobre todo en los períodos de la vida en que se tienen hijos pequeños, padres muy ancianos, u otras obligaciones familiares que exigen mucha dedicación. En estudios realizados sobre iniciativas femeninas socio-productivas interrumpidas o abandonadas, la mayoría indicó como causa principal la enfermedad de algún miembro de la familia.

Como se mencionó anteriormente las mujeres siempre han sido y son protagónicas como mediadoras del bienestar social, con rol central en lo comunitario y como responsables prioritarias y/o últimas del bienestar familiar. La realización de una enorme cantidad de trabajos no remunerados que garantizan el bienestar cotidiano (en lo doméstico, comunitario y en el conjunto de actividades a menudo calificadas como de subsistencia), ha venido siendo visibilizada. Pero la visibilización de este protagonismo no implica su aceptación acrítica. Enfatizar la presencia de las mujeres y su aporte al bienestar y al buen vivir sin paralelamente buscar la transformación de las estructuras desiguales de organización del trabajo, de reconocimiento, valoración y protección, lleva a una instrumentalización de las mujeres y perpetúa la explotación inherente a la división sexual del trabajo.

Cabe destacar que; la igualdad no es viable en las estructuras de poder establecidas, dentro de un mercado organizado por el poder patriarcal capitalista, modelado para quienes no tienen obligaciones familiares y tienen resueltas las condiciones de sobrevivencia. La potenciación de las actividades socio productivas de las mujeres es crucial, pero debe ir acompañada de la creación y ampliación de servicios públicos que acompañen y fomenten la redistribución de los trabajos históricamente realizados por las mujeres en lo no remunerado, y del fomento de la corresponsabilidad masculina activa. Se necesitan servicios públicos que apoyen las actividades de cuidado para el bienestar y el buen vivir, y recuperen el papel de las instituciones públicas como garantes de la participación y el empleo digno para las mujeres.

Todo esto conduce a afirmar que hoy, el drama principal de desigualdad laboral entre mujeres y hombres no está en el aspecto salarial, o incluso ocupacional, sino en el conflicto tiempo de vida/tiempo de trabajo ocasionado por la organización social que hace descansar el cuidado de las y los que necesitan de éste (niñas/os, ancianas/os, enfermas/ os y otros) en las mujeres. Todo esto, con una discriminativa estratificación social que produce diferencias importantísimas entre las maneras de solucionar este conflicto entre las mujeres de las clases acomodadas y las mujeres pobres. Si bien todas son víctimas de la división y explotación del trabajo sexogenérica, las mujeres ricas han solucionado (aunque nunca del todo) los problemas de su histórico mandato familiar recurriendo a servicios mercantilizados provistos (y de manera precaria) por las pobres, aumentando así la brecha de la desigualdad.

Un nuevo pacto social es indispensable y debe tener en cuenta el trabajo social global que incluye el trabajo de reproducción ampliada de la vida que realizan las mujeres en los hogares, y transformar en sistema social laboral incluyendo en él un sistema de cuidados sociales en corresponsabilidad entre los sexos y la sociedad en general. Sólo así la incorporación de las mujeres al mundo laboral y a espacios públicos podrá ser en condiciones de igualdad y sin sobrecargas como viene siendo hasta ahora, y podrá constituir para todas una posibilidad de autorrealización.

Por ello, Hartmann, (1994) sostiene que “El capitalismo creció sobre el patriarcado; y el capitalismo patriarcal es una sociedad estratificada por excelencia” (p.291). En el caso venezolano, la conjunción entre patriarcado y capitalismo se estructura en una sociedad signada por relaciones matricentristas.

Para Bordarampe, (2008), la igualdad entre hombres y mujeres es inherente a los derechos humanos, asimismo afirma que la reincorporación de los derechos de las mujeres “viene de la mano de la lucha por la igualdad”,… “que nos han dado pistas para enfocar los derechos humanos con legitimidad y hacerlos exigibles” (p.55). Tomando en cuenta que los Derechos Humanos son garantías universales que protegen a las personas y a grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, la legislación mundial en materia de derechos humanos obliga, principalmente a los gobiernos, a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras.

El incumplimiento de la normativa laboral representa el problema más grave que sufren los(as) trabajadores(as) en nuestro país, inclusive dentro del sector formal, pero los estudios realizados revelan que las mujeres presentan un mayor grado de vulnerabilidad, aún en aquellos asuntos no vinculados directamente a su condición maternal. Se evidencia numerosas infracciones a la ley que se cometen respecto al personal femenino, entre ellas: la no cancelación de los bonos que estipula ley o la no cobertura del Seguro Social porque el patrón no paga las cotizaciones correspondientes, el pago por debajo del salario mínimo.

De igual manera, las mujeres confrontan un conjunto de situaciones particulares, que abarcan su desempeño global en el trabajo en la medida en que afectan sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo y la calidad de dicha inserción, como resultado de la segregación ocupacional, la discriminación salarial y el acoso sexual de que son objeto.

Conclusiones

El propósito de esta investigación fue analizar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En este sentido, en lo sucesivo se presentan las conclusiones que se corresponden con los objetivos específicos, así como también la reflexión de la investigadora como aporte a las ciencias políticas.

Se inicia, con el primer objetivo: Estudiar las teorías de entrada que sustentan la investigación. En cuanto a las teorías de entrada se tienen: la teoría feminista, la teoría de roles sexuales, y la teoría de género.  Para la teoría feminista, hay que corregir la situación de vulneración, minusvalía o indefensión de la mujer al punto que se modifica el clima organizacional, institucional y normativo con el cual se debe tratar a las féminas con miras de que esta pueda tener el mismo derecho que el hombre a desenvolverse en la sociedad y esto pueda facilitar un contexto de justicia social donde a las personas se les evalúe por sus capacidades y no por su condición de género, lo cual fortalece la seguridad jurídica de las personas. 

Mientras tanto, la teoría de roles sexuales considera que por naturaleza bio-psico-social el hombre y la mujer deben realizar actividades que son propias de su identidad o naturaleza, de allí que no exista una igualación de este concepto, en virtud de que a la mujer se le asigna tareas domésticas mientras que al hombre tareas de índole físico. En la perspectiva que aquí se adopta, se considera que la sociedad en el ámbito de su patrón de orden cultural y estructural otorga tratamientos distintivos para hombres y mujeres al considerar en concreto que no podrían realizarse por el otro, lo que genera grupos con diferenciación.

En cuanto a la teoría de género, se supone que si bien es cierto la mujer y el hombre desde una visión de carácter antropológico pueden presentar diferencias notables que les impiden actuar de la misma forma, debe atenderse que este no es indicador suficiente para resaltar su dignidad ya que esta debe supeditarse concretamente a las aptitudes y la capacidad de respuesta frente a los actores que se puedan considerar. De allí, que las exclusiones por razones de genero obedezcan más a patrones de orden socio-cultural, que formas de evaluación objetiva que en la práctica se puedan considerar, de allí que no se vinculen a elementos de estereotipazacion objetivos.

  Luego se presenta, el segundo objetivo: Precisar la situación de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. Para hacer un recuento de los principales problemas que viven las mujeres trabajadoras es necesario comenzar por señalar, muy brevemente, los que la afectan en tanto reproductora de la especie y sobre quien recaen culturalmente las principales responsabilidades familiares. Esta condición tiene numerosas implicaciones directas sobre su desempeño laboral, en su mayoría conocidas, porque suponen un conjunto de condiciones excepcionales: en el prenatal, posibilidad de cambiar de puesto si su labor representa peligros para el feto.

  Asimismo, libertad para acudir a su control mensual, contar con ropa de trabajo adecuada a su condición; seguridad de servicios de emergencia ante la contingencia de aborto; derecho a tomar su licencia antes del parto; en el postnatal, además del permiso por nacimiento, garantía de estabilidad durante el lapso de mayor dependencia del infante; derecho a amamantamiento y seguridad de un local adecuado para dejar al bebé mientras trabaja; dificultad, en virtud de sus responsabilidades familiares, para permanecer en el local de trabajo más allá de la jornada, entre los aspectos más importantes.

Cabe destacar que, gran parte de estos aspectos están consagrados como derechos en la legislación venezolana, pero, a menudo, no son respetados. El mercado de trabajo es una institución social que distribuye a la fuerza de trabajo en diversos puestos de trabajo. Esa distribución muestra las relaciones de poder en esa sociedad, entre ellas, las relaciones de género. Los estudios sobre mercado de trabajo con perspectiva de género pusieron de relieve las articulaciones entre capitalismo y patriarcado.

  De acuerdo a lo expuesto, en la configuración de los segmentos del mercado de trabajo y en la segregación ocupacional por sexo se entrelazan ambos sistemas de dominación. En esa interacción se expresa la división sexual del trabajo, la cual es una de las causas más profundas de discriminación en el mercado de trabajo, pues atraviesa la esfera de lo productivo y reproductivo. La división sexual del trabajo es una de las formas de dominación más longeva en la historia de la humanidad, por lo cual es muy difícil de atacar.

            En cuanto al tercer objetivo: Identificar las condiciones de la mujer en el ámbito laboral desde la perspectiva de género. En las condiciones de trabajo en nuestro país se evidencian algunos datos preocupantes. Un desempleo de dos dígitos, un sub empleo considerable, pues más del 50% de los ocupados en el sector informal declararon ingresos inferiores al salario mínimo, y la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. Todo ello muestra una precarización profunda en las condiciones de trabajo en Venezuela, lo que habla de la magnitud de la exclusión social en nuestro país.

Un tercio de los trabajadores se declaran como autónomos, casi todos no profesionales. Este solo hecho pone al 30% de la fuerza de trabajo al margen de los beneficios típicos de la relación asalariada. Con ingresos tan bajos como los reseñados es poco probable que esos trabajadores tomen vacaciones. Tampoco acceden a las prestaciones de la seguridad social en caso de enfermedad o maternidad.

Los trabajadores asalariados en las empresas de menos de cinco trabajadores y en el servicio doméstico son los menos protegidos entre los asalariados, pues los datos sobre los ingresos declarados reportan que a muchos de ellos no se les pagaba el salario mínimo. Estos trabajadores serían el siguiente segmento de trabajadores con malas condiciones de trabajo, pero con una importante diferencia: las asalariadas del sector informal tienen peores condiciones de trabajo que sus pares asalariados, dada su presencia mayoritaria en el servicio doméstico.

En el sector formal el acceso a la protección social es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que es reflejo de su mayor presencia en el sector público. Ello produce una polarización interna en la categoría asalariada por su alta presencia en el empleo público y en el servicio doméstico.

La informalidad es el fenómeno más persistente de la economía venezolana. Su magnitud hace que las medidas de protección laboral tengan una cobertura reducida, lo que obliga a repensar la acción estatal en el mercado de trabajo. La diversa distribución en las categorías ocupacionales indica que las políticas públicas para atacar discriminación por género deben tomar en cuenta esta realidad.

Por ello, las políticas para promover la igualdad de condiciones de trabajo y eliminación de la discriminación van a tener un efecto limitado si no se trata de mejorar la situación del sector informal, en especial la de las trabajadoras autónomas no profesionales y del servicio doméstico asalariado. Avanzar en una agenda de equidad de género en el mercado de trabajo tiene que plantearse como objetivo modificar su actual configuración, en particular disminuir el peso del trabajo autónomo no profesional.

En lo que tiene que ver con el cuarto objetivo: Examinar las políticas públicas dirigidas al ámbito laboral de la mujer desde la perspectiva de género. Cabe destacar que, los derechos de la mujer en nuestro país, fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1947, luego de la conquista del derecho al voto, en igualdad de condiciones con los hombres.

 El paso de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica ha traído consigo no sólo una mayor incorporación de la mujer, sino que ha permitido mayores logros establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), al establecer: la protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas, la equidad en el ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social. De igual forma, se plantea el derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV), el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros.

En atención al deber del Estado de proteger a los grupos discriminados y por cuanto, nuestro país fue firmante de la Convención Interamericana para prevenir, controlar, erradicar y sancionar la Violencia contra las mujeres, realizada en Belén Do Pará, Brasil, en 1994, el 19 de marzo de 2007 se sanciona la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), que deroga a la Ley contra la Violencia sobre la  Mujer y la Familia que estuvo vigente desde el 01 de Enero de 2000.

Entre los aspectos más resaltantes de la misma se puede destacar el abanico de 19 tipos delictivos, con sus respectivas sanciones, entre los que se puede mencionar: Violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, prostitución forzada, tráfico de mujeres y niñas. Además la tipificación de nuevos tipos de delitos, a los fines de abarcar todo el contexto social donde se desenvuelven las mujeres, tales como: violencia laboral, violencia obstétrica entre otras.

Recomendaciones

De acuerdo a la opinión de la autora y en función a la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:

          A los centros educativos: Implementar un modelo educativo, desde el inicio de la formación (inicial, primaria, secundaria, técnico y universitario) donde se fomente la autoestima, la tolerancia entre las personas, se divulguen los derechos y deberes que como ciudadanos(as) tenemos; en fin, se enseñe la equidad  e igualdad de género en todos sus aspectos hasta que constituya el sistema de vida y filosofía del país entero.

 A las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tratan el tema de la mujer: Estimular la visión de género en el quehacer social, gubernamental, privado y en la sociedad civil como una estrategia de visibilidad y por ende de participación, convencidas de que la misma es una herramienta clave para el desarrollo social.

A los entes públicos encargados de promover los derechos de la mujer. Crear instituciones de protección y amparo a la mujer conformadas por personal sensibilizados ante la violencia contra la mujer, para la aplicabilidad de los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna de 1999 (la cual fue realizada con perspectiva y enfoque de género apreciable en todo su contenido), como son:

  • La protección a la familia, a la madre, a las niñas y a las adolescentes, a la maternidad, a las ancianas.
  • La equidad en el ejercicio del derecho al trabajo.
  • El reconocimiento del trabajo de la ama de casa como actividad económica (artículo 88 CRBV), por lo tanto con derecho a la seguridad social.
  • El derecho de la mujer a la participación política en igualdad de oportunidades (artículo 19 CRBV),
  • El derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva (artículo 76 CRBV), entre otros. Además de aplicar un lenguaje no sexista en la redacción de todo el texto constitucional.

 

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ANEXOS

ANEXO Nº A

MAPA DE VENEZUELA

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot. Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014 

Figura N° 1. Mapa de Venezuela, estado Aragua y el municipio Girardot.
Fuente: www.corpocentro.gob.ve/ 2014

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